La ministra de Salud convoca a cuidarse y así ser solidarios
"Tenemos por delante un nuevo modo de vida"
Sonia Martorano destacó las rápidas respuestas de Santa Fe, como ocurrió con el uso del barbijo y el papel de los medios
Por Pablo Feldman
La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, asumió su cargo en plena pandemia, aunque venía siendo la protagonista de la respuesta a la crisis desde el principio. Su prédica es pensar a largo plazo en una nueva forma de conducta, ante una situación que exige "gestionar la incertidumbre". Por otro lado, subraya la respuesta de Santa Fe, que tiene menos del 0,5 por ciento del total de casos positivos de covid-19 del país, y destaca que "muestra una diferencia" marcada básicamente por las respuestas tempranas, como fue el uso obligatorio del barbijo antes que el resto del país. También subraya los operativos de detección y rastreo de contactos de quienes se han contagiado. Entre otros factores, agradece que los medios de comunicación de Santa Fe hayan evitado subirse a las prédicas anticuarentena. En el que se configura como el peor momento, Martorano convoca a las conductas solidarias de autocuidado, que implican también cuidar a los otros.
--Hace unos meses, cumplido el primer período de aislamiento que marcó una gran diferencia con los países de la región, uno de los asesores del presidente, el doctor Pedro Cahn dijo que "la cuarentena es víctima de su propio éxito", y después vino la apertura en algunos lugares precedida por intensas campañas que denostaban el sistema y llegaron a hablar de "infectadura". Muchos de esos voceros ahora están alarmado por los casos y como "abrió" ahora el AMBA, en el peor momento.
-- Hay mas de 150 mil casos a nivel país, y con las proporciones poblacionales, Santa Fe podría tener el 8,5%, y tenemos 10 veces menos que eso, algo así como 14 mil casos. No quiero abrumar con números pero es importante destacar que tenemos 867 casos y 11 muertos (que es menos del 0,5% del total país), que por supuesto lamentamos pero que epidemiológicamente muestra una diferencia. Cuando empezamos con la pandemia --sin precedentes porque la anterior fue hace más de un siglo, 1918-- teníamos que imaginar escenarios, factibles, posibles y a partir de allí planificar estratégicamente. Lo hicimos junto a los planes del Ministerio de Salud de la Nación y recuerdo el número justo de la proyección eran 253.040 infectados en el país, y dijimos que el 8,5% de eso representaban algo así como 20 mil casos en Santa Fe. A partir de ese número hicimos la programación de camas, respiradores, centros de aislamiento, las compras, en momentos tremendos por la escasez de insumos, realmente complicado. Ahora, viendo los números podemos pensar que pueden llegar a ser más que el número estimado al inicio. No lo sabemos, pero aún así esperamos no reflejar en Santa Fe la proporción de la que hablamos.
-- La pregunta es ¿por qué? ¿Qué se hizo diferente en relación no solo al AMBA sino a otros lugares que tienen muchos mas caso en proporción a sus habitantes?
-- Creo que las conductas anticipatorias han sido un punto importante. Los primeros casos fueron los importados. El 3 de marzo fue el primer caso en el país, y el 14 en nuestra provincia y se dio en Rosario, fue alguien que había llegado de Gran Bretaña. Por entonces, se fijó el inicio de la cuarentena para el 20 y Santa Fe se anticipó en establecer que cualquiera que viniera del exterior, de cualquier país, y no únicamente de China, Europa o del hemisferio norte, tenia que hacer obligatoriamente los 14 de días de aislamiento, incluidos los que llegaran de países limítrofes, como por ejemplo quienes venían de Brasil u otros lugares de veraneo. Yo destacaría eso en primer lugar, porque fue polémico, pero de ese modo evitamos una primera oleada de contagios. Después, el 15 de abril, se estableció la obligatoriedad del barbijo o tapabocas en la provincia, mucho antes que en resto de país. Recuerdo que leímos y estudiamos mucho sobre eso, seguimos la experiencia de Japón, Corea del Sur, Singapur, la República Checha, lugares donde las cosas habían ido relativamente bien con las máscaras y dijimos: "vamos por ese lado" y recuerdo que en el seguimiento de la curva, se acható notablemente y fue esa racha de semanas que teníamos cero caso. Lo comprobamos en la curva, el uso del barbijo es fundamental.
"Tenemos 867 casos y 11 muertos (que es menos del 0,5% del total país). Por supuesto, los lamentamos, pero epidemiológicamente muestra una diferencia"
Y lo otro es el trabajo coordinado, con la Nación, y dentro de la provincia. Con una gran articulación, más allá de que en algunos casos se asuman conductas diferentes y las comunicamos, pero hemos desarrollado esa articulación con las comunas, con el sistema público y el privado de salud, donde fortalecimos el sistema en un contexto en el que la problemática del sistema de salud fragmentado desde lo económico, lo financiero y lo geográfico complica la situación. Pero pudimos ponernos de acuerdo, y trabajar sin fisuras, con los Intendentes, los jefes comunales. Sin ir más lejos, los intendentes de las ciudades más importantes son de otro signo político --Pablo Javkin, de Rosario y Emilio Jatón, de Santa Fe-- y se trabajó coordinadamente, sin problemas, al contrario, contando con el conocimiento territorial y el contacto diario con los secretarios de Salud. Y un elemento más que se destaca en Santa Fe es el comportamiento de los medios, el aporte de los periodistas que valoran el trabajo de los equipos de salud, difunden las medidas de protección y resguardo y evitan sumarse a los "anticuarentenas", a los sectores que han conspirado contra las medidas de distanciamiento con actitudes que los medios en general en la provincia no han amplificado. Esta es una actitud diferente que realmente quiero aprovechar para agradecer.
--Digamos que hasta acá hemos tenido buenos resultados. ¿Cómo sigue esto ?
-- Yo digo una frase que tal vez no guste, pero es así: estamos gestionando la incertidumbre. El panorama es incierto, hay que trabajar lo más seriamente posible, con toda la seguridad que el caso impone y con ejes claros. Aquí puede haber otra diferencia en relación a otros lugares: el fortalecimiento del sistema primario de salud, en el territorio, un elemento fundamental es la detección precoz del caso. Si tenemos tres días a una persona con dolor de garganta y vos llegas tarde, y anda dando vueltas y es covid, ahí tenés que aislar a decenas de personas. La estrategia que marcamos tiene 4 puntos: detección precoz, es el primero, para eso generamos una herramienta, que es el 0800 555 6549, con una "linea médica" que está las 24 horas , atiende el llamado , se hace el algoritmo, va a la consulta epidemiológica si hace falta y ante la mínima duda se determina el aislamiento y el seguimiento telefónico de dos llamadas por día y si es caso sospechoso, se le hace el hisopado. Ese es el recorrido, y ahora estamos trabajando fuerte en "aislamiento y bloqueo" a partir de casos confirmados, rápidamente lanzamos al equipo de "rastreadores" en todos los departamentos, en los más grandes con más de un equipo, y si bien tenemos menos de 1000 casos, no queremos que nada nos sorprenda. Lo único que no puede pasarnos es no tener un plan para una situación de "máxima", que deseamos no llegue pero debemos estar preparados. Por eso estamos siempre estudiando la curva, el seguimiento en cada departamento, con infectólogos, agentes sanitarios, los equipos completos haciendo el seguimiento permanente. El líder del equipo esta en contacto permanente y ahí se pone en marcha el trabajo de los "rastreadores" para establecer los vínculos recientes, lo que llamamos "el circulo de contacto".
--¿Y conocer la verdad de los contactos se complica por diferentes razones?
--Y sí.. es que al principio el contagiado se asusta. Hay que contenerlo, y después el jefe del equipo tiene que decidir si lo interna o no, porque si tiene 80 años, no se puede correr el riesgo. Hay que explicarle y tiene que aceptar.
--¿El comportamiento es diferente según el lugar de la provincia?
--Sí, eso también. En Rosario, por ejemplo, la mayoría de los casos son pacientes que no requieren ir a los centros de aislamientos. Inclusive el mayor numero de contagiados puede verse en sectores medios, con recursos, y esa situación es también la que disparó los últimos contagios en la ciudad, cuando se liberaron las reuniones sociales y familiares y hubo situaciones lamentables de fiestas y contactos que han sido conocidos. En otros lugares, las situaciones son diferentes, en los pueblos, los contactos estrechos, las condiciones habitacionales, de precariedad, obligan a otras acciones, de rastreo más complejo y de contención. Son situaciones diferentes, que reclaman abordajes diferentes. Sin ir más lejos, en un solo edificio del centro de Rosario hubo algunos casos de contagiados y partir de eso, tuvimos que hablar con el administrador y discretamente fuimos a hacer testeos, y detectamos seis que andaban circulando si saber que eran positivos de covid-19
--¿Rosario es hoy el único lugar de la provincia con circulación viral?
-- Si, terminamos de armar equipos para los 6 distritos, con un jefe de equipo epidemiológico, con tres "rastreadores" de contacto, y otros que cargan los datos el sistema. Son 24 personas más en el departamento Rosario.
--¿Como se siente ahora, es diferente ser la ministra?
--Me siento con más responsabilidad. La verdad es que no lo he elegido, pero las cosas suceden por alguna razón. Yo no vengo de la política partidaria, pero si de la política de otro lado, de gestionar para un hospital, de haber sido presidenta de mi colegio de médicos durante seis años, de presidir la sociedad de Neonatología, pero esto es otra cosa, y lo asumo como una gran responsabilidad.
-- Vuelvo a su definición de "gestionar la incertidumbre". ¿Esto no tiene fecha de vencimiento ? No se sabe cuándo termina...
-- Realmente no. No lo sabemos. Además, estamos viendo el rebrote en Europa. Si no hay vacuna, esto va a ser largo. No quiero asustar a nadie pero tenemos que prepararnos para una vida distinta.
--La periodista y militante antiglobalización Naomi Klein escribió que "no hablemos de volver a normalidad, por que la `normalidad` nos llevo a esta crisis"...
-- Tenemos por delante un nuevo modo de vida. Es así, tenemos que aprender a convivir sin sufrir. Estoy pensando cómo empezar a transmitirle a la gente que tenemos que disfrutar de las cosas que tenemos, cuidándonos y cuidando a los otros. Si muchos de nuestros conocidos hubieran cuidado al otro, estaríamos mucho mejor de lo que estamos, y es por eso que estamos convencidos que es importante la comunicación diaria, dando los reportes a la misma hora, todos los días, dispuestos a hablar, a explicar, aumentar los niveles de información, no para asustar sino para aprenden a vivir en un nuevo contexto donde el cuidado mío tiene que ver con cuidar a otros. En definitiva, ser más solidario.
26 de julio de 2020
PARTE DIARIO
Hubo 33 casos nuevos, 12 en Rosario
Santa Fe confirmó 33 casos nuevos de covid-19 en el territorio provincial en el parte del sábado a las 20.30, brindado por Fernanda Ferrer, de la Dirección de Epidemiología. Del total, 12 correspondieron a Rosario (7 son contactos de casos confirmados y otros cinco en investigación), 8 en Bombal, 4 de Zavalla, 2 de Santa Isabel, 2 de San José de la Esquina, 2 de Helvecia, 1 de Casilda, 1 de Chañar Ladeado y 1 de Venado Tuerto.
De los casos activos, hay cinco pacientes en cuidados intensivos, sin asistencia respiratoria mecánica y 23 en sala general.
Con estos diagnósticos, el total de personas contagiadas desde el comienzo de la pandemia en la provincia fueron 899 personas, de las cuales 883 fueron atendidas y estudiadas en la provincia, y 16 fueron pacientes con residencia en Santa Fe, que fueron atendidos en otras jurisdicciones. El número de personas fallecidas se mantiene en 11 y hay 541 pacientes recuperados, un 60% del total.
26 de julio de 2020
Mientras cortaban el Puente, hubo nuevas quemas
Protesta pese a la provocación
La Multisectorial por la Ley de Humedales fue a la conexión vial Rosario-Victoria contra los incendios intencionales
Gran cantidad de gente se acercó al Puente Rosario Victoria
Imagen: Sebastián Granata
Imagen: Sebastián Granata
"El lobby ganadero arrasa con el humedal, el problema está en tu plato", decía una de las pancartas hechas a manos que llevaron les manifestantes contra los incendios en las islas del delta del Paraná. Ayer, durante cuatro horas volvieron a cortar --como ya lo habían hecho, por menos tiempo, el sábado anterior-- el puente Rosario-Victoria en reclamo del cese de los incendios, de la sanción de una ley que proteja los ecosistemas de los humedales y también solicitaron respuestas inmediatas de las autoridades. La medida fue convocada por la Multisectorial por la ley de Humedales, con distancia social y uso de barbijos. Hubo centenares de participantes, pese a la declaración de circulación comunitaria del coronavirus en Rosario y también del paro de transportes. Gran parte de quienes participaron de la movilización llegaron en bicicletas. Poco antes de que empezara la medida, pudieron divisarse nuevos focos de incendios en las tierras entrerrianas, algo que fue considerado como "provocación" y "gesto de impunidad" por quienes allí se congregaban.
La Multisectorial reclama sanciones efectivas a las personas responsables, la intervención de los gobiernos nacional y de las provincias implicadas y la implementación del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná, junto con la sanción de la ley de humedales. La manifestación se sostuvo hasta las 18, cuando terminaron con el corte de tránsito y decidieron hacer una asamblea debajo del puente para evaluar los pasos a seguir.
"Hubo quemas que fuimos viendo a medida que nos acercábamos. Hubo una indignación generalizada, de los manifestantes pero también de la población, porque si bien los ambientalistas somos ahora los que estamos manifestándonos, esto nos afecta a todos", expresó Horacio, uno de los que llegaron hasta la cabecera de la conexión vial para hacer sentir su voz. "Superamos la convocatoria pasada, también porque se difundió con más tiempo. Y a pesar de que nos jugó en contra la circulación comunitaria del virus y el paro de transportes", agregó.
En las convocatorias, se había pedido la presencia de autoridades con potestad sobre las quemas, ya sean el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, los intendentes de Rosario, Pablo Javkin y de Victoria, Domingo Maiocco. Nadie se hizo presente. "Tenemos la intención de levantar la apuesta, porque evidentemente los reclamos no se están escuchando y no se está actuando con la celeridad y rapidez que el problema merece. No sabemos ya qué hacer", se sinceró Horacio.
El activista por los derechos ambientales admitió que "el tema en común circula por lo que el ciudadano ve, por aquello que lo afecta, como el humo, las dolencias y las dificultades respiratorias, pero nuestro reclamo va más allá porque pedimos que se proteja este humedal, que la gente por desconocimiento no valora en toda su riqueza como ecosistema". Por eso, el reclamo de fondo es la sanción de la ley de humedales, "para proteger no solamente al delta del Paraná sino a todos los que existen en el país, que ocupan el 22 por ciento de la superficie total".
26 de julio de 2020
El entramado policial en el funcionamiento de casinos ilegales
Mensajes que van a lo más alto de la cúpula
Hay pistas de los vínculos con la jefatura del policía retirado Torrisi, detenido por brindar asistencia a una parte de Los Monos en este negocio ilícito
Por José Maggi
Allanamiento en Mendoza 4365 en busca de Leandro Peiti
La cadena de responsabilidades por la explotación de casinos ilegales no termina en el jefe policial retirado Alejandro Torrisi, quien cayó detenido la última semana por brindar asistencia en este tema a una parte de la banda de Los Monos. La Agencia de Criminalidad Organizada tiene grabaciones y fotos que prueban que el 1° de Julio, Torrisi fue convocado a la propia Jefatura rosarina para hablar de la habilitación de nuevos casinos clandestinos. "Me dijo el DOS que querías hablar conmigo", dice el mensaje. "Venite a la JARRO", fue la segunda parte del texto, en referencia al edificio policial. Se abre así un entramado de nuevas responsabilidades sobre un tema que históricamente administró la fuerza, que parece haber tenido un repunte en estos meses de pandemia por la imposiblidad de jugar en lugares oficiales. Los pesquisas llegaron a captar comunicaciones donde el propio Torrisi, en connvivencia con el profugo Leandro Peiti, aconsejaban los distintos puntos donde abrir los garitos clandestinos.
--¿La ampliación del negocio de casinos ilegales se dio en el último tiempo de la mano del cierre de casinos oficiales por la pandemia? preguntó este cronista a Luis Schiappa Pietra, fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada.
--Esta es una investigación que estaba asociada a una red de extorsiones que funcionaba a partir de un grupo de personas que era dirigida por otras, que están privadas de su libertad y a quien nosotros identificamos como el centro de estas extorsiones, que es Maximiliano Díaz, alias Cachete. Es que partir del asesinato en el Casino City Center, en enero pasado, y de su teléfono, pudimos descubrir una serie de extorsiones que entre ellas vinculaban a alguna gente que tenían relación con casinos ilegales. Así, investigamos a personas del juego ilegal y dimos con un ex jefe policial, Alejandro Torrisi que es uno de los detenidos, y le imputamos de haber formado parte de esa asociación ilícita y además, participar de un hecho tipificado como apuestas ilegales, ya que cuando lo detuvimos estaba saliendo de un casino ilegal, de donde salió con dinero.
--¿Cuántos casinos tendría Torrisi y por cuántos pasaba a cobrar?
--Por lo poco que vimos, porque no era el centro de investigación, advertimos que era un volumen mucho más importante de lo que pudimos presentar en las audiencias .
--El trascendido es que la banda de los Monos no solo cobraba por darle seguridad a algunos casinos ilegales sino que empezó a abrir casinos propios. ¿Hasta dónde llegó la investigación?
--Lo que advertimos es que muchas de estas actividades ilícitas, sobre todo de Torrisi, tenian bastantes antecedentes, venían funcionando así desde hace tiempo y en función de la intervención de un sector de estas personas vinculadas a Maximiliano Díaz, pudieron coptar una serie de estos negocios, digamos que le disputaron a quienes gerenciaban estos negocios ilegales, a policías y otras personas, esos casinos y pasaron ellos a formar parte en todos esas actividades ilícitas.
--¿Que dimensión tiene este negocio de casinos clandestinos? --le preguntó este cronista al fiscal Matías Edery, de la misma Agencia.
--Investigaciones sobre casinos clandestinos hay en toda la provincia, hay un montón incluso una de las personas que está prófuga, (Leandro Peiti) está acusada por una asociación ilícita en estos términos en Melincué y su propio hermano está condenado por este hecho. Hay investigaciones a lo largo de toda la provincia porque es un negocio muy prolífico y evidentemente que deja mucho dinero. Por el análisis del teléfono de Torrisi vemos que va habilitando este tipo de negocios a solicitud, luego se contacta con un alto cargo policial que es quien le habilita estos casinos en lugares determinados. La mecánica era, de acuerdo a lo descubierto en los teléfonos, que luego de habilitarlo, les dice que llamen para avisarle la apertura del nuevo garito a Leo (Peiti) o de lo contrario si se les negaba el permiso de un nuevo casino, se les explicaba que allí había una persona, a la que señalaba como el único permitido para tener una mesa de juego. Es más, los guiaba diciéndoles que en "tal pueblo no podés porque está tal, abrite algo en este otro lado".
--¿A qué nivel de los jefes policiales en actividad podrá llegar esta responsabilidad de habilitar un casino clandestino?
--Todavía no llegamos a eso específicamente, pero a Torrisi lo seguimos un tiempo, y así pudimos descubrir que de ese mismo lugar donde se lo detuvo salía todos los lunes con un bolso con dinero. Y en uno de esos seguimientos detectamos que el 1° de Julio Torrisi va la Jefatura de Policía, de Ovidio Lagos al 5000, y en su teléfono tiene un contacto agendado como ESTEBAN QUITO, y este contacto le dice en un mensaje: "Me dijo el DOS que quería hablar conmigo". Uno entiende que DOS en la jerga policial podría ser un policía de alto rango, y Torrisi le contesta que "es verdad porque quiero hablar de algunas habilitaciones" . Entonces, su interlocutor le responde "Bueno venite a la JARRO", que en el léxico policial es la Jefatura porque el JARRO es el jefe. Nosotros tenemos fotografiado a Torrisi ese día entrando a la Jefatura.
--El ministro de Seguridad Marcelo Sain dijo ayer que, aunque sonara increíble, una banda narco como Los Monos le había sacado una parte del negocio como son los casinos ilegales a la policía que históricamente administró el juego ilegal. ¿Cómo aprecia esta afirmación fiscal Matías Edery?
--Es así, es un avance que tiene esa banda de tomar la calle, o negocios que tradicionalmente no tuvieron. Y esto es por la diversificación que tuvieron, yo no diría Los Monos, si no en este caso el sector de Cachete Díaz, que tiene trato directo con Guille Cantero, mientras hay otro grupo que se dedica a otra cosa. A lo mejor lo hacen porque el negocio de la droga hoy demanda sangre, mientras este de las extorsiones es distinto. Es decir que les exige menos mano de obra y menos riesgo.
26 de julio de 2020
Analizan sumar el Belgrano Cargas al salvataje
Horas decisivas para Vicentin
Esta semana los dueños deben informar si ceden o no las acciones al fideicomiso que propone la provincia como salida
Por David Narciso
El jueves se realizará una nueva audiencia de conciliación
Imagen: Sebastián Joel Vargas
Imagen: Sebastián Joel Vargas
¿Los dueños de Vicentin ceden las acciones a un fondo fiduciario sí o no? Ese será el punto a revelar en la segunda audiencia de conciliación que se realizará el próximo jueves entre directivos de la empresa, autoridades provinciales y el juez Lorenzini. Entonces se sabrá si es viable el plan del gobierno de Perotti que propone reactivar la empresa con capitalización de acciones por parte de los acreedores, inversionistas privados, cooperativas y el Estado, que podría participar del fideicomiso a través de las deudas por cobrar del Banco Nación y Afip, YPF Agro y a través del Belgrano Cargas. Si no lo fuera –-si los accionistas no ceden el capital social-– volverá a primer plano la intervención lisa y llana de la empresa, que el juez del concurso desechó con argumentos que 40 días después se desvanecen como pompas de jabón por la acumulación de investigaciones en tribunales de Reconquista, Rosario, Buenos Aires y Nueva York. Más aún, dada la complejidad de la trama societaria hay quienes se preguntan por qué no se extendió el concurso a la totalidad de empresas del holding, a sus controladas y asociadas dado que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) ya demostró la unicidad de la administración de todo el conglomerado.
La negociación
En la primera audiencia de conciliación hace 10 días, la provincia propuso que Vicentin pase a ser administrada por un fideicomiso que se encargaría de volver sustentable la empresa y regularizar la situación con los acreedores. Para eso los actuales accionistas deberán ceder la totalidad del capital social y correrse de la administración.
Los representantes de la empresa salieron de ese encuentro entusiasmados. Sin embargo, a medida que pasaron los días, aparecieron condicionantes, según le confirmaron a Rosario/12 fuentes que conocen los detalles de la negociación. A priori los actuales accionistas pretenden participar en el futuro directorio hasta que haya acuerdo en el concurso preventivo, pero esto no cierra a las autoridades provinciales ni nacionales. Ni a los acreedores.
La razón es elemental: el nuevo directorio tiene que designar líneas gerenciales, formular las propuestas de pago, ya sea por dentro del concurso o a través de acuerdos preventivos extrajudiciales (APE) y todo lo necesario para el cumplimiento de los objetivos del fideicomiso. ¿Quién va a querer a “los Vicentín” metiendo mano y opinando sobre cómo arreglar lo que ellos arruinaron?
Los actuales accionistas pretenden participar en el futuro directorio hasta que haya acuerdo en el concurso preventivo, pero esto no cierra a las autoridades provinciales ni nacionales. Ni a los acreedores.
El plan
El plan de la provincia tiene tres ejes:
*El salvataje de la empresa vía la constitución del fideicomiso sin participación de los actuales directivos en la administración.
*La continuidad del concurso preventivo de acreedores.
*Y el avance de las investigaciones sobre el destino de los cientos de millones de dólares que desaparecieron dejando el tendal de deudas.
El fideicomiso es un contrato por el cual se pacta que determinados bienes pasan a ser administrados por un fiduciario. En este caso, es imprescindible que el centenar de accionistas ceda todo el capital social al fideicomiso. El plan de la provincia consiste en que esas acciones queden afectadas a las diferentes alternativas que puedan surgir en el marco del concurso preventivo. Por ejemplo, capitalización de parte de los acreedores o para constituir garantías, entre otras.
Además, que no haya límite para la capitalización de acciones, por lo que --dependiendo de lo que resulte de esa relación de canje-- los actuales accionistas podrán ser desplazados del capital social.
Capitalización
Si se concreta ese primer paso (obtener las acciones), el siguiente es iniciar negociaciones con acreedores (son más de 2.800) y ofrecer que capitalicen acciones a cambio de lo que se les debe. También una reforma estatutaria, para estructurar distintas clases de acciones y reservar la acción de oro para el Estado nacional.
En este proceso podría pasar que la capitalización sea un éxito y los actuales accionistas se queden sin participación en el capital social. Si no fuera así, y al cabo de la oferta aún conservan un porcentaje, debería quedar afectado al fideicomiso como prenda de pago de los créditos.
El fondo
El fondo se podría constituir con los siguientes aportes:
*Uno o más inversores privados que aporten liquidez.
*Acreedores del concurso a los que pueda interesarles capitalizar deuda y estar adentro del negocio. El caso más concreto son los corredores de granos, que además garantizarían materia prima para procesar y exportar, y las cooperativas.
*El Estado por al menos dos vías. La principal es la capitalización de la deuda que Vicentin mantiene con Banco Nación y Afip. Como el Banco Nación no puede capitalizar 18.500 millones para asegurar el crédito que otorgó, la opción más firme hoy es que el Banco Nación ceda la acreencia al Poder Ejecutivo a cambio de un bono. También se estudia el ingreso de Belgrano Cargas (es acreedor por la irrisoria cifra de 21.990,54 pesos), replicando el modelo de negocios que desarrolló Aceitera General Deheza con NCA (ex ferrocarril Mitre). La logística es central en el negocio de los granos y tener adentro la empresa estatal de ferrocarriles con la red de vías más extensa del país, haría diferencia. Sigue en análisis el rol que pueda jugar YPF Agro.
La opción más firme hoy es que el Banco Nación ceda la acreencia al Poder Ejecutivo a cambio de un bono. También se estudia el ingreso de Belgrano Cargas
Plan B
¿Y si los accionistas no ceden las acciones? En ese caso vuelve a tomar fuerza la intervención lisa y llana de la empresa, trámite solicitado por la provincia a través de Inspección de Personas Jurídicas y sobre el que insistió la semana pasada el Banco Nación y parte del comité de control del concurso. En su momento, el juez no hizo lugar a la medida sino que repuso al directorio bajo el argumento de que es una empresa de gran complejidad y que “su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”.
Desde ese 19 de junio hasta hoy, el escenario cambió. El juez parece tener poco margen para ratificar esa línea argumental: Vicentin sigue sin funcionar, no presentó (ni va a presentar) los estados contables 2019, acumula investigaciones contra la empresa en Reconquista, Rosario, Buenos Aires y Nueva York y los bienes de sus directores fueron inhibidos por la Justicia federal. Todo eso sumado a los manejos accionarios y extranjerización de patrimonio ya comprobados, descriptos por la provincia, más el informe de la Sigen demostrando la unicidad de administración de empresas que en los papeles parecen ajenas (por ejemplo el frigorífico Friar) pero comparten directores y domicilio fiscal. Suena muy difícil insistir en que ese directorio sea la solución o parte de ella.
26 de julio de 2020
Sacnun pide una revisión tarifaria integral en servicios públicos
La justicia energética
La senadora Sacnun
La senadora María de los Angeles Sacnun del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe solicitó la "revisión tarifaria integral para poder garantizar la justicia social energética", durante la sesión en la que el Senado rechazó el decreto de necesidad y urgencia 1053/2018, de Mauricio Macri, que estableció que el Estado nacional debe compensar a las empresas prestadoras de la distribución de gas por redes por 400 millones de dólares. “Quisieron instalar que asumieron en el 2015 bajo una crisis energética. Y la verdad es que la crisis energética la construyeron durante el gobierno de Mauricio Macri con los tarifazos y los desastres que generaron con este decreto de necesidad y urgencia”, argumentó su voto Sacnun.
La senadora detalló el aumento de usuarios de gas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. "De enero de 2003 a enero de 2013 pasamos de 1.515.4448 de usuarios de gas 1.957.673. Un 29 por ciento más de usuarios y se llegó al 2015 a 2,5 millones de usuarios", puntualizó la senadora y agregó: "Además estatizamos YPF, lo cual significó también ganar en soberanía y generar un proceso de industrialización, concibiendo a la energía como un derecho humano. En nuestro gobierno no había pobreza energética como se profundizó a partir del 2015 con Mauricio Macri".
Durante su discurso en la sesión en el Senado de La Nación, Sacnun sostuvo que "Energas SA facilitó la dolarización de las tarifas de la mano de Juan José Aranguren y Ezequiel Roitman de Enargas, ambos imputados, quien no cumplió con la ley avalando la cartelizacion primero y la dolarización después. Violentó así todas las normas vigentes. Y el remate vino de la mano de otro imputado, Javier Iguacel, con la resolución de que los usuarios debían pagar en 24 cuotas todo el desastre que habían generado con la megadevaluación."
La senadora santafesina enfatizó que "nunca pensaron en compensar al pueblo argentino pero si lo pretendieron hacer con las distribuidoras, con 400 millones de dólares. La legisladora subrayó que "538 organizaciones" de la sociedad civil "rechazaron este decreto que ha perjudicado los intereses del pueblo argentino".
Con la decisión del Senado nacional, que ahora deberá ratificar Diputados, el Estado nacional se ahorrará 23.700 millones de pesos que el gobierno de Mauricio Macri había comprometido como compensación a las empresas distribuidoras de gas a días de terminar su mandato presidencial.
26 de julio de 2020
Proyecto de la Facultad de Ciencia Política para la economía social
Las soluciones para el sector más vulnerable
La iniciativa fue seleccionada por el programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología covid-19 de la Nación
Por Victoria Arrabal
Los que participan del mundo del trabajo sin patrón fueron los más afectados
Imagen: Prensa Municipalidad
Imagen: Prensa Municipalidad
Entre los trabajadores, los únicos que no vieron reducidos sus ingresos son quienes los reciben del Estado y los perceptores de programas sociales. El resto, asalariados formales e informales, independientes, cuentapropistas, en menor o mayor medida, sufren las consecuencias de una economía globalmente frenada por la pandemia.
Los que participan del mundo del trabajo sin patrón se encuentran entre los más afectados, porque ya formaban parte de un sector muy golpeado en años anteriores. Se trata de grupos laborales que no cuentan con un salario y que por lo general no acceden a la seguridad social o lo hacen de manera parcial. En el contexto actual, requieren soportes especiales que faciliten la continuidad de su actividad o un complemento para sus escasos ingresos.
En este sentido, el gobierno nacional y los respectivos gobiernos provinciales y municipales están implementando un conjunto de políticas tendientes a proteger a los sectores más perjudicados. Un proyecto de la Facultad de Ciencia Política de la UNR busca fortalecer las capacidades locales en la gestión de políticas públicas destinadas a trabajadores y trabajadoras de la economía social, solidaria, popular y de la agricultura familiar. La iniciativa fue seleccionada y recibirá financiación por parte del programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología covid-19 de la Nación.
“La gran mayoría de las medidas se dirigen a lo que llamamos la economía social y solidaria”
La directora del proyecto, María Victoria Deux Marzi comentó que uno de los principales obstáculos en la gestión de estas políticas reside en el acceso a la información y a los canales para solicitar y efectivizar las prestaciones del Estado. Por ello, en el año 2017 se creó el Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular y Solidaria (OPPEPS) como un dispositivo de registro y difusión de los organismos públicos y sus políticas, presentes en la administración nacional, en todas las provincias del país y los municipios del Conurbano Bonaerense, Rosario y Santa Fe.
Sin embargo, la situación particular producida por la pandemia de covid-19 plantea la necesidad de fortalecer los canales de comunicación y acceso a estas políticas, así como los diagnósticos acerca de las condiciones de trabajo y de vida de esta población y su vínculo con los programas.
“En este proyecto nos proponemos apoyar la gestión del gobierno de la provincia de Santa Fe y de sus municipios difundiendo la información relevada por el Observatorio, pero también actualizando periódicamente aquella que refiere a las políticas destinadas a apoyar a estos sectores de la población en el contexto de la pandemia”, explicó la doctora en Ciencias Sociales de la UNR.
Paralelamente, el análisis crítico de estas políticas permitirá analizar las relaciones entre organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil en la gestión y la identificación de demandas que aún no hayan sido atendidas. “Ello nos permitirá elaborar informes y proponer líneas de acción posibles que contribuyan en los procesos de toma de decisiones”, sostiene la co-directora del Observatorio.
Las medidas
A muy poco de comenzada la cuarentena, el gobierno nacional puso en marcha medidas redistributivas para disminuir los efectos de la crisis. Así comenzó a implementar una gama de intervenciones, que buscaron, entre otras cosas, facilitar que los empleadores de empresas sin actividad pudieran pagar los salarios y los trabajadores independientes afrontaran su subsistencia durante la emergencia.
“Merece ser destacada la velocidad de la respuesta”, afirma la investigadora de la UNR. Desde la creación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) a fines de marzo se implementaron numerosas medidas, algunas son específicas para la economía popular, social y solidaria, como la Línea 1 de emergencia del Programa Trabajo Autogestionado o los créditos para cooperativas de trabajo. Mientras que otras están diseñadas para las empresas y los trabajadores en relación de dependencia pero abren alguna posibilidad de acceso para cooperativas y mutuales que contratan trabajadores, como el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción y la activación del Programa de Recuperación Productiva.
En cuanto a los sujetos a las que se orientan, “la gran mayoría de las medidas se dirigen a lo que llamamos la economía social y solidaria, aunque las de mayor cobertura y relevancia en erogaciones públicas son aquellas que apuntan a las situaciones de mayor vulnerabilidad social”, comenta Deux Marzi y destaca la intersectorialidad (al menos seis ministerios y diferentes reparticiones están involucrados) así como la diversidad de aspectos, demandas y necesidades que las intervenciones cubren.
¿Habrá medidas estructurales que ayuden a “emparejar” las protecciones y condiciones de trabajo de quienes se desempeñan sin un patrón?”
“Algunas tienen una clara perspectiva coyuntural, son productos de la emergencia y dejarán de ser necesarias cuando se llegue a eso que se ha dado en llamar la pos-pandemia”, explica. “Otras apuntan a necesidades estructurales que se deberían mantener en el largo plazo si se quiere constituir un sector, que dentro de una economía mixta o plural, dispute espacios al capitalismo y contribuya a una nueva sociabilidad basada en la cooperación, solidaridad y reciprocidad”, agrega.
Pese a la importante respuesta estatal, la investigadora subraya la disparidad en el tratamiento entre sectores, que marca la diferencia en el reconocimiento social de los distintos trabajos: “Los trabajadores asociativos autogestionados están limitadamente incluidos en el radar de estrategias nacionales para paliar la crisis y numerosas cooperativas de trabajo y sus federaciones han manifestado la necesidad de políticas similares a las destinadas a PyMES y grandes empresas”.
Las mayores críticas se centran en la enorme diferencia que existe entre el monto de los subsidios para los trabajadores asalariados y los que perciben los autogestionados, en tanto los primeros duplican el valor de los segundos. También cuestionan la relativa lentitud con la que se implementaron las medidas para este sector, que sigue muy por detrás, en tiempo y beneficios, al trabajo dependiente.
“Algunos indicios, nos llevan a conjeturar que la crisis estaría produciendo un punto de inflexión en las políticas para la EPSS, a partir del incremento de las herramientas de promoción así como las protecciones para sus trabajadores puestas en marcha, lo que haría esperable que en el período post-pandemia resulte difícil desandar procesos de institucionalización de derechos y reconocimiento de necesidades de los trabajadores sin salario”, sostiene Deux Marzi.
En cuanto a los escenarios que abrirá la post pandemia, específicamente en relación a los ingresos de los sectores más vulnerables y sobre las condiciones para el trabajo de los no asalariados, la especialista en economía social formula algunas preguntas para la reflexión: “¿La experiencia del IFE dará paso a un ingreso/renta universal ciudadana tal como viene siendo discutido a nivel internacional y nacional? ¿para quienes y para cuántos? Las desigualdades entre los diferentes colectivos laborales es otro punto que la crisis puso sobre la mesa. ¿Habrá medidas estructurales que ayuden a “emparejar” las protecciones y condiciones de trabajo de quienes se desempeñan sin un patrón?”.
Fuente:Rosario12
Educar en tiempos de pandemia
El retorno a las escuelas puede esperar
Por Marcela Isaías
26/07/2020
Con el foco en los salarios y en las condiciones de trabajo, el magisterio santafesino retorna este lunes las clases a la distancia. Desde Amsafé provincial y Sadop Rosario rechazan la idea de ponerle una fecha concreta al regreso a las aulas presenciales; más bien piden prudencia, trabajar en forma coordinada con Salud y evaluar el desarrollo de la pandemia para tomar definiciones.
El jueves pasado y en la misma fecha que el gobernador Omar Perotti anunciaba -a través del decreto N° 648- que se suspendía por 14 días la autorización para realizar reuniones familiares y afectivas en el Departamento Rosario, dado el aumento de casos positivos de Covid 19 y la circulación comunitaria del virus, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, declaraba en un programa radial (LT8) que las clases podrían arrancar “a mediados de agosto” y en “unas 400 escuelas”, rurales y del centro – norte de la provincia.
Y si bien la ministra siempre usó el potencial en sus declaraciones, le puso número a la cantidad de escuelas involucradas en la vuelta a la presencialidad y fijó como fecha la segunda quincena de agosto.
“La preocupación nuestra es cómo evolucionan los contagios en la provincia, y en función de eso discutir las condiciones de trabajo”, responde la secretaria general de la Ctera y de Amsafé provincial, Sonia Alesso, sobre las prioridades que tienen como sindicato docente. Y en esas discusiones centrales ocupa un lugar clave el de la paritaria salarial, suspendida de manera unilateral en marzo pasado.
Alesso descarta la idea de poner una fecha concreta a ese retorno presencial. Considera que si hay que evaluar un retorno eso debe darse “en los lugares donde haya cero contagio desde que comenzó la pandemia” y que, ya se sabe, son mínimos.
Por estos días, en Amsafé se discute un documento provincial –señala Alesso- que plantea tres ejes: la situación epidemiológica de la provincia, las condiciones de las escuelas, y de las docentes y no docentes que trabajan en las escuelas.
“Somos prudentes en dar fechas, nos parece que en este momento hay que estar mirando cómo va la curva de contagio, debería haber una reunión con el Ministerio de Salud”, insiste la dirigente, y agrega que de lo contrario “se genera incertidumbre también en las familias”.
A contracorriente
Para el secretario general del Sadop Rosario, Martín Lucero, “poner en agenda todo el tiempo la vuelta a la presencialidad es un problema que genera inseguridad en la docencia y en las familias, además de poco prudente”.
También analiza como contradictorio que la ministra Cantero hable de fechas de retorno a las escuelas en momentos de mayor circulación del virus. “Me da la impresión de que muchas veces el Ministerio de Educación tiene un discurso, y el gobernador, el Ministerio de Salud y los intendentes tienen otro. Hay un discurso contracorriente”.
Pero “la vuelta a la presencialidad es utópica si no hay acuerdo salarial”, dice Lucero para poner en la agenda la discusión postergada por el gobierno de la provincia. Primero por ofrecer un 3% de aumento y no atender al pedido de sostener la cláusula gatillo. “Si el gobierno –agrega- lo hubiese mantenido hoy hubiese pagado un aumento del 12 por ciento, con un impacto presupuestario mínimo, incluso con la pandemia”.
“La ministra (Adriana Cantero) ha dicho varias veces que el de la paritaria es un tema que la excede, porque depende del gobernador. Entonces, que intervenga el gobernador. Así como se puso al frente de Vicentin, que es un tema social preocupante para la provincia, que haga lo mismo con esta paritaria”, pide Lucero.
Por otra parte, y consultado sobre la situación de los edificios escolares de la educación privada, Lucero señala que mantienen “un diálogo regular con las cámaras empresarias”, con énfasis en las escuelas de la periferia. También que hay voluntad en atender a lo que los protocolos indiquen como medidas de cuidado prioritarias.
Días antes de que arrancara el receso escolar de invierno, Amsafé y Sadop lanzaron un “apagón educativo” para recordarle al gobierno de Santa Fe “que sin paritaria salarial y condiciones de trabajo no hay vuelta a clases presenciales”. Luego, la medida de fuerza se prolongó por la falta de pago en tiempo y forma de los sueldos docentes. Este viernes, Amsafé fue convocada a una mesa de negociaciones “para tratar la evaluación de los protocolos sanitarios y toda cuestión relacionada con la situación de docentes”. El llamado fue extensivo a otros sindicatos del Estado, como ATE y Upcn, no así al Sadop que hizo una presentación ante el Ministerio de Trabajo.. Al cierre de esta edición, se conoció que el viernes 31 de julio próximo, habrá reunión paritaria docente para tratar salarios.
Inversión de Nación
El martes 14 de julio pasado, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, se reunió por videoconferencia con los gobernadores de Catamarca, Corrientes, Formosa, Misiones, San Juan, Santiago del Estero, San Luis, Tucumán y Omar Perotti de Santa Fe. Fue para planificar –según se detalla en el portal argentina.gob.ar- “el regreso a las clases presenciales en aquellas zonas, localidades, pueblos y microrregiones en la fase 5 de distanciamiento social”. La decisión de los tiempos y los lugares queda en mano de las jurisdicciones. En esa reunión, la Nación se comprometió a acompañar con una inversión de 2.300 millones de pesos, para dejar las escuelas en condiciones y comprar insumos de higiene y seguridad.
Fuente:RedaccionRosario
Fuente: El Eslabón
¿SERÁ POSIBLE?
Vienen tres semanas "estratégicas" para la vuelta a clases en la provincia
Provincia y gremios docentes ya comenzaron a delinear los protocolos sanitarios para el regreso de las clases presenciales de cara al segundo semestre del año, tanto en escuelas de gestión estatal como privada. En una reunión que tuvo lugar este viernes, se hizo especial hincapié en las primeras tres semanas, llamadas "estratégicas" por la propia ministra Adriana Cantero.
"La semana que viene será un periodo de limpieza de los edificios escolares, y las dos primeras semanas de agosto, un tiempo de capacitación para asistentes escolares y docentes respecto a protocolos, recomendaciones en el sentido del cuidado de la salud en tiempos de pandemia y, también de la organización de los formatos escolares", mencionó la funcionaria.
Cantero indicó que "los alumnos continuarán al finalizar el receso de invierno con las clases en distancia y a partir de la tercera semana evaluaremos, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, si podemos iniciar con una muestra de escuelas en el criterio de burbuja comunitaria comenzando con clases presenciales y el resto con trabajo a distancia".
En relación con la decisión de que a partir del lunes se reintegren los asistentes escolares en forma presencial, desde ATE Rosario responsabilizaron al Ministerio y al gobernador Omar Perotti en caso de que surjan casos positivos de coronavirus, "dada la situación actual donde el Covid-19 ya es de trasmisión comunitaria", argumentaron.
INSPECCIÓN DE PROTOCOLOS
Provincia insta a los trabajadores a no relajarse con las medidas sanitarias
Con el fin de controlar el cumplimiento de los protocolos obligatorios por el Covid-19 en el ámbito laboral, la Provincia continúa fiscalizando en fábricas e industrias. En este sentido, desde el gobierno advierten que en general se respetan las medidas sanitarias e instan a no relajarse en los cuidados, especialmente en este momento.
“Nadie quiere retroceder, pero para eso tenemos que ser muy estrictos en los cuidados y recordar que estamos atravesando uno de los momentos críticos de la pandemia. Santa Fe ha tenido un comportamiento ejemplar, pero no debemos relajarnos”, manifestó el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Roberto Sukerman.
Y continuó: “Estamos reforzando las inspecciones en fábricas e industrias de toda la provincia; queremos preservar la salud de las y los trabajadores porque entendemos que es una de las claves para continuar con la reactivación productiva”.
Puntualmente, la tarea de dicha cartera es verificar que los trabajadores cuenten con todos los elementos de protección personal y que se cumpla el distanciamiento. En este sentido, el balance que se hace es "positivo" y aseguraron que "en general se cumplen con todas las medidas preventiva" dispuestas para prevenir contagios.
Fuente:RosarioPlusEl peor final
Investigan femicidio: encontraron el cuerpo de Julieta Delpino enterrado en la casa de su ex pareja Fiscalía ordenó el allanamiento de la vivienda de su ex pareja y este sábado se conoció el peor final: el cuerpo de la joven de 19 años estaba enterrado en el patio de su novio quien quedó detenido e investigado por el femicidio
26 de julio de 2020
Tras una intensa búsqueda y el pedido desesperado de los familiares de Julieta Delpino, de 19 años, desaparecida desde este viernes a la noche en Berabevú cuando salió de trabajar y no regresó a su casa, Fiscalía ordenó el allanamiento de la vivienda de su ex pareja y este sábado se conoció el peor final: el cuerpo de la joven estaba enterrado en el patio de su novio quien quedó detenido e investigado por el femicidio.
El allanamiento de la casa de Cristian Romero, único detenido por el femicidio de Julieta, fue ordenado por la fiscal Susana Pepino, señala el portal AhoraCasilda.
Durante el operativo, la Policía ingresó con perros entrenados en búsqueda de personas que se dirigieron hacia el auto del detenido en donde los agentes encontraron prendas de vestir de Julieta. Además, en la casa también encontraron una importante cantidad de droga, agrega el portal casildense.
Los uniformados continuaron requisando la casa hasta que los perros se dirigieron a un patio trasero en donde había tierra removida y allí estaba el cuerpo de la joven que fue trasladado al Instituto Médico para que se le practique la autopsia.
Julieta vivía en Berabevú, localidad distante a 170 kilómetros al sudoeste de Rosario. El viernes por la noche salió del trabajo y nunca llegó a casa.
Se dirigía a su domicilio alrededor de las 23.30 del viernes. Su teléfono celular dejó de tener señal a la medianoche.
Familiares manifestaron que la joven salió del trabajo y le pidió a su madre que le calentara la comida, pero nunca supo más nada de ella. Se movilizaba en bicicleta y fue vista por última vez en una cámara de seguridad situada cerca de un club deportivo, a dos cuadras de su vivienda.
El detenido por el femicidio de la joven tiene 28 años y también es oriundo de Berabevú.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Comienzan mañana a exigir el hisopado negativo en las rutas santafesinas
Desde la medianoche los ciudadanos no residentes de la provincia deberán demostrar que no están contagiados de Coronavirus.
Por Claudio González
Comienzan mañana a exigir el hisopado negativo en las rutas santafesinas
Domingo 26 de Julio de 2020
Entre las disposiciones del gobierno de Santa Fe que imponen el uso obligatorio del barbijo y la suspensión por 14 días de las reuniones afectivas y sociales para contener la curva de contagios de Covid-19, también se determinó que a partir de la cero de mañana cualquier persona que ingrese a la provincia procedente de otra jurisdicción donde rige el “aislamiento social, preventivo y obligatorio con circulación comunitaria de coronovirus, deberá presentar un hisopado o testeo de resultado negativo con una antigüedad no superior a las 72 horas”.
Con la lupa puesta en la fiscalización y el control sanitario de las personas que ingresan al territorio santafesino, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) y la policía reforzarán los controles en los 27 puestos ubicados en los límites fronterizos de Santa Fe.
El decreto 647/20 que firmó el gobernador Omar Perotti, además de establecer la suspensión por catorce días de las reuniones familiares y afectivas, también implementó una estricta vigilancia de las personas que ingresen a Santa Fe provenientes de zonas donde se mantiene el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” por tener circulación comunitaria de Covid-19.
Desde la cero de mañana, los ciudadanos que quieran circular por territorio santafesino deberán exhibir en los controles de rutas un hisopado o testeo de resultado negativo no superior a 72 horas anteriores al ingreso, según la disposición provincial.
Las autoridades remarcaron que en el caso de aquellas personas no residentes santafesinas comprendidas entre las actividades esenciales que no tengan un resultado de análisis negativo, “el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe definirá cualquier otro tipo de implementación análoga a tal fin”.
Como respaldo, el director de la APSV, Osvaldo Aymo, recordó los dispositivos de fiscalización dispuestos desde que comenzó la pandemia. “A todos los no residentes que quieran ingresar a la provincia se les exigirá la declaración jurada de salud (se puede bajar en Covid-19 Provincia de Santa Fe o la página web santafe.gob.ar/coronavirus) y el permiso de circulación”, recalcó Aymo.
Pero además, insistió en que los inspectores cuentan con teléfonos que pueden leer los códigos QR de las declaraciones juradas de los usuarios. “Esto permite obtener trazabilidad, una georreferenciación de quienes transitan por la provincia. En tal caso, si en algún momento presentan sintomatología, nos facilita la trazabilidad para poder identificar las potenciales rutas de contagio”, adelantó el funcionario (vera aparte).
Puntos cardinales
Aquellos ciudadanos que realicen un viaje interprovincial, deberán tener también la aplicación Covid-19 Santa Fe, aunque sean residentes. Aymo puntualizó que en los cuatro puestos límites con las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Chaco, se vienen realizando test análogos rápidos de anosmia u olfato, y temperatura, los que permiten identificar con rapidez más síntomas de coronavirus. Cabe recordar que la APSV viene realizando continuos controles, sobre todo en la ruta provincial Nº 11, a la altura de Florencia, límite con Chaco, y en el peaje de General Lagos, casi al límite con la provincia de Buenos Aires. Son las dos jurisdicciones donde la situación sanitaria es más compleja. De hecho, en esos lugares también hay puestos sanitarios con logística para realizar hisopados de PCR para detectar coronavirus.
Devueltos a casa
Entre el 8 y el 24 de julio en esos dos puntos debieron retornar más de 200 vehículos a sus lugares de origen por no contar con autorización para circular. La mayor cantidad se dio en peaje de General Lagos, con 192 (ver infografía).
Según destacó Aymo, los controles y restricciones para el ingreso y la circulación en la provincia “son centrales para cuidar todo lo hecho. La situación de la provincia, en el contexto nacional, tendría que ser de mayores casos, y eso quiere decir que el esfuerzo de los santafesinos ha sido enorme, y hemos trabajado sin parar en concordancia con Nación y provincia”.
Fuente:LaCapital
Fuente:LaCapital
Ley de ART en Santa Fe: una norma «inconstitucional» que «impide el acceso a la justicia»
La adhesión de Santa Fe a la ley nacional fue aprobada en la Cámara Senadores de la provincia y debe ser tratada en Diptuados. El abogado laboralista Jorge Elizondo explicó a Conclusión que la norma resulta perjudicial para los trabajadores, al tiempo que indicó que "afecta al sistema federal". Jul 26, 2020
Por Guido Brunet
La Cámara de Senadores de Santa Fe semanas atrás aprobó por unanimidad la ley que adhiere a Santa Fe a la reforma nacional sobre riesgos de trabajo contenida en la Ley Nacional 27.348. Así la discusión pasó a Diputados.
La norma, que resta que se discuta en la Cámara baja santafesina, llevaría a trece el número de comisiones médicas en la provincia. La ciudad de Santa Fe contará con dos, habrá tres en Rosario, una Venado Tuerto, una en Reconquista y otra en Rafaela. Y las comisiones médicas móviles serán cinco, una por cada circunscripción judicial.
Dicha situación puso en alerta a una gran cantidad de gremios que vienen expresándose en contra de la norma por considerar que «recorta derecho de los trabajadores». Lo mismo expresaron diputados como Rubén Giustiniani, Matilde Bruera y Carlos del Frade, quienes el pasado viernes participaron de una reunión en el sindicato de Recolectores de Rosario.
El proyecto se encuentra en la comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión, que preside el radical Fabián Palo Oliver, quien tiene una histórica posición de rechazo a la adhesión. Al menos unos 40 gremios de toda la provincia se manifestaron en contra de la ley.
La ley
La norma prevé la adhesión de Santa Fe al título I de la ley nacional sancionada en febrero de 2017 durante la administración de Mauricio Macri. La misma plantea la obligatoriedad de la intervención de las Comisiones Médicas para la determinación del carácter profesional de la enfermedad o accidente, la determinación de la incapacidad y las prestaciones dinerarias que corresponderían conforme lo que dispone la Ley de Riesgos del Trabajo. Las resoluciones de las Comisiones Médicas que no fueran recurridas, así como las que resulten homologadas, tendrán autoridad de cosa juzgada administrativa.
Según Came, la norma es un «institucionalización de un procedimiento administrativo previo que permita disminuir la hoy grave judicialización de los reclamos por enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, confiando que con la misma disminuyan los graves riesgos y contingencias que hoy sufren las Pymes argentinas».
Proyecto de Adhesión de La … by Guido Brunet on Scribd
Inconstitucional
Para el abogado Jorge Elizondo, vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario y docente de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, explicó a Conclusión que la norma es «inconstitucional porque impide al trabajador a tener acceso directo a la justicia, que es un derecho que tiene cualquier persona, por lo que no se debería requerir un paso previo en las comisiones». Además, señaló que representa «un atropello al sistema federal».
El letrado remarcó que «darle carácter de obligatorio al trámite ante las comisiones médicas me parece que es grave». «Aquí se trata de un proceso obligatorio, que se va a dirimir por parte de médicos. Se le quiere dar carácter de tribunal administrativo y no puede serlo porque los médicos no son funcionarios públicos«, aclaró. «Además, la comisión médica no tendría que resolver únicamente sobre temas médicas, sino también sobre condiciones laborales, cosa que un médico no tiene los conocimientos para hacer», siguió Elizondo.
«El proceso puede llegar a demorar entre 60 y 90 días hábiles. Si el problema no se resuelve el trabajador puede ir a la justicia, pero recién después de ese proceso. Y si a los 60 días el trabajador no inicia la acción penal caduca el derecho de ir a la justicia. Esto es inconstitucional porque niega el acceso a la justicia. Es discriminatoria hacia los trabajadores. Esto es una especia de juicio administrativo«, detalló el abogado.
«Y si el trabajador inicia juicio de todas maneras, ¿con qué objeto se hizo todo ese procedimiento? Termina extendiendo aún más el tiempo del proceso«, analizó el laboralista.
Por otro lado, Elizondo comentó que «otro punto es el efecto suspensivo de la resolución de la comisión. Si uno va a la justicia, no se le reconoce la resolución de la comisión. Entonces el objetivo es desalentar que el trabajador pueda ir a la justicia«.
Sobre las motivaciones de aprobar la norma en la provincia, Elizondo indica que «todo esto le conviene solamente a las ART, que aportan para el pago de los sueldos de los médicos de la comisión. La mayor parte de los juicios son contra las ART, no contra las empresas». Y con respecto a la celeridad por aprobar la norma, Elizondo lo adjudicó a un «reclamo de las cámaras empresarias y la Bolsa de Comercio».
Por último, Elizondo advirtió que la ley «afecta al sistema federal, ya que al adherir la provincia se impone la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación. Entonces las instituciones de la provincia se supeditan a un organismo nacional. Para hacer esto se tendría que modificar la constitución».
Fuente:Conclusion














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