Por Adriana Meyer. 4 junio 2020
No hay ningún imputado en la causa y la familia no tiene abogado
Foto: Elsa Fernández y su hijo Cristian, víctimas de la violencia policial en Chaco.
A pesar de las profusión de imágenes sobre el ataque, los testimonios y la denuncia urgente del Comite de Prevención de la Tortura en Chaco no hay ningún policía imputado por lo sucedido el domingo a la madrugada en el barrio Bandera Argentina, cerca de Resistencia. La fiscalía de Derechos Humanos aún está en etapa de «identificación» de los uniformados que ingresaron a la fuerza a la casa de Elsa Fernández, golpearon a sus hijos y sobrino, los llevaron a la comisaría y allí los sometieron a tormentos y abusos, entre ellos manoseo a una chica menor de edad. «Es una barbaridad, ya tendrían que estar detenidos, están los nombres de los que aparecen en el video, el OCI (Organo de Constrol Institucional) y el Ministerio de Justicia está aportando documentación, pidió oficio urgente al hospital donde certificaron las lesiones de las víctimas y a la jefatura policial el libro de la comisaría, y piden que se acerquen testigos que hayan visto lo sucedido», explicó a Página/12 Silvio del Balzo, presidente del Comité.
«No hay imputados, la fiscalía dicen que son seis los policías identificados pero que tiene que terminar de determinar responsabilidades y recién entonces pedirán las indagatorias«, agregó. De Balze confirmó que a los sospechosos de los delitos gravísimos que denunciaron Elsa Fernández, Cristian Fernández, Alejandro Saravia y Rebeca Garay se les quitó la «chapa» y el arma, y están en sus casas suspendidos en el cargo. En teoría no pueden salir por el aislamiento social obligatorio, pero algunos de sus compañeros fueron vistos por el barrio Fontana, amedrentando a testigos. La familia sería asistida por la Defensoría Pública, hasta ahora no tienen representación legal oficial.
«El domingo a la mañana tomamos conocimiento de lo que pasó a través de la Mesa Multisectorial Feminista, hubo unas familias tirando piedras contra la comisaría 3ra, y un par de policías salieron a correrlos. Incluso hubo un forcejeo, pero las personas agredidas luego no tenían nada que ver con los que perseguía la policía. Y pasó lo que todos vimos», indicó De Balze al referirse a las imágenes del ingreso a la fuerza en la casa de estas familias qom, a las que el presidente Alberto Fernández calificó de «inaceptables» .
En las primeras horas trascendió que estaba interviniendo la secretaría de Derechos Humanos provincial, de modo que el Comité se haría a un costado porque consideró que sus funcionarios harían la denuncia y darían asistencia a las víctimas con el órgano dispuesto para esa tarea. Sin embargo, en el barrio sólo estaban las militantes de la Mesa Multisectorial Feminista y la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Así, la única denuncia formal presentada hasta el momento fue la de ese organismo, que depende del Estado pero es autónomo del mismo.
«El informe contiene fotos, lo enviamos a la fiscalía de Derechos Humanos por correo oficial con carácter de urgente, también fuimos a la comisaría porque estamos autorizados a ingresar por la ley 17.098 que creó este mecanismo de prevención de la tortura a nivel nacional, es como el equivalente a un Defensor del Pueblo», explicó De Balzo. Chaco fue el primer lugar en que se creó a raíz del asesinato de Juan Ángel Greco, un artesano de 24 años que falleció tras ser detenido ilegalmente y alojado en una celda que luego fue incendiada, el 4 de julio de 1990 en la Comisaría de Puerto Vilelas.
Más allá de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, el Comité finalmente decidió presentarse también en la causa para pedir la detención de los policías involucrados, que son muchos más que seis, incluso porque algunos actuaron vestidos de civil, algo ilegal pero que, según De Balze, es común en Chaco. «No se están haciendo bien las cosas, el gobierno provincial debío convocar a todos los organismos para bajar los decibeles de la situación, están saliendo a reclamar otros sectores de la sociedad que dicen que son ‘lacras’, entonces la familia tiene que saber que se va a hacer justicia», dijo el presidente del Comité en diálogo con este diario.
El gobernador Jorge Capitanich no hizo ningún pronunciamiento público, a pesar de que sí hubo declaraciones a nivel nacional. «Salió la ministra de Seguridad, que anunció sobre las acciones de la secretaría de Derechos Humanos, pero sin la secretaria presente, es poco serio», se quejó De Balze. A su criterio, la ministra Gloria Zalazar «no cree en los organimos ni el comité ni en las defensorías».
De Balzo destacó que tampoco fue aceptado por la justicia provincial el hábeas corpus que presentó por las denuncias de abusos policiales en los procedimientos por el control del cumplimiento de la cuarentena. «No estamos en contra de los operativos, pero controlen a la policía porque se les está yendo la mano», fue el mensaje del Comité porque en Chaco implementaron el operativo saturación y el toque de queda sanitario por el cual luego de las 20 nadie puede circular.
«La policía ya está envalentonada, le quisieron poner el lazo y se rebelaron», interpretó De Balzo. «Convivimos con tres pueblos originarios, qom, wichí y mocoví. En todos los episodios de abusos y apremios, siempre hay un sesgo de discriminación por su condición étnica. Es un choque cultural permanente, y encima ahora los acusan de haber traído el virus, cuando los primeros casos de coronavirus fueron por gente que vino del exterior. El policía asustado monitoreando esto, sumado al racismo, deriva en un desastre. Muchos testimonios de chicos que sufren hostigamiento refieren que los policías están ebrios».
Preventiva para nueve policías por torturas y abuso sexual en comisaría de La Tablada
Por Agencia Andar, Resumen Latinoamericano, 04 de junio de 2020
Este miércoles 3 de junio, el Juzgado de Garantías N 1 de La Matanza, a cargo de Mari Castillo, dictó la prisión preventiva para nueve agentes de la Policía Bonaerense que están acusados de ser coautores o partícipes secundarios de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual contra más de 20 mujeres detenidas en la comisaría 3ª de La Tablada, entre septiembre del 2019 y enero de este año.
La jueza valoró las declaraciones testimoniales de las víctimas y sostuvo que “las situaciones de abuso, humillación y discriminación les provocaron consecuencias nefastas y traumáticas”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) había denunciado estos hechos tras una inspección sorpresiva y patrocina a todas las víctimas.
Desde septiembre de 2019, a partir de la asunción del subcomisario Lionel Gómez, hasta enero de este año, las mujeres detenidas en la comisaría 3ª de La Tablada, partido de La Matanza, fueron sometidas sistemáticamente y mediante diversos métodos a prácticas violentas, humillantes y degradantes que configuran hechos de torturas. La violencia combinaba el sufrimiento físico con un particular sometimiento por la condición de mujeres de las víctimas.
La situación fue comunicada por el defensor de Casación Bonaerense Mario Coriolano a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que denunció penalmente los hechos luego de realizar en enero pasado una inspección sorpresiva. La causa tiene 20 funcionarios policiales imputados y nueve de ellos detenidos.
Este miércoles, el Juzgado de Garantías N 1 de La Matanza, a cargo de Mari Castillo, confirmó la prisión preventiva de los nueve imputados que están acusados de ser coautores o partícipes secundarios de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual con acceso carnal.
En su decisión, la jueza señaló la gravedad de los delitos que se investigan y valoró las declaraciones testimoniales de las más de 20 mujeres víctimas. “Resultan más que notorias las consecuencias nefastas y traumáticas que los hechos denunciados provocaron en ellas”, sostuvo. Y agregó: “Las situaciones de humillación, abuso, discriminación y destrato, entre otras vivencias generaron, en mayor o menor medida, sentimientos de indefensión, temor y angustia”.
La titular del Juzgado de Garantías N 1 de La Matanza también destacó las declaraciones realizadas por integrantes de los equipos del Comité Contra la Tortura y Salud Mental de la CPM, que fueron los primeros en escuchar el testimonio de las víctimas durante la inspección realizada en enero. Sobre esas declaraciones, la jueza remarca los comentarios vertidos sobre “la magnitud del hecho y la continuidad en el tiempo de las vejaciones”.
Al momento de justificar las prisiones preventivas, la jueza Mari Castillo consideró que la gravedad de los hechos que se imputan, la pluralidad de víctimas, la calidad de funcionarios policiales y la expectativa alta de pena que esos delitos conllevan. Además, sostuvo que existe la posibilidad de que los imputados en libertad influyan para que otros coimputados o testigos declaren falsamente o se comporten de manera desleal en el proceso para garantizarse la impunidad.
Además del entonces subcomisario Lionel Gómez, la prisión preventiva alcanza también a los policías de la comisaría 3ª Javier González, Cristian Aliaga, Ángel Reales, Ariel Pasquale y Leandro Maidan, a las agentes Maida Celeste Ruiz y Silvina Suárez, y a la integrante del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) Johana Romero.
La causa tiene, además, otros nueve funcionarios y funcionarias de esa dependencia policial acusados por encubrimiento.
Cabe recordar que, de acuerdo a la instrucción judicial que realizó la fiscalía de gravedad institucional de La Matanza, a cargo de Julia Panzoni y Fernando López, la causa se desglosa en tres hechos. El primero de ellos, ocurre entre el 22 de septiembre del año pasado y el 21 de enero, agentes de la comisaría 3ra ejercieron distintos hechos de violencia contra, al menos, 23 mujeres detenidas. Además de atentar contra la integridad física de las mujeres, las sometían a sanciones y castigos abusivos: aislamiento extremos hasta de cuatro días, impedimento de comunicación con sus familias, retraso prolongado de la entrega de la comida, falta de atención médica, además de obligarlas a orinar en botellas plásticas y defecar en bolsas de nylon.
El segundo de los hechos ocurrió el 19 de diciembre, entre las 17 y 20 horas, seis policías —dos mujeres y cuatro varones— perpetraron abuso sexual con acceso carnal contra al menos ocho mujeres. De a una a la vez, las hicieron pasar a un calabozo donde las sometieron a vejaciones, las obligaron a desnudarse y realizar infames posturas, para luego abusarlas sexualmente.
El último de los hechos ocurrió el 5 de enero de este año, durante una requisa policial por parte de la agente del GAD y dos efectivos de la comisaría 3ra. Los funcionarios obligaron a diez detenidas a ingresar en un baño de ínfimas dimensiones y, una vez allí, las obligaron a desnudarse, mientras las hostigaban y amenazaban con los palos que portaban.
Fuente: Redeco.com.ar
«Todo está servido para los empresarios pero para los trabajadores independientes está complicado»
Resumen Latinoamericano, 04 de junio de 2020
Esto afirmó Hernán “Cabra” de Vega de Las Manos de Filippi en una entrevista realizada por Mario Hernandez. Diferentes sectores de la cultura – trabajadores audiovisuales, fotógrafos, músicos, artes escénicas, artistas – que se encuentran en una situación de precarización laboral convocaron a una movilización el jueves 4 de junio al Ministerio de Cultura. Exigen un subsidio mensual de $30.000 mientras duren las restricciones a la actividad cultural impuestas por la pandemia.
Mario Hernández: El pasado 26 de mayo realizaron una concentración al mediodía, con distanciamiento social, en la puerta del Ministerio de Cultura, ubicado en Av. de Mayo 575. ¿Cuáles fueron los motivos de esa concentración?
«Cabra» de Vega: Desde que empezó la cuarentena armamos un padrón para que aquellos músicos que venían con problemas laborales, ante lo que sabíamos que se iba a venir, se empadronen. Tuvimos 4.000 en menos de una semana, al día de hoy se ha superado ampliamente esa cifra y a partir de eso empezamos a hacer asambleas de músicos de todo el país de donde surgió un petitorio con puntos como 30.000 pesos para cada músico sin trabajo, basta de despidos en Cultura, basado en que apenas empezó la cuarentena echaron a 40 músicos de la Orquesta Municipal de José C. Paz, que el día de hoy los reincorporaron gracias a la movilización que hicieron desde el momento en que los echaron. Eso se superó positivamente.
Otro pedido es que el Estado brinde un circuito online pagado para los músicos y bandas, para que se pueda trabajar de alguna forma. Y también pedimos que se le cobre un impuesto a las OTT como Spotify y todas las apps que viven del trabajo de los músicos, para que ese fondo vaya al subsidio para los músicos sobre todo independientes. Esto se lo planteamos en reuniones por chat, tanto a Nación como a Ciudad, y como la respuesta era que no tenían ni una contraoferta o un plan para los trabajadores de la cultura, no nos quedó otra que ir a concentrarnos en la puerta de la Secretaría de Cultura de la Ciudad.
M.H.: ¿Con algún resultado?
C.: No hasta ahora pero el resultado positivo fue que vamos a ir a una movilización o una concentración con todos los sectores de la cultura en general, cineastas, artistas plásticos, colectivo de actrices el 4 de junio pero a Nación. Levantando los músicos estos puntos que mencioné, pero cada una de las organizaciones tienen su petitorio.
M.H.: ¿Querés agregar algo más?
C.: Invito a los artistas con imposibilidad de trabajar que se sumen a todas las actividades y a las asambleas de Músicos Organizados, tanto en Facebook como en Instagram está toda la data y ahí publicamos las fechas de las asambleas y las actividades. Vamos a salir de esta cuarentena mejor parados laboralmente que cuando entramos, esa es la tarea. Porque la respuesta que tuvimos cuando solicitamos esta ayuda económica fue que nos teníamos que acoger a la IFE y después de más de dos meses, pensar que ese subsidio era solo de 10.000 pesos y que hay gente que todavía no la cobró, y que la mayoría de los músicos tienen cargos en colegios con ingresos muy bajos, de 4 a 8.000 pesos y con eso solo ya quedás por fuera de la IFE.
Enseguida arreglaron con los grosos de la cultura, o los bolicheros grosos, que consiguieron fondos para su beneficio. Pero cuando se trata de trabajadores precarizados no existe solución. Techint y las grandes empresas consiguieron que el Estado les de la mitad de lo que pagan de sueldo. Por otro lado consiguieron que la CGT acepte el 75%. Todo está servido para los empresarios pero para los trabajadores independientes está complicado.
Movimiento de Mujeres Agropecuarias, 25 años en lucha
Resumen Latinoamericano, 04 de junio de 2020
Con estas palabras la presidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de Santa Rosa, Paula Grotto homenajeo a Lucy de Cornelis, por el 25° del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha
Ayer, 3 de junio se cumplieron 25 años de la gestación del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Una organización nacional originada a pocos kilómetros de nuestra ciudad y que evitó que miles de hectáreas sean rematadas durante los años 90.
Con estas palabras, quiero destacar y agradecer el trabajo de nuestra Lucy de Cornelis, que desde Winifreda es la pionera de uno de los actos de mayor demostración de fuerza del campo popular argentino.
El contexto social, político y económico en el cual nace este Movimiento es conocido y vivido por todos y todas.Teníamos un Estado débil frente al mercado, y la crisis en la economía precedió a la social y a la política.
Lucy recuerda que el rematador había ido por sus cosas. Después de haber trabajado incansablemente, se iban a quedar sin nada. Ella insistía en que “tanto esfuerzo no se lo iban a llevar los grandes bancos”.
Ella se anticipaba a un escenario desolador: ya se había vendido todo el patrimonio argentino con la privatización de las empresas estatales y venían por la concentración de la tierra de los pequeños productores.
La primera asamblea del Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha se desarrolló el 3 de junio de 1995, en el Club de Winifreda y participaron 300 mujeres de nuestra provincia. Lucy, antes de iniciarla, le pidió a su hija que llevara la bandera argentina y el Himno Nacional, que se convertirían en los símbolos del Movimiento.
Las mujeres agropecuarias accionaban de una manera peculiar: se presentaban en los remates públicos y, entonando el himno nacional, impedían que se ejecutaran.
Ganaron en fuerza y expansión, yendo a impedir remates en numerosas provincias de nuestro país. Se manifestaron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando ingresaron en la Plaza de Mayo conduciendo sus propios tractores. Hasta realizaron un abrazo al Banco Nación.
En el 2003, las mujeres fueron a la Casa Rosada y le exigieron personalmente una audiencia al presidente Néstor Kirchner. De Cornelis recuerda que “Nos llamó adentro y nos escuchó. Dijo que esto era un problema que había que resolverlo ya y se comprometió a que no va a haber un remate más en Argentina. Y lo cumplió”.
Fueron mujeres y son mujeres. Ellas salieron de la esfera del hogar a la política y, ni más ni menos, contra el modelo neoliberal que hacía mella en nuestro país. Estaban desesperadas ante el riesgo de perder sus propiedades, hipotecadas por deudas contraídas con los bancos.
Es un orgullo que contemos en nuestra provincia con Lucy de Cornelis y su Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha. Pioneras en cuestionar la legitimidad del endeudamiento y del modelo económico neoliberal y constructoras de igualdad. Pero por sobre todo, como dice ella: “fueron las mujeres las que salvamos la soberanía argentina”.
Fuente: Diariofemenino.com.ar
Dos trabajadores del frigorífico Penta enfermaron y lo adjudican a quedar sin trabajo
Resumen Latinoamericano, 4 junio 2020
Dos trabajadores que reclaman por su reincorporación en el frigorifico Penta se enfermaron y el gremio adjudica este desenlace como producto de la situacion que conllevó los despidos.
Uno es Angel More y el otro Arias Tyson.
Desde el Sindicato de la Carne expresaron su solidaridad a la situacion.
Esto comunicó Juan Cordoba Adjunto del sindicato «Arias Tyson su presión y su corazón le está jugando una mala pasada. por que hace 80 días está en la calle peleando por su salario y por la reincorporacion a su trabajo de hace 24 añose. Está internado, recuperándose en una clínica en Bernal, su familia esta desesperada sin nada para comer por el capricho del empresario Ricardo Bruzzese que no paga los sueldos y mantiene un lockout patronal y tiene de rehenes a los trabajadores sin mandar ningún telegrama para que ellos decidan su futuro laboral. Recemos por el companero tyson fuerza y hasta la victoria siempre».
Uno es Angel More y el otro Arias Tyson.
Desde el Sindicato de la Carne expresaron su solidaridad a la situacion.
Esto comunicó Juan Cordoba Adjunto del sindicato «Arias Tyson su presión y su corazón le está jugando una mala pasada. por que hace 80 días está en la calle peleando por su salario y por la reincorporacion a su trabajo de hace 24 añose. Está internado, recuperándose en una clínica en Bernal, su familia esta desesperada sin nada para comer por el capricho del empresario Ricardo Bruzzese que no paga los sueldos y mantiene un lockout patronal y tiene de rehenes a los trabajadores sin mandar ningún telegrama para que ellos decidan su futuro laboral. Recemos por el companero tyson fuerza y hasta la victoria siempre».
También hizo lo propio por More: » Este Compañero es Angel More es unos de los trabajadores de Penta que hace 80 días está en la calle sin cobrar su sueldo y luchando por la reincorporacion a su trabajo de hace 23 años. El domingo sufrió un brote psicótico producto de su inestabilidad emocional por no tener para comer gracias al empresario Ricardo Bruzzese que se tomó esto como un juego y algo personal y se cagó en las familias de todos los trabajadores, hoy More está internado mal y no sabemos cómo va a quedar después de esto. Necesitamos que todos recemos por él y por su familia que la está pasando mal. Fuerza cómpañeros, hasta la victoria siempre».
Más represión policial a pobladores en Chaco / Una provincia donde el gobernador Capitanich debería dar muchas explicaciones
Resumen Latinoamericano, 4 junio 2020
Tras el ataque a una familia qom en Fontana, se denunciaron nuevos casos de violencia institucional «habilitados» por el control del aislamiento social obligatorio.
Unas treinta personas del movimiento social 25 de Mayo salieron de las malezas del Camping Municipal de Quitilipi y cortaron el tránsito en la Ruta 16, a la altura del kilómetro 155. Reclamaban por la falta de pago de su trabajo para el municipio. Fueron reprimidos con escopetas con balas de goma, se escondieron en los pastizales y al rato respondieron con piedras y gomerazos, que lesionaron a algunos de los uniformados. En tanto, también se difundieron imágenes nocturnas en Barranqueras, cerca de Resistencia, donde se ve a dos agentes policiales disparar con balas de goma a un joven, supuesto infractor del aislamiento. Y en la misma ciudad, otro joven denunció apremios ilegales por circular sin barbijo.
«Fuimos nuevamente reprimidos por la policía del Chaco, palos y balas para el que reclama. Desde febrero estamos pidiendo trabajo, el martes pasado empezamos un acampe y vino una secretaria del gobernador a decir que el pago salía el miércoles. Entonces le dije al comisario que averigüe si estaba el pago, porque no nos creen que el gobierno nos miente», dijo una de las dirigentes del movimiento 25 de mayo tras la represión. «Siempre somos pobres contra pobres al chocar a la hora de la verdad, el pago no salió hoy tampoco por la reparación de veredas. Cortamos media calzada y terminamos con un compañero lesionado en la cara», agregó.
En las imágenes registradas en Barranqueras, se identifica al móvil PT-260, que pertenece a la comisaría séptima, en un irregular procedimiento con una persona que circulaba en un horario no habilitado por la alarma sanitaria. En Chaco, a partir de las 20, suenan sirenas para alertar de que no se puede seguir circulando. En el video difundido por Diario Tag se puede ver cómo el supuesto infractor del aislamiento exhibe sus ropas para luego retirarse por orden policial. Mientras lo hacía, los agentes dispararon con balas de gomaa espaldas del joven, para “intimidarlo”, según aportó un vecino.
Además, el pasado domingo, en barrio Nuevo Amanecer de la ciudad de Barraqueras, un joven de 35 años, David Zaracho, resulto víctima del personal de personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y de un grupo de agentes de la policía del Chaco, dependientes de la Comisaría 2da. Recibió golpes de puño, de pie, con objetos contundentes en el cuerpo. El joven había ido a una cuadra de su casa a una verdulería, cuando escuchó la voz de alto de la GUM, preguntando por su barbijo. “Disculpá, vivo a una cuadra, lo tenía en el bolsillo” dijo Zaracho. «La próxima vez trae tu barbijo puesto o vas a cobrar”, le respondieron.
Según consta en la denuncia, la Guardia Urbana comenzó a empujarlo y a agredirlo física y verbalmente, y él se defendió. Entonces llegaron otros tres agentes del GUM, le doblaron el brazo y lo redujeron en el piso. Según la denuncia del joven, así reducido recibió golpes de puño y patadas en todo el cuerpo. “Me estaban asfixiando, casi me quedé inconsciente”, relató.
Los vecinos que estaban viendo lo que sucedía avisaron a la familia del joven. Su hermano intervino, empujando a los agentes del GUM. Lograron volver a la casa, pero pasados 20 minutos, irrumpieron de forma violenta en el domicilio entre 15 y 20 efectivos de la Comisaria 2da de Barranqueras, acompañados por el comisario Sergio Galeano. Los redujeron a ambos en el suelo, y los golpean. La denuncia se completa con lo que le dijeron a la madre de los jóvenes, Fabiana Casco, cuando acudió a ayudarlos: “Negra de mierda, metete en tu casa”.
La dinámica aparece repetida, como en el ataque policial a la familia qom Fernández-Saravia en Fontana, donde los responsables del secuestro, torturas y abusos a cuatro de sus más jóvenes integrantes fueron apartados de su cargo pero aún no han sido imputados. El denominado «toque de queda sanitario» por el cual a partir de las 20 cada noche no se puede circular, está abriendo en esa provincia la repetición de «excesos» policiales, en una preocupante escalada de violencia institucional.
Una provincia donde la policía hace lo que quiere contra los pobres
Golpes, tiros, arrestos injustificados, torturas. Todo vale en el Chaco policializado del gobernador Jorge Capitanich. Ese buen amigo de los EE.UU y ahora uno de los responsables del estado de violencia contra los más humildes y sobre todo, indígenas, que se vive en la provincia. El gobernador no ordenó el arresto de los policías que torturaron y golpearon a adolescentes en Fontana, ahora se hará otra vez el distraido con lo ocurrido en Quitilipi, y mañana vendrá otra de las tantas que los terratenientes que les roban las tierras a los originarios y los uniformados que se sienten a sus anchas disparando a mansalva. ¿No será hora que se rompa el silencio cómplice de una sociedad que frente a estos hechos calla, porque el Chaco queda lejos, no es la gran ciudad de las luces? ¿No será el tiempo que el gobierno nacional intervenga con todo en esa provincia donde las gorras policiales mandas más que cualquiera de las instituciones? Hasta cuando tanta impunidad!.
Envio:RL
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