Las organizaciones fueron convocadas por la ministra Sabina Frederic para analizar el tema. Le enviaron dos documentos donde piden la derogación de la resolución que habilita el ciberpatrullaje, critican el borrador que les mostró la ministra y reclaman una ley.
Por Ari Lijalad*/ Resumen Latinoamericano/ 23 de abril 2020 .-
El CELS, la Fundación Via Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), tres de las organizaciones convocadas por el Ministerio de Seguridad para analizar una propuesta de protocolo para el ciberpatrullaje, presentaron críticas tanto a esa idea como a la realización actual de esas tareas, que se hacen bajo el amparo de una resolución heredada de la gestión Patricia Bullrich. En documentos que enviaron a la ministra Sabina Frederic le plantearon la necesidad de derogar la normativa que permite el ciberpatrullaje, que es una tarea de inteligencia ilegal, a la vez que rechazaron el protocolo en el que trabaja la actual gestión y plantearon que el tema debe discutirse en el Congreso y regularse por ley.
Estos documentos del CELS, Via Libre e ILSED, son la respuesta a una convocatoria de la ministra Frederic para trabajar en un protocolo que regule las tareas de ciberpatrullaje que realizan las fuerzas de seguridad, una continuidad de la gestión anterior. El tema se hizo público cuando la propia Frederic reconoció ante diputados que las fuerzas federales de seguridad realizaban tareas de ciberpatrullaje para prevenir delitos en el marco del aislamiento obligatorio y en especial al conocerse el caso de Kevin Guerra, un joven al que le iniciaron una causa judicial por tuitear un chiste donde decía la palabra saqueo. No fue el único caso y tanto estas organizaciones como especialistas en informática y derechos humanos plantearon sus preocupaciones.
La semana pasada la ministra Frederic les presentó un borrador de un protocolo a las organizaciones que integran la Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) como el CELS, la Fundación Via Libre y el ILSED así como a la Asociación de Derechos Civiles (ADC), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y otras ONGs y especialistas en comunicación.
Los documentos del ministerio de Seguridad en cuestión son dos. Uno, la Resolución 31/2018, herencia de la ministra Bullrich, donde se habilita lo que mediáticamente se conoce como ciberpatrullaje. El otro, un borrador de Protocolo de Ciberpatrullaje sobre el que trabaja la gestión de la ministra Frederic y que fue puesto a consideración de organizaciones y ONGs.
El CELS, Vía Libre y el ILSED reclamaron la derogación de la resolución, rechazaron el borrador del nuevo protocolo y plantearon que el tema se discuta en el Congreso.
Para el CELS, el ciberpatrullaje es una tarea de inteligencia criminal y, por lo tanto, es ilegal de la manera que plantea el protocolo que les presentó la ministra Frederic. Plantean que no se define lo que sería un “ciberdelito”, que afecta a la libertad de expresión y al derecho a la privacidad, que implica un uso desproporcionado en materia penal y en recursos del Estado y detallan al menos 8 casos en las últimas semanas. Proponen que se derogue la resolución 31 que habilita el ciberpatrullaje, que no se apruebe el protocolo que les presentó la ministra Frederic, que se discuta una ley y que mientras las fuerzas de seguridad no realicen ciberpatrullaje y que esto se traslada también con las policías provinciales.
La Fundación Vía Libre y el ILSED respondieron en términos similares a la propuesta del ministerio de Seguridad. Plantean que el borrador del protocolo contiene “graves vulneraciones a los derechos humanos” y que el “ciberpatrullaje” no tiene “significado técnico o jurídico” y que se trata de tareas ilegalel.
El CELS es tajante respecto al borrador que les presentó la ministra Frederic: “El proyecto del 17 de abril de 2020 busca constituirse como un protocolo de actuación que especifique y clarifique lo dispuesto en la resolución anterior. Sin embargo, acumula varios problemas: de legalidad de las acciones que define y busca regular, así como de proporcionalidad y de necesidad. Al mismo tiempo, implica amenazas directas e indirectas para la vigencia de la libertad de expresión y el derecho a la privacidad”.
Desde el organismo que preside Horacio Verbitsky y dirige Paula Litchvasky afirman que lo que se busca no es hacer prevención sino inteligencia sobre fuentes abiertas, que que la analogía entre el patrullaje en las calles y el virtual “es engañosa y busca presentar al ciberpatrullaje como una actividad distinta a las de inteligencia” y que el protocolo que aún está en borrador lo que habilita son las tareas de “inteligencia criminal” que sólo pueden realizare de manera muy específica y que están prohibidas en la forma de “excursiones de pesca” como sería bucear en las redes sociales en búsqueda de eventuales delitos. Desde Via Libre y el ILSED coinciden en que lo que la actividad que se denomina ciberpatrullaje “debe ser entendida como inteligencia, en este caso, inteligencia criminal, porque supone un proceso de recolección y análisis de información que concluye con una evaluación de si existe o no una amenaza a la seguridad interior. Se distingue de otros tipos de prácticas policiales dirigidas a la prevención, como el patrullaje callejero, entre otras cosas, porque se realiza de manera anónima o encubierta y, por lo tanto, no se advierte a las personas que están siendo vigiladas”.
El CELS también plantea que “la vigilancia de las redes sociales por parte de las fuerzas de seguridad es un tipo de injerencia estatal en el debate público”, sumado a que los casos que se conocen suelen ser “espectacularizados” y eso tiene “efecto indiscutible de amedrentamiento de las expresiones públicas”. El documento de Via Libre y el ILSED señala al respecto que “producen en el público un efecto intimidatorio que afecta directa y gravosamente el derecho a la libertad de opinión y expresión afirmado en la interpretación constitucional y en los tratados de derechos humanos. En la práctica, el conocimiento de la existencia de estas formas de vigilancia indiscriminada y la ambigüedad induce en el público conductas de autocensura”. Alertan a su vez que incluso la persecución de estas manifestaciones es contraproducente, porque en lugar de pasar desapercibidas se les da una notoriedad que no hubieran tenido.
Hay un punto clave, y es que además de la ilegalidad no existen pruebas de que sea necesario ni útil. El documento de Vía Libre y el ILSED lo resume así: “En ninguna parte del Reglamento, ni en otro documento público del que tengamos conocimiento, se ha establecido el principio de necesidad para la utilización del ‘ciberpatrullaje’. No parece haber evidencia empírica, ni siquiera parcial, de que las actividades de reunión, procesamiento y análisis de información sistemáticas, generalizadas e indiscriminadas, que el Reglamento permite, tengan efectos positivos en la prevención de delitos”.
“Las definiciones del proyecto de protocolo sobre lo que no se puede hacer, como la ‘observación de individuos’ es meramente retórica y técnicamente incorrecta”, dice el documento del CELS, que revela lo que pasó hace unos días con el joven al que le iniciaron una causa por un tuit: “Como ejemplo volvemos al caso de Kevin Guerra: la Gendarmería buscó en redes sociales las palabras ‘saquear-cuarentena-argentina’ y en base a lo que encontró en la cuenta personal de un individuo, sin ningún otro análisis de contexto, inició una causa penal. Esto no es legal”. No es legal ni efectivo: muchos investigadores e informáticos, alertados por este caso, comenzaron a publicar en sus redes sociales frases sin sentido que incluyeran esas palabras, lo que haría inútil la búsqueda de esa forma.
Para el CELS, la falta de definición en el protocolo de lo que es un ciberdelito constituye “un retroceso en relación con la resolución de 2018. Aquella habilitaba las ‘intervenciones’ para un listado cerrado de delitos”. Via Libre y el ILSED afirman que “la vigilancia masiva indiscriminada no se encuentra regulada en nuestro país y, más grave aún, la inteligencia sobre opiniones y actividades lícitas, entre otras finalidades, está terminantemente prohibida”. Respecto a los casos como el de Kevin Guerra, que no es el único, señalan: “Realizar una vigilancia del modo en el cual lo plantea el Reglamento es muy peligroso para los derechos y garantías que fundan nuestra democracia. Los sistemas informáticos que recogen palabras o frases no tienen capacidad de identificar la razón o motivación por las que han sido utilizadas, y la participación humana que intentara corregir esto solo podría hacerlo después de la captación de miles de comunicaciones irrelevantes. Que, incluso, podrían aparejar la apertura de causas penales en contra de sus autores/as o difusores/as,”. En el mismo documento plantean que el Reglamento actual no establece qué delitos se investigan, si se elimina la información irrelevante, si se compartimenta la reunión, el procesamiento, el análisis y la difusión de la información.
“Es particularmente preocupante que se incluya en forma explícita en los considerandos el delito de ‘intimidación pública’ entre los que son de interés. Este delito, de graves problemas de legalidad, es el más utilizado, junto con el de instigar a cometer delitos, por las fuerzas de seguridad a la hora de criminalizar expresiones en la redes sociales. También fue especialmente utilizado por el gobierno anterior para amedrentar a manifestantes. La inclusión de ese delito en este protocolo solo puede entenderse como una validación del modo en que las policías vienen realizado hasta el momento la práctica de ciberpatrullaje, vinculada a casos de nula relevancia en términos de política criminal o de detección de amenazas”, alertan desde el CELS.
Tanto el CELS como Vía Libre y el ILSED coinciden en que esta cuestión no se puede zanjar con un protocolo del ministerio de Seguridad sino que requiere una ley. “Nuestro país no tiene una regulación específica sobre estos temas. Los problemas graves de funcionamiento del sistema de inteligencia y de seguridad asociados al espionaje ilegal, al seguimiento de organizaciones, referentes sociales y activistas, a las restricciones a la protesta, a la privacidad, a libertad de expresión y al acceso a la información pública requieren que habilitaciones para hacer inteligencia criminal en el entorno digital (de fuentes abiertas y no abiertas) sean sustentadas en leyes que definan claramente facultades, impongan límites específicos y regulen controles adecuados”, sostiene el CELS.
El CELS, Vía Libre y el ILSED piden la derogación de la resolución 31/2018 donde se dan instrucciones a las árecas de Ciberdelito de las fuerza federales de seguridad para que intervengan en investigaciones de determinados delitos a través del ingreso a sitios digitales de acceso público. Por ejemplo, revisar el as redes sociales como Twitter o Facebook.
Via Libre y el ILSED consideran que “el Reglamento se encuentra notoriamente por fuera de los márgenes de legalidad y constitucionalidad y su uso actual implica someter a un riesgo innecesario los derechos de la ciudadanía, con una probabilidad muy elevada de que se instalen prácticas difíciles de erradicar, como ha ocurrido en los ámbitos de seguridad e inteligencia en nuestro país a lo largo del tiempo”.
*Fuente: WEB Destape
El virus de la deuda eterna
Rodolfo Koé Gutiérrez / Resumen Latinoamericano / 23 de abril de 2020
Después de cuatro meses de preparativos y 5.000 millones de dólares de pagos concretados, en las últimas dos semanas el gobierno argentino suspendió pagos hasta fin de año sobre algunos bonos bajo ley argentina y formalizado su oferta de canje a los prestamistas privados que tienen en sus manos un 20% de la deuda reclamada por unos 66.000 millones de dólares en bonos emitidos en divisas y bajo ley extranjera.
La propuesta de reestructuración de la deuda la concretó en plena pandemia y con un país que quedó en bancarrota tras cuatro años de gobierno macrista. Lo hizo en momentos en que el The Financial Times, el diario británico dedicado a la economía, titulaba “Argentina se encamina hacia su noveno default”.
El mismo presidente, Alberto Fernández, lo dejó en claro: “Estamos en default virtual”. La propuesta deja en claro que Argentina carece de los recursos para pagar y por más que se logre un superávit comercial, el Estado tiene déficit primario y va a ser mayor a medida que la asistencia a los desempleados, a las Pymes, etc., sea mayor ante el freno de la actividad.
Muy difícilmente esos fondos de cobertura o de inversión financiera (BlackRock, Franklin Templeton, PIMCO, Vanguard, Fidelity, entre otros) voluntariamente consientan que se les postergue su pago por tres años y se le reduzca la tasa de interés al 0,5% anual para después ser en promedio del 2,33% anual. Prefieren ir a juicio usando la justicia estadounidense, como se hizo en su momento con el juez Thomas Griesa y la Corte Suprema de los EEUU falló el 14 de junio de 2014 a su favor al no tratar el caso argentino.
A lo sumo, esperarán que pase la pandemia para volver a presionar como hizo el representante de Blackrock al ministro Martín Guzmán: “Nosotros tenemos espalda y podemos sentarnos a esperar a negociar con otro gobierno que entienda a los mercados. Como los entendía el gobierno anterior, por ejemplo”.
La oferta, presentada por el mandatario acompañados por parlamentarios oficialistas y opositores y gobernadores de los estados, dando idea de un país unido, está dentro de los márgenes previstos: el tiempo de gracia propuesto es de tres años, prácticamente hasta el final de este mandato de este gobierno; la quita de capital es de apenas el 5,4%, y los intereses serían mucho menores, a una tasa promedio de 2,33%.
La pelota quedó entonces del lado de los bonistas, pero fue rápidamente rechazada por los principales prestamistas, tal como anticipara el ministro de Economía Martín Guzmán, aunque dejaron abierta la puerta de negociación. Estos prestamistas, en su mayoría fondos de inversiones que en varios casos manejan una suma de recursos más grande que la economía argentina, buscan negociar una “mejora” de la oferta.
El gobierno formalizó el anuncio de reestructuración y dispuso la emisión de los nuevos títulos en dólares para los bonistas, con una quita del 62 por ciento sobre los intereses y de 5,4 por ciento sobre el capital para comenzar a pagar en 2023. «Es consistente con un sendero de crecimiento económico sostenible, condición necesaria para restaurar la capacidad de pago», dice la resolución.
El texto de la decisión determina que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en moneda estadounidense no podrá ser superior a un valor nominal de 44.500 millones de dólares. También estipula que el monto máximo de emisión para el conjunto de las series denominadas en euros no podrá ser superior a un valor nominal de 17.600 millones de la moneda común del bloque.
El gobierno argumenta que quiere pagar pero que no hay cómo. El 22 de abril vencieron títulos por 500 millones de dólares, y como era de espera no habrá acuerdo, ni pago. A partir de allí hay 30 días de gracia para pagar. En consecuencia el 22 de mayo, es el día “D” para saber si Argentina está o no en formal default.
Lo cierto es que se repite el esquema tradicional: deudas, muchas de ellas fraudulentas, que no se pueden pagar, se renegocian, para que a los pocos años reaparezca el mismo problema. Pese a los reclamos políticos, sindicales y de los movimientos sociales, el gobierno no ha comenzado a investigar cuál es la parte legítima y cuál la fraudulenta de esta deuda.
Si bien el presidente Alberto Fernández ha reiterado que el hambre y la salud de la población son la prioridad, y que eso cambia todo, faltó una propuesta unilateral, soberana, de suspender los pagos hasta completar una investigación a fondo de las exigencias financieras creadas a partir de la especulación y la usura, que la realidad actual de crisis y emergencia lo torna aún más necesaria.
Amerita que en ese interín el Banco Central cumpla real y fielmente con el mandato del Presidente: “…el Banco Central está abocado a una pormenorizada investigación del proceso de endeudamiento de los últimos años, en qué se utilizaron los fondos y cuáles fueron sus beneficiarios”, como dijo al inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo.
Dólar astronauta y en fuga
Mientras, la presión sobre el dólar para erosionar la moneda argentina. El 30 de diciembre de 2019 el dólar bolsa valía con el impuesto 76 pesos, pero en la tercera semana de abril ronda los 110 pesos, que representa una suba del 45% en pocos meses: los ricos de este país ahorran y fugan en dólares y los bancos son los grandes agentes de esa fuga y del salto del tipo de cambio.
A penas un puñado de firmas es responsable de buena parte de la compra de divisas y de los capitales fugados. Algunos grupos económicos que operan en el país como Clarín, Ledesma y Techint, se repiten constantemente a través de dichas firmas, pero además por la presencia de sus principales directivos y accionistas. Los administradores de estos recursos son los fondos de cobertura que son los principales acreedores del país (BlackRock, Franklin Templeton, PIMCO, Vanguard, Fidelity, entre otros).
En Argentina los ricos pagan muy pocos impuestos. En los últimos cuatro años se produjo un aumento de la participación de los tributos regresivos (IVA, internos, combustible, etc.) sobre el total de la recaudación y, por ende, una reducción del peso de los impuestos progresivos (a la propiedad y a la renta).
El Impuesto a las Ganancias pasó de representar el 24,8% sobre la recaudación total en 2015 al 21,8% en 2019 y el Impuesto sobre los Bienes Personales pasó de 1,2% en 2015 a 0,6% en 2019, lo que significa que los gravámenes regresivos en el año 2019 fueron el 77,6% de lo que se recaudó. El IVA, un impuesto sumamente regresivo porque grava al consumidor final, impactando muy negativamente sobre los sectores más vulnerables, pasó de representar un 28,2% de la recaudación en 2015 al 30% en el año 2019.
Según el Balance Cambiario del BCRA la Formación de Activos Externos de residentes argentinos en el exterior fue de 88.371 millones de dólares en la gestión del gobierno de Mauricio Macri y las compras de divisas la realizaron los bancos para sí o en nombre de sus clientes.
Las compras de divisas en 2008 y 2009, en 2011, las denuncias contenidas en los llamados Papeles de Panamá, de Bahamas y de otros paraísos fiscales, hay que sumar 2.600 millones de dólares no declarados por 950 argentinos en bancos de la OCDE (organización de 37 países desarrollados) que recibió la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El ministro de Desarrollo Social, Matías Kulfas se mostró muy duro el 16 de abril con los bancos y reconoció que sólo entregaron 60.000 millones a las Pymes. Al día siguiente el total de crédito a las PyMes había ascendido a 102.000 millones, que ante el grave problema que no se produce y no se vende, sigue siendo muy poco, ni siquiera ayuda a paliar la cantidad de cheques rechazados y la rotura de las cadenas de pago.
Crisis sistémica
La pandemia dejó en claro la ineficiencia del sistema de mercado y que se requiere de una fuerte intervención social y del Estado, que debe regular la actividad económica priorizando el conjunto de la población, la salud y la educación pública y cambiar de raíz el sistema tributario para que sirva para promover –como señala la Constitución- “el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”:
La oferta del gobierno a los bonistas es una propuesta de pago. Busca respetar, expresada en la voluntad de pagar y la buena fe que proclama, la lógica del sistema de deuda perpetua: la lógica de los grandes prestamistas/usureros/saqueadores que pueden decidir cobrar menos hoy para continuar cobrando más mañana, señala Jubileo Sur Argentina.
No cuestiona la validez de los reclamos contabilizados ni la necesidad que provocan de un modelo productivo centrado indefectiblemente en mayor explotación de las y los trabajadores y en más megaproyectos extractivistas como fuente de divisas.
Todo para continuar tributando al dios mercado, “honrando” y “sirviendo” la deuda y la concentración, hambre y contaminación que genera, añade la Autoconvocatoria por la Suspensión del pago e Investigación de la deuda.
*Periodista económico argentino, analista asociado a al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.
En alerta por la situación de los geriátricos
CTA A / Resumen Latinoamericano / 23 de abril de 2020
Por la cantidad de infectados por coronavirus en los geriátricos de los barrios porteños de Liniers, Belgrano y Parque Avellaneda, nos ponemos en alerta por la situación de las y los adultos mayores que viven en asilos y geriátricos, la población que está en mayor riesgo sanitario.
La experiencia de la diseminación del coronavirus ha demostrado en todo el mundo que los geriátricos se convirtieron en focos de contagio. Incluso se determinó que los casos de los adultos mayores que murieron no siempre están contabilizados en las estadísticas de los fallecidos.
Esto en un contexto de creciente especulación de los dueños tanto de geriátricos y asilos privados como de obras sociales privadas y prepagas, que buscan garantizar sus ganancias a costa de la vida a los adultos mayores.
Desde nuestra Central hemos denunciado en múltiples oportunidades que esos espacios ya eran “depósitos de viejos”, y nadie se preocupaba por el funcionamiento de los mismos. Por eso no nos asombramos por lo que sucede.
Le solicitamos al Estado Nacional, los estados provinciales y municipales que se tomen las medidas correspondientes para evitar que esta situación se agrave, como ha ocurrido en países como Italia -donde se registraron 7.000 muertes por coronavirus en 600 residencias- o Francia, -donde casi el 40% de las muertes por coronavirus fueron en residencias geriátricas-.
Es urgente que se realicen inspecciones serias y confiables en todos los geriátricos y asilos del Área Metropolitana de Buenos Aires, y que se implementen protocolos eficientes para contener esta situación.
Asimismo nos solidarizamos con las familias de los 19 adultos mayores que se encontraban en la residencia de Belgrano, los 9 infectados en Parque Avellaneda, y los 39 de Liniers -4 de los cuales son trabajadores del establecimiento- que ahora están luchando contra esta enfermedad.
Firman el comunicado:
Ricardo Peidro, Secretario General
Olvia Ruiz, Secretaria de Previsión Social
CTA A
Covid-19: La salud de los que nos cuidan
Por Daniel Estéban Manoukian, Resumen Latinoamericano, 23 abril 2020
Provisión suficiente y con calidad segura de Equipos de Protección Personal (EPP), espacios físicos y distanciamiento en los establecimientos, equipos locales de seguridad hospitalaria, son algunos aspectos a considerar durante y después de la pandemia para quienes trabajan en los servicios sanitarios.
Este artículo, firmado por un médico, no debe interpretarse como una defensa corporativa de un sector de la comunidad preocupado solo por sí mismo. Antes bien, la idea fuerza de este texto es velar por la preservación de actores fundamentales para dar cuenta de las situaciones que genera la pandemia, en favor de la salud colectiva.
El viernes 17 de abril la viceministra de salud, Carla Vizzotti, afirmó que del total de 2.669 casos confirmados, el 14% (379 personas) corresponde a integrantes de equipos de salud y que de ese grupo, el 33 % tenía un antecedente de viaje. Aun excluyendo a los viajeros, el impacto del Covid19 en los equipos de salud es significativo, el 9,3% de los casos confirmados son parte del personal de salud que probablemente contrajeron la enfermedad trabajando.
La viceministra afirmó que en base a la investigación epidemiológica realizada, la principal vía de transmisión dentro del equipo de salud es horizontal, lo cual “significa que es entre el personal de salud y no el 100 por ciento a partir de un paciente confirmado con Covid-19”. Dicho de otra manera, es más importante el contagio entre los mismos integrantes del equipo de salud, que entre pacientes y trabajadores. Por esa razón, sugirió que “los trabajadores de salud que presenten alguno de los síntomas incluidos en la definición de caso sospechoso de Covid-19 deben quedarse en casa, contactar al sistema de salud y no asistir al trabajo”.
Las organizaciones gremiales venían advirtiendo sobre la necesidad de atender esta cuestión, y habían logrado que se reconociera mediante el DECNU 367/2020 que la enfermedad Covid-19 producida por el coronavirus SARS-CoV-2 se considerara presuntivamente una enfermedad de carácter profesional (artículo 1°). Pero, ya se sabe, reconocer un problema de salud como enfermedad de carácter profesional es llegar tarde, es haber perdido el valioso espacio de la prevención.
Si no se actúa con celeridad y rigor se corre el riesgo de diezmar a los equipos antes de las instancias decisivas de la pandemia. El personal de salud tiene una doble posibilidad de contagiarse por estar atendiendo enfermos y por no estar alcanzado en la cuarentena, y muchas veces ir a trabajar en el transporte público.
Entonces, ¿cómo trabajar en salud durante, y después de la pandemia? Algunos aspectos que debemos considerar:
1. Equipos de protección personal (EPP). Es el conjunto de elementos que deben estar disponibles para asegurar que el trabajador de salud evite contagiarse del SARS-CoV-2. Para cada función está establecido cómo se compone ese equipo, camisolín impermeable, barbijos, máscaras faciales, mamelucos, guantes, botas, etc. No solo debe estar prevista la provisión en cantidad, también la calidad de esos elementos debe estar garantizada porque la capacidad de filtro de los posibles materiales empleados en su confección no son iguales y algunos se desaconsejan para esta función.
Además es necesario entrenar al personal en las técnicas de colocación y retiro de los EPP y los tiempos de recambio de los EPP. Por ejemplo las horas máximas de uso de los barbijos, todo ello en el marco de un persistente clima a favor de la concientización sobre el riesgo de contagio. Si la epidemia de H1N1 no nos dejó instalada en la cultura de trabajo el correcto lavado de manos y el uso racional de los EPP, esta debe ser una oportunidad para lograrlo.
2. Espacios físicos y el distanciamiento social. El uso de los EPP no alcanza para resguardar a los trabajadores del contagio. Las mismas medidas que auspiciamos para toda la comunidad deben ser atendidas en los hospitales y centros de salud. Entre ellas, evitar la presencia de personas en número tal, que reduzcan la distancia entre las mismas a menos de 2 metros, e intentar, en la medida de lo posible, establecer circulación independiente Covid19 y no Covid19. Limitar al máximo la circulación dentro de los hospitales y acomodar los espacios de espera para que la misma disposición de los lugares genere el distanciamiento recomendado, son algunas medidas simples que ayudarán a reducir el riesgo de contagio.
3. Equipos locales de seguridad hospitalaria con participación de la conducción y los trabajadores, que monitoricen los procesos y el cumplimiento de protocolos, y corrijan los desvíos y puntos débiles. Supervisar, desde si nos lavamos las manos con la técnica correcta, hasta verificar cómo nos ponemos y sacamos o descartamos el EPP. Atender las recomendaciones que van surgiendo en la medida que aprendemos más sobre el tema y estar atentos a las observaciones de los trabajadores de terreno, que muchas veces advierten detalles que a la conducción se les pasan por alto. En este contexto es imperioso reducir el potencial nivel de conflicto que hace desperdiciar energía, y una de las maneras de evitarlo es trabajar participativamente en la búsqueda de soluciones y en la elaboración de acuerdos, para luego comunicar masivamente.
4. Organización de la tarea. “En las conclusiones preliminares de la investigación se han observado cadenas de transmisión en distintas instituciones y la explicación es que el equipo de salud trabaja en distintos sitios”, informó Vizzotti el 17 de este mes. La extensión de las guardias activas, la cantidad de pacientes asistidos por hora en consultorios, el sistema de otorgamiento de turnos para distintos servicios hospitalarios y de los centros de salud, la atención a distancia y la telemedicina, entre otros aspectos relacionados con la organización del trabajo, deberán ser revisados, no solamente para el escenario de la pandemia, sino para que esta coyuntura genere una externalidad positiva que perdure más allá de ella. El pluriempleo de muchos trabajadores de salud suma un factor de riesgo, como sugirió la Dra. Vizzotti, lo cual desde nuestro punto de vista agrega un argumento más a favor de fortalecer y estimular el régimen de dedicación exclusiva en el ámbito de salud para todas las disciplinas.
5. Vigilancia activa de la salud de los trabajadores de salud. La detección de portadores entre los trabajadores de salud tiene por finalidad reducir la posibilidad de propagación de la infección dentro del equipo de salud, siendo esto relevante para poder contar con el personal suficiente para la atención de la comunidad. Por esta razón, deberán extremarse los recaudos para la detección de casos sospechosos que clínicamente cursen como asintomáticos o leves, para hacer pruebas, separarlos de la actividad y testear a sus compañeros. La frecuencia del testeo del personal de salud, no está definida, ya que el resultado negativo hoy no descarta la enfermedad en los próximos días. Sin embargo, parece pertinente sugerir ser más riguroso en la definición de caso sospechoso cuando se trata de personal de salud, al considerarlos de prioridad para el cuidado.
6. No todo es Covid19 en la vida de las personas. Las personas también requieren que los equipos de salud estén disponibles para otras tareas, y el poder desplegar esas acciones, también hace a la salud del trabajador de salud. El acompañamiento en etapas vitales esenciales (embarazo, parto, el recién nacido, la salud de los niños, niñas y adolescentes; de los y las trabajadoras y las personas mayores); atender otras dolencias, crónicas y agudas; asistir a las personas con padecimientos mentales anteriores y los que surgen con el aislamiento y la incertidumbre que genera la pandemia, o estar atentos a las violencias, son parte de las acciones que no deben descuidarse por la salud comunitaria y para preservar la identidad y razón de ser de los equipos de salud.
Es cierto que para tratar pacientes severos o críticos con Covid-19 se necesitan camas de terapia intensiva, respiradores y equipamiento complejo, pero todo sería inútil sin trabajadores de salud, capacitados y entrenados, pero fundamentalmente comprometidos con el otro.
La fuerza laboral del sector salud es una parte de la población, pero que tiene la peculiaridad de que se espera de ella que cuide la salud de los demás desplegando una tarea donde expone a diario la suya misma.
Cuidar a los que nos cuidan debe ser una premisa esencial.
(*) Médico sanitarista, Cueseb (Centro Universitario de Estudios sobre Salud, Economía y Bienestar – UNC).
La colectividad armenia recuerda el 105 aniversario del genocidio
Resumen Latinoamericano, 23 abril 2020
Nosotros, los pueblos
Declaración de la Unión Cultural Armenia y su Juventud a 105 años del genocidio armenio prepetrado por el Estado turco.
Llega un nuevo 24 de abril y esta fecha nos invita a reflexionar una vez más sobre el acontecimiento que explica nuestra existencia como organización de la comunidad armenia de Buenos Aires. El proceso genocida que llevó adelante el Imperio Otomano contra las minorías nacionales que lo habitaban tiene causas y consecuencias que podemos observar hasta nuestros días.
El 24 de abril de 1915 y en días subsiguientes las autoridades del Imperio Otomano a través de su ejército, secuestraron y asesinaron alrededor de 600 referentes de la comunidad armenia de Estambul, dando inicio de esta manera a la fase del exterminio físico dentro del proceso genocida que continuaría hasta 1923.
Durante seis siglos, diferentes identidades nacionales habían convivido al interior del Imperio Otomano con sus virtudes y sus complicaciones, con sus derechos y también con sus desigualdades. Sin embargo a fines del siglo XIX y principios del siglo XX algo cambió: la transformación de una estructura imperial feudal en otra de tipo capitalista, en su fase imperialista, modificó las relaciones sociales en la región dejando abierto el paso a la constitución de nuevos Estados Nacionales. Y allí, en la futura República de Turquía solo cabrían turcos o turquificados. El rápido desmembramiento del Imperio Otomano, la repartición de las futuras zonas de influencia de las diferentes potencias europeas en la región en el marco de la Primera Guerra Mundial y la definición de las clases dominantes turcas de fundar el propio Estado Nacional Turco con un proyecto panturquista, ubicó a los armenios en el escenario menos favorable en la resolución de lo que occidente llamó “La Cuestión Oriental”.
105 años después de estos acontecimientos, nada de todo lo que generó el Genocidio contra los armenios está resuelto y los nuevos tiempos y coyunturas nos ponen ante nuevos desafíos.
La respuesta a la pregunta sobre cuál debe ser nuestro rol un siglo después de los hechos no es una respuesta estática, absoluta, sino que adquiere dinamismo y el trayecto recorrido en todos estos años es muestra de eso.
En agosto de 2019 visitaron la Argentina el diputado armenio del parlamento de Turquía Garó Paylan y la diputada kurda Ebru Günay, ambos integrantes del Partido Democrático de los Pueblos (HDP por sus siglas en turco). Histórico suceso que coronó una seguidilla de acontecimientos que vincularon al pueblo de Turquía con nuestra comunidad. En el año 2014 visitó el continente el militante de Derechos Humanos de dicho país Ragip Zarakolú y en el 2016 el compañero Sayat Tekir de la organización Nor Zartonk (Nuevo Despertar) del mismo país. En el año 2018 la Unión Cultural Armenia visitó Turquía y desarrolló distintos encuentros con la comunidad armenia local y autoridades del Partido Democrático de los Pueblos. La comunidad armenia en general y nuestra institución en particular se nutrió de la experiencia de lucha del pueblo de Turquía, sus objetivos y problemas. No fue la excepción el mensaje de Paylan sobre dónde debemos poner entonces nuestras energías y esfuerzo militante: un nuevo genocidio contra los pueblos que luchan, centralizado en la minoría kurda era inminente por parte de las autoridades turcas y debíamos intentar frenarlo. El desarrollo y la continuidad de las diferentes identidades que viven dentro de Turquía ponen en el centro de la escena aquellas causas que propiciaron las políticas genocidas de 1915, pero en la actualidad. Tanto el nacionalismo fascista que caracteriza al gobierno turco, como así también el nacionalismo armenio (del propio Estado armenio y también del diaspórico) que dinamita los puentes solidarios entre las diferentes identidades son el principal promotor de la premisa de la cual parte cualquier genocidio: la construcción de un otro negativo que amenaza la existencia de nuestra propia identidad. Las diferentes identidades que integran el pueblo de Turquía (no solo nacionales, sino también por ejemplo las de género) comprenden que para romper con la continuidad que propone la lógica genocida a través de su realización simbólica, es terminar con la lógica del “otro” para empezar a ampliar el “nosotros”. La verdadera reparación a quienes sufrieron estas políticas genocidas y sus descendientes es la construcción de un Estado democrático que comprenda la plurinacionalidad y la diversidad de identidades donde sus habitantes puedan vivir principalmente en paz, pero también hermanados, sabiéndose parte de un “nosotros” mucho más amplio que rompa con la lógica nacionalista divisionista entre armenios, turcos, kurdos o cualquier otra nacionalidad.
Paylan y Günay debieron suspender su gira por Latinoamérica imprevistamente y debieron regresar a su país inmediatamente, ya que el gobierno central de Turquía comandado por Recep Tayip Erdogan decidió intervenir por la fuerza las alcaldías de Diarbekyr, Mardin y Van, gobernadas por el HDP.
Poco tiempo después fue derrocado mediante un golpe de Estado el gobierno de Evo Morales del Estado Plurinacional de Bolivia y este no es un acontecimiento menor para reflexionar en este 24 de abril. El Estado Plurinacional de Bolivia y el Gobierno de Evo Morales representaron un golpe a la estructura política, económica, social y cultural donde se sostiene el sistema capitalista como lo es el Estado-Nación. Esto implicó la ruptura de la lógica de identidades excluyentes y supremacistas, para dar paso a la plurinacionalidad como base fundamental de un nuevo Estado que barriera con 500 años de sometimiento, saqueo, explotación, racismo y xenofobia. Luego del Golpe de Estado la persecución, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones se convirtieron en moneda corriente en Bolivia mientras todo aquel que tiene la posibilidad de llegar a la frontera argentina logra encontrar refugio en nuestro país. Situación en la que podríamos cambiar el nombre de sus protagonistas y ubicarlos en diferentes fronteras del mundo y en distintos momentos de la historia, pero que muestran como denominador común un sistema fundado en el saqueo, el hambre, la guerra, la explotación y la miseria a la cual intentan someter a los pueblos que también presentan sus luchas y resistencias.
El actual estado de situación en el mundo respecto a la pandemia del Covid-19 deja aún más al descubierto las calamidades de un sistema cuya mayor producción son los excluidos. Una pandemia que nos ataca a todos por igual pero que no todos pueden defenderse de la misma forma. Las desigualdades ponen de manifiesto la voracidad de la acumulación a costa del plato de comida o el techo necesario para atravesar un aislamiento digno y que la pandemia no arrase en aquellos sectores marginados como campos de refugiados o los barrios y asentamientos populares en nuestro país.
Entonces el desafío en este 24 de abril consiste en derribar los muros que intentan dividirnos para construir los puentes que nos unan, nos complementen y enriquezcan nuestras culturas. Para que la diversidad sea la definición de la propia identidad, encontrando en lo diverso todo aquello que nos falta, sabiendo que el otro no es más que el espejo de todo lo que no somos, pero que lo necesitamos para reconocernos.
Armenios, turcos, kurdos, bolivianos o argentinos, que también atendamos nuestra propia plurinacionalidad junto a las identidades mapuches, wichis y un sin fin de pueblos originarios. Somos distintos, pero sin embargo estamos comprendidos en un “nosotros” que cuanto más amplio y diverso, es más difícil de quebrar.
Nosotros, los pueblos.
Unión Cultural Armenia y su Juventud
Ciudad de Buenos Aires, 23 de abril de 2020
Envio:RL
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