Resumen Latinomericano 12 de mayo de 2020
En el Hospital Piñero autoridades persiguen a trabajdorxs por denunciar falta de insumos-
Para solidarizarte firma al final del documento
Desde el 18 de abril trabajadorxs del Hospital Piñero y Área Programática nos organizamos para exigir, frente a la declaración de la crisis sanitaria, el cuidado de nuestra salud y la de nuestros pacientes. Nos organizamos de forma virtual y presencial, participamos por ejemplo de la jornada del 28/4 convocada por ATE y otras organizaciones ante la falta de insumos en los hospitales. Lo hacemos porque estando en la primera línea contra la pandemia, vemos en la tarea que realizamos todos los días la falta de equipos de protección personal (EPP) y de criterios unificados de intervención; hemos tenido compañerxs contagiadxs o con sospecha de contagio por COVID-19 en varios sectores (terapia intermedia, guardia traumatología, CESAC 44 y 14) y en no todos se procedió al aislamiento y testeo correspondiente, exponiendo de este modo a más trabajadorxs, y todo por el mismo salario de miseria. Estos son los motivos que explican la alta tasa de contagios entre trabajadorxs de la salud: la negligencia de las autoridades hospitalarias y gubernamentales correspondientes
Es esta misma realidad la que denunciamos públicamente en un comunicado de la asamblea desde el día 20/4, y que hicimos llegar formalmente al director del Hospital Piñero el pasado jueves 30/4 con el conjunto de las adhesiones conseguidas. Es esa misma realidad la que Wladimir Tintaya, enfermero de la guardia, hizo pública en el diario La Nación, en una nota el día 23/4 titulada «Coronavirus: «Si nos contagiamos, ¿quién cuidará a los pacientes?», y por la cual es perseguido por la Dirección del Hospital, al igual que la enfermera Laura Costa, de la unidad nº3 de clìnica mèdica por sus supuestos dichos en esa nota. A raíz de esto, el Dr. Rivero, junto al subgerente de Enfermería, Marcelo Alanís, y el responsable del departamento de Enfermería, Manuel Barreiro, les notificó formalmente que quería pruebas de lo declarado, cuando deberían ser más bien las autoridades del Hospital y el Gobierno de la Ciudad y todos los responsables de garantizar la salud de los trabajadores y la población, quienes den muestras de que se está en condiciones para atender en esta pandemia y garanticen los recursos necesarios en cantidad y calidad para ello.
En este sentido, entendemos que el ataque a lxs compañerxs es un ataque a todxs lxs que nos organizamos por nuestros derechos y los de lxs pacientes, ya que no pasa sólo en el Htal. Piñero, sino también en el Htal. Penna, el Htal. Pirovano y tantos otros. Es por esto que rechazamos el proceder de la Dirección del Hospital y exigimos urgentemente que se retiren las acciones realizadas contra lxs compañerxs, ya que va en contra del derecho a la libertad de expresión y de organización.
Si tocan a unx, nos levantamos todxs! Llamamos a la más amplia solidaridad de lxs trabajadorxs de la salud y en general, y a las organizaciones de DDHH, sociales, sindicales y políticas para que den su apoyo y se pronuncien al respecto!
Suma tu firma acá https://forms.gle/X8My998Re6wbMQbW7 ó manda tu adhesión a este mail: asambleatrabajadorxspinero@gmail.com
Observatorio gremial. Senegaleses frente a la pandemia. Una comunidad que se organiza
Resumen Latinoamericano*/ 12 de mayo 2020 .–
PANDEMIA Y MIGRACIONES
Por Gisele Kleidermacher (Conicet/IIGG-UBA) y Nélida Murguía (Conicet/UBA)
Durante estas semanas estuvimos comunicándonos con distintos miembros y referentes de la comunidad senegalesa para conocer cómo están atravesando esta particular situación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lo hicimos a través de conversaciones telefónicas y mediante el trabajo directo con organizaciones en las que participan, o bien, con las que se relacionan.
La población de origen senegalés en Argentina se estima en 4000 personas, la mayoría de las cuales son hombres jóvenes que suelen insertarse laboralmente en la venta ambulante. Esta actividad los coloca en una situación de vulnerabilidad frente a las fuerzas de seguridad, sobre todo con la gestión de Rodríguez Larreta, que se ha caracterizado por su política contra este medio de subsistencia y por generar numerosos casos de violencia policial. En ello, además, se combina el racismo, cuando advertimos que la mayoría de las víctimas extranjeras de violencia institucional son senegaleses.1
Cuando el 20 de marzo se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en Argentina, a aquellas personas que trabajan en la economía informal les resultó imposible seguir generando ingresos. Como muchos, este grupo migrante se vio obligado a utilizar sus ahorros ante la prohibición de salir a la calle -su lugar de trabajo- y al mismo hecho de la falta de transeúntes a quienes vender. De todos modos, ha habido un total acatamiento a la medida de permanecer en sus hogares.
Su preocupación principal para ese momento era la imposibilidad de enviar remesas a sus familias ampliadas que permanecen en Senegal: “Para mí lo más importante es mi familia. Mi principal problema es que si yo no trabajo, no les puedo mandar plata, y si nosotros no enviamos plata, ellos no tienen nada para comprar”, dice Papa Diaw, un trabajador de Flores.2 Una de las razones más recurrentes de la migración senegalesa es el envío de remesas a su país; con frecuencia se trata de un proyecto familiar donde este ingreso representa gran parte del presupuesto. Algunas familias son poligámicas y otras no, pero en todos los casos suelen convivir varios hermanos con sus respectivas parejas e hijos, así como los padres y otros familiares como tíos o primos.
Con el transcurrir de las semanas, los ahorros se fueron agotando: “Antes de esta situación, tenía muchas cosas para comer, pero ahora ya casi no me queda nada. Mi mayor problema es Bamba, mi hijo de 2 años; es muy chiquito, no puede saber si hay o no hay, él no sabe nada de eso. Él, cuando necesita, lo reclama”, menciona Penda, una migrante que estudió administración de empresas y que en CABA suele vender jugos.
Si bien el Estado puso en marcha el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) para asistir a las personas con menores ingresos o que trabajan informalmente, escasos migrantes lo han obtenido y casi ninguno de Senegal. ¿A qué se debe esta situación?
Para ello debemos retrotraernos a las condiciones de desigualdad previas a la pandemia en las que se encuentra este grupo migrante, especialmente en materia documentaria. En pocas palabras, podemos mencionar que la Argentina no tiene representación diplomática en Senegal ni viceversa desde 2002 y, por tanto, aquellos potenciales migrantes deben dirigirse a la embajada más cercana en Nigeria, un camino lejano y riesgoso que pocos pueden o desean realizar. De este modo, impedidos para obtener el visado que Argentina les exige, viajan a Brasil, o bien, a Ecuador, donde hasta hace unos años no se solicitaban visados. Desde allí se trasladan vía terrestre hasta la Argentina e ingresan de forma irregular.
Una vez en el país, la propia legislación migratoria les clausura la posibilidad de regularizarse, ya que los criterios que ofrece la Ley N°25.871 como el de “radicación por trabajo”, no incluye la posibilidad de ser trabajadores por cuenta propia, actividad que realizan, y tampoco les es condonada su entrada irregular al territorio. Algunos pudieron acceder a un programa de regularización especial para este colectivo que se puso en marcha entre enero y julio de 2013, para el cual debían inscribirse en el monotributo y pagarlo todos los meses. Sin embargo, tampoco todos los que cuentan con esta documentación y que lógicamente tienen más de dos años de permanencia en el país han podido acceder al IFE, debido a problemas derivados de inconsistencias en los datos, como cambios de dirección, de teléfono o de correo electrónico.
Afortunadamente, se trata de una comunidad acostumbrada a sobrellevar situaciones difíciles y que se caracteriza por la solidaridad entre sus miembros. Ante este panorama, han activado todo tipo de ayudas, gracias a su capacidad para construir redes y relaciones en las sociedades en las que se insertan, dentro de las posibilidades y limitaciones que el idioma, el acceso a Internet y otras circunstancias determinan.
Con esto, queremos recalcar el papel activo que ha tenido la comunidad desde el principio de la pandemia; en primer lugar, a través de sus redes internas, la mayoría de ellas articuladas en torno a las cofradías religiosas sufíes que los aglutinan. La más importante es la Federación Argentina de Dahiras Mourides (FADM),3 que cuenta con representantes y células en todo el país, a partir de las cuales, aquellos que estaban en una mejor posición han podido ayudar a aquellos que no contaban con ningún recurso, y también se han organizado para obtener ayuda de diferentes áreas del gobierno, ONG y, sobre todo, organizaciones populares.
De la misma forma, se ha organizado el Act de los senegaleses en Argentina, una agrupación que aún no cuenta con personería jurídica, pero que está en camino para obtenerla y funciona desde hace tiempo. El Act es la asociación que está trabajando articuladamente para luchar por las causas de los senegaleses y más aún en la crisis por la pandemia. El rol de las tecnologías es fundamental; de esta manera la mayoría de los senegaleses del país se encuentra en el grupo de WhatsApp de Act y desde allí la comunidad coordina los apoyos. Alpha, uno de los referentes, menciona: “Hoy estamos juntos con los jefes de los grupos de dahiras, estamos trabajando juntos para ayudarnos entre los senegaleses. Justamente ahora nos encontramos trabajando para salir de estos problemas que estamos viviendo todos en el mundo”.
Por otro lado, diversas organizaciones de migrantes o trabajadores de la economía popular han continuado aún con más énfasis el trabajo junto a ellos, y han incluido a la comunidad en los apoyos generados para sus integrantes y poblaciones afines. Esto ha sido posible gracias a las relaciones previas que los senegaleses en Argentina fueron tejiendo con las agrupaciones a partir de su condición migratoria o laboral.
Es el caso del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), que en agosto de 2018 empezó a coordinarse con senegaleses de Flores para impartir clases de español como una herramienta de defensa ante la represión y la violencia institucional. En este espacio se generó un vínculo desde la identidad migrante y el trabajo se extendió a otras áreas, como el acompañamiento en los procesos ante las detenciones, acoso policial y secuestro de mercadería. A partir de la cuarentena y de la creación del IFE, el BTM puso en marcha un dispositivo para ayudar a los migrantes a tramitarlo, así como para recibir y distribuir donaciones tanto de personas particulares, como de otras organizaciones. Hasta ahora han podido llevar ayuda a más de 100 familias, lo que engloba a casi 500 personas, de las cuales casi 40 % son de origen senegalés.
Otro tanto ha ocurrido con la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP, antes CTEP), a través del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), con el cual varios senegaleses vienen relacionándose y trabajando desde 2015 en la sede central de Constitución, a partir de un episodio de violencia policial. Dentro de ese espacio realizan asambleas y dahiras, se da acompañamiento en trámites migratorios, de detenciones y secuestro de mercadería, y además, se realizan cursos de español, oficializados por la Universidad de Buenos Aires. Este año, un grupo de senegaleses creó la Asociación de Estudiantes de la ENOCEP4. En conjunto con la UTEP y ante la situación desencadenada por la pandemia, referentes de la comunidad senegalesa se encargan de repartir mercadería cada vez que llegan donaciones.
Algo similar ocurre con la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA), con la que senegaleses de Once comenzaron a relacionarse en 2018, en un escenario bastante parecido al de Constitución. Nuevamente: la represión y la violencia institucional de parte del gobierno de la Ciudad llevó a un acercamiento con la organización, el cual derivó en acompañamiento legal, clases de español y de derechos humanos para la comunidad de la zona. De igual forma, ante la crisis actual, los estudiantes se coordinaron con la organización para gestionar y repartir recursos.
Queremos resaltar en este punto que los senegaleses organizados se articulan para gestionar los apoyos entre la comunidad también desde sus propias organizaciones, especialmente el Act de los senegaleses de Argentina y la FADM. Incluso han decidido abrir una cuenta bancaria para poder centralizar las ayudas y canalizarlas de acuerdo con las necesidades de la comunidad.
Como mencionamos, se trata de relaciones que fueron tejidas con anterioridad al desarrollo de la pandemia, a través de su inserción en la sociedad argentina y migrante del país, y de sus procesos de organización interna. Por otro lado, estas redes también han llegado hasta dependencias estatales, como es el caso de la Secretaría de Derechos Humanos, donde el afrodescendiente Carlos Álvarez ha articulado ayuda para la comunidad mediante el otorgamiento de bolsones de alimentos.
Diversas ONG internacionales como ACNUR y OIM también se han hecho presentes, colaborando con la adquisición de alimentos en el Mercado Central, donde consiguen mejores precios para las compras comunitarias que realiza la comunidad senegalesa con las donaciones.
El panorama de solidaridad y organización que aquí describimos tiene su correlato negativo: no existe una política de Estado concreta para que migrantes como los senegaleses puedan obtener la residencia y subsistir durante la cuarentena. Ellos también son habitantes de este país, contribuyen en él y están cumpliendo con el Decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
La pandemia ha perjudicado a toda la sociedad, pero sin duda lo ha hecho mucho más con aquellos sectores afectados por la desigualdad social; trabajadores excluidos y comunidades migrantes son los que más padecen, aquellos que desde antes de la crisis, se encontraban luchando por conseguir derechos que otros ya tienen, como un documento, o la posibilidad de trabajar para ganar unos ingresos mínimos que permitan su supervivencia y la de los suyos.
Lo mismo está ocurriendo con otros sectores y también en otras latitudes: la pandemia profundiza las desigualdades, y frente a ello los estados se muestran ausentes o vacilantes. Pese a que las donaciones y recursos resultan siempre insuficientes y se terminan pronto, la organización y la solidaridad de distintos sectores populares crece en el país. Aún así, pronto tendrán que surgir otras alternativas para que los miles de migrantes y trabajadores excluidos, entre ellos los senegaleses, puedan enfrentar el tiempo que se avecina.
1 Véase el Informe Estadístico del Ministerio Público de la Defensa de CABA, correspondiente al período Marzo-Diciembre de 2018 https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/informe_vi_2018_ok_1.pdf y el Informe de Presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, correspondiente al año 2019 https://es.scribd.com/document/441051011/Informe-Presidencia-de-Comision-contra-la-Violencia-Institucional-Legislatura-CABA-2019#from_embed
2 Los testimonios de Papa Diaw y Penda Gueye fueron extraídos de “La pandemia desde el pie: crónica de la migración senegalesa en Flores”, en Marcha: https://www.marcha.org.ar/la-pandemia-desde-el-pie-cronica-de-la-migracion-senegalesa-en-flores/
3 Las dahiras son reuniones semanales de los migrantes senegaleses de las cofradías islámicas sufíes.
4 La Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular, de la UTEP.
Fotos: Anita Pouchard Serra
*Fuente: Revista Bordez /Universidad Nacional de José C. Paz -UNPAZ-
Dos terrenos “de regalo” para el Movistar Arena de Villa Crespo
Coronavirus: la inmobiliaria de la Ciudad, sin cuarentena
Dos lotes fiscales lindantes con el megaestadio de La Nación serán rezonificados por la Legislatura porteña para permitir que en ellos se construyan dos torres de 45 metros de altura.
Por Nicolás Romero
El megaestadio, emplazado entre Humdoldt, Corrientes y las vías del Ferrrocarril San Martín en Villa Crespo, sigue avanzando y destruyendo el barrio.
A pesar de que la pandemia de coronavirus profundizó la crisis económica e incrementó todo tipo de demandas sociales, el oficialismo porteño pone sus fichas, como lo ha hecho en sus doce años de gestión de la Ciudad, en los negocios inmobiliarios. En este caso, la Legislatura se apresta a aprobar la rezonificación de dos terrenos fiscales, que fueron traspasados el año pasado por la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, para construir dos torres de 45 metros de altura en el barrio de Villa Crespo, que permitirán ampliar el polo comercial del megaestadio Movistar Arena, propiedad de La Nación. El proyecto que propone crear la Urbanización Especial Entorno Estación Villa Crespo , el cual se votaría la semana próxima, avanza pese al rechazo de vecinos, organizaciones sociales, comuneros, sectores de la oposición, y a que aún falta el resultado del informe de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, a quien el presidente Alberto Fernández ordenó revisar las cesiones de tierras que hizo Mauricio Macri a la Ciudad durante su gestión presidencial.
La semana pasada, a través de una reunión virtual, las comisiones de Planeamiento Urbano y la de Presupuesto le dieron despacho al proyecto de Ley N° 2.795-J-19, que autoriza a construir dos torres de 45 metros en los terrenos públicos ubicados en avenida Corrientes N° 6094/6102 (3930 m2). De acuerdo a la normativa, se permitirán edificaciones destinadas al uso comercial, residencial, de alojamiento y cultural, en estos inmuebles que fueron parte de los predios ferroviarios que Nación transfirió a Ciudad, que, así como los recibió, los sacó a subasta a través de la Ley N° 6179.
Para hacer un poco de historia, esta ley, que autorizaba la venta de de 13 inmuebles con una superficie de aproximadamente 23 hectáreas, fue aprobada el 4 de julio pasado. Menos de cinco meses después, el 21 de noviembre, la Legislatura aprobó en primera lectura la ley N° 2795 para darle una nueva normativa urbanística al predio, determinando su capacidad constructiva. Y en marzo de este año, diez días antes de que se declarara la cuarentena, se realizó la audiencia pública, obligatoria por ley pero formal en los hechos, ya que no es vinculante y los reclamos vecinales y de las organizaciones que se presentan caen en saco roto.
Ahora, cuando la ley se encamina a su sanción definitiva, las críticas se multiplican. Por una parte, hacen centro en las prioridades que fija el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en medio de la pandemia; por otra, apuntan a un negocio llave en mano, ya que sospechan que quienes se quedarán con los predios son los mismos que explotan el Estadio Arena. “El 6 de diciembre la Dirección General de Concesiones y Permisos le dio un Permiso de Uso Precario, oneroso, por un año a la firma Buenos Aires Arena para el predio de Corrientes 6094. Comenzaron a limpiar el terreno e hicieron una especie de entrada para facilitar el ingreso al megaestadio. Es decir, parecen estar preparando todo para la construcción. Lo previsible entonces es que sea vendido al Arena”, explicó a PáginaI12 el abogado y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo.
“En su momento presentamos un amparo pidiendo la inconstitucionalidad de la ley que autorizó esta venta de tierras porque violó la Constitución al omitir la participación ciudadana y no convocar a audiencia pública. Si se activa la venta, pediremos a la justicia que avance con la inconstitucionalidad. Es decir, no cuestionamos que se pueda construir sino la venta de tierras, que el Estado se desprenda de bienes públicos”, señaló el letrado, quien advirtió también que hay presentada una denuncia penal anterior por la transferencia de las tierras que hizo Macri de Nación a Ciudad porque “tendrían que haber pasado por el Congreso nacional”.
Baldiviezo señaló que, “a raíz de estas irregularidades, Fernández sacó el decreto que ordena investigar todas las transferencias de Nación a la Ciudad. Y no deja de ser llamativo que, si bien está vencido el plazo de 60 días y la AABE no emitió el dictamen, el gobierno porteño avance con estos proyectos inmobiliarios, entre los que está también Costa Salguero”. “Esto muestra la prioridad del gobierno porteño que, a pesar de la crisis acentuada por la pandemia, ponga el foco y convoque a la Legislatura para los negocios inmobiliarios, cuando hay resoluciones judiciales para que se abastezca de agua potable a las villas, faltan protocolos de actuación contra la covid-19 en los barrios populares, hay déficit habitacional...”.
En una línea similar, el legislador porteño del Frente de Todos Juan Manuel Valdés dijo a este diario que “no deja de soprendernos que avancen en esta política de venta de tierras cuando ha sido objetada por el Gobierno nacional y se espera el informe definitivo sobre los traspasos de tierras”. Y señaló que “en un contexto de derrumbe de los precios inmobiliarios, el Estado va a entregar un recurso escaso como la tierra, cuando hay déficit habitacional y faltan espacios verdes, y malvender las tierras. En este marco el único que puede hacer un negocio es el comprador. El gobierno (porteño) tendría que registrar que la etapa de vender tierras del Estado terminó con Macri”.
Los vecinos se oponen a las torres
“Fueron descuartizando el barrio para avanzar por partes, porque el bajo viaducto, el Movistar Arena y el Entorno Estación Villa Crespo son parte de un mismo plan que los enhebra”, dijo a este diario Oscar Zuazo, coordinador de la Comisión de Ambiente del Consejo Consultivo de la Comuna 15,. “El rechazo de los vecinos y las organizaciones ante este proyecto quedó plasmado en la audiencia pública del 10 de marzo”, agregó, y remarcó que “están gentrificando el barrio y ampliando el entorno comercial del Arena”.
“Aunque hay poco tiempo, queremos que la Junta comunal tome intervención en el tema, ya que es la que representa directamente a los vecinos”, dijo Zuazo, y remarcó que “lo que más lamento es que no se haya dado una mayor pelea. Hay un concepto errado por el que se cree que la Ciudad es una sola entidad jurídica, cuando en realidad las comunas son como las intendencias bonaerenses, el problema es que no se está cumpliendo con la ley de comunas, y se las deja de lado, que es dejar de lado a los vecinos”.
Para Ricardo López, de la Asamblea de Juan B. Justo, que funciona desde 2001 y que corre peligro de desalojo si avanza el proyecto que plantea la construcción de las torres en la zona lindera al viaducto de la Estación Chacarita del FFCC San Martín, “la rezonificación que se quiere aprobar va a contrapelo de lo que reclaman los vecinos de Villa Crespo, que es un barrio residencial, de casas bajas, al que le quieren cambiar la fisonomía sin medir el impacto ambiental y social que puede tener”.
Según explicó Gustavo Perrone, integrante de Vecinos Autoconvocados Contra el estadio Movistar Arena, “estamos en estado de alerta y viendo qué medida de conjunto tomar porque por la transformación del barrio ya nos llaman Villa Arena cuando queremos seguir siendo Villa Crespo”.
13 de mayo de 2020
El Gobierno oficializó la extensión del beneficio que cubre el 50 por ciento del sueldo
Cómo se pagará el salario complementario de mayo
Imagen: NA
El Gobierno oficializó el pago del salario complementario correspondiente a mayo y detalló cuáles serán los elementos y criterios de ponderación de ese beneficio , que alcanza a trabajadores del sector privado afectados por la cuarentena.
La decisión administrativa del Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) recordó que el Decreto N° 332/20 contempló como "remuneración a considerar" para estimar el salario complementario de abril de 2020 al monto abonado en febrero. Ahora, para proceder al cálculo del beneficio de mayo, se tomará como referencia a la remuneración abonada en marzo.
El pago se realizará el cuarto día hábil de junio, como ocurrió este mes con la mayor parte de los sueldos de abril. La ANSeS transferirá a las cuentas de los trabajadores del sector privado, en forma directa, un monto para cubrir el 50% del sueldo de bolsillo: la asignación no podrá ser menor a un salario mínimo (16.875 pesos) ni mayor a dos (33.750 pesos).
Según el Comité, la AFIP ya cuenta con la información correspondiente a las remuneraciones, la cuales constituyen una base de cálculo "que refleja de manera más fehaciente la realidad económica y determina una ponderación más justa del beneficio para los trabajadores".
Respecto de las condiciones de admisibilidad del beneficio, se propuso estimar la variación de la facturación de los empleadores comparando los períodos abril de 2019 con abril de 2020. Para el caso de las empresas que iniciaron sus actividades a partir del 1º de mayo de 2019, la comparación debería hacerse con diciembre de 2019.
Asimismo, se dispuso continuar con la misma postura con respecto a las empresas nacidas durante 2020, las cuales recibieron de manera directa el beneficio del salario complementario.
13 de mayo de 2020
Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio
Se abrieron más de 50 mil causas por romper la cuarentena
Imagen: NA
Desde que el Gobierno nacional decretó el aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus, la Justicia Federal inició más de 50 mil causas por violación a esa medida en todo el país. El 76 por ciento de los casos se concentran en la provincia de Buenos Aires, principalmente en el conurbano y las ciudades del interior más habitadas.
El dato fue tomado de la sumatoria de investigaciones iniciadas en las fiscalías federales de todo el país. Sólo en los tribunales bonaerenses, la cantidad de expedientes abiertos son alrededor de 38 mil, donde Mar del Plata encabeza la lista, con más de 12.900 causas.
El total de causas en el territorio provincial son de la suma de datos aportados por las fiscalías de Azul, Bahía Blanca, Campana, Dolores, Hurlingham, La Plata, Lomas de Zamora, Morón, Necochea, Pehuajó, Quilmes, Tandil, San Isidro, y Tres de Febrero.
El resto son en Capital Federal y el interior del país. Las carátulas refieren a distintos tipos de delito del Código Penal y que la Justicia aplica por violación de la cuarentena, que se inició por decreto del Poder Ejecutivo el 20 marzo pasado.
Las violaciones al código refieren al artículo 202 que prevé penas de 3 a 15 años de prisión para las personas que propaguen una enfermedad contagiosa y peligrosa. También al 203, que penaliza la transgresión cuando la propagación fuera cometida con imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo.
El otro artículo es el 205, que está vinculado a la violación de medidas contra la epidemia y con una pena que va hasta los dos años de prisión.
13 de mayo de 2020
El ministerio de Salud confirmó 285 nuevos casos
Coronavirus en Argentina: Record de contagios en un día
El total de infectados ascendió a 6.563. También se registraron 5 muertes: dos en la provincia de Buenos Aires, y en CABA, Chaco y Córdoba sólo un caso en cada distrito. Las víctimas fatales suman 319.
Imagen: Bernardino Avila
Los casos positivos de Covid-19 registraron, en las últimas 24 horas, un record con 285 contagios. Se trata de la tercera marca más alta de contagios en los últimos 5 días, en los que la cantidad total de casos trepó a 6.563. En tanto, el informe del Ministerio de Salud informó sobre 5 nuevas víctimas mortales durante la última jornada, lo que marca un total de 319 y mantiene la tasa de mortalidad en un rango esperable y bajo respecto de otros países del continente.
De los 285 nuevos casos confirmados, el 94 % se registró en el área metropolitana: 80 en la provincia de Buenos Aires y 188 en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras que Chaco registró 10 nuevos casos, Córdoba 3 y Mendoza, Corrientes, Río Negro y Salta solo un caso cada una.
Del total de esos casos, 2.974 (45,3%) son "contactos estrechos" de casos confirmados, 1.926 (29,3%) son casos de "circulación comunitaria" y 932 (14,2%) son "importados" y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
El reporte vespertino del Ministerio de Salud reportó dos nuevas muertes de personas con Covid-19. Se trató de un hombre, de 87 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una mujer, de 100 años, residente en la provincia de Buenos Aires.
El reporte matutino había confirmado otros tres fallecimientos. Dos hombres, uno de 82 años, residente en la provincia de Córdoba; otro de 55 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y una mujer de 85 años, residente en la provincia de Chaco.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 80 | 2236
Ciudad de Buenos Aires 188 | 2286
Catamarca 0 | 0
Chaco 10 | 486
Chubut 0 | 4
Córdoba 3 | 350
Corrientes 1 | 71
Entre Ríos 0 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 60
Mendoza 1 | 87
Misiones 0 | 26
Neuquén 0 | 111
Río Negro 1 | 290
Salta 1 | 5
San Juan 0 | 3
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santiago del Estero 0 | 16
Tierra del Fuego 0 | 148 (se incluyen 13 casos de Islas Malvinas)
Tucumán 0 | 42
Dos millones de dólares en asesorías tercerizadas por la Ciudad
La Villa 31 sufre por el virus y la falta de agua, pero el gobierno porteño gasta millones en consultorías
La Secretaría de Integración Social y Urbana de la Ciudad pagó más 2 millones de dólares por servicios de "consultoría para la contratación de recursos humanos" para la relocalización de las personas que viven bajo la autopista.
Por Werner Pertot
Diego Fernández está a cargo de la Secretaría de Integración Social y Urbana porteña.
La Villa 31 tiene más de 300 casos confirmados de coronavirus, que se suman a los de dengue. Sus vecinos y vecinas tuvieron que reclamar más de una semana por la falta de agua, mientras el funcionario del gobierno porteño encargado de la villa, Diego Fernández, le echaba la culpa a AYSA. En medio de esos problemas, se conoció un contrato por más de dos millones de dólares de la secretaría que conduce ese funcionario para el "servicio de consultoría para la contratación de recursos humanos para conformación de la Gerencia Operativa de Reasentamiento". Desde el gobierno porteño argumentaron que ese dinero es un préstamo del Banco Mundial y se usó para contratar a los profesionales que trabajan en la relocalización de las personas que viven bajo al autopista. Lo que no pudieron explicar es por qué esos trabajos se tercerizaron a una empresa que viene embolsando decenas de millones en consultorías al Gobierno de la Ciudad, incluyendo una para supervisar obras en el arreglo de las veredas.
La Villa 31 tiene un área específica del gobierno porteño destinada a su integración como barrio. Se trata de la Secretaría de Integración Social y Urbana, que conduce Diego Fernández, y que estuvo en el ojo de la tormenta en estas semanas por la falta de agua en la villa y la explosión de casos de coronavirus. En ese contexto, se conoció el contrato en dólares con una consultora. Las primeras noticias aparecieron en una cuenta de Twitter liberal que suele escrachar funcionarios.
El contrato comenzó el año pasado por 1.141.488 pesos y 1.199.653 dólares y tuvo una extensión este año por otros 857.599 dólares. Según figura en la resolución firmada por Fernández, "el objetivo es contratar servicios profesionales para integrar los distintos equipos que conforman la Gerencia Operativa de Reasentamiento". La consultora forma parte de la “evaluación de Impacto del Programa de Reasentamiento y Mejoramiento de Viviendas del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio Padre Carlos Mugica para el sector Bajo Autopista” y es financiada por un préstamo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
La consultora se llama HYTSA y al frente figura Marcela Inés Pimentel, una licenciada en Oceanografía que dirige esa firma desde hace 35 años. Como vicepresidente aparece el ex presidente del Club Independiente Javier Cantero. En su web, indican que hacen estos trabajos de consultoría para distintos gobiernos, como el de Salta o el de Tucumán. Con el gobierno porteño tiene una larga lista de contratos, que vienen desde la época de Mauricio Macri. Un pequeño resumen: en 2018 hicieron otra consultoría en la Villa 31 por 6 millones de pesos y una tercera en el mismo barrio en conjunto con otra empresa por 28 millones de pesos. En 2017, habían intervenido para evaluar el servicio de agua potable en esa villa, lo que costó otros 13 millones de pesos. Otro dato: la secretaría que conduce Fernández existe desde 2015.
HYTSA tiene, además, un contrato para "el control integral del servicio de higiene urbana" por 27 millones de pesos. El año pasado hizo otra consultoría para la obra del arroyo Medrano por 5 millones de pesos y se dedicó al "servicio de inspección de obras en vías peatonales" por 38 millones de pesos. Esta fue otra de las polémicas por tercerización de empleados que protagonizó el gobierno cuando la actual ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, era la subsecretaria de Vías Peatonales: los supervisores de las obras eran tercerizados a esta empresa.
Sobre el contrato en dólares en la 31, desde el gobierno porteño afirmaron que "corresponde a la contratación de Recursos Humanos para el reasentamiento del Bajo Autopista a las Viviendas Nuevas construidas en el Sector YPF". Sostuvieron que la consultora fue elegida en una licitación internacional a la que invitaron a otras seis empresas, aunque solo dos se presentaron. E indicaron que fueron contratados, por ese monto, 52 profesionales: 32 en ciencias sociales, seis abogados, diez ingenieros, un arquitecto y tres personas a cargo de la administración. Sostuvieron que el salario promedio es de 65 mil pesos, tras restar impuestos y cargas. Sostuvieron que esas personas se ocuparon de hacer un relevamiento de los hogares y de supervisar las tareas de demolición y la logística de las mudanzas. No explicaron por qué el Estado requiere tercerizar esas tareas en una consultora.
El titular de la secretaría, Diego Fernández, tiene una extensa trayectoria en el gobierno porteño. Comenzó hace diez años como jefe de Gabinete de Esteban Bullrich en el Ministerio de Educación. Se sumó a través del G25, la ONG de Bullrich y Guillermo Dietrich. Antes fue CEO de una cadena de helados y fundó una cadena de sushi. Como responsable de la urbanización de la 31, afirmó hace un tiempo: "La parte física del proyecto va a terminarse para el 2019 aproximadamente". Y sostuvo que los servicios esenciales estarían a fines de 2018. Con la llegada de la nueva ministra de Desarrollo Humano, María Migliore, comenzó a haber permanentes roces con Fernández, en especial ahora que los problemas en la 31 se hicieron más que evidentes.
13 de mayo de 2020
En el Ingenio Ledesma nada parece haber cambiado desde entonces
A 43 años de la desaparición de Luis Arédez, el intendente que enfrentó a Blaquier
El radical Luis Arédez no logró que Ledesma respetara una ordenanza para el pago de tributos en 1973. Desde entonces pasó a una lista negra y cuatro años después fue secuestrado. Las cosas no han cambiado para el emporio de los Blaquier. La empresa no abona el impuesto inmobiliario urbano porque su predio figura como ejido rural. Y en abril rebajó un 30 por ciento los salarios de su personal, aun cuando el año pasado sus ganancias aumentaron un 128%.
Por Gustavo Veiga
Ledesma le negaba a Aredez, al frente de la intendencia, la atribución de cobrarle impuestos.
Si se creara una línea de tiempo de la empresa Ledesma se podría comprobar una cosa: en 111 años de existencia hizo sentir su poder en Jujuy con una continuidad asombrosa. Este 13 de mayo se cumplen 43 años de la desaparición del intendente que le quiso cobrar impuestos municipales, el radical Luis Arédez. Desde su pueblo, Libertador General San Martín, no consiguió que respetara una ordenanza para el pago de tributos en 1973 que le costaría la vida cuatro años después.
Hoy sigue todo igual. La compañía de los Blaquier no abona el impuesto inmobiliario urbano porque su predio figura como ejido rural. Otro radical, el gobernador Gerardo Morales, apenas le cobra el 0,75 % de ingresos brutos a la producción primaria gracias a que el gobierno de Mauricio Macri permitió una baja escalonada desde el 3,5 % que rigió hasta fines de 2017. En ese marco el emporio azucarero, papelero, citrícola, ganadero y de energías renovables rebajó un 30 por ciento los salarios de su personal en abril pasado con el visto bueno del sindicato local de Obreros y Empleados de Papel, Cartón y Celulosa de la provincia. En 2019 la sociedad anónima había facturado por más de 20 mil millones de pesos y sus ganancias aumentaron un 128%.
El médico Arédez asumió su cargo al frente de la intendencia el 1° de junio del 73. El municipio le debía 32 millones de pesos a la Caja de Ahorros y distintos proovedores por la instalación de la red cloacal. Esa deuda que el dirigente de la UCR mencionó en su discurso de asunción era la más alta de la tesorería. Necesitaba fondos y por eso le reclamó a Ledesma que pagara impuestos en una nota del 27 de noviembre de 1973.
La compañía le respondió con una carta firmada por su administrador general de aquella época, el ingeniero Alberto Lemos, que entregaría un cheque por 200 mil pesos imputables “a cuenta de las obligaciones fiscales que se determinen conforme al ordenamiento jurídico que se halle vigente”. Además se comprometía a desembolsar 100 mil pesos mensuales desde el 1° de enero de 1974 hasta agosto de ese año. En total un millón de pesos cuando Libertador General San Martín debía 32 millones solo por sus cloacas.
La empresa le negaba a la intendencia la atribución de cobrarle impuestos o tasas ya que según la nota de Lemos sus pagos “no significaban de modo alguno dar cumplimiento a la notificación practicada por la Dirección de Rentas el 27 de noviembre último ni a la ordenanza impositiva y código tributario de esa Municipalidad”.
Ricardo Arédez, el menor de los hijos de Luis, recuerda que el conflicto entre Ledesma y el médico radical venía de antes: “El ingeniero Arrieta, el padre de Nelly, la esposa de Carlos Pedro Blaquier, le dijo a mi padre que ocasionaba muchos gastos para la empresa porque recetaba medicinas para saber el estado de salud de los niños. Fue así que lo echaron, pero como estaban en plena zafra, el sindicato de obreros hizo una huelga general y Arrieta se vio obligado a reincorporarlo hasta que terminara la cosecha de caña”.
Olga, la viuda del intendente y Madre de Plaza de Mayo que durante años dio vueltas en soledad a la plaza central de Ledesma, “siempre se interesó muchísimo en qué había pasado con el cobro de los impuestos que exigió mi padre. La vida hubiera sido otra en el pueblo si la empresa pagaba lo que correspondía”, agrega Ricardo.
Gastón Remy es economista, docente en la Facultad de Ciencias Económicas de Jujuy y escribe con continuidad artículos sobre Ledesma en Izquierda Diario. Dice que ahora “se está preparando todo para hacer la zafra, se tiene un protocolo y la empresa salió a publicitarlo en el diario El Tribuno y el gobierno se lo va a dar automáticamente. Morales habló antes de que se pronunciara Ledesma diciendo que la actividad del azúcar tenía que empezar”. El 28 de mayo se iniciará la zafra como sucedió siempre a esta altura del año.
En su página corporativa, la compañía sostiene que “hace 111 años trabajamos en Jujuy y cuidamos 100.000 hectáreas de sus bosques. Generamos riqueza y 7.800 empleos en seis provincias argentinas”. Una de sus unidades de negocios, la industria papelera, les redujo el 30 por ciento de sus salarios a los trabajadores con el agregado de que no realizará los aportes patronales. De esa forma además desfinanciará al sistema jubilatorio. El convenio por sueldos a la baja lo firmó el Sindicato de Obreros y Empleados de Papel, Cartón y Celulosa de Jujuy pero todavía no fue homologado por el Ministerio de Trabajo.
Roberto Fernando Balanza es el secretario general del gremio. Trabajó 32 años en Ledesma y dice que el acuerdo abarca a 350 empleados papeleros. Desde Jujuy le informa a Página/12 que “nosotros fuimos y hablamos con la empresa. Acá está todo parado, no se vende nada. Como sindicato de base tenemos la facultad de hacer acuerdos y en este los empleados cobraron el 70 por ciento del salario neto más adicionales. Yo agarré el sindicato hace cuatro años y antes no se conseguía nada, ni una categoría. Las paritarias se hacen acá, no en Buenos Aires entre gallos y media noche”.
El gremialista comentó también: “Desconozco si Ledesma tramitó el subsidio para pagar sueldos, aunque la contadora nuestra me informó que puede hacerlo. Yo no estoy ni a favor ni en contra de lo que haga la empresa con eso”. Esa ventaja debería aplicarse ante hipotéticas dificultades económicas causadas por la pandemia del coronavirus que la SA de la familia Blaquier no tiene si se analizara su último balance.
Ledesma conserva el 40 por ciento de la producción nacional de papel y según su memoria y balance al 31 de mayo de 2019, procesó durante ese ejercicio 3.892.324 toneladas de caña, un 5,5% más que en el período anterior. A pesar del contexto recesivo que profundizó el macrismo con sus políticas socio-económicas, vendió 324.681 toneladas de azúcar que representaron un 11,5 % más con respecto al ejercicio del 2018 (291.259). Al mismo tiempo reconoció que hace un año le debía al sistema previsional 65.418.924 pesos que no eran exigibles a la fecha del cierre de su balance. Los datos constan en las 184 páginas de su última memoria y estados financieros.
13 de mayo de 2020
Están congelados hasta el 30 de septiembre
Alquileres y desalojos: cómo evitar abusos
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación comenzó a recibir consultas por intentos de desalojos y presiones para pagar doble alquiler. Por este motivo, la cartera que conduce María Eugenia Bielsa publicó un comunicado donde responde a las dudas.
Por Florencia Barragan
Imagen: Guadalupe Lombardo
Los desalojos se encuentran suspendidos y los alquileres están congelados hasta el 30 de septiembre. Así fue establecido por el decreto 320 que publicó el Gobierno a fines de marzo.
Sin embargo, en los últimos días el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación comenzó a recibir consultas por intentos de desalojos, presiones para pagar doble alquiler, o la falta de suministro de información para realizar pagos de manera electrónica.
Por este motivo, la cartera que conduce María Eugenia Bielsa publicó un comunicado en el que reitera cada uno de los artículos del DNU.
"Ante las consultas sobre extensión o iniciación de contratos o posibilidades de realizar mudanzas, el Ministerio recuerda lo que establece el decreto 320/2020", dice el texto. Sobre los desalojos, aclara que no pueden efectuarse, y tampoco rescindirse contratos. En cuanto a la bancarización, los inquilinos pueden exigir los datos bancarios a fin de que se les garanticen los medios para pagar el alquiler. "El pago por transferencia o depósito no puede sufrir aumentos ni penalizaciones", reitera.
Los contratos de alquiler que vencieron luego de iniciada la cuarentena quedan prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre. En el caso de quienes no pudieron realizar una mudanza por la cuarentena, el Ministerio explica; "No puede exigirse el pago de contratos de alquiler de unidades alcanzadas por el DNU que debieron comenzar durante el aislamiento pero no pudieron llegar a ser ocupadas dada la imposibilidad de traslado y mudanza". Esto significa que no hay que pagar doble alquiler.
Este jueves reabren las inmobiliarias en la Ciudad. La apertura de la actividad queda sujeta al pedido formal por parte de cada provincia a la Jefatura de Gabinete. "Tanto en los distritos donde la actividad fue autorizada, como en el resto del territorio, las medidas del decreto siguen vigentes y con fuerza de la ley hasta el 30 de septiembre", concluye.
Las empresas de salud, educación y transporte también podrán acceder a los beneficios de la ATP Extienden los beneficios del salario complementario al sector privado
En este mes también continuará la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales. La decisión está basada en el registro de caídas en algunos rubros que llegan a superar al peor momento del 2002.
Por Florencia Barragan
El ministro de Desarrollo Productivo, Martías Kulfas, recibió un informe técnico que refleja el derrumbe de la actividad, lo que motivó la extensión de la ATP.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
El Gobierno extendió para mayo la postergación y reducción del pago de las contribuciones patronales. Además, volverá a pagar el salario complementario del sector privado en los sueldos de mayo. Esto significa que, a principios de junio, el Estado depositará a través de Anses el 50 por ciento de los sueldos netos.
Los beneficios serán para las compañías inscriptas en el programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción (ATP). La medida fue tomada por Jefatura de Gabinete “como consecuencia del nivel de afectación de la economía”, derivado de la extensión de la cuarentena.
La decisión fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Decisión Administrativa 747. Surgió a raíz de las recomendaciones realizadas por el Comité de evaluación y monitoreo del programa ATP, conformado por distintos ministerios. “A 49 días del inicio del aislamiento, los primeros indicadores de actividad productiva muestran un deterioro inédito, con caídas en algunos sectores que llegan a superar al peor momento del 2002, por lo que resulta recomendable que los programas de asistencia estatal continúen en mayo”, dice el informe técnico que presentó el Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo de Matías Kulfas.
Nuevos sectores
Las empresas del sector salud, educación y transporte también podrán acceder a los beneficios del ATP. Se trataba de actividades que habían quedado afuera inicialmente por poder funcionar durante el aislamiento. En el caso de la salud, clínicas, sanatorios y hospitales cumplen dos de los requisitos que pide el programa oficial: actividades afectadas en forma crítica y cantidad relevante de trabajadores contagiados. “Es la actividad de mayor exposición al contagio”, establece el informe que le envió el Ministerio de Salud al Comité. Los servicios de salud son el sector de la economía con mayor tasa de infectados, y representan el 14 por ciento del total de contagiados del país.
La salud privada cuenta con 340 mil asalariados registrados, que representa el 11 por ciento del empleo total en los servicios. “Es el único sector de la economía que conjuga una mayor demanda operativa con mayores costos”, dice el informe. Los costos crecieron 20 por ciento entre febrero y abril. Una de las razones es porque cayó la demanda de consultas médicas o de diagnóstico y subió la demanda por la pandemia. Y, dado los ciclos de facturación, las clínicas están cobrando recién diciembre, enero y febrero, meses de muy baja estacionalidad en servicios de salud.
Con respecto a los sectores educativos, se otorgará el salario complementario a las instituciones que no reciben subsidios de ningún tipo, y se analizará el caso de las que reciben aportes del Estado. Será el Ministerio de Educación el que proporcionará la información. Las instituciones educativas de gestión privadas que no hubieran resultado elegibles para ningún beneficio del ATP se buscará que puedan acceder a una línea de crédito.
En cuanto al transporte, el Ministerio que conduce Mario Meoni solicitó que se incluya en el salario complementario a nuevas actividades del sector, como taxis, remises, transporte escolar, servicios de larga distancia, fletes y transporte de carga.
Informe Técnico
Las medidas informadas en el Boletín Oficial se encuentran acompañadas por informes técnicos elaborados en el Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo. En marzo, con sólo 10 días de cuarentena, la construcción cayó 46,8 por ciento interanual, la variación más alta desde 1993. La industria retrocedió 16,8 por ciento interanual, la peor marca desde 2002.
En cuanto a abril, en donde la cuarentena se prolongó durante todo el mes, la recaudación cayó 24,8 por ciento en términos reales, comparable al promedio observado en el primer semestre de 2002. Las ventas de la industria automotriz cayeron 73,6 por ciento, la peor marca desde enero de 2002. Las exportaciones retrocedieron 88,4 por ciento, la baja más profunda en los últimos 24 años. La venta en comercios cayó 57,6 por ciento, la baja más pronunciada desde 2008.
“Si bien en mayo la actividad está comenzando a normalizarse, la situación económica y productiva general sigue estando profundamente afectada”, concluye el informe. Destaca que la economía ya se encontraba debilitada, después de dos años consecutivos de caída del PBI, hecho que no ocurría desde en bienio 2001-2002. A fines de 2019, previo a la pandemia, el país alcanzaba las cifras de pobreza y desigualdad más altas de la década.
Fuente:Pagina12
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