Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2020
Convocatoria Abolicionista Federal exige a través de una campaña que se incluya a la prostitución como parte del Plan de Acción contra las Violencias que está elaborando el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Dando continuidad a la lucha por la abolición de la prostitución, Convocatoria Abolicionista Federal inició una campaña a través de distintas acciones de comunicación en redescon el #ProstituirEsViolencia y en medios pidiendo se hagan efectivas las políticas públicas de inclusión para mujeres, trans y travestis prostituidas. Hasta ahora, no han sido visibilizadas como parte del accionar del Ministerio nacional medidas concretas que den respuestas a la situación social de quienes son víctimas del sistema prostituyente.
Hemos recordado que nuestro país es jurídicamente abolicionista, exigimos políticas públicas acordes con los compromisos asumidos por el Estado argentino. Por ello, es necesario que se dimensione el impacto que la prostitución tiene mayoritariamente para las mujeres, niñas y adolescentes en lo relacionado con la salud, lo psico-afectivo, su sexualidad; como asimismo en el desarrollo de su propio proyecto de vida.
Pocas veces se visibilizan las consecuencias que vulneran la vida de las personas prostituidas, y en la de sus hijas e hijos. Impactos perjudiciales, que por su violencia reiterada afectan su salud física, psíquica y emocional. Los trastornos psíquicos, físicos y sociales no tienen un tratamiento adecuado a la problemática en el sistema de salud, por ello es necesario que esté presente en la agenda pública.
Las consecuencias psico-físicas en la salud de las mujeres prostituidas.
En general las mujeres han sido incorporadas al circuito prostibulario en edades tempranas de su adolescencia, o bien en su infancia, de allí que en su historia encontraremos antecedentes de haber sufrido agresiones sexuales, que luego se perpetuarán “naturalizadas” por el sistema prostituyente. Son escasas las coberturas periodísticas que dan cuenta de las consecuencias producto de la prostitución.
Los trastornos mentales de tipo disociativo entre la personalidad pública y el carácter “privado” llevan a un plano de descorporalización. Esto, no es otra cosa que un mecanismo de defensa por las violencias que trae experimentar relaciones sexuales no deseadas en repetidas ocasiones. La negación de los propios deseos, el placer, las emociones, los afectos son las reglas impuestas en una transacción comercial de subordinación para las mujeres.
Desaparece el carácter de una relación sexual respetuosa, humanizada para transformar a la persona prostituida en un objeto sexual. Las consecuencias de este proceso sistemático de violencias se denomina estrés post traumático (TEPT).
Estos trastornos en el plano psíquico, también tienen repercusión física. La médica francesa Judith Trinquart señala entre, otras tantas afectaciones: la tolerancia al dolor, la exposición a las adicciones, hipoestesia, problemas sexuales, ginecológicos; entre ellos los que se derivan de las infecciones de transmisión sexual, como así también distinto tipos de cáncer. Enfermedades de tipo infecciosas: bronco pulmonar y de piel.
Por otra parte, también las mujeres prostituidas sufren las consecuencias físicas y psicológicas de las violencias corporales y sexuales producto de los golpes, con objetos contundentes, heridas de arma blanca, la violación por parte de proxenetas y compradores; y la violencia derivada de las amenazas, insultos y comentarios degradantes.
La prostitución es el fenómeno principal en la generación de estos trastornos, por ello es necesario que se la asuma, que se visibilice como un problema dentro de un Plan de Acción del Estado. La reparación de derechos también implica considerar la particularidad que tienen los problemas de la salud psico-física en la atención de los servicios de salud.
convocatoriabolicionista@gmail.com.
Teléfonos: Marta Fontenla, 11 6543-2152, Katherine Trinidad Ivaszkow Marquez 11 2785-4990; Selene Aylen Rodriguez Mallón 11 3250-9789; Elsa Cola Arena 11 44305567
Muy grave: Vecinos denuncian que la policía de la localidad tucumana de Simoca golpeó, secuestró e hizo desaparecer a un poblador
Resumen Latinoamericano, 20 mayo 2020
Fue el viernes por la tarde en un operativo policial desplegado para disuadir una carrera de caballos. Familiares y vecinos denuncian que fue golpeado y subido a una camioneta que pertenece a un efectivo de la zona. 8 policías fueron puestos en disponibilidad
Luis Armando Espinoza, trabajador de Simoca y padre de 6 hijos está desaparecido desde el viernes a la tarde. Las últimas personas que lo vieron denunciaron que estaba siendo golpeado por policías y que lo subieron a una camioneta Cangoo color gris que pertenece a un efectivo que estaba en el operativo realizado en la localidad de Melcho, Simoca. También denunciaron que el viernes no les querían tomar la denuncia, le decían que debía esperar 72hs para recién ser considerado desaparecido. Los familiares y vecinos denunciaron a los policías Gerardo González, Miriam González, Villavicencio “Villa”, Víctor Salinas y al Comisario Montenegro.
“Luis es un chico que no se mete con nadie, no toma, no fuma, no tiene antecedentes, no sale. Atiene a la madre enferma. Viene a visitar a sus sobrinas, por eso estaba en ese lugar el viernes”.
El subcomisario Cristian Valenzuela, ahora a cargo de la comisaría de Monteagudo que intervino en el operativo, reconoció que no había certezas de que Espinoza haya estado en la cuadrera, y dejó entrever una versión que podría ser la de la propia policía: “que el hombre pudo haberse asustado al llegar los efectivos y tomó hacia el monte, donde puede que se haya perdido. Es otra de las hipótesis”. Sin embargo, esto es muy poco creíble para los conocidos de Luis, quienes afirman que son todos muy conocedores de la zona y del monte porque es allí donde viven y trabajan.
Según informó el Jefe de Policía, Manuel Bernachi, el comisario Rubén Montenegro y otros 8 efectivos fueron puestos en disponibilidad luego de que la denuncia llegara a los medios este lunes a través de la periodista Mariana Romero que fue hasta la zona. “Se trata de una situación administrativa que busca evitar cualquier involucramiento indebido en la causa y por eso estos efectivos deben estar alejados de las dependencias policiales mientras tanto. Además, se dio intervención a la Dirección de Asuntos Internos”, declaró Bernachi.
La investigación está a cargo de la Fiscalía I del Centro Judicial de Monteros y la causa está caratulada como «presunta desaparición de persona». La periodista informó en su cuenta de twiter que ante la consulta sobre si podría tratarse de una desaparición forzada, el secretario de Seguridad respondió con un tajante “no”, incluso antes de que exista una versión concluyente sobre lo sucedido.
LUIS ARMANDO ESPINOZA: NUEVO DESAPARECIDO EN DEMOCRACIA POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
En la provincia de Tucumán denunciaron la desaparición forzada de un hombre a manos de ocho policías de la comisaría de Monteagudo. Su nombre es Luis Armando Espinoza y el último en verlo con vida fue su hermano Juan Antonio, cuando los policías les pegaban y los torturaban a ambos.
Fue el viernes 15 de mayo, en un paraje que se llama Melcho, que queda a 95 kilómetros al sur de la capital y al que se entra por un camino de tierra, dónde casi no hay casas ni hay señal de internet.
Lo único que dice el parte policial acerca de lo ocurrido en la zona la tarde de la desaparición de Luis es que hubo una carrera de caballos que fueron a dispersar. A los tiros, por supuesto.
Los hermanos Espinoza no tenían nada que ver con la carrera, simplemente le estaban llevando provisiones a una prima. La policía venía persiguiendo a los de la carrera de caballos pero lo agarraron a Juan Antonio y lo golpearon (tiene heridas en la cabeza, el pecho y los brazos).
En ese momento Juan Antonio, en medio de la golpiza escucha por última vez la voz de su hermano. Luis se acerca a los policías para decirles que dejen de golpear a su hermano, que nada tenía que ver. Pero los policías le siguen pegando y Juan Antonio se desmaya; antes escucha un balazo, una bala que da en el cuerpo de su hermano.
Cuando Juan Antonio se recupera, su hermano ya no está allí. Ya está desaparecido. Los lugareños y los familiares se acercan a asistir a Juan Antonio y él les dice que alcanzó a ver que lo agarraban al hermano. A Luis. Allá, dice, y señala. En el lugar, los lugareños encuentran sangre.
Los lugareños ven una huella clara de arrastre que se interna en el monte. La siguen y van encontrando otras manchas que -ellos aseguran- es sangre. Las ramas recién cortadas, los tallos con gotas frescas de color pardo rojizo le van marcando el camino monte adentro.
La huella sale del monte hacia un camino de tierra y desaparece. Por ahí anduvo una camioneta Kangoo gris, propiedad de uno de los policías. La hermana de Luis llega a ver la camioneta irse a toda velocidad, pero no alcanza a ver quién está adentro.
Los familiares de Luis van a preguntar si está detenido pero les dicen que no. Tampoco está herido en ningún hospital. Nadie sabe nada de él. Se pasan la noche buscándolo. Al día siguiente, lo mismo. Buscan en el monte donde crecieron pero no hay rastros.
El domingo, cansados de buscar, hacen un corte de ruta para reclamar que los policías de la comisaría de Monteagudo digan qué hicieron con Luis. Interviene la Fiscalía I de Monteros y ordena rastrillajes.
La fiscal secuestra las armas reglamentarias de los ocho policías y de la camioneta Kangoo. En un principio no son sumariados, ni detenidos. Recién hoy el Ministerio de Seguridad provincial pasó a disponibilidad a los ocho policías.
El lunes se realizan los rastrillajes. Gladys Herrera, la madre de los hermanos Espinoza, dice: «Mi hijo no está aquí, no vamos a hacer nada con buscarlo aquí. Ya no está. El comisarío tiene que saber de mi hijo. La policía lo llevó en la camioneta y lo tiró para otro lado. Lo han llevado».
La periodista Mariana Romero de Los Primeros Tucuman, quien estuvo ayer durante los rastrillajes, informó todo lo sucedido: «Llegamos dos medios de comunicación. Reconstruimos el recorrido. Al rato, llega la Policía, la policía Lacustre, bomberos, el intendente de Simoca, el comisionado comunal, un legislador y el secretario de Seguridad de la Provincia. Ya hay una multitud en el lugar. La gente de campo no entiende los tiempos de la burocracia, ni mucho menos por qué el sol ya está alto y todavía no volvió la policía a rastrillar».
Una vecina en su amplio y pobrísimo patio pone sillas, prende el fuego para el mate y alberga a la madre, a toda la familia y a los funcionarios. Aparecen sánguches de mortadela y Manaos para soportar la espera hasta que empiece el rastrillaje. La policía busca al más conocedor para subirlo al helicóptero y rastrillar la zona. Se lo llevan a la ruta a esperar la nave. Lacustre sigue con el bote en el techo de la camioneta. Los vecinos le exigen que la bajen y se metan en el agua, porque están seguros de dos cosas: una, que Luis está muerto y la otra, que su cuerpo está en el agua.
Está muerto, dicen, porque no hay posibilidad de que se haya perdido en el monte en el que creció. Y está en el agua porque si no ya lo habrían encontrado. Ellos o los animales carroñeros. Cerca de ahí, a unos 20 kilómetros, está la cola del dique El Frontal, un espejo inmenso de agua capaz de tragarse cualquier prueba si no se actúa a tiempo. Hasta acá, la versión de los lugareños sobre lo ocurrido. ¿Que se sabe de la versión oficial? Poco. El secretario de Seguridad solo dijo que los policías niegan haber visto a Luis y aseguran haber hecho sólo dos disparos al aire. Pero se encontraron muchas más vainas.
¿Por qué se sabe tan poco de esto en los medios? Por dos cosas: es caro cubrirlo y el desaparecido es pobre.
Sin embargo, la presencia de los funcionarios en el lugar da cuenta de que la situación es grave. La causa está caratulada como «presunta desaparición de persona». Consultado el secretario de Seguridad sobre si podría tratarse de una desaparición forzada, responde «no». Luis continúa sin aparecer.
fuente: Cítrica
Coronavirus: quejas de los vecinos de la Villa 31
Resumen Latinoamericano, 20 mayo 2020
Traslados en micros de casos positivos y sospechosos sin posibilidad de aislamiento
Denuncian que los hospitales de la Ciudad no tienen ni el personal ni los elementos necesarios para atender a las familias que sacan de los barrios para evitar la propagación del virus.
“Necesitamos que sean un poco más humanos, que haya más comprensión con lo que pasa”, señaló Fabiola, vecina del Barrio Mugica –ex villa 31– desde la sala del Hospital Fernández donde está viviendo desde hace diez días con toda su familia. “Desde el Comité denunciamos la falta de asistencia en los hospitales, que no cuentan con la cantidad de recursos humanos y materiales necesarios”, señaló Walter Larrea, referente del Comité de Crisis del Barrio Mugica.
Los viajes sin distanciamiento en el “coronabus”, las paradas de hospital en hospital y la incertidumbre, son parte del laberinto que viven los vecinos y vecinas de los barrios populares de la Ciudad. “A la espera, las malas condiciones y la falta de información, se suma la angustia de estar esperando un diagnóstico”, señaló Mercerdes Fossat, responsable de la comisión de salud que conforman un conjunto de organizaciones sociales del barrio Zavaleta y 21-24, donde esta semana empezó el operativo Detectar.
“Cada vez que necesito algo me tengo que poner a gritar frente a mis hijos, hacer un escándalo para conseguir cualquier cosa. Yo trabajé como enfermera y sé cómo hay que actuar. No es culpa de los trabajadores porque están desbordados, pero necesitamos que tengan un poco de sensibilidad”, relató Fabiola. Ella, su marido y sus dos hijes están en una habitación, aislados porque hace diez días dieron positivo en el diagnóstico de coronavirus. “La primera noche me hicieron orinar en un pañal. No me dejaban salir al baño porque no había personal para limpiarlo”, señaló Fabiola y agregó “yo estaba con mi hija que tiene un año y medio y tenía 39 grados de fiebre. Nadie venía a atenderla ni a decirnos qué iba a pasar con nosotras, a dónde íbamos a ir”. A pesar de estar a unos pocos metros de distancia, Fabiola no puede ver a sus padres, que están internados en el piso de arriba. “Mi mamá está deprimida, sin calefacción, con respirador y con horas de espera cada vez que llama a una enfermera”, relató Fabiola, y agregó “ya no sé si quiero volver a mi casa, si mis padres se quedan acá en el hospital”.
Daniel se hizo el hisopado el viernes y el sábado supo que su diagnóstico era positivo. En el barrio vive con su padre y su madre, pero ahora cada uno está aislado en un lugar distinto. “Al micro nos subieron como ganado, todos juntos, sin distanciamiento, y ahí empezamos a preguntar. Primero íbamos al Fernández, después nos dijeron que al final nos tocaba el Muñiz. Creo que fueron tres horas arriba del colectivo”, relató Daniel. Cuando llegó al hospital tuvo que hacer el proceso de nuevo: completar planillas, responder preguntas, indicar los contactos estrechos. “Por cómo vivimos en el barrio prácticamente todos somos contacto estrecho”, señaló Daniel. Esa mañana, después de las preguntas, lo aislaron en uno de consultorios de chapa de la Unidad Febril de Urgencia (UFU) y ahí tuvo que esperar. “Son lugares cerrados, sin ventanas. En un momento me sentía sin aire pero intenté abrir la puerta y me dijeron que no podía. Recién a las once de la noche me adjudicaron el hotel y me trasladé con un taxi”, relató el vecino del Barrio Mugica.
Sin elementos básicos como papel higiénico o agua potable, Graciela cumple su aislamiento en el Hospital Muñiz. “Yo sabía que algún día me iba a tocar pero no sabía que me iba a doler tanto”, señaló. Ella llegó el sábado y tuvo que pedirle a su familia que le trajera ropa, una botella de agua y sus elementos de limpieza. Graciela es promotora de salud en el Barrio Mugica y el sábado se hizo el hisopado cuando su hijo le avisó que le había empezado a doler la garganta y tenía tos. “Por casi 12 horas estuvimos en una habitación chiquita, llena de olor a lavandina, sin nada para comer”, relató la mujer.
En el Hospital Durand hay más de 60 casos positivos internados y casi 30 personas esperando resultados. Wendy llegó con su hijo hace dos semanas, porque a él le había subido fiebre. “Yo vivo en uno de los pasillos donde estaban los primeros contagiados. Avisamos cuando había solo dos casos, pero ya era tarde: nos habíamos contagiado casi todos”, relató Wendy. El primer día los separaron, ella fue a una sala con otras mujeres y su hijo, de 15 años, a la sala de los varones. “Pedí una toalla y me dijeron que no había, que esas cosas las debería haber traído yo. Después me voy a duchar y el agua estaba helada, así que al otro día me engripé”, señaló Wendy y agregó “es horrible que en un hospital te traten así”. Cuando ella y su hijo dejaron de tener síntomas, los llevaron a un hotel, en el barrio de Balvanera, donde cumplieron con el aislamiento.
“Además de la asistencia médica, pedimos que se brinde atención psicológica porque al no haber nadie que explique o de contención en los hospitales y los centros de aislamiento, la angustia está creciendo”, señaló Walter Larrea. “Cuando estuve aislada me ponía mal no saber, nadie sabe nada y sólo llegan mensajes de vecinos y vecinas que tienen problemas, que están contagiados, que están mal”, contó Wendy.
Daniel, desde el centro de aislamiento relata que los voluntarios que atienden “no tienen información, no saben de qué barrio venimos o qué diagnóstico tenemos”. Este miércoles a la mañana lo llamaron para avisarle que era su último día de aislamiento y él tuvo que explicar que no, que sólo habían pasado cuatro días. “Yo todavía tengo el virus, mis padres son personas de riesgo y no los quiero contagiar. Además, puedo contagiar a cualquiera en el transporte público”, relató Daniel y aclaró que “hay una falta de organización que hace que las cosas sean lentas y haya errores que pueden ser graves”. Desde el Comité de Crisis exigieron “que el Gobierno de la Ciudad saque del barrio a toda la gente que pertenece a un grupo de riesgo. Hay personas con obesidad, asma y otros problemas de salud que no pueden estar ahí porque corren peligro”.
Una vecina de la Villa 21-24 relata su calvario para diagnosticarle si tenía Covid-19
Por Martina Noailles, Resumen Latinoamericano 20 de mayo de 2020
“Lo que vivimos ayer fue horrible. Todo lo que dicen, que vas a estar bien, aislados y seguros es mentira”. Mari acaba de regresar a su casa en la villa 21-24. La noche del lunes y todo el martes la pasó junto a su bebé de 10 meses y a su hermana de 14 años en el Hospital Ramos Mejía, a la espera del resultado del test por coronavirus. Ya más aliviada, porque el hisopado les dio negativo, repasa con Sur Capitalino, lo que vivió durante esas 36 horas.
“Después de tenernos en la Casa de la Cultura todo el día, a la noche del lunes nos subieron a todos juntos en un micro y ahí nos tuvieron más de una hora porque no había lugar en los hospitales que nos mandaron (el Argerich y el Muñiz). Finalmente llegamos al Ramos Mejía.
Primero nos pusieron en un container y después nos fueron pasando a la sala del primer piso de pediatría. Los baños estaban todos tapados, los médicos vinieron una sola vez y la temperatura nos la teníamos que tomar nosotros. Nos dejaban la comida en una bolsa, de lejos, y se iban rápido… para dormir me dieron una reposera y una tela azul de esa de los camisolines para que nos tapáramos con mi bebé… lo que vivimos fue horrible”.
Mari tiene miedo. Dos de las familias con las que estuvo en contacto durante más de 24 horas, dieron positivo: viajaron en el mismo micro escolar y pasaron la noche y todo el día siguiente juntos, en la misma sala, compartiendo el mismo baño. “Nos dieron dos trapitos y una botella con lavandina y nos dijeron que cada uno tenía que limpiar cada vez que íbamos al baño.
Cuando le dieron el resultado positivo a esa mamá, que justo estaba frente mío, todas nos pusimos a llorar de miedo…”, cuenta ya de regreso en el barrio, mientras me envía por Whatsapp la foto del barbijo que le dieron en el hospital: “con eso estuvimos 36 horas. Pedimos que nos dieran otro para cambiarlo y nunca nos trajeron nada”.
Mari volvió a su casa anoche y, al igual que las otras 3 familias a las que les dio negativo el test, deberá estar 14 días completamente aislada junto con su bebé y su hermana. Pero Mari vive también con su marido y sus otros tres hijos. En total, en su casa son 7. Ahora el papá se irá a otro sitio con sus dos hijos mayores (de 8 y 6 años) y el más pequeño, de 2 años, vivirá este tiempo con su madrina.
Hasta esta mañana en las villas de la Ciudad que gobierna Horacio Rodríguez Larreta había 1551 casos positivos, lo que representan el 17,5% de los contagios de todo el país en una población que abarca el 0,6% del total de habitantes del país (300 mil de 45 millones). La situación más grave se da en la 31, con más de 1000 casos.
Pero recién este lunes comenzó el operativo DetectAR en la villa 21-24 de Barracas donde vive Mari. Allí los casos son 47, informan hoy oficialmente. El 14 de mayo, el número era 23. Es decir que los casos se duplicaron en sólo 6 días, cuando el promedio en la Ciudad, dicen desde el gobierno porteño, es de 14 días. En el conurbano la tasa de duplicación está en torno a los 18 días, mientras que en el resto del territorio de la provincia ya alcanzó un ritmo de duplicación de 40 días.
Por Sur Capitalino
Niña torturada en Santiago del Estero. ¡El Estado es responsable!
Resumen Latinoamericano, 20 de mayo de 2020
En 1921 la segunda reforma del Código Penal habilitó la posibilidad de interrumpir embarazos que fueran consecuencia de una violación. Actualmente, de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “F.A.L” de 2012, las personas tienen derecho a la interrupción legal del embarazo en 3 casos:
-Si el embarazo representa un peligro para la vida de la mujer y este peligro no puede ser evitado por otros medios;
-Si el embarazo representa un peligro para la salud de la mujer (entendida la salud como el bienestar físico, mental-emocional y social)
-Si el embarazo proviene de una violación.
A nivel internacional, en 1984, la ONU calificó a la obligación a gestar y parir como trato degradante, inhumano y tortura.
Asimismo, el abuso sexual contra la infancia, es considerado como una vulneración grave de los Derechos Humanos. En Argentina, según datos de Ministerio de Salud, el 47% de las niñas víctimas de abuso sexual tienen entre 5 y 12 años. María, la niña a la que negaron sus derechos en el sistema de salud de Santiago del Estero, tiene 12 años.
Estos datos, son apenas algunos de los que permiten ver que una niña de 12 años embarazada no es un caso aislado, ni un problema personal, individual o privado. Con todos estos antecedentes resulta impensable e indignante la inacción y desidia en las reparticiones públicas.
Sin embargo, a María y a su madre les mintieron sobre la edad gestacional de su feto para poder proceder sin problema a la hora de justificar por qué no accionaron cómo correspondía según la ley.
Los/las agentes del Estado tienen la obligación de conocer y hacer cumplir la ley sin dilaciones, pero eso no sucede en el hospital Maternidad e Infancia de Santiago con el Dr. Pedro Carrizo, objetor de que se practique las interrupciones a niñas que sufrieron abusos sexuales.
Exponer, demorar y no informar debidamente sobre los derechos que asisten a las ciudadanas, es una falta grave a sus obligaciones. Y el Ministerio de Salud de la Provincia debería dar respuestas inmediatas y hacerse cargo de este pedido ante este caso tan atroz.
Desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito exigimos que haya consecuencias para quienes han bloqueado el acceso a los derechos de la niña.
Para acceder a la interrupción legal del embarazo es necesaria una consulta con un profesional de la salud, en un ámbito confidencial. A María, se lo negaron. Le mintieron, y la revictimizaron. En el caso de una violación no es necesaria una denuncia policial. María tenía 2 de 3 causales.
En 2015, el Ministerio de Salud de la Nación publicó el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (Protocolo ILE) con el fin de estandarizar prácticas y garantizar el acceso a este derecho, el mismo fue actualizado a fines del 2019 por el actual Ministro de Salud, pero Santiago del Estero aún no adhirió al mismo.
En este contexto, el reclamo por aborto legal, seguro y gratuito es más actual que nunca. Es evidente la necesidad de que este derecho esté al alcance de todas las mujeres argentinas. Someter a una niña pobre a continuar un embarazo producto de una violación, es reproducir esas mismas condiciones y expectativas de vida a las generaciones futuras.
Nuestros reclamos son más fuertes que nunca. Seguiremos levantando la voz por María, por Lucía, por Belén y por todas las mujeres que son obligadas a poner su cuerpo para satisfacer deseos ajenos.
Recordamos y expresamos enfáticamente la exigencia de que la Provincia de Santiago del Estero debe adherir y garantizar el protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, como así también, respetar la Convención sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, en tanto en 2018 reafirmó el pedido a nuestro país: “Argentina debe asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y atención posaborto para niñas adolescentes, garantizando que sus opiniones siempre se escuchen y se tengan debidamente en cuenta como parte del proceso de toma de decisiones”.
No queremos más niñas víctimas de violación, ni obligadas a gestar embarazos no deseados.
#NiñasNoMadres
#AdhesiónAlProcoloILEYa!
#AdhesiónAlProcoloILEYa!
#Educación Sexual para Decidir,
#Anticonceptivos para no abortar,
#Aborto legal para no morir.
#Anticonceptivos para no abortar,
#Aborto legal para no morir.
Fuente: Diariofemenino.com.ar
Envio:RL
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