El “NEOKIT-COVID-19” permite obtener resultados en menos de 2 horas
Coronavirus: nuevo test argentino para detectar el virus
El presidente Alberto Fernández encabezó en la residencia de Olivos la presentación de un test de diagnóstico rápido y económico desarrollado por científicos argentinos para detectar el SARS-CoV-2
Alberto Fernández presentó el nuevo test nacional para detectar el virus.
El presidente Alberto Fernández encabezó en la residencia de Olivos la presentación del test de diagnóstico rápido y económico desarrollado por científicos argentinos para detectar el SARS-CoV-2. “Estoy muy contento. Esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo”, aseguró durante la presentación, en la que estuvo acompañado por los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Roberto Salvarezza, y de Salud, Ginés González García.
“Tenemos la mejor calidad humana científica para ofrecer estas respuestas”, destacó el mandatario y remarcó: “Esto lo han hecho investigadores argentinos y lo produce un laboratorio argentino, esto es tan importante para el desarrollo de un país porque demuestra que no dependemos de otros, que podemos hacerlo nosotros, esto es soberanía, y eso es lo que todos deben entender”.
El kit de diagnóstico rápido fue desarrollado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Conicet, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y por científicos y científicas del Instituto de Ciencia y Tecnología Dr. César Milstein (Conicet - Fundación Pablo Cassará).
Se realizó con fondos del Gobierno nacional y estuvo a cargo de un equipo de investigación del ICT Milstein- Conicet, liderado por Adrián Vojnov e integrado por Carolina Carrillo, Luciana Larocca y Fabiana Stolowicz, y Santiago Werbajh, de la Fundación Cassará.
Por su parte, el Anlis-Malbrán contribuyó con la provisión de las muestras de ARN purificado de pacientes positivos y negativos para el test de validación.
"Estoy muy contento por muchos motivos: primero esto nos permite enfrentar el control de la pandemia de otro modo. No es el mejor modo ver cuántos de nosotros estamos inmunizados, que es lo que hacemos hoy con el test rápido, sino que nos permite conocer rápidamente quién está infectado y quién no, y tratarlo a partir de allí. También nos permite conocer quién está infectado y no tiene síntomas, que es uno de los problemas de los que siempre hablamos", acotó el Presidente.
El Neokit Covid-19 permite testear muestras de ARN y no requiere equipamiento complejo (como los termocicladores en tiempo real).
Alberto Fernández también realizó una reunión con el Jefe y vicejefe de Gobierno de la ciudad para presentarles la novedad.
El método que se usa en la actualidad para hacer el diagnóstico y el monitoreo es la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real, que conlleva una duración de siete horas, y el resultado es informado al día siguiente.
El nuevo test, que constituye un logro del Estado nacional en el marco de la pandemia de coronavirus, también tiene la ventaja de que puede mantenerse a temperaturas de entre 4 y 8 grados, sin la necesidad de un freezer.
Al encabezar la presentación, Fernández expresó: "Pensar que tenemos en una semana 10.000 tests para los barrios (más vulnerables) es de un valor enorme". "Nadie me sabe decir si sí o si no (hay tests así en el mundo), pero lo que sí es que todos los tests que nos ofrecían eran serológicos", señaló el mandatario nacional.
También participaron del encuentro la titular del Conicet, Analía Franchi, y los científicos Adrián Vojnov y Carolina Carrillo.
“Es una innovación sustantiva para mejorar lo que venimos haciendo todos los días porque este test es de muy fácil lectura, simplifica todo, hace ganar tiempo y es más económico”, explicó luego González García, que brindó detalles del logro junto a su par de Ciencia.
Este desarrollo “resolvería bastante la capacidad operativa” de las acciones que se están llevando a cabo para mitigar el impacto de la pandemia porque permitirá tener mayor velocidad para hacer los testeos diagnósticos, ya que es más simple y puede ser descentralizado de una manera más fácil", detalló.
González García, aseguró que el nuevo kit "es mucho más simple y pueden hacerlo más personas", porque no requiere de una capacitación.
"Permite hacerlo más rápido, más barato, con capacidad propia y una capacidad resolutiva más importante para lo que es control" de la pandemia, sostuvo el funcionario, mientras que aclaró que aún no se ha determinado dónde se va empezar a utilizarlos, aunque señaló que "la mayor demanda está en provincia y ciudad de Buenos Aires".
"Permite hacerlo más rápido, más barato, con capacidad propia y una capacidad resolutiva más importante para lo que es control" de la pandemia, sostuvo el funcionario, mientras que aclaró que aún no se ha determinado dónde se va empezar a utilizarlos, aunque señaló que "la mayor demanda está en provincia y ciudad de Buenos Aires".
En tanto, el ministro Salvarezza, destacó que "estamos todos muy contentos porque es otra demostración de la capacidad de nuestros científicos en responder a las necesidades y urgencias de los argentinos. Hace menos de dos meses decidimos enfrentar con ciencia y la tecnología la llegada de la pandemia a nuestro país. Hoy ya tenemos desarrollos que no solo permiten diseñar nuevas estrategias para el control de la enfermedad y sino también que proveen de mayor soberanía tecnológica a la Argentina".
Salvarezza puntualizó, además, que a diferencia de los llamados "test rápidos", el Neokit-Covid-19 no identifica los anticuerpos de personas que ya tuvieron el coronavirus, sino que detecta directamente al virus, igual que los test PCR realizados por el Instituto Malbrán y otros que se sumaron luegode los problemas de los que siempre hablamos", acotó.
16 de mayo de 2020
El Gobierno tiene armas para pasar a la ofensiva
El dólar en la batalla por la deuda
El Gobierno contesta a las presiones por la reestructuración de la deuda con medidas de control sobre el sector financiero y el comercio exterior. La situación extraordinaria de la cuarentena y el derrumbe estrepitoso de las ventas le abren oportunidades al Gobierno para actuar con otra lógica.
Por David Cufré
Imagen: NA
La respuesta del Gobierno ante la escalada del dólar de esta semana fue una sucesión de medidas para poner límites al sector financiero y al comercio exterior. El Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y la AFIP reforzaron las defensas del Estado en un escenario desafiante, porque se viven instancias cruciales de la negociación de la deuda y por los enormes desequilibrios que provoca la paralización de la economía a causa del coronavirus. La acción del Estado debe lidiar con ambos asuntos mayúsculos al mismo tiempo, con los acreedores metiendo presión en el mercado cambiario y el Banco Central obligado a emitir para paliar la crisis.
Grandes fondos de inversión que llegaron masivamente con el macrismo y son actores principales en la negociación de la deuda operaron en el segmento de contado con liquidación para empujar hacia arriba la cotización de los dólares financieros. Vienen agitando la suba para forzar al Gobierno a firmar aunque sea un mal acuerdo antes de arriesgarse a un escenario de desestabilización cambiaria, con su consecuente estampida inflacionaria, en medio de la pandemia. La jugada encuentra acompañamiento mediático, con el dólar blue a 138 pesos como estandarte, frente a los 96 pesos de un mes atrás.
Alberto Fernández y Martín Guzmán repiten que están dispuestos a escuchar contrapropuestas, pero en los términos de sustentabilidad de pago que estableció la oferta oficial. Es una estrategia que empezó a gestarse el 26 de agosto del año pasado, cuando el entonces candidato a presidente del Frente de Todos le dijo al delegado del FMI, Alejandro Werner, que la Argentina no pagaría la deuda a cualquier costo, y que para poder hacer esos pasivos sustentables, el país primero debía recuperar la capacidad de crecer. Esa definición fue la que ganó en las urnas por el voto popular y es la que reúne al día de hoy las mayores adhesiones en la opinión pública.
En términos políticos, los acreedores vienen perdiendo por amplio margen contra el Gobierno. Existe un acuerdo inédito entre oficialismo y oposición en respaldo a la oferta de reestructuración del Poder Ejecutivo. También se ha producido la virtual confesión del FMI del fracaso de las políticas de endeudamiento que acompañó durante la gestión de Mauricio Macri. Figuras centrales del pensamiento económico mundial avalan la oferta argentina. La crisis global por la pandemia refuerza los planteos de primero cuidar la salud de la población y después ver qué se hace con las deudas, como indicó el papa Francisco.
Esa acumulación política intenta ser minimizada por los acreedores con los movimientos del dólar. Sin embargo, al Gobierno le da margen para avanzar con más fuerza sobre los actores económicos y financieros que especulan o tratan de sacar un beneficio de la situación. Es lo que se vio esta semana con las medidas que adoptaron el BCRA, la CNV y la AFIP, con regulaciones para aumentar la tasa de interés de los plazos fijos en pesos, reducir la cartera en dólares de los Fondos Comunes de Inversión, acelerar la liquidación de divisas y combatir maniobras de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones.
El Estado tiene para desplegar controles y normas sobre el mercado financiero y cambiario todavía más potentes. No es cierto que esté indefenso para enfrentar una eventual situación de default, en caso de no llegar a un entendimiento con los acreedores. Frente a la emergencia, se ha visto reiteradas veces, se genera espacio para avanzar con medidas que en otras circunstancias no parecen posibles. Le ocurrió al propio Macri, que terminó declarando el default sobre una porción de la deuda en pesos –lo que el entonces ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, llamó el “reperfilamiento”- y poniendo un cepo de 200 dólares para el atesoramiento de divisas.
A diferencia de ese momento, las presiones cambiarias hoy no se producen de manera directa sobre el dólar oficial, que el Gobierno sostiene sin mayores inconvenientes, lo cual resulta clave en materia de precios. Es claro que la brecha con el contado con liquidación, el MEP y el blue genera comportamientos defensivos y especulativos de empresarios e inversores, como la retención de las cosechas o los aumentos de precios “preventivos”, por la expectativa de devaluación. Frente a ello el Gobierno deberá encontrar las soluciones en el instrumental heterodoxo, como el que empezó a desplegar para frenar la inflación.
El aumento del Indice de Precios al Consumidor de abril del 1,5 por ciento mostró en parte el resultado de la política de precios máximos y el congelamiento de tarifas y combustibles, resistida en otros momentos por sectores del poder económico y que ahora resultan indispensables. La situación extraordinaria de la cuarentena y el derrumbe estrepitoso de las ventas le abren oportunidades al Gobierno para actuar con otra lógica.
Un nuevo sondeo nacional de la consultora Analogías lo refleja en distintos planos. El 86,4 por ciento se manifestó de acuerdo o muy de acuerdo con que el Estado intervenga directamente en los supermercados para garantizar los precios máximos. El 85,2 por ciento dijo el Gobierno debe actuar con más fuerza para enfrentar la crisis económica por la pandemia. El 75 por ciento apoya un aporte extraordinario de las diez mil personas más ricas de la Argentina. Incluso el 63,7 por ciento opinó a favor de estatizar las distribuidoras de luz y gas para garantizar el acceso a esos servicios, aunque no sea un tema que hoy forme parte del debate público.
Los escenarios social y político también son elementos centrales en la negociación con los acreedores. Asumir el apuro de un acuerdo de reestructuración de la deuda a cualquier precio solo juega a favor de los bonistas.
16 de mayo de 2020
Economía recibió tres contrapropuestas a última hora del viernes
Martín Guzmán: "El acuerdo tiene que poner al país de pie"
El ministro participó de una videoconferencia junto al ex secretario del Tesoro estadounidense Robert Rubin, la ex jefa del FMI Anne Kruguer y representantes de BlackRock, el principal acreedor de Argentina.
Por Cristian Carrillo
"En diciembre el FMI ya reconocía el sobreendeudamiento, la insolvencia y la crisis económica", dijo Guzmán.
Imagen: Bernardino Avila
Imagen: Bernardino Avila
"El acuerdo es para poner al país de pie", fue la frase que más veces reiteró el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante una videoconferencia en la que participaba el ex secretario del Tesoro estadounidense Robert Rubin, la ex jefa del FMI Anne Kruguer y representantes de BlackRock, el principal acreedor de Argentina. La posición del ministro ante sus interlocutores fue de apertura a nuevas "ideas" para mejorar la propuesta argentina pero sin moverse del criterio de sustentabilidad que tiene como meta el canje de deuda. "En los últimos días seguimos conversando en un diálogo positivo con los acreedores y seguimos trabajando con ellos. Necesitamos tener un proceso colaborativo de las dos partes”, enfatizó en la entrevista que organizó el Council on Foreign Relations. A última hora de este jueves llegaron a la mesa de Guzmán tres contraofertas por parte de los acreedores, según pudo reconstruir Página|12 de fuentes vinculadas con la negociación.
"La exposición de Guzmán en esta conferencia es demostración de la enorma voluntad de diálogo y de seguridad y razonabilidad del planteo argentino", resaltaron desde el entorno del ministro. Es que el encuentro de Zoom fue moderado por Rubin, enfrentado explícitamente con la mirada de Joseph Stifglitz, un mentor del ministro de Guzmán en su mirada política de la deuda, el rol del Estado y la responsabilidad del Fondo Monetario en las crisis de países emergentes.
A diez días de cerrar el plazo de prórroga para la negociación de la deuda, Guzmán hizo una mini presentación de la propuesta para dejar ser entrevistado por Rubin y luego por algunos medios acreditados, entre ellos Página/12.
"Sólo recibimos una contraoferta (de Blackrock), que no está alineada con los principios de sustentabilidad. La deuda no sería estable y la economía no sería capaz de estabilizar. Hasta ahora no había recibido ningún mail en mi teléfono. Pero sabemos que los acreedores estuvieron trabajando duro para presentar una alternativa. Estamos abiertos para escuchar", aseguró el ministro. Más tarde el gigante Blackrock hacía una videoconferencia para hacer circular un posible punto de acuerdo en torno a una oferta con una quita de entre 50 por ciento, aunque el gobierno pretende un 65 por ciento. Por la noche arribaron tres contraofertas.
El ministro hizo una breve exposición inicial sobre las políticas que se implementaron en los últimos años, fracasaron y terminaron en la actual crisis de endeudamiento. En su argumentación recordó que cuando el mercado internacional cerró el financiamiento para la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri acudió a un acuerdo con el Fondo Monetario. "En diciembre el Fondo ya reconocía el sobreendeudamiento, la insolvencia y la crisis económica", agregó.
El secretario del Tesoro le transmitió uno de los argumentos de los fondos de inversión sobre la propuesta, la cual calificaron desde el inició como "poco realista". “Claro que queremos crecer más, pero les ofrecimos a los bonistas un cupón atado al PBI que no les pareció atractivo”, aseguró el ministro, tal como anticipó este diario respecto del ofrecimiento rechazado por los tenedores. “No queremos repetir los errores del pasado. El pronóstico que presentamos era el más realista”, agregó. Recordó que la Argentina viene de una historia de crisis de balanza comercial por el aumento de la importaciones que crece a un ritmo mayor a las exportaciones.
"Somos flexibles para cambiar los parametros de la oferta mientras sean consistentes con una reestructuración sustentable de la dueda. Estamos abiertos a la propuesta que pongan los acreedores en la mesa mientras mantenga estas condiciones, agregó el titular del Palacio de Hacienda. "Es importante no ofrecer ilusiones, como escenarios muy optimistas. Argentina ofrece un tasa promedio de 3 por ciento cuando el mundo ofrece cero. La oferta tiene tasas de interés creciente que llegan hasta 5 por ciento. Un 7 por ciento de interés no puede ser pagado. Presentar una posibilidad de pago menos realista no le sirve a nadie, ni a la Argentina ni a los bonistas ni a nadie", remarcó.
“Estamos fuertemente comprometidos a cambiar la historia de Argentina y a tener una relación duradera con los acreedores. Estamos trabajando con el FMI, revisamos las premisas del plan stand by anterior y hubo dos asunciones de aquel plan que empeoraron la recesión, la política fiscal contractiva y la política monetaria contractiva. La combinación de esta última llevó a subir las tasas de interés arriba del 80 por ciento anual y debilitó el funcionamiento productivo de la economía. Estamos con el FMI revisando esas premisas y en el nuevo programa que ayuda a la economía argentina", contestó respecto del Fondo.
16 de mayo de 2020
Preocupación en el Conurbano Coronavirus en las villas porteñas:Alerta amarilla
La ola de contagios en las villas le dio un carácter clasista a la pandemia.
El Gbierno de CABA, que no supo prevenirlo, está ahora obligado a una acción decidida para contenerlo. No se trata de una cama por enfermo sino de todo un dispositivo de ayuda familiar.
Por Luis Bruschtein
Imagen: Sandra Cartasso
El salto que dió la epidemia en las villas de la CABA rompió la etapa de contagio lento y asumió un carácter clasista. La desigualdad y la pobreza se convirtieron como en todas las crisis en el factor más vulnerable. Si hay crisis económica, los que más sufren son los que tienen menos recursos; si la crisis es social, de seguridad o de drogas, es en los pobres donde más impacta, y si es sanitaria, como la del coronavirus, las villas amenazan convertirse en focos de la epidemia.
Si de algo sirve la experiencia que el país ha recabado en estos tiempos de pandemia, es que la prevención es el mejor remedio. Adelantarse a la expansión del contagio y evitar que se extienda ha demostrado ser la mejor forma de combatir a la epidemia.
Las quejas de los referentes sociales de las principales villas de la CABA coinciden en que la reacción sanitaria del gobierno de la ciudad fue lenta ante la aparición de los primeros casos, a los que se suman deficiencias fatales, como han sido los cortes del suministro de agua en las dos villas que más han sufrido por la epidemia, la Carlos Mujica, en Retiro y la del Bajo Flores.
Los intendentes del Conurbano no ocultan la preocupación ante el brote en las villas de CABA que se puede extender hacia sus distritos. La mala alimentación, el hacinamiento y las dificultades para la práctica intensiva de higiene constituyen una puerta de entrada para el virus, sobre todo cuando falta el agua.
En todo el país el país hay alrededor de cuatro mil villas miseria; en el conurbano son unas 1600, y en CABA, 55. Sin embargo este último distrito se convirtió esta semana en un llamado de alerta por la proliferación de infectados. En las villas de la CABA se suma el agravante de que soportan mayor densidad de población, los pasillos son más angostos y tienen más construcción en altura. En las villas del resto del país, la construcción tiende a expandirse de manera horizontal y más espaciada.
Hasta aquí las diferencias geográficas. Lo real es que en las dos villas donde se produjo la mayoría de los contagios venían denunciando problemas en la provisión de agua potable desde varias semanas antes de que comenzara la epidemia.
Debería haber sido una prioridad en la estrategia del gobierno de CABA frente a la enfermedad, pero en cambio despreció los reclamos de los vecinos. Ya en plena epidemia, desconoció su responsabilidad y la derivó a la empresa AYSA. Hasta que la Justicia falló ante un amparo presentado por los movimientos sociales y responsabilizó al gobierno de CABA. Recién ahora han comenzado a resolver el problema en la Carlos Mujica, pero se agudizó en el Bajo Flores.
Prácticamente todos los distritos del Conurbano tienen villas. El brote en la CABA, así como el anuncio del jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de que flexibilizaría las condiciones de la cuarentena disparó las alarmas rojas por el flujo permanente de personas entre la Capital y las localidades suburbanas.
El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, expresó esa preocupación que también inquieta a sus colegas. “Apenas tuvimos un caso en una villa de Avellaneda, lo internamos, aislamos a la familia y además hicimos un relevamiento de los contactos para aislar cualquier foco de infección. Hasta ahora está controlado, pero siempre está el temor a un desborde en las villas”.
Muchas veces los mismos habitantes del barrio, cuando se les pregunta para saber la forma en que habría irradiado la infección, afirman que no salieron de sus casas para no incomodar a sus vecinos, los que, si hay infección, también deberían ser aislados. Y en esos casos, el virus se expande. El miedo humano a convertirse en un vecino molesto puede mutar así en riesgo mortal, por lo que se ha llegado, incluso, a pedir a los curas de las villas que realicen estas indagaciones.
Los especialistas advirtieron desde el principio que la población más vulnerable estaba entre las personas mayores de 65 años, en especial en los geriátricos. Pero también en la población de las cárceles, las villas y los trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate a la epidemia. El gobierno de CABA fue cuestionado desde el principio en por lo menos dos de estos focos.
Los trabajadores de la salud también tuvieron que presentar amparos ante la Justicia para que se los proveyera del equipo de protección sanitaria indispensable, desde los barbijos hasta los delantales especiales. En esa misma época, los movimientos sociales habían presentado el amparo por la provisión de agua. Hubo un atraso decisivo en esos frentes.
La estrategia para desactivar a las cárceles como potenciales focos de infección fue transformada por la corporación de medios y algunos jueces en una campaña de terror. La jueza de ejecución penal número 1 de Quilmes, Julia Márquez, informó falsamente que habían sido liberados 176 violadores. Esta jueza forma parte de la organización macrista Usina de Justicia y por esta mentira ya tiene un pedido de juicio político. El resultado de esa campaña infame fue paralizar las medidas que se habían empezado a ejecutar para descongestionar el hacinamiento en las cárceles.
Estas complicaciones, algunas de las cuales obedecen a fallas de responsabilidad social, otras a prejuicios y otras a actitudes políticas que no tienen sensibilidad social, entorpecieron una estrategia nacional que, pese a todo, pudo lograr resultados positivos hasta ahora.
En este contexto de sobresalto por la aceleración del ritmo de infección a pesar de la cuarentena, el gobierno de CABA, que había anunciado primero que aplicaría medidas más rigurosas de distanciamiento social, finalmente reafirmó que, como las guardias hospitalarias no están desbordadas, mantendrá la flexibilización.
Son numerosos los vecinos del conurbano que trabajan en los comercios que han sido autorizados a reiniciar su actividad en la CABA. Esta apertura relativa de la cuarentena aumentó el tránsito entre ambos distritos y preocupa a los intendentes porque se produce cuando se acelera el proceso de infección en la ciudad.
Los infectólogos aclararon que este incremento de infecciones no está relacionado con la apertura que comenzó durante la semana. El período de incubación demora alrededor de dos semanas y es temprano para medir el impacto que tendrá en ese proceso.
Ante la proliferación del virus en las villas, el gobierno de CABA lanzó un programa de testeos rápidos. Los positivos han sido más de lo que se esperaba, con lo cual la población que deberá ser internada o aislada empieza a ser considerable. Son familias enteras con sus vecinos.
Algunos tienen a su cargo personas enfermas o discapacitados que requieren asistencia, o hijos pequeños que deben ser contenidos. No se trata sólo de una cama por enfermo, sino de un dispositivo muy amplio de contención que fracasará si no está sustentado en una conciencia que valore sin distinción social la dignidad y la vida de las personas.
Los vecinos llegan a los centros de aislamiento sin mantas ni alimentos y preocupados por los seres queridos que han dejado atrás. El dispositivo de contención, además de voluminoso tiene que contemplar todas esas problemáticas, lo cual implica también costos más altos que los de un hotelito y un bolsón de comida. Sin sensibilidad social ni solidaridad, las estrategias sanitarias serán ineficaces.
16 de mayo de 2020
Lo decidió el Consejo Federal de Educación en el marco de la pandemia
Coronavirus: Las calificaciones numéricas en las escuelas se suspenden hasta nuevo aviso
El ministro Trotta encabezó la asamblea del Consejo donde participaron todos los ministros de Educación del país, gremios docentes y rectores universitarios. Se decidió también realizar una encuesta nacional para evaluar la respuesta del sistema educativo en la pandemia de coronavirus.
Por Constanza Bonsignore
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, condujo la asamblea virtual del Consejo Federal de Educación.
Imagen: NA
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Las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordaron que mientras dure el aislamiento social, las escuelas no pondrán calificaciones numéricas en las evaluaciones. La evaluación durante este periodo será de “carácter formativo” y tendrá como propósito “retroalimentar el proceso de aprendizaje”. La norma fue decidida en el marco de una asamblea virtual del Consejo Federal de Educación (CFE) que encabezó el ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta junto con los ministros de educación provinciales y otras autoridades del gabinete educativo. También participaron del debate diputados de la comisión de Educación, representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), y los representantes de los sindicatos docentes Suteba, Ctera, Sadop, Uda, Amet y Cea. Asimismo, en la reunión virtual también se resolvió aprobar una encuesta a nivel nacional a directivos, docentes y familias para evaluar la respuesta del sistema educativo argentino en el marco de la continuidad pedagógica.
“Nuestro principal objetivo como Ministerio es garantizar el derecho a la educación. En este contexto, se profundizan las desigualdades ya que la realidad de cada hogar es muy distinta en cada rincón del país. Por este motivo, todos los actores que conformamos el sistema educativo, estamos de acuerdo que ”, planteó el ministro Trotta.
La resolución final aprobada por todos los ministros provinciales establece un dispositivo de evaluación que se centrará en el acompañamiento y seguimiento de las trayectorias escolares generando registros de devolución a familias y estudiantes del proceso que está teniendo lugar. Es decir, el propósito de este tipo de evaluación es más bien poner énfasis en la valoración del proceso evaluativo con sentido formativo no dando lugar al uso de escalas de calificación numérica ni conceptual.
Si bien los representantes de los sindicatos docentes no tienen potestad para votar resoluciones en el marco del Consejo Federal de Educación, sí tienen la posibilidad de dar su voz y hacer recomendaciones al Ministerio de Educación, tal como lo marca la Ley Nacional de Educación.
En ese sentido, la titular del gremio docente Ctera, Sonia Alesso, señaló durante la asamblea virtual que se “deben garantizar reuniones por niveles y modalidades para establecer las particularidades curriculares en cada caso y asegurar también marcos federales, especialmente en los años y ciclos de pasaje en los distintos niveles”.
Asimismo, enfatizó la importancia de que se “garanticen las condiciones de trabajo tanto en el periodo de continuidad pedagógica a través del teletrabajo como en la vuelta a la escuela como espacio físico de trabajo y la inmediata cobertura de cargos y designación de suplentes, como así también la situación de los docentes reemplazantes en todo el país".
El gremio de los docentes privados, Sadop, también presentó diversas recomendaciones ante los Ministerios de Educación nacional y provinciales reunidos manera virtual en el CFE.
Sadop propuso establecer un horario a la jornada laboral, el cual no puede ser superior al que se tenía antes de la pandemia. “Trabajar desde casa no significa estar disponible las 24 horas. Hay que marcar las tareas respetando turnos, días y horarios”, sostuvo Jorge Kalinger, secretario General del Sindicato ante la Plenaria del CFE.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el cuerpo que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país, también participó de la asamblea. Su vicepresidente y rector de la Universidad Nacional de Jujuy, Rodolfo Tecchi, señaló a Página/12 que la normativa de la evaluación “formativa” si bien rige para todas las escuelas del territorio nacional, las escuelas preuniversitarias configuran un caso especial ya que están sujetas a la autonomía universitaria. “Cada universidad va a tomar como referencia la resolución del Consejo Federal de Educación en torno a la evaluación. Pero hay algunas cuestiones que no se podrán flexibilizar ya que las escuelas preuniversitarias tienen otro tipo de exigencias”.
Otro de los temas que se votaron en la reunión del Consejo fue la aprobación de una Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica que se pondrá en marcha a partir del 26 de mayo y sus resultados serán dados a conocer en julio. Ésta incluye una encuesta a directivos, docentes y hogares y tiene como objetivo relevar el estado de situación y analizar los procesos de continuidad pedagógica como aspectos clave para evaluar en qué grado se está garantizando el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes.
En ese sentido, Trotta explicó: “Tenemos la responsabilidad como Estado de brindar insumos y evidencias para la toma de decisiones con información fehaciente. Por lo que establecimos consensos en torno a la necesidad de avanzar en una encuesta nacional que llevará el nombre de Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica que nos permitirá medir los procesos que estamos llevando adelante”.
La muestra de 5 mil escuelas será representativa de las 52 mil escuelas de la educación obligatoria del país -tanto estatales y privadas como rurales y urbanas- y la encuesta será respondida de forma anónima por 5 mil directivos y 25 mil docentes a través de preguntas cerradas y abiertas, y entrevistas en profundidad. Los hogares serán consultados a través de encuestas telefónicas. Esta línea será desarrollada en colaboración con Unicef para las posibilidades de interacción y de desarrollo de actividades educativas en los hogares.
Por último, durante la asamblea también se convino comenzar a confeccionar los protocolos para el regreso a las aulas cuando el Comité de expertos en salud lo disponga, teniendo en cuenta la readecuación de la infraestructura escolar y considerando la experiencia que están empezando a transitar los países europeos.
“Sostenemos la importancia de garantizar el derecho a la educación como responsabilidad concurrente entre el Estado Nacional y los Estados jurisdiccionales”, expresó Trotta y agregó: “La planificación del retorno a clases presenciales, la reorganización de las actividades educativas y el establecimiento de protocolos de seguridad sanitaria son temas centrales que ocupan a nuestro Ministerio”.
Fuente:Pagina12
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