4 de marzo de 2020

TROPEL 4 del 04.03.2020.

04 de marzo de 2020
Hebe de Bonafini y el senador Oscar Parrilli impulsan el proyecto 
Por la creación de la Universidad de las Madres
El senador Oscar Parrilli presentará un proyecto de ley para la creación de la “Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo” que se constituirá sobre la base del actual “Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo”. Si se aprueba el proyecto la universidad estará amparada por la autonomía universitaria garantizada por la Constitución Nacional y dejará de depender de forma administrativa y económicamente del Ministerio de Justicia de la Nación.


La solicitud partió de un encuentro que tuvo el senador con la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en la que la dirigenta le entregó a Parrilli un borrador del proyecto donde fundamentan la creación de una "Universidad Nacional de las Madres" y que definen como importante ya que “será un polo de atracción que trascienda nuestras fronteras y, por vez primera, encare académicamente, como eje central de su actividad docente y de investigación, la labor de consustanciar todo saber humano en clave de Derechos Humanos”.
El proyecto de convertir el instituto en universidad se basa la necesidad de ganar autonomía y dejar de depender del Ministerio de Justicia.  "Es necesario preservarla de las vicisitudes de las mutables –e inevitables- alternativas políticas", afirmaron en el documento que fue la base para el proyecto de ley que presentará Parrilli. 
Fuente:Pagina12  


El proyecto de ley de Carrió para sacar a genocidas de las cárceles
En su último acto como diputada nacional, "Lilita" presentó una propuesta que de aprobarse le permitiría a condenados por delitos de lesa humanidad cumplir la condena de forma domiciliaria. Mirá de qué se trata.
Elisa Carrió renunció como diputada nacional a partir de marzo y en su último acto como legisladora presentó un proyecto de ley para sacar a genocidas de la cárceles. "Era mi deber de conciencia", aseguró.

El texto plantea modificar el Código Penal para otorgarle prisión domicialiria a presos mayores de 75 años, con un agregado: "Incluso aquellos a los que se los investiga por delitos de lesa humanidad".

El proyecto de "Lilita" tambien beneficiaría a los genocidas detenidos "cuya privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no corespondiere el alojamiento en un establecimiento hospitalario".

Si bien el texto aclara que el benificio para mayores de 75 años no incluye, entre otros, a quiénes cometieron delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional o desaparecieron personas y aplicaron tortura; sí les aplica la posibilidad de domicialiaria por dolencias aun cuando no necesiten internación. Esto abre la puerta a que cualquier enfermedad, real o inventada, sea suficiente para salir de la cárcel.

El polémico proyectto de Carrió también obliga al Estado a hacerse cargo de trasladar y alojar en instituciones para adultos mayores a los genocidas que no tengo un domicilio declaro o terceros que se hagan cargo de ellos.


Creo, también, en los derechos humanos de los ancianos, este proyecto era mi deber de conciencia. Las cárceles no fueron hechas para matar a los ancianos.
Síntesis del proyecto 👇http://elisacarrio.org/Elisa/docs/2020/SINTESIS%20DEL%20PROYECTO%20DE%20PRISION%20DOMICILIARIA%20CARRIO.docx 












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04 de marzo de 2020
Evitaron una foto que los iba a vincular con la "impunidad" de los funcionarios kirchneristas 
Carlos Pagni develó que la ola de prisiones preventivas comenzó por presiones del diario La Nación El periodista aseguró que los jueces de Comodoro Py "empezaron a hacer un uso indiscriminado" de las preventivas para evitar que se publique una tapa del diario La Nación criticando su inacción. La maniobra habría culminado con la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.
Por Raúl Kollmann
La maniobra, supuestamente, culminó con la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime. 
El columnista de La Nación, Carlos Pagni, confesó desde el corazón del propio diario de los Mitre y los Saguier, el apriete y la extorsión destinados a exigirle a los jueces federales que detengan a dirigentes del kirchnerismo. "Los jueces de Comodoro Py --contó Pagni-- empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo. A raíz de ello, varios magistrados pensaron que debían producir una noticia para desplazar esa tapa, y metieron preso a Ricardo Jaime. La opinión pública y la prensa es lo que hizo que contrafóbicamente sobreactuaran los jueces con las prisiones preventivas, que ahora en muchos casos las vemos como aberrantes". De esta forma, Pagni desnudó una parte del mecanismo de la persecución política: la amenaza de escrache y presión a los jueces, todo ejecutado junto a las otras dos patas del lawfare: los grandes medios y los dirigentes políticos de Cambiemos. Y no se trata de un fenómeno aislado, sino de una estrategia continental que se vio en Brasil, Ecuador y ahora en Bolivia.
El relato de Pagni muestra descarnadamente la forma en la que se usó la justicia para enfrentar a las fuerzas opositoras al neoliberalismo:
*Les hicieron saber a los jueces que los iban a escrachar con una foto si no detenían a integrantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
*Supuestamente asustados, los jueces aceptaron detener a Ricardo Jaime. No por las pruebas ni por la situación procesal, sino por la amenaza del escrache. El fiscal de aquella causa, Federico Delgado, se asombró ante los dichos de Pagni: "esto es gravísimo. Pagni debe ser llamado a declarar".
*Una vez abierta la compuerta --redondea el columnista de La Nación--, los jueces supuestamente sobreactuaron, desplegaron toda su fobia, "con prisiones preventivas aberrantes".
La versión de Pagni deja planteado un delito, extorsión, que consiste en "usar una intimidación para que otra persona haga o deje de hacer algo". En este caso sería extorsión agravada, por cuanto los supuestamente extorsionados son jueces. Un argumento usado para alivianar la confesión es que esos mismos jueces jugaron a garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas, durante el kirchnerismo, pero la realidad es que gran parte de los expedientes se iniciaron durante el gobierno de CFK, sólo que en ese momento los jueces no se despacharon con un festival ilegal de prisiones preventivas.
Este diario se comunicó con Fernán Saguier, a cargo de la conducción del diario La Nación, para pedirle explicaciones sobre la confesión de su columnista. Al principio, a través de una asistente, Saguier envió el mensaje de que cualquier consulta debía dirigirse a Pagni y luego hubo un cambio de respuesta: informaron que Saguier se había retirado del diario y que no estaba accesible.
La detención de Ricardo Jaime se produjo en abril de 2016, o sea al principio del gobierno de Mauricio Macri. Eso demuestra que la extorsión y la persecución fue conjunta, medios, justicia y gobierno, porque la Casa Rosada dio el visto bueno e hizo jugar a sus operadores. Entonces se produjo la andanada. Pocos días después de la detención de Jaime, cuando viajaba a Buenos Aires a declarar, con el insólito argumento de que no tenía plan de vuelo, también fue apresado Lázaro Báez, a quien pasearon por toda la ciudad de Buenos Aires para que las imágenes fueran transmitidas por las cámaras de television.
Llegaron a usar causas grotescas, como la acusación por traición a la patria por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, un tratado que votó el Congreso y que nunca entró en vigencia. La Nación apoyó las acusaciones y las detenciones, que incluyeron al actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pero también a Luis D'Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche. En ese mismo expediente hubiera sido encarcelada CFK, pero la protegieron los fueros.
Utilizaron causas armadas de manera escandalosa, como la del Gas Natural Licuado, con una pericia falsa y un perito que ahora irá a juicio por falso testimonio agravado. En este caso detuvieron a Julio De Vido y Roberto Baratta, y tuvo la insólita intervención del falso abogado, pagado por la Agencia Federal de Inteligencia, Marcelo D'Alessio. La Nación le hizo coro también a esta causa y a las detenciones.
El apresamiento de Amado Boudou igualmente tuvo el respaldo de La Nación. El Tribunal Oral que lo juzgó y condenó en el caso Ciccone nunca había detenido a nadie después de un juicio sino que se esperaba la apelación a la Casación, la famosa doble instancia. Esta vez, se ve que influyó la amenaza del escrache del que habló Pagni este lunes.
Las detenciones masivas de funcionarios y empresarios también se originaron en las fotocopias de los cuadernos que hizo públicas La Nación. La estrella fue el arrepentido chofer Oscar Centeno, quien dijo que quemó los cuadernos en una parrilla. Después, casi todos los cuadernos --menos los que convenían-- reaparecieron intactos, otra vez de la mano de La Nación.
Y no sólo persiguieron a integrantes del gobierno de CFK sino también a los medios que se oponían al neoliberalismo y a las políticas del gobierno de Cambiemos. La Nación encabezó una ofensiva para detener al titular del Grupo Octubre --que integra Página/12-- Víctor Santa María, con reiteradas notas tratando de forzar su encarcelamiento. Y también La Nación fue el diario que encabezó la campaña para que los jueces manden a la cárcel a Fabián De Sousa y Cristóbal López, causa que arrancó a raíz de una nota del diario de los Saguier, con datos, que ahora se demostraron falsos y armados por el gobierno de Macri.
El festival de detenciones, supuestamente originado en la amenaza de la foto de La Nación, derivó hasta en una doctrina, a la que le pusieron el nombre del camarista Martín Irurzun. A cualquier ex funcionario debía imponérsele la prisión preventiva porque contaba con "relaciones residuales", o sea vínculos que le podrían ayudar a tapar los delitos. Y no era necesario probar nada: ni que había alterado una prueba ni que escondió algo ni que fuera protagonista de algún engaño. Con ser ex funcionario, bastaba.
En sus palabras de este lunes en el canal del diario centenario, Pagni se volcó hacia el final en una interpretación casi psicológica hablando de contrafobia , como si se tratara de una especie de enfermedad o psicosis que le agarró a los magistrados de Comodoro Py, que empezaron a detener como una obsesión después de aquel domingo en el que se iba a publicar la foto. El columnista esconde que el lawfare fue una política, no un problema aislado de unos jueces o camaristas. La prueba es que se aplicó en la Argentina, mucho más todavía en Brasil con Dilma Roussef y Lula, en Ecuador con Rafael Correa y recientemente en Bolivia con Evo Morales. Todo hace pensar que el diseño proviene de los think--tanks de la derecha norteamericana y lo fueron aplicando en los distintos países de diferentes formas, pero siempre con la misma alianza política--mediática--judicial.
No es casualidad que en la Argentina hayan citado a Cristina a ocho indagatorias en el mismo día y que a Lula le hayan imputado ser dueño de un departamento en el que nunca pasó una noche, nunca estuvo a su nombre y que la constructora usó como garantía demostrando que era propio y no del dirigente del PT. No es casual que aparezcan escuchas entre los fiscales y el juez Sergio Moro tramando la detención de Lula, mientras en la Argentina aparecieron en Dolores las escuchas que muestran como actuaba el fiscal Carlos Stornelli en yunta con D'Alessio y otros operadores de inteligencia.
La política del lawfare logró excluir a Lula de las elecciones en Brasil, ahora veda la participación de Evo Morales en Bolivia y mantiene en el destierro a Correa en Ecuador. En la Argentina, tal vez pensaron en encarcelar a CFK para sacarla de la cancha política. No pudieron. Por el contrario, buena parte de los juicios y los expedientes de Comodoro Py empiezan a naufragar, porque aparecieron los Leonardo Fariña comprados y guionados, las pericias falsas de David Cohen, las visitas de los jefes de la AFI al juez Luis Carzoglio y todo el conjunto de las operaciones que se utilizaron. No significa que no hayan existido delitos y que deben investigarse como corresponde, pero lo que nuevamente puso sobre la mesa el columnista de La Nación es la forma en la que se usaron las extorsiones y aprietes.
Lo que Pagni confesó es el detrás de la escena: la pata mediática de toda la trama. Las evidencias y las pruebas pasaron a un lejano segundo plano: las órdenes detención se firmaron para no salir en la foto de tapa del domingo, pero siempre con la mirada puesta en destruir a las fuerzas opositoras.


04 de marzo de 2020
La empresa le reclama 1700 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires 
Vidal dejó una deuda millonaria con Edenor 
Tras la derrota electoral la Gobernadora dejó de pagar los servicios de las escuelas, los hospitales y los edificios públicos.
La ex gobernadora dejó de pagar los servicios tras la derrota en las PASO 2019. 
El ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Agustín Simone, denunció que después de perder las elecciones primarias en la provincia de Buenos Aires, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal, cortó el pago de todos los servicios públicos en todas las escuelas, hospitales y edificios públicos. En ese marco la deuda con Edenor, que no es la única, alcanza los 1700 millones de pesos.
Simone, en diálogo con AM750, detalló que se encontró con el “ministerio parado” y especificó que “en agosto se cortaron todos los pagos de infraestructura, servicios y a proveedores". Para el funcionario "eso generó una paralización en toda la obra pública que ya venía muy ralentizada" y terminó con "una situación crítica porque hay mucho por terminar y pocos fondos para hacerlo”.
El ministro bonaerense explicó que la deuda por las obras que están paralizadas asciende a 11 mil millones de pesos y que, en tanto, el monto de los pagos pendientes es de 5 mil millones. Además, Simone aseguró que hay obras en curso por 50 mil millones y que son las que se tendrían que haber terminado entre 2018 y en 2019.
El funcionario subrayó que “en la subsecretaría de Energía vinieron de Edenor a decirnos que se le debía la luz de las escuelas y de todos los edificios públicos desde agosto”. Al respecto, Simone afirmó que “fue un denominador común el corte de pagos para llegar a diciembre”, y agregó: “Edenor nos reclama 1700 millones de pesos, por el corte de pago de factura y porque la Provincia en 2017 se comprometió a pagar la luz de los asentamientos y no lo hizo”.
El gobernador, Axel Kicillof, mencionó durante la apertura de sesiones de la legislatura bonaerense que se está investigando a las empresas que fueron beneficiadas con los tarifazos. Con respecto a eso el ministro de Infraestructura explicó: “Encontramos una absoluta falta de control a las empresas prestadoras de la distribución de la energía". Dentro de ese contexto, en el que los funcionarios se encontraron con "una estructura desarmada" comenzaron a fortalecer "los organismos de control". Además, el Gobierno provincial firmó un acuerdo con las principales distribuidoras por 180 días para en qué habían invertido". 
Dentro del esquema irregular en el que convivían la administración de Vidal y las empresas de energía, el Gobierno de Kicillof auditó los controles y descubrió que no se realizaron controles físicos sobre los avances de las obras y que los fondos se entregaban contra una declaración jurada de avances financieros. Por eso en la actualidad se está realizando una relevamiento para constatar si lo declarado se ajusta a la realidad. 
Por otra parte, Simone anunció que la intención es desdolarizar las tarifas y buscar otro sistema de actualización que puede ser por índices de precios mayoristas y minoristas.


04 de marzo de 2020
Duro fallo de la jueza Marta Cirulli 
Correo Argentino: la justicia dictó la intervención "plena" La magistrada señaló que “el proceder que viene evidenciando 
Correo Argentino SA resulta esquivo e imprevisible” y “arroja un manto de duda” sobre el “esperable comportamiento sincero”.
Por Sofía Caram
La jueza Marta Cirulli dispuso la intervención plena del Correo Argentino, de la familia Macri, hasta que concluya el procedimiento de salvataje. 

Imagen: Guadalupe Lombardo
En un durísimo fallo sobre el accionar de la empresa de la familia Macri, la jueza Marta Cirulli dispuso la intervención plena del Correo Argentino Sociedad Anónima, hasta que concluya el procedimiento de salvataje. Al tomar esta decisión, la magistrada señaló que “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA resulta esquivo e imprevisible” y “arroja un manto de duda” sobre el “esperable comportamiento sincero”. Un pasivo inexplicable y “desmesurado”; maniobras de vaciamiento; deudas con la AFIP por el pago de Ganancias y ocultamiento, entre los argumentos centrales que justificaron la intervención. Mientras dirigentes macristas salieron a defender a la empresa del ex Presidente, la Justicia dio un paso contundente a favor de los intereses del Estado, en uno de los procesos concursales más largos que se recuerden.
A principios de febrero, la fiscal de Cámara Gabriela Boquin había pedido la intervención de la firma, por maniobras de vaciamiento en medio del proceso concursal y mientras sigue impaga la deuda millonaria con el Estado. Para la fiscal, hubo una clara violación a la ley de Concursos y Quiebras. “Luego de más de quince años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown en primera instancia nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa”, había señalado la funcionaria en su dictamen.
Luego, el flamante procurador del Tesoro, Carlos Zannini respaldó el planteo de Boquín, lo que derivó finalmente en la intervención judicial.
Todo para no pagar
La empresa de los Macri había presentado la semana pasada un recurso extraordinario para evitar el salvataje, una medida previa a decretar la quiebra y que ya había sido ordenada en diciembre último por la Cámara Comercial. Se trata, nada menos, del procedimiento que obliga a poner en venta las acciones, lo que lógicamente era resistido por el grupo empresarial. Luego, una eventual compradora debe especificar cómo pagará las deudas. Si fracasara ese camino, el paso que sigue sería efectivamente la quiebra, que debería ser asumida por la controlante, Socma (que posee actualmente las acciones de Sideco Americana). Dicho salvataje había sido apelado, pero la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial lo dejó firme. En tanto, el grupo Macri ahora intenta llevar otra vez la discusión a la Corte Suprema, aunque los antecedentes no son los mejores para las expectativas de la compañía. Es porque el Máximo Tribunal ya falló en dos oportunidades a favor de los intereses del Estado.
Serias irregularidades
Ahora, el fallo de la jueza Cirulli advierte sobre las gravísimas irregularidades cometidas por la firma del ex Presidente. Entre ellas, detalla que el año pasado salió a la luz una deuda que no había sido informada a la Justicia y que correspondería al ejercicio del año 2000. Para la magistrada, esto “confirma que subsiste un enorme margen de duda respecto a la sinceridad del comportamiento de la concursada en esta instancia clave del procedimiento, donde se juega su suerte”.
Según el cálculo que figura en la resolución, la composición del pasivo posconcursal calculado por el coadministrador que había sido designado por disposición judicial -especificado al 30/09/2019 es de $ 191.997.055,52. En duros términos, Cirulli señaló que esa cifra “es de suyo reveladora de la desmesura del pasivo acumulado, tanto más cuando se trata de una sociedad cuyas labores conciernen, en la actualidad, sólo a la atención de cuestiones judiciales, principalmente de carácter laboral”.
Entre otros argumentos, justificó la intervención al afirmar que Correo S.A. respondió en este tiempo “parcialmente y “a cuenta gotas” lo requerido por el coadministrador” y no puede explicar la “posible existencia de un crédito de titularidad de la AFIP, de nada menos que $ 600.000.000, originado en los Impuestos a las Ganancias y a la Ganancia Mínima Presunta; es decir, un aumento de más de tres veces del pasivo informado”. Agrega que “además, incorporó sorpresivamente una deuda de $58.382.829,34, sin la necesaria explicación”. La magistrada destacó que el grupo “calló” esta situación mientras, insólitamente sigue “insistiendo en la responsabilidad del Estado Nacional por provocarle la cesación de pagos
Ex funcionarios en defensa de la empresa
A pesar de la contundencia del fallo por las enormes irregularidades cometidas por la empresa que le debe millones de pesos al Estado Nacional, dirigentes del macrismo salieron al cruce de la intervención del Correo por considerar que se trata de una medida de presión del kirchnerismo hacia la Justicia, para –según afirman- "perseguir" al ex presidente Mauricio Macri.
En un comunicado conjunto, el ex ministro de Justicia Germán Garavano, el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el diputado Pablo Tonelli afirmaron que "desde 2003 el kirchnerismo está usando la concesión del Correo Argentino para montar una operación de persecución política contra Mauricio Macri y su familia".
Al omitir absolutamente el perjuicio que significa para las arcas estatales la deuda que la empresa se sigue negando a saldar, el texto macrista critica al Procurador del Tesoro, Carlos Zanini y afirma que “hoy está en juego la libertad de hacer, de emprender, de participar sin consecuencias, sin ataques, ni venganzas". 



04 de marzo de 2020
La CIDH pidió un informe sobre la crisis en Salta
La tragedia de les niñes wichí
La Comisión quiere saber cuáles son las medias "pertinentes y eficaces" adoptadas para detener las muertes por desnutrición.
LA CIDH envió un pedido de informe al Estado argentino sobre las comunidades Wichí de Salta. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio al Estado argentino 15 días para que informe sobre el estado situación del sistema de salud en Salta, respecto de las muertes por desnutrición de niños y niñas de la comunidad Wichí y la falta de agua potable. "A nosotros nos pidió que precisemos cuáles son las comunidades que proponemos para las medidas cautelares que le pedimos, junto con el consentimiento de las mismas", dijo a Página/12 el abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos. Durante el mes pasado esa organización elevó cinco informes y una denuncia por la "situación de gravedad y urgencia en Salta, que el 21 de febrero se cobró una nueva vida, la de Ayelén, una beba wichí".
En las próximas dos semanas, el Estado argentino deberá responder por las autoridades salteñas sobre las medidas pertinentes y eficaces que se han adoptado ante la situación de las muertes por desnutrición de niños y niñas en el norte salteño. Asimismo, la CIDH solicitó a Naturaleza de Derechos que informe sobre determinados puntos necesarios para que se adopten las medidas cautelares que se han solicitado al sistema interamericano de derechos humanos. "De nuestra parte consideramos que las acciones estatales están muy lejos de ser las adecuadas, muestra de ello es que luego de varias semanas de declarada la emergencia sanitaria en los departamentos del norte salteño, las muertes de niños y niñas por desnutrición, falta de agua y de un sistema de salud básico, no han cesado", expresaron.
Cabaleiro viajará en pocos días a la comunidad de Misión Chaqueña, en la zona de Embarcación, y otra de la localidad de Los Blancos. Espera poder participar el sábado de una asamblea para marcar los puntos que le exigen al gobierno nacional y provincial, tal como ya hicieron junto a Magdalena Odarda, presidenta del INAI (Instituto Nacional de Asunto Indígenas). En esa oportunidad firmarían un documento para presentar ante la CIDH. Por otra parte, además denuncian un caso ocurrido durante la gestión de Mauricio Macri por un nuevo conflicto de tierras y despojo.








 
Ante el dramático panorama que se vive en Salta, la Nación puso el foco de la gestión en la provincia y recorrieron la zona afectada cuatro funcionarios de primera plana: El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; así como la responsable del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz y la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda. El gobierno de la Nación envió a Salta 324 millones de pesos para la compra mensual de 40.000 módulos alimentarios reforzados durante 4 meses, 20 millones de pesos para 20.000 módulos para situaciones crítica y firmó el convenio para entregar 65.000 tarjetas alimentarias por un valor de 330 millones de pesos mensuales.
El ministro Arroyo reconoció que había más de 30 niños wichí internados y más de un centenar con bajo peso, al tiempo que alertó que toman agua contaminada. "El lugar donde estuve yo, en Salta, enfrente está Bolivia y allí resolvieron el problema del agua y mejoraron las viviendas. Eso marca dos cosas: el nivel de deterioro que tiene la Argentina y que es posible resolverlo", dijo Arroyo al marcar el contraste con lo que sucede al otro lado del Pilcomayo. Los funcionarios nacionales coincidieron en su desazón al recorrer la zona y advertir que el nivel de atraso es estructural, por la histórica ausencia de un plan de obras públicas para garantizar condiciones dignas de vida y revertir una situación de pobreza que supera las tres décadas.
Por su parte, la ministra de Salud de Salta, Josefina Medrano, tuvo una polémica y cuestionada frase: "No es de hoy que los chicos mueren en esta época del año". Y el ex gobernador José Manuel Urtubey tras ser cuestionado por haber tenido sus vacaciones en exuberantes destinos dijo: "Me hago cargo de los que no pudimos salvar. 
Fuente:Pagina12


Llegó el coronavirus, pero lo que crece es el dengue y el sarampión 
El protocolo se activó para medio centenar de personas con síntomas, de la cual al menos una dio positiva.
Pero la principal preocupación siguen siendo el dengue y el sarampión, con 680 y 156 casos, respectivamente.
(Foto: AFP)
Si bien el protocolo médico en respuesta a posibles casos de coronavirus ya se ha activado en casi medio centenar de casos en distintos centros de salud de la Argentina, lo cierto es que las máximas autoridades sanitarias, comenzando por el ministro Ginés González García, insisten en que hay otras dos cuestiones que, en la coyuntura epidemiológica, hoy generan igual o más preocupación: el brote de dengue, que desde mediados de 2019 registra al menos dos muertes y un ciclo epidémico récord en las Américas –con más de 3,5 millones de casos en toda la región– y que podría presentar un pico de contagios en el país a principios de marzo; y el de sarampión, que hasta este martes acumula 156 casos y una muerte. Un cuadro que no se daba desde 1998.
Entonces, la emergencia de salud pública internacional por la aparición del nuevo coronavirus y la eventualidad de una pandemia, que está produciendo una verdadera psicosis global, podría pasar a ser lo prioritario en la Argentina en cualquier momento. La expansión del virus por el mundo es tal que no extrañaría que, a pesar de los mecanismos de alerta y vigilancia en aeropuertos y otros puntos de ingreso al país, en las próximas horas se conozcan más casos importados. De hecho el conocido esta tarde provino de un viaje al norte de Italia. 
"Seguimos con un sistema de alerta temprana, aislamiento y, en caso de ser positivo, tratamiento y contención para que no se disemine el virus", remarca en cada una de sus apariciones el ministro de Salud, Ginés González García. 
Pero mientras el coronavirus empieza a registrar sus primeros resultados concretos, los casos de dengue crecen a mayor velocidad, a la sombra mediática: el Ministerio de Salud informó que en el país hay 680 contagiados de manera autóctona en 13 jurisdicciones. Pero no sólo eso, a ellos se agregan 156 de sarampión, ocho de ellos importados. Un número inédito en este siglo. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, explicó que las estrategias para la prevención y el control del dengue se centran en “la minimización de la proliferación de las larvas de los mosquitos".
Sobre el sarampión, resaltó la importancia de que "todos los bebés de 6 a 11 meses" se vacunen y "todos recibamos las vacunas del calendario nacional".
El doctor Tomás Orduna, jefe de Medicina Tropical del Hospital Muñiz, señaló que lo más importante para la contención del virus es "disminuir la cantidad de mosquitos. Es muy importante el compromiso para evitar tener criaderos", y añadió que tres o cuatro de cada cinco personas "no van a tener expresión clínica, se van a infectar y no se van a enterar". Y completó: "Lamentablemente los dos pacientes que fallecieron por dengue llegaron tarde a la consulta médica y muy deteriorados".




La Asamblea Trans denuncia falta de hormonas para tratamientos en los hospitales públicos 
La asamblea Trans, Trava, no Binarie mantuvo una reunión con representantes del Ministerio de Salud para pedir que se regularice la situación.
(Foto: Edgardo Gomez)
Por Jesús Cabral - @CabraAbelardo
3 de Marzo de 2020
Desde la Asamblea Trans,Trava, no Binarie por la Salud Integral reclaman hormonas para los tratamientos de hormonización. Personas que se atienden en el sistema público denuncian que desde fines del año pasado no están distribuyendo la testosterona gel ni inyectable. Además, cuentan que en algunos centros de atención han reemplazado los bloqueadores de testosterona por pastillas anticonceptivas y diuréticos. Por eso este lunes se reunieron con representantes del Ministerio de Salud de la Nación con el fin de trasmitirles esta situación alarmante.
“Entendemos que la reunión que tuvimos fue positiva. Pero sabemos que nuestro pedido va a demorar entre un mes y medio y tres, tanto para el acceso a la testosterona inyectable como en gel. No tener esto implica cortar nuestros tratamientos y eso pene en riesgo nuestra existencia”, cuenta a Tiempo, Ese Montenegro, activista trans masculino.
Y continúa explicando: “Sabemos que se están haciendo compras especiales, extraordinarias y que tampoco vienen a solucionar la cuestión de fondo. El problema se terminaría con una licitación a nivel anual que puede demorar unos 9 meses y tampoco sabemos lo que puede suceder durante ese tiempo de espera”.
“Nuestra situación es alarmante, por eso vamos a participar en la movilización del 8 de marzo junto con los movimientos feministas de mujeres lesbianas, travestis, trans y no binaries. Seguiremos luchando para que no sea solo un parche al problema. La incertidumbre que vivimos afecta a nuestras vidas, salud corporal y mental. Exigimos que los servicios privados y el Estado cumplan con la Ley de Identidad de Género. Necesitamos acceso a la salud integral”, enfatizó Montenegro, de 39 años.
Desde la Asamblea cuentan que el faltante de hormonas y bloqueadores implica -indirectamente- el exterminio de esta comunidad. En este sentido la negación de distintos sectores de la sociedad, de algún modo, implica una imposición de género y el desprecio por las vidas de estas personas que son empujadas a la precariedad y los márgenes.
“Estamos reclamando medidas a largo plazo para resolver el problema de fondo y otras de corto plazo para atender las urgencias que vivimos en la cotidianidad las personas que somos usuaries (sic) de tratamientos hormonales. Hay faltantes de hormonas en muchos dispositivos públicos de salud. Las obras sociales y prepagas mayoritariamente funcionan en forma irregular y se niegan a cubrir los tratamientos al 100% “, detalla Gabi Díaz Villa, miembro de la Asamblea.
“Esta nueva gestión nos informa que la anterior dejó sin efecto las compras extraordinarias que estaban previstas y que eso produjo el bache en la entrega de hormonas. También nos explicaron que van a reactivar el sistema, pero a su vez entendemos que este año tenemos que seguir esperando. Además, quiero dejar en claro que el trato que recibimos en los centros de salud es violento y expulsivo con nosotres (sic)”, agrega Díaz Villa, de 43 años.
Existe una voluntad manifiesta de condicionar los cuerpos del colectivo trans, trava y no binares, producto de la heteronorma que vulnerando sus derechos. Sin embargo, la comunidad está organizada para exigir que les garanticen las condiciones de salubridad que corresponden.
“El conflicto empezó en octubre del año pasado, a fines de noviembre y principios de diciembre realizaron una compra especial solo para asistir a pacientes de feminización. Hoy a lo lardo de todo el país no hay testosterona. Beta es uno de los laboratorios que la producen y tiene problemas con la AFIP, por ese el Ministerio de Salud no le puede comprar”, explica Giuri Pattricio Valentino, trans no binarie, de 23 años. “Se necesitan entre 12 y 15 mil dosis por año. Para reparar esto implementan las compras extraordinarias que viene haciendo el Ministerio”, finaliza.
Recorren el país construyendo redes, armando reuniones para debatir sobre estas problemáticas y encontrar una solución. Aseguran que “al clóset, al biologicismo y al calabozo no volvemos nunca más”. La tarde de este lunes, diez integrantes de la Asamblea fueron recibidos por Carla Vizotti de la Secretaría de Acceso a la Salud, Sonia Tarragona de la Subsecretaría de Medicamentos e Información Estratégica, y Candela Cabrera directora de Género y Diversidad.
“Esta nueva gestión nos informa que la anterior dejó sin efecto las compras extraordinarias que estaban previstas y que eso produjo el bache en la entrega de hormonas. También nos explicaron que van a reactivar el sistema, pero a su vez entendemos que este año tenemos que seguir esperando. Además, quiero dejar en claro que el trato que recibimos en los centros de salud es violento y expulsivo con nosotres (sic)”, agrega Díaz Villa, de 43 años.
FuenteTiempoArgentino



Escandaloso 
Desde que perdió en las PASO, Vidal no pagó más la luz de escuelas y hospitales públicos bonaerenses 
El ministro de infraestructura de la Provincia reveló que, tras perder las elecciones primarias, la gestión de Cambiemos cortó los pagos de los servicios públicos en todas los colegios, centros de salud y edificios públicos, por lo que Edenor se presentó reclamando una deuda de $1700 millones. Mirá el video.
Más allá del enorme aumento del endeudamiento de la provincia de Buenos Aires en dólares con bonistas privados, María Eugenia Vidal dejó al Estado bonaerense con un pasivo menos abultado pero mucho más grave a nivel político y para las implicancias de las personas de a pie: la ex gobernadora dejó de pagar la luz de escuelas y hospitales públicos tras la derrota en las PASO.

Así lo reveló el ministro de Infraestructura de ese distrito, Agustín Simone, durante una entrevista con AM750. Según precisó, exactamente después de perder las elecciones primarias en agosto, Vidal cortó los pagos de los servicios públicos en todas las escuelas, hospitales y edificios públicos, por lo que Edenor le reclama a la Provincia por una deuda de $1700 millones.

"En la subsecretaría de Energía vinieron de Edenor para decirnos que se le debía la luz desde agosto en las escuelas y edificios públicos, de todos. Las escuelas llevan la mayor cantidad de energía y, en segundo lugar, vienen los hospitales. Nos sorprendió bastante. Fue un denominador común el corte de pagos para llegar a diciembre. Edenor nos reclama 1700 millones de pesos, por el corte de pago de factura y porque la Provincia en 2017 se comprometió a pagar la luz de los asentamientos y no lo hizo", explicó Simone.



Según el funcionario del gobierno de Axel Kicillof, se encontraron con "un ministerio parado" y "en agosto se cortaron todos los pagos de infraestructura, servicios y a proveedores", lo cual "generó un parate en toda la obra pública que ya venía muy ralentizada".

"La situación es crítica porque hay mucho por terminar y pocos fondos", remarcó, y aseguró que la deuda asciende a "más o menos 11 mil millones en obras paradas y 5 mil millones en pagos pendientes y después tenés obras en curso por 50 mil millones", que "tendrían que haber terminado entre 2018 y en 2019".



POLÉMICA
El principal periodista de La Nación reveló que el diario de los Mitre presionó para que jueces federales detengan a ex funcionarios K 
Carlos Pagni incriminó a los dueños y directivos del diario La Nación por forzar a magistrados a violar las garantías constitucionales de ex integrantes de las gestiones kirchneristas. Recalcó que para evitar una publicación que los afectaba, los jueces de Comodoro Py decidieron detener al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.
En su vuelta a Odisea Argentina, el periodista Carlos Pagni confesó que por amenazas del diario La Nación al poder judicial, se violaron garantías constitucionales que guardan relación con la detención del ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime.

El análisis de Carlos Pagni estuvo supeditado a dos episodios importantes del discurso del presidente Alberto Fernández en el marco de la apertura de sesiones ordinarias 2020 ante la Asamblea Legislativa: El primero referido a la problemática de la inflación y el segundo, y no menos importante aunque si más polémico, al tema de la reforma judicial en pos de establecer límites a la intervención de los Servicios de Inteligencia en la Justicia.

A su entender, la iniciativa del Gobierno – que todavía está en estudio según dijo -, es transformar parte de esos juzgados nacionales del fuero ordinario en juzgados federales. De avanzar, significaría que una fracción de dichos juzgados de competencia nacional, los de Comodoro Py, y los del fuero penal económico se reconducirían en una nueva justicia federal de la Capital Federal. Esto quiere decir que parte de los juzgados se federalizarían y se transferirían a la Ciudad de Buenos Aires que hoy gobierna Horacio Rodríguez Larreta, uno de los máximo referentes del PRO y con grandes chances de jugársela en 2023 pese a quien le pese (léase Mauricio Macri).

Ahora bien, el periodista estrella del diario de los Mitre sostuvo que “la idea de manipular a la Justicia para perseguir a alguien es defectuosa desde el punto de vista de la aplicación histórica”. Pero ¿Por qué? Y Acá es donde viene la frase más contundente del editorial:

“¿Por qué los jueces de Comodoro Py empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y probablemente violatorio de determinadas garantías de la prisión preventiva? Porque el diario La Nación un domingo estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py diciendo estos también son responsables de la impunidad del kirchnerismo”, remarcó Pagni, uno de los editorialistas más respetados de La Nación, al apuntar contra los dueños del propio medio.



"Varios jueces dijeron tenemos que desplazar esa tapa con otra noticia: metamos preso a Ricardo Jaime y así terminó Jaime preso", explicó Pagni al referirse a la reacción de los jueces ante el apuro de La Nación.

De esta manera, reconoció que el diario La Nación ejecutó Lawfare. Fuente:PoliticaArgentina 



Dura denuncia de Florencia Kirchner contra el macrismo, la justicia y los medios: "Me enfermaron" "Se había vuelto un plan sistemático", afirmó y acusó a la gestión de Cambiemos y al Poder Judicial.
Desde Cuba, donde continúa su tratamiento médico, Florencia Kirchner realizó un duro descargo en sus redes sociales. La hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner se creó una cuenta de Instagram donde hace unas semanas escribe de cuestiones personales, artísticas y políticas. Hoy publicó una contundente denuncia contra ciertos medios de comunicación, el macrismo y los "orangutanes de la justicia".  
Acompañada de una foto suya, Florencia escribió a modo de epígrafe: "Abril de 2016. Un tiempo antes de que según los medios de comunicación dejara de ser una pendeja frívola para pasar a ser la capa de la mafia, con una mente por encima del rango normal, dado que con 12 años ya vivía una vida ilícita". Se refería irónicamente a la denuncia por integrar presuntamente una asociación ilícita junto a otros miembros de su familia, parte del lawfare con el que persiguieron también a CFK. 
En el mismo texto, acusó al gobierno de Mauricio Macri y le dedicó un lapidario adjetivo a un sector del Poder Judicial. "Cada vez que el Macrismo generaba un nuevo hundimiento, sabía que era semana de mi nombre difamado por todos lados, de los orangutanes de la justicia metiéndose en mi casa y haciendo conmigo lo que querían, fuera de cualquier marco legal".
Cerró con una grave denuncia: "Se había vuelto un plan sistemático. Me enfermaron, sí, pero jamás lograron que odiara mi nombre", posteó Florencia Kirchhner, quien se encuentra desde 2019 recuperándose de una enfermedad en La Habana, donde la visita asiduamente la vicepresidenta.
Fuente:ElDestape

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