El gobierno porteño se prepara para una estrategia de mitigación en los barrios populares ante el fracaso del control. Y destacan que todo está “acordado con la Casa Rosada”.
17 de Mayo de 2020
A cinco días de cumplir los dos primeros meses de la cuarentena el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comenzó a diferenciarse de la coordinación que mantiene con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y con el presidente, Alberto Fernández, para afrontar la pandemia. Este sábado comenzó la flexibilización del aislamiento para actividades comerciales no esenciales, mudanzas y para salidas recreativas de niños con un acompañante adulto. La medida, según explicaron a Tiempo en las oficinas del alcalde, fue comunicada con anticipación a sus vecinos del área metropolitana y forma parte de las decisiones que adoptará la Ciudad para anteponerse a "flexibilizaciones de hecho que ya vienen sucediendo por el impacto económico de la cuarentena total".
No es la única determinación que defienden en la sede comunal. También reconocen que ante el incremento de contagios en las villas porteñas el gobierno pasará de las estrategias de "contención", que aplicó hasta ahora, con nulos resultados, a las de "mitigación" porque ya no tienen forma de cortar la cadena de contagios del nuevo coronavirus en los barrios más pobres de la Capital. El giro desnuda los debates más álgidos dentro de la administración de Larreta, en materia sanitaria, económica y política.
Ante la multiplicación de los contagios en los barrios vulnerables, un alto funcionario confirmó la resignación de Larreta y su Gabinete. "En ese tema los nuestros han hecho todo realmente mal y las consecuencias están a la vista", se lamentó la fuente en referencia a la gestión de la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, y al dispositivo que trabaja sobre los barrios pobres de la Ciudad.
Ante la multiplicación de los contagios en los barrios vulnerables, un alto funcionario confirmó la resignación de Larreta y su Gabinete. "En ese tema los nuestros han hecho todo realmente mal y las consecuencias están a la vista", se lamentó la fuente en referencia a la gestión de la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, y al dispositivo que trabaja sobre los barrios pobres de la Ciudad.
La última escala de la contención la realizó el Ministerio de Salud nacional, con el desembarco del plan DETeCTAr, en las villas 31 de Retiro y 21-24 de Barracas, que realiza pesquisas para ver los contactos de contagiados. Serán los últimos y, por ahora, las fuentes consultadas no precisaron de qué modo aplicarán planes de mitigación cuando la provisión de agua potable sigue siendo un problema estructural sin solución inmediata. Los funcionarios que se animaron a hablar con este diario no descartaron que el pico de contagios sea protagonizado por vecinos de los barrios más postergados de la Capital.
"En algún momento esto iba a pasar, pero veremos cuando pase, porque también puede que no pase nada, la capacidad en los hospitales está a menos del 50%, porque los preparativos que coordinamos con el gobierno han dado resultado, pero si se complica mucho, el jueves vuelve todo a foja cero", aseguró un vocero con despacho frente al Parque de los Patricios.
El incremento de contagios en las villas porteñas es una de las mayores fallas para la flexibilización de la cuarentena. "Tenemos la montaña por delante (en referencia al acercamiento del pico de la curva) y hemos decidido atravesarla de este modo y conducir el proceso, en vez de que nos pase por encima. Todo esto se lo avisamos a nuestros vecinos", se justificó un alto funcionario.
Al parecer, los avisos no fueron suficientes para aplacar las diferencias y los temores. Desde este viernes los principales funcionarios del Gabinete bonaerense y una decena de intendentes del Conurbano del Frente de Todos le reclamaron a Larreta que retroceda sobre sus pasos. La ministra de Gobierno, Teresa García, le dijo este sábado al programa Toma y Daca (AM 750) que “con las aperturas que hizo la Ciudad se incrementaron a 500 mil las personas que se trasladan. Es un enorme riesgo porque, si en el Conurbano se abrieran las mismas actividades que en CABA, los municipios no podrían ejercer el control". Un día antes, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, le reclamó al alcalde, en una entrevista con Futurock FM, que "rectifique la decisión que ha tomado porque cuando la Ciudad flexibiliza nos impacta negativamente y los resultados los vamos a ver en diez días".
Es el mismo planteo que repitieron la mayoría de los jefes comunales del sur bonaerense, la tercera sección electoral. En el mapa de riesgos de la Provincia uno de los mayores temores gira en torno a las 1800 villas que tiene el Conurbano. Ante las críticas, un colaborador de Larreta le bajó el tono y confió la interpretación que le dan en su entorno. "Las críticas de los intendentes peronistas es un esfuerzo preventivo de Kicillof para echarle la culpa a Horacio porque vamos camino a cruzar el pico de la curva y quieren buscar a un responsable”, acusó la fuente.
Los escuderos del alcalde porteño aseguran que la decisión está orientada al sector productivo de la Ciudad y no a su electorado. "No somos un país del primer mundo. Estamos experimentando y entendemos que hay que permitir que comience a funcionar el sistema productivo antes de que lo haga igual y con nosotros detrás", insistió otra alta fuente, pero con despacho en la Legislatura.
En la mesa chica del alcalde sostienen que poseen el aval de la Rosada y que los acuerdos han permitido contar con las camas suficientes para responder ante los posibles riesgos. Las decisiones y los argumentos que recolectó este diario confirman las advertencias que hizo esta semana el físico, investigador del Conicet y exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Jorge Aliaga. En diálogo radial con el periodista Eduardo Aliverti consideró que las autoridades porteñas no ejercen una forma "honesta de comunicar, porque da la impresión de que esto va a ser así y será inevitable". En su opinión, durante el incremento de contagios en las villas, la Ciudad debería haber enviado "un ejército de personas a entrevistar a cada contacto con los contagiados porque, cuando pasás de una etapa de contención a la de mitigación, es porque ya no podemos parar los contagios", insistió.
Con las tres contrapropuestas se exhiben las diferencias que existen entre los acreedores
Cada grupo de acreedores tiene un interés divergente del otro por el tipo de bono que mantiene en cartera. Eso puede ayudar a un acuerdo de canje de la deuda por tramos.
Por Randy Stagnaro - @randystagnaro
17 de Mayo de 2020
Las tres contrapropuestas de canje de deuda que enviaron los acreedores fueron leídas con optimismo en el mercado financiero, que destacó el hecho de que fueran presentadas ante las autoridades una semana antes del vencimiento del plazo para lograr un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda pública argentina sometida a jurisdicción extranjera, calculada en unos 66 mil millones de dólares.
“Es un buena señal porque indica que todavía existe un sendero de diálogo entre los acreedores y el gobierno”, inidcó a Tiempo uno de los operadores que prefirió el anonimato porque dijo “desconocer” los términos de lo escrito en las tres proposiciones. De todas formas, advirtió que “igual puede suceder que el gobierno las rechace, pero se enfrentaría a un problema ya que quedaría claro que no quiere negociar”.
La mirada crítica hacia el gobierno de este operador financiero es compartida en el amplio espectro que compone el mundo de las finanzas, tanto local como internacional. Allí se insiste con que el gobierno tiene que mejorar su oferta hacia los acreedores. Se trata de una suerte de hermandad corporativa: mañana podrían ser ellos los que estén en la discusión con un gobierno por un canje de deuda.
En tanto, en el gobierno se vivió la situación con entusiasmo contenido. El viernes por la noche, Economía emitió un comunicado en el que anunció que recibió las tres propuestas y dijo que “El Ministro de Economía junto a su equipo y los asesores financieros de la República están analizando las características de estas propuestas y sus implicancias para el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública”. El texto concluyó con un párrafo neutro: “El gobierno argentino y los acreedores de la República continúan el diálogo constructivo en pos de alcanzar un acuerdo sostenible en el proceso de la reestructuración de la deuda pública externa”.
Sin embargo, el hecho de que sean tres propuestas y no una sola también abre la posibilidad a especulaciones en torno al hecho de que los acreedores no tienen los mismos intereses.
Si bien el Palacio de Hacienda no dio los nombres de los fondos que hicieron las ofertas, se sabe que se han conformado tres comités: el Comité de Acreedores de Argentina, el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos y el Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de Canje de Argentina. Aunque no parezca, detrás de cada sello se agrupan intereses que se concilian en tanto se contraponen con los de los otros dos.
La agencia de noticias Bloomberg especuló sobre estas diferencias y recordó que los tres comités representan a fondos que tienen en su poder títulos elegibles al canje con características diferentes y que, por lo tanto, analizan de diferente manera los incentivos que ofrece la oferta del Ministerio de Economía. Esto significa que su acercamiento al diálogo que propone el ministro Martín Guzmán irá variando.
Un grupo de los fondos que participan de las negociaciones poseen mayoritariamente bonos generados en los canjes de 2005 y 2010. Otro grupo posee bonos cortos emitidos desde 2016 y con vencimiento en el corto plazo, entre uno y tres años. El tercero está conformado por los que mantienen en sus carteras los llamados bonos globales e incluso el bono centenario.
Si este escenario es correcto, se podría cumplir lo que vaticinó el Palacio de Hacienda en abril: que los acuerdos lleguen por tramos.
Mientras tanto, el ministro Guzmán mantuvo su posición negociadora. El viernes pasado llegó a plantear que “los acreedores estuvieron trabajando duro para presentar una alternativa”, al presentarse en un avideoconferencia ante el Council on Foreign Relations.
Conviene recordar que Economía planteó una quita total cercana al 65%; los acreedores han hecho trascender que aceptarían una del 45%. Podría cortarse la diferencia por la mitad. De cualquiera manera, el resultado no dejará de ser una loza sobre la cabeza de la economía nacional.
CLAVES
Economía lanzó la propuesta de canje de deuda el 22 de abril. Incluye una reducción de intereses que significan un ahorro de U$S 37 mil millones, tres años de gracia en el pago de los cupones y una quita adicional del 5% en el capital.
El viernes 22 expira el período de gracia que tiene la Argentina para pagar un vencimiento de US$ 503 millones correspondientes a tres bonos emitidos en abril de 2016.
El 8 de mayo venció el primer plazo tras el no pago de los bonos. Hasta ese momento, el diálogo entre Economía y los acreedores no tuvo consecuencias. En esa ocasión, el presidente Alberto Fernández aseguró que la Argentina se encontraba en “virtual default” desde el gobierno de Mauricio Macri.
Fuente:TiempoArgentino
16.05.2020 / Coronavirus
Cuarentena: la lista de las nuevas actividades exceptuadas en todo el país y en las que queda afuera al AMBA
El Gobierno nacional decidió ampliar el listado de servicios exceptuados del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Algunas actividades funcionarán en todo el país menos en la Ciudad y 40 municipios de la Provincia, mientras que otras regirán para toda la Argentina. Santiago Cafiero ya tiene lista la Decisión Administrativa, pero falta su publicación oficial para que la medida sea efectiva.
ACTIVIDADES QUE VUELVEN A FUNCIONAR EN TODO EL PAÍS
2. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral.
3. Las actividades de las concesionarias de los corredores viales nacionales, incluido el cobro de peaje.
4. Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios.
ACTIVIDADES EXCEPTUADAS EN TODA LA ARGENTINA, MENOS LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y 40 MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA (AMBA)
1. Actividades religiosas individuales en Iglesias, templos y lugares de culto de cercanía, correspondientes a la Iglesia Católica Apostólica Romana y entidades religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos. En ningún caso, tales actividades podrán consistir en la celebración de ceremonias que impliquen reunión de personas.
2. Actividad y servicio de mantenimiento y reparación de material rodante ferroviario, embarcaciones, buques y aeronaves.
3. La fabricación y provisión de insumos y repuestos indispensables para la prestación del servicio de transporte ferroviario, aéreo, fluvial o marítimo y cualquier otro que sea necesario para el mantenimiento de formaciones ferroviarias, embarcaciones, buques y aeronaves.
4. Actividad de entrenamiento de pilotos, desarrollada a través de vuelos privados, en aeroclubes y en escuelas de vuelo, con la finalidad de sostener los estándares de instrucción y de seguridad operacional; con un máximo de DOS (2) personas por aeronave, las cuales deberán usar tapabocas y mantener la debida distancia entre ellas, a fin de minimizar los riesgos de contagio.
El AMBA es la zona urbana que engloba a la Ciudad de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires, que son: Almirante Brown, Avellaneda, Berazatagui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López, y Zárate.
Tiene una extensión -desde Campana hasta La Plata, con límite físico en el Rio de la Plata e imaginario en la Ruta Provincial 6- de 13.285 km2. Según el censo 2010, cuenta con 14.800.000 habitantes, que representan el 37% de los habitantes de la Argentina.
En la misma Declaración, que llevará la firma de Cafiero y se publicará en el Boletín Oficial, se establece que "los desplazamientos de las personas alcanzadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados".
En todos los casos, se insiste, "se deberán observar las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria con el fin de evitar el contagio, incorporando protocolos sanitarios, organización por turnos para la prestación de servicios y adecuación de los modos de trabajo y de traslado a tal efecto".
También se recuerda que "los empleadores deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por el Ministerio de Salud para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.
Fuente:PoliticaArgentina
COVID-19 en CABA: 2 casos en centros de niños y adolescentes
Una enfermera y un joven estaban infectados de Covid-19. Los trabajadores reclaman medidas sanitarias y de prevención, de forma urgente.
POR FEDERICO TÁRTARA
Los trabajadores del CAD -Centro de Admisión de Día- y del Centro Cerrado San Martín, dos instituciones que trabajan con niños y adolescentes, y que dependen del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, reclaman medidas de prevención urgente ante los dos casos confirmados de COVID-19 en esas instituciones.
Hace algunas horas se conoció que una enfermera y un joven estaban infectados, y esta situación encendió la alarma en los trabajadores que reclaman medidas sanitarias y de prevención de forma urgente.
“Necesitamos elementos de prevención como barbijos, máscaras y cualquier tipo de barreras; porque al trabajar con niños y adolescentes no siempre se puede tener la distancia que se sugiere. Hay un protocolo específico, pero no contempla -no es obligatorio- las medidas de prevención referidas a los elementos de protección del personal”, expresó a InfoNews, Romina Piccirillo, delegada general ATE CDNNYA y miembro del Consejo Directivo de ATE Capital.
A través de un comunicado los trabajadores plantearon que lo que sucedió es una “prueba de cómo pisotean las recomendaciones de las autoridades sanitarias”.
“Tampoco hay un espacio de transición donde el personal que ingrese se cambie de ropa, entendiendo que es el personal quien puede llevar el virus a las instituciones porque son los que entran y salen. Tampoco proveen de ropa de trabajo”, señaló Piccirillo.
Las dos instituciones dependen de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. El CAD -Centro de Admisión y Derivación "Inchausti"- está ubicado en Perón 2048, y los jóvenes que ingresan pasan solo un tiempo en el lugar hasta que un juez decida su situación.
En cambio, en el Centro de Régimen Cerrado San Martín, ubicado en Baldomero Fernández Moreno 1783, ya quedan alojados hasta cumplir la sentencia judicial.
“Frente al caso confirmado se hizo un listado de los casos estrechos, y se los mandó al aislamiento, pero no tenemos la confirmación de que haya testeos para todos los trabajadores. Lo que nosotros les planteamos no solo tiene que ver con el cuidado de los trabajadores sino con el cuidado de los pibes alojados, y con una cuestión pública de que no aumentan los casos exponencialmente pudiendolos evitar con estas simples y racionales medidas”, finalizó, en diálogo con InfoNews, la representante de los trabajadores.
Fuente:Infonews
Exclusivo: Jueces, fiscales y la exprocuradora de la Nación relatan en primera persona las presiones y amenazas que sufrieron durante el macrismo
El Destape dialogó con magistrados y fiscales cuyos casos se presentaron ante la CIDH por ataques a la independencia judicial. El rol de los medios. Habla Alejandra Gils Carbó. El fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, revela amenazas. Los casos de jueces laborales y Freiler.
Por Franco Mizrahi
Exclusivo: Jueces, fiscales y la exprocuradora de la Nación relatan en primera persona las presiones y amenazas que sufrieron durante el macrismo
El Destape dialogó con magistrados y fiscales cuyos casos se presentaron ante la CIDH por ataques a la independencia judicial. El rol de los medios. Habla Alejandra Gils Carbó. El fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, revela amenazas. Los casos de jueces laborales y Freiler.
Por Franco Mizrahi
“Los jueces tienen que saber que buscamos la verdad o buscaremos otros jueces que nos representen”, afirmó el entonces presidente Mauricio Macri. Corría junio de 2017. El mensaje era claro: se pretendía una Justicia representativa de sus intereses. Aquellos magistrados y fiscales que no se pronunciaron en sintonía con la voluntad de la Casa Rosada sufrieron las consecuencias.
Hubo distintos métodos de presión por parte del macrismo, tal como se desprende de los distintos testimonios de jueces y fiscales. Había visitas o llamados de operadores hasta denuncias en el Consejo de la Magistratura, en los medios hegemónicos o directamente en sede penal. Esta situación de asfixia contra un sector del Poder Judicial –el “díscolo”, aquel que no cedía a las presiones- derivó en comunicados de repudio de diferentes agrupaciones de magistrados como Justicia Legítima y la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), por citar dos ejemplos. También hubo presentaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Destape se contactó con algunos de los jueces y fiscales cuyos casos se presentaron ante el organismo internacional, quienes relataron las presiones que sufrieron.
"Un plan sistemático"
Alejandra Gils Carbó. Exprocuradora General de la Nación, quien renunció al cargo a fines de 2017 luego de una muy fuerte presión del Gobierno.
Macri implementó un plan sistemático contra jueces y fiscales que tenía un objetivo de captación del sistema judicial por la vía del disciplinamiento en cargos estratégicos, que asumía variadas formas de hostigamiento, presiones, amenazas, denuncias falsas y sobre todo la difamación a través de los medios de comunicación. Los métodos variaban según el perfil del destinatario, pero tenían un alcance generalizado porque eran ostensibles y públicos de manera que muchos magistrados elegían someterse sin más antes que verse expuestos a escarnios y causas penales o juicios políticos.
No sólo afectó a personas sino las instituciones cuando intentó degradar la Corte Suprema de Justicia nombrando ministros por decreto o cuando armó una causa contenciosa para quitar independencia al cargo de Procurador General, reclamando la inconstitucionalidad del procedimiento de juicio político para disponer libremente del cargo.
Su objeción hacia mi persona se centró en que era una fiscal militante, nunca basado en hechos que fueran explicados, sin embargo, cuando Cambiemos pudo nombrar al fiscal general de la Ciudad y de la Provincia, ambos cargos fueron ocupados por funcionarios que se desempeñaban en el poder ejecutivo en ese momento.
Amenazas y visitas oficiales
Gabriel de Vedia, fiscal de la Seguridad Social con funciones en la Justicia del Trabajo. Extitular de la UFISES, de donde fue corrido durante el macrismo.
Entre diciembre del 2015 y diciembre de 2019 vivimos años muy difíciles quienes somos magistrados. Uno de los paradigmas de la persecución la sufrió la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. Sentíamos que se estaba persiguiendo un modo de entender la función de la justicia al servicio de nuestro pueblo. En lo personal, jueces, fiscales y el entorno me veían como un fiscal perseguido. Yo no lo sentía así. Minimizaba absolutamente todo.
Desde diciembre de 2015 sentí algunos enconos en mi alrededor. Mi forma de pensar sé que molestaba a un gran sector del poder económico. En diciembre de 2014, la Procuradora General de la Nación, siendo yo fiscal ante la Seguridad Social, me convocó para coordinar la UFISES, la unidad que investiga delitos de la seguridad social. Desde allí denuncié a un gran sector del poder económico, poderosos empresarios y a muchos funcionarios de ese momento. A partir de ahí sufrí todo tipo de entorpecimientos. Primero en la UFISES, que funcionaba por convenio en un edificio de Anses. Nos cortaban la luz, no nos permitían entrar al servidor de la información. Nos quisieron echar de Anses. Pero lo transformamos en algo positivo porque gracias a la gestión de Gils Carbó conseguimos un lugar para funcionar en el Ministerio Público Fiscal. Fueron momentos muy duros porque no nos permitían trabajar todos los días de forma tranquila. Recibía mensajes en mi celular con aprietes.
Después de una de las denuncias más poderosas sufrimos en casa una amenaza muy fuerte. Ocurrió cerca de la Semana Santa de 2018. Una noche que yo no estaba, tres personas armadas intentaron entrar y golpearon la puerta. Los vecinos escucharon que venían en forma muy violenta, con tiros al aire, al grito de “callen al fiscal, callen al fiscal!”. Obviamente, hice la denuncia pertinente .Yo minimicé todo. No me van amedrentar este tipo de cuestiones. Pero lo vinculé directamente a las denuncias que había hecho.
Cuando la secretaría de la Seguridad Social resolvió vía resolución un reajuste inferior en los haberes jubilatorios a los que correspondían vinieron a la UFISES, Sergio Massa y Margarita Stolbizer y denunciaron el hecho, que tramitamos en el día: hicimos un dictamen y le hicimos ver al Poder Ejecutivo que no estaba actuando de acuerdo al mandato legal. El Presidente se tuvo que retractar. Ese también fue un día de quiebre en la UFISES. Recibí amenazas en el celular de vuelta.
En diciembre de 2017 se sanciona la denominada Reforma de la Seguridad Social y en enero me vinieron a ver del Gobierno para plantearme que no dictamine en contra de la reforma previsional. Me dijeron que el Presidente estaba muy preocupado por el tema de las jubilaciones, que seguía mis denuncias, que había muchas más cosa que nos unían de las que yo pensaba y que querían pedirme que no dictaminara que hay que abrir en feria algún amparo contra la denominada reforma. También me pidieron que no dijera que era inconstitucional. Mis dictámenes son públicos y es sabido que opiné que es inconstitucional. Y los amparos se abrieron.
Durante un tiempo teníamos un auto que paraba siempre en la puerta de casa. Yo lo minimizaba. Los vecinos decían que estaba desde temprano. Nos pasó durante un año. Durante todo ese tiempo, la AFIP nos intimaba a mi esposa y a mí con que había irregularidades. Un día, cuando va mi esposa a hablar con la gente de la un empelado le dijo: “Le voy a decir la verdad, esta carpeta se abrió por orden de arriba porque había una orden de perseguir a varias personas entre los cuales está su marido, el fiscal Gabriel De Vedia”. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Somos muy sencillos. Se terminó cerrando.
La persecución venía del entorno del entonces Presidente de la Nación que es parte del poder económico que era al que le molestaban nuestros fallos.
El ataque a jueces laborales
Luis Raffaghelli, juez de la sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Ex presidente de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (ANJUT), a quien el Gobierno le pidió el juicio político y la destitución en el Consejo de la Magistratura por fallar a favor de trabajadores.
En mi caso personal tuve mensajes por parte del Gobierno por elevación. Me llegaba algún mensaje vía un colega al que le decían: “Mirá a tu vecino, le pegó la pelota en el palo. La próxima lo denunciamos”.
El episodio más grave en la Cámara fue cuando la plana mayor del ministerio de Trabajo nos visitó apenas inició la gestión, a principio de 2016. En esa reunión, en un hecho que nos sorprendió a todos, nos propusieron consensuar los fallos. Eso fue gravísimo. Fue algo muy guarango. La respuesta fue el silencio absoluto y la reunión terminó arrancando para otro lado. De una visita que era protocolar y salió con ese tema se pasó a algo instrumental. Rápidamente terminamos el encuentro.
La Cámara en pleno impulsó una declaración de repudio cuando se dio la primera denuncia del Gobierno contra los colegas Marino y Arias Gibert, en el caso de La Bancaria. Las denuncias las hicimos desde ANJUT hicieron en ese momento. Nos expedimos con declaraciones frente a todos los casos que hubo. No solo de jueces de trabajo. Hicimos mención a los ataques contra el fiscal Federico Delgado, Gabriel de Vedia los jueces Alejo Ramos Padilla y Martina Forns, por citar unos ejemplos.
A mi me denunciaron en el Consejo pero no inmediatamente después de la sentencia. El fallo por los despidos en Afsca fue en 2016. Fue el primer fallo que puso un freno al Gobierno en los despidos de personal del Estado. Durante ese mes fue muy frecuente que vinieran a ver causas y llamaban por teléfono a ver si había causas contra el Ejecutivo. “El Presidente quiere saber y está muy preocupado por estos temas”, nos decían.
Desde el caso nuestro que firmamos con Diana Cañal, nos tuvieron en la mira. La denuncia la hicieron en 2017, un año después, cuando el Gobierno se sentía más fuerte. Hablaban de la reforma laboral. También atacaron a Mirta González Burbridge. Y luego vuelven a denunciar a Arias Gibert y a Rodríguez Brunengo cuando intervienen en el caso de Télam.
Quiero insistir en algo: las denuncias estuvieron hechas en su momento. Las hicimos desde la asociación y se hizo a nivel internacional en la Comisión Interamericana de DD.HH.. Hoy soy testigo. Denunciante fui en su momento.
A mí me denunciaron y pidieron la destitución. Hubo seis jueces laborales denunciados en el Consejo de la Magistratura a lo que se sumó el ataque del Gobierno a Dora Temis.
El efecto de esas denuncias era disciplinar al conjunto de los jueces laborales de todo el país.
Los medios y la Justicia
Eduardo Freiler, integrante de la Cámara Federal porteña, destituido durante el macrismo.
Los ataques comenzaron ni bien comenzó el gobierno de Macri y no solo conmigo sino con muchos jueces, cuando el entonces Presidente dijo que iban a buscar magistrados que los representen.
En mi caso, al comienzo del Gobierno ocurrió un episodio muy sospechoso: entraron a robar a mi casa, dieron vuelta todo y no se llevaron nada de valor. Y me habían dado vuelta papeles y demás.
Junto a mis colegas de la cámara habíamos procesado a Macri, cuando era jefe de gobierno porteño, por la causa de las escuchas. También intervine en la causa Papel Prensa. Allí sostuve que debía considerarse como crimen de lesa humanidad y que no había prescripto por lo que consideré que había que escuchar a Héctor Magneto, directivos de La Nación e integrantes del gobierno de facto en indagatoria. Lo dije en soledad. Mi voto fue minoritario.
Luego yo veía gente rara que sacaba fotos en los alrededores de mi casa. Y recibí el asedio de los medios: Clarín, Canal 13, TN, La Nación. El periodista Jorge Lanata trató de armar un escrache contra mis hijos.
El tema es que los medios inventaban cualquier historia, las mezclaban con cuestiones reales y después un abogado como Monner Sans con miembros del colegio de abogados de la calle Montevideo me denuncia en sede penal y en el Consejo de la Magistratura. Se presentaba preocupado por las instituciones.
En la denuncia penal presente de todo, mis declaraciones juradas e informé todo. La causa ahora se volvió a cerrar. Creo que antes la habían vuelto a abrir porque necesitaban tenerla en trámite para avanzar en el consejo. Al fiscal que reabrió mi caso, Monner Sans le había hecho una denuncia por enriquecimiento ilícito. Paralelamente, el diario La Nación había comenzado a reeditar una vieja causa que tenía ese fiscal con motivo de su divorcio. Luego de esos episodios, de un programa de Lanata y de la aparición de un abogado que no se conoce y se presenta a declarar, el fiscal reabrió el expediente sobre mi patrimonio, de forma ilegal.
Entre otras causas, yo también había dicho que no eran delitos los que había denunciado el fiscal Alberto Nisman. Había apartado al juez Claudio Bonadío de la causa Hotesur. Creo que sabían que mi presencia quizás era un obstáculo para algunos objetivos que luego se llevaron adelante.
A todo esto se suma el escándalo del proceso en mi contra en el Consejo de la Magistratura. El instructor de mi causa fue el diputado del PRO, Pablo Tonelli.
A todo esto se suma el escándalo del proceso en mi contra en el Consejo de la Magistratura. El instructor de mi causa fue el diputado del PRO, Pablo Tonelli.
La foto del entonces presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, con el juez brasileño Sergio Moro y Claudio Bonadío es la foto institucional de lo que fue la Justicia en este tiempo.
"Un castigo ejemplar"
Martina Forns, jueza federal de San Martín presionada por el Gobierno.
Para mi no es nuevo lo que dice Ana María Figueroa. Yo viví en esa época todo lo que ella nos decía. Siempre habló de la persecución. Con las denuncias en contra de determinados jueces creo que el Gobierno buscó mostrar un castigo ejemplar. Lo que quería era disciplinar. A mí, particularmente, todo lo que me pasó fue después del amparo sobre tarifas.
Creo que hubo un mecanismo muy aceitado con diferentes tipos de presiones. Cuando se vieron frente a jueces que decíamos cosas que no les gustaban o se tocaban ciertos intereses importantes empezaba el ataque: “Mire lo que le pasó al que falló de tal manera. Le pusimos una granada”.
En mi caso, la granada la ponen en un container cerca de mi casa a los pocos días del fallo de tarifas. Hice la denuncia. Estuvo radicada en el juzgado de Daniel Rafecas. Cuando me preguntaron por qué creía que la amenaza provenía del Gobierno les contesté que había una ejército de trolls que llamaba a que me escracharan en mi casa. Inmediatamente después de eso apareció la granada.
En otra ocasión, cuando tenía 8 custodios tiraron un proyectil en la habitación de mi hijo. También hice la denuncia. A los dos o tres días me dijo un vecino que había un dron encima de mi casa. Todo fue contemporáneo al caso tarifas.
Además de que echaron a mi marido de la IGJ después de 26 años como abogado del Estado luego de que yo dictara la medida cautelar contra el DNU que derogó la Ley de Medios. Habían puesto a mi marido en una lista listas negras. Cuando lo despidieron llamé a Esteban Conte Grand (entonces jefe de gabinete en el Ministerio de Justicia, del que depende la IGJ). Yo trabajé con su madre en la Corte. No me entraba en la cabeza lo que estaba pasando. No me atendió y luego me devolvió el llamado. Cuando empezamos a hablar me di cuenta que había una tremenda persecusión. En esa conversación me preguntó: “¿Su marido es socialista?”.
Fueron muy efectivos con sus ataques. Muchos jueces tenían miedo. Implementaron un castigo ejemplar para crear un clima de terror.
Por una justicia legítima
Jorge Auat, presidente de Justicia Legítima entre 2017 y 2019. Exfiscal a cargo de la Procuraduría de crímenes contra la humanidad..
A nosotros nos pusieron el rótulo de kirchneristas. Creo que el objetivo del Gobierno era alinear, disciplinar. Al que sale del rebaño: destierro y excomunión. Eso define las razones de por las que fuimos denunciados.
Hubo una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el camarista Alejandro Slokar e integrantes de la comisión directiva de Justicia Legítima que fue desestimada. La presentó el abogado Alejandro Fargosi. Se la trató de "temeraria".
Nosotros hicimos dos presentaciones en la Comisión Interamericana de DD.HH. y también fuimos a la OEA por el tema de Milagro Sala. Veníamos denunciando esto en el momento que las cosas estaban ocurriendo. Durante los últimos cuatro años estuvimos en estado de alerta permanente frente al fuerte embate del Poder Ejecutivo. Lo que estaba en juego era el estado de Derecho.
Cuando acudimos a la CIDH dijimos que se buscaba el disciplinamiento de los jueces. En diversos comunicados alertamos sobre los distintos ataques de Macri a la Justicia.
El fiscal Gabriel de Vedia revela amenazas y visitas del Gobierno macrista para influir en sus decisiones
En diálogo con El Destape, el fiscal de la Seguridad Social corrido de la UFISES durante el gobierno de Mauricio Macri relata que sufrió ataques a su casa, presiones del Ejecutivo y mensajes amenazantes en el teléfono.
Por Franco Mizrahi
“Entre diciembre del 2015 y diciembre de 2019 vivimos años muy difíciles quienes somos magistrados. Uno de los paradigmas de la persecución la sufrió quien era la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó. Sentíamos que se estaba persiguiendo un modo de entender la función de la justicia al servicio de nuestro pueblo. En lo personal, jueces, fiscales y el entorno me veían como un fiscal perseguido. Yo no lo sentía así. Minimizaba absolutamente todo”, explicó De Vedia a este cronista.
Tras una serie de decisiones que tomó en contra de la voluntad de la Casa Rosada, el fiscal de la Seguridad Social sintió “algunos enconos”. “Mi forma de pensar sé que molestaba a un gran sector del poder económico. En diciembre de 2014, la Procuradora General de la Nación, siendo yo fiscal ante la Seguridad Social, me convocó para coordinar la UFISES, la unidad que investiga delitos de la seguridad social. Desde allí denuncié a un gran sector del poder económico, poderosos empresarios y a muchos funcionarios de ese momento”, narró.
“Las más famosas fueron por defender los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabiliad (FGS), donde imputé a diferentes funcionarios que dilapidaron los fondos con fines espurios. Denuncié a funcionarios como Luis María Blaquier (hoy procesado) y Luis Caputo. Molestaban estas denuncias. Estaban involucradas firmas como Arcor, Cablevisión, Deutsche Bank, Axis, Pampa Energía. A partir de ahí sufrí todo tipo de entorpecimientos. Primero en la UFISES, que funcionaba por convenio en un edificio de Anses".
De acuerdo al relato del fiscal, les "cortaban la luz, no nos permitían entrar al servidor de la información. Nos contaba la gente de Anses que había una orden de no contestar a mis pedidos de información. Nos quisieron echar del edificio Anses. Pero transformamos aquello en algo positivo porque gracias a la gestión de Gils Carbó conseguimos un lugar para funcionar en el Ministerio Público Fiscal".
De Vedia recuerda los tiempos macristas y asegura que "fueron momentos muy duros porque no nos permitían trabajar todos los días de forma tranquila. Recibía mensajes en mi celular con aprietes”, añadió.
“Después de una de las denuncias más poderosas que hice, sufrí en casa una amenaza muy fuerte. Ocurrió cerca de la Semana Santa de 2018. Una noche que yo no estaba, tres personas armadas intentaron entrar y golpearon la puerta. Los vecinos escucharon que venían en forma muy violenta, con tiros al aire, al grito de ‘callen al fiscal, callen al fiscal!’. Obviamente, hice la denuncia pertinente. Yo minimicé todo. No me van amedrentar este tipo de cuestiones. Pero lo vinculé directamente a las denuncias que había hecho”, relató a este medio.
En otra ocasión, cuando la secretaría de la Seguridad Social del gobierno de Maci resolvió vía resolución un reajuste inferior en los haberes jubilatorios a los que correspondían, los dirigentes Sergio Massa y Margarita Stolbizer se presentaron en la UFISES: “Denunciaron el hecho, que tramitamos en el día: hicimos un dictamen y le hicimos ver al Poder Ejecutivo que no estaba actuando de acuerdo al mandato legal. El Presidente se tuvo que retractar. Ese también fue un día de quiebre en la UFISES. Recibí amenazas en el celular de vuelta”, indicó.
Luego, en diciembre de 2017, se produjo la sanción de la denominada Reforma de la Seguridad Social. “En enero me vinieron a ver del Gobierno para plantearme que no dictamine en contra de esa reforma previsional. Me dijeron que el Presidente estaba muy preocupado por el tema de las jubilaciones, que seguía mis denuncias, que había muchas más cosa que nos unían de las que yo pensaba y que querían pedirme que no dictaminara que hay que abrir en feria algún amparo contra la denominada reforma. También me pidieron que no dijera que era inconstitucional", reveló De Vedia. La intromisión del Poder Ejecutivo fue brutal. "Mis dictámenes son públicos y es sabido que opiné que es inconstitucional. Y los amparos se abrieron”, enfatizó el fiscal.
A estas situaciones irregulares, De Vedia sumó otro hecho inquietante: “Durante un tiempo teníamos un auto que paraba siempre en la puerta de casa. Yo lo minimizaba. Los vecinos decían que estaba desde temprano. Nos pasó durante un año. Durante todo ese tiempo, la AFIP nos intimaba a mi esposa y a mí con que había irregularidades, cosa que es absurdo porque siempre hicimos la declaración jurada y el único ingreso familiar que tenemos es mi sueldo como fiscal. La única cuenta que tengo es en la que cobro el sueldo. Nos intimaban en la AFIP por irregularidades y cuando va mi esposa iba a hablar con la gente de la agencia siempre le decían que faltaba un papel o algo hasta que un día un empelado, le dijo: ‘Le voy a decir la verdad, esta carpeta se abrió por orden de arriba porque había una orden de perseguir a varias personas entre los cuales está su marido, el fiscal Gabriel De Vedia’. Obviamente nosotros no tenemos nada que ocultar. También somos muy sencillos. Se terminó cerrando”.
Para el fiscal no hay mucho lugar a dudas: “La persecución venía del entorno del entonces Presidente de la Nación que es parte del poder económico que era al que le molestaban nuestros fallos”.
Fuente:ElDestape
Fuente:ElDestape
17/05/2020
REPORTE DIARIO
Para Vizzotti, la búsqueda activa y el aislamiento siguen siendo las mejores opciones
Así lo indicó la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al dar el reporte diario del avance del coronavirus en el país que hoy registra un porcentaje de positividad superior al 9 por ciento. Las cifra de víctimas fatales por coronavirus en el país se elevó a 366 tras confirmarse otras tres muertes, en tanto suman 7.805 los diagnósticos positivos, informó hoy el Ministerio de Salud de la Nación en su reporte matutino sobre la evolución de la Covid-19. Las autoridades precisaron que la tasa de letalidad (muertos por casos confirmados) es de 4,6% y la tasa de mortalidad es de 8 fallecimientos por millón de habitantes.
17/05/2020 CIUDAD DE BUENOS AIRES
Con 113 nuevos casos, ya son 1.201 los diagnósticos de coronavirus en barrios vulnerables
El parte diario de situación sanitaria de la Ciudad, precisó que ayer las altas en esos barrios fueron 13, con un total de personas recuperadas de 141.
Con la confirmación de 113 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas, los diagnósticos de coronavirus ascendieron a 1.201 en los barrios vulnerables porteños, con 9 fallecidos desde el inicio de la pandemia, informó esta mañana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El parte diario de situación sanitaria de la Ciudad, precisó que ayer las altas en esos barrios fueron 13, con un total de personas recuperadas de 141.
En tanto, los positivos Covid totales registrados por las autoridades porteñas son 3706, con 862 altas y un total de 147 fallecidos.
Fuente:Telam
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