Cerca de 2500 presxs políticxs de la revuelta social siguen confinados a pesar del avance del coronavirus /Solidaridad desde Argentina
Resumen Latinoamericano 15 de abril de 2020
Por Asamblea de Chilenxs de Buenos Aires
A principios de marzo, mientras el coronavirus llegaba a la región, en Chile las movilizaciones estaban reavivando su fuego. La revuelta, sabemos, ha intentado ser ahogada con represión, con violencia sexual y tortura -2.146 personas presentaron denuncias por violencia sexual, tortura y uso excesivo de la fuerza-, con mutilación -cerca de 400 persona sufrieron heridas oculres severas- y con persecución política. Así, más de 11.000 personas fueron detenidas en el marco de la revuelta y de ellas, cerca de 2.500 se transformaron en presxs políticxs.
A fines de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya señalaba que la población carcelaria es más vulnerable ante la pandemia y recomendaba privilegiar otras medidas, antes que la privación de libertad. En una línea similar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recomendó a los países reevaluar las prisiones preventivas para reemplazarlas por otras medidas para desconcentrar las cárceles, recomendación que también hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos al ministro de Justicia.
Desde hace años, que organismos de derechos humanos en Chile vienen denunciando las condiciones infrahumanas en que vive la población carcelaria. En este sentido, dos condiciones resultan especialmente preocupantes: el hacinamiento y las pésimas condiciones de higiene, caldo de cultivo para la propagación del virus.
En las cárceles, la primer medida tomada fue reducir el número de visitas hasta suspenderlas completamente. Esta medida resulta discordante al observar que los gendarmes no han alterado su régimen de trabajo (no cuentan con los elementos de bioseguridad) y que, por sobre todo, no hay mejores condiciones higiénicas en las cárceles, ni tampoco implementos de protección personal, como mascarillas o barbijos para lxs presxs.
Es más, la merma en las visitas sólo ha empeorado la situación de lxs presos, pues de esa forma reciben menos encomiendas por parte de su familia, y así, menos alimentos y artículos de aseo. En este contexto, se han desencadenado una serie de motines en distintos penales e incluso, se han iniciado huelgas de hambre.
Ante este escenario, las organizaciones en solidaridad con lxs presxs políticxs, que reúnen a familiares y amigxs de lxs presxs, junto con militantes por los derechos humanos, han solicitado un cambio en la medida cautelar, que les permita pasar de la prisión preventiva a la domiciliaria. Esto se repite en las distintas ciudades -Santiago, Antofagasta- y ante las distintas situaciones. Por ejemplo, la familia de David Agustín Maril, Argentino preso en Chile en el contexto de las movilizaciones, pide lo mismo, a lo que suman el deseo de lograr la expulsión de David de Chile, para que así pueda retornar a Argentina. Durante esta semana, entre el 13 y el 18 de abril, la Coordinadora 18 de octubre está desarrollando una fuerte campaña de agitación en redes sociales para visibilizar la situación de lxs presxs políticxs, para lo cual, piden videos y fotos de apoyo.
El reclamo, que se hace más urgente en medio de la pandemia, se sostiene sobre tres argumentos. Primero, que la prisión preventiva es una medida cautelar exagerada ya que, de haber sido detenidxs en otro contexto, las medidas cautelares seguramente serían menos severas. En ello advierten un componente aleccionador, un mensaje de amenaza a las y los luchadores sociales que ha quedado en evidencia en las varias ocasiones en que se ha intentado conceder medidas cautelares menos gravosas a presos politicxs de la revuelta: fallos favorables han sido apelados por el ministerio del interior e incluso, se suspendió de sus funciones y se inició un sumario al Juez Urrutia, quien había concedido prisión domiciliaria a un grupo de 12 imputados de la revuelta.
Segundo, que muy probablemente una eventual condena sería más corta que el tiempo que yan han pasado en prisión preventiva.
Y tercero, que el Estado no puede desoír el escenario que atraviesa el país y que es su deber garantizar la salud de la población penal.
Lo que piden, entonces, es que se respete el debido proceso, que tantas veces han visto violado, no sólo en la medida cautelar a la que están sometidos, sino que también, en una serie de procesos que ni siquiera han avanzado, pues los abogadxs defensores -provistos por la defensoría pública, al que tiene derecho todo imputado- ni siquiera se han presentado.
Mientras estos jóvenes que ocuparon calles y plazas por la dignidad de los pueblos siguen en las cárceles, sectores del oficialismo intentaban que criminales de lesa humanidad, genocidas y torturadores, sean incorporados en un proyecto de ley que buscaba conmutar penas. También se le otorgó el beneficio de la rebaja de la medida cautelar a carabineros imputados en la operación huracán -ese montaje orquestado contra el pueblo nación mapuche-.
Si hace meses, en el país de las injusticias, el mecanismo disciplinador por excelencia era la mutilación, hoy, el mecanismo disciplinador es el dejar morir.
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