El Arzobispado de Santa Fe dio a conocer a principios de julio la implementación de un "sistema" para presentar informes sobre sospechas fundadas y/o denuncias sobre casos de abuso sexual. Romina Alarcon Referente Pan y Rosas en Psicología UNR
Sábado 25 de julio
En un comunicado que se titula “De impunidad, delitos y una Red en expansión”, la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina le responde al Arzobispado de Santa Fe luego de que admitieran en una entrevista al diario UNO Santa Fe que reciben denuncias de abusos dentro del ámbito eclesiástico a pesar de que hay una denuncia penal vigente contra este sistema y que lo investiga el Ministerio Público de la Acusación. Reproducimos a continuación el comunicado de La Red.
"Los cañones de la impunidad eclesiástica siguen apuntando a las víctimas. Esta vez en Santa Fe, quienes delinquen vienen por los testimonios de las víctimas, a cualquier precio, ellas no importan, se las puede revictimizar nomás con el objetivo de siempre, encubrir delincuentes. El propósito es claro, quieren recabar toda la información posible en relación a los delitos cometidos, para de este modo desarticular a la víctima y evitar el desarrollo del debido proceso. Y así también de este modo generar un capital de información indispensable para futuras defensas de sus denunciados/delincuentes.
El pasado 7 de mayo de 2019, el Papa Francisco (Jorge Bergoglio) dio a conocer la carta apostólica “Vos estis lux mundi” (“Eres la luz del mundo”). En este documento se detallan las normas que entraron en vigor el 1 de junio de 2019 y que son el fundamento para la puesta en marcha -el pasado 29 de junio de 2020- de “un canal, un sistema estable y fácilmente accesible al público donde realizar denuncias, “con el objetivo de detectar casos de abusos protagonizados por clérigos y consagrados contra menores y personas vulnerables”.
Es oportuno recordar que el mandato de Bergoglio lleva aproximadamente unos 7 años, en los que si de alguna manera ha querido echar luz sobre algo, su candelabro nunca encendió. Los oscuros sótanos de la iglesia católica nunca jamás han visto luz. Las tan tenebrosas como perversas zonas de silencio institucional nunca se enteraron del arribo “del Papa revolucionario”.
El Arzobispado santafesino dio a conocer así parte del oscuro “canal”:
● -“Los informes contendrán los elementos de forma detallada, como indicaciones del tiempo y lugar de los hechos, de las personas involucradas o con conocimiento de los mismos"
● -“En todos los casos, los hechos o sospechas denunciadas deben estar fundadas. Deberán estar firmados, con número de D.N.I. y un teléfono o dirección de correo electrónico”...
● -“Para esto se designó a un responsable de recibir esos informes y un asistente”...
Esto es, cuando menos, extraño. ¿Quién en su sano juicio recurriría al victimario mismo para solicitar justicia y reparación? ¿Qué nos hace creer o considerar que quienes ya optaron por proteger, resguardar y encubrir delincuentes, optarán ahora por las víctimas? La historia, los hechos y nuestra experiencia propia certifican que no lo harán, que ya eligieron. Insistimos .Ya han tomado partido y es por los delincuentes. Lo hicieron así con los curas Ilarraz, Moya,Escobar Gaviria, en Entre Ríos, y hasta César Grassi a varios años de su condena conserva el estado clerical. Siguen siendo curas, son delincuentes que son parte de la institución eclesiástica. Y es así porque tienen el aval del mismo Papa Francisco.
Lo propuesto por los Arzobispados de Rosario y Santa Fe ya fue ensayado por el Arzobispo Juan Alberto Puiggari, en Entre Ríos, en abril del 2018, tanto en similitud, como en su historicidad todo es sospechosamente llamativo. El proyecto de Puiggari data de abril del 2018, cuando aún la carta apostólica de Bergoglio no estaba en marcha. ¿No es esta, una prueba de que su actuación es orgánica y consecuente a un orden único?".
En Argentina sigue vigente el Concordato (firmado en 1966 entre la dictadura de Onganía y el Vaticano) que le da amplísimo margen de maniobra a la Iglesia para manejarse con una “justicia” propia en casos que nunca llegan a la justicia civil, entre ellos muchos abusos sexuales de curas sobre feligreses. Casos que nunca trascienden y siempre terminan en impunidad. La anulación del Concordato es una de las demandas básicas de la campaña Iglesia y Estado Asunto Separado.
En 2018, bajo el gobierno del Frente Progresista destinaba $13 millones para el “sueldo” de 26 sacerdotes. Sueldo entre comillas, porque el sueldo es para quien trabaja y en este caso era un regalo del Estado a la cúpula eclesiástica. En la actualidad el gobernador Omar Perotti es conocido, entre otras cosas, por haber puesto el gabinete más celeste de los últimos años, con referentes como Danilo Capitani o la Ministra de Educación Adriana Cantero quienes encabezaron un lobby importante para que no se aplique la ESI en la provincia. El manto de impunidad que recubre a la Iglesia y le da poder de decidir sobre la vida de millones de personas, está arraigado en el matrimonio que lleva adelante con el Estado, no importa quien gobierne. Como dicen las miles de mujeres que ganaron las calles por el derecho al aborto, es necesario avanzar en la inmediata separación de la Iglesia y el Estado.
Fuente:LaIzquierdaDiario
No hay comentarios:
Publicar un comentario