"No existe libertad para contagiar la muerte"
Los actos anticuarentena: Odiadores seriales
Si el macrismo insiste desde la oposición con la misma estrategia que impulsó desde el gobierno de despolitizar a su adversario y tratarlo como delincuente, la política queda desplazada por una lógica de guerra de exterminio.
Por Luis Bruschtein
Imagen: EFE
Los actos anticuarentena como el del 9 de Julio pasado convocan pelajes de todos los colores, algunos con protestas más legítimas que otros, pero todos con el mismo común denominador de odio y violencia. No se trata de un pequeño sector que no representa a la mayoría de los que asisten porque la violencia es generalizada, está en el tono de las consignas que gritan, en los carteles que llevan y en la actitud de los manifestantes. No puede ser de otra forma porque la convocatoria es en términos violentos y porque sus referentes se expresan en forma violenta. Los manifestantes acatan los términos como fueron convocados y reproducen las actuaciones de sus referentes.
Hay una responsabilidad política por este tipo de manifestaciones que llevan a su punto más crítico la posibilidad de convivencia con la mayoría de las personas que piensa de otra forma. Cada golpeador y agresor tiene una responsabilidad, pero la alianza Juntos por el Cambio y el grupo de periodistas afines al macrismo deberían asumir la responsabilidad principal de este fenómeno que atenta contra la posibilidad de vivir en paz y en democracia.
No hay un reclamo puntual, como puede ser una marcha por aumento salarial o en defensa de las jubilaciones. Los planteos que se escuchan ni siquiera están en relación con la consigna de la convocatoria, que se convierte en una excusa. El odio está puesto en el otro. Odian al gobierno que no es el que ellos quieren. No conciben que tendrán oportunidad de volver a votar. Si no es el gobierno que ellos quieren, hasta ahí llega el concepto que tienen de democracia.
Convertir a la cuarentena por la peste en una dictadura stalinista es de un silogismo tan simplón que no resiste la inteligencia de un mono. Reclamar por la libertad en relación con la cuarentena, un 9 de Julio, el día que los argentinos declararon su libertad frente a la corona española, es como si la corona española hiciera una marcha porque una manga de autoritarios coartó su libertad de tener a la Argentina de colonia.
Sí señor, la corona no tiene libertad para tener colonias subyugadas. Sí señor, nadie tiene libertad para infectar a otro con una peste que le puede costar la vida. Si esta gente que usurpa el nombre libertario --como se conocía a los viejos y verdaderos ácratas-- reclama libertad para contagiar al prójimo, es porque entiende la libertad como su libertad y como una forma de supremacía para subordinar a los demás.
No es contradictoria esa equiparación con la corona española y los próceres de la independencia. La corona española tenía un derecho que era su fuerza militar y usaba su libertad para subordinar la libertad de los otros. Estos libertarios negativos --opuestos a la libertad-- que marchan contra la cuarentena, piensan que frente a dos personas con derechos cuyos intereses colisionan, prevalece el derecho del más fuerte. No hay nada menos libertario que reivindicar la libertad del que tiene más fuerza para subordinar al otro. Esa es la esencia del autoritarismo.
Esa fue la consigna más racional de los que marcharon. En la semana se conoció la muerte de uno de estos manifestantes, el jubilado Angel Spotorno , de 64 años, militante del PRO. Spotorno tenía todo el derecho de elegir la forma de morir, incluso solo y asfixiado por el virus, como sucedió. Pero no tenía ningún derecho a poner en riesgo de sufrir esa misma muerte a decenas de ciudadanos que tuvieron contacto con él en esos actos, incluyendo a periodistas y transeúntes. No existe libertad para contagiar la muerte.
Si lo que se reclama es una cuarentena administrada, flexibilizada o lo que sea, pongan el debate en la sociedad, exhiban sus ejemplos y los argumentos científicos que sostienen esa postura. No tienen necesidad de acusar de stalinistas e insultar a los que opinan diferente. Es otro rasgo autoritario de estos falsos libertarios.
La locutora de un noticiero de televisión quiso mostrarse ofendida por la frase de Alberto Fernández en su discurso del 9 de Julio cuando dijo que venía a terminar con los odiadores seriales. La mujer se enredó en sus disquisiciones y lo que se escuchó fue que el odiador tiene derecho a odiar: “No tiene derecho, ¿quién se cree? por más que sea presidente, no es quien para sacarle ese derecho a la gente”. Fue lo que se entendió.
La intención de esa frase del Presidente no fue quitarle un derecho al odiador serial, sino reivindicar el derecho de la inmensa mayoría de los argentinos que quieren vivir en paz y en democracia, algo que el odiador serial, como actor político, rechaza. Son dos derechos en pugna: el del que odia lo que la mayoría quiere y el de la mayoría.
Promover el odio es la mejor forma de ocultar una propuesta que favorece los intereses de las minorías privilegiadas. Porque esas propuestas solamente pueden ser apoyadas por quienes se verán favorecidos que, por definición son muy pocos.
El odiador no debate, no confronta ideas, no ofrece con claridad una propuesta alternativa a lo que motiva su odio. Entonces es imposible establecer reglas de juego porque el odiador inhabilita el diálogo. El odiador serial promueve la violencia de los que lo acompañan y provoca la violencia de los que agrede. La consecuencia directa del odio es la violencia.
Uno de los autos de la caravana llevaba la consigna: “Fase 1: fusilar a los políticos”, “Fase 2: Fusilar a los sindicalistas”, “Fase 3: Argentina empieza a despegar”. Uno de los tipos que amenazaron a los periodistas del móvil de C5N gritaba: “¡Ya van a tener miedo, ya van a tener miedo!”.
El mensaje que publicó en las redes el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias, decía: “Cristina chorra, vamos por vos”. Es imposible establecer un diálogo mínimo en ese tono.
Pero la frase de Alberto Fernández apuntó al documento promovido por Patricia Bullrich que firmaron los jefes de los tres partidos que conforman la alianza donde, sin fundamentos ni el más mínimo conocimiento del hecho, hicieron acusaciones de mucha gravedad a la vicepresidenta Cristina Kirchner con relación al asesinato de Fabián Gutiérrez en Santa Cruz.
Cuando llegó al gobierno, el macrismo declaró una “guerra de policía” o “lawfare” que buscó despolitizar al disidente para combatirlo como delincuente común. Ese camino cierra cualquier posibilidad de diálogo. El macrismo creyó que ante esa ofensiva el kirchnerismo se dispersaría. Pero no sólo no fue así, sino que el kirchnerismo se cohesionó como mayoría relativa e integró una fórmula presidencial que desplazó al macrismo del gobierno.
En vez de recurrir a la misma estrategia de persecución, el nuevo gobierno planteó el diálogo con la oposición que ahora es el macrismo. Si el macrismo insiste desde la oposición con la misma estrategia de despolitizar a su adversario y tratarlo como delincuente, la política queda desplazada por una lógica de guerra de exterminio de alguno de los dos por el otro.
Tampoco se trata de salvar diferencias por puro voluntarismo cuando hay políticas que responden a intereses diferentes. En democracia hay disputa y confrontación, hay adversarios e incluso enemigos. Justamente por eso son necesarias las reglas de juego. Sin reglas de juego, esa disputa se convierte en violencia, guerra y represión. La estrategia del macrismo cuando lanzó el lawfare, pateó el tablero. Si insiste será responsable de llevar al país a un nuevo escenario de violencia.
11 de julio de 2020
Reporte matutino de Salud
Coronavirus en Argentina: se registraron 13 nuevas muertes
El total de casos confirmados en Argentina es de 94.060. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.787.
Imagen: NA
El total de casos confirmados en Argentina es de 94.060 (49,4% mujeres y 50,6% hombres). 1.078 (1,1%) son importados, 31.739 (33,7%) son contactos estrechos de casos confirmados, 45.328 (48,2%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
Desde el último reporte emitido, se registraron 13 nuevas muertes. 9 hombres, 5 de 72, 87, 78, 77 y 45 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 de 69, 64 y 65 años, residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 83 años, residente en la provincia de Chaco; y 4 mujeres, 2 de 65 y 66 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; una de 91 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y una de 86 años, residente en la provincia de Chubut. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.787.
*A la fecha, el total de altas es de 41.408 personas.
*Ayer fueron realizadas 10.309 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 456.042 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 10.050,1 muestras por millón de habitantes.
*El número de casos descartados hasta ayer es de 283.872 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico).
*Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años.
*Ayer fueron confirmados 3.367 nuevos casos.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2118 | 49.914
Ciudad de Buenos Aires 1049 | 36.530
Catamarca 0 | 38
Chaco 50 | 2.496
Chubut 4 | 196
Córdoba 26 | 852
Corrientes 0 | 124**
Entre Ríos 25 | 401
Formosa 0 | 75
Jujuy 23 | 335
La Pampa 0 | 7
La Rioja 6 | 131
Mendoza 12 | 267
Misiones 0 | 41***
Neuquén 14 | 663
Río Negro 26 | 1057
Salta 2 | 86
San Juan 0 | 9
San Luis 0 | 12
Santa Cruz 4 | 61
Santa Fe 6 | 486
Santiago del Estero 0 | 36
Tierra del Fuego** 0 | 154
Tucumán 2 | 89
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Corrientes reclasificó un caso a la Ciudad de Buenos Aires (CABA).
***Misiones reclasificó un caso a la provincia de Buenos Aires.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
11 de julio de 2020
Blanqueo de capitales, fórmula jubilatoria y reforma judicial en carpeta
Un paquete de medidas para la post pandemia
En Gobierno confirmaron una serie de medidas, aunque todavía en diferente nivel de elaboración. Apuntan a una rápida reactivación económica y a generar empleo.
Alberto Fernández convocó el jueves a los reresentantes de las cámaras empresariales a Olivos.
El Gobierno trabaja en un paquete de medidas para la post pandemia que tiene como principal objetivo la reactivación de la economía después del parate obligado por la cuarentena, pero también incluirá aspectos institucionales como el envío al Congreso de la anunciada reforma judicial. Entre las medidas económicas -que en Gobierno confirman aunque sostienen que están en diferentes niveles de desarrollo-, contemplan un blanqueo de capitales, la vuelta del plan Ahora 18, un proyecto para impulsar las economías regionales y una nueva fórmula de actualización de las jubilaciones.
Un plan que reactive la actividad en la post pandemia se convirtió desde hace unos días en la obsesión del presidente Alberto Fernández. Además de conversarlo permanentemente con sus ministros, también lo charló el miércoles en la videoconferencia que mantuvo con los gobernadores y el jueves en el acto por el Día de la Independencia con los miembros del G-6, donde están agrupadas las cámaras que representan a las actividades productivas.
Con los gobernadores, a quienes les confirmó el pago de una tercera cuota del IFE para todo el país, les insistió mucho en la necesidad de impulsar actividades que generen empleo, dado la caída generalizada de estos meses. Dentro del paquete de medidas está incluido un plan para el impulso de las economías regionales agrupadas por zonas, con apoyos segmentados de acuerdo a las necesidades de cada sector. Imaginan créditos productivos, facilidades para exportar y reducción de cargas patronales, entre otras medidas. Hay muchas empresas que cayeron debido a la pandemia, por eso también está en carpeta la posibilidad de reformular la ley de concurso de acreedores, de manera que muchas de estas firmas puedan volver a funcionar rápidamente.
Un tema más controvertido será el lanzamiento de un nuevo blanqueo de capitales. Según el sitio web El Destape, de forma complementaria a la moratoria impositiva presentada días atrás, la idea es propiciar el ingreso de capitales que se encuentran en el exterior pero con un destino de inversión productiva concreta. Por ejemplo, en la construcción. En la emergencia, lo ven como una manera veloz de generar actividad y empleo.
En cuanto al estímulo al consumo, se evalúa reflotar el plan Ahora 18, para hacer compras en 18 cuotas, principalmente de electrodomésticos, aunque no de forma excluyente. Una variante agresiva del plan en estudio es la posibilidad de que incluya una gracia de tres meses antes del pago de la primera cuota e, incluso, la devolución total o parcial del IVA.
Alberto Fernández estaría resuelto a no otorgar más aumentos a las jubilaciones por decreto y enviará al Congreso el proyecto para la nueva fórmula de cálculo de las actualizaciones. La nueva fórmula sería parecida, aunque no igual, a la utilizada durante la gestión de Cristina Kirchner, que tomaba para el cálculo el aumento de los salarios junto con los ingresos de la Anses.
Reforma judicial
Por fuera de la cuestión económica queda la reforma judicial, ya anunciada en varias oportunidades pero cuyo contenido todavía no se conoce. Según reveló el lunes pasado Mario Wainfeld en este diario, el propio Fernández se encuentra dándole los últimos retoques al proyecto que sería menos ambicioso de lo planteado originalmente, pero conservando su núcleo de reformas básicas. Principalmente, la reformulación de la justicia federal, el mayor foco de cuestionamientos.
El proyecto incluirá la creación de un consejo de juristas notables -se llamaría Consejo para el Afianzamiento de la Justicia o de Mejoramiento de la Calidad Institucional, son las dos denominaciones que circulan- convocados a debatir cuestiones claves. Todavía no se conoce el nombre de los posibles miembros pero se menciona como seguro al ex camarista federal Leon Arslanian. El Consejo tendrá 60 días para elaborar su propuesta sobre cuatro cuestiones fundamentales: la Corte Suprema, el recurso extraordinario, el juicio por jurados y el Ministerio Público.
De todos ellos, seguramente el que generará mayor repercusión será el de la Corte, dado que estará en discusión la cantidad de integrantes y sus atribuciones. Varios especialistas opinan que sería conveniente ampliar el número de miembros. Incluso está el caso de Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte y actual de la Corte Interamericana, quien desde hace tiempo plantea incorporar a varios miembros más y dividirlos por salas, según la especialidad. La postura del Presidente, según suele deslizar en sus charlas, es que una Corte de cinco miembros está bien.
En cuanto a sus funciones, una de las cuestiones que el Consejo deberá debatir será el recurso de "per saltum", por el cual se requiere que un expediente evite las instancias previas y sea tomado directamente por el máximo tribunal, lo que dio lugar para muchas objeciones, por lo que urge legislarlo claramente. Algo parecido ocurre con el recurso extraordinario, que habilita a recurrir ante la Corte como última instancia en determinados casos. En Gobierno adelantan que la eventual reforma no incluirá la posibilidad de remoción de ninguno de los actuales integrantes de la Corte Suprema. Una vez que el consejo de juristas elabore su propuesta, el Gobierno las incorporará a un proyecto que enviará al Congreso para que se debata.
Fuente:Pagina12
Santilli: “Esta semana es clave en términos de números sanitarios”
El vicejefe de gobierno porteño se refirió al plan que se conoció el viernes acerca de una posible nueva fase en CABA
11 de Julio de 2020
El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, dijo este sábado que analizarán qué actividades podrían liberarsea partir del próximo 17 de julio.“Esta semana es clave en términos de números sanitarios, de cómo sigue la curva. La ciudad ha mejorado mucho y por eso elaboramos un documento de trabajo para analizar el horizonte y ver cómo seguimos hacia adelante”, dijo Santilli en declaraciones radiales.
Se refirió de esta manera al borrador del plan que se conoció el viernes, con un esquema de flexibilización, que incluiría la reapertura de comercios barriales, el permiso para la actividad física al aire libre y la ampliación a toda la semana para los paseos recreativos con niños y niñas.
“Preparamos un documento de trabajo con grandes ejes: economía y comercios, niños y educación, transporte y movilidad. A cada reunión con el presidente (Alberto Fermández) y con el gobernador (Axel Kicillof) llevamos documentos técnicos, soporte de números y datos reales”, dijo Santilli anticipando las reuniones que se esperan para la próxima semana entre Nación, ciudad y provincia.
El funcionario porteño insistió en que “en función de los números de la semana próxima, de lunes a jueves, iremos tomando decisiones” y remarcó que mantienen una “estrategia conjunta” con el distrito bonaerense, pero se analizan “tácticas diferenciadas”.
“No es lo mismo un barrio en La Matanza que uno en el centro de la ciudad de Buenos Aires”, diferenció Santilli, en respuesta a un informe que se conoció hoy del municipio gobernado por Fernando Espinoza, en el que se expresa “preocupación” por una eventual “apertura de la cuarentena” en la ciudad sin coordinación con la provincia.
“No es lo mismo un barrio en La Matanza que uno en el centro de la ciudad de Buenos Aires”, diferenció Santilli, en respuesta a un informe que se conoció hoy del municipio gobernado por Fernando Espinoza, en el que se expresa “preocupación” por una eventual “apertura de la cuarentena” en la ciudad sin coordinación con la provincia.
“No lo hemos hecho en estos 144 días de aislamiento, todo lo contrario. Tenemos actitudes de entendimiento mutuo con decisiones tácticas distintas”, insistió Santilli y explicó: “En la provincia está funcionando la industria y nosotros tenemos cerrado nuestro principal esquema de trabajo, que son los servicios y comercios”.
Al hablar de la fecha del viernes 17, cuando culmina la fase más estricta de la cuarentena, el vicejefe porteño uso la imagen del “dique de contención”.
“No podemos abrir todo el 18, hay que ir en forma paulatina y con gradualidad”, dijo y precisó que, por ejemplo, “se puede abrir algo el lunes 20, otra cosa el miércoles 22, otra el viernes 25 y así ir sumando actividades”.
Por ejemplo, con la actividad de los peluqueros, Santilli dijo: “No sé si el 18, pero pronto; es una de las actividades que estamos mirando, será más cerca que tarde, pero no sé si el 18”.
Finalmente, el funcionario porteño fue optimista con los números que se registraron los últimos días en la ciudad: “Hay indicadores hacia la baja como las camas de terapia, también los internados en hoteles y pacientes moderados en hospitales”, detalló.
“Estamos mirando estos indicadores de forma constante. Hay más casos diarios, con un promedio de 1000 en la ciudad, pero es porque estamos yendo a buscarlos, para testearlos y aislarlos”; concluyó.
El gobierno porteño esboza su plan para las reaperturas del 18 de julio
Aspiran a volver a una situación similar a la de fines de junio, aunque ya piensan más allá.
(Foto: Telam)
10 de Julio de 2020
El Gobierno porteño empezó a analizar, durante una reunión de Gabinete, un esquema de flexibilización de la cuarentena por el coronavirus para implementar desde el 18 de julio que incluiría la reapertura de comercios barriales y el permiso para la actividad física al aire libre.
El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y se extendió desde las 9.30 hasta el mediodía en la sede del Ejecutivo del barrio de Parque Patricios para estudiar las medidas que podrían adoptar en la próxima fase del aislamiento obligatorio en la Ciudad.
Según indicaron fuentes oficiales, la idea de la gestión porteña es armar, para una primera etapa, un plan de reapertura de actividades similar al que estuvo vigente hasta el endurecimiento de la cuarentena determinado por el Gobierno nacional a inicios de julio.
Así, volverían a funcionar los comercios barriales de cercanía, que debieron bajar sus persianas hace diez días, y también quedarían autorizadas nuevamente las prácticas deportivas al aire libre, en horario nocturno.
"Algo seguramente se va a abrir, pero hoy no se puede saber qué porque vamos día a día", admitieron no obstante a Télam fuentes del Gobierno de la Ciudad, que remarcaron que en el caso que se avance con algunas de las medidas bajo análisis "siempre será observando la curva de contagios" de coronavirus.
El último informe sobre la situación sanitaria en la Capital Federal consignó 1007 nuevos casos de Covid-19 registrados durante el 9 de julio, once muertes y 348 altas médicas.
Durante la reunión de ministros, algunos funcionarios informaron sobre los protocolos que fueron elaborados de manera conjunta con las distintas cámaras de actividades económicas del distrito para aplicar -en un futuro- de contar con la habilitación para volver a trabajar.
Al respecto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró que "hay que ser más creativos" para determinar estrategias que permitan la reactivación de algunos sectores porque, dijo, "hay que proteger a las Pymes y los puestos de trabajo".
"La idea es ir trabajando un escenario que dé certidumbre a los sectores económicos", indicaron los voceros oficiales que siguen de cerca la situación de las pequeñas y medianas empresas afectados por la pandemia.
Semanas atrás, la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reportó un 20% de cierre definitivo de comercios en el ámbito de la Ciudad desde que comenzó el aislamiento; en tanto que hoy informó que unos 2.900 locales de las galerías comerciales porteñas no volverán a abrir.
En tanto, se espera que el jueves próximo la Legislatura porteña sancione un proyecto del Ejecutivo que plantea la condonación del pago de la tasa de ABL a los comercios denominados "no esenciales" impactados por el cierre de los locales.
Fuente:TiempoArgentino
Fuente:TiempoArgentino
10.07.2020 / Detalles escandalosos
Le magacausa de espionaje ilegal avanza y complica cada vez más a dos hombres de Angelici
En manos del juez Juan Pablo Augé, la causa de megaespionaje ilegal por parte del macrismo avanza y un hombre clave como el espía Alan Ruíz aportó datos que unen cada vez más la responsabilidad política del Gobierno de Macri. Además toma relevanciael papel del jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI, un hombre que decía responder directamente a Daniel Angelici.
El ex jefe de Operaciones especiales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Alan Ruiz debe ser uno de los nombres más mencionados en la megacausa sobre el espionaje ilegal desplegado durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo nombran otros ex espías, testigos de identidad reservada y aparece en grabaciones y mensajes del grupo llamado “Super Mario Bros”.
Según se desprende de la muy buena nota de Irina Hauser en Página12, Ruiz, que ya está procesado por las actividades de inteligencia fuera de la ley contra Cristina Kirchner, fue indagado esta vez por otros múltiples seguimientos con un papel central en la trama, y describió que tenía una relación directa con la número dos del organismo, Silvia Majdalani o “señora 8”, quien le iba pidiendo “adelantos de lo que se estaba produciendo”.
También recibía de ella instrucciones y pedidos. Entre ellos, reconoció que le encomendó la instalación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero. Estuvo, contó, en el penal de Ezeiza, haciendo un recorrido con el jefe del Area 50 del Servicio Penitenciario Federal, Cristian Suriano, pero negó haber ordenado espionaje allí. Admitió también que fueron seguidas organizaciones sociales y que le tuvo que explicar en una reunión a Gustavo Arribas, el ex jefe de inteligencia, cómo funcionaban.
Maiorana es la actual pareja del vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, uno de los políticos espiados por el propio gobierno con el cual estaba alineado. Pese a haber estado prófugo y no pasar ni un día detenido, Terra pudo volver tranquilo a su casa en Nordelta, de donde el juez le prohibió ausentarse más de 24 horas. Fue después de prestar declaración indagatoria y ofrecer un relato donde no sólo se desligó del espionaje ilegal, y con especial énfasis del de Santilli, sino que buscó dejar la impresión de que era prácticamente un “ñoqui” en la AFI. Contó que se dedicó un largo tiempo a hacer cursos, primero en la Escuela Nacional de Inteligencia, también con expertos de otros países (por ejemplo, en “infiltración”), hasta en el FBI, y que quiso especializarse en narcotráfico, y en particular en drogas de diseño.
Terra había llegado sin conocimientos sobre inteligencia a la AFI: además de ser cocinero, trabajó en una empresa de pisos industriales y luego en la compra y venta de jugadores por el mundo con Arribas. Dijo no tener relación con la mayoría de los Super Mario Bros, contó que fue a la visita al penal de Ezeiza y minimizó su papel en seguimientos al camarista Martín Irurzun (que mencionó otra ex espía imputada, Dominique Lasaigues). Ruiz había sido policía de la Ciudad de Buenos Aires, luego trabajó en el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich, y pasó a la AFI de la mano del ex jefe de Contrainteligencia, también imputado, Diego Dalmau Pereyra. Se habían conocido cuando Ruiz todavía estaba en Seguridad, a cuento del G-20 y la cumbre de la OMC, eventos usados como excusa para hacer espionaje sobre políticos, periodistas y organizaciones.
Cuando Dalmau se fue a Chile a trabajar, quedó bajo órdenes de Martín Coste. A este último, no lo dejó bien parado. Aunque no siempre reportaba a él, según su relato, y mantenía un vínculo directo con Majdalani, a veces las reuniones eran en trío con Coste. Con ella dijo que a veces se reunía cinco veces por semana, hablaba por teléfono, que le hacía llegar los informes, pero que ella requería adelantos: cuestiones sobre barrabravas, movilizaciones y subrayó su interés por eventos vinculados con “grupos anarquistas”.
Esto último fue el artilugio que se utilizó, según los fiscales y el juez, para espiar a CFK y al Instituto Patria, por lo que Ruiz ya fue procesado. Sobre los adelantos que la vicedirectora pedía, dijo que eran “muchos” y no recordaba los temas. En un tramo de su declaración, a la que accedió PáginaI12, reconoció que se espiaba a organizaciones sociales, sindicales y políticas que participaban de movilizaciones. Un día, dijo, le tuvo que explicar a Arribas, en forma didáctica, “cómo funcionaban los grupos que se movían a la plaza a las manifestaciones. Hice una exposición detallada de cada grupo y el grado de peligro que representaba a partir del contexto social”.
–¿Conoce a Federico Villena? –le preguntaron a Ruiz, y se hizo un silencio en la sala, porque es el juez que tuvo la causa de espionaje hasta la semana pasada, apartado por haber ordenado o avalado tareas de inteligencia dudosa. –Sí, estuve en dos reuniones en su despacho, con el jefe de Delitos Financieros, Fernando Di Pasquale, con un sudirector de jurídicos que no recuerdo el nombre y con Martí Coste. Creo que fue en 2019. Lo conocí por una causa de lavado con posible vinculación con el narcotráfico. Luego recordó el nombre que le faltaba: José Padilla, quien firmó los informes que decían que había un alerta de seguridad respecto de CFK, usados para justificar judicialmente el espionaje y que los investigadores consideran falsos. Ruiz explicó que no podían reunirse con jueces, pero lo hacían con autorización.
Di Pasquale es uno de los dos nombres que, en su momento, el juez Luis Carzoglio señaló entre quienes lo fueron a presionar con una orden de detención escrita contra Hugo y Pablo Moyano. El otro era Juan "el enano" Sebastián De Stéfano, jefe del área de Jurídicos, hombre de Daniel Angelici. Son dos nombres que empiezan a descollar en la causa.
A Ruiz le hicieron escuchar una grabación donde alguien habla del “cableado” con micrófonos y cámaras en la cárcel de Ezeiza. Varios imputados y testigos dijeron que era él, pero lo desconoció. Relató, sin embargo que sí participó del “cableado” o “alambrado” en el penal de Melchor Romero, y que había sido por indicación de Majdalani. Allí, dijo, se instalaron “equipos de videovigilancia en un sector, creo que es un alacaidía. Nos habían pedido colaboración para asegurar, a partir de la posibilidad del traslado de Los Monos durante el juicio (que al final no se produjo)”. Dijo que estaban al tanto los funcionarios bonaerenses Juan José Baric y Gustavo Ferrari, así como Arribas y Majdalani. A Ezeiza dijo que fue invitado por Suriano. La indagatoria no terminó, continuará el 16 de julio.
Fuente:politicaArgentina
Covid-19 en AMBA: aguardan resultados para definir medidas
Axel Kicillof expresó que es "bastante optimista" sobre el resultado de la actual fase del aislamiento del covid-19 con mayores restricciones en el AMBA.
Autoridades de los Gobiernos bonaerense y porteño coincidieron hoy en que los próximos días serán clave para decidir cómo continúa la cuarentena del coronavirus covid-19 después del 17 de julio, aunque en la Ciudad adelantaron que pueden acudir a "tácticas diferentes" para la nueva etapa, pero "siempre en una estrategia conjunta" y que analizan habilitar comercios de cercanía y salidas para correr.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof expresó que es "bastante optimista" sobre el resultado de la actual fase del aislamiento con mayores restricciones en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), pero advirtió que "entre las medidas que se toman y los resultados que se obtienen, pasa un tiempo bastante largo, de 10 o 15 días", consignó Télam.
"Si hay una correlación directa y una consecuencia que tiene la baja de movilidad, es la baja de contagios, y eso todavía no se observa porque lo que se ve hoy en los tests son contagios ocurridos en días previos a la cuarentena más fuerte", explicó el gobernador Kicillof, que agregó que esperaba que "los resultados sean más determinantes", a partir de los datos vinculados al aislamiento estricto.
Por otra parte, el Gobierno porteño empezó hoy a analizar durante una reunión de Gabinete un esquema de flexibilización que incluiría la reapertura de comercios barriales y el permiso para la actividad física al aire libre.
El encuentro estuvo encabezado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y, según indicaron fuentes oficiales, la idea de la gestión porteña es organizar para una primera etapa un plan de reapertura de actividades similar al que estuvo vigente hasta el 1 de julio.
"Algo seguramente se va a abrir, pero hoy no se puede saber qué porque vamos día a día", indicaron a Télam fuentes del Gobierno de la Ciudad, que remarcaron que en el caso que se avance en ese sentido "siempre será observando la curva de contagios" de coronavirus.
Durante la reunión, los funcionarios informaron sobre los protocolos elaborados con las cámaras empresarias del distrito para habilitar el regreso a la actividad, en caso de ser necesario.
Al respecto, el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, consideró que "hay que ser más creativos" para determinar estrategias que permitan la reactivación de algunos sectores porque "hay que proteger a las pymes y los puestos de trabajo".
Más temprano, en declaraciones radiales, Santilli, estimó que después del próximo viernes se pueden llegar a "tomar decisiones con tácticas diferentes" entre la Ciudad y la Provincia, pero "siempre en una estrategia conjunta".
"La semana que viene será clave para definir qué tipo de cuarentena nos planteamos después del 17 porque vamos a saber qué pasó a partir del 1 de julio y se tomarán las decisiones en conjunto" con la Nación y la provincia de Buenos Aires, explicó.
Santilli resaltó que existe "una estrategia conjunta en la región metropolitana, que es indivisible, pero también la táctica puede ser diferenciada: se puede tener dentro de una estrategia alguna medida distinta a otra".
En tanto, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, consideró que "no hay datos epidemiológicos que indiquen que se pueda liberar mucho la actividad" y estimó que "se puede liberar un poquito y muy organizado porque muy rápidamente se puede perder lo que se construyó".
"La estrategia tiene que ser en común porque el AMBA es un conglomerado que funciona como un conjunto; es cierto que suele haber algunas diferencias o matices, pero no es donde debe hacerse el esfuerzo, sino en trabajar en conjunto para prevenir", manifestó el funcionario.
En otro orden, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que entre el lunes y miércoles de la próxima semana se podrá observar "el impacto de la intensificación del esfuerzo" que se hizo a partir del 1 de julio para decidir una eventual apertura de actividades en la Ciudad.
"La expectativa es que el esfuerzo de la gente y el Gobierno con los operativos Detectar va a tener impacto y los números van a demostrar que la curva se puede contener", afirmó.
Quirós sostuvo que en "los últimos dos o tres días, hubo una suba de 50 o 100 casos diarios, pero todavía estamos atravesando el período de impacto del modelo anterior" al 1 de julio.
El funcionario explicó que el Gobierno analiza cuatro dimensiones para determinar cambios en la flexibilización del aislamiento: los casos diarios de coronavirus, la velocidad de la curva de contagios, la cantidad de camas de terapia intensiva ocupadas y el humor social.
Fuente:Infonews
Se armó una nueva causa contra la entonces senadora por una llamada anónima, que derivó en el descubrimiento del mal funcionamiento del sistema de recompensas.
Por
Ezequiel Orlando
La Justicia reveló irregularidades trascendentales en el sistema de recompensa por denuncias de corrupción, el caballo de batalla de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad macrista. En medio del raíd de Comodoro Py contra Cristina Kirchner en 2018 se inició en Santa Fe un nuevo expediente contra la expresidenta a través de un llamado anónimo. El propio Gobierno remitió la acusación para que sea investigada, lo que derivó en el malgasto de tiempo y dinero público y en el descubrimiento de falencias elementales en la línea 134.
Hacían 14 grados a las 9.50 del 30 de agosto de 2018 en Santa Fe, cuando el número de denuncias anónimas de la causa “cuadernos” recibió un llamado. A la persona que inició la conversación le debían dar a conocer cuestiones legales y reglamentarias e identificarla, tras lo que el sistema la etiquetó como C100-2081. De acuerdo al acta telefónica, el NN dijo que deseaba “aportar información” sobre la causa 9608/2018, la que tuvo un nuevo despegue con los cuadernos del chofer Oscar Centeno. El expediente contra Cristina Kirchner por asociación ilícita estaba en manos del difunto juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
El anónimo se jactó de contar con la ubicación “del dinero, bienes y divisas”. Seguidamente señaló inmuebles en Coronda, Santa Fe: el hotel Costa Soñada, una casa en el barrio Conar y un corralón Contrumat, cuyos dueños habrían comprado una casa de electrodomésticos llamada Electroquars y estarían construyendo departamentos, de acuerdo a los escritos a los que accedió El Destape. Pese a que no aclaró en ningún momento cómo, acusaba que todo esto de alguna manera se vinculaba a la causa contra la entonces senadora nacional.
Tras analizar la información brindada por C100-2081, la anterior gestión del Ministerio de Seguridad entendió que se trataban de hechos distintos de los que abordaban Bonadio y Stornelli, por lo que lo remitió al Juzgado Federal 2 en Santa Fe, de turno en aquel día. En la carta donde transfiere el acta, la Subsecretaría de Articulación Judicial pidió que se investiguen “ciertos hechos delictivos de su competencia, para su conocimiento e intervención”. Bullrich consiguió así que se abra una nueva causa que apuntaba contra Cristina Kirchner, caratulada “denuncia sobre asociación ilícita”.
La Fiscalía Federal 2 de la ciudad santafesina, a la que le cayó el caso, sostuvo que no parecían haber indicios de delitos, pero como fue referido por el Poder Ejecutivo, pudo haber pensado que los funcionarios habían realizado un análisis exhaustivo antes de enviar el documento. Por eso, el 23 de octubre de 2018, tras dejar constancia de su escepticismo inicial llevó adelante múltiples diligencias para establecer la existencia de sucesos plausibles.
Colaboraron en la pesquisa del fiscal Walter Rodríguez la Dirección de Investigación Patrimonial del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional y la Dirección de Catastro provincial.
Los resultados fueron contundentes: ninguna de las propiedades estaba relacionado a las personas denunciadas. “Si bien la redacción confusa del documento deja espacio a dudas, puede inferirse que la denuncia tenía por objeto revelar la existencia de bienes que pertenecían a Luis Antonio Zacarías”, una persona que nada tenía que ver con una presunta asociación ilícita de Cristina Kirchner, relacionó el investigador. Y, no sólo eso, sino que concluyó que toda la información vertida por el anónimo ya era pública y había sido extraída de numerosas publicaciones periodísticas de libre acceso. Es decir, que el Poder Judicial malgastó meses y quizás millones de pesos detrás de una pista inexistente para descubrir que no había ningún delito nuevo que investigar.
Ante el flagrante bochorno, el 12 de junio de 2019, la Fiscalía le requirió a la cartera de Bullrich que revele la identidad de C100-2081, el llamador misterioso. Más allá de que se preserve su nombre ante el público, el sistema requería que todos dejen sus datos para poder entregarles la recompensa en caso de que lo que provean derive en una condena por corrupción. El Gobierno se negó a entregarlo, amparado en que se debía resguardar el anonimato de los denunciantes, de acuerdo a los registros a los que accedió este medio. Pasaron meses de excusas.
Recién con la asunción de Alberto Fernández como Presidente y Sabina Frederic como ministra de Seguridad nacional la causa tuvo una perturbadora novedad. La cartera admitió que “conforme a la documentación obrante no surgen elementos que permitan identificar al sujeto clave C100-2081”.
En este punto, en su último dictamen el fiscal interpretó que “existió un comportamiento deliberado y en abierta tensión con los fines genuinos del proceso penal” por parte de la administración anterior. Aclaró también que la causa carece “de un hecho mínimamente descripto que tenga rasgos ilícitos”. Es decir, pareciera que la cartera de Bullrich remitió la “denuncia” pretendiendo que la Justicia vaya de pesca con una causa sin fundamentos para ver si se cruzaba con alguna evidencia que incriminara a la expresidenta.
En su escrito de marzo de este año ante el Juzgado 2 de Santa Fe, al que este medio también accedió, Rodríguez planteó dos hipótesis sobre el por qué: “Nos encontramos frente a una cartera ministerial que eludió la proporción de datos pertenecientes a un denunciante, o bien, ellos fueron eliminados”. Cualquiera de estas dos razones guardan una gravedad institucional inusitada. El nivel de desprolijidad en la custodia de la información incluso abre la posibilidad de que la llamada nunca existió y que el ministerio creó un acta apócrifa. Todo esto derivó en que el fiscal solicite la nulidad de esta causa.
Recompensa por denuncias anónimas contra CFK
Fue Bullrich quien le ofreció a Stornelli el 14 de agosto de 2018 habilitar una recompensa en la causa “cuadernos” para quienes detecten bienes de la corrupción. Fue aceptada tan sólo horas después por el fiscal de Comodoro Py y habilitada al día siguiente, cuando recibió 556 llamados con datos sobre casos de corrupción. Dos semanas después acudió C100-2081 a ese número.
"Si se comprueba o esa propiedad tiene un testaferro, que fue comprada por uno de los tantos corruptos que tiene el país, al momento de la comprobación se hace un acuerdo con el fiscal y ese bien es tomado por la causa, por el Estado en la Justicia y se le paga a la persona el 5% del valor o hasta 2 millones de pesos", había detallado la funcionaria en ese momento.
Toda esta maniobra se dio en un momento sensible en el que Comodoro Py se metió de lleno a jugar en la política. Pocas semanas atrás, Bonadio había pedido el desafuero de Cristina Kirchner y el 22 de agosto el Congreso permitió el allanamiento de sus inmuebles. Cambiemos sancionó en el Parlamento también en ese mes la ley de extinción de dominio, que permite que se le separen los bienes a las personas que cometieron delitos económicos. Este proyecto fue utilizado por el macrismo como la herramienta para recuperar dinero presuntamente usurpado durante el kirchnerismo con el famoso lema del “PBI robado”, que denota la ignorancia de sus repetidores, que desconocen cuánto representa el producto bruto de un país.
Las características de este caso derivan en la duda de si no se abrieron decenas de expedientes similares contra la ahora vicepresidenta con el mismo fin de ir de pesca. Y, en ese caso, ¿cuál habrá sido la suerte de las otras causas armadas sin ruebas ni objetivo claro más que acumular denuncias contra Cristina Kirchner?
Fuente:ElDestape












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