Reclaman que se cumplan los protocolos de aislamiento e insumos que protejan
Coronavirus: un abrazo al Durand por las muertes entre los trabajadores de la salud
Por Nicolás Romero
Imagen: Enrique García Medina
Los trabajadores del Hospital Durand, nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), acompañados por personal sanitario de otros hospitales y representantes sindicales, realizaron al mediodía un abrazo simbólico y una vuelta al hospital, ubicado a metros del Parque Centenario, en Díaz Vélez 5044, en el barrio de Caballito. Con la muerte de Julio Gutiérrez a la vista, los reclamos, que se repiten en otros centros sanitarios porteños, se centraron en la escasez de Elementos de Protección Personal (EPP), la demora de la dirección de la institución para dar licencia a los trabajadores incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria, y el incumplimiento del protocolo de aislamiento a quienes son testeados y dan positivo por covid-19.
“Basta de muertes por falta de insumos”, “licencia para el personal que forma parte del grupo de riesgo”, y que se cumplan los “protocolos sanitarios”. Los reclamos, básicos y simples, resonaron este martes en la puerta del hospital Durand, donde trabajadores del establecimiento realizaron un abrazo simbólico a la institución para homenajear a Julio Gutiérrez, enfermero del servicio de pediatría, de 52 años y asmático, que falleció hace poco más de una semana tras haber contraído el virus, luego de ser licenciado de manera tardía. El acto se hizo un día después que personal del Hospital Rivadavia recordara y reclamara por la muerte de José Aguirre, un enfermero de ese centro de salud , quien se encontraba internado en el Sanatorio Anchorena por haberse contagiado de SARS-CoV-2, y que falleció el domingo.
"Julio era enfermero del área de pediatría del hospital, y estaba preocupado porque era asmático. Le dieron la licencia después de muchos reclamos. Pero se fue a su casa con el virus y a las dos semanas enfermó y falleció. Murió internado en la terapia intensiva del hospital de Vicente López, porque lo mantuvieron trabajando sin licenciarlo a tiempo", contó a Página/12 Héctor Ortiz, delegado de ATE en el hospital.
El reclamo por las licencias para el personal de salud que tiene enfermedades preexistentes, o está dentro de la edad considerada de riesgo, es una constante que se repitió durante los últimos meses en otros hospitales, pese a que el decreto 260/2020 y la resolución 207/2020 del Ministerio de Trabajo establecen la licencia de trabajadores incluidos en los grupos de riesgo ante la pandemia.
"En el acto recordamos su muerte y la de José Aguirre, el enfermero del Rivadavia. E insistimos en los reclamos que venimos haciendo desde hace meses por los insumos de de seguridad personal, que son escasos y de mala calidad. Porque los trámites de las licencias son engorrosos, y aunque ahora están accediendo, se demoran, mientras tanto, hay mucho personal con enfermedades, hipertensos, diabéticos, con problemas cardíacos, que si no les dan licencia los condenas a muerte", explicó Ortiz. Y agregó a la lista de reclamos la falta de personal y un problema "grave" de incumplimiento del protocolo que se debería aplicar al personal testeado.
"El protocolo no se cumple porque no se está aislando a los que dan positivo en el testeo, porque saben que se están quedando sin recursos humanos. Cuando se testea y da positivo, el resultado se tiene que reconfirmar a través de un hisopado. El problema es que mientras esperás la confirmación, seguís trabajando, y al seguir trabajando podés estar contagiando. Es cierto que el hisopado puede dar negativo, pero si da positivo no hay vuelta atrás, ya pusiste en riesgo a otros", advirtió, y remarcó que "en todos esos casos habría que mandarlos a su casa y aislarlos hasta que esté el resultado confirmado".
En cuanto a los elementos de bioseguridad, tanto el delegado como otros trabajadores del hospital señalaron que "son de mala calidad", que los "camisolines no son hidrorepelentes", que las "escafandras en mucho casos son donadas", y que los barbijos "duran poco y son escasos". En este sentido, Ortiz remarcó que "queremos que los insumos pasen por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), porque muchos no tienen ningún sello y no sabemos de dónde vienen ni que grado de protección pueden dar".
Al mismo tiempo, advirtieron que un cuello de botella que se presenta es la falta de personal. "Está funcionando la mitad de la terapia intensiva porque, si bien la equiparon con respiradores, habría que incorporar entre 60 y 65 enfermeras para que funcione a pleno la terapia y los otros sectores", dijo Ortiz.
En la misma línea, el delegado general de la Junta Interna de ATE del Hospital Rivadavia, Rodolfo Arrechea, dijo que "desde que comenzó la pandemia venimos haciendo reclamos por los barbijos, los camisolines, alcohol en gel, y en cada caso, después de que nos plantamos y se visibilizan los reclamos, los insumos aparecen. Pero son de mala calidad", advirtió. Y agregó que "en Europa, entre el 20 y el 22 por ciento del personal de salud se contagió, aunque ahora bajo al 4 por ciento. Nosotros estamos en aproximadamente el diez por ciento, por eso no podemos permitir la baja calidad de los elementos de protección personal". Otro tema que señaló es que "la empresa de limpieza del hospital no cumple con el protocolo. Andan sin protección, y si un compañero es contagiado, no aislan a nadie. Y es un sector que anda por todos los servicios, con el riesgo que eso implica".
Uno de los enfermeros contagiados en el hospital, quien permanece en aislamiento desde hace quince días en un hotel, contó a este diario que en la sala 1, donde se atiende a pacientes con coronavirus, la lucha para "conseguir los EPP eran diarias. Había días en que tenías todos los elementos, y otros que no. Llegaron a trabajar con barbijos que no eran los adecuados a esa área, así como otras veces tenían que plantarse hasta que trajeran los camisolines correctos. Siempre faltaba algo".
Los reclamos van en línea con el relevamiento que hizo la Asamblea de Trabajadores Residentes y Concurrentes de CABA en los 35 centros de atención de salud porteños, que indica que en el 83% de los efectores, en los que se atienden pacientes con coronavirus, no hay insumos de bioseguridad, en el 51% de los hospitales y centros de salud no se aplican protocolos para el aislamiento del personal.
De acuerdo al delegado, en el Rivadavia tuvieron que exigir que se implementen cuestiones "tan simples como que se habilite un ingreso sólo para los trabajadores del hospital y que no se firme más el ingreso en el departamento de enfermería porque eran 378 enfermeras pasando por un pasillo para firmar una planilla con una birome que en muchos casos se compartía. Y eso se dejó de hacer hace sólo unas dos semanas, pese a que llevamos 92 días de pandemia y llegamos a tener 62 contagiados en el hospital. Y este martes, después del reclamo de lunes, llegaron camisolines que son un poco mejor".
Para Arrechea, con la curva empinada que se registra en el Área Metropolitana "el jefe de Gobierno de la Ciudad tiene que retroceder a la fase 1, para darle un respiro al sistema de salud y que nos sintamos cuidados. Entendemos que la población está agotada por la cuarentena, pero es un momento donde hay mucha circulación del virus, y si siguen habiendo contagios en el personal de salud no va a haber con quien cubrir los servicios".
Y agregó: "Ya hay 129 enfermeros con licencias comunes y faltan recursos humanos. Y aunque Ciudad, Nación y provincia vienen trabajando de forma coordinada, y el Ministerio de Salud de Nación tiene el mejor equipo, y el ministro de Ciudad, (Fernán) Quirós, está a la altura de las circunstancias, estas cuestiones siguen pasando en los hospitales porteños. Por eso vamos a hacer acciones relámpago, como salir a la calle unos minutos, porque cada vez que sale una denuncia reaccionan".
24 de junio de 2020
Comercios y profesionales siguen, intervalo para los runners
Cuarentena más estricta: Por 15 días no habrá colectivos entre Ciudad y Conurbano
El Presidente adelantó parte de los cambios en un encuentro en Olivos. Entre hoy y mañana definirán los detalles de las medidas que anunciará el jueves, junto a Kicillof y Rodríguez Larreta.
Por Fernando Cibeira
Alberto Fernández ayer en Olivos con la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.
Imagen: Presidencia
Imagen: Presidencia
Con la curva de contagios ya estable por encima de los dos mil casos diarios y un pronóstico de saturación del sistema sanitario de acá a dos o tres semanas, el Gobierno evalúa volver a una cuarentena más estricta de lo que se suponía en un principio. Por ejemplo, se limitará al máximo la circulación en el AMBA, con suspensión del transporte interjurisdiccional, según adelantó el presidente Alberto Fernández en un encuentro en Olivos. En cambio, se mantendrán abiertos los comercios de cercanía, como hasta ahora. Más allá de los matices, el Presidente aseguró que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta están de acuerdo sobre la decisión que anunciarán conjuntamente el jueves en Olivos.
"Si los casos se nos disparan ahora no los alcanzamos más", explicó Fernández la medida que será presentada como "el último esfuerzo" por achatar la curva de contagios. Ayer se registró un nuevo récord con 2.285 casos, 1.334 correspondientes a la provincia de Buenos Aires y 759 a la Capital. Los fallecidos fueron 35. Por ahora, la situación de las camas de terapia intensiva es manejable. En la Provincia la ocupación es de poco más de la mitad, aunque hay municipios donde el panorama ya comienza a complicarse, de acuerdo a los días. La Matanza completó todas sus camas el fin de semana pasado, ahora la situación se normalizó. Las características del coronavirus es que los enfermos necesitan una larga internación, por lo que las camas tardan en desocuparse y se producen las congestiones. En la gobernación calculan que el momento crítico llegará antes de un mes.
"No estamos inventando nada, es lo que ya pasó en otros países", explicaba un funcionario bonaerese. Fue más o menos lo mismo que Alberto Fernández le contó ayer a editores de medios de comunicación en Olivos. El objetivo del Presidente era explicar las razones de las nuevas medidas restrictivas, que llegan cuando la gente ya está cansada de la cuarentena y la economía sufre las consecuencias del largo parate. Con la única compañía de su vocero Juan Pablo Biondi, el Presidente detalló que si no se restringe ya mismo, lo que viene será peor, porque llegará un momento en el que los médicos deberán elegir a quiénes internar y a quiénes no, una situación de espanto que ya se vivió en varios países, incluso en los que poseen un sistema sanitario mucho más desarrollado que el argentino.
Por eso adelantó que se volverá a una cuarentena estricta por 10 o 15 días, lo más seguro es que sea entre el 29 de junio y el 12 de julio. Igual, tanto los alcances y la duración serán cuestiones que se terminarán de definir entre hoy y mañana en encuentros con especialistas de cada área. Lo más novedoso será que no circularán más colectivos entre Conurbano y Capital, por lo que deberán hacer un recorrido dentro de cada jurisdicción. En cambio, los trenes seguirán circulando como hasta ahora, con los nuevos protocolos y más controles. Como ya fue establecido, el transporte público es únicamente para los trabajadores esenciales.
No será técnicamente una vuelta a la "fase 1" porque seguirán funcionando los comercios de cercanía habilitados en la última flexibilización. Claro que los empleados de los comercios quedarán obligados a utilizar un transporte particular. Lo mismo las industrias que fueron permitidas en la Provincia, cada una con su protocolo. Los bancos continuarán atendiendo por turnos. Los profesionales independientes, en principio, también seguirán. En cambio, los runners tendrían que guardar las zapatillas por dos semanas y habrá que ver qué sucede con las salidas de los chicos. Se podría considerar entonces como una fase 2 pero con restricciones.
Pero son todos detalles que se comenzarán a analizar. Ayer, Kicillof mantuvo la habitual videoconferencia con los especialistas en salud que lo asesoran y unos 40 intendentes que se conectaron para participar. "Estamos teniendo un crecimiento clarísimo de los contagios y de la utilización de los recursos sanitarios. Estamos de acuerdo, junto al Gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires en que si esto se sostiene tendremos que avanzar hacia un aislamiento más rígido", explicó el gobernador.
A Kicillof lo acompañaron la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro y el vice de Salud, Daniel Gollán y Nicolás Kreplak. "Mientras el nivel de contagio y expansión del virus siga con esta tendencia en el AMBA, es un peligro latente para toda la provincia", sostuvo Gollán, quien planteó que el esfuerzo debe hacerse en base a tres ejes: la disminución de la circulación y la movilidad en el área metropolitana, la profundización del plan Detectar -con el que ya llegaron a 243 mil personas- y la gestión de nuevas camas y equipamiento para el sistema sanitario.
"Estos casi 100 días de cuarentena sirvieron para que hoy tengamos este nivel de contagios aún controlable. Lo que hicimos hasta acá valió la pena, dar un paso hacia una medida más restrictiva para cuidar la salud de todos y todas no significa una derrota", argumentó Kicillof, quien más vino empujando para que se volviera atrás con las últimas flexibilizaciones a las que responsabiliza por la suba de casos. Con todo, en el encuentro de ayer en Olivos, Alberto Fernández fue elogioso con el acompañamiento que está teniendo por parte de Rodríguez Larreta, pese a que se sabe que el jefe de gobierno es de la idea de esperar un poco para establecer las nuevas restricciones.
24 de junio de 2020
Cuando la invitada no respeta el guión
Marcha por Vicentin: Beatriz Sarlo no dejó contenta a Débora Plager con su análisis
Beatriz Sarlo no dejó contenta a Débora Plager con su mirada sobre la marcha a favor de Vicentin.
A veces los invitados no cumplen a pie juntillas el rol que les adjudican los anfitriones. Algo así ocurrió con Beatriz Sarlo, convocada a opinar sobre la marcha a favor de la concursada Vicentin en el programa Living in America, conducido por Débora Plager y Alejandro Fantino.
La cadena de medios opositores se encargó de poner en el centro de la agenda informativa a la protesta del sábado pasado en rechazo a la intervención de la fallida cerealera. Como ocurre desde que empezó el aislamiento social, su alcance resultó difícil de precisar. En todo caso, la movilización más importante se registró en el pueblo de Avellaneda, Santa Fe, donde está ubicado el cuartel general de la empresa. También se reunieron algunos cientos de personas en Córdoba capital y otras tantas junto al Monumento a la Bandera, en Rosario, y en el Obelisco, en Capital. A los pocos manifestantes de a pie, los acompañaron un número indeterminado de motorizados, seguramente varios miles, que los periodistas interesados decodificaron como una manifestación "masiva", "multitudinaria" o "histórica".
Agotados los adjetivos, llegó el turno de las interpretaciones sobre lo ocurrido, por lo que los distintos productores radiales y televisivos empezaron a convocar a los pensadores que consideran "amigos". Seguramente con ese criterio, el programa "Living in América", llamó a Beatriz Sarlo para pedirle su opinión sobre lo sucedido.
Pero algo falló. La intelectual no siguió el libreto esperado y Débora Plager perdió la paciencia. Como Beatriz Sarlo no es fácil de intimidar, la incomodidad de la periodista quedó completamente expuesta.
--La primera pregunta que te hacemos es quiénes marcharon, quiénes estaban ahí en ese mapa diverso en las distintas provincias argentinas --arrancó segura Plager.
--La marcha es muy diversa, como dijiste, y uno no puede pensar que todos ellos eran accionistas de Vicentin, o sea que fue una movilización con un caracter más bien político, como en el momento de la 125, cuando miles de personas que no se veían afectadas en absoluto se movilizaron para que esa disposición fuera derogada, En este caso se juega algo que en realidad tiene que ver con la propiedad. De alguna manera ese gente fantaseó que lo de Vicentin podía llegar a terminar en que le sacaran un departamento de 70 metros cuadrados, lo cual es completamente inverosímil. Así que la movilización tenía que ver con la propiedad, y así se veía en los carteles y en la composición social de la gente que se movilizaba, No eran accionistas de una importantísima sociedad anónima que vende cereales, era gente que protestaba por el destino de sus pequeños ahorros, de su pequeña propiedad, de 20 hectáreas que compró alguna vez en alguna provincia...
--Sí, también se escuchaba algo vinculado a la independencia de poderes, los valores de la república, que las decisiones del Ejecutivo no pasen por encima de las decisiones de la justicia --la interrumpió la periodista--. ¿A vos te parece inverosímil que la gente pensara que "van por lo mío", por la propiedad privada?
--Me parece completamente inverosímil --la decepcionó Sarlo--. ¿A vos te parece verosímil que este gobierno piense en expropiaciones que afecten a las pequeñas propiedades?
--No, un departamento de 70 metros cuadrados de un vecino de la Capital, no. Me parece que si vemos la película un poco más amplia, ahora se viene una catarata de concursos y quiebras y con muchas empresas en una situación difícil... que no sea esto un modus operandi. Que no sea solo el caso Vicentin sino una puerta que se abre --insistió Plager sin ganas de darse por vencida.
--Yo creo que el caso Vicentin es muy especial. Si una ve en La Nación, que no es un diario marxista leninista, la historia de los créditos que recibió diariamente Vicentin del Banco Nación en la época de González Fraga, uno ve que es un caso muy especial, que fue muy favorecida. La gente que marchó, si quiere pedir un crédito hipotecario tiene que llenar más papeles que si quiere cambiar de nacionalidad y hacerse china --cerró Sarlo.
En ese punto, el intercambio se concentró en el papel que jugaron los periodistas en generar esa confusión en la gente, con Plager a la defensiva. Tuvo que acudir en su rescate Alejandro Fantino, que recurrió a citar la contratapa del domingo de José Pablo Feinmann en Página/12 para llevar la conversación al terreno de la grieta que divide, o no, a la sociedad argentina desde hace décadas.
24 de junio de 2020
El testimonio del juez Luis Raffaghelli sobre la mesa judicial macrista
Un camarista aportó nuevos detalles de los aprietes del macrismo a los jueces
El magistrado declaró en la causa que investiga las presiones que ejercieron los macristas. Relató los embates que recibieron los miembros del fuero laboral y reveló que en una reunión con el exministro de Trabajo Jorge Triaca se "planteó la necesidad de consensuar" los fallos.
Por Irina Hauser
Raffaghelli es el segundo juez que declara en esta causa. La primera fue Figueroa y, de hecho, su relato en el programa de radio “Toma y Daca” de la radio AM750 fue el puntapié para que comenzara esta investigación penal sobre la “mesa judicial” que rodeó a Macri durante su gobierno y que –todo indica— él encabezaba. La jueza dijo en una entrevista que un funcionario que pertenecía al Ministerio de Justicia la había ido a ver para que apurara un fallo sobre la validez del Memorándum con Irán. Cuando le tocó declarar como testigo, especificó que el hombre era Mahiques que el episodio fue a los cinco días de la asunción de Macri y que ella creía que aquel podría haber sido el comienzo del “lawfare” en Argentina. Figueroa describió un mecanismo de hostigamiento dirigido a jueces y juezas que no eran del agrado del gobierno, y que incluía publicaciones periodísticas para luego utilizarlas para pedir juicios políticos y mantener esos expedientes abiertos como amenaza. En su caso, fueron cerrados recién al cabo de tres años, que es lo máximo que pueden estar abiertos.
La causa judicial está a cargo del juez Sebastián Ramos pero fue delegada al fiscal Ramiro González. La denuncia inicial la hizo el diputado Martín Soria (Frente de Todos) y luego se sumaron otros diputados y senadores, que sostienen que funcionó una asociación ilícita que cometía delitos como coacciones y abuso de autoridad en el sistema judicial. No está claro si se pueden probar delitos, pero cada vez es más evidente que existió una política de armado de causas, con instrumentos que lo facilitaron como la figura del “arrepentido” y hasta la "doctrina Irurzun", y de ataque hacia jueces y fiscales que no actuaran como esperaba el oficialismo de entonces. El fiscal incorporó ahora los correos electrónicos hallados en la secretaría general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que daban cuenta de las reuniones de la “mesa judicial”, que eran convocadas por Marcos Peña, un nuevo imputado en el expediente, y que debían contar de manera excluyente con la presencia del titular de la central de espías, Gustavo Arribas. Otros imputados que aparecen en esos e-mails son el exministro de Justicia, Germán Garavano y los exasesores Pablo Clusellas y José Torello. Cada vez que participaba Macri se les hacía un aviso especial para que garantizaran presencia. Se agregan a la lista de investigados el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, los operadores Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y Daniel Angelici, además de Mahiques, que hoy es fiscal general porteño.
Presiones
Raffaghelli declaró por escrito en base a un pliego de preguntas que le mandó el fiscal. Cronológicamente el primer hecho que, según su repaso, lo descolocó, fue un llamado que recibió en enero de 2016 en su despacho, apenas llegado el gobierno de Cambiemos. “Desde el Ministerio de Trabajo preguntaban si habían entrado expedientes contra el Poder Ejecutivo. Era un hecho inusual nunca experimentado en mi larga trayectoria en el fuero laboral (…) lo interpreté como una clara presión en un momento en que hubo miles de despidos de trabajadores contratados en la administración estatal”. Algo similar, dijo, se repetía “con los casos de intervenciones sindicales”, que fueron récord durante la gestión macrista. El 29 de marzo de ese mismo año apareció un día en la Cámara Laboral el entonces ministro de Trabajo, Triaca, que presentó su visita como protocolar, pero llevó con él a un equipo de funcionarios, uno de los cuales les planteó a los jueces que pretendían “consensuar la doctrina de los fallos y hacerla más previsible en aras de la seguridad jurídica”. “Se produjo un profundo silencio que fue superado por el presidente del cuerpo pasando a otro tema (…) nadie contestó la inusitada sugerencia del funcionario”, declaró Raffaghelli. “A este episodio le siguió un evidente embate contar la independencia de la justicia nacional del trabajo, que fue poco a poco generando un ambiente hostil a su libre desempeño, alcanzando el cenit con las denuncias infundadas a seis juezas y juezas”, que terminaron rechazadas.
A él lo denunció el Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones) junto con su colega Diana Cañal, porque habían firmado un fallo que ordenaba reincorporar a un grupo de trabajadores contratados de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). El pedido de remoción fue presentado más de un año después de la sentencia. La Cámara protestó y advirtió en un pronunciamiento que era “una grave e inaceptable injerencia sobre el Poder Judicial, señalando que ningún juez puede ser denunciado por el contenido de sus sentencias”. El Consejo de la Magistratura tuvo el expediente un año, sin movimientos, y lo cerró en 2018.
Para el gobierno de Macri, el expediente sobre despidos en la Afsca era una suerte de caso testigo porque implicaba “la posibilidad o no de continuar con medidas expulsivas de trabajadores”. Sin embargo, en otros juicios laborales, como los de los despidos en la agencia de noticias Télam, volvió a atacar a los jueces. Fue uno de los casos donde, según Raffaghelli, “se tornó más evidente la presión del gobierno para incidir en las decisiones judiciales (…) puedo decir que vi circular con fluidez a los representantes letrados de Télam por la Cámara, hecho que no es habitual respecto de otras empresas o partes demandadas”. Ahí recusaron y pidieron la destitución de los camaristas Enrique Arias Gibert y Néstor Rodríguez Brunengo. A Arias Gibert y a la camarista Graciela Marino les habían pedido el juicio político antes ya por avalar la paritaria bancaria, que ponía un piso de aumento salarial del 24 por ciento que Macri no aceptaba. Mahiques, a quien casualmente le tocaba hacerse cargo de la mayoría de estos expedientes, llegó a impulsar como medida que se le revisara el Facebook a Arias Gibert. La sexta jueza denunciada fue Mirta González Burbridge, que había ordenado la reincorporación de un trabajador de Vialidad nacional. A otros jueces, como Dora Temis, quien había reimplantado la paritaria nacional docente, la intentaron desacreditar con saña públicamente. Directamente le atribuían “antecedentes kirchneristas”. Temis estaba enferma y falleció al poco tiempo.
Macri en persona
A toda la artillería que su gobierno desplegaba en visitas sugestivas a jueces, llamados, desfiles de abogados y papeles con pedidos de juicio político, el ex presidente Macri sumó su propia voz. “El expresidente tuvo dos intervenciones graves contra la justicia del trabajo: la primera en oportunidad de la asunción del ministro de Relaciones Exteriores (Jorge) Faurie, denunciando la 'industria del juicio laboral'; la segunda en un acto en el Colegio de de la calle Montevideo 640, donde denuncio 'la mafia laboral', agraviándonos como supuestos socios de abogados laboralistas, citando sumas de dinero sin fundamento y afirmando que éramos conducidos por el entonces diputado Héctor Recalde, reconocido laboralista de extensa trayectoria en el derecho del trabajo”, declaró Raffaghelli. Recordó también que al Colegio de Abogados había llevado una lista de jueces, y mencionó especialmente, con nombre y apellido a Arias Gibert y a Marino, “calificándolos como malos jueces laborales y culpables de poner en riesgo a las empresas”. “Evidentemente este proceder fue muy amedrentador para todo el fuero. Quién se animara a revocar una resolución administrativa o a cuestionar la legislación impulsada por el Gobierno, podía suponer cuál era su destino y futuro”, agregó. Se “generó un clima de temor, lesivo de la independencia judicial”, advirtió el camarista.
Todo esto, señaló el juez, fue denunciado y planteado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el entonces secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, intentó justificar las denuncias al sostener que “las sentencias” de los jueces laborales “eran arbitrarias”, al dificultar los despidos y obligar a restablecer paritarias, entre otras cosas. Como si no hubiera, además, tribunales superiores encargados de revisar los fallos de instancias inferiores. Por cierto, la Corte Suprema en materia laboral se caracterizó por su funcionalidad al gobierno de Macri, a punto tal que hubo jueces –como Elena Hihgton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti-- que en la década anterior protegían derechos laborales y de pronto dejaron de hacerlo.
El Colegio de la calle Montevideo –el que apoyó los golpes de Estado— fue parte de la ingeniería del gobierno de Macri para forzar renuncias con bombardeos de denuncias, por insostenibles que fueran, como ocurrió con la exprocuradora Alejandra Gils Carbó. Del testimonio de Raffaghelli surge, como ocurrió con el de Figueroa, cómo la ofensiva política contra ciertos sectores judiciales e incluso para alimentar causas contra exfuncionarios del kirchnerismo, se fortalecía a través de noticias –a veces truchas o forzadas en los medios— que eran transformadas en denuncias que se convertían en una amenaza palpable.
24 de junio de 2020
Diego Dalmau Pereyra aseguró que el uso político de la Inteligencia fue manejado desde la Rosada
El sucesor de Jaime Stiuso señaló a Gustavo Arribas como responsable del espionaje ilegal
El ex director de Contrainteligencia admitió que armó el grupo de espías "Super Mario Bros", pero se desligó de la responsabilidad por el seguimiento a políticos. Entró en contradicciones sobre su viaje a Paraguay para detener a Pérez Corradi, en la operación en que el narco debía involucrar a Aníbal Fernández.
Por Raúl Kollmann
El espía responsabilizó a Arribas por los "Super Mario Bros".
Imagen: NA
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El ex director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Diego Dalmau Pereyra, admitió que armó el grupo de espías conocido como Super Mario Bros pero que no tuvo nada que ver con el espionaje ilegal a políticos, dirigentes gremiales, periodistas y religiosos. En su declaración ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, tácitamente dio a entender que el jefe directo de Super Mario Bros, Alan Ruiz, se manejó solo, relacionado con Gustavo Arribas. Es que Dalmau señaló que Arribas estaba disconforme con que la labor de Contrainteligencia fuera sólo de inteligencia criminal y que no tuviera más seguimiento de lo político, por lo cual --supuestamente-- Arribas lo alejó del cargo y lo mandó a Chile.
Las versiones, ya poco creíbles hasta ahí, naufragaron seriamente cuando habló del viaje a Paraguay para detener al narco Ibar Pérez Corradi. Dalmau dijo que únicamente fue a darle un respaldo institucional al apresamiento, pero los legisladores le exhibieron un informe en el que se demuestra que viajó a Paraguay en el mismo avión y en asientos contiguos con los abogados de Pérez Corradi. En fuentes de la AFI siempre se dijo que Dalmau participó del acuerdo pero luego fracasó porque el pacto era que Pérez Corradi iba a acusar a Aníbal Fernández de vínculos con el narcotráfico. Pérez Corradi no pudo sostener con pruebas lo que le pedían y toda la operación fracasó. Por eso a Dalmau lo habrían mandado a Chile y no porque se negó a hacer espionaje político.
Dalmau Pereyra fue un declarante muy distinto de los policías de la Ciudad que estuvieron en días anteriores en la comisión Bicameral. Fue oficial del Ejército y luego profesor de la Escuela Nacional de Inteligencia, de manera que exhibió otro profesionalismo para responder las preguntas de la comisión que preside Leopoldo Moreau. De todas maneras, una realidad que no pudo eludir es el armado del grupo de espías que siguieron a políticos de la oposición al macrismo y también a políticos del propio macrismo, asi como a protagonistas tan distintos como Pablo y Hugo Moyano , el obispo Jorge Lugones y hasta la hermana de Mauricio Macri, Florencia . El ex director de la AFI admitió que él reclutó a los integrantes de Super Mario Bros, incluyendo a Alan Ruiz, aunque dijo que Ruiz tenía fuerte relación con Patricia Bullrich.
El lunes por la noche, el juez Federico Villena ordenó el allanamiento de la casa de Dalmau Pereyra , en Escobar, porque en todos los celulares de los espías de Super Mario Bros --Leandro Araque, Jorge Sáez, el abogado Facundo Melo-- aparecían chats y llamadas con el jefe de Contrainteligencia. De manera que en la causa judicial de Lomas de Zamora está claro el vínculo de Dalmau con el grupo que realizaban los seguimientos y espionaje ilegal. Un par de horas antes del allanamiento en Escobar parece que alguien le avisó a Dalmau lo que se venía. El ex funcionario dejó su casa y se llevó su celular.
La declaración de Dalmau en la Bicameral fue muy resbalosa, con afirmaciones a medias y eludiendo los artículos del Código Penal. Por lo tanto dijo que no sabía de las operaciones ilegales de Super Mario Bros, que en todo caso las órdenes las dio Ruiz, y le echó la culpa directamente a Arribas. Su argumento central fue que Arribas lo desplazó del cargo y que después de eso el grupo se lanzó al espionaje político. Contrainteligencia es una dirección de la máxima importancia: le reportaban unos 300 agentes.
La operación Pérez Corradi
Más allá de las dudas que crearon sus dichos, el ex funcionario de la AFI naufragó cuando habló de la detención de Pérez Corradi en Paraguay, una operación que constituyó una grotesca maniobra política. El acuerdo consistía en que el narco, al que vincularon con el triple crimen de General Rodríguez y sobre todo con el tráfico de efedrina, debía involucrar al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. A cambio obtendría un lugar de detención menos rígido e incluso aspiraba a que le permitan viajar a Estados Unidos.
En el acuerdo intervinieron Pablo Nocetti, el hombre de Patricia Bullrich, y Darío Biorsi y Dalmau Pereyra por el lado de la AFI. Por parte de Pérez Corradi negociaron sus dos abogados, Carlos Broitman y Juan José Ribelli. En su declaración del martes, Dalmau dijo que él sólo fue a darle solidez institucional a la detención de Pérez Corradi y que no tuvo intervención directa. Los legisladores le mostraron el informe de Migraciones en el que figura que viajó a Paraguay junto con Broitman y Ribelli, en los asientos contiguos. Es más, su gestión fue tan irregular, que el viaje no figura oficialmente ni siquiera en la AFI.
La versión más extendida es que Dalmau Pereyra pagó los platos rotos de la operación fallida del acuerdo con Pérez Corradi. El narco declaró ante la jueza María Servini y sólo alcanzó a decir que uno de los muertos en el triple crimen, Sebastián Forza, le contó que Aníbal era La Morsa, el que tuvo que ver con la efedrina y los asesinatos. No pudo aportar una sola prueba y Servini ni siquiera llamó a declarar a Fernández, pese a la insólita campaña mediática que se había armado. Lo que se dice es que la debacle de la operación obligó a Dalmau a dejar su poderoso cargo y terminó en Chile como agregado de Inteligencia. Este martes Dalmau dio otra versión, poco sostenible, pero tarde o temprano tendrá que declarar ante el juez. Y allí puede ser distinto.
24 de junio de 2020
Falta de mérito para la vicepresidenta y otros funcionarios
Cristina Kirchner: revocan su procesamiento en un tramo de la polémica causa cuadernos
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó esa medida para la expresidenta, para Luis María Betnaza, directivo de la empresa Techint; para el ex ministro Julio De Vido; y para los ex funcionarios Roberto Baratta, José María Olazagasti y Claudio Uberti en el tramo del expediente vinculado al presunto pago de sobornos
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi revocó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner.
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi revocó este martes el procesamiento a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al directivo de la empresa Techint Luis María Betnaza, entre otros, en el tramo del caso "Cuadernos" vinculado al presunto pago de sobornos por parte de esa firma.
El magistrado dictó la falta de mérito para la expresidenta, para Betnaza, para el ex ministro Julio De Vido; y para los ex funcionarios Roberto Baratta, José María Olazagasti y Claudio Uberti por estos hechos puntuales, según la resolución de 12 carillas a la que accedió Télam.
"Corresponde disponer la realización de diversas medidas de prueba que clarifiquen" aspectos de lo ocurrido en relación a Techint, vinculados a "determinar si los pagos efectuados pudieron estar vinculados con razones de emergencia en el contexto de la nacionalización de la empresa SIDOR en la República Bolivariana de Venezuela", sostuvo el juez en su fallo.
Ante ello, "se advierte como imprescindible profundizar la pesquisa", agregó al revocar de oficio los procesamientos y disponer la falta de mérito. Entre otras medidas, Martínez De Giorgi evaluó que "resultaría pertinente escuchar en declaración testimonial a los directivos, presidentes y CEOs de las firmas Ternium y Sidor, que fueron propuestos por el Sr. Fiscal", en alusión al fiscal del caso, Carlos Stornelli. "También correspondería incorporar a la presente los viajes realizados por los imputados a la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la nacionalización de la empresa Sidor, como así también, determinar la existencia de comunicaciones que se hayan registrados entre los imputados en ese período", agregó Martínez De Giorgi.El procesamiento por el tramo vinculado a supuestos pagos ilegales de la empresa Techint fue dictado el 17 de septiembre de 2018 por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, a quien reemplaza Martínez De Giorgi.En la investigación estuvo procesado el CEO de Techint, Paolo Rocca, pero la Cámara Federal porteña revocó esa decisión.En la causa se investiga la supuesta existencia de una asociación ilícita y el delito de cohecho, en base a los escritos plasmados en cuadernos por parte del remisero Oscar Centeno, un arrepentido en el caso y ex chofer del ex funcionario Baratta. El tramo principal del caso, en el que está procesada la Vicepresidenta junto a ex funcionarios como De Vido y empresarios, ya fue elevado a juicio oral y está a cargo del Tribunal Oral Federal 7.
24 de junio de 2020
El complejo entramado de las sociedades offshore de la cerealera santafesina
La búsqueda del tesoro escondido de Vicentin
Directores y CEO con sociedades en Paraguay, Uruguay y Panamá. Sospechas de triangulación y fuga. Los extraños movimientos de fondos en los últimos siete días del gobierno de Macri.
Por Raúl Dellatorre
Alberto Padoan. Junto a Sergio y Gustavo Nardelli, dueños del manejo de la empresa.
A pesar de que la intervención a la empresa Vicentin se vio limitada en su tarea de investigación por decisión del juez Fabian Lorenzini, siguen apareciendo elementos casi a diario que revelan el entramado de firmas offshore del grupo o de sus directivos, que abren un abanico de dudas sobre el manejo y destino de los fondos. El uso de una filial inscripta en Uruguay a principios de 2019 quedó bajo la lupa de quienes sospechan de operaciones de triangulación que podrían suponer subfacturación de exportacione. A su vez, también están bajo análisis las transferencias entre firmas controladas y sociedades offshore de Paraguay, Uruguay y Panamá, que podrían haber sido instrumento de fugas y que, según señala uno de los denunciantes, podrían haber terminado en cuentas en Estados Unidos de directores de la empresa. Nuevas revelaciones exponen los nombres de otros cuatro directores de Vicentin que forman parte de la red de sociedades offshore ligadas al grupo. Nombres que se suman a los de los otros cuatro directivos mencionados en la denuncia que la inspección general de justicia de Santa Fe presentó ante el juzgado comercial de Reconquista, impugnando la reinstalaciones del directorio de Vicentin al frente de la empresa intervenida por decreto presidencial.
Uno de los tantos elementos significativos que han surgido de la investigación que desarrolla el estudio Moyano y Asociados, un bufete especializado en detección de operaciones de ocultamiento de activos que fue contratado por un grupo de acreedores de Vicentin, es el conjunto de firmas offshore bajo la denominación de Nacadie que han surgido vinculadas a la cerealera santafesina. A raíz de una investigación desarrollada por la comisión de valores de los Estados Unidos (SEC, security exchange commission) en 2015, la entidad financiera IJG TOF, controlada por el fondo de inversión Tril Line Global Impact, informó que "había auxiliado financieramente" a sociedades del grupo Vicentin (Vicentin SAIC, Algodonera Avellaneda SA y Friar SA) y que "las garantías de los préstamos habían sido otorgadas por Nacadie SA de Uruguay".
El mismo informe señalaba que Nacadie es una empresa con domicilio en la zona franca de Montevideo y su apoderado es el contador argentino Patricio María Coghlan. Según consigna un artículo que acaba de publicar el portal Rosario Nuestro, firmado por Ignacio Pellizzón, en base a la información suministrada por el abogado Mariano Moyano, Coghlan también era director de ENAV SA, firma productora de jugos radicada en Mendoza perteneciente al grupo Vicentin. Entre los directores de la firma, también figuran Gustavo Nardelli y Javier Padoan.
Uruguay y Nacadie vuelven a estar en la trayectoria comercial y financiera de la empresa santafesina cuando, a principios de 2019, la firma Vicentin SAIC inscribe a su sucursal Uruguay en el listado de sociedades anónimas registradas ante el banco central de ese país. La sucursal ya estaba constituida quince años atrás, pero recién se registra ante la autoridad monetaria el año pasado, con el interés de empezar a operar en comercio exterior, como se revelaría posteriormente.
Según la presunción de Moyano, la aceleración de los créditos de prefinanciación de exportaciones del Banco Nación durante 2019, previo a la declaración de la empresa en cesación de pagos, estaría vinculada a operaciones de exportación de Vicentin Argentinas a su filial Uruguay, aunque los granos tuvieran como destino final un país extracontinental. Es lo que se describe habitualmente como maniobra de triangulación asociada a la subfacturación de exportaciones, al venderle a la filial uruguaya (pagando menos impuestos en Argentina) y luego facturar desde Uruguay al destino final (desde un puerto franco, libre de gravámenes) al valor real del producto. El grueso de la ganancia quedaría, así, asentada en Uruguay.
El último crédito que recibió Vicentin del Banco Nación fue del 26 de noviembre de 2019. El 2 de diciembre Vicentin vende una participación en la firma de biocombustibles Renova al grupo Glencore por 122 millones de dólares. Esa misma semana, se crea en Argentina la firma Nacadie Comercial SA de Uruguay. El domicilio que declara es el del frigorífico Friar, en Santa Fe. Quien la inscribe es el contador Patricio Coghlan. Dos días después, Vicentin denunciaba encontrarse en "estrés financiero" y, por lo tanto, imposibilitada de pagar sus compromisos. Era la última semana de Mauricio Macri en el gobierno, al que el grupo había apostado al punto tal de ser el mayor aportante privado a la campaña.
Según declaraciones atribuibles a la propia Vicentin SAIC (un documento en papel con membrete pero sin firma, distribuido entre allegados), fue Vicentin Uruguay la que vendió las acciones de Renova, operación de la que le quedó un saldo neto de u$s 96,4 millones que habría destinado al pago a productores y proveedores de Vicentin SAIC, entre el 2 y el 9 de diciembre. Incluso despúés de haber declarado el estrés financiero, y todo en esa semana tan particular.
Los investigadores que siguen el caso, como Moyano y Asociados, tienen otra sospecha, y piden que se indague sobre los movimientos en esas semanas no sólo de Vicentin sino de las cuentas de empresas "fantasmas" a las que sus directores estan asociadas. Maximiliano Nardelli, hijo del presidente de Vicentin Sergio Nardelli, figura como director de Kerdale Investments SA, una offshore con oficinas en Montevideo pero bajo jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas. Otros dos integrantes del directorio de Vicentin, Gustavo Juri y Pablo Montaron Estrada, comparten la gerencia de ENAV SA, que preside Sergio Nardelli. A su vez, Juri y Estrada figuran como director y secretario de Finjuice International Corp, offshore radicada en Panamá. El portal Rosario Nuestro da cuenta además de los antecedentes de Alberto Julián Macua, actual vicepresidente de Vicentin, quien fuera director de Yule International Corporation, radicada en Panamá, al menos hasta el 31 de marzo de 2018.
Demasiados cabos sueltos que podrían tener un destino común, presuntamente más al norte, si el consorcio de bancos acreedores extranjeros no le erró cuando eligió, para radicar su demanda judicial de "discovery" o búsqueda de activos ocultos un tribunal de Manhattan.
Presentación conjunta de los gremios aceiteros ante el juez
Respaldo de los trabajadores a la intervención de Vicentin
La federación nacional de aceiteros y el sindicato de la actividad de San Lorenzo advirtieron sobre el riesgo de quiebra y desguace de la empresa en manos de la familia Vicentin.
Por Sonia Tessa
Las entidades sindicales alertan al juez sobre el riesgo de mantener al directorio de Vicentin en funciones. "Estas personas que han llevado a la empresa a esta gravísima situación que pone en peligro la continuidad laboral de nuestros representados, y que han organizado y construido el entramado societario para ocultar la conformación del grupo económico, hoy han sido repuestas en la dirección de la Vicentin SAIC y gozarán del tiempo suficiente para continuar con el vaciamiento de su patrimonio", dice el escrito firmado por Daniel Yofra, líder de la Federación Nacional de Aceiteros; Dionisio Alfonso, secretario general del Sindicato de Obreros Aceiteros y Desmotadores de General Obligado y San Javier, y Pablo Reguera, del SOEA.
El núcleo del reclamo de los trabajadores organizados es que "la empresa ha omitido en el concurso presentar los créditos laborales que al día de la fecha tienen los trabajadores que representamos. Esto resulta una muestra más de la mala fe con la que viene actuando la empresa". Esa deuda salarial que supera los cien mil pesos por trabajador, y otras post-concursales han derivado en un conflicto colectivo que viene tratándose ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe. Ayer hubo audiencias en la sede del Ministerio en Reconquista, lindera a Avellaneda, con Aceiteros y con trabajadores de la Algodonera Avellaneda, que han denunciado malos tratos y salarios bajísimos.
Además, la presentación sindical alerta que "la extranjerización de la actividad agroexportadora ya se está dando, siendo la empresa más beneficiada la multinacional Glencore, socia del grupo Vicentín".
Los aceiteros le recuerdan a Lorenzini que "desde el mismo momento en que la empresa comunicó su 'estrés financiero' en el mes diciembre de 2019, el normal giro empresario se vio interrumpido, paralizándose la actividad de los establecimientos industriales del sur de la Provincia y disminuyendo a menos de la mitad en el caso del establecimiento de Reconquista. Es decir, en los últimos meses en los que la empresa ha sido conducida por sus directores, hemos sido testigos presenciales de la completa paralización de la actividad industrial que, de seguir así, nos hace presumir que terminara en la quiebra y liquidación de la misma, o en su desguace total". Por eso, temen por sus fuentes de trabajo. "Entendemos que la única garantía de reactivación y continuidad laboral que hoy tenemos los trabajadores aceiteros de Vicentín es la intervención que propone la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe". La presentación de la directora María Victoria Stratta propone como interventores a Gabriel Delgado, por el gobierno nacional, a Alejandro Bento, por la provincia de Santa Fe y a Luciano Zarich como vocal.
Desde Aceiteros cuestionaron que la resolución de Lorenzini que repone a los Directores "pone en un riesgo inmediato la continuidad de la empresa y nuestra fuente de trabajo" y recuerdan que "la demora en resolver y poner en funciones a la intervención solicitada por la IGPJ en el marco del concurso, pone en peligro inmediato a los trabajadores y sus familias que dependen del salario para su subsistencia, salarios que ya en el mes de mayo debieron ser completados por el Gobierno Nacional a través de las ATP".
24 de junio de 2020
Además separó a cuatro funcionarios involucrados en el otorgamiento de los créditos
El Banco Nación se presentó como querellante en el caso Vicentin
El BNA tendrá acceso así a la causa penal que llevan adelante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita por los presuntos delitos cometidos en el otorgamiento de préstamos a una empresa en concurso durante la gestión del radical Javier González Fraga.
La deuda de Vicentin asciende a 1350 millones de dólares.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
Al mismo tiempo, el Nación decidió que, mientras avanzan la investigación judicial y el sumario interno, queden separados de su cargo cuatro directivos que participaron en el otorgamiento de los préstamos a la empresa agroexportadora de la provincia de Santa Fe. Se trata del gerente general, Juan José Fragati; la gerenta de Riesgo Crediticio, Susana Ojeda; el subgerente general de Banca Corporativa, Martín González; y el gerente de Legales, Carlos Lo Turco.
La presentación se hizo a través de un escrito presentado por los letrados del Banco vía correo electrónico bajo el pedido del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, y del resto del Directorio del Nación. "El objetivo de la presentación es que el banco pueda tener acceso a la causa y, de ese modo, determinar si hubo afectación del patrimonio y conocer las responsabilidades de las autoridades que formaron parte de este posible delito", señalaron fuentes del banco público.
En febrero de este año, el Nación abrió un sumario interno para investigar la participación de una veintena de empleados del banco que participaron, con mayor o menor grado de responsabilidad, del otorgamiento de créditos por unos 18.500 millones de pesos a la firma cerealera.
La decisión original del banco había sido que, hasta tanto no se comprobara fehacientemente la culpabilidad de los directivos en la violación de los estatutos internos, los involucrados mantendrían sus cargos. Sin embargo, la intervención de la empresa dispuesta por el Gobierno nacional y de la causa civil que se tramita en Santa Fe por el concurso de acreedores por una deuda de 1350 millones de dólares con el Nación, otros bancos y productores agrícolas, aceleró el pedido de licencia de cuatro directivos.
El primer dictamen de la causa, emitido en febrero por el fiscal Pollicita, incluyó la imputación de González Fraga; el presidente de Vicentin, Gustavo Nardelli, y de un ejecutivo de la empresa, Alberto Padoan.
La presentación se hizo a través de un escrito presentado por los letrados del Banco vía correo electrónico bajo el pedido del presidente de la entidad, Eduardo Hecker, y del resto del Directorio del Nación. "El objetivo de la presentación es que el banco pueda tener acceso a la causa y, de ese modo, determinar si hubo afectación del patrimonio y conocer las responsabilidades de las autoridades que formaron parte de este posible delito", señalaron fuentes del banco público.
En febrero de este año, el Nación abrió un sumario interno para investigar la participación de una veintena de empleados del banco que participaron, con mayor o menor grado de responsabilidad, del otorgamiento de créditos por unos 18.500 millones de pesos a la firma cerealera.
La decisión original del banco había sido que, hasta tanto no se comprobara fehacientemente la culpabilidad de los directivos en la violación de los estatutos internos, los involucrados mantendrían sus cargos. Sin embargo, la intervención de la empresa dispuesta por el Gobierno nacional y de la causa civil que se tramita en Santa Fe por el concurso de acreedores por una deuda de 1350 millones de dólares con el Nación, otros bancos y productores agrícolas, aceleró el pedido de licencia de cuatro directivos.
El primer dictamen de la causa, emitido en febrero por el fiscal Pollicita, incluyó la imputación de González Fraga; el presidente de Vicentin, Gustavo Nardelli, y de un ejecutivo de la empresa, Alberto Padoan.
24 de junio de 2020
La curva de contagios no cede en el AMBA
Coronavirus en la Argentina: 2285 nuevos casos y 35 muertes en las últimas 24 horas
Mientras el Gobierno nacional y las autoridades de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires debaten las características de la próxima cuarentena, el Ministerio de Salud confirmó que se agregaron 29 muertos a la lista de fallecidos difundida esta mañana. Con ellos, la cifra de víctimas fatales asciende a 1078 desde el comienzo de la pandemia en el país.
Imagen: Leandro Teysseire
Por segunda jornada consecutiva, la Argentina superó los dos mil casos de nuevos contagios de Covid-19 en solo un día y marcó un nuevo record. El reporte vespertino del Ministerio de Salud confirmó 2285 nuevos casos de coronavirus, 139 más que los registrados ayer. Con estos registros, suman 47.216 positivos en el país. En tanto, se reportaron 35 nuevas muertes en las últimas 24 horas, cifra que iguala la máxima cantidad de fallecimientos registrados en un día, y eleva el total a 1078.
Los casos de "circulación comunitaria" marcaron un leve aumento y ya representan el 41,5% del total, con 19.603 casos. Mientras que 17.655 (37,4%) son "contactos estrechos" de casos confirmados y 1.052 (2,2%) son "importados". El resto se encuentra en investigación epidemiológica.
La provincia de Buenos Aires volvió a ser la jurisdicción con más cantidad de nuevos casos y superó el record alcanzado ayer, con 1334 casos, lo que eleva el total a 21.700 casos en territorio bonaerense. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires registró 759 casos, por debajo de los 1024 registrados ayer, y tiene 20.790 casos totales. Con estas cifras records se deberá definir el jueves la continuidad del aislamiento social preventivo y obligatorio en el AMBA.
En las provincias donde también existe "circulación comunitaria" también se registraron cifras elevadas, de acuerdo al historial de cada provincia. En Chaco 55 casos, Córdoba 23, Neuquén 29 y Río Negro 19. Mientras que en Chubut se confirmaron solo 2 nuevos casos. En ese caso, Santa Fe marcó una cifra más preocupante con 29 nuevos casos.
Desde el reporte emitido por la mañana, se registraron 29 nuevas muertes. diecisiete fueron hombres: ocho de 48, 77, 91, 73, 60, 77, 86 y 74, residentes en la provincia de Buenos Aires; ocho de 74, 46, 86, 79, 65, 58, 65 y 63 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 75 años, residente en la provincia de Río Negro.
Y 12 mujeres: cinco de 77, 88, 80, 87 y 91 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; seis de 62, 85, 71, 86, 80 y 96 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 90 años, residente en la provincia de Córdoba.
Por la mañana, se había registrado 6 nuevas muertes. Todos hombres, dos de 91 y 74 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; tres de 67, 76 y 73 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y uno de 68 años, residente en la provincia de Chaco. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.049.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 1334 | 21.700
Ciudad de Buenos Aires 759 | 20.790
Catamarca 0 | 0
Chaco 55 | 1.657
Chubut 2 | 101
Córdoba 23 | 599
Corrientes 0 | 116
Entre Ríos 17 | 177
Formosa 6 | 45
Jujuy 2 | 17
La Pampa 0 | 6
La Rioja 1 | 65
Mendoza 8 | 143
Misiones 0 | 38
Neuquén 29 | 352
Río Negro 19 | 718
Salta 0 | 22
San Juan 0 | 8
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 1 | 52
Santa Fe 29 | 369
Santiago del Estero 0 | 22
Tierra del Fuego 0 | 149
Tucumán 0 | 59
Fuente:Pagina12
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