Potentia attornatum
Poder Judicial, periodismo y espionaje: el coctel PRO
Las acciones en las que participan periodistas como parte de operaciones de inteligencia no tienen nada que ver con el periodismo ni con la libertad de prensa. Son actos repudiables que perjudican al periodismo en general.
Por Luis Bruschtein
Imagen: Télam
El sagrado y permanente Poder Judicial --como el latín del título-- es lo único inmutable en los vaivenes democráticos de la Argentina posdictadura. Desde su pedestal habilita a unos y desautoriza a otros y siempre son los mismos. El juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, rechazó un decreto presidencial y habilitó al directorio de Vicentín denunciado por estafa por sus mismos accionistas. Pero cuando la Cámara Federal rechazó la preventiva ilegal a dos empresarios perseguidos por Mauricio Macri, el macrismo la despedazó y tres de sus cuatro jueces, Eduardo Farah, Eduardo Freiler y Jorge Ballestero salieron expulsados por la ventana; los jueces Luis Arias y Martina Fons que detuvieron el aumento desmedido de tarifas fueron aniquilados por el macrismo; y los jueces laborales Mirta González Burbridge, Diana Cañal y Luis Raffaghelli, que reinstalaron trabajadores despedidos por el macrismo más los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino que se opusieron a los despidos en Telam, fueron todos denunciados por el gobierno de Cambiemos ante el Consejo de la Magistratura que ellos controlaban.
A esa lista se podrían sumar muchos otros jueces y fiscales cuyos fallos y decisiones interferían con el Ejecutivo cuando gobernó la alianza PRO, radicales PRO y seguidores de Carrió. Todos garantía de las libertades individuales de ellos y no de los demás. La Procuradora Alejandra Gils Carbó fue desplazada tras presiones y amenazas, los jueces Sebastián Casanello, Daniel Rafecas, Ariel Lijo, Alejandro Slokar y Ana María Figueroa recibieron fuertes presiones de funcionarios del Ejecutivo macrista y el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano, llegó, incluso, a promover el juicio político contra el juez Alejo Ramos Padilla para frenar la investigación que reveló la trama de extorsiones en la causa de los cuadernos.
Hay mucho más. Esta sólo es la información que determinó la amonestación al gobierno macrista por parte del relator de la ONU para la independencia de los jueces, un récord internacional antirepublicano de Cambiemos.
Ayer la Cámara de La Plata apartó al juez Federico Villena de la causa de los espías macristas. El argumento legal incuestionable fue la relación anterior del juez Villena con algunos de los acusados y con algunos de los actos que se investigaban. La decisión de la Cámara no pone en tela de juicio a Villena y tampoco a su investigación. Simplemente lo separa por esa relación previa en otras causas.
El juez Lorenzini fue durante 15 años asesor legal de la sucursal Reconquista-Avellaneda del Banco Nación que fue puesto al borde de la quiebra por la deuda impaga de la empresa y por los préstamos irregulares que concedió a Vicentín cuando todavía el juez era su asesor. Hay una relación previa relacionada con el tema investigado. Pero no fue separado como Villena.
Con esa influencia determinante sobre tantos jueces y fiscales, durante cuatro años el macrismo se dedicó a perseguir a funcionarios y dirigentes de la gestión anterior, así como a empresarios acusados de haberla apoyado y a opositores, sindicalistas como Hugo Moyano y dirigentes sociales como Luis D'Elía y Milagro Salas.
Visto a la distancia, crearon causas tan absurdas como la de unos cuadernos que no existían. Se aceptaron fotocopias que fueron entregadas misteriosamente a un periodista adherente del PRO del diario La Nación. Y aún así para conseguir la prueba tuvieron que aplicar la ley del arrepentido en forma extorsiva contra ex funcionarios y empresarios. No hay un solo elemento sano en todo ese cuerpo probatorio, como tampoco lo hay en la mayoría de las causas fraguadas con el lawfare, con falsos peritos, excavaciones desopilantes en la Patagonia, show mediático del maltrato a detenidos y el festival de preventivas irregulares para contribuir al circo mediático.
Si hubo o no corrupción durante los gobiernos kirchneristas quedará en la incógnita porque en la mayoría de las causas que abrieron se ve la mano en la trampa. Y es como la teoría de la manzana podrida que pudre a las otras que están en el mismo cajón. Si la mayoría de las causas está fraguada, la sospecha recae sobre todas las demás. La corrupción nunca tuvo importancia para el macrismo, cuyas primeras líneas estaban integradas por empresarios que lo primero que hicieron cuando asumieron fue favorecer a sus empresas. No perseguían a la corrupción sino a sus adversarios políticos.
A un periodista le llegó misteriosamente el paquete de las fotocopias y a otro, cuando corría por Palermo le pasaron grabaciones ilegales de Cristina Kirchner. La causa de los espías descubrió ahora que Luis Majul no corría por Palermo, sino que había un equipo de espías de la AFI trabajando para él como parte de las operaciones de inteligencia.
Si tiene una defensa para hacer, que lo haga en la Justicia porque en principio todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero ese tipo de acciones en las que participan periodistas como parte de operaciones de inteligencia no tienen nada que ver con el periodismo ni con la libertad de prensa. Son acciones repudiables que perjudican al periodismo en general.
Lo mismo sucede con las acusaciones al periodista Daniel Santoro, en la causa por la que está detenido el exespía Marcelo D'Alessio. Y en las que existen carpetas con informes sobre los compañeros de trabajo de Santoro. No se trata de peronistas y antiperonistas o macristas y antimacristas. Estas acciones tienen que ser esclarecidas en la justicia y repudiadas.
En las causas que han puesto en evidencia la maquinaria del lawfare macrista no hay entregas misteriosas de fotocopias o grabaciones ni denunciadores seriales. La causa por la Mesa Judicial fue abierta por la denuncia de numerosos jueces. La causa de Dalessio fue por la denuncia de Pedro Etchebest, un empresario rural que estaba siendo extorsionado. Y la causa de los espías surgió por la denuncia de José Luis Vila, un exalto funcionario del Ministerio de Defensa que encabezaba el radical Oscar Aguad.
No hay ningún misterio y el cuerpo probatorio es abundante, sin extorsionar a nadie con escraches mediáticos, carpetazos ni con la ley del arrepentido. La existencia de tanta prueba tiende a confirmar que los espías actuaban con la seguridad de que tendrían total impunidad.
La corporación de medios da a entender que son causas armadas. Pero la prueba no es trucha, es real. Entonces dicen que se trata de grupos marginales que actuaron en forma autárquica. Varios de los detenidos aceptaron que hacían espionaje. Pero dijeron que era su trabajo y que las órdenes les llegaban por la cadena de mandos. Tan es así que uno de los detenidos, Alan Ruiz, era el director de Operaciones especiales de la AFI, hombre de confianza de Patricia Bullrich.
Macri ya ha sido acusado de espionaje a familiares y lo salvó el padre. Ahora se pudo comprobar que los espías fueron doce veces a la Casa Rosada y se reunieron con Susana Martinengo, secretaria de Documentación en Presidencia. El hermano de la funcionaria fue comandante de inteligencia en Gendarmería y su esposo, el Mono Ferreyra, es un exoficial carapintada. La mujer forma parte de la comunidad de inteligencia. No son los antecedentes de una empleada administrativa.
La causa de los espías quedará a cargo del juez Juan Pablo Augé aunque se mantienen los fiscales que encabezaron la investigación. El esclarecimiento de estas tres causas que involucran a espías, periodistas y funcionarios judiciales tendría que hacerle bien a la democracia, al periodismo y al Poder Judicial.
04 de julio de 2020
Chorizos de granos
Las fake news sobre la rotura de silobolsas
Los medios opositores y dirigentes agrarios del PRO agitan una campaña "militante" pero no pueden presentar ninguna prueba. En realidad, las roturas vienen de hace rato y sus causas son muy diferentes: conflictos con empleados despedidos, juegos de chicos, animales sueltos y hasta sobrecargas de granos. El Gobierno investiga junto a la Mesa de Enlace y pide datos reales a las provincias.
Por David Cufré
La rotura de silobolsas en Buenos Aires también pudo obedecer a la sobrecarga de los llamados “chorizos de granos” en la jerga del sector. La Superintendencia de Seguridad Rural y las fiscalías que intervienen en las denuncias tomaron “muestras parciales de los silosbolsa en los sectores donde se presentan cortes para determinar si la rotura fue con intencionalidad o por el estallido por presión relacionada con exceso de peso del cereal y/o falla del material que compone dicho silobolsa”, precisa el documento. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Superintendencia de Policía Científica se encargarán de las pericias.
La dependencia de la policía bonaerense aclara que los casos no resueltos se deben en su mayoría a que los ataques fueron denunciados de manera tardía por parte de los propietarios de los campos. “Es de tener en consideración –señala- que en oportunidades la constatación por parte del denunciante de la rotura del silobolsa sucede luego de períodos de ausencia del predio rural, motivando ello la pérdida de tiempo valioso para obtener elementos que puedan indicar causal del hecho denunciado”.
De todos modos, el informe de la Superintendencia sostiene que las investigaciones realizadas “no arrojaron indicios o sospechas que las roturas se encuentren relacionadas con actividades gremiales y/o sindicales”. También precisa que las pérdidas para los productores fueron escasas. En los catorce casos de la provincia de Buenos Aires “se constató la rotura del silobolsa pero no hubo pérdida de cereal por el arrojo de productos químicos, por ende el recupero de las mercaderías almacenadas superó siempre el 95 por ciento, según las propias manifestaciones de los denunciantes”, advierte.
Mucho menos las investigaciones policiales detectaron el accionar de “bandas de militantes kirchneristas”, que estarían operando en cuatro provincias para provocar destrozos en los campos, como agitan grupos de “autoconvocados” rurales de Armstrong, Venado Tuerto y San Genaro, en Santa Fe, Marcos Juárez y Jesús María, en Córdoba, Junín y Pergamino, en Buenos Aires, y Crespo, en Entre Ríos, entre los principales distritos donde tienen intervención. Desde allí propagan cadenas de WhatsApp, Twitter y demás envíos por redes sociales llamando a los productores a armarse y salir a disparar. También hay videos de supuestos productores que cargan escopetas y piden tirar a la cabeza.
Semejante amenaza de violencia política no mereció por el momento ningún comunicado de repudio de las entidades que componen la Mesa de Enlace ni tampoco de los propios referentes de autoconvocados. Menos aún de la prensa dominante, que por el contrario da crédito a las versiones de supuestos escuadrones kirchneristas asolando a productores desvalidos. Se instala un clima de sospecha cada vez más grave sin más fundamentos que “presunciones” o “dudas” de los campesinos.
El movimiento “Campo+Ciudad” es uno de los promotores de los discursos de odio hacia el gobierno nacional y el peronismo en general, si bien los videos o mensajes más extremos circulan sin la cobertura de ese sello. Participan de esa agrupación dirigentes de las sociedades rurales u otras entidades del campo, pero a título personal, por fuera de su pertenencia a esas otras entidades formales. Su aparición más rutilante hasta el momento fue cuando recién había asumido el gobierno de Alberto Fernández y planteó la suba de retenciones, en reacción a lo cual motorizaron un lockout agrario que terminó por conseguir el apoyo de toda la Mesa de Enlace.
Dentro de ese espacio militan dirigentes del PRO que fueron candidatos a concejales, intendentes, legisladores provinciales o nacionales en las últimas elecciones. Uno de sus exponentes es el diputado bonaerense Luciano Bugallo. “Hoy fue el turno para Villa María, Córdoba. Destruyeron silobolsas con maíz partido. Mientras tanto, el silencio de Alberto Fernández, Sabina Frederic y Luis Basterra aturde. ¿Estarán esperando una guerra civil?”, publicó en Twitter el legislador el 25 de junio. Luego agregó que “detrás de las roturas de silobolsas, incendios y robos de cosechas hay sectores del kirchnerismo involucrados”.
“El discurso de esa gente cala entre los productores. El productor promedio, el chacarero, se quedó con esa sensación de que el kirchnerismo es el enemigo desde la resolución 125. Además influyen mucho los medios de comunicación. Entrás a un bar y está TN. Entrás a la oficina de una corredora, un acopio y están escuchando radio Mitre. Fui a la cooperativa a sacar un insumo, estaba esperando que me atiendan, había un vecino, un hombre de unos 65 años y me dice, recién escuché en radio Mitre… Lo que dicen esos medios para ellos es la verdad”, relata un productor que convive con esa realidad.
El intento de intervención y el anuncio de un proyecto de ley para expropiar Vicentin por parte del gobierno nacional movilizaron a los autoconvocados, que salieron a denunciar un agravio masivo sobre la propiedad privada. “Entra muy fácil el discurso de que vienen por todos nosotros. El año pasado el encono pudo haber aplacado, pero ahora los sectores antikirchneristas están operando con todo”, agrega.
Frente a esa escalada, el gobierno nacional convocó al Consejo de Seguridad Interior para abordar una investigación integral de los ataques a silobolsas y demás hechos policiales en los campos. La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, mantuvo además dos reuniones con los presidentes de la Mesa de Enlace, la última esta semana.
Allí presentó los datos recabados hasta el momento por los gobiernos de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En lo que va del año esas provincias recibieron 35 denuncias de rotura de silobolsas, 11 por sustracción de cereal, 11 por sustracción de equipamiento, 14 por sustracción de agroquímicos, 10 por incendios intencionales y 10 por otros motivos no especificados. “El 40 por ciento de los casos fueron en junio. El hecho tiene cierta gravedad, pero todavía no tenemos datos comparativos, no sabemos si fueron más que el mismo período del año pasado”, explicó este viernes la funcionaria, que dijo que las provincias están procesando la información.
Luego la provincia de Buenos Aires preparó el informe que se cita al comienzo. Como se dijo, en el año hubo 14 casos de rotura de silobolsas, con 6 resueltos. En 2019 las denuncias por el mismo motivo fueron 21, de las cuales se esclarecieron 7. En 2018 fueron 10 y 5, y en 2017, 4 y 3, respectivamente.
Además de conflictos con empleados, menores jugando y animales, los casos que se resolvieron en el pasado tuvieron que ver con ataques de transportistas molestos con productores porque contrataban camioneros de otras regiones, disputas personales entre productores, robos, actos de vandalismo y peleas entre pandillas. No hay antecedentes de motivaciones políticas. Sin embargo, el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, opinó que sí, que “hay agresiones con tintes políticos”.
El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, retrucó: “Todo esto es un gran verso montado por Clarín, no me cabe duda. Esto se inscribe dentro del marco de una campaña realmente grande”, alertó. Su número dos, Germán Montenegro, mantuvo reuniones con Omar Príncipe, director y ex presidente de Federación Agraria, para buscar soluciones. Lo mismo hicieron los responsables de seguridad de las otras provincias, que buscan desmontar las fake news de los chorizos de granos.
04 de julio de 2020
Tiene a su cargo investigar a la AFI macrista
Quién es el juez Juan Pablo Augé
Tiene 58 años y de familia de abogados y todos radicales. Es un excombatiente de Malvinas. Mandó a detener al exespía Alan Ruiz.
El juez Juan Pablo Augé, segundo desde la derecha.
El juez federal que deberá investigar las maniobras de espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, gremialistas, periodistas y un largo etcétera durante la gestión de Gustavo Arribas al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) disfrutó hasta estos días de un bajo perfil que difícilmente pueda seguir cultivando.
Juan Pablo Augé tiene 58 años, nació y se crió en La Plata y proviene de una tradicional familia de abogados vinculada al radicalismo. Su padre, Juan Pedro “Perico” Augé, presidió el Colegio de Abogados local tras el retorno de la democracia, fue un reconocido militante en Tolosa aunque nunca quiso ejercer la función pública. Su hermano Pedro Martín también presidió el Colegio. Su hermana, igual que su madre, también es abogada.
Poco después de terminar el secundario debió cumplir con la servidumbre civil obligatoria en el Ejército y en 1982 participó de la guerra de Malvinas, que marcó un quiebre en su vida.
Retomó sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata, se recibió en 1986 y a fines de ese año ingresó a trabajar ad honorem en la secretaría de un juzgado federal de su ciudad. Tres años después fue contratado como secretario letrado titular, cargo que ocupó hasta abril de 2008, cuando asumió por concurso al frente del Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora.
Si bien su especialidad es el derecho civil, participó de varios concursos para ocupar juzgados con competencia penal, incluyendo la Cámara Federal platense, e instruyó causas penales como subrogante en los juzgados de Lomas. Quienes lo conocen los definen como un judicial clásico, preferentemente distante de la política e insospechado de simpatías con el peronismo.
Ese perfil no le impidió ordenar hace tres semanas la detención del exhombre de confianza de Patricia Bullrich y ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, por el espionaje ilegal sobre la ex presidenta Cristina Kirchner y el Instituto Patria durante 2018. Augé asumió al frente de esa causa, iniciada por una denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño, tras al excusación del juez Federico Villena por su rol en el blanqueo de esa operación.
La decisión de ayer del camarista platense Roberto Lemos Arias de apartar a Villena a partir de las sospechas de parcialidad planteadas por tres de los espías imputados y remitir la causa al juzgado federal que subroga Augé, implicarán para el ex combatiente e hincha fanático de Estudiantes asumir al frente de una investigación crucial sobre los sótanos de la democracia.
04 de julio de 2020
Lo buscan en Santa Cruz
Desapareció un exsecretario de Cristina Kirchner
Se desconoce su paradero desde el miércoles. Se trata de Fabián Gutiérrez, quien fue aceptado como testigo arrepentido en la "Causa de los Cuadernos", por la que estuvo detenido en octubre de 2018.
Fabián Gutiérrez.
La Policía de Santa Cruz buscaba intensamente anoche a Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y de quien se desconoce su paradero desde este miércoles.
El empresario era buscado en El Calafate, en tanto trascendió que fue encontrado su teléfono celular en una obra en construcción de la zona céntrica de esa turística localidad, según indicaron medios locales.
El exsecretario privado de la vicepresidenta había arribado a la localidad en un vuelo especial de "repatriados" para sostener una reunión, según el sitio local "Diario Nuevo Día".
Efectivos de Criminalística allanaron el domicilio de Gutiérrez, quien actualmente se desempeña como empresario, para intentar recolectar datos sobre su paradero.
Gutiérrez, quien se había desempeñado como secretario de los Kirchner desde su adolescencia, fue aceptado como testigo arrepentido en la "Causa de los Cuadernos" , por la que estuvo detenido en octubre de 2018.
04 de julio de 2020
“Yo no tomaba partes de inteligencia, tomaba la información”, argumentó la ex funcionaria de Macri
Espionaje ilegal: La declaración de Susana Martinengo y los espías de Super Mario Bros
La excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, quien recibía a los agentes de la AFI en la Casa Rosada, dijo ante la Justicia que "pensaba que todo lo que hacían era legal” y que para ella “no eran espías, eran amigos”. Intentó desvincular a Macri y a su secretario privado, pero tuvo que admitir sus encuentros con los agentes. Los demás espías que declararon reconocieron las tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos, periodistas, jueces y empresarios, aunque responsabilizaron a las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia.
Por Irina Hauser y Raúl Kollmann
Susana Martinengo, al ser ingresada en el juzgado de Lomas de Zamora.
Imagen: NA
Imagen: NA
“No tenía relación con Mauricio Macri”. “No le llevé informes a Darío Nieto”. “Me enteraba de millones de cosas y los escuchaba a todos (los ex espías) y decía ‘lo paso’ (al expresidente) pero no lo pasaba” porque “si iba arriba con algo que no era verdad quedaba mal”. “También yo pensaba que todo lo que hacían era legal”. “Yo no tomaba partes de inteligencia, yo tomaba la información”. Así intentó justificarse, de manera más que confusa, Susana Martinengo, la excoordinadora de Documentación Presidencial que trabajaba con Macri desde su gestión en la jefatura de gobierno porteña.
La exfuncionaria prestó declaración indagatoria en la causa donde se investigan múltiples maniobra de espionaje. Trató de desvincular al exmandatario y a su secretario privado, pero reconoció sus encuentros con los agentes, sólo que acotó: “Para mí, no eran espías, eran amigos”. Martinengo fue la última en terminar de declarar el viernes a la madrugada. Antes desfilaron ante el juez Federico Villena, quien aún estaba a cargo de la causa, los exespías con más protagonismo en la trama bajo investigación, que reconocieron tareas de inteligencia sobre dirigentes políticos, religiosos, periodistas, jueces, empresarios y organizaciones sociales, aunque responsabilizaron por su ilegalidad a sus jefes y las máximas autoridades que tenía la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), incluso su extitular Gustavo Arribas.
La declaración de Martinengo
Martinengo declaró durante cinco horas. Hablaba de manera intrincada, por lo que a los relatores del juzgado les costaba transcribir lo que iba diciendo. Mezclaba hechos y momentos y por pasajes su descripción perdía coherencia: contó, por ejemplo, que pensaba que Quilmes, San Martín y otras localidades eran La Matanza. Luego retrocedía y avanzaba sin que se entendiera nada. Cambiaron cinco veces de relator a lo largo de la audiencia por esa razón, según pudo reconstruir PáginaI12. A tono con las declaraciones públicas de Macri, ella trató de despegarse de él diciendo que prácticamente no lo conoce, algo difícil de sostener si se tiene en cuenta que, según ella misma había contado, trabajaba con él desde 2007. En sus idas y venidas también dijo que el expresidente siempre estaba “al tanto de lo que pasaba en Documentación”, el área que ella coordinaba. Pero también sostuvo: “Darío Nieto no me daba bolilla. Era un grupo cerrado”.
El problema se le planteaba a la exfuncionaria cada vez que en la audiencia le hacían escuchar un audio. Ahí comenzaba a titubear. El exespía Jorge “el Turco" Sáez, con quien ella tenía relación cercana, grababa sus propias conversaciones y a veces se las pasaba a otro exagente, Leandro Araque. En el celular de este último se rescató abundante material para la investigación. Allí había diálogos de Martinengo con Sáez de donde se deduce que hablan de posibles informes de inteligencia, aunque no lo hacen de manera totalmente explícita, pero se advierte que ella no sólo habría recibido material sino que también habría sido quien lo encargaba. Con Sáez tenían un vínculo de evidente confianza: se tratan de “papu” y “mamu” en los audios. En uno de los diálogos --que reveló este diario-- ella le pide información sobre los preparativos de la movilización contra la reforma previsional en diciembre de 2017. El exagente le anticipa que podría haber incidentes y le detalla los preparativos de organizaciones sociales. “Convencelo de que no saque la reforma”, le dice él a Martinengo. En esa misma conversación, Martinengo le dice que el informe “se lo paso a Nieto, al secretario privado, como hice la vez anterior ¿viste?”
La explicación de la mujer en la indagatoria fue que los exespías “trabajaban conmigo pero en lo social, no en la inteligencia” y que pensó que todo lo que hacían era legal. “Me decían cosas, pero yo para arriba no lo pasaba, el sueldo me lo pagaba el Presidente, no me quería quemar (…) si iba arriba con algo que no era verdad quedaba mal”, dijo. “Para mí ellos no eran espías, eran mis amigos (…) solucionábamos quilombos juntos pero no trabajábamos juntos (…) pasaban a comer y hablábamos de temas personales”. En un momento también contó que ella tenía un proyecto político, que quería ser candidata a diputada provincial y que los exespías le acercaban gente. Entre ellos al exjefe de la barra brava de Boca Rafael Di Zeo, “porque tenía mucha gente en La Matanza”.
El Turco
La declaración de Sáez también fue extensa aunque no aceptó responder preguntas. Sáez reconoció su relación con Martinengo pero dijo que no le llevaba partes de inteligencia, sino que hablaban de la vida y que quizá él le acercaba gente que podía necesitar ayuda social. Insinuó que le interesaba su proyecto político. Habló y reconoció algunas tareas de espionaje en particular y dijo que se quejó por algunos de estos casos. Mencionó el seguimiento al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, y relató un episodio que no había incluido ante la bicameral de Seguimiento de los organismos de inteligencia: relató que el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz les había dicho sobre el espionaje a Santilli que la orden venía “del señor 5 (Arribas) y del 1 (Macri)”. En ese y otro tramos, responsabilizó de las maniobras ilegales a Ruiz, y a sus superiores.
También admitió seguimientos a los periodistas Hugo Alconada Mon y Carlos Pagni, con la excusa de que les decían que tenían causas judiciales que los comprometían.
Emiliano Matta, el espía que se sacó una foto con Santilli mientras lo espiaba, también le apuntó a Ruiz y dijo que se jactaba de tener importantes vínculos. Se produjo un silencio profundo en la audiencia cuando el exespía dijo mirando al juez Villena: “Ruiz decía que tenía vínculos con Patricia Bullrich, con Guillermo Montenegro y también con usted”. Se lo veía angustiado al declarar. Le pasaron audios que lo comprometían en tareas de espionaje ilegal que le costaba explicar. Sobre la foto con Santilli, dijo que lo hizo “por cholulo”.
Casi a la par de Matta declaraba Araque, que había empezado primero. Se sentó ante Villena y empezó a relatar con lujo de detalles el espionaje al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. De pronto su abogado, Fernando Sicilia, comenzó a patearlo por debajo de la mesa para que frenara. El imputado no se daba cuenta. El juez se ofuscó: “¿Puede dejar de dar patadas doctor?” El defensor pidió una pausa y luego su cliente dijo que no respondería más preguntas. La misma línea siguió después Melo, quien además había denunciado a Ruiz penalmente por la “operación Moyano”, que consistía en hacer declarar a integrantes de la barra contra Pablo y Hugo.
Finalmente, Mercedes Funes contó, entre otras cosas, cómo tenían que ir a sacar fotos con tres vehículos porque, según Ruíz, estaban retirando bolsos de la casa de Cristina Kirchner. Resultó que se trataba de una mudanza, pero a 50 metros del edificio donde vive CFK.
04 de julio de 2020
Presentación de los acreedores internacionales en Nueva York
Bancos extranjeros vs. Vicentin: "la mayor estafa financiera internacional"
Así se refiere el Comité de Bancos internacionales acreedores de Vicentin, a la cerealera argentina en su presentación ante la Corte de Nueva York. Pide que se investigue "el posible desvío de u$s 400 millones a través de empresas vinculadas".
Por Raúl Dellatorre
Cortes de Nueva York. Lejos de Reconquista y de la influencia de Vicentin.
Imagen: AFP
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Hasta ahora, la cúpula de Vicentin ha logrado frenar los intentos del gobierno argentino por intervenir la empresa y prácticamente bloqueó el propósito enunciado por el presidente de la Nación, de llevar al Congreso Nacional un proyecto de expropiación. En cambio, en el exterior sus influencias no han sido tantas y mucho menos efectivas. "Acreedores advierten que el gigante argentino de la soja desvió 400 millones de dólares", tituló este viernes un artículo de la agencia Bloomberg. En el mismo se refiere a la presentación ante la Corte de Nueva York que realizó el Comité de Bancos (del extranjero) acreedores de Vicentin (sobre la cual informó ayer Página/12 ), en la que señalan que no descartan "haber sido víctimas de la mayor estafa financiera internacional".
El poderoso grupo formado por bancos de Europa y la Corporación Financiera Internacional, brazo del Banco Mundial para financiamiento al sector privado, requirió que el juez del Distrito Sur de Manhattan, Alvin Hellerstein, requiriera copia de todas las transferencias electrónicas de dinero de Vicentin y de sus compañías vinculadas, "que incluyen un frigorífico y establecimientos vitivinícolas", puntualizan.
Transferencias y fuga
Las entidades financieras del exterior, que en conjunto suman una pretensión crediticia superior a los 530 millones de dólares (la tercera parte de la deuda total de la convocatoria), reclama que también se investiguen "las transacciones financieras de los principales ejecutivos y miembros de las familias propietarias" del holding empresario santafesino. En particular, hacen referencia a tres integrantes del "clan Vicentin" (así los señala el artículo del diario financiero Bloomberg) y a los hermanos Nardelli (Gustavo y Sergio).
Los representantes de los bancos acreedores le señalan al magistrado neoyorquino que es necesario seguir "el flujo de los fondos ya localizados fuera de Vicentin SAIC" y verificar si es que fueron desviados ilegalmente. Sostiene que, de otro modo, "es incomprensible que la firma haya pasado de una posición de saludable solvencia financiera a mediados de 2019, al colapso unos meses después".
Se refiere a la declaración jurada de solvencia que Vicentin presentó ante los bancos acreedores el 29 de julio de 2019, cuatro meses antes de declaración en cesación de pagos por "estrés financiero" el 5 de diciembre siguiente, ya señalado en la nota publicada por Página/12 en la víspera.
Desvío millonario
La sospecha que tienen los bancos es que Vicentin utilizó el circuito de operaciones entre firmas vinculadas para desviar 400 millones de dólares de la empresa que en diciembre se declararía en bancarrota (¿en forma premeditada?) y en favor de sus filiales en el exterior. Particularmente, los representantes de la banca acreedora internacional ponen el foco sobre las filiales en Paraguay y de Uruguay de Vicentin, pero también en Vicentin Europa, dada su relación estrecha con el holding suizo Glencore, el cual no escapa a las especulaciones de los investigadores.
Glencore, a través de su controlada Oleaginosa Moreno, le compró a Vicentin en diciembre, apenas tres días antes del default, el 16,7 por ciento del paquete accionario de Renova, propietaria de una planta modelo de procesamiento de soja y de producción de biocombustibles. El producto de esta venta, 122 millones de dólares, recién se pudo detectar como resultado del primer requerimiento de la justicia norteamericana sobre las operaciones de Vicentin y sus afiliadas, ya que había ingresado al holding a través de Vicentin Paraguay y luego, presuntamente girado a Uruguay. Es decir, que el resultado de la operación no fue informado por la concursada (Vicentin SAIC) y por lo tanto se mantuvo fuera del alcance de los acreedores.
Sospechas neoyorquinas
Este y otros resultados del primer "discovery" (proceso de investigación de operaciones sospechadas de haber perjudicado a los demandantes), llevaron al comité de bancos a pedir un segundo procedimiento o ampliación del primero. Esta vez, la demanda alcanza a las empresas vinculadas a Vicentin SAIC, a sus directores y a sus grupos familiares. La competencia de la justicia neoyorquina en el tema se sostiene en que Vicentin opera financieramente a través de esa plaza. De hecho, la empresa de Reconquista aceptó esa jurisdicción respondiendo al primer requerimiento de información, indicando además que "siempre estuvo a disposición de colaborar" y negando, ante los tribunales de Manhattan, "haber cometido alguna irregularidad" y que sus filiales en el exterior "no fueron creadas como vehículo de fuga de capitales".
Los representantes de los bancos acreedores lo ven de otro modo. "Gracias al requerimiento de esta Corte, las piezas del rompecabezas que fue el colapso de Vicentin están empezando a ser colocadas en su lugar", dicen en su presentación del último lunes. Señalan que la operación de venta de acciones de Renova --así como otros cambios patrimoniales que se investigan-- viola el compromisos de acuerdos de crédito firmados con los prestamistas internacionales. Apuntan como un hecho agravante que Vicentin SAIC no haya presentado el balance general del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019. Y quieren saber más sobre lo que define como "actividades subterráneas" de la empresa y sus filiales.
El grupo Vicentin no goza de la misma protección en Nueva York que la que tiene en su "pago chico", las localidades de Reconquista y Avellaneda. El comité que conforman el CFI, Natixis Credit Agricole, FMO y Rabobank, y el ING amenazan sobrepasar el dique defensivo que hasta ahora impuso el juez a cargo del concurso de acreedores, y así convertirse en el enemigo más incómodo para Vicentin.
Fuente:Pagina12
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