Para Yasky, la CGT es «un puñado de dirigentes» que no representa al movimiento obrero
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, cuestionó hoy a la CGT y la definió como «un puñado de dirigentes» que «no tiene la capacidad de expresar lo que el movimiento obrero necesita y reclama».
En la previa de la reunión que realizarán esta tarde los principales referentes de la central obrera para limar asperezas que generó el acuerdo con la UIA, el diputado nacional volvió a criticar el pacto al que arribaron sindicalistas y empresarios para garantizar el pago del 75 por ciento de los salarios en sectores que no están funcionando por la cuarentena general ante la pandemia de coronavirus.
«Esa foto… para el Gobierno estoy seguro de que si alguno de ellos pudiera hablar diría: `Es lo que hay, es lo que tenemos´», ironizó el dirigente oficialista.
En declaraciones radiales, Yasky consideró que «pensar que eso es la representación del empresariado de la Argentina es muy corto y ni que hablar pensar que es la representación de los trabajadores».
En ese sentido, el líder de la CTA de los Trabajadores calificó a la cúpula de la CGT como «un puñado de dirigentes que realmente no tiene la capacidad de expresar lo que el movimiento obrero necesita y reclama, ni siquiera en términos de su propia representación».
«La representación de la CGT ni siquiera es genuina, no expresa al conjunto del movimiento», lanzó el legislador nacional, quien destacó los cuestionamientos que hubo al interior de la propia central obrera tras el acuerdo con la UIA.
Para Yasky, el haber acordado un piso de 75 por ciento del sueldo para sectores afectados por la cuarentena hace que la CGT termine «legitimando que la salida para adelante es el recorte».
«Lo que están haciendo los empresariados es utilizar recursos del sector público. Estamos viendo el abuso, porque una cosa es que en una empresa que no funciona te garanticen el 75 por ciento del sueldo y otra es que te descuenten el 25 por ciento en empresas que están funcionando. Éso es lo que logra este tipo de acuerdo», concluyó.
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La situación de la clase trabajadora durante la pandemia: entre lo “esencial” y lo rentable
Foto: Germán Romeo Pena
La irrupción del virus covid-19 y las políticas de aislamiento social generalizadas, pusieron en evidencia la contradicción entre los intereses de los capitalistas, que producen para no dejar de producir ganancias, y los intereses del pueblo trabajador que produce para subsistir. Las personas que dependen de su puesto de trabajo también necesitan de políticas públicas que permitan el cuidado colectivo de la salud. Millones de trabajadores y trabajadoras enfrentan el doble desafío de llevar adelante las medidas de prevención relativas al COVID 19 y, a la vez, pelear para garantizar sus condiciones de vida. Por Julia Soul (ANRed)*
La pandemia y la crisis como fenómenos globales
Las políticas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) o “cuarentenas” más o menos extensivas con las que los Gobiernos enfrentaron la pandemia de covid-19 precipitaron una gigantesca paradoja: la necesidad de detener el flujo de mercancías y personas en un mundo que depende crecientemente de la agilidad del funcionamiento de circuitos globales de capital -como dinero o como mercancías- y de trabajo. El activista Kim Moody describe las dificultades que provoca la desestructuración de las cadenas globales de suministro en la provisión de insumos y equipos sanitarios básicos para enfrentar la pandemia, como barbijos o respiradores), rubro en el que incluso renacieron, renovadas, las prácticas de “piratería”. Esto impacta directamente en las condiciones con que cuenta cada país para controlar la enfermedad.
La desestructuración de los circuitos globales por la paralización de la producción de bienes y servicios es absolutamente contraria a los intereses de los empresarios particulares, que descargan sobre los trabajadores los costos que les imponen las restricciones. Así, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las políticas de confinamiento afectan la situación del 81% de los trabajadores en el mundo y prevé un importante incremento de la desocupación y la informalidad.
Al mismo tiempo, la pugna para continuar produciendo se convierte en presión sobre los Estados para aliviar el alcance de la cuarentena. El caso paradigmático es el lobby de CONFINDUSTRIAS en Italia para evitar que las medidas de aislamiento alcanzaran a las fábricas, y numerosas denuncias sobre las muertes y contagios en la región de las maquilas mexicanas responsabilizan también a los empresarios que se niegan a parar la producción. Presidentes como Donald Trump o Jair Bolsonaro son activos voceros de esta línea de acción, aunque las medidas de aislamiento debieron implementarse a escala regional o local en los países que dirigen.
En tiempos de funcionamiento “normal” del capital, parece funcionar el dogma liberal que reza que el mercado – en función de la oferta y la demanda – es el mecanismo más adecuado de asignación de recursos y que tiende, a través de la oferta y la demanda, a que lo que se produce coincida con “lo que se necesita consumir”. La idea de que la producción caótica de bienes y servicios – atomizada en varios capitales individuales que compiten entre sí – coincide con la satisfacción de las necesidades sociales no se cuestiona. La crisis desatada por la rápida expansión del COVID 19 pone en evidencia que necesidades sociales (para la reproducción de la vida) y producción con vistas a obtener ganancias no sólo no coinciden sino que se contradicen en muchos aspectos. Mientras millones de trabajadores y trabajadoras se ven en enormes dificultades para compatibilizar la prevención de la salud con la obtención de los medios de vida – a través del salario o los ingresos por changas y trabajos eventuales – los empresarios presionan para retomar la producción, imponiendo peores condiciones a los trabajadores incluso a costa de la salud del conjunto.
Foto: Germán Romeo Pena
Políticas de aislamiento y clase trabajadora en Argentina
El gobierno de Alberto Fernández decretó tempranamente la cuarentena general – el número de casos positivos no había alcanzado la centena. Aunque existe un importante consenso sobre la eficacia de esta medida para controla y ralentizar el contagio del COVID 19, también se hizo evidente el empobrecimiento y las condiciones de vulnerabilidad a las que se ven sometidos vastos conjuntos de la clase trabajadora. Los empresarios trasladaron la presión hacia el Gobierno desde el inicio del Aislamiento a través de distintas vías: por un lado, muchos argumentaron que su producción es “esencial” y, que por ende debía ser exceptuada del cumplimiento de la cuarentena. Por otro, presionaron sobre el mercado, aumentando los precios de los productos básicos, advirtiendo sobre el desabastecimiento y encarecimiento de otros productos; y a través de reducciones salariales, suspensiones y despidos masivos.
Entonces, la cuarentena general enfrentó a los trabajadores a tres tipos de problemas: en primer lugar, un conjunto de actividades consideradas esenciales fueron exceptuadas del cumplimiento del aislamiento. En estos sectores, cientos de delegados gremiales y representantes de base dieron peleas cotidianas para establecer condiciones de trabajo tan seguras como fuera posible.
Al mismo tiempo, y en segundo lugar, el peso de la paralización en aquellos sectores no exceptuados comenzó a hacerse sentir pronto. Un decreto presidencial a inicios de abril prohibió los despidos y habilitó las “suspensiones con causa de fuerza mayor” con rebaja salarial contempladas en el artículo 223 de la Ley de Contratos de Trabajo. El 29 de abril la UIA (Unión Industrial Argentina) y la CGT junto al Ministerio de Trabajo rubricaban un acuerdo que habilitaba el recorte salarial en los sectores paralizados por el aislamiento social. Los acuerdos sectoriales se sucedieron en efecto dominó. En pocos días, se habilitaban recortes salariales a los empleados de comercio, a los trabajadores de las automotrices, los metalúrgicos y los textiles, y se prolongaban los que habían firmado los sindicatos petroleros. El Observatorio de Despidos estima que más de dos millones de trabajadores se vieron afectados por suspensiones y rebajas salariales. Es decir que una proporción significativa del total de trabajadores asalariados, unos 11 millones, verá reducidos sus salarios en el contexto de la crisis desatada por la pandemia.
En tercer lugar, la prohibición de actividades comerciales y en los espacios públicos privó a un amplio conjunto de trabajadores precarizados – unos 12 millones de monotributistas de diversos tipos, cuentapropistas registrados y trabajadores no registrados – de la posibilidad de generar los ingresos necesarios para sobrevivir. En este último grupo heterogéneo de trabajadores y trabajadoras anidan formas productivas emergentes de procesos de lucha, que quedaron relegadas al universo de la precarización y que hoy podrían cumplir un rol en suplir las necesidades sociales.
Foto: Germán Romeo Pena
Tareas de cuidado: invisibles y precarizadas
Una de las consecuencias de la pandemia covid-19 y las políticas de ASPO ha sido la visibilidad que alcanzaron los llamados trabajos de cuidado – salud, educación, cuidado de niños y adultos mayores, limpieza. Muchas de estas tareas se corresponden con los empleos más precarizados y con salarios más bajos. Consideradas como áreas “auxiliares” del centro económico, han sufrido procesos de ajustes presupuestarios vaciamiento y subcontratación. En la situación de crisis, el gobierno tuvo que priorizar las tareas que realizan los y las trabajadores de laeducación, de la salud, del cuidado, de limpieza y reparto entre otras. Todos ellos fueron considerados “esenciales” y exceptuados del cumplimiento del Aislamiento desde el primer momento. Para los trabajadores, el contexto de emergencia sanitaria significó la pelea para poder prevenir sus propias condiciones de salud y a la vez, poder cumplir con sus tareas adecuadamente.
Los y las trabajadores del sector saludrechazan el apelativo de “héroes” y se organizan para visibilizar y denunciar las condiciones en las que trabajan. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) ha denunciado que los trabajadores de la salud en Argentina presentan una de las tasas de contagio más altas del mundo, un 16% del total de los contagios registrados.
En los Hospitales Públicos del AMBA hubo numerosas asambleas, conferencias de prensa y ruidazos denunciando la falta de insumos y elementos de protección personal. En la Ciudad de Buenos Aires, los residentes y concurrentes resistieron el intento de profundizar la precarización de sus condiciones de trabajo sobre fines del año pasado y se mantienen organizados para reclamar mejores salarios. Mientras que en el sector privado las condiciones para la organización y visibilización de los conflictos son más difíciles, algunos colectivos de trabajadores han denunciado la falta de protocolos o el incumplimiento de los existentes; la extensión de las jornadas laborales y la falta de insumos para garantizar las condiciones de salud y seguridad. Desde un punto de vista general, la situación de emergencia plantea la necesidad de centralizar los recursos sanitarios y administrarlos en función de la evolución de la pandemia y de la situación sanitaria. El peso de los intereses de lucro y rentabilidad privados en el sistema de salud atenta contra esa posibilidad, con el único resultado de profundizar los problemas estructurales del sistema y obstaculizar una administración racional de los recursos e insumos.
Otro sector de trabajadores que adquirió visibilidad desde el primer momento del Aislamiento fueron los trabajadores de aplicacionesespecíficamente los de reparto. Unos 60 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país, que forman parte de ese vasto conjunto de asalariados a destajo, clasificados bajo las figuras de monotributistas y no-registrados – formas patronales y estatales de eludir el reconocimiento de la relación de dependencia. Han recorrido un intenso camino de organización y lucha, marcado por el crecimiento del sector. Su reivindicación de fondo es el reconocimiento de la relación de dependencia que los vincula a las empresas que comandan las plataformas. El sector ha crecido sustancialmente a escala global en los últimos años y la demanda por el reconocimiento de la relación laboral ha crecido con él. Ante la relevancia que estas tareas adquirieron para poder mantener el aislamiento – la movilidad de los repartidores reemplaza la movilidad de miles de personas – y el incremento de la demanda, la reacción de las empresas fue empeorar las condiciones de trabajo para aumentar sus ganancias: no sólo los salarios y los ingresos de los repartidores se mantuvieron congelados, sino que también sufrieron el recorte de bonos y plus salariales. Por supuesto, no garantizaron ni la calidad ni la cantidad de insumos de desinfección e higiene, dejando el problema en manos de los propios trabajadores. La pandemia generó el contexto común para que los trabajadores de las APP de reparto coordinaran sus esfuerzos organizativos en una huelga regional. La fuerza que logren los procesos de organización y lucha de los trabajadores de las Apps será fundamental para mejorar las condiciones de trabajo en un contexto en que todo indica que va crecer la importancia de las actividades comerciales a través de plataformas y canales electrónicos.
El contexto de la pandemia evidenció la importancia de las tareas que garanticen la seguridad sanitaria de la población fundamentalmente en los barrios pobres, que carecen de la infraestructura básica para garantizarla. Décadas de políticas públicas guiadas por el ajuste y la racionalización del gasto, no han priorizado ni la infraestructura ni la salud de las familias trabajadoras que habitan esos barrios. Es por eso que muchas de estas tareas han recaído sobre cooperativas de trabajo, el modo que el Estado encontró para convertir los “planes sociales” en “trabajo” como resultado de los procesos de organización y lucha de los sectores de trabajadores desocupados durante la crisis de 2001/2002. Las cooperativas son sumamente heterogéneas y tienen diferentes dinámicas, de conjunto tienen a su cargo tareas fundamentales para el seguridad sanitaria de los barrios pobres: el saneamiento de arroyos y cursos de agua, el mantenimiento de desagües y zanjeo, el reciclado, el mantenimiento de infraestructura pública (veredas, espacios verdes y baldíos). Surgen de y se articulan con movimientos sociales, barriales y socioambientales para fortalecer las demandas al Estado. Son actores fundamentales para mantener condiciones de seguridad sanitaria en este contexto, al punto que varias de ellas se encuentran exceptuadas de la cuarentena. La pandemia muestra cómo políticas fundamentales para garantizar las condiciones sanitarias en los barrios pobres recaen sobre trabajadoras con salarios por debajo de la canasta básica y con condiciones de trabajo por demás precarias.
Producción de alimentos: lo rentable y lo necesario
La producción de alimentos es uno de los sectores en que se manifiesta más crudamente esa contradicción entre las necesidades sociales y la lógica de la producción por la ganancia. De hecho, varias investigaciones advierten sobre la forma en que los métodos de producción de alimentos (especialmente la cría industrial de animales y los cultivos agroindustriales) producen a su vez las condiciones para la expansión y el contagio humano del virus que desató la actual pandemia. Otros estudios se focalizan en el impacto de los alimentos industriales sobre las condiciones de salud de la población.
En un país como Argentina que participa del mercado mundial aportando productos agroindustriales a las cadenas de producción, la “excepcionalidad” de ciertos sectores está claramente relacionada con la necesidad del Estado de garantizar la “entrada de dólares” – fundamental para sostener las políticas de compensación y contención social anunciadas. Varias comisiones internas y sindicatos del sector han planteado que la producción esencial debería ser aquella necesaria para abastecer al mercado interno, y que deberían suspenderse las exportaciones. Daniel Yofra, Secretario General de la Federación que agrupa a trabajadores del complejo oleaginoso sostiene que sólo deberían estar exceptuadas la empresas que producen para proveer aceite comestible al mercado interno, pero que ante la intransigencia empresaria y gubernamental, el sindicato optó por intentar imponer las máximas condiciones de prevención – especialmente con los trabajadores tercerizados. En esa disputa, algunos empresarios reaccionaron provocando despidos y amenazando a los salarios de los trabajadores. En la industria frigorífica los trabajadores enfrentan una doble presión: por una parte, los empresarios vacían plantas, despiden y frenan la producción que no les resulta inmediatamente rentable, como es el caso del Frigorífico Penta. Por otro lado, las patronales pretenden continuar con la producción sin ninguna consideración por las condiciones de salud e higiene, convirtiendo a los establecimientos en un foco de contagio para los trabajadores y sus familiares, como es el caso de El Federal. Los criterios y las demandas planteados por los trabajadores suponen programar la producción de modo de disminuir la cantidad de trabajadores movilizados y garantizar que la mayor parte pueda cumplir con el aislamiento. Ni los empresarios ni el Estado han tomado en cuenta los criterios planteados por los trabajadores para definir las excepciones
La industria frutihortícola es otro sector de la producción de alimentos orientado a la exportación – especialmente peras, manzanas, vid, cítricos y, en menor medida, té y tabaco. Las cadenas de producción de frutas y alimentos frescos en todo el mundo se caracterizan por el empleo de fuerza de trabajo estacional y migrante, con salarios bajos y arreglos informales que los empresarios se encargan de incumplir sistemáticamente. En Argentina, los trabajadores golondrina son migrantes internos que recorren las zonas productivas, de norte a sur y de sur a norte, siguiendo el tiempo de las cosechas. Una vez decretada la cuarentena, los empleadores los expulsaron de las fincas sin disponer los recursos para garantizar el retorno a sus lugares de residencia y miles quedaron varados en provincias como Río Negro, Neuquén o Mendoza. Fue en virtud de la organización de redes sindicales, de movimientos sociales y de derechos humanos que se lograron aceitar los mecanismos para organizar su retorno. Una vez más, garantizar las condiciones de salud colectiva no estuvo en manos de los responsables de las empresas, que impusieron sus intereses particulares, sino de una amplia red de organizaciones solidarias.
Los trabajadores de la industria alimenticia y sus organizaciones pugnan por lograr condiciones de salud y seguridad adecuadas, enfrentando a un sector empresario altamente concentrado que insiste en continuar la producción y maximizar la ganancia. En contraste, unas diez mil familias y comunidades ocupadas en la producción agrícola a pequeña escala, reclaman visibilidad para lógicas productivas solidarias y demandan al Estado políticas activas de soporte y apoyo. Aún con los evidentes límites de escala y logísticos, estas formas productivas plantean varios elementos en contraste con la lógica industrial de producción de alimentos que ponen el acento en la reconstitución de circuitos regionales y locales de abastecimiento.
Como ha quedado en evidencia ante la crisis COVID 19, el acceso a la alimentación saludable, a la vivienda, al agua potable y al saneamiento – entre otras condiciones – es fundamental para la prevención de la salud en términos colectivos. El decreto del ASPO reveló el modo en que las crecientes condiciones de precariedad del conjunto de los trabajadores se volvieron a su vez, dificultades para poder cumplir con las medidas prescriptas. Es decir, gran parte de la población no tiene garantizado el acceso a los bienes básicos para reproducir su existencia; lo que atenta contra las posibilidades de prevención y cuidado que se reclaman. En los sectores que continuaron trabajando, los y las trabajadores luchan para que los empleadores inviertan el dinero necesario para garantizar condiciones que les permitan prevenir el contagio del virus. El modo que los empresarios encuentran para resguardar sus intereses particulares (bajar salarios, despedir, suspender) no hace sino profundizar ese problema y deja al descubierto que la lógica de producir para obtener ganancias no permite desarrollar una forma de enfrentar la situación desatada por el virus covid-19, u otras situaciones similares, que priorice la prevención de la salud colectiva.
* Esta nota forma parte de la cobertura especial “Emergencia del Trabajo” frente al COVID-19 realizada con apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo.
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Chubut: trabajadores textiles toman fábrica en Trelew
La crisis laboral se acrecienta en Trelew, con más de 300 obreros de la Textil Sedamil, que no cobran los salarios hace tres quincenas. Esta precarización determina que los obreros tomen la fábrica desde el lunes 11 de mayo, buscando que los responsables de la firma se acerquen apagar los salarios adeudados. Por Violeta Glenis para ANRed.
“La medida sindical directa es por la desidia del directorio de Buenos Aires, que no da respuestas” dice Sergio Cárdenas vocero textil, si bien el contexto es complejo, los dirigentes sindicales buscan destrabar el conflicto y salvar las fuentes de trabajo mediante una reunión con el Intendente de Trelew, Adrián Maderna el viernes 15 del corriente.
Lo que alarma a los trabajadores son las evasivas de la patronal de Trelew, que se ven desbordados por la situación, la empresa solo abono $4000 pesos en 50 días. No se cumplió con el acuerdo de la A.O.E. Nacional sobre un depósito de $17 y $20 mil pesos para los obreros que están en su hogares por la pandemia y que se abonaría por 90 días, y mucho menos el depósito del gobierno nacional, que se comprometió a subsidiar a la fábrica con el 50% de los salarios, según el acuerdo de AOT, (Asociación Obrera Textil) y la Cámara empresaria del sector FITA, (Federación Industrial Textil Argentina), el monto saldría de las cuentas del ANSES.
El estado provincial tampoco dice si el dinero de Nación ingresó, ya que la Sedamil, Trelew, es la única fábrica que no lo ha recibido, mientras que las otras fábricas de la empresa si lo han hecho.
“La toma seguirá por tiempo indeterminado, dice el Vocero Sergio Cárdenas de AOE, mientras explica que Trelew no tuvo la suerte de otras ciudades que tienen diversas industrias, acá la ciudad se convirtió en una ciudad de servicios lentamente, necesitamos comprensión de los políticos. Algunos compañeros están ubicados en el comedor de la fábrica y otros permanecen afuera, donde se construyó un rancho y se queman cubiertas para protegerse del frío helado que ya se siente en la zona, hemos tomado los cuidados del protocolo, utilizando barbijos y cuidando las distancias, la salud es lo primero”, remarca.
Por otro lado han solicitando una audiencia con el gobernador Mariano Arcioni, sin respuesta del mismo. Hasta ahora mantienen dialogo con el intendente Maderna, con la Secretaría deTrabajo, el Ministerio de Producción y Acción Social, que han colaborado con ayuda de alimentos, pero esto no alcanza a solucionar el problema de las familias que están en estado de indefensión alimentaria.
El vocero, cuenta que “Sedamil, es una de las empresas más grandes de Trelew, y está entre las más importantes de Argentina, que en los años 70 surge con la promoción del estado,cuando en la ciudad tenían 25. 000 habitantes y hoy cuentan con 140.000. En esa época se buscaba habitar la Patagonia, así que somos optimistas, y esperamos que el directorio tenga un poco de cabeza, y sino que dé un paso al costado y deje a la gente que tenga ganas de producir y trabajar”.
Aclara, “que son todos hombres, lamentablemente cerraron más de 500 fábricas y las mujeres fueron desapareciendo, con el avance de la industria textil de China y la India, solo sobrevivieron las industrias que fueron protegidas”, finalizó Cárdenas.
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Ahora que sí nos ven: les precarizades ganaron las calles en todo el país | #AntesQueSeaTarde
Hubo concentraciones en Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Neuquén, entre otros lugares. Además, el hashtag #PrecarizadxsDecimosBasta fue primera tendencia en Twitter a lo largo de la jornada.
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Cheeky, la textil de Juliana Awada, no pagó los sueldos de abril
La empresa de la esposa de Mauricio Macri apenas depositó montos que van desde los 2 mil a los 8 mil pesos a sus empleados. Pidió incorporarse al programa ATP y que el Estado le pague la mitad de los salarios.
En lo que es tal vez el capítulo más gráfico y más bizarro del fracaso de los meritócratas argentinos, la empresa de ropa infantil Cheeky, de la familia de la ex primera dama Juliana Awada, fue denunciada en las últimas horas por falta de pago de salarios.
Ámbito Financiero reveló la demanda que presentó el gremio de cortadores de indumentaria (UCI) ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, e hizo pública una nota a sus empleados en la que se les avisó de un supuesto «adelanto» a cuenta de los aportes del Estado nacional.
El gremio señala que tras dejar impagos los sueldos de abril la firma depositó a sus trabajadores «sumas irrisorias que varían entre los 2 mil y los ocho mil pesos en el caso de los más afortunados».
A través de una comunicación interna, Cheeky afirmó que «para sobrellevar esta difícil situación» este viernes «depositará un adelanto de 10 mil pesos» en caso de que «Anses no concrete el pago esta semana», en alusión a los subsidios ATP que representan la mitad de los salarios privados para empresas en crisis.
La compañía, que preside en los papeles Daniel Awada, hermano de Juliana, la esposa de Mauricio Macri, es líder de su segmento y también de la cámara de empresas de la industria textil.
Para el gremio la situación se agrava por tratarse de una de las industrias «con mayor grado de precariedad» y con «uno de los salarios más bajos dentro del mercado nacional».
Según la organización, «la patronal Cheeky Sociedad Anónima es una de las empresas de mayor facturación a nivel nacional, con cientos de locales y franquicias no sólo a lo largo y ancho de todo el país, sino también en varios países limítrofes».
Según pudo saber InfoGremiales, ayer mismo el Ministerio de Trabajo bonaerense intimó al pago completo de los salarios a la empresa bajo apercibimiento de sanciones.
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Trabajadores de la educación fueguinos impulsan la vuelta del ‘Conectar Igualdad’ con producción de la provincia
Desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) iniciaron una campaña para solucionar dos problemas, los puestos de trabajo industriales perdidos a nivel local y la necesidad de garantizar la conectividad a quienes estudian, con el regreso del Conectar Igualdad enlazado a la producción nacional de equipos.
La conducción provincial del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) dirigió un comunicado a todas las autoridades provinciales para pedirles que se unan en pos de impulsar «un nuevo programa para la comunidad educativa de acceso a los bienes y servicios para la conectividad.»
Desde el inicio del Aislamiento Preventivo y Obligatorio debido a la pandemia de Coronavirus, estudiantes y docentes de todo el país intentan seguir con el plan de continuidad pedagógica pero no todos los docentes estaban preparados para este cambio brutal y forzoso ni todas las familias. Hay hogares que cuentan con un sólo dispositivo con acceso a internet que deben turnarse para usarlo, hay otros que no tienen ni uno y piden prestado un celular para hacer la tarea.
«Bienes y servicios que resultan imperiosamente necesarios para los alumnos, alumnas y docentes de todo el país, tanto durante como después de la cuarentena. Es necesario que se acceda a los mismos de manera gratuita y que se garantice un piso mínimo de equidad y oportunidades en lo que se refiere al uso, conocimiento y educación en las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).», explican.
Y en vistas de que el Ministro de Educación de la Nación anunció a fines de abril que se trabaja en un nuevo lanzamiento del programa Conectar Igualdad, desde el SUTEF impulsan que se articule con un programa de producción local y «que cada alumno, alumna y docente tenga en su poder un producto fabricado por las y los obreros de Tierra del Fuego.»
«La educación pública lo necesita y el pueblo fueguino puede producirlo», cierran.
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Clarín paga los sueldos en cuotas y sus trabajadores siguen en plan de lucha
Uno de los multimedios más importantes del continente decidió abonar los salarios en dos cuotas. Los trabajadores y trabajadoras realizan cese de tareas por horas, quite de firmas y trabajo a reglamento para exigir que se revea esta situación y además se aumenten los sueldos. Clara Uranga, delegada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y redactora en la revista Elle, habló con Barricada TV sobre los orígenes del conflicto que si bien no es reciente, se acrecentó con la decisión de la empresa de pagar el sueldo en dos cuotas, la segunda fuera de la fecha y el plazo legal. «Clarín se vio beneficiada durante los últimos cuatro años por las políticas neoliberales de la gestión anterior. Sin embargo, la empresa decidió seguir ajustando por los trabajadores», afirmó. La delegada por el SiPreBA agregó que hace un año habían sufrido despidos y que el multimedio no firmó el segundo semestre de la paritaria 2019: «el año pasado nos aumentaron sólo el 15% en un contexto inflacionario del 50% y en lo últimos seis años los salarios en Clarín aumentaron la mitad que la inflación». Es por ello que no sólo denuncian la decisión de pagar los salarios en cuotas, gracias a la connivencia con el sindicato UTPBA y la cámara empresarial AEDBA, sino que vienen demandando un aumento de los mismos.
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La empresa Real Time Solutions del Grupo Indalo no para los sueldos hace 4 meses
El Consejo Directivo Nacional del SATSAID expresó su repudio a la medida decidida por los directivos de la empresa Real Time Solutions, perteneciente al grupo Indalo de no pagar lo pactado en abril.
Desde el sindicato advierten que la empresa Real Time Solutions, que desarrolla el contenido de Diario registrado, adeuda en total cuatro meses y medio de sueldo, el aguinaldo completo de 2019, así como todas las recomposiciones paritarias desde 2017.
El SATSAID no dudo en calificar de miserable y especuladora la actitud de la empresa ante la comunicación de la dirección de que solo pagará parte de los sueldo si el Estado acude en su ayuda con el programa de emergencia.
El gremio les recordó que si el grupo sigue de pie, es gracias al sacrificio y el esfuerzo de todos sus trabajadores y trabajadoras quienes a pesar de todas las dificultades la supieron sacar adelante, y advirtieron que tomarán medidas al respecto.
Cambió el gobierno pero la empresa del #GrupoIndalo sigue sin garantizarnos el pago del salario en tiempo y forma al igual que ocurría durante el macrismo.
El artista ex Redondos, Semilla Bucciarelli, nos prestó su obra que retrata nuestro estado de ánimo. #IndaloPagaLosSueldos
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Los trabajadores de Real Time Solutions exigimos que nos paguen con los aumentos homologados en tiempo y en forma. Basta de pagar en cuotas y fuera de término.
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Emergencia laboral
Moroni recibió a la CTA Autónoma a través de una reunión virtual
Del encuentro participaron el Secretario Adjunto de la CTAA, Hugo “Cachorro” Godoy, y la Adjunta, Claudia Baigorria, además de Daniel Jorajuría (Gremial), María Ana Mandakovic (Comunicación y Difusión), Jorge Castro (Contabilidad y Finanzas), Rafael Vargas (DDHH), Olivia Ruíz (Previsión Social), Horacio Meguira (Legales) y Ramiro Fernández (Juventud).
También estuvieron presentes el Secretario General de CTAA Capital, Pablo Spataro, su Adjunto, José “Pepe” Peralta, y los titulares de SITRAIC (construcción), UCRA (choferes), Gremio Odontológico, Sindicato del Cuero, AECPRA (empleados de correo), y SITOSPLAD (obra social docente).
Al comenzar el encuentro, Godoy, quien ofició como moderador, enumeró ante el ministro una lista de necesidades que se consideran urgentes para intentar paliar las consecuencias de la grave situación que padece una gran porción de la clase trabajadora.
El dirigente, también Secretario General de ATE, planteó en primer término el apoyo a las medidas que se tomaron hasta el momento, como la prohibición de despidos y suspensiones, pero destacó la necesidad de conformar un comité de crisis dentro del ámbito de la cartera que dirige Moroni, que reúna a todas las centrales sindicales, las organizaciones sociales, y las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en cuanto a las medidas de prohibición de despidos, consideró que es necesario que se extiendan los plazos tras el vencimiento del decreto a fines de mayo.
A su vez, reiteró el malestar de la Central con la reunión entre la UIA y la CGT, desarrollada en la sede del ministerio, que convalidó una rebaja del 25% en los salarios de los trabajadores. En ese sentido, exigió que se revise el criterio para la entrega de asistencia económica a las empresas concentradas por sobre las Pymes.
Por otra parte, valoró la aplicación del Ingreso Familiar de Emergencia y reiteró la necesidad de implementar el impuesto a las grandes fortunas. Del mismo modo, pidió por el inicio inmediato de las reuniones del Consejo del Salario para discutir de forma urgente la recomposión salarial.
Por último, Godoy pidió que se considere la actividad sindical como una tarea esencial durante el tiempo de cuarentena para asistir y respaldar a trabajadores y trabajadoras.
El ministro Claudio Moroni admitió que luego de dos años “muy difíciles”, hoy la situación “es peor” como consecuencia de la pandemia que azota al país y al mundo, y que esto determinó una serie de medidas necesarias en privilegio de la salud, pero que inevitablemente han resentido la economía. En ese aspecto, detalló que la recaudación ha caído dramáticamente, pero aclaró que el Ingreso Familiar de Emergencia va a continuar durante, al menos, un período más.
Al mismo tiempo, el funcionario estimó que aún queda mucho por hacer en cuanto al sector informal, pero consideró que, a comparación del resto del mundo, nuestro país está muy avanzado en las medidas de protección del empleo.
Con respecto al acuerdo entre la CGT y la UIA por las rebajas salariales, sostuvo que no es un acuerdo de cumplimiento obligatorio y queda, según especificó, circunscrito a las partes que lo firmaron.
Moroni también se comprometió a mejorar los canales de diálogo con los sindicatos, tras el pedido expreso de los dirigentes de la CTAA, y prometió revisar, en coordinación con el Ministerio de Educación, las difíciles condiciones de los docentes para poder dar clases en el marco de las medidas dispuestas por la pandemia, lo cual también fue un reclamo expreso de la Central.
A su turno, Claudia Baigorria abonó a lo expresado por Godoy y agregó que es de suma importancia pensar de qué forma sería implementado un comité de crisis dentro del Ministerio de Trabajo para que su funcionamiento y resultado sea el correcto.
La dirigente advirtió además que al finalizar la pandemia el mercado laboral quedará muy reducido y que será necesario reabrir la discusión sobre el trabajo informal, por lo que consideró vital revisar su representación para la resolución de conflictos, como, por ejemplo, el acceso a la seguridad social. Además, Baigorria remarcó la importancia de permitir la libre circulación y el trabajo sindical en estos tiempos de confinamiento.
Por su parte, Alejandro Bassignani, titular del SITOSPLAD, remarcó la alarmante situación que vive el personal de OSPLAD (Obra Social para la Actividad Docente) a quienes les incumplieron una vez más el pago de sus haberes en tiempo y forma, siendo más de 1400 trabajadores que prestan servicios de salud a 170 mil familias en las más de 35 sedes nacionales de la institución.
En tanto, el Secretario General de SITRAIC, Víctor Grossi, hizo hincapié en los protocolos de seguridad e higiene dentro del rubro de la construcción. En ese sentido, sostuvo que no es posible garantizar las condiciones básicas de trabajo en el contexto actual, por lo que reclamó que el control de la aplicación de protocolos sea conjunto y no solo una potestad de la UOCRA.
Para reforzar su pedido, Grossi pidió que se revisen las estadísticas de accidentes en el ámbito de la construcción para entender que resta un control más minucioso de los protocolos de seguridad e higiene.
Luego fue el turno de la Secretaria de Comunicación y Difusión de la CTAA y Secretaria General del CISPREN, Mariana Mandakovic, quien planteó la grave situación del sector de prensa, con pérdidas de puestos de trabajo, flexibilización laboral y salarios que han quedado por debajo de la línea de pobreza, lo cual “se ha agudizado exponencialmente con la pandemia”.
Además, puso énfasis en la brecha de desigualdad entre los medios tradicionales concentrados y los medios autogestionados que “es cada día mayor”, ya que mientras los primeros reciben pauta publicitaria oficial y ayuda del estado a través de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, los autogestionados (medios comunitarios, cooperativos, populares, etc.) no pueden garantizar su sostenibilidad.
Por último, Mandakovic consideró necesario debatir iniciativas para que las plataformas digitales (Google, Facebook, Amazon, etc) paguen por el uso de los contenidos de los medios de comunicación y las noticias que circulan, “para revitalizar a la industria que se desmorona sistemáticamente”.
Para finalizar fue el turno de Rafael Vargas, Secretario de DDHH de la CTAA y titular del SOLEAIL (azucareros), quien le advirtió al ministro Moroni sobre la compleja situación de los trabajadores del sector y la urgencia que tienen en contar con una federación que nuclee a los todos los sindicatos, pero que necesita del respaldo del propio ministerio para conformarse.
Además, Vargas solicitó que el Estado condicione la ayude que les proporciona a las empresas azucareras ante los reiterados incumplimientos que mantienen con los trabajadores.
Al cierre, Claudio Moroni agradeció por la discusión y el debate con los dirigentes, al tiempo que prometió considerar todas las propuestas y reclamos para trabajar en soluciones que podría presentar en la próxima reunión.
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Cerró la fábrica de alfajores «Grandote»
En respuesta a los despidos, los trabajadores de la empresa se encontraban acampando en la puerta de la planta, pero finalmente fueron desalojados.
La fábrica de alfajores La Nirva, que elabora los alfajores Grandote y de la marca La Recoleta, bajó sus persianas y los trabajadores que permanecían acampando en la puerta de la planta fueron desalojados, aunque retomaron el reclamo. Los delegados aseguraron que los propietarios emitieron cheques para pagarles a los empleados una deuda que ya se extiende a siete meses, y a la hora de cobrarlos descubrieron que no tenían fondos.
La planta permanece cerrada. Desde febrero que no produce, pero hace un año que arrastra problemas. Para este jueves está previsto un encuentro en el Ministerio de Trabajo bonaerense, donde los trabajadores buscarán llegar a algún acuerdo para retomar el funcionamiento de la planta, aunque el escenario no es bueno.
Este miércoles los empleados volvieron a la puerta de la fábrica, denunciando su temor de un posible vaciamiento de las máquinas necesarias para producir. “Nosotros decidimos quedarnos parados en la puerta de la empresa, los dueños quieren vaciarla, llevarse todo y no solo que no nos dejan volver a trabajar porque demanda hay, sino que tampoco nos pagan los sueldos”, sostuvo en diálogo con minutouno.com, Marcelo Cáceres, delegado gremial de la fábrica.
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El Gobierno apuesta a generar 750.000 puestos de trabajo con un ambicioso plan de obra pública
El Gobierno lanzó el Programa federal ARGENTINA CONSTRUYE Obras, vivienda e infraestructura de emergencia, un ambicioso plan que apuesta a generar 750 mil puestos de trabajo en el marco de la pandemia.
El anuncio fue hecho por el presidente, Alberto Fernández, junto con la Ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, y el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. En ese marco, el Jefe de Estado aseguró que es «imprescindible» recuperar el valor de la «solidaridad» y dijo que esta pandemia «demostró lo poco solidarios» que fue la Argentina dejando al menos a 9 millones de personas que estaban «sin vínculo con el Estado» y dejó claro que con el plan de viviendas está la Nación «recuperando ese concepto», ya que permite que alguien tenga «un baño digno, una habitación más o construir su propia casa».
En números concretos, la Casa Rosada difundió que Argentina Construye implica una inversión de «28.992 millones de pesos en los próximos meses. Con este aporte, se proyecta la construcción de 5.500 nuevas viviendas que se suman a las más de 30.000 en las que el Estado ya está trabajando».
Abordará además el déficit cualitativo habitacional, a través de 200 mil microcréditos para la compra de materiales y la refacción de 42.900 unidades, con especial atención en los núcleos sanitarios del NOA. Y por si fuera poco «permitirá que 4.000 organizaciones de todo el país, que realizan tareas esenciales en los barrios populares, reciban subsidios para la compra de materiales con los que podrán acondicionar espacios comunitarios».
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La CGT quiere extender la prórroga de prohibición de despidos y crear un Comité Nacional de Crisis
Luego de una reunión extensa, que se llevó a cabo en la sede de la UOCRA, la CGT le reclamará al Gobierno la prórroga de la prohibición de realizar despidos y suspensiones durante dos o tres meses más a partir del 1ª de junio próximo y la creación de un Comité Nacional de Crisis.
Este consejo, para la central obrera, debe estar conformado por sindicalistas, empresarios, organizaciones sociales y la Iglesia. Por otro lado, los dirigentes de la central obrera debatieron sobre la situación de las obras sociales, mostraron el respaldo al proyecto de ley de impuesto a la riqueza y se opusieron a «la instalación permanente del trabajo a distancia por antisindical y antiderechos».
«Estamos buscando encontrar un camino común que nos permita la salida de la pandemia con el menor costo social posibe y sin perdida de puestos de trabajo», manifestó Héctor Daer, uno de los triunviros de la central obrera, tras el cónclave.
Por su parte Julio Piumato de Judiciales sostuvo que “hay que jugar un equilibrio entre los que tienen necesidad con las medidas que hay que tomar para que esto no se haga un desastre en el país”.
Preocupación empresaria por el impacto de los contagios en la vuelta a la producción
Industriales de la provincia de Buenos Aires le plantearon esta semana a las autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires sus preocupaciones respecto de los protocolos sanitarios que se aplicarán en las plantas que comienzan a retomar su actividad en el marco de la flexibilización de las actividades productivas en la nueva etapa de la cuarentena.
La preocupación empresaria pasa por la necesidad de garantizar ciertos protocolos además de los chequeos sanitarios, el transporte seguro y el distanciamiento en los lugares de trabajo para evitar que algún posible contagio derive en el cierre de la planta y en una nueva interrupción productiva, que profundizaría la crisis económica que ya se encuentran atravesando.
Esta semana desde Estado de Alerta dialogamos con el presidente de CGERA Marcelo Fernández, quien se manifestaba en el mismo sentido: “Hay que tomar todas las medidas de seguridad, priorizar la salud y que la gente no se contagie. No nos olvidemos que por un contagiado hay que cerrar una planta. Así que vamos a empezar a pensar en producir y en volver al sistema normal, pero con los cuidados del caso. Así que desde CGERA alentamos a que todos aquellos empresarios que vayan a abrir sus puertas tengan la protección necesaria, el aislamiento, el poco contacto de la gente, el alcohol en gel y todas las medidas que hagan falta para cuidar a los trabajadores porque con un infectado en el lugar de trabajo cierra toda la planta. Esperamos retomar la recuperación productiva, para la cual veníamos en camino y se quedó trunca por el comienzo de la cuarentena”.
Si desde las distintas instancias de gobierno se hicieran respetar efectivamente los protocolos, puede que la amenaza de clausura y de pérdidas económicas derivadas de el consecuente parate productivo hagan que el empresariado cumpla con las garantías sanitarias mínimas exigidas por trabajadores y gremios, que en numerosos casos han denunciado carencias de insumos de seguridad e higiene en los espacios laborales
El gobierno provincial de Axel Kicillof descartó el pedido empresarial de realizar testeos cada diez días a los trabajadores, aunque descartan que en las próximas semanas crecerán los niveles de contagio tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano, estrechamente interconectados. Desde el Gabinete provincial explicaron: “El mensaje es que está todo en permanente evaluación. Y si, como muestra la experiencia internacional, en algún momento se disparan los casos, no va a haber más remedio que volver atrás muchas de las decisiones que se tomaron”.
Toda empresa que reabre en esta nueva etapa debería haber presentado protocolos sanitarios adecuados y el gobierno anticipa permanentes controles de cumplimiento. Por el momento, en el ingreso de los trabajadores al trabajo se irá controlando la fiebre, para aislar inmediatamente cualquier posible caso sospechoso.
Los procedimientos de aprobación de reapertura deben pasar por distintas instancias desde el nivel provincial hasta el del municipio, lo que también genera desfasajes y, según denuncian algunos empresarios, también manejos discrecionales. Así, por ejemplo, se aprobó la reapertura de la planta de Massalin en Merlo pero la intendencia de Pilar aún no habilitó el funcionamiento de British American Tobacco (BAT). Lo mismo sucede con el pedido de reapertura de Acindar en La Matanza, un distrito donde se registraron niveles de contagio que pueden explicar la demora.
Los procedimientos de aprobación de reapertura deben pasar por distintas instancias desde el nivel provincial hasta el del municipio, lo que también genera desfasajes y, según denuncian algunos empresarios, también manejos discrecionales. Así, por ejemplo, se aprobó la reapertura de la planta de Massalin en Merlo pero la intendencia de Pilar aún no habilitó el funcionamiento de British American Tobacco (BAT). Lo mismo sucede con el pedido de reapertura de Acindar en La Matanza, un distrito donde se registraron niveles de contagio que pueden explicar la demora.
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Chaco: ATE denunció «traslados compulsivos» en el municipio de Pampa Almirón
ATE Chaco reveló que en medio de esta pandemia recibió la queja de una afiliada, de 57 años de edad y con 30 años de servicios, que fue notificada por la intendenta del municipio Pampa Almirón, del partido Libertador General San Martín, de su traslado para que desarrolle tareas en el cementerio local siendo administrativa. Otros empleados recibieron las mismas disposiciones.
“Todo este marco de arbitrariedades y violencia institucional se da en plena pandemia por el Covid 19, lo cual agrava la situación, ya que muchos de los compañeros y compañeras que intentan trasladar vienen desempeñando funciones de contención y prevención en el marco de las medidas para evitar la propagación de casos en la localidad”, señalaron desde ATE.
Desde el sindicato preguntaron a la intendenta Lilian Piccili “si piensa excluir a la localidad de Pampa Almirón de las medidas de prevención establecidas en los decretos nacionales y provinciales”. Pero todavía no recibieron respuesta alguna. No se descartan medidas de fuerza.
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Diputado de las y los trabajadores: asumió Claudio Dellecarbonara en Buenos Aires
El trabajador y referente de Subte, Claudio Dellecarbonara, asumió este jueves la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura bonaerense.
En la primera sesión mixta que se realizó desde que se inició el Aislamiento Social y Obligatorio, asumió el referente obrero de Metrovías (Subte) y dirigente del PTS en el Frente de Izquierda, Claudio Dellecarbonara. «Por los 30 mil detenidos desaparecidos y las víctimas de la represión estatal, de la Triple A, la dictadura y la democracia. Por los trabajadores de la salud, que enfrentan la pandemia a pesar de la desidia de los gobiernos. Por la juventud precarizada que empieza a organizarse. Por la lucha de clase obrera internacional, la única clase esencial para terminar con la barbarie capitalista», juró el diputado de Izquierda.
La asunción tuvo lugar en el marco de una sesión que tenía como objetivo ratificar una serie de decretos de Axel Kicillof, discutir la emergencia en geriátricos y en materia de violencia de género y declarar el apoyo a la negociación con los bonistas.
El diputado tomó la palabra en el debate para señalar: “La puesta en marcha de la Legislatura, 55 días después de que se disponga el aislamiento, lamentablemente tiene el objetivo de refrendar el gobierno por decreto del ejecutivo y legitimar un nuevo endeudamiento, que se sumará a la ya odiosa deuda que dejaron Scioli y Vidal. Todo esto por no tocarle un solo peso a los grandes empresarios, bancos y terratenientes”. Y agregó: “En nuestra provincia son miles de trabajadores despedidos y ya son cerca de tres millones los trabajadores que sufren despidos, suspensiones o rebajas salariales en todo el país, una gran parte de ellos en nuestra provincia”.
En ese sentido, señalo que: “Estos son los principales problemas que acá se tienen que discutir, los que sufren hoy millones y millones de bonaerenses, en una provincia que concentra el 55% de los pobres del país. Desde el Frente de Izquierda asumimos esta banca con ese compromiso, para defender la agenda de los trabajadores y para ponerla al servicio de sus luchas”.
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Sedamil no le paga los salarios a sus 150 empleados desde hace 45 días
La textil Sedamil emplazada en Trelew hace un mes y medio que no paga salarios. Son 150 los trabajadores que están a la deriva en el medio de la crisis económica y sanitaria.
Los trabajadores textiles de la empresa Sedamil, ubicada en la ciudad chubutense de Trelew, reclamaron «el cobro de los salarios adeudados» y repudiaron «el accionar de la patronal» que no deposita los haberes, informó el titular del sindicato, Hugo Benítez.
El dirigente, también integrante de la conducción de la CGT y cabeza de las 62 Organizaciones Peronistas, explicó que los propietarios de Sedamil de Trelew mantienen «una importante deuda salarial con el personal».
La Asociación Obrera Textil (AOT) expresó su «enérgico repudio» ante «el accionar reiterado de la patronal» del sector, y se solidarizó con «los justos reclamos de los trabajadores» de la actividad.
Benítez explicó que Sedamil adeuda un mes y medio de ingresos a los 150 operarios, que en la jornada de ayer tuvieron que romper el aislamiento social, preventivo y obligatorio para protestar frente a la sede de la compañía.
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Máximo se metió en el conflicto de Mondelez y pidió que no le aprueben las suspensiones con recorte de salarios
El jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, le pidió ayer a Trabajo que corrija el error de haber aprobado suspensiones con recorte salarial en Mondelez. La firma se stockeó en la pandemia y ahora suspendió sus operaciones.
La gigante alimenticia Mondelez desde este lunes mantiene paralizada la producción en su planta de Victoria. La decisión causó malestar entre buena parte de sus empleados porque la firma había decidido sostener las líneas en funcionamiento a pesar del aislamiento social preventivo y obligatorio, exponiendo a sus operarios.
Las negociaciones las mantuvo con el Sindicato de Alimentación y desde el entorno de Rodolfo Daer le habían confirmado a InfoGremiales el parate. La medida impactó sobre más de 500 operarios que cobrarán el 75% del salario bruto mientras estén dispensados de prestar servicios. Ese monto implica que percibirán aproximadamente el 85% de los sueldos habituales.
Sin embargo las críticas al acuerdo llegaron ayer la primera sesión telemática de la Cámara de Diputados de la Nación. Fue el propio jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, el que se ocupó del asunto y le pidió al Ministerio de Trabajo que lo corrija.
«Mondelez, tope de gama de fábrica de alimentos, los puso a los trabajadores a producir golosinas bajo el paraguas de ‘industria alimenticia y servicio esencial,’ se stockeó todo lo que pudo bajo el valor actual para venderlo vaya a saber cuando, y le baja el sueldo a los trabajadores y las trabajadoras suspendiendo la actividad», remarcó Kirchner.
«Equivocadamente el Gobierno le homologó ese acuerdo. Espero que se corrija eso. Yo no tengo problema en decir esas cosas. No me quiero arrepentir de defender a los que tenemos que defender acá», agregó el diputado.
«No puede ser que ellos sean los primeros. Esta vez los primeros tiene que ser la gente» sostuvo y recordó «que en los barrios más populares y más marginales la está pasando realmente mal».
El mensaje de Máximo K ahora deberá ser tomado ahora por la cartera laboral, en la práctica la encargada de mediar en estas negociaciones, para revisar lo pactado y buscar un camino alternativo que habilite el pago del 100% de los salarios.
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Grave: Denuncian que una franquicia de la heladería Cremolatti le roba el IFE a sus trabajadores
Según informaron empleados del local cordobés, los dueños se aprovechan de mantener a la mitad de su planta en negro, los hacen pedir el Ingreso Familiar de Emergencia al Estado y les dicen que eso es ser parte de su salario. Un caso insólito.
La grave denuncia recae sobre una sucursal de la heladería Cremolatti, ubicada en pleno centro cordobés, en Bv. San Juan al 511, aunque sospechan que pasaría lo mismo en otras sucursales debido a que varias de ellas responderían a la misma persona: Germán Rocca.
En esta franquicia en particular, la apoderada legal de la sucursal es María Luz Gomez, pareja de Emmanuel Rossi, socio de Germán Rocca.
La seguidilla de mensajes de Whatsapp empiezan con una frase insólita: «Estamos haciendo el esfuerzo por mantenerles a todos el trabajo así que tienen que saber aceptar las medidas que se tomen». Respondiendo a esa idea de que el trabajador o trabajadora es un sirviente que debe agradecer un gesto caritativo, y no una relación laboral con derechos y obligaciones bajo un sistema legal.
Luego vienen las indicaciones prácticas: «En primer lugar, hagan la inscripción en lo del plan del ANSES (se refiere al Ingreso Familiar de Emergencia) para ver si son o no beneficiarios, ya que ese monto formará parte de su sueldo.» Al IFE sólo pueden acceder trabajadores informales, desempleados o monotributistas de las categorías más bajas. Según consignó ADN Federal, la mitad de los trabajadores de la sucursal no estaban inscriptos.
Así mismo, los conminan a enviar una captura de pantalla con la respuesta de ANSES a si lo van a cobrar o no y además les piden los datos personales para rastrearlos en los listados del organismo. El audio que figura en las conversaciones y que aparece reenviado, sería una comunicación de Germán Rocca a sus socios en el cual los requiere, según los denunciantes, con este fin.
Las horas trabajadas las quieren pagar por lo menos. Los días no trabajados, en cambio, decidieron pagarlos «al 40-50 por ciento», así, estimativo.
Como si fuera poco, los amenazan con 75 días de suspensión sin goce de sueldo que les «otorga la ley» pero aseguran que no quieren «llegar a eso».
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En medio de la crisis sanitaria, Bariloche le recortó los salarios a los municipales
Sorpresivamente el municipio pagó los salarios de abril sin el último acuerdo paritario. Se trata de dos mil pesos que se habían pactado a cuenta de futuros aumentos. Furia gremial.
Los trabajadores municipales de Bariloche cobraron dos mil pesos menos. Son los que el gobierno de Gustavo Gennuso había otorgado como suma fija y a cuenta de futuros aumentos, ante la imposibilidad de cerrar una paritaria.
La seccional Río Negro de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió esa decisión de la comuna, mucho más en el actual contexto de la pandemia de coronavirus.
El gremio aseguró que si otras comunas procuran continuar por ese camino «se desatarán sin lugar a dudas fuertes conflictos».
Por la determinación del intendente habrá «medidas de fuerza adecuadas», dijo el titular del sindicato, Rodrigo Vicente.
«Los trabajadores no permitirán que la crisis recaiga sobre sus espaldas. Los esfuerzos no deben ser iguales, porque las ganancias de los poderosos no son iguales a los salarios?, agregó el gremialista.
Vicente apuntó contra algunos funcionarios que «con eufemismos como ‘esfuerzo compartido’ y ‘nuevo contrato social’ construyen relatos que legitiman despidos y más ajustes».
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Trabajadores del Cine calculan que perdieron 2 mil empleos por la pandemia
El Sindicato de la Industria Cinematográfica definió la situación de sus representados como de «emergencia absoluta», debido a la imposibilidad de acceder tanto al seguro de desempleo como a los beneficios que dispuso el Gobierno por el freno total de la actividad que dispuso producto de la pandemia.
«Por la característica de nuestra contratación nos encontramos en una situación de emergencia absoluta. Acompañamos las medidas del gobierno, pero necesitamos soluciones para esta situación», dijo a Télam el secretario general del sindicato, Guido Valerga.
El representante gremial explicó que debido a la «situación general» los trabajadores y trabajadoras no pueden conseguir turnos para tramitar el seguro de desempleo, como, «en muchos casos», tampoco al crédito a tasa cero o al Ingreso Familiar por Emergencia que dispuso la Casa Rosada.
«Esta situación se da como en otras actividades en las que la persona que no es contratada no cobra y no trabaja, no como en otras industrias donde son suspendidos. Tampoco son informales, porque tienen un contrato por tiempo determino con todos sus aportes», aclaró Valerga.
El líder sindical comentó que muchos también aparecen como si estuvieran en relación de dependencia en AFIP, algo que considera «imposible», debido al parate total que vive la industria y su consecuente falta de contratación.
«Esto lleva a que la prestación de salud se vea afectada. Generamos un convenio de ayuda por parte del Incaa a la obra social, pero la falta de aportes llevó a una complicación con la Superintendencia de Servicios de Salud, donde deberíamos dejar sin cobertura a la gente por falta de aportes, algo que no estamos dispuestos a hacer», sostuvo.
Al menos 46 rodajes fueron cancelados desde el inicio de la cuarententa en la industria audiovisual argentina por la pandemia del coronavirus, por lo que autoridades del Sica calculaban que 2.000 puestos de trabajo y alrededor de 50 millones de pesos en concepto de salario se perdieron sólo durante el primer mes de la medida.
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*EN EL BAJO FLORES HAY MANZANAS ENTERAS SIN SUMINISTRO DE AGUA DESDE JUEVES 14 DE MAYO*
En el marco de los resultados desalentadores de la propagación de la pandemia en los barrios populares, denunciamos que en Barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14) el servicio de agua se encuentra suspendido en numerosas manzanas impidiendo a lxs vecinxs adoptar las medidas mínimas de higiene. La suspensión del suministro se prolonga en por lo menos diez manzanas desde el día de hoy al mediodía cuando lxs vecinxs reportaron que se habían quedado sin agua.
A partir de los reclamos, desde la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS)- del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se informó que se habría roto un caño, aunque no brindaron precisiones acerca de cuánto tiempo demoraría su arreglo, ni si estaba siendo efectivamente arreglado.
El agua es un insumo esencial y un derecho básico, en este contexto es el único elemento con el que se cuenta en los barrios para la prevención de la pandemia, la respuesta del Gobierno de la Ciudad es insuficiente e irresponsable.
A partir de los reclamos, desde la Unidad de Gestión de Intervención Social (UGIS)- del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se informó que se habría roto un caño, aunque no brindaron precisiones acerca de cuánto tiempo demoraría su arreglo, ni si estaba siendo efectivamente arreglado.
El agua es un insumo esencial y un derecho básico, en este contexto es el único elemento con el que se cuenta en los barrios para la prevención de la pandemia, la respuesta del Gobierno de la Ciudad es insuficiente e irresponsable.
*EXIGIMOS EL URGENTE RESTABLECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA A TODAS LAS MANZANAS DEL BARRIO.*
*SI NO TENEMOS AGUA NO PODEMOS TOMAR MEDIDAS DE PREVENCIÓN NI CUIDADO CONTRA LA PANDEMIA.*
*RED DE FAMILIAS, DOCENTES Y ORGANIZACIONES DEL BAJO FLORES*
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Neuquén, Minas
Se profundiza la Dictadura del Capital
Acorde a su dictadura el gobierno nacional envía a gendarmería a perseguir, intimidar y armar causas ante la Lucha que vienen dando los Trabajadores mineros.
16 Trabajadores que en pleno ejercicio Constitucional, y respetando la legislación de distanciamiento social, iban al punto de encuentro de la Medida de Fuerza sobre la RN 22, fueron detenidos por gendarmería en Zapala.
En la madruga gendarmería irrumpió en las casas de los Trabajadores, en Andacollo, violentando a las Familias..
A los que están en el Corte de la RN 22 le enviaron más gendarmería..
Para la Persecución Política de los Trabajadores y Nuestras Familias sobran gendarmes y equipo.. contra la Trata de Personas.. el narcotráfico.. prevenir Femicidios.. etc.. no..
El gobierno sólo piensa en asegurar las ganancias a los monopolios en éste caso la minera «trident southern explorations».. para lo cuál abusa del Poder.. siempre en beneficio del tridente monopolios-gobiernos-sindicatos..
16 Trabajadores que en pleno ejercicio Constitucional, y respetando la legislación de distanciamiento social, iban al punto de encuentro de la Medida de Fuerza sobre la RN 22, fueron detenidos por gendarmería en Zapala.
En la madruga gendarmería irrumpió en las casas de los Trabajadores, en Andacollo, violentando a las Familias..
A los que están en el Corte de la RN 22 le enviaron más gendarmería..
Para la Persecución Política de los Trabajadores y Nuestras Familias sobran gendarmes y equipo.. contra la Trata de Personas.. el narcotráfico.. prevenir Femicidios.. etc.. no..
El gobierno sólo piensa en asegurar las ganancias a los monopolios en éste caso la minera «trident southern explorations».. para lo cuál abusa del Poder.. siempre en beneficio del tridente monopolios-gobiernos-sindicatos..
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Trabajadores de la pizzería «las palmas»… están hace 2 meses sin cobrar salario…
Bs. As., La Matanza
Bs. As., La Matanza
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Trabajadores en Lucha de «gotan trading cooperativa»
(Parque industrial de Burzaco)
(Parque industrial de Burzaco)
APELAMOS A LA SOLIDARIDAD. QUE EL HAMBRE NO QUIEBRE LA LUCHA
Cumunicado:
Los Trabajadores de «gotan» queremos Trabajar y poder llevar un Salario digno a nuestras Casas. Tenemos toda la maquinaria para realizar todo tipo de Trabajo metalúrgico y gráfico.
Pero la crisis económica más la situación sanitaria que estamos atravesando por la pandemia mundial de COVID-19 nos está golpeando como a todos los Trabajadores.
No queremos que el Hambre quiebre nuestra Lucha y nuestro sueño de ser una cooperativa.
Por eso estamos haciendo una colecta y apelamos a la colaboración de todos quienes puedan aportarnos donaciones para llevar un sustento a nuestras casas ante esta difícil situación.
¡Se agradece la difusión!
Pero la crisis económica más la situación sanitaria que estamos atravesando por la pandemia mundial de COVID-19 nos está golpeando como a todos los Trabajadores.
No queremos que el Hambre quiebre nuestra Lucha y nuestro sueño de ser una cooperativa.
Por eso estamos haciendo una colecta y apelamos a la colaboración de todos quienes puedan aportarnos donaciones para llevar un sustento a nuestras casas ante esta difícil situación.
¡Se agradece la difusión!
Estamos todos los días en Nuestra fábrica, en Junín 1375 (Pque. Industrial Burzaco).
Contactos.
Néstor: 1156448512.
Martín: 1161749498.
CBU: 1910233555123369906449
Contactos.
Néstor: 1156448512.
Martín: 1161749498.
CBU: 1910233555123369906449
Envio:RL
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