Resumen Latinoamericano, 18 junio 2020
Un terrible hecho vuelve a poner en escena una lamentable práctica que se da en todo el norte provincial, y con otros nombres en el resto del país. Una joven wichi fue encontrada en Rivadavia Banda Sur, con apenas 16 años fue víctima de una violación en manada por parte de 4 criollos de esa localidad.
Para algunos esto responde a una «práctica cultural» que históricamente fue llamada «ramear», en el norte, aunque en otras zonas del país ha sido nombrada de diversas formas, con el mismo nivel de horror.
El «rameo» o «chineo» consiste en: varones blancos violan y luego devuelven a sus comunidades a jóvenes menores de edad sin ningún tipo de sanción. A lo largo de la historia, fue considerado una práctica cultural que existe desde hace siglos y continúa como parte de un odio de clase.
Al igual que en la Edad Media, a plena luz del día, varones criollos, adinerados, comerciantes o terratenientes, con poder económico o político, someten a niñas menores de edad de las comunidades indígenas del norte del país a un ritual de iniciación sexual que parece increíble que aún exista: se las llevan de los pelos, las alcoholizan, abusan sexualmente de ellas (muchas veces en manada), y luego las devuelven a sus comunidades como si nada hubiese sucedido. Una forma de racismo contra los pueblos originarios que se mantiene en el tiempo y que aún no ha desaparecido.
Al igual que en la Edad Media, a plena luz del día, varones criollos, adinerados, comerciantes o terratenientes, con poder económico o político, someten a niñas menores de edad de las comunidades indígenas del norte del país a un ritual de iniciación sexual que parece increíble que aún exista: se las llevan de los pelos, las alcoholizan, abusan sexualmente de ellas (muchas veces en manada), y luego las devuelven a sus comunidades como si nada hubiese sucedido. Una forma de racismo contra los pueblos originarios que se mantiene en el tiempo y que aún no ha desaparecido.
Frustrada entrega al Canciller Felipe Solá de carta con cientos de firmas sobre resolución que recorta libertad de expresión
Resumen Latinoamericano, 18 junio 2020
Después de consultar telefónicamente que en la sede de Cancillería funciona en la emergencia una mesa de entradas para los trámites habituales en ese ministerio, este jueves, Fabián y Valeria, dos jóvenes comunicadores, se dispusieron a entregar (en nombre de cientos de firmantes) la Carta dirigida al Canciller Felipe Solá criticando la Resolución 114/2020 sobre el concepto de antisemitismo que fuera aprobada días atrás.
Una vez en el lugar, les informaron que de ninguna manera reciben cartas en mano por razones de seguridad sanitaria. Algo bastante particular por cierto ya que, de la misma manera no habría que manipular dinero, ni periódicos, ni miles de papeles que se utilizan en la vida cotidiana marcada por la pandemia. Los portadores de la misiva insistieron pero la respuesta fue negativa.
La carta, encabezada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la dirigenta de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Nora Cortiñas, y firmada por cientos de personalidades, intelectuales, dirigentes sociales y políticos, solicita respetuosamente al Canciller que deje sin efecto tal medida que está destinada a recortar la libertad de expresión y opinión sobre el Estado de Israel que desde hace más de siete décadas ocupa e intenta someter al pueblo palestino.
Debido a la imposibilidad de una entrega en mano al Canciller, como hubiera sido lo lógico, y tampoco se pudo dejar en la mesa de entradas que la propia Cancillería habilita para estos menesteres, la carta será enviada por correo electrónico, sin tener ninguna constancia que la misma llegará a las manos de quien debería dar una respuesta.
Movimiento Popular La Dignidad escrachó a la Sociedad Rural
PARA RESOLVER LA ECONOMÍA DISTRIBUYAMOS LA RIQUEZA
Este jueves el Movimiento Popular La Dignidad realizó un escrache en la puerta de la Sociedad Rural, Florida 460, «a los millonarios que concentran la riqueza, fugaron capitales y aún así se resisten a pagar el impuesto a las grandas fortunas».
«La pandemia no sólo arroja incertidumbre sino que evidencia y profundiza las desigualdades. La mitad de la riqueza en el mundo se concentra en el 1% de la población. Es necesario distribuir para eliminar las desigualdades y poder afrontar la post pandemia», expresó Laura Bitto, referenta del MP La Dignidad.
La intervención y expropiación de Vicentín. El impuesto a las grandes fortunas. La creación de empresas públicas que permitan fortalecer el estado y garanticen la soberanía nacional, son medidas que marcan el camino hacia lo que vendra y contribuirán a construir un país con justicia social.
Resumen Latinoamericano*, 18 junio 2020.-
Se trata de un proyecto de articulación público-privada que produjo un suero terapéutico a partir de anticuerpos de caballos. Los resultados en laboratorio comprobaron que inhibe la capacidad de infección del virus. Se espera que inicien las primeras pruebas con pacientes a mediados de julio.
Investigadores del CONICET dirigieron un proyecto público-privado para el desarrollo de un suero terapéutico para tratar pacientes infectados con COVID-19 que mostró, en pruebas in vitro, la capacidad de neutralizar el virus. Gracias a estos resultados, se iniciará en breve la fase de ensayos clínicos en pacientes.
Según explicó a la Agencia CTyS-UNLaM, la doctora Vanesa Zylberman, investigadora del CONICET y directora de INMUNOVA, la compañía biotecnológica que llevó a cabo el trabajo, “el tratamiento es un suero para inmunización pasiva. Esto significa que a una persona se le administran anticuerpos de una fuente externa, por ejemplo, de personas convalecientes. En nuestro caso, se utilizaron anticuerpos policlonales equinos”.
El proyecto está articulado con el Instituto Biológico Argentino (BIOL) y algunas instituciones públicas como la Administración Nacional de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS). También, cuenta con la colaboración de la Fundación Instituto Leloir (FIL), Mabxience, CONICET y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
Resultado in vitro
Zylberman aseguró que, de acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio, el tratamiento desarrollado logró frenar la capacidad de infección que tiene el virus in vitro. “El virus, a través de una proteína que tiene en su membrana denominada Spike, se une al receptor de la célula humana y, así, logra ingresar a la misma. Lo que hacen los anticuerpos que nosotros produjimos es bloquear esa proteína viral e impedir la entrada del SARS-CoV-2 a la célula”, profundizó la investigadora.
“La administración de estos anticuerpos a pacientes, como terapia pasiva, tiene el objetivo de evitar que el virus encuentre su receptor y bloquear la propagación viral”, agregó.
Ensayos clínicos
La etapa que sigue -se espera que sea a mediados de julio- es iniciar la fase de ensayos clínicos, es decir, probarlo en un grupo reducido de pacientes. “Presentamos estos resultados a los agentes de regulación, ANMAT y, una vez autorizados, administraremos este suero a personas que estén cursando la enfermedad y verificaremos si se interrumpe el proceso viral”, adelantó Zylberman.
Una vez que esté superada esta etapa, recién allí se podrá pasar a una siguiente fase donde el tratamiento se hace masivo y se puede extender al resto de la población.
Anticuerpos de caballos
¿Por qué se utilizan anticuerpos de caballos? La clave, según profundizó Zylberman, es la producción en gran escala y los antecedentes con otros tratamientos. “La industria médica, desde hace muchos años, utiliza este tipo de anticuerpos para frenar distintos tipos de enfermedad o toxinas. En este caso, lo que hicimos desde el laboratorio fue producir la proteína del virus que posibilita la entrada a la célula humana, y administrársela al caballo, que es inocuo para ellos”, detalló.
Al recibir esta proteína, el animal inicia una respuesta inmunológica y genera una gran cantidad de anticuerpos, que deben atravesar todo un proceso de purificación y adaptación para que sea compatible con humanos. “Es un sistema que ya está establecido en la industria médica y se han venido utilizando para la elaboración de medicamentos o atender emergencias médicas como el envenenamiento por mordedura de serpientes, entre muchos ejemplos”, amplió la investigadora del CONICET.
Un trabajo en equipo
Para Zylberman, en el proceso de trabajo fueron claves los antecedentes científicos de los investigadores que integran INMUNOVA, pese a que ninguno se especializaba en coronavirus. “Nosotros veníamos trabajando con Síndrome Urémico Hemolítico con una estrategia similar, tratando de utilizar estos sueros para inhibir la toxina que genera el SUH. Y, cuando surgió la pandemia, nos dimos cuenta que tenemos un camino ya recorrido muy importante, lo que te abre la posibilidad de poder pensar en una adaptación a nuestra plataforma”, aseveró la investigadora adjunta del CONICET.
La especialista ponderó, además, la importancia de la articulación público-privada en esta iniciativa. “Cuando uno inicia un proyecto así, necesita de la colaboración de entidades, laboratorios e institutos del ámbito científico. Nos apoyamos mucho en los conocimientos ya existentes, porque, de otra manera, no se podría pensar en conseguir resultados en tan poco tiempo. Es una enorme coordinación y trabajo en equipo de muchos actores”, concluyó.
*Fuente: El Vigía / InfoGei – Foto: Prensa INMUNOVA.
Nueve comunidades mbya guaraní reclaman alimentos, agua, luz y centros de salud
Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2020
Mientras en la Cámara de Diputados de la provincia de Misiones piden que se ejecuten leyes que garanticen derechos a los pueblos originarios, en la comunidad mbya guaraní, Iguá Porá, ubicada en el Municipio de San Vicente, con 22 familias -85 adultos y 32 chicos y chicas- su cacique, Pedro Benítez, expresa la necesidad de que las familias cuenten con servicios básicos, porque “no tenemos nada” y las carencias son muchas: falta de tendido eléctrico, pozo perforado para el agua, viviendas y sala de primeros auxilios.
“Sabemos que en esta pandemia, la Municipalidad recibió bolsas de mercaderías para las comunidades; pero a nosotros no nos dieron nada, y como tampoco llegan hasta la aldea los funcionarios municipales, no tenemos a quién pedirle.
“Acá plantamos porotos, maíz, batata y mandioca y con eso nos vamos arreglando”, destacó el cacique, que recibió la visita del militante del Movimiento Evita, Javier Bres, que recorre asiduamente las comunidades.
Hace un tiempo este movimiento político realizó un censo, y detectó que la mayoría de las nueve aldeas mbya guaraní relevadas en San Vicente están desprotegidas. Y en esta pandemia por el Covid-19 no reciben alimentos ni elementos de higiene.
En este sentido, el bloque de diputados del Partido Agrario y Social presentó varios proyectos solicitando al Gobierno que se ejecuten leyes que garantizan derechos básicos y esenciales a los pueblos originarios de Misiones.
Iniciativas sobre restitución de derechos básicos
Las iniciativas de los legisladores Martín Sereno y Jorge Páez, son motivadas por la urgencia de llevar adelante políticas públicas para los mbya guaraní.
“En estas semanas presentamos proyectos sobre la necesidad de suministro de agua para las aldeas Yvoty Okara y Mainomby, de Bonpland, pero anteriormente dimos a conocer otras iniciativas reclamando esos mismos derechos para otras comunidades que aún esperan”, advirtió Sereno.
Recordó que en 2018 el Pays elaboró un proyecto para que el Estado provincial garantice servicios básicos, y después de “dormir en la comisión de Obras, Transporte y Servicios Públicos pasó a archivo en mayo de este año.
“Uno podría pensar que si ese proyecto pasó a archivo es porque ya se resolvió la situación, pero vemos que el problema crece.
“En esa iniciativa pedimos que se cumpla con los artículos 75 de la Constitución Nacional y 9 de la provincial, que especifican la garantía de agua, energía eléctrica y viviendas para todas las comunidades originarias.
“Es decir que si el Poder Ejecutivo ejecutara esas leyes, ese proyecto no haría falta, y tampoco otras iniciativas sobre similares carencias que presentamos en cada sesión. Por eso proponemos que el Estado restituya derechos básicos a las comunidades que sufren problemáticas latentes como falta de agua, luz y techo para las familias”, expresó.
Proyectos productivos para consumo comunitario
A medida que recorrieron las comunidades de San Vicente, los militantes sociales dijeron “comprobar la precarización”. En todas las que censaron: Pai Antonio Martínez, Chafarí, Guira-i, Tarumá y Tarumá Poty, entre otras, “faltan los servicios básicos.
“En Iguá Porá hay muchos chicos que van a la escuelita donde no hay luz eléctrica. En Puerto Argentino, en el Km 74 está la comunidad Takuá Poty, con 20 familias, 48 personas en total, y entre ellos 17 niños que no reciben alimentos, y no cuentan con luz, agua potable ni viviendas.
“Lo mismo sucede en Tarumá Poty donde también reclaman una sala de salud o un CAPS. Desde el Evita, con el diputado Martín Sereno (FPAyS), estamos impulsando una carpintería en Pai Antonio Martínez, y proyectos productivos, huertas comunitarias y pollos para que tengan alimentos sanos para su consumo”, señala Javier Bres.
Necesidad de centros de salud en las aldeas
Mientras que el cacique de Iguá Porá agregó que, entre las preocupaciones prioritarias, tanto como los alimentos y el agua apta para el consumo, piden un CAPS o sala de salud.
“Cuando alguien se enferma, concurrimos o llamamos al hospital, y según la urgencia mandan una ambulancia; pero vemos necesario tener un centro de salud en la aldea, porque suele pasar que hay picaduras de víboras, y si la ambulancia tarda mucho, puede ser fatal.
“Además el camino es muy feo, cualquier vehículo que ingrese a nuestra comunidad tiene que que pasar los arroyos Lapacho y Tacuara y cuando llueve ya no se puede transitar”, detalló Pedro Benítez.
Fuente: Argentina Indymedia
Abuso policial en Río Gallegos
Por María Eugenia Ludueña, Resumen Latinoamericano, 18 de junio de 2020
Un joven de 27 años denunció que el 1 de mayo fue golpeado y agredido por agentes homoodiantes de Infantería y por policías de la comisaría sexta de Río Gallegos (provincia de Santa Cruz. Contó que mientras estuvo alrededor de seis horas detenido, en el contexto de la pandemia, le quebraron un maxilar, le fisuraron las costillas y le dejaron hematomas en todo el cuerpo, burlándose de su orientación sexual. La denuncia está en el juzgado de instrucción número 1 a cargo de la jueza Marcela Quintana.
Jorge Astorga, la víctima, denunció este 7 de junio ante la delegación del INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia) en Río Gallegos la violencia policial sufrida. La delegación local ya pidió la apertura del expediente y dijo a Presentes que está acompañando a la víctima. La discriminación hacia una orientación sexual disidente puede terminar agravando la pena de quienes ejercieron violencia institucional en dos fuerzas de seguridad: la Infantería y la policía.
La denuncia
Según relató Jorge Astorga, la víctima: “El 1 de mayo sufrí un abuso de poder de parte de la policía y de Infantería. Me encontraba acompañando a mi madre y me dirigía a mi domicilio a las 2:45 de la madrugada -estamos a cinco cuadras de distancia-. Infantería me paró, no me preguntó mi nombre ni el motivo de por qué circulaba a esa hora, y me hizo subir a la camioneta. Ahí adentro les pregunté por qué me detenían y uno de Infantería me respondió: “mirá cómo hablaste, trolo, maricón”. Empezaron los abusos: piñas, trompadas, y así fue todo el camino hasta la seccional 6ta. en el barrio Evita. Me bajaron de los pelos y me arrastraron por toda la comisaría hasta un sector de quinchos”.
Insultos y amenazas de violación
Jorge cuenta que en el camino perdió las zapatillas y las medias, y que la violencia continuó luego por parte de los agentes policiales. “Ahí había tres o cuatro policías de la comisaría, entre ellos una mujer. Siguieron patadas y trompadas, se reían de mí por ser gay, por cómo estaba vestido. Me denigraban por homosexual. Cuando llegué me sacaron los aritos y no me los devolvieron”. Jorge dice que al principio no quiso revelar su nombre hasta no saber el motivo de su detención. Pero en un momento, mientras seguía siendo “denigrado gente homofóbica, estaba sentado en una silla, llegó el jefe de turno y me dijo si iba a firmar papeles. Les dije que no, entonces uno de Infantería me tiró de la silla, me patearon en el suelo. Uno de ellos me presionaba los pies, otro en la espalda y otro me ahogada en el cuello con su borcego hasta dejarme sin aire. Accedí a decirles mi nombre y firmé los papeles, eran cuatro”.
Hasta hoy no sabe qué firmó. “No me mostraron. Pedí comunicarme con familiar y me lo negaron. Me repetían que yo no tenía derechos. Decían que yo había mirado muchas películas. Me negaron hasta el permiso para ir al baño, me decían que me hiciera encima. Me levantaron todo golpeado, y en el trayecto al al calabozo me amenazaban que me iban a llevar con otros presos para que me violen. Pensé que iba a suceder. Pero en el calabozo había dos personas detenidas por incumplir la cuarentena. Sólo estaban demoradas, las habían tratado bien”.
Revictimización
Jorge pasó la madrugada helada de Río Gallegos “descalzo y muerto de frío”. Sin poder creer lo que estaba viviendo. A las 9 y media de la mañana recuperó la libertad y se fue a su casa. “Me acosté a dormir y a la tarde fui al Hospital Regional de Río Gallegos. Me hicieron exámenes y placas que demuestran que tengo fractura maxilar y fisura en las costillas, aparte de hematomas en todo el cuerpo. Salí a las 2 de la mañana y me dirigí al Comando 101 a hacer mi denuncia. Me trataron muy mal y me dijeron que no tomaban denuncias, que tenía que volver adonde habían sucedido los hechos. Yo no quería cruzarme con el turno y revivir todo. Me armé de valor y de fuerza y fui. El jefe de turno no estaba al tanto de lo que había sucedido en el turno noche. No podía creer. Después fui a hablar con Jefatura y tampoco estaba al tanto. Así yo hubiera estado incumpliendo la cuarentena -aunque estaba fuera del horario estipulado, estaba acompañando a mi madre- no era para que me dieran esa golpiza ni el trato que sufrí. Me dijeron que como mucho me correspondía un acta o demorarme”. Me sugirieron que esperara uno o dos meses, porque esto tarda un montón”.
El tiempo pasó y Jorge no recibió respuesta. “Esperaba alguna sanción o sumario para quienes están en esas fuerzas, pero siguen trabajando con total normalidad”.
El lunes 8 de junio el Ministerio de Seguridad de Santa Cruz informó a través de un comunicado que el personal que intervino fue sumariado.
Fuente: Argentina Indymedia
Envio:RL
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