La jueza de Casación Penal declaró en la causa que investiga la "mesa judicial" macrista
Lawfare: Figueroa identificó a Mahiques como el funcionario que la presionó
En la declaración, realizada bajo juramento, la magistrada dijo que ella y otros jueces que no eran del agrado de Cambiemos fueron mostrados por algunos medios como candidatos a ser removidos.
Por Irina Hauser
Figueroa tuvo que dar testimonio en una causa que está delegada en el fiscal Ramiro González –a cargo del juez Sebastián Ramos–, que investiga la llamada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri, un grupo de funcionarios y operadores que se sospecha tuvieron fuerte incidencia en tribunales, tanto en las decisiones –que, como es conocido, atacaron a Cristina Fernández de Kirchner y otros ex funcionarios– como en las presiones para sacar jueces y juezas y designar personas de su confianza. Es lo que la jueza define como lawfare o mecanismo de hostigamiento constante y sistemático, mediante un complejo despliegue de un aparato partidario, mediático e institucional.
Mahiques es, según el primer dictamen de González, uno de los imputados. Los demás son el propio expresidente Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, los exfuncionarios José Torello y Pablo Clusellas, el extitular de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas y otros operadores judiciales. La denuncia inicial estuvo centrada en declaraciones que Figueroa había hecho al programa de radio Toma y Daca, que conduce el periodista Mariano Martín, donde aludió a las presiones pero no especificó si hablaba de Mahiques. Luego otros jueces (como Luis Raffaghelli y Martina Forns) comenzaron a relatar situaciones similares sufridas por ellos y por otros. Por eso un grupo de senadores/as y diputados/as del Frente de Todos hizo otra denuncia que generó una causa de mayor magnitud. Los delitos que plantean son asociación ilícita, amenazas coactivas agravadas, abuso de autoridad y tráfico de influencias. Habrá que ver si los investigadores entienden que los mecanismos de persecución y condicionamientos implementados, que resultan un verdadero escándalo político e institucional, tienen correlato en alguna figura penal. El próximo paso, probablemente sea que cite a otros jueces y jueza a dar testimonio.
La visita
Cuando Figueroa habló por radio fue Cristina Fernández de Kirchner quien inmediatamente asoció en un tuit al funcionario del que la jueza hablaba con el nombre de Mahiques. El actual fiscal porteño respondió, también en Twitter: “Me gustaría que la doctora Figueroa aclarase que jamás acudí a su despacho y que no existió el intercambio que se insinuó hoy” (en la entrevista radial). “Lamento que se falte a la verdad en un contexto como el que estamos viviendo”, añadió.
La declaración de Figueroa es bajo juramento y allí asegura que la visita existió. “Es la estricta verdad”, enfatiza. Dice que fue el 15 de diciembre de 2015. Era una reunión más bien institucional: ella había convocado a una especie de acto por el balance de su gestión como presidenta de Casación para el 21 de ese mes y se suponía que coordinarían la presencia de Garavano. Pero, relata la jueza, Mahiques le puso como condición que antes se dictara una sentencia que dejara firme la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán. La Cámara Federal lo había invalidado y la apelación del gobierno de CFK lo llevó a Casación. Macri llegó y se retiró ese planteo y Mahiques le pedía que se diera por desistido el caso. “Que no venga si no quiere”, asegura Figueroa que le espetó a Mahiques sobre la presencia de Garavano al evento.
“Para mi sorpresa me preguntó cuánto iba a demorar en sacar” la sentencia de “la causa conocida como la de la inconstitucionalidad del Memorándum con Irán (…) como no es habitual que un funcionario del Poder Ejecutivo pregunte por un proceso en trámite, donde el Estado Nacional era parte, sorprendida le respondí que a tenor de la independencia del Poder Judicial y el principio republicano de división de poderes, no entrara mi despacho a hacer ese tipo de preguntas”, declaró Figueroa. La sentencia que cerró el tema Memorándum como esperaba el Gobierno la firmaron Angela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, pero ella no.
La jueza declara que en ese entonces no tomó el episodio como una coacción ni le dio entidad como para denunciarlo. “Pero nunca imaginé que a los siete meses de dicha visita, en julio de 2016, me iniciaran tres abiertamente infundadas denuncias que, sin méritos ni pruebas se mantuvieron latentes durante más de tres años hasta”, agrega la presentación. Al final fueron archivadas sin que se probara ninguna irregularidad. El detalle, para nada menor, es que quien instruyó esos expedientes en el Consejo de la Magistratura fue el mismo Mahiques. ¿De qué la acusaban? De supuestas irregularidades en dos dependencias de la Cámara de Casación (donde había personal trabajando en condiciones de hacinamiento); por iniciar un sumario administrativo a un funcionario del tribunal; por sus gestiones para incorporar material tecnológico para video conferencias, lo que para colmo se había hecho dentro de un convenio que había firmado el Consejo, donde estaba Mahiques.
La pata mediática
Un denominador común que la jueza advierte en su caso y de otros jueces y juezas es que algunos medios de comunicación “publicaban hechos falsos” que le atribuían “y luego se traducían en falsas denuncias en el Consejo de la Magistratura”. Para ella esto constituyó “un mecanismo de presión con clara pretensión de disciplinamiento”. Sobre la adquisición de tecnología, por ejemplo, se difundió “que eran regalos recibidos cuando eran producto de un convenio de colaboración interpoderes”. La querían vincular con el exministro Julio De Vido. Era, señala, “una metodología de persecución contra juezas/es y fiscalas/es que no los consideraban ‘afín al gobierno’”. Ella soportó las denuncias pero otros jueces, dice, aceptaron traslados o se jubilaron, como los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Las formas de reforzar esta campaña, dijo, era calificándola como “la jueza K o kirchnerista o de Justicia Legítima”. Y hasta Macri hizo alusiones públicas críticas a ella.
Figueroa sugiere que otro asunto a mirar es la causa que instruye Rodolfo Canicoba Corral donde aparecen decenas de jueces federales “espiados” en sus entradas y salidas del país: algún organismo pide informes sobre ellos sin haber ninguna causa o pedido administrativo. Ella figura entre las personas observadas. También dice que, como maniobra general del gobierno de Cambiemos sobre el sistema judicial, no es novedoso lo que ella cuenta sino que ya lo detalló el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García Sayán, con detalles de numerosos casos también de fiscales.
Para ilustrar el circuito de amenazas de destitución con correlato en los medios, presentó una lista de 40 notas periodísticas y sus links. “Cuando Mahiques ingresó a mi despacho no dimensioné que sería este hecho puntual, el inicio de una persecución ideológica en mi contra por parte de terceras personas que se aprovecharon de un uso indebido del poder y de instituciones fundamentales, pilares de una sociedad democrática”, dice. “Las presiones descriptas –asegura– no constituyen producto de mi imaginación o susceptibilidad alguna durante el período de gobierno 10/12/2015 a 09/12/2019 con un accionar coordinado con cierta prensa con el uso de instituciones”.
Espiar y reprimir
Macri, Bullrich y la herencia policial
Tres casos graves de abuso policial desde que empezó la pandemia desafían al gobierno. A ellos se suman las denuncias que la interventora de la AFI realiza en base a lo que encontró en la central de los espías. Además de la económica, el Gobierno deberá lidiar con otra herencia del macrismo.
Por Luis Bruschtein
Mauricio Macri y Luis Chocobar en el nacimiento de la doctrina.
El espionaje sistemático y el abuso policial forman parte de una concepción de poder, donde el que lo tiene, lo ejerce sin regulaciones ni límites ni controles, igual que la economía. Tiene que ver con la famosa polémica de los llamados libertarios: el que tiene el poder tiene la libertad de ejercerlo. Para ellos, el que está enfermo tiene la libertad de contagiar y autoritario es el que impide que infecten a los demás. Dicen que Alberto Fernández está enamorado de la cuarentena pero, en todo caso, habría que decir: enamorado del esfuerzo por evitar el contagio. La idea de por sí es una estupidez, pero encima, la dan vuelta y dicen que está enamorado de impedirles a ellos que infecten a los demás.
Resulta increíble que trescientas personas que saben leer y escribir deambulen por ese nivel de sótano. La conmoción que produce esta pandemia desplaza a un segundo plano el desfile de simplezas y reduccionismos de la derecha así como las prácticas de espionaje sistemático, manipulación de la justicia y prácticas de abuso policial que dejó como herencia el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados del radicalismo PRO y los fieles de Elisa Carrió.
Desde que empezó la epidemia se produjeron por lo menos tres hechos graves de abuso policial. En San Luis aparecieron muertos dos presos en las comisarías donde estaban detenidos. En Tucumán, una patota policial fusiló al peón rural Luis Espinoza. Y en Chaco una patrulla de la policía provincial atacó a golpes a una familia qom.
Cuando la sociedad concede el monopolio de la fuerza a las fuerzas de seguridad, no está otorgando un privilegio, como lo concebía la ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich. No es un privilegio del poder, sino un compromiso y una responsabilidad que debe ser controlada y limitada por la sociedad civil. Las dictaduras son las que asumieron ese contrato de la misma forma que Bullrich.
Es un compromiso delicado porque a las armas hay que saber llevarlas para que no sean ellas las que lo lleven a uno. La tentación de ejercer la superioridad que otorga la portación de un arma es una fuerza elemental, como sucede con todos los factores de poder. Que se convierten así en enemigos de la democracia, si no son encuadrados en marcos regulatorios como las leyes y las instituciones. Las concepciones autoritarias del poder aprovechan esas tendencias y las estimulan.
Durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri esa doctrina predominó en el gobierno. Los medios la denominaron “doctrina Chocobar”. Como toda propuesta conservadora, la Chocobar no inventó nada sino que estimuló el lado oscuro, subyacente, que puja por aprovechar esa violencia en forma discrecional.
Además de la represión violenta a la protesta social, hubo grandes inversiones en equipo represivo, se elaboró un discurso que alentó a los efectivos de las fuerzas de seguridad a disparar antes de preguntar, garantizándoles protección mediática y judicial.
Una doctrina no es un discurso nada más. Requiere un programa, acción política para aplicarlo, complicidad mediática para bloquear la reacción de la sociedad y complicidad judicial para garantizar impunidad, como quedó demostrado en los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Esas son las fuerzas de seguridad que dejaron los cuatro años del gobierno del PRO, los radicales PRO y los seguidores de Carrió. Y en algunos casos esa práctica está aún más contaminada en algunas provincias, por el racismo y por prácticas feudales como si las policías fueran propiedad privada del poder económico local.
Alberto Fernández y su ministra de Seguridad, Sabina Frederic, repudiaron estos abusos criminales de policías de San Luis, Tucumán y Chaco. “Venimos de cuatro años en los que todo esto estuvo habilitado” graficó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla.
La subsecretaria de Derechos Humanos del Chaco, Nayla Bosch, pertenece al CELS, y allí el gobierno provincial separó a los policías, inició la investigación y se sumó a la querella. No es la primera vez que se producen abusos contra la comunidad qom, pero ni el gobierno nacional ni el provincial reaccionaron para esconder el abuso policial como sucedió en los casos de Maldonado y de Rafael Nahuel y, por el contrario, se impulsó la investigación y la intervención de la justicia.
En el caso Maldonado, el gobierno macrista y los radicales PRO utilizaron todos los recursos no democráticos, desde la manipulación de funcionarios judiciales, que fueron presionados y removidos, hasta el espionaje a familiares y amigos de la víctima y la realización de campañas mediáticas para confundir y desviar la atención pública.
Si bien la comisión de estos delitos es consecuencia de políticas anteriores, automáticamente se convierten en responsabilidad de los gobiernos actuales, que deben afrontarlas desde una concepción opuesta a la de esas políticas. No pueden permitir complicidad ni impunidad. Impúdicamente, los que en el gobierno anterior fueron garantes de la impunidad, ahora denuncian lo que ellos generaron.
Las políticas que estimulan la impunidad policial y de hecho los abusos que se cometen a su amparo, visualizan a la represión de la protesta social como función principal de las fuerzas de seguridad. Necesitan garantizarles impunidad para que sean eficientes en esa función. La protesta social afecta los intereses de elite de quienes impulsan esas políticas. O sea que las fuerzas de seguridad son concebidas como una policía privada que defiende esos intereses.
Desde que fue intervenida la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por la ex fiscal Cristina Caamaño, la interventora ha encontrado pruebas muy concretas del espionaje que realizaba el ex jefe de la AFI, Gustavo Arribas, para su amigo Mauricio Macri. Por otro lado saltaron denuncias de agentes arrepentidos, y por otro lado se abrieron otras causas donde están involucrados espías de la AFI, periodistas y funcionarios judiciales.
El oculto mundo del espionaje sistemático que usaba Mauricio Macri como herramienta de poder en su gobierno va surgiendo a la luz para dejar al descubierto un mecanismo prácticamente institucionalizado.
El abuso policial va siempre de la mano del espionaje. Sucedió en la dictadura y sucede con todos los regímenes autoritarios. La doctrina Chocobar, que hizo estragos en la ideología de las fuerzas de seguridad, está necesariamente entrelazada con la idea de control social. Y el espionaje es otro mecanismo que funciona con ese objetivo. El gobernante tiene que saber (lo que hacen los demás) y controlar y no dejar que se sepa lo que hace ni que se controle.
Las dos herramientas tan funestas para la democracia constituyen una tentación para cualquier gobierno. Alberto Fernández ha dicho que se llegará hasta el final con la investigación del espionaje durante el gobierno macrista. Y de la misma forma tendrá que abordar el diseño de nuevas políticas sobre seguridad que involucren a fuerzas policiales democráticas.
Para apuntalar la idea de impunidad, Patricia Bullrich dijo que “no vamos a tirar todos los días un gendarme por la ventana”. No se trata de eso. Pero los asesinos y abusadores, sean policías, gendarmes o prefectos, tienen que ir presos.
06 de junio de 2020
La gestión de Arribas llevaba fichas con cada uno para el G-20
Espionaje ilegal: Macri denunciado por la AFI por espiar a periodistas y empresarios
Encontraron las fichas en la caja fuerte en el edifició de los espías. Generaban alertas con los que tenían fotos con Estela Carlotto, semáforo verde para los que "seguían a Laura Alonso". A los empresarios les investigaban las cuentas, datos personales y hasta los salarios de sus empleadas domésticas.
Por Fernando Cibeira
La AFI colocaba verde, amarillo o rojo a los periodistas que pedían acreditación.
Un nuevo escándalo de espionaje ilegal involucra al macrismo. La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó una denuncia contra los ex titulares de la agencia y del ex presidente Mauricio Macri por "producción de inteligencia ilegal" en perjuicio de unas 500 personas, entre periodistas, dirigentes de organizaciones sociales y políticas, académicos y empresarios. El escrito se fundamenta en las carpetas con fichas encontradas en una caja fuerte del organismo, confeccionadas por la Dirección de Eventos Especiales, que se dedicó a investigar afinidades políticas y vínculos de quienes se acreditaron para cubrir las cumbres de la OMC y del G-20 realizadas en Buenos Aires en 2017 y 2018, en flagrante violación de lo establecido en la ley de Inteligencia Nacional.
El lunes, Caamaño presentará la prueba material hallada en la AFI a fines de enero pasado en tres sobres con las leyendas "2017", "Periodistas G20" y "Varios". Se trata de 403 fichas confeccionadas a cronistas, reporteros gráficos y camarógrafos argentinos y del exterior acreditados para los eventos que luego de la investigación recibían la calificación de verde, amarillo o rojo, de acuerdo al veredicto de la agencia. Entre los considerandos de cada ficha se analizaba su participación en los medios y en las redes sociales con frases como "Siempre con posturas contra el Gobierno", "Hay una foto con Estela Carlotto" o "Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista". También había favorables: "Se destaca que en Facebook la única página de políticos a la que le dio 'Me Gusta' es a la de Laura Alonso", subraya sobre un editor del diario La Nación.
Además, se encontraron 28 fichas de personas vinculadas al mundo académico y otras 59 adicionales, principalmente empresarios y sindicalistas, confeccionadas con motivo de la Conferencia de la OMC de diciembre de 2017. Estas fichas, muy en el estilo de los servicios de inteligencia, cuentan con la correspondiente fotografía personal y entran en detalles de la vida privada tales como cuentas bancarias, vínculos familiares, propiedades y automóviles a su nombre, participación en sociedades y hasta el salario que percibían sus empleadas domésticas.
La documentación también incluye informes de inteligencia sobre las organizaciones que planteaban objeciones a los eventos como el Trasnational Institute y el Instituto del Mundo del Trabajo "Julio Godio", con varias páginas detalladas sobre sus miembros y sus contactos. Entre las observaciones figuraba su pertenencia a "grupos economistas de izquierda con fuerte presencia en medios de comunicación y de corte kirchnerista como Página 12". También hay otro informe elaborado a partir de "fuentes propias" -es decir, que tuvieron un informante o un espía que concurrió- sobre un acto del PTS en el Hotel Bauen contra la organización de la cumbre.
Sótanos de la democracia
A propósito de la reciente denuncia de la AFI sobre el espionaje de mails de políticos y periodistas, el presidente Alberto Fernández sostuvo en La Pampa que "la Argentina no soporta más la miseria del Estado espiando a otros ciudadanos. Y los que han hecho esto en democracia, que se hagan cargo de la responsabilidad que les cabe". Las afirmaciones del Presidente sirven también para este nuevo caso. "Tengo un compromiso frente a la sociedad argentina, y es que a esos sótanos de la democracia, donde estas miserias se asomaron, los vamos a clausurar para siempre y no vamos a dejar que los recursos de inteligencia del Estado se usen en desmedro de ningún ciudadano argentino, piense como piense", agregó. Añadió un párrafo dedicado a los periodistas, que aparecen como el principal blanco: "la mayor tranquilidad que tienen que tener los periodistas es que el Gobierno no los va a espiar".
Según se detalló en la denuncia, que quedó radicada en el juzgado federal 11 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y en la fiscalía de Paloma Ochoa, el origen de semejante trabajo de inteligencia es un documento interno elaborado por el Ministerio de Seguridad -a cargo de Patricia Bullrich-, calificado como "Confidencial", donde adelantaba las locaciones y recursos necesarios para la organización de cada evento. En un anexo, titulado "Criterios para la acreditación de los Medios de Comunicación para la OMC en las Conferencias Ministeriales", establecía los lineamientos a tener en cuenta para otorgar las acreditaciones. Una metodología similar se utilizó meses después para el G-20, evento muy promocionado por la gestión de Cambiemos como su certificado de "ingreso al mundo", en el que Macri lloró de emoción en el Teatro Colón.
"Las tareas de inteligencia que en ese acto se denuncian no se encuentran ordenadas ni autorizadas por ningún magistrado; sólo fueron dispuestas por las autoridades del organismo que hoy se encuentra intervenido, ello con manifiesta connivencia de la autoridad máxima del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich", sostiene Caamaño en el escrito. Allí se detalla que a partir del documento interno de la ministra, las autoridades de la AFI que encabezaba Arribas dispusieron la producción de inteligencia ilegal. La Dirección de Eventos Especiales se encargó de la producción de las fichas que eran remitidas a la Dirección Operacional del Area de Contrainteligencia que se encargaba de la evaluación.
"A partir de la producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por las áreas mencionadas, se negó el acceso a los eventos internacionales mencionados a las personas que subjetiva y arbitrariamente no cumplían con los requisitos políticos, sociales o incluso de vínculos que desde la Agencia entendían como los correctos para poder asistir a este tipo de eventos", sostiene la denuncia por la que solicita la indagatoria de los agentes de inteligencia involucrados -de quienes se reserva el nombre-, de Arribas y de Macri como "responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional".
06 de junio de 2020
La economía entre la pandemia y la deuda
Precios máximos y dólar regulado
La inflación de mayo mostrará que la política heterodoxa para contener la suba de precios está dando buenos resultados. Alimentos y bebidas tendrá la menor alza en más de un año. El Central pulsea en el mercado de cambios mientras se define la situación de la deuda.
Por David Cufré
Imagen: NA
La política de precios máximos para combatir la inflación y las medidas del Banco Central para contrarrestar la especulación con el dólar ubican al Gobierno en estado de tensión con buena parte del poder económico y financiero. Industrias alimenticias, automotrices, grandes cadenas de supermercados, importadoras, productores rurales, exportadoras del complejo agropecuario, bancos, agentes de bolsa y fondos comunes de inversión son los actores principales que participan de la pulseada en alguno –o ambos- de esos frentes. El objetivo de las autoridades de domar los precios y controlar el mercado cambiario con instrumental heterodoxo pretende ser alcanzado al mismo tiempo que se busca cerrar un acuerdo sustentable con los acreedores para la reestructuración de la deuda. Todo ello bajo el “paraguas” de la pandemia, que da margen para avanzar con iniciativas que en otras circunstancias políticas generarían mayor resistencia, y provoca un hundimiento de la economía como en la mayor parte del mundo.
Si la jugada a tres bandas con los precios, el dólar y la deuda sale bien, como se esperanza el equipo económico, quedarán sentadas las bases para el resto de la gestión del Frente de Todos, con expectativas de un crecimiento a tasas chinas en 2021, cercano al 9 por ciento, y un escenario favorable para las elecciones de medio término. Un triunfo en esos comicios, se animan a proyectar en el oficialismo, reforzaría sus mayorías parlamentarias para cambios estructurales, por ejemplo en materia impositiva. Destacan que Juntos por el Cambio pone en juego mayor cantidad de bancas porque finalizan mandatos que arrancaron con su mejor elección, la de 2017, y eso aumenta las posibilidades del FdT.
En lo inmediato, la instrumentación de precios máximos desde la Secretaría de Comercio Interior para prácticamente todo el universo de productos que se venden en los supermercados mostrará el próximo jueves su resultado más exitoso. Ese día el Indec informará que la inflación de mayo fue menor al 2 por ciento por segundo mes consecutivo. Pasaron 28 meses, casi dos años y medio, desde la última vez que eso ocurrió en la Argentina. Solo que en aquel momento fue apenas una pausa en un proceso inflacionario descontrolado como el que se vivió durante el macrismo, entre devaluaciones y tarifazos.
Pero la novedad más importante del resultado de la inflación de mayo será que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, el más sensible por su impacto en los sectores populares, también estará por debajo del 2 por ciento por primera vez desde diciembre de 2018. De ahí en más los productos de la canasta alimentaria se encarecieron 58,8 por ciento en 2019 y 15,2 por ciento entre enero y abril de este año. El freno que exhibirán en el dato del mes pasado es producto de la efectividad de los precios máximos, que lograron contener uno de los factores más potentes de propagación de la inflación. El éxito, además, se mide en que los supermercados están abastecidos. El principal riesgo de políticas como esa es el faltante generalizado de productos, situación que no se ha producido en esta oportunidad.
El argumento del Gobierno frente a los empresarios es que los precios máximos son una medida de emergencia por el descalabro que causó el coronavirus. Los funcionarios también sostienen que no hay margen para autorizar los aumentos que les piden cuando la demanda está siendo sostenida por los planes de socorro del Estado a empresas, trabajadores y sectores que perdieron sus fuentes de ingresos. En mayo, además, se detuvieron los incrementos en carne, huevos, frutas y verduras, más allá de algún alza puntual por factores estacionales.
Aunque los precios máximos, que retrotrajeron los valores al 6 de marzo pasado, son una acción en la emergencia, el Gobierno avanza con medidas heterodoxas para controlar la inflación que permanecerán cuando pase la pandemia. Por ejemplo, la fijación de precios de referencia en el Mercado Central y la delegación de facultades a provincias y municipios para inspeccionar y sancionar a los comercios que apliquen subas injustificadas. Lo primero que hizo el gobierno de Cambiemos fue desarticular las capacidades regulatorias y de fiscalización del Estado sobre las empresas. Comercio Interior trabaja ahora en la tarea de reconstrucción. También el área de Defensa del Consumidor está desplegando una agenda intensa para combatir abusos empresarios, como ocurrió esta semana con las imputaciones a las aplicaciones de delivery, que derivaban a tribunales de España cualquier queja por problemas con el servicio.
En relación con el dólar, el otro gran desafío que afronta el Gobierno, el Banco Central avanzó las últimas semanas con una sucesión de medidas para neutralizar maniobras especulativas de distinto tipo. Una de ellas involucraba a los importadores, que en el último bimestre compraron 1700 millones de dólares más que los productos que ingresaron al país, en una acción irregular para dolarizarse frente a las expectativas de devaluación que se habían instalado en el mercado. Cuando grandes empresarios expusieron el tema esta semana a Alberto Fernández, el presidente les dijo que le pidan a sus gerentes que reingresen las divisas que se fugaron.
Las terminales automotrices estuvieron entre los sectores que más dólares demandaron antes de las medidas del Central. Las cerealeras y los productores agropecuarios bajaron a niveles mínimos la liquidación de exportaciones y la venta de cosechas. Agentes de bolsa operaron fuerte en el contado con liquidación y el MEP. En la autoridad monetaria entienden que la combinación de resoluciones de su directorio para contrarrestar las presiones devaluatorias y las señales de acercamiento con los acreedores por la reestructuración de la deuda, con gestos contundentes del FMI a favor de la postura argentina, permitieron controlar la situación.
Aunque economistas de la city y medios de comunicación que suelen reproducir los intereses de los bonistas le restaron trascendencia a los apoyos que consiguió el Gobierno en su estrategia de negociación, desde organismos multilaterales hasta premios Nobel de economía, lo cierto es que están teniendo peso para acercar un entendimiento. Ese arreglo intenta ser una plataforma para desarrollar políticas de crecimiento. Es decir, lo contrario a lo que hizo el macrismo cuando le pagó a los fondos buitre, desreguló los mercados financiero y cambiario, aplicó un plan ortodoxo y abrió un endeudamiento inédito para nutrir la fuga de divisas que terminó llevando al país al default.
06 de junio de 2020
Deben verificar el material de los seguimientos que les realizaron
El espionaje ilegal durante el macrismo: citan a Cristina Kirchner y Rodríguez Larreta
El juez federal Federico Villena los convocó para que revisen lo que encontró en las computadoras secuestradas a un narco, un espía y en el Servicio Penitenciario Federal. La vicepresidenta y el jefe de gobierno tendrán que decidir si se presentan como querellantes en la causa.
Por Raúl Kollmann
En el juzgado de Lomas decidieron no difundir la fecha de la citación aunque todo indica que será la semana próxima. El horario de la convocatoria es el habitual de los tribunales, pero no se quieren dar precisiones para evitar aglomeraciones, en primer lugar por la pandemia y en segundo lugar para no convertir la citación en un show.
Los datos de la causa fueron adelantados en forma exclusiva por Página/12 a principios de mayo cuando este diario informó sobre la declaración de quien es un protagonista de máxima importancia en el expediente: un narco llamado Sergio Rodríguez, alias Verdura. El sujeto confesó que en 2018 "hizo un trabajito" para la Agencia Federal de Inteligencia (AFI): fue a colocarle una caja con trotyl al edificio de la avenida Callao donde supuestamente vivía José Luis Vila, radical, funcionario del Ministerio de Defensa.
La declaración de Verdura provocó el allanamiento de la vivienda de un abogado, Facundo Melo, agente orgánico de la AFI, y hace dos semanas se allanaron también dos direcciones importantísimas del Servicio Penitenciario Federal (SPF): la división Inteligencia, conocida como la 50, y la división Seguridad. Las versiones indican que, en total, se encontraron 1.500 carpetas de operaciones de espionaje ilegal a políticos, jueces, intelectuales, artistas, periodistas, dirigentes gremiales y sociales. Entre otros espiados figuraban Florencia Kichner y muchos dirigentes integrantes de Cambiemos --Nicolás Massot, Cristian Ritondo, Diego Santilli- pero no directamente alineados con Mauricio Macri. También el titular de la Corte, Carlos Rosenkranz.
Todos los espiados serán citados por Villena para que reconozcan los elementos que se encontraron, pero este viernes en el juzgado anunciaron ya la convocatoria de Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta. Algunos rumores indican que no sólo se encontraron transcripciones de conversaciones, sino también informes de seguimientos e imágenes en las que aparece cada uno de ellos.
Según sostuvo el abogado Melo, su contacto en la AFI era Alan Ruíz, un hombre vinculado a Patricia Bullrich, y dos funcionarios del SPF, uno retirado y uno en actividad, lo que en la jerga se llaman "candados". Melo apareció en el programa ADN, de C5N, hace tres semanas contando que también participó en operaciones contra Pablo y Hugo Moyano. Ese diálogo con el periodista Tomás Méndez motivó que la actual titular de la AFI, Cristina Caamaño, hiciera una denuncia penal contra Melo: un agente o ex agente no puede violentar el secreto asumido como obligación al incorporarse a la central de inteligencia. La denuncia de Caamaño demuestra en forma explícita que Melo revistaba en la AFI macrista.
El vínculo de Melo con los penitenciarios llevó de inmediato al allanamiento de las dos direcciones del SPF, la llamada Unidad 50, denominada de Reunión de Información, que es Inteligencia, y la de Seguridad, que controla los establecimientos penitenciarios. Según parece allí se encontraron más elementos sobre la vinculación de los penitenciarios con el espionaje.
El titular del Servicio, Emiliano Blanco, renunció hace diez días, horas después de los allanamientos, aunque todavía no se le aceptó la renuncia, mientras que el jefe de Inteligencia, Claudio Suriano, pidió su jubilación de manera sorpresiva. Las renuncias traen a la actualidad las groseras maniobras de difusión de las escuchas del penal de Ezeiza: se le dieron a periodistas afines al macrismo, grabaciones ilegales y transcripciones de diálogos entre presos y amigos, presos y sus familiares --incluyendo sus hijos menores-- presos y sus abogados, violando el derecho de defensa, presos y sus parejas. Se trató de un show siniestro, inédito en el mundo entero.
La utilización del espionaje, las escuchas, los seguimientos, el armado de causas mediante operaciones de inteligencia fue el instrumento que usó Mauricio Macri para tratar de tapar la política económica a favor de los más poderosos. O sea, se usó esa trama político--mediática--judicial para "compensar" que mientras tanto se concretaba la más brutal fuga de capitales de la historia argentina o el crecimiento de la pobreza, el desempleo y la caída del poder de compra de los salarios por los records de inflación.
06 de junio de 2020
Los puntos centrales del acuerdo firmado entre los gremios y el Gobierno
La claves de la paritaria docente para el trabajo en cuarentena: incorpora el “derecho a la desconexión”
El convenio regula la actividad a distancia y el uso de herramientas digitales que alteraron los horarios de los docentes. Apunta a ponerle freno a la recarga laboral que en muchos casos llegó de la mano de la modalidad de trabajo remoto. Estará vigente en forma temporal en el contexto de la cuarentena.
Por Adrián Figueroa Díaz
Imagen: NA
El gobierno nacional y los gremios docentes firmaron un acuerdo paritario para readecuar el trabajo de los maestros durante la cuarentena y ponerle un freno a la sobrecarga laboral provocada, en muchos casos, por la modalidad de trabajo virtual. El acuerdo plantea la novedosa definición de “derecho a la desconexión digital” y, entre otros puntos, compromete al Ministerio de Educación a colaborar con material tecnológico para la educación a distancia.
El objetivo fue regular la actividad a distancia a través del teletrabajo y el uso de herramientas digitales que alteraron los horarios de trabajo de los maestros y que, por ello, fue producto de una larga serie de demandas planteadas por los gremios desde que se puso en marcha la cuarentena.
La reconversión de las rutinas laborales no solo se expresaron en la elaboración de clases con recursos digitales, sino también en la modalidad de correcciones y entrega de informes que generaron un cúmulo de obligaciones que rompieron con el horario de la jornada laboral habitual .
En diálogo con Página/12, el secretario general adjunto de Ctera, Roberto Baradel, destacó que “son muy pocos los convenios con tal nivel de precisión en materia de protección a los trabajadores como este”. Reconoció que su puesta en vigencia es temporal porque se tomó en el marco extraordinario de una cuarentena por pandemia pero aún así remarcó su importancia porque pone letra chica respecto de “garantías de salarios, derechos, regulación del trabajo y límite de tiempo” en un contexto sin precedentes.
Uno de los puntos más relevantes es la incorporación del concepto de “derecho a la desconexión”, un tema que está en carpeta dentro de la Cámara de Diputados y que refiere a la regulación sobre el teletrabajo. “Implica que uno no puede estar disponible a cualquier hora y que tiene derecho a estar tranquilo”, añadió Baradel.
Esto se vincula también con el respecto por el derecho a la intimidad incluido en el acuerdo paritario, y que alude a la preservación de los datos que surgen de los dispositivos digitales y redes sociales, así como también a la exposición que los maestros hacen de su intimidad en el momento en que dictan clases desde sus hogares.
La Paritaria sobre Condiciones Laborales fue firmada luego de una reunión por videoconferencia entre los ministros de Educación, Nicolás Trotta; el de Trabajo, Claudio Moroni; y los representantes de Ctera y los privados de Sadop. La salvedad fueron la Unión de Docentes Argentinos (UDA), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y los técnicos de AMET, que se abstuvieron de tomar una decisión hasta no consultarlo con las bases.
El temario se basó en una reunión anterior en la que los gremios plantearon una docena puntos que abarcaron tanto el tema de las condiciones de trabajo como cuestiones de infraestructura, salariales y de formación docente. Por ello, su firma fue interpretada por el gremio como “un triunfo”.
En términos generales se habla del “respeto a la intimidad” de los maestros, no solo porque exponen su clases en el ámbito privado del hogar sino porque en todo momento reciben consultas por mail, llamadas o WhatsApp. Esto trastoca sus horarios de descanso y los expone a un contexto full time con jornadas que llegan a las 10 o 12 horas de atención a alumnos, madres o padres y directivos.
"Desde la mañana hasta la noche se están contestando mensajes. Estar todo el día conectado es una complicación que superpone la tarea docente con las tareas del hogar", agregó el titular de Suteba.
El acuerdo incluyó un punto sobre el eventual retorno de clases. Se acordó que el tema deberá resolverse según las jurisdicciones y con consenso de los trabajadores. El documento firmado también indica que para el reinicio de las actividades presenciales “deberán tomarse los recaudos necesarios para que las condiciones de salubridad e higiene de los establecimientos educativos sean las adecuadas”.
Según Baradel, lo que se estima es que “el retorno a la presencialidad en las aulas en la Argentina, como en otros países, va a ser parcial”. De la decisión también participarán los gremios, como parte integrante del comité de expertos infectólogos, y representantes del Consejo Federal de Educación, universidades y patronales.
Los principales puntos del convenio
* Reconocer formalmente toda la labor en cuarentena como “trabajo docente en contexto virtual no presencial” dictado en ámbitos fuera de la institución educativa.
* No variar las remuneraciones acordadas garantizar el goce de licencias.
* “Respetar un tiempo laboral equivalente a la carga horaria que determina el cargo, sin tener que sobrecargarla en virtud de la excepcionalidad del formato de trabajo.” Es decir, que los maestros no trabajen más tiempo del que lo hacen en las escuelas.
* Observar el derecho a la preservación de su intimidad familiar y al descanso, en términos de acotaciones horarias.
* Reorganizar las tareas de supervisión con equipos directivos y de inspección, de modo tal que la burocracia institucional no quite tiempo de elaboración y dictado del contenido pedagógico. Para esto se establecerán días específicos para reuniones con autoridades escolares.
* Incluye el “derecho a la desconexión digital” en los horarios que el docente no pone a disposición su trabajo en el marco de la relación laboral.
* Garantizar la cobertura de riesgo de trabajo en casos de accidente y enfermedades.
* El Ministerio de Educación se compromete a “ampliar” progresivamente los recursos tecnológicos de los docentes. Respecto de este punto, el ministro Trotta había anticipado a este diario que su cartera incluirá a los maestros en el relanzamiento del Plan Conectar Igualdad con la entrega de computadores y que, a la vez, el Banco Nación abrirá una línea de crédito para que los trabajadores de la educación puedan adquirir un nuevo ordenador.
* Ampliar las acciones de formación docente con participación de las organizaciones sindicales.
Aplicación inmediata
La entrada en vigencia de estos puntos es inmediata y los pormenores serán notificados por los gobiernos provinciales en las próximas horas. También se acordó una nueva reunión para dentro de 30 días a fin de supervisar en ese tiempo la aplicación del acuerdo.
Una vez resuelta esta serie de regulaciones, los gremios anticiparon que el próximo paso planteado a las autoridades nacionales fue la “convocatoria a una comisión técnica salarial” para discutir una reactualización necesaria producto de la crisis económica desatada tras la pandemia.
06 de junio de 2020
Cómo sigue la negociación
Alberto Fernández: "El acuerdo por la deuda no debe hipotecar el futuro del país"
El presidente de la Nación volvió a hacer referencia a la "voluntad de llegar a una solución", pero una solución que "podamos cumplir en el futuro".
Imagen: Presidencia de la Nación
"Lo que los acreedores corroboran día a día es nuestra voluntad de llegar a una solución. Pero esa solución tiene que garantizar que el acuerdo que hagamos lo podamos cumplir en el futuro. No nos hemos encerrado en dogmas ni en actitudes tercas, el acuerdo no debe hipotecar el futuro de Argentina", dijo este viernes el presidente, Alberto Fernández, en declaraciones televisivas.
La actual etapa de negociaciones con los bonistas para reestructurar la deuda externa bajo legislación extranjera cierra el próximo 12 de junio. Se rumorea que la diferencia entre la oferta del gobierno y la de los bonistas ronda entre un 7 y un 10 por ciento del valor neto de los bonos.
El gobierno avanzó hasta un 47 por ciento de oferta en relación al valor total previsto en los títulos en capital e intereses, mientras que los acreedores reclaman un número algo inferior al 57 por ciento. En el gobierno esperan llegar a un buen nivel de aceptación alrededor de un valor presente neto del 50 por ciento que permita cerrar una primera etapa del canje y seguir negociando con los tenedores más duros.
“Sería como si Macri hubiese emitido la mitad de la deuda que tomó”, grafica una fuente allegada al gobierno nacional en relación al impacto del acuerdo de reestructuración cerrado en un 50 por ciento del valor presente neto de los bonos. El acuerdo al que podría llegar el Ejecutivo con los bonistas implica una sustancial quita en los intereses comprometidos, mientras que el capital que asciende a unos 66 mil millones de dólares no se afecta de sobremanera. El paso posterior al canje con los privados es el acuerdo para refinanciar los 44 mil millones de dólares que el FMI prestó en 2018/2019.
Las posiciones se acercaron considerablemente en relación a las ofertas originales. Si bien no hay documentos formales que demuestren las pretensiones de los bonistas, se estima que la posición inicial en torno al 75 por ciento del valor presente neto que querían los bonistas ya está 20 puntos abajo, cerca del 57 ciento, mientras que el gobierno se estiró de un 35 a un 45/47 por ciento. En este último caso, parte de la mejora vino con la presentación de una “oferta revisada” de parte del ministro Martín Guzmán, que redujo en un año el período de gracia (de tres a dos años), entre otras cosas. Adicionalmente, se añade un título en dólares con vencimiento en 2034 que paga un cupón del 1 por ciento desde 2022. En el mercado aparece la idea del cupón PBI como un elemento que los bonistas quieren que se incluya en la oferta.
Los próximos días serán de intensa negociación. Guzmán tiene el mandato político de llegar a un acuerdo y las ganancias de los títulos públicos nacionales en el mercado financiero dan cuenta de la expectativa del acuerdo. Sin embargo, entre los bonistas está Blackrock, que tiene férrea oposición a la postura argentina. En cambio, otro grupo de bonistas como Fintech, Gramercy y Greylock estarían más cercanos a la posición del ministro.
El cierre en el 50 por ciento del valor presente neto tomó fuerza con la declaración del Fondo Monetario Internacional (FMI), que dejó entrever que por encima de esa suma sería difícil mantener la "sostenibilidad" del acuerdo. Se trata de una declaración más bien política, porque con el grado de incertidumbre sanitaria, en la macroeconomía nacional y en las finanzas globales, la "sostenibilidad" es un rótulo difuso. La posición del FMI marca la cancha de la negociación porque muestra que habría apoyo posterior para acordar un plan de refinanciamiento de la deuda con el organismo. Ese apoyo es indispensable para que el país cuente con los dólares para pagar a los privados.
Ahora, la intención del gobierno nacional es mejorar sustancialmente el grado de aceptación de la propuesta del canje. Se estima que el primer cierre de la negociación cosechó un grado de adhesión de apenas el 18 por ciento de los bonistas. Ese número tendrá que subir hasta una franja del 60 por ciento en promedio para que el gobierno pueda reasignar bonos con porcentaje de aceptación del 75 por ciento y dar por cerrados algunos tramos del canje. Por debajo del 75 por ciento de adhesión promedio, volvería a resurgir el problema de los holdouts, que hizo célebre al juez Thomas Griesa de Nueva York.
Un factor adicional que le juega al gobierno como motor para llegar a un acuerdo es la creciente presión en el mercado cambiario, que se refleja en las nuevas medidas del Banco Central para restringir aún más el acceso a los dólares, lo cual promete tener efectos negativos sobre la inversión y los precios.
El gobierno envió el proyecto de ley al Congreso. Seguirán los aumentos por decreto
Movilidad jubilatoria: seguiría suspendida hasta fin de año
En sus fundamentos, señala que en el contexto de la pandemia "resulta imposible" establecer una fórmula estable. Propone mantener la suspensión hasta el 31 de diciembre.
Por Florencia Barragan
Imagen: Bernardino Avila
El Gobierno buscará prorrogar hasta el 31 de diciembre la suspensión de la movilidad jubilatoria, y a cambio otorgar aumentos por decreto. Para eso, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados. En la ley de solidaridad que aprobó el Congreso el año pasado se establecía que para junio de este año los legisladores debían tener lista una nueva fórmula. Sin embargo, el Gobierno considera que, en el contexto de la pandemia y la volatilidad económica, "resulta absolutamente imposible" construir una movilidad "seria", dado que las variables económicas que se utilizan en el mundo para este cálculo, las ecuaciones sufren "grandes distorsiones".
El proyecto de ley, firmado por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, deberá ser analizado por un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de la Cámara Baja. Juntos Por el Cambio anticipó que votará en contra. Por el contrario, el diputado Luis Petri presentó un proyecto para derogar el congelamiento de la movilidad que había sido establecido en diciembre pasado para el primer semestre de este año, y que explica por qué los aumentos de marzo y junio se dieron por decreto.
Considera que de esta manera se convalida un "ultraje al bolsillo" de los jubilados, pese a que los primeros dos años --entre 2017 y 2019-- en los que rigió la ley impulsada por el macrismo los jubilados perdieron 20 por ciento de poder adquisitivo. En tanto, ya se encuentra conformada la comisión mixta de funcionarios y legisladores que trabajará en la futura fórmula, que reemplazará a la actual. La comisión emitio un dictamen recomendándole al gobierno y al Congreso prorrogar el artículo 55 de la ley de solidaridad (referido a las facultades del Poder Ejecutivo para otorgar los aumentos por decreto) y el 56, sobre la modificación de la ley. El Ministerio de Economía, que conforma la comisión mixta, explicó por qué "no es factible" volver a aplicar la fórmula anterior.
El proyecto de ley explica que debe existir una movilidad automática, porque así lo establece el artículo 14 bis de la Constitución. Pero también dice que un esquema de movilidad debe cumplir con dos objetivos: garantizar estabilidad de los haberes y que sea sostenible con los recursos fiscales. Para el primer objetivo, en el mundo se utilizan para la actualización variables como la inflación, los salarios o la recaudación. "Estos parámetros se vieron severamente afectados por la pandemia", dice el proyecto. Y anticipa que es "científicamente imposible" determinar cómo va a evolucionar la pandemia y su consecuente impacto en la economía. En caso de aprobarse la ley, las subas se atenderán "prioritariamente a los beneficiarios que perciban menores ingresos". Así fue como se hizo en marzo con la suma fija .
Sobre la inflación, el texto establece que "la tasa de inflación mensual frente a esta coyuntura de restricciones pierde parte de sucapacidad informativa sobre una canasta de consumo cuya composición se ve severamente alterada". Sobre los salarios, explica que sólo en marzo el nivel de empleo registrado del sector privado tuvo la mayor reducción mensual desde el año 2002. La variación salarial, medida por el Ripte, "se encontrará fuertemente afectada por la disminución de las remuneraciones imponibles, producto de los acuerdos que posibilitaron la suspensión de trabajadores". En cuanto a la recaudación, "los recursos tributarios que recauda la AFIP" cayeron en marzo y la baja se "pronuncia fuertemente" en abril, con una variación mensual negativa del 23,4 por ciento. También el Gobierno dispuso como una de sus medidas para paliar la situación de las empresas postergar el pago del impuesto a las contribuciones patronales, que financia directamente a la Anses.
También el proyecto de ley detalla por qué no se podría cumplir con el segundo objetivo de la movilidad, el de la sustentabilidad fiscal. "El sistema previsional constituye, como inversión social, uno de los principales componentes del gasto primario. En el año 2019 las prestaciones significaron un 46,3 por ciento del mismo, y alcanzó al 8,6 por ciento del PBI", dice.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario