La Comisión Bicameral de Inteligencia abrió un sumario para investigar delitos en la Agencia
Una trama de espías, arrepentidos y amenazas en la AFI macrista
El plenario de la Comisión acordó investigar el caso revelado por un narco arrepentido, quien contó que actuó como sicario contratado por la Agencia Federal de Inteligencia en 2018. Dijo que junto a dos espías puso una bomba para amenazar a un entonces funcionario del Ministerio de Defensa, José Luis Vila, que supuestamente competía con Gustavo Arribas por la conducción de la AFI. El rol del periodista Carlos Pagni. La Bicameral también se abrió un expediente sobre la denuncia por espionaje ilegal a oficialistas y opositores durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por Raúl Kollmann
De los 14 miembros de la Comisión, que preside Leopoldo Moreau, estuvieron presentes 11 y tres participaron por videoconferencia, con conexión directa, no por el sistema de reuniones. Eso mejoró la confidencialidad, ya que se consideró que por los temas a tratarse, debía ponerse el acento en la presencia personal de cada diputado y senador. La figura más conocida de la oposición en esa comisión es Cristian Ritondo, una de las espadas fuertes del macrismo en Diputados.
El caso Vila tiene dos arrepentidos. Por supuesto que no el ex funcionario, que es el denunciante y al que le pusieron el explosivo, sino un ex agente de inteligencia y un narco. Este último habría admitido ante un juez que, en combinación con dos integrantes de la AFI, en 2018 pusieron una caja con medio kilo de trotyl frente al edificio de la avenida Callao donde tiempo antes vivió Vila. En la caja había un cartel que decía "José Luis Vila ladrón", armado con trozos de diarios. Todo indica que la operación fue una amenaza ya que hubo una llamada al 911 para advertir que la caja estaba ahí, o sea que no hubo intención de que explotara. Además, Vila ya se había mudado de ese edificio y ese día de julio de 2018 estaba de viaje en Madrid, en una misión oficial como subsecretario de Relaciones Internacionales del Ministerio de Defensa. Medio kilo de trotyl --un explosivo típicamente militar-- es una cantidad importante, con capacidad para destrozar un auto y provocar graves daños. Mucho menos que eso, sólo 200 gramos de trotyl, se usaron para matar 11 personas en el subte de Moscú.
Este diario consignó el hecho el 12 de julio de 2018 y se trazaron varias hipótesis, entre ellas una pelea por alguna compra de material militar o una interna en la AFI, dado que Vila revistó en la SIDE de la mano del radicalismo, su partido de origen. En su momento, el gobierno de Cambiemos sugirió que se trató de un auto-atentado, para ubicarse en la carrera por el sillón de la AFI, pero el narco y el ex agente desmienten esa versión.
La Comisión Bicameral resolvió crear una subcomisión de tres miembros, dos oficialistas y un opositor, que tratarán el caso. En principio le pedirán una ampliación al juez que tiene la causa y citarán a varios testigos. También se invitará a Pagni que, según parece, mantuvo un diálogo con Arribas sobre el hecho y se cruzarán datos con otras causas: el ex agente de la AFI, que declaró ante el magistrado, figuraría también en un expediente armado contra Hugo y Pablo Moyano.
En paralelo, también este miércoles se trató la denuncia de Cristina Caamaño sobre el listado de direcciones de mails que aparecieron en una computadora dentro de la AFI. La Comisión, por pedidos de los miembros de Juntos por el Cambio, decidió formularle preguntas a Caamaño, pidiéndole precisiones sobre fechas del archivo, cómo fue la cadena de custodia y otros detalles.
Una tercera cuestión que se acordó, también por pedido de la oposición, es el envío de un oficio al Ministerio de Seguridad a raíz de una supuesta operación de espionaje ilegal de la Gendarmería sobre mineros de la localidad neuquina de Andacollo. Integrantes del Centro de Reunión de Información de esa fuerza en Neuquén fueron puestos en disponibilidad a raíz de un informe secreto que se hizo sobre los mineros que cortaban la ruta 22.
La impresión es que el caso más avanzado es el que tiene que ver con el explosivo en el edificio de Vila. Sin embargo, todo indica que esta Comisión Bicameral tendrá mucho trabajo porque se anuncia una oleada de denuncias judiciales y legislativas que tienen que ver con operaciones de inteligencia y armado de causas durante el gobierno anterior.
28 de mayo de 2020
El Gobierno nacional le quitó el cargo diplomático al "amigo del alma" de Macri
Nicolás Caputo dejó de ser el cónsul honorario de Singapur en Argentina
Por Werner Pertot
Nicolás Caputo, fue designado cónsul honorario en 2017
El Gobierno nacional dio por terminado el tiempo de Nicolás Caputo com cónsul honorario de Singapur en Argentina. El "hermano del alma" del ex presidente Mauricio Macri continuaba ostentando ese cargo que, si bien no le proveía un sueldo del Estado, sí le permitía viajar con papeles diplomáticos. El jefe de Gabinete de Felipe Solá, Guillermo Justo Chaves, fue enfático en los motivos de su salida: "Emblema del conflicto de intereses y los negocios en perjuicio de los argentinos no es más cónsul de Singapur en nuestro país".
La designación de Caputo, un empresaron con diversos contratos con el Estado, tanto nacional como porteño, causó revuelo en su momento, incluso dentro del Gobierno de Cambiemos. La designación fue en marzo de 2017 y trajo discusiones sobre si era aceptable que el entonces presidente nombrara en un cargo de este tipo a su mejor amigo. También, por el hecho de que Caputo funcionaba, en la práctica, como un lobbista de intereses de Singapur en el mercado inmobiliario porteño.
La designación debía ser aprobada por el Congreso: pasó por el Senado, pero no llegó a Diputados hasta julio de 2018, cuando intentaron aprobar el pliego en plena madrugada, lo que derivó en un segundo escándalo. Con la lógica del "si pasa, pasa", el bloque de Cambiemos intentó aprobar ese pliego en un paquete de otros 32 consules honorarios al final de una sesión maratónica. La estratagema se descubrió y el diputado Guillermo Carmona estalló: "Estamos dispuestos a aprobar 31, pero no el de Nicky Caputo. No podemos darle estas ventajas al amigo de la vida del presidente". Finalmente, consiguieron designarlo en diciembre de 2018, cuando la crisis económica ya arreciaba.
No fue la única polémica que vivió Caputo: integrante hasta 2015 de la mesa chica de Macri (luego se iría alejando de ese rol), también hubo una polémica cuando el entonces jefe de Gobierno lo quiso designar como su asesor ad honorem, pese a que era contratista de la Ciudad. El escándalo creció y Macri anuló el cargo, aunque Caputo continuó entrando a la jefatura de Gobierno como si fuera su casa.
Al final del Gobierno de Macri, fueron muchas las críticas por las designaciones de último momento del entonces canciller Jorge Faurie. Caputo sobrevivió en el cargo honorario en Singapur hasta cinco meses después de la salida de la presidencia de su mejor amigo.
El viernes pasado la Cancillería oficializó el cese de Caputo como cónsul con una comunicación al Gobierno de ese país, en la que citó un artículo de la Convención de Viena. Formalmente, no se necesita más para hacer cesar en su puesto a un cónsul. La formalidad de los papeles diplomáticos la rompió el jefe de Gabinete de la Cancillería cuando hizo explícitos los motivos de la salida de Caputo el martes por la noche en un Tweet: "Por decisión del Estado argentino el señor Nicolás Caputo, emblema del conflicto de intereses y los negocios en perjuicio de los argentinos no es más cónsul de Singapur en nuestro país".
28 de mayo de 2020
Fallos judiciales ordenando reincorporaciones y pagos totales de salarios
El sueldo y el empleo, intocables en cuarentena
La justicia laboral se mantiene activa y ya dictó varios fallos protegiendo los derechos del trabajador. Aumento de conflictividad por incumplimientos de empleadores.
Por Florencia Barragan
Una heladería que, aun en inactividad, fue obligada a pagar los sueldos.
Una heladería deberá pagar en forma “inmediata” los sueldos de marzo y abril que adeuda a sus empleados. Un kiosco deberá reincorporar a uno de los trabajadores despedidos durante la cuarentena. Así fue establecido esta semana por la justicia laboral. La pandemia, el aislamiento y el desplome en la actividad derivaron en una creciente conflictividad laboral. “El pago de los salarios es hoy lo más conflictivo”, aseguró a PáginaI12 Matías Cremonte, presidente de la asociación de abogados laboralistas.
El pago inmediato de los salarios adeudados fue una medida adoptada por el juzgado nacional de primera instancia en lo laboral número doce, a cargo de Silvia Santos. El martes de esta semana resolvió que la heladería Guapaletas ubicada en el shopping Alcorta deberá pagar los sueldos adeudados a sus tres trabajadores. En marzo trabajaron hasta el 20, cuando cerró por el aislamiento, y en abril no trabajaron, dado que los shoppings continúan cerrados. Sin embargo, el decreto 297 estableció que durante la cuarentena los trabajadores del sector privado “tendrán derecho al goce íntegro de sus haberes habituales”.
“Les deben el salario de marzo desde el 5 de abril y todo indica que tampoco van a cobrar mayo. La empresa no acudió a suspensiones y rebajas salariales que son legales bajo el artículo 223 bis, y tampoco se inscribió en el programa ATP, donde el Estado paga la mitad de los sueldos”, contó a este diario Joaquin Corti Bielsa, representante de los trabajadores. Cuando comenzaron las demoras con el sueldo de marzo, Corti Bielsa envió un telegrama al gerente, y la empresa le indicó a los trabajadores que “no les convenía” judicializar el conflicto. “Los empleados estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de arreglar, ya sea pago en cuotas, o ser transferidos a otra filial”, agregó.
Se trata de sueldos de 20 mil pesos, para encargados de local. Esta sentencia de primera instancia significa que ni bien la empresa sea notificada, deberá proceder al pago en un máximo de 48 horas. La medida podría marcar un precedente para aplicarse en otros casos. Los sueldos impagos no suelen ser lo más frecuente en las consultas que reciben los abogados. Hay más irregularidades por rebajas salariales o pagos en cuotas. Y en la informalidad directamente se incumplen todas las leyes y los decretos vigentes.
“Hay temor a la judicialización por el miedo a la represalia, por lo que no es tan fácil para un trabajador iniciar un juicio”, afirmó Cremonte. El abogado laboralista también indicó que el artículo 223 bis que permite suspensiones legales, pese al decreto que las prohíbe, en conjunto con el acuerdo UIA-CGT, también generó conflictividad. “En algunos casos los firmó el sindicato nacional y el local, o algunos trabajadores no estaban de acuerdo”, agregó Cremonte.
Corti Bielsa informó que también se incumple el decreto 329 de prohibición de despidos. “Hay falsos acuerdos, en donde se induce a la persona a que haga un retiro voluntario, con una indemnización menor, aunque es un despido no legalizado. Y otro que vemos es el despido con la excusa del período de prueba de 3 meses”, explicó el abogado. De hecho, este miércoles hubo novedades en una causa que impulsó. El juzgado nacional de primera instancia 16 a cargo de Alberto González resolvió otorgar una medida cautelar al ordenar la “reinstalación inmediata” de un trabajador que había sido despedido de un kiosco Open 25. La cadena consideraba que no debía cumplir el decreto que prohibe despidos por tratarse del período de prueba. La justicia laboral dictaminó la nulidad y la inmediata reinstalación del trabajador.
Por el aislamiento, la justicia se encuentra prácticamente paralizada. En el caso de los temas laborales, funciona en algunos casos dado que se trata de urgencias. “Hasta ahora tuvimos una serie de fallos favorables por parte de la justicia, en donde se ha pronunciado a favor de los trabajadores, ordenando pago de salarios, reinstalaciones de despedidos, entrega de elementos de higiene y seguridad para personal de salud o respeto de licencia por hijos a cargo”, opinó Corti Bielsa. Sin embargo, anticipó: “Muchos de esos fallos favorables se dieron en momentos que había un juez de turno por semana. Hoy están volviendo a funcionar paulatinamente los 80 juzgados de primera instancia laborales, por lo que es probable que no haya un criterio uniforme pro-trabajador, y empezaremos a ver en idénticos reclamos, fallos de diferentes juzgados con distinta resolución del reclamo”.
Durante la cuarentena ingresaron en la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo 7.367 expedientes y se homologaron 89. Se iniciaron 252 procedimientos preventivos de crisis y 651 solicitudes del 223 bis. Por los abusos de ese artículo se dictó la resolución 397, por el cual el Estado valida y reglamenta el acuerdo entre la CGT y la UIA. En relación a estos abusos, hubo 395 trámites.
28 de mayo de 2020
Figuras de la economía mundial alientan la negociación que lidera el ministro Martín Guzmán
Pasito a pasito se va acercando el acuerdo global con los acreedores
Roberto Johnsson, ex economista jefe del Comité Bancario del Senado estadounidense, elogió la predisposición de ambas partes en la negociación. En tanto, Joseph Stiglitz señaló que la reestructuración argentina será un caso testigo para otros países con deudas en problemas.
El ministro Martín Guzmán lidera las tratativas con los acreedores.
Imagen: Guadalupe Lombardo
Imagen: Guadalupe Lombardo
"He trabajado en estrecha colaboración con Martín Guzmán, el ministro de Economía de Argentina, y con Philipp Hildebrand, vicepresidente de BlackRock, miembro del grupo de acreedores, y los conozco como hombres de integridad y visión. Eso me da alguna esperanza de que estas negociaciones puedan evitar un resultado calamitoso”. La frase corresponde a un texto de Roberto Johnsson, ex economista jefe del Comité Bancario del Senado estadounidense y director en la Fundación Soros durante los noventa.
La referencia alude a los dos polos en esta negociación: por un lado el gobierno argentino y por el otro uno de los mayores acreedores de deuda en dólares del país. Fuentes vinculadas a la negociación reconocen un acercamiento que hace viable una acuerdo dentro de los márgenes establecidos, lo cual sería una importante éxito para el equipo económico en el actual contexto financiero local y global.
El economista y Premio Nobel Joseph Stiglitz, mentor del ministro Guzmán, defendió la propuesta argentina pero fue menos contemplativo con la posición de los fondos de inversión que negocian con la Argentina. "Los acreedores se las arreglaron para quitar todo sentido de humanidad de por medio porque están pensando cuanto de su dinero podría estar en juego: si ellos son suaves con la Argentina, podría augurar una debilidad a la hora de negociar con los países que vendrán", aseguró el economista en una columna en The Boston Globe.
"El pronóstico es que varios países incluyendo al Congo, Zambia y posiblemente El Salvador, Iraq, Sri Lanka y Brasil, podrían no tener la capacidad de pago de lo que deben a medida que la pandemia se traduce en una crisis económica: los capitales se están yendo de los países, las exportaciones colapsan y los precios caen. Por eso cómo las cosas se jueguen en la Argentina pueden tener consecuencias. Puede ser precursora para otros países con deudas", explicó Stiglitz.
Es por eso que en medio de la pandemia, con la actividad económica global prácticamente paralizada, un acuerdo que evite que el país caiga en default sería un alivio para ambas partes. Si bien el país se vería afectado por el impacto de una cesación de pagos, la falta de crédito externo que deriva de un incumplimiento es una realidad desde hace dos años, cuando el macrismo debió pedir asistencia al Fondo Monetario. Para los acreedores tampoco sería gratis la situación, ya que endurecería las condiciones que podría ofrecer el país.
De todos modos, se conoció este miércoles que ya se presentó la "consulta" para activar el pago de los seguros contra default (CDS) . El mecanismo se inicia preguntando al comité de bancos si la actual situación de la deuda argentina es o no un default. Lo hace uno de los bancos o grupos de fondos de inversión miembro y el comité determina si es una cesación de pagos y autorizan el cobro de los seguros. Las entidades que votan tienen fuertes inversiones en estos seguros de default.
Las negociaciones se dividieron, además de los tres clubes de bonistas, entre tenedores de deuda K (derivada del canje de 2005 y 2010 sobre el pasivo defaulteado en 2001) y la deuda M (que nació con el macrismo). Además de contar con distintos porcentajes de cláusulas de acción colectiva --piso necesario para universalizar la propuesta a todo el conjunto de tenedores--, existe una diferencia conceptual y que tiene que ver con que los bonos K ya vienen de una reestructuración anterior. A estos últimos se les contemplaría la oferta (ya la había hecho Economía para todos pero fue rechazada) de un cupón PIB. La negociación con los tenedores de bonos M también parece encontrar un acercamiento, pero todavía los menúes de canje distan en un equivalente a diez centavos por dólar de valor presente de la deuda.
28 de mayo de 2020
La cerealera sigue sin lograr un acuerdo con sus acreedores
Manzano juega su carta en la pelea por Vicentin
El ex ministro está armando un pool de acreedores e inversores para entrar en la puja por el control de Vicentin. Sigue en convocatoria y podría cambiar de dueño para salir de la crisis.
Por Raúl Dellatorre
José Luis Manzano, ex dirigente político, hoy hombre de negocios.
Imagen: NA
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Una nueva propuesta empresaria para el cambio de manos de las plantas de Vicentin SAIC comenzó a circular en los últimos días por oficinas de de corredores y acopiadores que tienen como punto de operaciones el puerto de Rosario, y vincula además a hombres de la política y los negocios. La cara más conocida, aunque no visible en estas negociaciones, es la del ex ministro y ex diputado nacional reconvertido en hombre de negocios, José Luis Manzano. Será por ese pasado peronista que algunos de los impulsores de este plan de conquista de Vicentin la llaman "la alternativa nacional y popular", frente a otras que vendrían de la mano del capital extranjero. Sin embargo, no falta quien señale que, detrás de la alianza que buscaría Manzano con acopiadores y corredores de bolsa, aparecen firmas extranjerasde fuerte presencia en el sector, como Cargill y Glencore.
Vicentin entró en cesación de pagos en diciembre de 2019 y pidió su propio concurso de acreedores. Durante los anteriores cuatro años, escaló posiciones en la exportación de granos hasta alcanzar los primeros puestos, "ayudado" por generosos créditos del Banco Nación a partir de la gestión de Javier González Fraga al frente de la entidad. Denuncias formuladas por la actual conducción del Banco, que encabeza Eduardo Hecker, revelaron la irregularidad de esas operaciones de prefinanciación de exportaciones que Vicentin no devolvió y que, sin embargo, no generó sanciones, reclamos y ni siquiera el cambio en su calificación crediticia, por lo cual siguió recibiendo préstamos prácticamente hasta el fin de la gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada. En el actual concurso, el Banco Nación es el mayor acreedor individual, por una suma de casi 300 millones de dólares, contra una deuda total de alrededor de mil millones.
En los tribunales rosarinos donde se tramita el concurso, se estimaba que durante el mes de abril Vicentin podría estar en condiciones de presentar un Acuerdo Preventivo Extrajudicial con sus acreedores para evitar la quiebra, pero no sucedió. No fue sólo por la pandemia, sino más bien porque los términos del acuerdo están lejos de haberse alcanzado. De hecho, son más los que especulan con una salida a la crisis con un cambio de manos de Vicentin, antes que por un acuerdo con sus actuales dueños: las familias Nardelli y Padoán.
Desde el principio de la crisis, se especuló sobre el interés de la firma suiza Glencore por quedarse con los activos del negocio de harinas y aceites de Vicentin (el grupo está diversificado en más de diez áreas). Glencore ya es parte del negocio a través de la sociedad con Vicentin en Renova (biocombustibles), donde le ha ido comprando participaciones a la empresa santafesina hasta convertirse en accionista mayoritario.
Pero en los últimos días han aparecido dos nuevos actores en acción. Uno es el ex político y hoy empresario José Luis Manzano, quien buscaría sumar voluntades entre inversores y acreedores locales de Vicentin para armar una propuesta "nacional" (y popular, agregan otros, con cierta maledicencia) en contra de una eventual propuesta extranjera. En forma paralela, Mariano Grassi, titular de la centenaria firma corredora de granos de Rosario que lleva su apellido, pretende armar un pool de acopiadores de granos y otros acreedores de Vicentin, para jugar en tandem en la convocatoria. Algunos interpretan que esta acción no es ajena a la que impulsa Manzano, e incluso se la ve como la otra pata de un plan para quedarse con Vicentin.
Menos claro resulta saber quiénes son los inversores que llegarían de la mano del antes conocido como Chupete Manzano. Hay quienes señalan que el grupo inversor incluye a algunos de los bancos acreedores de la convocatoria. Otros mencionan a CarVal, fondo financiero ligado a Cargill, y hasta se habló de Blackrock, fondo de inversión no sólo muy sonado por las negociaciones de la deuda argentina, sino que además su participación le daría un lugar en el reparto nada menos que a Glencore, de la cual es accionista.
Todos estos interrogantes llevaron a algún analista, muy cercano a las operaciones, a preguntar, retóricamente, "¿ésta es la propuesta nacional y popular?".
28 de mayo de 2020
Asumirá en el cargo que el macrismo suspendió con la Ley de Medios
Miriam Lewin fue elegida defensora del Público
El nombramiento fue aprobado por la comisión bicameral de Comunicación Audiovisual del Congreso, que sesionó en forma virtual.
Imagen: Juanjo Bruzza
Con el respaldo del oficialismo y la abstención de la oposición, el Congreso avanzó en la designación de la periodista Miriam Lewin para el cargo de defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. El nombramiento fue aprobado en la comisión bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, que sesionó en forma virtual, y sólo resta que sea refrendado por los presidentes de ambas cámaras, Cristina Kirchner y Sergio Massa. El cargo estuvo vacante durante la gestión de Mauricio Macri, que suspendió la Ley de Medios, que da origen a esta defensoría. La anterior defensora fue la periodista Cynthia Ottaviano, que ahora fue propuesta para RTA.
Desde Juntos por el Cambio no se cuestionó la idoneidad de Lewin sino la supuesta falta de tiempo para analizar adhesiones y cuestionamientos a su nombramiento. La comisión que encabeza Gabriela Cerruti, del Frente de Todos, eligió también a representantes parlamentarios en el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA) y en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).
Lewin es periodista de investigación con una extensa trayectoria en televisión, radio y gráfica, que incluye trabajos en Telenoche Investiga, Todo Noticias, Radio Nacional y América TV, entre otros. Sobreviviente de la ESMA y del centro clandestino Virrey Ceballos durante la última dictadura, fue testigo en el Juicio a las Juntas y es una activa militante por los derechos humanos y en las luchas del movimiento feminista. Como escritora es autora de Ese infierno junto con otras sobrevivientes de la Esma; Iosi, el espía arrepentido (en coautoría con Horacio Lutzky), sobre un agente infiltrado en la comunidad judía; Skyvan, sobre los vuelos de la muerte, los aviones y pilotos que los tripularon, y Putas y guerrilleras (en coautoría con Olga Wornat) sobre los crímenes sexuales durante el terrorismo de Estado.
Durante la reunión de la bicameral, Juntos por el Cambio pidió postergar la decisión para estudiar apoyos y observaciones a la postulación que el Frente de Todos había presentado hace dos meses y medio, el 13 de marzo. La candidatura había sido impugnada la semana pasada por la Colectiva de Mujeres Ex Presas Políticas de la Dictadura Militar 1976/83, que se sintieron “revictimizadas” por el relato de sus historias en Putas y guerrilleras, según informó el portal El Disenso.
Cerruti, al abrir la sesión, destacó “el número de adhesiones y la fortaleza” de la candidatura y agregó que hubo “dos impugnaciones que fueron escuchadas”. La diputada radical Karina Banfi, secretaria de la comisión, reclamó “revisar y tener toda la información” y sugirió que “no se cumplieron los plazos correspondientes”. Cerruti recordó entonces que la postulación se publicó en el Boletín Oficial, en medios nacionales y redes sociales, y que “todas las adhesiones y oposiciones se encuentran en la comisión y son de libre acceso a los miembros”. Las diferencias se saldaron en la votación, donde el Frente de Todos se impuso por nueve votos positivos contra seis abstenciones.
El resto de los nombramientos del día fueron por unanimidad. Para los cargos vacantes en el Enacom, por la primera y segunda minoría, fueron propuestos el abogado pampeano Alejandro Gigena (FdT) y la ex diputada Silvina Giudici, ex titular de ese organismo, impulsada por el Pro. Para completar la grilla de RTA el oficialismo propuso a Cynthia Ottaviano, ex defensora de consumidores de medios, y el macrismo a Emilio Laferriere, quien como vicepresidente de ese organismo fue denunciado en varios oportunidades por los trabajadores del canal público por el vaciamiento y el ajuste que ejecutó como subordinado del ex titular de Medios Públicos, Hernán Lombardi.
28 de mayo de 2020
Cambios drásticos para los espías
AFI: Cristina Caamaño impulsa un proyecto de reforma de la Ley de Inteligencia
Por Irina Hauser
Hasta ahora todas las modificaciones se hicieron por medio de resoluciones de la intervención. En el decreto original que designaba a Caamaño --que quedará como titular de la AFI-- ya se preveía la reforma de la Ley de Inteligencia. Lo que se publicará en el Boletín Oficial ahora es una convocatoria, junto con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para la conformación de una “comisión para la reforma de la ley 25.520”. Estará encabezada por Caamaño, junto con funcionarios de los ministerios de Defensa, a cargo de Agustín Rossi, y Seguridad, a cargo de Sabina Frederic, y se sumará el consejo consultivo permanente de especialistas que la interventora ya había convocado.
Fin a las operaciones con la justicia
Una de las principales modificaciones impulsadas en los últimos meses buscó desterrar un antiguo concepto que suponía que la AFI era una central de operaciones y negocios de todo tipo. Lo primero que se cortó con ese fin fue el vínculo casi carnal con el Poder Judicial. Se dispuso que la agencia no funcione más como auxiliar de la Justicia, excepto situaciones puntuales en que un juez o jueza lo evalúen indispensable. Pero el objetivo de fondo es que las investigaciones criminales pasaran a manos de la órbita de las fuerzas de seguridad.
Las funciones de la AFI están ceñidas a la producción de inteligencia nacional e de inteligencia criminal en casos de terrorismo y de delitos complejos o contra los poderes públicos. Esto implica un cambio fundamental, ya que esa sociedad entre el mundo judicial y de la inteligencia habilitó de manera notoria la persecución de opositores. Ahora se conoce también que, al parecer, la AFI de Macri espiaba a algunos “propios”, según la denuncia presentada esta semana.
Fin a los fondos secretos
Otro eje de reformas ha sido el análisis del uso de los fondos. La AFI comenzó a hacer público su presupuesto, que además es auditado por la Sindicatura General de la Nación. También hizo un cálculo que indica que de los 1121 millones de pesos en fondos reservados destinados en el último presupuesto, durante el gobierno de Cambiemos, sólo requiere una proyección de 200 millones. Ahora se analiza en qué se usaba todo aquello que estaba de más, unos 900 millones.
El otro punto es el cambio en la estructura de la agencia federal, para que se acerque más a la de un ministerio. Anteriormente tenía una conformación “horizontal” con varios directores, ahora es más piramidal. Caamaño dispuso ahora tres grandes secretarías que dependen de la dirección general: Producción de Inteligencia Nacional, Planificación de Inteligencia Nacional y Administración y Apoyo. Está pendiente finalizar con las evaluaciones de los agentes incorporados sobre el tramo final del gobierno de Macri, a quienes se decidió tomar examen.
Fin a la estructura antidemocrática
La modificación de la Ley de Inteligencia busca incorporar estos y otros cambios conceptuales. La resolución que la proyecta y que dice que deberá estar lista en 120 días, señala: “a la luz del compromiso con el afianzamiento de la democracia”, “deberá incorporarse como ejes de debate ciertos aspectos inherentes a la configuración de bases sólidas para una nueva estructura del Sistema de Inteligencia, compatible con el Estado democrático de derecho y los derechos humanos, dentro del que se podrá repensar entre otros: la composición del Sistema de Inteligencia; la planificación y el control de sus actividades; las facultades, obligaciones y prohibiciones de los organismos y sus funcionarios; las reglas para el ingreso, formación y capacitación del personal; la planificación, transparencia y fiscalización presupuestaria; la reunión, análisis y gestión de la información, así como también los márgenes vinculados a la publicidad y el derecho a su acceso; y la incorporación de una mirada transversal de género”.
El consejo consultivo no se volvió a reunir desde las medidas de aislamiento por el coronavirus, pero será convocado ahora. Lo Integran Alberto Binder (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), Sidonie Porterie (Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia); Paula Litvachky (Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Beatriz Busaniche (Fundación Vía Libre), Juan Gabriel Tokatlian (Universidad Torcuato Di Tella); el jurista y ex ministro de Relaciones Exteriores de la Nación, Rafael Bielsa; y el profesor de Sociología y Criminología de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, Máximo Sozzo.
28 de mayo de 2020
El informe del Plan Argentina Contra el Hambre en el marco de la pandemia
Coronavirus: La inversión estatal en alimentos llega a 8 mil millones de pesos mensuales
El ministro Arroyo indicó que el programa atiende a 3 millones de personas. Se distribuyen 3400 millones pesos por mes a comedores escolares y comunitarios. El programa continuará luego de la cuarentena.
Imagen: AFP
En un contexto socioeconómico complicado, en el que cada vez más personas requieren de la asistencia del Estado debido al impacto económico que desató la crisis del coronavirus, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Daniel Arroyo ya repartió 1.530.153 tarjetas Alimentar, que alcanzan a unas 2.813.688 personas y representan una inversión mensual de 7.719 millones de pesos. Estos datos figuran en un informe sobre el estado de situación del Plan Argentina Contra el Hambre. Según el escrito, al que accedió Página/12, este ministerio invirtió unos 3.400 millones de pesos mensuales entre comedores escolares, comedores comunitarios y merenderos de todo el país, a lo que se sumaron una serie de refuerzos frente al avance de la pandemia.
Arroyo indicó, en diálogo con este diario, que el plan de Argentina Contra el Hambre se divide en dos etapas: una anterior a la pandemia y una posterior. “La pandemia cambió la situación porque bajaron los ingresos de las familias y aumentó la demanda alimentaria. Pasamos de ocho a once millones de personas que reclaman asistencia. En ese sentido hubo una adaptación de la política social”, aclaró Arroyo. Luego subrayó que “la inversión en alimentos ha aumentado y esto se va a sostener más allá de la salida de la cuarentena. Está claro que la situación social es complicada porque hay mucha gente que requiere asistencia alimentaria y eso va a continuar luego del aislamiento, con lo cual evalúo que no solo tenemos que sostener la asistencia en materia de alimento, sino también complementarla con la generación de trabajo”.
Además de la Tarjeta Alimentaria y la compra de alimentos para comedores y merenderos, el informe destaca la inversión en otras políticas destinadas a combatir el hambre. Entre ellas, el plan Pro huerta, impulsado en conjunto con el INTA que, según detallan, brinda asistencia mensual a un total de 686.970 huertas familiares, 16.338 huertas escolares, 1.838 huertas comunitarias y 5.108 huertas institucionales en todo el país a través de la entrega de semillas, la realización de capacitaciones en el armado de huertas y la entrega de animales de granja para promover la autoproducción avícola.
En otro apartado, el informe se detiene en las medidas que se tomaron frente a la pandemia. Una de ellas fue la asistencia alimentaria de emergencia para las provincias, que habilitó "transferencias a los gobiernos provinciales por $200.000.000, y a los gobiernos municipales por $402.900.000", para la compra de insumos. La otra medida fue un refuerzo extraordinario de la tarjeta alimentaria que se realizó en abril, que contempló una inversión de $ 7.717.774.000 y alcanzó a 1.529.699 titulares de tarjetas.
En cuanto a la distribución de la asistencia por provincia, en el informe se puede ver una clara focalización de la ayuda en la región del AMBA. Esto se ve reflejado en la distribución de las tarjetas: en la provincia de Buenos Aires los beneficiarios son 557.094, seguido por Córdoba con 116.953 y en tercer lugar Santa Fe con 109.552. En las demás provincias la cantidad de beneficiarios no superan los 70 mil, a excepción de Tucumán, con 70.855. Arroyo explicó que "hoy la circulación del virus es mucho más fuerte en el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires, por eso está todo concentrado acá, pero tenemos, en la medida en que vayamos avanzando, que equilibrar la asistencia territorialmente". En esa línea, el Ministro afirmó que "ayer tuve una reunión virtual con todos los ministros de las provincias y vamos a ir distribuyendo la asistencia de manera federal".
El informe tiene un apartado titulado “monitoreo y evaluación”, en el que se analizan los datos obtenidos por el uso de las tarjetas para la compra de alimentos. Es allí donde aclaran que “la tendencia general, desde un punto de vista nutricional/saludable, indica el 50,9 por ciento de lo gastado con las tarjetas corresponde a productos recomendables y un 20,7 por ciento del gasto total se destinó a productos no recomendables". Sobre este punto, Arroyo indicó que "en un contexto tan difícil como el que transitamos, en el que a tanta gente le bajó el ingreso, que más de la mitad compren los productos recomendados --como leche, carne, fruta y verdura-- es realmente significativo y un dato positivo”.
Con respecto a la situación de los barrios más vulnerables y las estrategias del ministerio para abordarla, Arroyo indicó que están aplicando "un cronograma de intervención", con dos mecanismos. "En principio definimos siete lugares y vamos avanzando todas las semanas con el Plan Detectar y con el Plan El Barrio Cuida al Barrio. Paralelo a eso estamos atendiendo las situaciones de emergencia”, explicó. “Hemos armado un fondo especial para adaptarnos a la emergencia frente a la necesidad de cada barrio que lo requiera para que de forma inmediata les llegue asistencia”, agregó.
En el caso de Villa Azul, el titular de la cartera explicó que se les está brindando asistencia alimentaria a las familias. Ya hicimos una primera entrega de bolsones con alimentos secos y frescos, y vamos a ir reforzando esa asistencia alimentaria”.
Informe: Melisa Molina.
Fuente:Pagina12
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