El presidente salió a defender su perfil dialoguista, después de haber recibido críticas desde sectores que apoyan su partido.
Después de una semana en la que Alberto Fernández recibió bastante “fuego amigo”, el presidente aseguró este viernes que en el Frente de Todos no tienen "diferencias" internas pero sí "opiniones a veces distintas" y aseguró que "si alguien pretende que deje de dialogar", eso "va a ser imposible" porque está en su esencia y su naturaleza.
"Para mi el diálogo es un camino y nunca voy a ceder en ese camino y lo saben todos", expresó el jefe de Estado al responder preguntas en la conferencia de prensa en la que anunció la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio por coronavirus en la residencia de Olivos.
"Siempre me acusaron de dialoguista y es una acusación que me encanta que me hagan. Yo lo que sí sé es qué intereses represento porque sé que fuerza electoral me votó", advirtió el Presidente y afirmó: "Sé que tengo una obligación, lo digo desde el primer día, con los que están peor".
El jefe de Estado expresó que "el diálogo hay que tenerlo con todos" y manifestó: "La Argentina de los unos y la Argentina de los otros a mí no me convence".
"Hay un Argentina que es de todos y esa Argentina tenemos que construir entre todos", destacó el mandatario.
Asimismo, aclaró que "después, hay muchas especulaciones que se hacen" y afirmó que "son especulaciones, las tomo así".
"Yo trabajo bien con todos y estoy muy contento de estar en el Frente de Todos, y me encanta que el Frente de Todos no tenga un discurso único y que tenga opiniones distintas, porque en la diversidad somos mucho más fuertes", precisó y agregó: "Estoy muy feliz de eso".
"Si alguien pretende que yo deje de dialogar, eso va a ser imposible porque está en mi esencia, está en mi naturaleza", remarcó.
Por otra parte, en respuesta a una pregunta de Télam, advirtió: "A mi no me presionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo un nuevo mundo con Soros. Me causan gracia".
Consultado sobre el conflicto entre el gremio de Camioneros y Mercado Libre, que mantuvo bloqueados centros de distribución de la empresa de ventas online hasta la madrugada de hoy, afirmó que no tiene "muy en claro cuál es el conflicto” y que siempre llama “a las partes a sentarse, a dialogar y encontrar una solución".
Después de aclarar que estuvo ocupado en preparar la presentación de la ampliación de la cuarentena, expresó: "Sí sé que hay un conflicto e invito a que las partes se sienten, dialoguen y encuentren una solución" y advirtió que "no es hora de conflictos, ya tenemos demasiados como para sumar nuevos".
Denuncian que el gobierno de la Ciudad avanza en un nuevo Plan Urbano Ambiental sin oposición ni participación ciudadana
Este jueves la Legislatura porteña votó la conformación del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), que sólo contará con representantes del macrismo o aliados. Desde el Frente de Todos denunciaron que "Larreta busca facilitar los negociados inmobiliarios" en el distrito.
Por Gustavo Sarmiento
17 de Julio de 2020
Por impulso del oficialismo, en la sesión de este jueves la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó la conformación del Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA), que será el responsable de estudiar y autorizar, junto a la Dirección de Interpretación Urbanística, los proyectos inmobiliarios en territorio. La particularidad es que no tendrá representantes de la oposición ni incluye a la participación ciudadana en las decisiones.
Así lo denunció el diputado Matías Barroetaveña (FdT), puntualizando que "es la primera vez que un organismo de integración plural ligado a la Legislatura no se integra con representación de la oposición". Y consideró que esta decisión unilateral se debe a que "Larreta busca facilitar los negociados inmobiliarios de la ciudad".
La Ley 71 ordena que el COPUA esté conformado por representantes del Poder Ejecutivo y 9 de la Legislatura de la Ciudad, que de acuerdo a las conformaciones de otros entes y consejos, suele estar representada en ellos en una relación proporcional a las fuerzas que la integran. No fue este el caso.
El jefe de bloque de Vamos Juntos, Diego García Vila, defendió el listado de nueve integrantes propuesto: “En ningún lugar de la ley se establece que los 9 representantes de la Legislatura deban ser proporcionales. Son nueve técnicos designados a propuesta de la Legislatura. Porque la diversidad consiste en que este grupo convive con los propuestos por el Poder Ejecutivo y los otros estamentos. En la nómina propuesta hay un representante de Consenso Federal, uno del GEN, uno de Evolución, uno de la Coalición Cívica”. En efecto, todos aliados del macrismo.
No se trata de un tema menor en un distrito como la Capital Federal, donde el desarrollo inmobiliario generó en estos últimos años numerosos reclamos de vecinos y organizaciones con casos concretos de gentrificación, expulsando a los vecinos de los barrios como La Boca, Caballito, Palermo o Barracas, en un combo que incluye la construcción de torres, la especulación con las viviendas, el encarecimiento de los precios o la pérdida de patrimonio de cada barrio.
De acuerdo a la información oficial, la función del COPUA en este contexto es la de "procurar soluciones a los problemas urbano–ambientales comunes; entender en cuanto al grado de apropiación del terreno para evitar el uso irracional del suelo urbano; impulsar las inversiones públicas y privadas para generar mejoras, dotando de similares condiciones de vida a todo el territorio". El problema, sostiene la oposición, es que si el organismo sólo cuenta con representantes del oficialismo no habrá ningún control ni regulación, entre otras cuestiones porque quizás los "problemas urbano–ambientales" que suceden en el espacio públicos o en la conformación urbana porteña no los ven necesariamente como problemas.
"La Ley de Plan Urbano Ambiental no es una ley más, es la norma más importante de la Ciudad luego de la Constitución. Toda normativa urbanística y las obras públicas deben ajustarse a esta ley marco", subrayó Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en un artículo publicado en El Cohete a la Luna. Abogó porque la priorización de las soluciones sea colectiva, con participación ciudadana real, ysubrayó tres pasos "esenciales" para toda planificación: diagnóstico, detección de los problemas y priorización de los conflictos a solucionar: "Hasta ahora no hay atisbos de autocrítica gubernamental por estos doce años de gestión que constituyen el peor gobierno de la Ciudad en su historia democrática. La emergencia habitacional, ambiental, de los servicios públicos y alimentaria es real. Para empezar, sería conveniente finalizar con la postura negacionista".
"El interés del Ejecutivo es avanzar con proyectos inmobiliarios sin ningún tipo de control ciudadano –remarcó Barroetaveña–. Asistimos nuevamente a un gesto de doble estándar por parte de la fuerza Vamos Juntos; mientras en los medios de comunicación se vanaglorian de las formas republicanas, transforman a la Legislatura en la escribanía de los desarrollos inmobiliarios de la Ciudad". La legisladora Victoria Montenegro acotó: "Los negociados de esta Ciudad no conocen de cuarentena. Larreta quiere tener vpia libre para los negocios inmobiliarios de sus amigos".
Fuente:TiempoArgentino
Deuda: proyecto para deuda local, éxito en canje de bonos en dólares bajo ley argentina y presión sobre Blackrock
Anoche, el Gobierno envió al Congreso una iniciativa de reestructuración de unos USD 46.000 millones del tramo de la deuda pública emitida bajo legislación local, con propuesta de tratamiento similar a lo ofrecido a los acreedores bajo ley extranjera. Hoy, el Ministerio de Economía canjeó USD 4.109 millones de bonos en divisa de EEUU bajo legislación local por dos títulos en pesos.
Los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo. La iniciativa consta de ocho artículos y una serie de anexos donde se detallan las características de los bonos a ser elegidos.
En los considerandos, el proyecto sostiene que "el marco macroeconómico sobre el que la propuesta se ha sustentado presenta una secuencia progresiva de condiciones para tranquilizar la economía y ampliar el horizonte de planificación, de modo que las decisiones de los individuos y las empresas comiencen a operar en condiciones estables".
En el mismo sentido, indica que "esta propuesta se alinea con la oferta de reestructuración de los Títulos Públicos de la República Argentina emitidos bajo ley extranjera, incorporando incluso opciones en pesos para determinados instrumentos elegibles, con lo que también preserva los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública aliviando las restricciones de mediano y largo plazo devenidas de la actual carga de la deuda".
Con este proyecto, se confirma la firme idea que tiene el ministro de Economía, Martín Guzmán, es darle “igual trato” a todos los inversores que tienen deuda en dólares, sin importar la legislación bajo la cual fue emitida. Por eso, aquellos acreedores que tienen deuda en moneda extranjera que no entran en la negociación que está llevando adelante el funcionario con los bonistas externos, de todas formas serán alcanzados por los términos de un eventual acuerdo.
Como mensaje de política económica, la propuesta parece tener también un destinatario externo: BlackRock, el grupo Ad Hoc y otros bonistas rechazaron todas las mejoras que aplicó el Gobierno en las negociaciones. Si bien se esperaba que el proyecto de ley se envíe después de cerrado el capítulo externo, el debate de esta propuesta para los acreedores bajo ley local en el Congreso es un mecanismo de presión valedero para los bonistas duros por los incentivos que propone para quienes acepten al comienzo.
El Palacio de Hacienda considerará con un bono a 2030 al 1% el interés corrido de cada título elegible desde la fecha de último pago hasta el 4 de septiembre de 2020 si los bonos son presentados antes de la fecha límite. En cambio, sólo será hasta el 6 de abril si se acepta el canje después.
Guzmán, por orden de Alberto Fernández, busca cerrado el capítulo de la deuda para colocar los nuevos papeles el 4 de septiembre. Ahora el Legislativo deberá debatir este proyecto, que se descuenta será aprobado para que el Gobierno realice la presentación formal a los bonistas en agosto.
En ese camino, hoy el Frente de Todos consiguió un éxito: Economía canjeó USD 4.109 millones de bonos en dólares emitidos bajo legislación local por dos títulos en pesos, ajustados por la inflación y una sobretasa, con vencimientos en el 2023 y 2024.
La cartera que dirige Guzmán informó también que recibió 955 órdenes de compra por dos bonos, por un total en Valor Nominal de$ 268.937 millones, el cual se adjudicó en su totalidad.
Los títulos canjeados fueron 12 Letes por US$ 3.689 millones, en 671 órdenes recibidas, Bonos Dual (AF 2020) por otros 18,4 millones, y 210 órdenes; Lelink por US$ 400 millones y 70 pedidos; y US$ 47.000 en cuatro ofertas por el Bono del Tesoro Nacional vinculados al dólar con vencimiento 2021.
Entraron a este canje varias ediciones de Letras del Tesoro en Dólares que vencieron entre agosto del 2019 y febrero de este año, y cuyos pagos fueron "reprogramados"; y a estos se le sumaron los Bonos Dual (AF 20) y los Bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más el 4% con cierre el año próximo.
Para lograr ahora esta adhesión, Economía entregó $ 268.937 millones, el 30 % de ellos a través del Bono del Tesoro ajustado por el CER (inflación), más 1,4% con vencimiento el 25 de marzo del 2023 y el otro 70% por un título similar, también ajustado por CER, más 1,5% y con cierre el 25 de marzo, pero del 2024.
La contundente advertencia de Baradel sobre la vuelta a clases
El secretario general de SUTEBA se refirió al estado de situación de la pandemia del coronavirus en el territorio bonaerense y cómo ésta impacta en las condiciones para el regreso a clases. Señaló que si bien hay municipios donde no circula el virus, “todavía no hay un protocolo elaborado” y la prioridad de supedita a “cuidar la salud de los chicos y docentes”. Además, indicó que “la presencialidad” no va a ser tal como la conocíamos.
"Primero hay que ver cómo está la situación sanitaria y epidemiológica. La segunda cuestión a tener en cuenta es si las escuelas están en condiciones con respecto a la infraestructura y espacios", dijo el dirigente gremial y puntualizó que, "debido al deterioro de muchos años, hay establecimientos que no tienen los espacios necesarios".
Asimismo, el titular de Suteba analizó que "la presencialidad no va a ser como la conocimos sino muy focalizada" y pidió "prestar especial atención a los chicos que perdieron vínculo con la escuela y, fundamentalmente, a los que están terminando ciclos".
Fuente:PoliticaArgentina
Tarifa Diferenciada de gas para cooperativas y recuperadas
El Enargas informó que las empresas recuperadas y cooperativas de trabajo podrán acceder a la Tarifa Diferencial de gas.
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) informó hoy que las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo serán amparadas por la legislación vigente que les permitirá acceder al beneficio de Tarifa Diferencial.
De esta forma, se incorpora a este régimen tarifario a los usuarios del servicio de gas por redes inscriptos en el Registro Nacional de Empresas Recuperadas.
En un comunicado citado por Télam, el Ente destacó el trabajo realizado entre la Comisión de Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajo, el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (Cenoc) y la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, para alcanzar el mencionado objetivo.
En este sentido, se resaltó que “en los últimos meses se crearon en el ámbito del Enargas ocho comisiones de usuarios y usuarias que funcionan como verdaderas audiencias públicas permanentes”.
La Comisión de Empresas Recuperadas se creó el 10 de junio pasado y allí participan representantes de Organizaciones, Asociaciones y Cámaras que agrupan a usuarios de compañías recuperadas y cooperativas junto a la Secretaría de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y a la Subsecretaría de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía.
Además, intervienen autoridades del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); representantes legislativos del Congreso de la Nación; y la Asociación de Distribuidores de Gas (Adigas), en carácter de observador.
La ley 27.218 instituye un Régimen Tarifario Específico de servicios públicos para entidades consideradas de Bien Público.
Fuente:Infonews
Se informaron 66 muertes en 24 horas por lo que el total de fallecidos, desde que comenzó la pandemia, es de 2.178.
El Ministerio de Salud de la Nación confirmó 4.518 nuevos casos de coronavirus en todo el país y el total de infectados ascendió a 119.301. Además, se informaron 66 muertes en 24 horas por lo que el total de fallecidos, desde que comenzó la pandemia, es de 2.178.
Desde la mañana, se registraron 45 nuevas muertes. 27 hombres, 14 de 86, 79, 61, 56, 43, 51, 68, 83, 61, 79, 66, 67, 68 y 78 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 7 de 83, 90, 83, 66, 72, 74 y 86 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 de 70, 85 y 67 años, residentes en la provincia de Mendoza; 2 de 68 y 83 años, residentes en la provincia de La Rioja; uno de 81 años, residente en la provincia de Río negro; y 18 mujeres, 4 de 39, 85, 84 y 69 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 11 de 92, 75, 71, 42, 82, 80, 71, 87, 84, 45 y 66 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 de 89 y 75 años, residentes en la provincia de Neuquén; y una de 90 años, residente en la provincia de Entre Ríos.
A la mañana se informaron otros 21 decesos correspondientes a 22 personas de las cuales diez son de la provincia de Buenos Aires, 10 de la Ciudad y una de Córdoba. Las edades son 89, 79, 61, 85, 49, 32, 80, 89, 65, 80, 59, 43, 76, 68, 67, 87, 75, 81, 75, 81 y 83 años.
Este mediodía, el presidente Alberto Fernández anunció una nueva cuarentena, mucho más flexible, en las zonas afectadas por el coronavirus. El mandatario explicó que el AMBA, en su conjunto, pasó de una duplicación de casos en 14 días el pasado 25 de junio, cuando se decidió endurecer el encierro, a 24,7 días en la actualidad. Discriminado por territorio, la Capital Federal pasó de 16,4 a 31,9 días, lo que implica que logró duplicar el tiempo en el que se multiplican por dos los contagios confirmados, y el Gran Buenos Aires pasó de los 12,2 a 21,2 días.
Casos de coronavirus
Este mediodía, el presidente Alberto Fernández anunció una nueva cuarentena, mucho más flexible, en las zonas afectadas por el coronavirus. El mandatario explicó que el AMBA, en su conjunto, pasó de una duplicación de casos en 14 días el pasado 25 de junio, cuando se decidió endurecer el encierro, a 24,7 días en la actualidad. Discriminado por territorio, la Capital Federal pasó de 16,4 a 31,9 días, lo que implica que logró duplicar el tiempo en el que se multiplican por dos los contagios confirmados, y el Gran Buenos Aires pasó de los 12,2 a 21,2 días.
"Nos hemos fijado una serie de objetivos que gracias a dios estamos cumpliendo. Creo que en los últimos 14 días, a pesar de los números que han aumentado, seguimos estando en una posición buena. "El virus está circulando entre nosotros a una gran velocidad. Hemos logrado que ningún argentino no pueda ser atendido", sostuvo en conferencia de prensa.
La nueva etapa, denominada "cuarentena intermitente", implica el inicio de un proceso de reapertura gradual de las distintas actividades, pero con la advertencia de que en cualquier momento puede volverse a un encierro más estricto si existe un rebrote de casos. Por ese motivo, los tres gobernantes apelaron a la responsabilidad de la gente para que mantengan distanciamiento social, que permita sostener una curva de contagios que no se dispare.
Tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires, habrá un cronograma para una reapertura de actividades recreativas, comerciales y profesionales, para comenzar un estado de situación similar a la fase 3 que había hasta el 1 de julio, primer día de la cuarentena estricta. El transporte público, tanto intra como inter jurisdiccional, seguirá siendo exclusivo para los trabajadores esenciales o que cuenten con un permiso de fuerza mayor. A su vez, seguirán los controles para evitar que nadie que no esté autorizado pueda viajar.
Fue quien protegió institucionalmente a Stornelli en sus vínculos con el espionaje y presionó a Gabriela Boquin, la fiscala a cargo del caso Correo Argentino.
Por Ari Lijalad
El procurador interino Eduardo Casal fue una pieza clave en el esquema de persecución judicial. Desde su rol como jefe de los fiscales operó al compás de los deseos de Mauricio Macri, tanto para darle cobertura personal en casos como el de Correo Argentino como para proteger a otros actores del lawfare como el fiscal Carlos Stornelli. Sigue en el cargo, pero mientras el Senado tiene trabada la designación de su reemplazo la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal (MPF) puso la lupa en su gestión. Realizará varias auditorías y analizará 7 pedidos de juicio político en su contra. Desde Juntos por el Cambio no apoyaron la iniciativa, ergo, quisieron protegerlo.
En su última reunión, el jueves pasado, la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del MPF dispuso la realización de tres auditorías sobre la gestión del interino Casal y comenzó a analizar 7 pedidos de juicio político que versan desde el blindaje al fiscal Stornelli en su vinculación al espionaje ilegal hasta la creación de una oficina para perseguir la protesta social. Esa Comisión Bicameral, que ahora preside el senador rionegrino Martín Doñate, fue vaciada y no funcionó durante la era Macri. Tenía sentido, Casal era un aliado.
El caso del interino Casal es por demás relevante. El cargo de Procurador General es el puesto vacante más importante dentro del Poder Judicial, no solo por su nivel jerárquico (equivalente a la Corte Suprema) sino de cara a la aplicación del nuevo Código Procesal, donde los fiscales asumen un rol mucho más relevante en las investigaciones judiciales. El nuevo Código establece que los fiscales investiguen y los jueces juzguen, por lo que confirma el rol de los primeros y limita el de los segundos. Quienes conocen de sus manejos saben que es muy difícil pensar en la aplicación de una Reforma Judicial como la que anunció el presidente Alberto Fernández mientras Casal siga al frente de los fiscales.
Casal llegó al cargo de procurador interino gracias a que la alianza entre Macri, Clarín, Comodoro Py y los abogados de grandes empresas y de genocidas presionó y logró la renuncia de Alejandra Gils Carbó. Quienes lo frecuentaban lo definían como un típico judicial con la consecuente “lógica del judicial”, corporativa y conservadora.
Su interinato responde a la ley que ordena el Ministerio Público, que establece que en caso de vacancia el cargo de procurador lo asume el fiscal “que tenga más antigüedad en tal cargo”. Casal era Procurador ante la Corte desde 1992. Allí intervino en la investigación por el atentado a la Embajada de Israel, caso que nunca se esclareció pero generó uno de los mayores papelones de la historia judicial argentina. En la apertura del año judicial de 2015, el entonces presidente de la Corete Ricardo Lorenzetti aseguró erróneamente que era “cosa juzgada”. Casal fue parte de esa investigación aún trunca, pero que le abrió contactos naturales con Israel y Estados Unidos, además de los servicios locales.
Macri amagó con proponer a Inés Weinberg de Roca para el cargo pero finalmente la tarea quedó en manos de Casal, que se alineó de manera automática con Cambiemos. Macri no hizo mayores esfuerzos por nombrar a alguien en el cargo, con Casal estaba más que cómodo. En la procuración, Casal se rodeó de Juan Manuel Olima Espel, Juan Pablo Ugarte y Juan Manuel Casanovas, los 3 juanes. El más relevante fue el primero, Olima Espel, que por sus vínculos con la AMIA, la DAIA y la Embajada de Estados Unidos llevó su agenda de lucha contra el terrorismo al MPF. Entre sus nexos estaba Juan Bautista Mahiques, ariete de la persecución judicial orquestada en la era Macri.
Entre los aportes del interino Casal al macrismo estuvo la protección del fiscal Stornelli, procesado por su participación en 7 casos que ejecutó el espía ilegal Marcelo D’Alessio. Hizo todos los deberes para ahorrarle sanciones disciplinarias y un tribunal de enjuiciamiento.
A diferencia del caso de Stornelli, el interino Casal si se preocupó de presionar a la fiscala Gabriela Boquin, que fue quien evitó que la condonación de más de 70.000 millones de pesos a la familia Macri por el caso Correo Argentino. Le vació la fiscalía, le retaceó recursos y le inició procesos disciplinarios con falsas denuncias, todo con el objetivo de frenar sus investigaciones sobre el vaciamiento de Correo Argentino. No se le pueden achacar a Casal otro tipo de presiones que recibió Boquin pero coincidían en el tiempo.
La Comisión Bicameral realizará tres auditorías sobre la gestión de Casal. La primera es una Auditoría Disciplinaria, donde analizarán todos “nómina de la totalidad de los magistrados en funciones sometidos a régimen disciplinario, información sobre el tipo de falta atribuida y estado de las actuaciones en trámite por los Tribunales de Enjuiciamiento de ambos órganos”. Esto tiene una doble lectura. Por un lado, revelar los mecanismos de encubrimiento a Stornelli. Por el otro, reconstruir los casos de persecución a fiscales díscolos, como los de Boquin y Juan Pedro Zoni, una hostigada mediática e internamente y el otro directamente desplazado de su fiscalía por sus intervenciones en el torno al caso Correo Argentino.
La segunda será una Auditoría Administrativa y Presupuestaria de los años 2018 y 2019, ya que hay sospechas sobre los aumentos presupuestarios con los que contó el interino Casal y el reparto entre el MPF y el de la Defensa (MPD).
Por último, se hará una Auditoría Funcional, “en la que piden en el plazo de 10 días que el procurador Eduardo Casal envíe toda la documentación y argumentaciones en la que consten todas las resoluciones u otros actos administrativos relativos a nombramientos, traslados, reemplazos y desplazamientos de fiscales, tanto titulares como subrogantes, como asi también las referidas a las Procuradurías, unidades, direcciones, programas y cualquier otro estamento del Mnisterio Público Fiscal de la Nación”.
Hay 7 pedidos de juicio político al interino Casal presentadas ante la Bicameral que preside Doñate.
La Asociación Civil Grupo de Litigio Estratégico pidió el juicio político del interino Casal por la protección que brindó al fiscal Stornelli y por la creación de una oficina que bajo el paraguas del combate al terrorismo tuvo finalmente vínculos con los casos de espionaje ilegal que se investigan en este momento en el juzgado de Lomas de Zamora.
La abogada Natalia Salvo también reclamó por las irregularidades de Casal en relación a Stornelli. Es la defensora de Pedro Etchebest, el denunciante original de la causa donde se investiga una red de espionaje ilegal en torno a Marcelo D’Alessio en la que Stornelli fue procesado. La abogada Salvo plantea que “Casal omitió deliberadamente ejercer la función disciplinaria de manera adecuada y oportuna en relación al Fiscal Stornelli”.
Desde AJUS pidieron la destitución de Casal porque violó “los más elementales estándares internacionales para mantener la independencia e imparcialidad del Ministerio Público Fiscal, poniéndolo al servicio del lawfare y la baja política, todo lo cual sólo pueden ser sancionadas con su remoción”.
Varias asociaciones, foros y mesas de Derechos Humanos piden su juicio político por la resolución 86 del 2018 que creó la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo y Extremismo Violento. Tal como informó El Destape, se trató de una oficina para perseguir la protesta social, justificada en una supuesta lucha contra el terrorismo internacional y el “extremismo violento” en base a lineamientos Made in USA.
Otro de los pedidos de juicio político es por arbitrariedades en las designaciones de subrogancias, traslados y desplazamientos irregulares de fiscales. Es el caso, por ejemplo, del fiscal Juan Pedro Zoni, que debía investigar la denuncia penal contra Macri por el intento de condonarle a su familia la multimillonaria deuda del Correo. Apenas comenzó a indagar en el caso Casal lo desplazó de un plumazo. Lo presentaron la Asociación de Estudios para la Defensa y el Fortalecimiento de la Justicia, la Democracia y el Estado de Derecho, la Asociación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores y Paco Oliveira, cura en Opción por los pobres. Uno similar presentaron desde el Grupo Comunicacional “No me olvides” y ATE Pensiones.
Fuente:ElDestape
18/07/2020
AFI Ex jefe de Contrainteligencia ratificó que buscaron tapar el espionaje al Instituto Patria
Martín Coste, que todavía reviste en la AFI, declaró ayer como imputado durante más de seis horas ante el juez federal de Lomas de Zamora.
El ex jefe de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste, ratificó ante la justicia que, desde la cúpula de ese organismo, bajó la orden de confeccionar documentación que permitiera dar apariencia de legalidad a las tareas de espionaje realizadas en 2018 sobre el Instituto Patria.
El agente, que todavía reviste en la AFI, declaró ayer como imputado durante más de seis horas ante el juez federal de Lomas de Zamora y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, y ratificó lo que él mismo había declarado ante la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia en el Congreso de la Nación, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.
En su indagatoria, Coste dio detalles de cómo se confeccionaron los documentos que más tarde fueron entregados a la justicia, y explicó que una agente de su equipo debió participar de la redacción porque pesaba sobre ellos la amenaza de que si no serían echados de la AFI.
Además reveló que la producción de los textos fue monitoreada por Bernardo Miguenz, que dependía del área de jurídicos y que había sido colaborador del juzgado del fallecido Claudio Bonadio.
Si bien no trascendieron más detalles de la declaración de Coste, Télam pudo saber que ahondó en datos vinculados con su declaración ante el Congreso y que también retomó la declaración que dio el jueves una exagente que contó que los habían obligado a hacer un informe “que no era real”.
“Yo en ese momento sabía que era mentira. Mi problema ahí era que no sabía cuál era mi forma de poder llevar esto a una denuncia o, de alguna manera, tratar de salir adelante con el personal que tenía y con el problema que me habían generado estas personas”, había dicho Coste en el Congreso cuando intentó explicar que le habían ordenado dar repuesta por una operación que, dijo, no había sido ordenada por él sino por el procesado ex director de Operaciones Especiales, Alan Ruiz.
Ante el Congreso, el ex jefe de Contrainteligencia había dicho que se enteró del episodio del espionaje sobre el Instituto Patria cuando un colega le informó que en la televisión –en julio de 2018- estaban hablando de la supuesta presencia de un auto de la AFI frente a lo que era la base de operaciones políticas del kirchnerismo en esos días.
“Mi gestión se inició a fines de junio, me retiré el 15 o 16 de julio, si mal no recuerdo, vuelvo el 3 de agosto y a los tres o cuatro días me entero por televisión de una situación. Empiezo a consultar internamente y me dicen que la orden la había dado este señor Alan (Ruiz)”, sostuvo ante legisladores del oficialismo y la oposición, cuando aseguró que era Ruiz el responsable de aquel operativo y que no le respondía a él sino a la ex subdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, también imputada en la causa.
“Alan básicamente a mí me dijo que era algo que le había pedido Ocho –número asignado al subdirector de la AFI- y que estaba judicializado. Siempre decía lo mismo. Eso me lo dice días posteriores; no recuerdo bien si fue el mismo día”, afirmó en el Congreso.
La supuesta explicación para las tareas de inteligencia realizada sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner era que se trataba de eventuales blancos de amenazas terroristas por parte de supuestos grupos anarquistas en el marco de la cumbre del G-20 que el propio Coste puso en duda en su declaración ante los legisladores.
En esta causa ya prestaron declaración indagatoria los ex jefes de la AFI de Cambiemos, Gustavo Arribas y Majdalani, acusados de haber desplegado maniobras de espionaje ilegal y luego haber intentado encubrirlas a partir de un armado judicial inspirado en falsas amenazas de atentados terroristas en suelo argentino.
17/07/2020 OPERACIÓN
Economía canjeó US$ 4.109 millones en bonos en dólares emitidos bajo legislación local
La cartera que dirige Martín Guzmán informó además que recibieron 955 órdenes de canje, aceptadas en su totalidad.
La cartera que dirige Martín Guzmán informó también que recibió 955 órdenes de compra por dos bonos, por un total en valor nominal de $ 268.937 millones, el cual se adjudicaron en su totalidad.
Los títulos canjeados fueron 12 Letes por US$ 3.689 millones, en 671 órdenes recibidas, Bonos Dual (AF 2020) por otros 18,4 millones, y 210 órdenes; Lelink por US$ 400 millones y 70 pedidos; y US$ 47.000 en cuatro ofertas por el Bono del Tesoro Nacional vinculados al dólar con vencimiento 2021.
A este canje entraron varias ediciones de Letras del Tesoro en dólares que vencieron entre agosto de 2019 y febrero de este año, y cuyos pagos fueron "reprogramados", y a estos se le sumaron los Bonos Dual (AF 20) y los Bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más el 4% con cierre el año próximo.
Para lograr ahora esta adhesión, Economía entregó $ 268.937 millones, el 30% de ellos a través del Bono del Tesoro ajustado por el CER (inflación), más 1,4% con vencimiento el 25 de marzo de 2023 y otro 70% por un título similar, ajustado por CER más 1,5% y con cierre el 25 de marzo de 2024.
Luego de la licitación, la Secretaría de Finanzas destacó que "como resultado de un proceso sostenido de administración de pasivos en el mercado de deuda local iniciado en marzo, se alcanzó con éxito la conversión de títulos originalmente denominados en dólares a activos emitidos en pesos por un total aproximado de US$ 7.839 millones, equivalentes a $ 504.427 millones.
"Esta estrategia de incremento relativo del financiamiento en pesos, desarrollada en un contexto internacional de elevada incertidumbre por el impacto del coronavirus, fue acompañada de una significativa disminución en el costo de fondeo del Tesoro Nacional y resulta, además, en un alargamiento de plazos en su perfil de vencimientos", destacó la secretaría que dirige Diego Bastourre.
Por su parte, las licitaciones implicaron en su conjunto la recomposición de una significativa porción de pasivos en situación de diferimiento y se insertan en el marco general del proceso de normalización del mercado de deuda en pesos.
En esta línea, se destaca que la actual administración recibió un total de US$ 9.106 millones en Letras del Tesoro en dólares diferidas, de los cuales US$ 5.915 millones fueron convertidos en activos en situación de pago regular, destacó el comunicado.
Los títulos ofrecidos en cada oportunidad, ajustables por Badlar Privada o por CER, constituyen instrumentos performing con un elevado monto en circulación, negociados regularmente en mercados autorizados y que registraron buen grado de adhesión al momento de su emisión.
A su vez, cuentan con rendimientos que resultan atractivos al inversor dado el menor grado de incertidumbre y, al mismo tiempo, son compatibles con la recuperación de la capacidad de pago del Sector Público Nacional y del nivel de actividad.
Los bonos por US$ 4.109 millones canjeados hoy permitieron reducir la cuenta de US$ 45.820 millones originalmente contemplados en el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para el canje que incluye 29 títulos entre ellos Letes, Bonar, Par, Discount, Lelink, Bonos Dual, Bontes.
Aquellos tenedores que cuenten con instrumentos denominados y a pagar en dólares (Letes, Bonars, Par y Discounts) podrán canjearlos por nuevos Bonos en dólares Step-up Ley Argentina con vencimientos en los años 2030, 2035, 2038 y 2041 según los términos de la oferta.
Los tenedores de Letes y Bonars, Lelinks, Bono Dual 2020 y Bonte 2021 (Dólar linked), podrán optar por Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER con vencimiento en los años 2026 y 2028.
Además, por los intereses acumulados y vencidos se pagarán dos bonos con vencimiento 2030 para los nominados en dólares y Boncer 2026 y 2028 para la opción en pesos, precisó esta tarde el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.
Fuente:Telam
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