TROPEL 2 del 19.04.2020.

Luis D'Elía: “No siento rencor, me mantengo muy leal y no van a sacarme de la cancha”
Ya con arresto domiciliario en un departamento porteño, el referente piquetero reafirma: “Estoy preso por razones políticas y quiero creer que voy a salir también por la política”.

Por Gastón Rodríguez - @Soyelpapadeleon
19 de Abril de 2020

Siete mil pasos diarios. En el patio del pabellón de una cárcel federal o en ronda compulsiva en un departamento de la Ciudad de Buenos Aires. Hay cosas que ya no van a cambiar en la vida de Luis D´Elía. “Soy una persona de 63 años, diabético insulinodependiente y con tres by pass. Tomo diez comprimidos distintos, más la insulina y los pinchazos, uno a la mañana y otro a la noche”, enumera como en un recitado de memoria. El lamento recién se filtra después: “Con todo eso no me querían dar el arresto domiciliario, ni siquiera con carácter transitorio”.

El 25 de febrero de 2019, poco después de las once de la noche, D´Elía se presentó de manera espontánea en los tribunales de Comodoro Py para empezar a cumplir su condena de tres años y nueves meses de prisión por un hecho ocurrido en 2004, es decir, 15 años antes: la toma de la comisaría 24 de La Boca, luego del crimen del militante Martín “Oso” Cisneros. El dato tiene un par de lecturas inapelables. La primera es que D´Elía no fue acusado de corrupción, desbaratando un imaginario construido maliciosamente y que lo ubicaba en la lista de funcionarios de la gestión de Cristina Kirchner detenidos por su inconducta. La segunda, algo más cruel, es que mientras D´Elía dormía todas las noches en una celda acusado de instigación a cometer delitos, el asesino de su compañero de militancia se ufanaba de haber recuperado la libertad.

“Soy el único con certificado de preso político –explica, ya no desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, sino desde el departamento de su pareja donde cumple la prisión domiciliaria–. El cable 1222 de WikiLeaks revela que la embajadora de Estados Unidos Vilma Socorro Martínez le pidió mi detención a Mauricio Macri (en la época en que era Jefe de Gobierno porteño) por lo de La Boca. Esta causa es trucha, no tendría que haber estado ni una hora preso”.

A principios de marzo, la defensa del referente piquetero ya había pedido el beneficio del arresto domiciliario por cuestiones de salud a través de un recurso de habeas corpus presentado ante el Tribunal Oral Federal N°6, el mismo que lo había sentenciado.

"Mi defendido, aún inocente, morirá preso", advirtió su abogado, Adrián Albor, y agregó: "Los únicos responsables serán los jueces que lo condenaron de manera injusta, que le impusieron una pena que no correspondía y que le negaron la posibilidad de cumplirla en su casa".

Pero el traslado no se concretó. Con el correr de los días aumentó la cifra de muertos por la pandemia de Covid-19 y también la exigencia a la justicia de un trato más indulgente. “Los organismos de Derechos Humanos pedimos que le otorguen el arresto domiciliario a Luis D´Elía por sus condiciones de salud, mientras se revisa su condena por participar en una protesta social”, decía el documento firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora e H.I.J.O.S. Capital, entre otros.

Finalmente, el pasado 4 de abril, la jueza Sabrina Namer acató la recomendación de la Cámara de Casación y concedió el beneficio luego de que D’Elía fuera internado en el Sanatorio Anchorena por un cuadro febril compatible con los síntomas del coronavirus.

Namer exhibió su desacuerdo al destacar en la resolución que “D’Elía no quiso tomar los antibióticos ni los antitérmicos que los galenos le dieron para su patología, y tampoco quiso ser atendido en el Hospital Penitenciario, razón por la que se lo trasladó a un nosocomio extramuros”.

D´Elía estuvo internado cinco días recibiendo tres tipos de antibióticos –dos por vía endovenosa– hasta que el reactivo por Covid- 19 le dio negativo.

“Sentí mucho temor por mis compañeros de pabellón –recuerda–, porque estaba seguro de que yo iba a superar la enfermedad, pero hay mucha gente en la cárcel que, si les agarraba una cosa de éstas, no iban a poder superarlo. Me preocupaba ser un riesgo para los demás”.

Lealtad

El tono de D´Elía es reposado, como si la salud frágil hubiera también minado su carácter belicoso, ese que espanta por igual a gorilas, progresistas, fachos y moderados. Él jura que es el mismo, que está volviendo con su programa de radio, que está en contacto con compañeros del todo el país porque se “maneja mucho con Zoom”, que sigue atendiendo cuestiones de su organización. La única diferencia que reconoce está en su aspecto: solo en el último año bajó 34 kilos.

“La comida que te da el Servicio Penitenciario casi que ningún preso la come. Le dicen ‘la tumba´ por lo mala que es”, justifica.

D´Elía está convencido de que, además del coronavirus, las influencias de funcionarios de primera línea del actual gobierno influyeron en el otorgamiento del arresto domiciliario. Sin embargo, no es algo que haría público. Sabe que muchas veces su cercanía es usada para desprestigiar.

– ¿Siente algún rencor?

– Ninguno. Me mantengo muy leal. Estoy preso por razones políticas y quiero creer que voy a salir también por la política. No hay argumentos jurídicos.

– ¿Cómo sigue la vida?

– Soy del grupo de más alto riesgo, pero cuando termine la pandemia tengo que volver a la cárcel. El objetivo es hacerte daño, sacarte de la cancha. No lo van a lograr. Fuente:TiempoArgentino

Fuertes y lógicas críticas a la decisión del gobierno de la Ciudad de confinar cada vez más a las y los adultos mayores

Resumen Latinoamericano, 17 abril 2020

CTAA Capital ante el anuncio del Gobierno de la Ciudad de prohibir la circulación de los mayores de 70 años

Viernes 17 de abril de 2020, por Redacción *Enviar la referencia de este documento por email Versión para imprimir de este documento
A partir del lunes, en Ciudad de Buenos Aires los adultos mayores tendrán que tramitar permisos para cada una de sus salidas, incluidas las compras de artículos de primera necesidad. En un comunicado, que ACTA reproduce a continuación, la Secretaría de Previsión Social de la CTAA Capital, califica la medida de «represiva y discriminatoria» y demanda que se derogue de inmediato.r
La peste despierta lo mejor y lo peor de los sentimientos humanos, decía Albert Camus. Asistimos diariamente a la entrega de los trabajadores de la salud, también al enfrentar de los riesgos por parte de muchísimos trabajadores nombrados por estos días como “esenciales», vemos cómo «se la bancan» los que necesitan ganarse la diaria y subsisten mediante el ingenio y la ayuda estatal. También aquellos que deben respetar el aislamiento social, lo hacen en la inmensa mayoría de los casos.

Pero hay quienes ven en esta crisis la oportunidad de hacer negocios. Los desmedidos aumentos de precios sin ningún asidero en los costos de producción, la especulación, la decisión de los grandes empresarios -acompañados en muchos casos por sindicalistas traidores-, de hacer pagar el costo de la pandemia a los trabajadores en vez de ganar un poco menos; son todos ejemplos de este proceder.

Pero por otra parte la epidemia, con sus necesarias medidas de excepción, ha desnudado ideologías autoritarias y discriminatorias en sectores de la sociedad. Pero cuando esto se manifiesta dentro de los estamentos de gobierno o de poder, adquiere ribetes graves.

Hubo todo un intento de sectores políticos con respaldo mediático, para que se impusiera el estado de sitio en el país. Por resistencia popular esta medida fracasó, aunque seguimos asistiendo a reiterados abusos de las fuerzas de seguridad. Menos explícitos -y hasta apoyados por parte de la población-, los «toque de queda municipales» y hasta la «ley seca» en algunos distritos, muestran cómo, ante un problema real, lo primero que se les pasa por la cabeza a estos funcionarios es recurrir a la represión.

En esta línea está el anuncio del Gobierno de la Ciudad de prohibir a partir del lunes la circulación de los mayores de 70 años. El problema es real: los adultos mayores se mueren más cuando se infectan con el COVID 19, aunque no ciertamente por ser viejos, sino porque estadísticamente las enfermedades pre-existentes se incrementan con la edad. Ante esto, la «solución» del Gobierno de la Ciudad es represiva y discriminatoria.

Discriminatoria porque detrás de la aparente lógica de «si ya está restringida la circulación de todo el mundo, restrinjamos un poco más la de los viejos, así los protegemos», queda implícito el «viejismo» que hace unas horas denunciara el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuando advertía que con esta medida se fomentaba el estereotipo del «abuelo» que no se vale por si mismo, asexuado y hasta «débil mental». Lo discriminatorio de esto es que se plantea que el mayor de 70 -una población absolutamente heterogénea, con trabajadores, artistas, profesionales, heterosexuales, gays, lesbianas, jubilados, enfermos o con buena salud-, sea identificada como una cosa “distinta» por el conjunto de la población. Falta que nos obliguen a llevar una estrella amarilla con la inscripción +70, como propone en tren de protesta el ensayista e historiador del arte, José Burucúa.

Pero además de discriminatoria, la medida es claramente represiva. La restricción a la circulación ya está establecida, tiene sus reglas claras dictadas por el Gobierno Nacional y éstas gozan del consenso de la población. La «sobreactuación» del Gobierno de la Ciudad podría ser reemplazada por un mayor esfuerzo de concientización, en lugar de la represión.

Los adultos mayores somos los que mayor interés tenemos en no enfermarnos. Cumplimos con las medidas de seguridad y somos los primeros en pedir ayuda si no podemos valernos por nosotros mismos. A pesar de la presencia de voluntarios que «harían las compras», esta medida no sólo es totalmente innecesaria y abusiva, sino casi imposible de cumplir por la gran cantidad de personas que están solos o en pareja -ambos mayores de 70 años-, que actualmente llevan una vida independiente y segura.

Desde la CTA-A Capital exigimos que la medida sea retirada.

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(Del muro de FB, de la epistemóloga y ensayista Esther Díaz)

Larreta intensifica el círculo represivo: los adultos mayores deben obtener «permiso de circulación» para comprar algo a metros de la casa
Ya que hay ciberpatrullaje, por favor, que quienes vigilan mis redes le haga saber al señor Larreta que su nivel de insensibilidad para quienes realmente lo necesitan es alarmante. Si se preocupa verdaderamente por los adultos mayores, en primer lugar, que se informe con las autoridades en la materia (no es con represión sino con cuidado real que se protege, como el sistema de ayuda domiciliaria que implementó y está funcionado bien). En segundo, que se ocupe de quienes realmente necesitan ayuda directa -quienes están sin asistencia en albergues de la ciudad y no están siendo testeados. Por último, que no nos trate de imbéciles, la mayoría de las personas de grupo de riesgo entiende perfectamente la situación y están capacitadas para enfrentar las vicisitudes actuales. Son los que más se cuidan (con excepciones, obvio). Como dice el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, desde el punto de vista de la ciencia gerontológica, los adultos mayores no son débiles mentales.
En su inmensa mayoría (como en cualquier otro grupo social exceptuando los niños muy pequeños) no necesitan que un empleado poicíaco-municipal (a los que contrata como monotributistas negándoles todos los derechos laborales de planta permanente) los “convenza” por teléfono para que no salgan al super chino, a metros de su casa- donde ya nadie va sin tapaboca- y, en varios casos, guantes descartables).
Pertenezco a grupo de riesgo y estoy produciendo desde mi hogar, donde vivo sola. Escribo, investigo, leo, limpio y cocino, no dejo de atender cada día mi cutis, mi cabello, mi cuerpo y mis relaciones que continúan en forma virtual. Para paliar los dolores de columna vertebral, hago gimnasia cada día y, si necesito salir a comprar algo urgente a tres metros de mi casa, me equipo para cuidarme y cuidar, ¿y tengo que “pedir permiso” por teléfono y escuchar un sermón aleccionador y rogar para ir al chino? ¿O salir, debidamente protegida, y que un policía de la ciudad me rete?, ¡¿me rete?!¡Por favor! Yo, que no me amilané ante las noticias más espantosa que se leen y escucha cada día, sentí brotar lágrimas cuando pensé que -como en épocas de la dictadura- hay un “falcón” en la puerta para atraparme si quiero cruzar la calle (cubierta como corresponde) para llevar mis sábanas a lavar. Sé que parecería una exageración, pero es la sensación de los adultos mayores que hemos sufrido cinco golpes civico-militares y que hoy, como ayer, vemos que algunos gobernantes (no por suerte el estado nacional) en lugar de apelar al cuidado y la responsabilidad apelan nuevamente a la represión. ¿Persecución de viejas y viejos cuando hay tantos puntos débiles que atender?, por ejemplo, el precio que se paga por los barbijos comprados por la ciudad. La medida siguiente temo que será armar guetos para estos seres descartables que nos hemos convertido en objeto de represión, ya que los delitos, en cuarenta bajaron un 70%, hay que usar las taser -momentáneamente escondidas- en otra cosa y, ¿qué mejor que apuntarlas contra el viejo o la vieja que salga a comprar pan?

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Eugenio Semino, contra el permiso de la Ciudad para los mayores de 70 años: «No es un débil mental»

Eugenio Semino , Defensor del Pueblo de la Tercera Edad, se mostró en contra de la nueva iniciativa del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que fija un permiso de circulación obligatorio y específico para todas las personas mayores de 70 años. » El adulto mayor no es un débil mental. Explicándole los riesgos y beneficios de la medida es la mejor forma para que las acate y las comprenda «, sostuvo Semino.

» Desde el punto de vista gerontológico es anacrónico : es tratar de tutelar casi en forma absurda al adulto mayor», indicó Semino en radio La Red y agregó: «Además, desde el punto de vista del derecho es absurda. El exceso normativo no genera conductas responsables «

Más testeos

«Es un error. No contribuye. Es una subestimación al concepto de responsabilidad que tienen los adultos mayores. Va a generar una nueva incomodidad para el adulto mayor, que ya tiene que llamar a mil lugares para comer, para cobrar «, determinó.

Semino apuntó contra los funcionarios públicos y manifestó que a partir de sus decisiones se sufrieron las mayores infracciones a la cuarentena. » Las violaciones del adulto mayor a la cuarentena fueron por actos generados por el Estado . El día 3 de abril, cuando vimos a los jubilados en los bancos, las colas para pagar los servicios o las jornadas de vacunación», explicó.

Asimismo, el defensor de los jubilados, apoyó el plan de voluntarios que promueve el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para acompañar a las personas de las tercera edad. «Lo venían haciendo muy bien, no sé por qué este tipo de norma reporta incomodidad e intranquilidad. El gobierno de la ciudad debería estar preocupado por testear a los 2000 adultos mayores que hay en las instituciones públicas administradas por la Ciudad y a su personal , para evitar lo que pasa en distintos geriátricos que son verdaderas bombas de tiempo», aconsejó Semino.

Y reiteró: » Debemos explicar, persuadir, acompañar y evitar que los Estados generen incomodidades al adulto mayor . Es menos grave dar una vuelta a la manzana que estar horas esperando en un banco para cobrar la jubilación».

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Carta abierta al Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Don Horacio Rodríguez Larreta

De mi máximo respeto:

He apoyado y cumplido plenamente las medidas dispuestas por la Ciudad (en la que habito) y por el gobierno nacional. Felicito su compromiso en esta hora difícil y su excelente disposición de trabajo conjunto con el señor Presidente de la República más allá de divergencias partidarias. Sin embargo, creo humildemente que es en estas situaciones donde ha de extremarse el cuidado frente al peligro del abuso de poder y el exceso en las restricciones.

La exigencia a las personas de más de 70 años de obtener un permiso diario justificado para salir de su casa es, claramente, una violación de tales límites. Además de ser nítidamente inconstitucional, resulta humillante y discriminatoria. Carece de sustento científico, porque si no debería aplicarse el mismo criterio para las demás personas integrantes de grupos de riesgo (espero no lo tome como una sugerencia). Es decir, que debería vedarse la salida a la calle sin permiso de toda la gente hipertensa, diabética, obesa, con EPOC, asmática, y una larga lista.

Y un corolario aún más duro: si el día de mañana se descubriera, por ejemplo, que determinada etnia es más proclive a contraer el COVID-19 o a morir a causa de él, también se le podría cercenar el derecho de salir de su casa, con los mismos fundamentos. Es, en fin, un plano inclinado resbaloso que es menester evitar.

Le suplico modesta y respetuosamente, señor Jefe de Gobierno, que dé marcha atrás, como persona inteligente y bien intencionada que Usted es, en esta medida, que ha de causar posiblemente mucho más daño que el bien que pueda traer. Desde ya, muchas gracias.

Ricardo Rabinovich-Berkman
Catedrático de la UBA
DNI. 13416207

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LA NOTICIA:

Para circular en CABA, los mayores de 70 necesitarán un permiso

Regirá a partir del lunes 20 y se tramitará por la línea 147.

Este viernes 17 el gobierno porteño anunciará que a partir del lunes 20 los adultos mayores de 70 años que vivan en el ámbito de ciudad de Buenos Aires deberán tramitar un permiso de circulación obligatorioy específico para poder salir a la calle. Se trata, en definitiva, de la medida de mayor impacto en cuanto a la restricción de circular en la vía pública dictada por el Gobierno porteño. Esta herramienta disuasoria tiene por objetivo minimizar no solo las salidas a la calle, sino también garantizar el distanciamiento preventivo de los mayores ante la amenaza del contagio de coronavirus. Los adultos mayores son considerados el grupo de mayor  riesgo de contagio ante el COVID-19 y representan la tasa de mortalidad más alta causada por este virus a nivel global. En la ciudad, ocho de cada diez personas fallecidos por coronavirus en la ciudad son adultos mayores.

En Buenos Aires viven  más de 650.000 adultos mayores de 65 años, de los cuales cerca del 70% vive solo o en hogares mono generacionales. Los que tienen más de 70 años son 490.000 adultos.  Mientras que el 47,3% de los hogares de mayores de 65 años viven personas solas, o sea que son unipersonales.

Esta medida forma parte del Plan Integral de Cuidado y Acompañamiento de Adultos Mayores que viene llevando adelante el Gobierno de la Ciudad, a través del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. La implementación de esta medida se apoya en tres ejes: que los adultos mayores no puedan salir, que no quieran salir y que no tengan que salir.

Según adelantaron desde el Ejecutivo porteño, el nuevo permiso de circulación se podrá tramitar en el 147, tendrá validez solo para el día otorgado y contempla excepciones para el cobro de la jubilación, tratamientos médicos y vacunación.

Esta iniciativa se enmarca en el plan de cooperación formado entre el Estado y la comunidad para lograr una red de cuidado que involucra a familiares, vecinos, encargados de edificios, y también organizaciones de sociedad civil, como centros de jubilados, capillas, parroquias y hogares. Todo se organiza alrededor de las necesidades del adulto mayor dependiendo de los contextos de vida de cada uno. En este sentido, y pese a que muchos adultos mayores salían a la calle en el marco de la cuarentena, las salidas más frecuentes durante la cuarentena estuvieron relacionadas con el aprovisionamiento de comida y medicamentos.

Cómo obtenerlo:

●El trámite es telefónico, llamando al 147.

● El operador le informará al adulto mayor sobre las estadísticas del coronavirus para su grupo etario; qué alternativas tiene para cubrir la necesidad por la que  quiere sacar el permiso.  

● Si aún así fuera necesario el trámite, se le pedirá el DNI y se le dará un código de trámite. 

● El plazo de uso del permiso es solo para el día en que fue otorgado y puede tramitarse desde el día anterior. 

● En la calle el control tecnológico lo harán agentes a través de celulares con el DNI del adulto, único documento requerido.

 ● No habrá multas. Si el adulto no tiene el permiso se le va a pedir que vuelva a su casa y se le recordarán los riesgos de salir a la calle. Ante la repetición del incumplimiento podría dictaminarse trabajo comunitario.

● No hace falta permiso para ir a vacunarse, a cobrar la jubilación, a la atención médica o en una emergencia de salud. 

● No hay límite en cantidad de permisos ni por persona ni por mes.

Pese a la campaña para el no pago, Gobierno presentó su plan de renegociación de la deuda

Claudio della Croce / Resumen Latinoamericano / 17 de abril de 2020

El gobierno argentino presentó su propuesta para renegociar 66.238 millones de dólares deuda emitida bajo legislación extranjera, en la que prevé un período de gracia de tres años sin ningún tipo de pagos, con una quita reducida sobre el capital y un recorte del 62% en los intereses, que suman un ahorro por un monto total de 41.500 millones de dólares.

Distintas organizaciones sociales, gremiales, profesionales señalaron que frente a una coyuntura tan grave como la pandemia del covid-19, proseguir con el pago de la deuda externa pública  no es compatible con la prioridad absoluta que exige el cuidado de la vida y la salud de los pueblos, y demandaron la declaración del “estado de necesidad” y la suspensión inmediata del pago del capital e intereses de la misma, mientras se realizan auditorías sobre su contratación.

La propuesta a los acreedores de deuda argentina con legislación extranjera la hizo el gobierno de Alberto Fernández rodeado de todos los gobernadores, opositores y oficialistas, como señal de unidad política del país ante los acreedores externos. La propuesta  consiste en una quita de capital de apenas 5,4 por ciento, un fuerte recorte de intereses de 62 por ciento y tres años de gracia.

«Nos propusimos hacer lo mismo que hicimos con (el entonces presidente) Néstor Kirchner en 2003. Aquellos fue un default explícito. Este es un default virtual», aseguró Fernández. «Nos propusimos un sendero que era pedirle al FMI que viera lo que pasaba en la Argentina y lo auditara. Y luego dijo que era insostenible y dijo cómo debería ser el nivel de quita para que sea sostenible», afirmó el Presidente.

La reacción del mercado fue de subas cercanas al cinco por ciento en gran parte de los bonos en moneda extranjera. En la city algunos operadores dicen que la expectativa era que la oferta iba a ser muy dura y eso hace que ahora la propuesta definitiva luzca atractiva.

«Argentina hoy no puede pagar nada. No solo hoy, sino que durante ciertos años no podrá pagar nada y con el Fondo hemos coincidido en que tiene que haber una fuerte reducción» de la carga de la deuda para que el país pueda crecer, dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán.

«Insisto, lo que Argentina propone es un marco económico sostenible, algo que también el FMI considera», destacó el funcionario, quien también explicó que en este tipo de negociaciones «lo que dicen los acreedores externos es que tiene que haber más ajuste fiscal, más rápido y en mayor cantidad. Eso destruiría el futuro de millones de argentinos. Hay un límite al que se puede ir y ese límite es esta oferta”, subrayó.

La propuesta será presentada formalmente ante la comisión de valores de Estados Unidos (SEC) en la que se ofrecerán los detalles técnicos de este canje, anunció Guzmán, en un encuentro que fue encabezado por el presidente Fernández junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y gobernadores provinciales.

Guzmán explicó que esta propuesta se alcanzó luego de hablar con el Fondo Monetario Internacional, al cual Argentina le debe 44.000 millones de dólares, y que de ese diálogo «se encontraron similitudes» sobre la capacidad de la Argentina para hacer frente a esa deuda.

«Tal vez sea la oportunidad para construir un país mejor», dijo Fernández, luego de que Guzmán anunciara los detalles de la propuesta, que busca reestructurar 21 títulos emitidos bajo legislación extranjera por 66.238 millones de dólares, poco más de mil millones menos que los 68.843 millones anunciados inicialmente.

El gobierno quiere cambiar la estructura de deuda por otra que implique un período de gracia de tres años, con lo que Argentina no pagaría nada en el 2020, 2021 y 2022, y recién en el 2023 comenzaría a pagar un cupón promedio del 0,50% , tasas que irían creciendo hasta una tasa de interés promedio del 2,33% . O sea, una mayor reducción de intereses que de capital.

La reducción de capital sería de 3.600 millones de dólares, equivalente a una quita del 5,4% sobre el stock adeudado y una reducción en los intereses de 37.900 millones de dólares, que implica una reducción del 62%. Guzmán advirtió que «esta oferta tiene una fecha de cierre, de unos 20 días después de su lanzamiento formal, periodo suficiente para que los acreedores puedan tomar decisiones».

Si bien no se dio a conocer el menú de bonos que se ofrecerá para canjear, los lineamientos de lo ofrecido van en sintonía con el análisis del Fondo, que –según analistas locales- sigue expiando culpas por el desmanejo de la gestión anterior en el organismo.

Son 21 clases de  bonos elegibles para reestructurar, 17 de los cuales fueron emitidos durante los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, en dólares, euros y francos bajo legislación extranjera.  En monto son 66.238 millones de dólares (41.548 millones emitidos en los últimos 4 años).

Si la propuesta es aceptada, sólo en este año el gobierno podría ahorrar 4.500 millones en concepto de intereses. El primer vencimiento debía ser afrontado el próximo miércoles: son 503 millones de intereses por el bono Global. Se da por seguro que el pago será frenado y que se apelará al período formal de gracia de 30 días, durante el cual se apurarán las negociaciones, antes de caer en default.

El ministro Guzmán insistió en el criterio de sostenibilidad: «Lo que efectivamente se puede pagar y sostener en el tiempo mientras el país crece (…) Con el FMI hay consenso que no se puede pagar nada hoy y que tiene que haber una recorte de la deuda, algo que hablamos con los líderes del G-8 y del G-20. La realidad es que aún no se llegó a un entendimiento con los bonistas sobre qué es sostenible», añadió.

Argentina solicitó a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) autorización para emitir bonos por un monto total de hasta 50.500 millones de dólares (30.500 habían sido solicitados varias semanas atrás y los nuevos títulos serían de 20 mil millones), en el marco del proceso de reestructuración en el que prevé un canje de títulos viejos por nuevos a los tenedores que acepten la propuesta.

Además, Guzmán le solicitó formalmente al Club de París posponer por un año el pago de 2.100 millones de dólares que vencen en mayo próximo y planteó la posibilidad de encarar una renegociación del acuerdo alcanzado con ese foro de países en 2014.

Mientras mantiene un diálogo con el FMI para renegociar una deuda de 44.000 millones de dólares, el gobierno prorrogó para el año próximo, sin fecha, el pago de unos 8.000 millones de dólares de títulos de deuda en esa moneda, pero emitidos bajo legislación local.

En el equipo económico reconocen que algunos fondos de inversión van a hacer fuerte lobby en los medios de comunicación hegemónicos. En este sentido, la propuesta argentina cuenta con el respaldo explícito del FMI, que significa el visto bueno de EEUU, a las condiciones de la reestructuración. En el canje de 2005, el apoyo abierto fue del Tesoro estadounidense.

*Economista y docente argentino, investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

El trabajo en el marco de la emergencia sanitaria

CTA A / Resumen Latinoamericano / 17 de abril de 2020

El Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma presentó la actualización del siguiente informe en el que se sistematizan más de 200 denuncias realizadas por trabajadores y trabajadoras referidas a distintas violaciones a derechos laborales que han tenido lugar en el marco del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional. Este documento, además, fue enviado oportunamente al Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, con el fin de ponerle un límite a los abusos patronales en el marco de la presente emergencia sanitaria.

El informe apunta a sistematizar denuncias por violaciones a los derechos laborales realizadas por trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales durante la cuarentena, y constituye una actualización de la información presentada por el Observatorio del Derecho Social de la CTA-A el 28 de marzo.

Se incluye información proveniente de más de 200 denuncias y reclamos colectivos de trabajadores y trabajadoras de diferentes actividades de todo el país que han señalado, de una u otra forma, incumplimientos por parte de las patronales de las disposiciones vigentes. Este conjunto de cuestiones requieren ser abordadas con carácter urgente a fin de poder transitar la emergencia. En particular, se ha denunciado la falta de delimitación clara entre las líneas de producción que deben seguir funcionando y otras que claramente no son esenciales y que incluso podrían fortalecer la producción de aquellos bienes que son imprescindibles para la subsistencia del conjunto de la población; también se han efectuado reclamos frente a conductas patronales que no garantizan las condiciones necesarias de salud y seguridad en el trabajo; finalmente, se sistematizan casos de denuncias por despidos, suspensiones y reducciones salariales que se han profundizado en las últimas dos semanas.

En particular, a partir de las denuncias y reclamos se abordan las siguientes cuatro dimensiones con carácter de urgente:

● Determinar con la mayor precisión posible las áreas de la producción que deben continuar funcionando y fortalecerlas con la redistribución de los recursos y trabajadores que se desempeñan en las áreas o líneas de producción no esenciales;

● Garantizar las máximas condiciones de salud y seguridad en el trabajo, principalmente aquellas que hacen a la consecución de los objetivos de las políticas sanitarias fijadas por el Ministerio de Salud;

● Fortalecer la protección de los puestos de trabajo y los salarios durante la cuarentena, generando medidas eficaces para garantizar la prohibición de los despidos y suspensiones dictada por Poder Ejecutivo;

● Garantizar la actividad sindical, la libertad de circulación de dirigentes y abogados gremiales, y fortalecer los mecanismos oficiales para la presentación de denuncias como protección principal de quienes están desarrollando actividades.

Además, el documento, junto a la carta enviada al ministro Moroni, reclama en torno a la determinación de las áreas de producción esenciales.

Descargue el informe completo:

Siguen los abusos policiales /Nuevo informe de Correpi

Resumen Latinoamericano, 17 abril 2020

Buenos Aires. Otro abuso policial a un joven que va a trabajar con todos los permisos, pero sufre de mal trato de la policía.

INFORME DE CORREPI

La decisión del gobierno nacional, implementada por el ministerio de Seguridad a cargo de Sabina Frederic, de utilizar el ciberpatrullaje sobre las redes sociales, ganó ayer un apoyo inesperado. Patricia Bullrich, antecesora de Frederic y autora del protocolo que comenzó a aplicarse en 2017 para detectar opositores y disconformes con su gobierno, manifestó en una entrevista con Alejandro Bercovich, en Radio con Vos: “Yo tenía diferencias con la ministra Frederic, pero con el ciberpatrullaje la banco”. Claro que se encargó de defender su obra: “Le dejé todo organizado”, dijo. Y agregó, por si quedaba alguna duda de la intencionalidad persecutoria del mecanismo: “Si yo uso palabras claves como saqueo, bombas, armas, iré a un delito tipificado. Si pongo como palabra clave “cacerolazo”, eso es medir quién está protestando y eso es persecución“. Más claro, imposible.

Mientras tanto, Kevin, el joven remisero de Balcarce que tuiteó irónicamente “Che, que onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos. Sigue en pie lo del saqueo, ¿no?”, está imputado por intimidación pública e incitación a cometer delitos en una causa penal a cargo de la fiscalía de Balcarce, iniciada por la Subdirección de Delitos Tecnológicos de la Gendarmería Nacional junto al Área de Ciberpatrullaje de la SubDDI de la Policía Bonaerense de esa localidad. Como lo justificó Bullrich en la misma entrevista, convocar a un cacerolazo contra el gobierno o anunciar públicamente la negativa de grandes contribuyentes a pagar impuestos, en cambio, no constituye delito sino que es una simple opinión amparada por la libertad de expresión. Todavía más claro.

Un comunicado de AMMAR difundió la situación de cinco compañeras trans que fueron detenidas ayer a tres cuadras del hotel donde viven cuando volvían de hacer compras. Además de detenerlas de manera absolutamente arbitraria, ya que estaban realizando una actividad permitida con todas las precauciones del caso, quedó registrado en un video de una vecina el momento en que el jefe del operativo se refirió a las compañeras como “los travestidos”, en clara violación a la ley de identidad de género, y a pesar que personas que se acercaron a solidarizarse le señalaban que debía referirse a ellas como mujeres.

No es el único hecho que prueba que los colectivos más vulnerables están en primera fila también a la hora de la represión. En Jujuy, otra chica trans fue detenida, y llevada a una cancha de fútbol reconvertida en lugar de detención. Allí, a empujones le bajaron el pantalón “para que se haga macho”, la tocaron, le pegaron y quisieron violarla. La piba sufrió convulsiones por la situación de violencia. Ante los gritos de las personas presentes, tuvieron que llamar al SAME. Camino al hospital, la amenazaron para que no hablara de lo sucedido.

No aflojan, por cierto, los femicidios. A pocas horas de la aparición del cuerpo masacrado de Camilia Tarocco en Moreno, nos enteramos que una adolescente y una maestra fueron asesinadas en Santiago del Estero y Santa Cruz.

Priscila Martínez, de 15 años, había desaparecido a principios de la semana en el Barrio Los Lagos de La Banda, Santiago del Estero. Su cuerpo fue encontrado enterrado debajo de la cama de su tío, Rubén Ávila, que ya tenía un antecedente por violación. Hoy está detenido, acusado por abuso sexual y femicidio.

En Comandante Luis Piedra Buena, Santa Cruz, a 250 kilómetros de Río Gallegos, Jesica Minaglia, maestra de escuela primaria de 31 años, fue encontrada sin vida dentro de su casa, asesinada a golpes. Para ratificar la alta incidencia de uniformados entre los femicidas, el principal sospechoso es su ex pareja, Pablo Núñez, policía de la fuerza provincial.

Estos cuatro hechos ratifican que es urgente la declaración de emergencia en violencia de género y la implementación de un plan nacional para atender la situación económica, social, sanitaria, habitacional y judicial de mujeres, lesbianas, trans, travestis y no binaries.

Continuando el reporte, ayer relatábamos que en La Pampa, además de arreciar las denuncias por detenciones arbitrarias, golpizas y otros hechos represivos, se implementó, como en San Juan, la aplicación del procedimiento de flagrancia para la rápida condena, sin oportunidad de defensa material, de las personas intimadas. En ese contexto, el Movimiento Pampeano de Derechos Humanos lanzó una campaña por redes sociales, con la consigna “Nos tapamos la boca pero no nos callamos nada”. En el texto de la convocatoria señalan que “las comisarías y prisiones están abarrotadas de detenidxs hasta en los pasillos” y denuncian las detenciones arbitrarias, las golpizas y aplicación de tormentos con picana eléctrica y los disparos con balas de goma. Destacan la forma desigual en que la represión afecta a los sectores privilegiados y los postergados, “porque la policía sigue reprimiendo sólo a los de abajo” y exigen medidas para que paren las golpizas y torturas, que se instruyan causas contra los funcionarios denunciados, y que se brinden respuestas eficaces para auxiliar a las víctimas de violencia de género.

En el Reporte nº 20 contábamos que el lunes 13 de abril, en San Juan, trabajadores de la empresa INPROLEC, fueron, guardando todos los cuidados antivirus, a la puerta de la casa de gobierno, a reclamar por 200 despidos ilegales. Ocho de ellos fueron detenidos. Apenas dos días después, Fabián Benítez, Fabián Romero, Federico Montaña, Carlos Almasan, Aravena González, Antonio Alaniz, Ariel Abasolo y Roberto González ya fueron condenados, proceso de flagrancia mediante, a la pena de seis meses de prisión en suspenso. Su delito, reclamar que la empresa no puede despedir en este contexto de emergencia.

Dos noticias, una de Chubut y otra de Bahía Blanca, muestran la importancia y utilidad del esfuerzo que venimos haciendo organizaciones y personas en difundir los hechos de violencia policial durante la pandemia. En Trelew, un video que tuvo mucha repercusión mostró cómo efectivos de la policía de Chubut golpeaban a un joven, en el centro de detención montado en el gimnasio municipal. Allí se ve al chico, con las manos atadas con precintos por detrás del cuerpo, que fue apartado por un grupo de policías, que lo tiraron al piso y lo molieron a patadas. Gracias a la viralización de las imágenes, el ministro de Seguridad Massoni –el mismito que bancó al comisario Paulino Gómez que exigía detenciones para hacer estadística- debió ordenar el pase a disponibilidad de los agentes y la realización de un sumario disciplinario.

Lo mismo sucedió en Bahía Blanca, donde fueron separados de la fuerza y sumariados los cuatro policías bonaerenses que golpearon, patearon y detuvieron a Luciano González, cuando paseaba su perro a poca distancia de su casa. Como en el caso de Chubut, no alcanza con el sumario interno. Exigimos juicio y castigo.

La organización y la solidaridad popular siguen siendo nuestras herramientas para defendernos.

Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.La salida para la clase trabajadora es la organización popular.

Envio:RL