Por Adriana Meyer, Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2020.
A diferencia de los policías de Villarino, que borraron la mayoría de las comunicaciones de sus teléfonos, la ex novia de Facundo Astudillo Castro lo puso a disposición de manera espontánea; no ahora que la desaparición forzada del joven está en los medios y en la justicia federal sino apenas comenzó la investigación, hace más de cien días.
Daiana González y Cristina Castro no tenían la mejor de las relaciones, sin embargo la familia dijo que su actitud fue de permanente colaboración en la búsqueda de su ex pareja, aportando su teléfono sin modificar su contenido y prestando declaración en varias oportunidades. En el escrito con que rechazó la detención de los policías de Villarino que estuvieron con Facundo el día que desapareció, 30 de abril, el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez admitió que «la ex novia del joven desaparecido sufrió apremios ilegales por parte de policías bonaerenses», y emitió una denuncia para que el hecho sea investigado por la justicia provincial.
Martínez remitió actuaciones a la justicia provincial; recayeron en el fiscal Marcelo Romero Jardín, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°8 bahiense, y en Leila Scavarda, de la UFI N°12, que tiene jurisdicción en Villarino, Punta Alta, Saavedra, Tornquist y Puán.
«Así descuartizan el expediente con una causa por aquí otra por allá, cuando en realidad esos episodios forman parte de la asociación ilícita para encubrir el crimen que estamos denunciando. Una vez más lo que hace el fiscal es una trampa, abrir una causa paralela sólo debilita la investigación principal para saber dónde está y qué le pasó a Facundo», dijo el abogado Leandro Aparicio a Página12. Esto sucedió durante la primera etapa del caso, cuando se investigaba una «averiguación de paradero» por parte del fiscal Dimas García y otros que fueron pasando, cuando los oficiales de la Bonaerenses amenazaron a la ex novia de Astudillo Castro, Daiana González, y a su hermano para forzar la confesión de algún delito que no habían cometido, además con el allanamiento ilegal de su casa en Bahía Blanca.
Ni aún así pudieron obtener nada en su afán de fabricar la tan mentada «otra hipótesis» basada en la ausencia de Facundo como producto de un problema con su ex pareja y su entorno. Incluso van más allá porque hablan de «narco». «Acá los narcos están en otro lado, el eventual consumo de una o dos personas no tiene nada que ver con lo que pretendieron instalar», había dicho Aparicio en plaza Rivadavia la semana pasada, cuando un medio local volvió a la carga con esa «versión».
«El 15 de junio los policías Grilloni y Dumrauf concurren a Bahía Blanca a presionar a la ex novia de Facundo y a sus hermanos, hostigándolos a que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo», reza el escrito de la querella particular al describir las fases del encubrimiento, y remite a la foja 146 del expediente.
Así como la jueza federal María Gabriela Marrón al leer los diálogos publicados ayer por este diario interpretó que los policías implicados estaban «nerviosos» porque los medios empezaban a dar sus nombres, el fiscal entendió que los policías Grilloni y Dumrauf se mandaron a Bahía Blanca y destruyeron la vivienda de Daiana «en su afán por encontrar al desaparecido». Escribió el fiscal Santiago Ulpiano Martínez, cuya segunda recusación será analizada en una audiencia por Zoom mañana con la jueza federal María Gabriela Marrón, que «un hermano incluso ‘accedió’ -bajo una evidente coacción por parte de los agentes- a que ingresaran en su domicilio y registraran el inmueble en su búsqueda. Tal proceder se condijo más con la voluntad de hallarlo, antes que con la intención de ocultar su desaparición forzada. Al menos eso es lo que surge a primera vista». Al otro hermano de Daiana lo llevaron hasta Villarino, lo tuvieron esperando una hora en la comisaría y luego lo llevaron a una habitación en la cual lo «apretaron», dicho en términos legales, sufrió «apremios ilegales».
Las declaraciones testimoniales de Daiana González y sus hermanos de la chica evidencian algo muy diferente. La joven dio testimonio por última vez el 21 de julio, y ratificó que fue presionada por los policías Dumrauf y Grillón para incriminarla en el crimen. «La chica no tiene nada que ver con la desaparición, y una vez más La Brújula está difundiendo material privado de ella para ensuciarla en este mismo momento», había dicho el abogado Aparicio ese día de la declaración, tal como publicó Página12 .
«El hostigamiento narrado por los testigos, claramente delictivo, que dio lugar al pertinente requerimiento de instrucción y por el cual -en su caso- habrán de responder penalmente los numerarios, pareció más bien un accionar tendiente a despejar el manto de sospecha con el que fueron cubiertos a raíz de la desaparición de Facundo», se expresó en el comunicado de la fiscalía federal. Es decir, para Martínez los uniformados torturaron a Daiana y sus hermanos para despejar las dudas sobre su participación en el hecho y hallar a Kufa, como le decían a Facundo. «Claramente expresó la ex novia que la pregunta insistente que le hacían era sobre el paradero de Astudillo; las presiones y vejámenes a las que fue sometida –junto con su hermano–, se orientaban más bien a encontrarlo. En todo caso coincidió en lo que expresó la querella respecto de que le exigían ‘que reconozcan la existencia de algún crimen para con Facundo’, pero en el sentido de si ellos -los testigos- le habían hecho algo, o si sabían qué le podría haber pasado», dijo el cuestionado fiscal. «Hay que ser retorcidos, éste es el nivel de perversión que estamos enfrentando, dan vuelta hasta lo más evidente», dijo Cristina Castro.
El informe de la Policía Federal sobre lo que pudieron rescatar de los teléfonos transcribe cada uno de los diálogos en orden cronológico y entre uno y otro aparece todo el tiempo frases como «envía link que fue borrado» o «envía audio e imagen a las que no se puede acceder porque fueron borradas». La justicia determinará si alguno de ellos los incrimina, pero es evidente que lo que eliminaron son pruebas y al menos podría haberlos convocado para que expliquen qué es lo que falta y por qué destruyeron casi la totalidad de los mensajes entre ellos y sus jefes. La actitud de la ex novia de Facundo estuvo en las antípodas desde el minuto cero del caso, y aún así padeció el hostigamiento de la Bonaerense que, para la familia Castro buscó incriminarla y para el fiscal Martínez fue una «sobreactuación en la honesta búsqueda».
Fuente: Página 12
Envio:RL
La madre de Facundo Castro apuntó contra el fiscal y Berni
“Para mí, el fiscal está tratando de ayudar a esta gente (la Policía)”, aseguró.
A 103 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, su mamá, Cristina, apuntó contra el fiscal de la causa, Santiago Ulpiano Martínez: “Para mí, el fiscal está tratando de ayudar a esta gente (la Policía)”. Su hijo fue demorado en Bahía Blanca el pasado 30 de abril por la fuerza bonaerense, y luego no se supo nada más de él.
Cristina aseguró ayer en el programa Pasaron cosas, de Radio Con Vos, que el fiscal trabaja en la causa de la desaparición de su hijo para proteger a los responsables, según ella, miembros de la Policía de la Provincia.
“Hemos vuelto a pedir la recusación del fiscal, espero que
esta vez la jueza Marrone nos escuche”, afirmó Castro en las declaraciones radiales.
esta vez la jueza Marrone nos escuche”, afirmó Castro en las declaraciones radiales.
“El fiscal debería explicarme por qué desde su fiscalía sale tanta información cuando la causa está bajo secreto de sumario”, añadió la madre de Facundo, quien apuntó a un periodista de Bahía Blanca, ya que esa persona “tiene acceso a datos antes de que nos lleguen a nosotros”.
Cristina también se refirió al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y aseguró: “Se fue sabiendo algo y nunca lo dijo; no vino a entrevistarse conmigo, sino con su Policía”.
“No podemos avanzar cuando tenemos un fiscal que no habla con la querella, no se comunica conmigo. Cuando fui a Bahía Blanca, no me ha atendido, me dijo que yo no sabía de leyes”, espetó Cristina. Al mismo tiempo, destacó la figura del gobernador Axel Kicillof, quien, dijo ella, la llamó tres veces.
“No estamos peleando contra el fiscal, estamos peleando contra todos”, resumió, y destacó asimismo el apoyo que le expresan de forma permanente distintas organizaciones de derechos humanos, como Abuelas de Plaza de Mayo o Madres Línea Fundadora.
Fuente:DiarioHoy
12 de agosto de 2020
¿Quién es Santiago Ulpiano Martínez?
Segunda audiencia de recusación al fiscal que investiga la desaparición de Facundo Castro
La audiencia será este miércoles vía Zoom. La familia del joven desaparecido asegura que Ulpiano Martínez forma parte "de la trama del encubrimiento desplegada en la causa".
Por Adriana Meyer
"En un placard se encontró un proyectil antiaéreo con la leyenda 'ojo, está activado', que debió neutralizar una brigada de explosivos. Sin ningún tipo de resguardo ni cadena de custodia, había armas y explosivos a la vista, sobre escritorios y estantes. También había estupefacientes, hasta en la terraza: 138 kilos de marihuana, 7 de cocaína, 9 ampollas, poco más de 2 kilos de hojas de coca, 297 cigarrillos de marihuana, 17 jeringas, 31 agujas, entre otros atípicos insumos de oficina". Así describió el juez federal Alejo Ramos Padilla el estado del juzgado que durante tres años había subrogado Santiago Ulpiano Martínez. Más grave aún, según remarcó el Cels cuando se opuso a su designación como fiscal federal durante el macrismo, “la falta de cuidado y respeto de Ulpiano Martínez por la función judicial se expresó, además, en la falta de organización de todas las causas sobre las cuales debía resolver, redundando en una afectación al derecho de defensa, al debido proceso y a obtener una resolución judicial en un plazo razonable de las personas imputadas”.
Cuando logró ubicar los expedientes acumulados, Ramos Padilla descubrió que había gran cantidad de detenidos sin indagar, otros indagados pero con su situación procesal sin resolver y otros con paradero desconocido.
La primera iniciativa del devenido fiscal Martínez, cuya audiencia de recusación por segunda vez en la causa por la desaparición de Facundo Castro tendrá lugar hoy, fue convocar a un comisario de la Policía Bonaerense, la fuerza que había sido apartada por estar sospechada de haber participado del crimen, y a pesar de tener a su disposición a la Federal. "Fui a entrevistarme con el señor Fiscal quien en voz alta sugirió comunicarse con el superintendente de la Provincia de Buenos Aires, Aldo Caminada, un acto de flagrante irregularidad, denegatoria de toda razonabilidad y legalidad frente al tratamiento del caso en el que la única hipótesis a lo largo del proceso ha sido la desaparición forzada de personas en mano de la fuerza bonaerense", escribió Cristina Castro en el primer pedido para que Martínez fuera apartado del caso , y denunció que Martínez --ex juez destituido por el Consejo de la Magistratura-- era parte de la trama del encubrimiento desplegada en la causa.
La jueza federal María Gabriela Marrón rechazó esa primera recusación del fiscal por entender que su actividad había sido correcta, pero la familia insistió con nuevas pruebas y hoy podrá exponerlas en la audiencia por Zoom. Los Castro y sus abogados relatan que Martínez demoró o rechazó las medidas que fueron pidiendo, no los recibía ni atendía sus llamadas, y lo acusaron de impulsar otras "inertes al proceso o las que fueron maliciosamente filtradas, irregularmente producidas o irresponsablemente diligenciadas", como por ejemplo no enviar fuerzas federales en Villarino, debiendo la madre con uno de los letrados tener que confrontar con la fuerza bonaerense en un basurero junto a unos presuntos huesos humanos, mandar a notificar de audiencia a testigos reservados con un móvil policial y efectivos uniformados en un pequeño pueblo y en pleno centro a las 23 horas, citarlos a declarar en una delegación municipal frente a la plaza central del pueblo, permitir y no advertir que miembros de la policía bonaerense con conexidad a la red de encubrimiento fueron los que llevaron a un testimonio absolutamente mendaz y desajustado de toda verdad".
La acusación más grave contra Martínez es haber permitido el ingreso al expediente del testimonio de E.R, la mujer que fue inducida a declarar que llevó a Facundo hasta Bahía Blanca, porque el dato sobre ella lo aportaron dos policías bonaerenses, ya mencionados en el expediente. "Tal vez no haya advertido el señor Fiscal que casualmente uno de esos policía, (Mario Gabriel) Sosa, participó de la detención 'oficial' y el labrado de infracción al artículo 205 del Código Penal para con Facundo el día 30 de Abril de 2020 a las 10 horas; y que la Agente (Siomara) Flores es quien en flagrantes inconstancias, incongruencias y contradicciones, indicó haber trasladado en un vehículo particular a Facundo, a la misma hora que, según tres testigos, era abordado Facundo por dos masculinos en un patrullero de la policía bonaerense y del que luego de ello no se tuviera mas noticias", explicó la querella particular.
Pero el colmo llegó la semana pasada, tras el hallazgo de huesos y ropa cerca de Mayor Buratovich. Cristina Castro tuvo que esperar horas en medio del campo porque Martínez no respondía sus llamadas, y cuando lo hizo fue para pedirle al juzgado que autorice la medida, lo cual le valió el reto de la propia magistrada porque es facultad del fiscal ordenar ese tipo de medidas como las que ya se hicieron en la causa. Eso sí, les hizo saber que no autorizaba la participación del perito de la familia, Marcos Herrero.
Genocidas de ayer, la gorra de hoy
Luego dedicaron un capítulo a los antecedentes del fiscal recusado respecto de filtraciones mediáticas y su rol en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, con mención a notas publicadas por Página12 . La absolución del juez que se animó a indagar al empresario Vicente Massot por delitos de lesa humanidad puso al desnudo la maniobra de la corporación judicial de Bahía Blanca para garantizar la impunidad del ex dueño de La Nueva Provincia (LNP). El fiscal general Javier de Luca destacó que se trata de un leading case sobre delitos de lesa humanidad cometidos por civiles desde un medio de comunicación y advirtió que su impunidad compromete al Estado argentino. La "burda maniobra", según dijeron los fiscales especiales José Nebbia y Miguel Palazzani, consistió en quitar de la causa al juez Alvaro Coleffi, que había firmado la orden de indagar a Massot a la que Martínez se había negado a con el argumento de que no existe “algún grado de complicidad del diario con la dictadura". La Cámara Federal revocó esa decisión, lo apartó de la causa y en su reemplazó nombró como juez ad hoc a Coleffi, quien autorizó el allanamiento del diario y el 24 de abril de 2014 indagó por primera vez al empresario y ex dueño de LNP.
Otro caso que rozó al poder fue el del ex capellán Aldo Vara, quien llegó a admitir haber visto las secuelas de la picana en los cuerpos de estudiantes secundarios secuestrados por el Ejército. Martínez tampoco encontró “elementos suficientes” para indagarlo pero la Cámara opinó lo contrario, lo desplazó y ordenó la captura del sacerdote. “Es claro que la maniobra se urdió a partir de mi desempeño en lesa humanidad”, reflexionó el ex juez Coleffi, acusado de filtrar escuchas a la prensa y absuelto. Aunque ahora se hicieron amigos, en ese momento Martínez procesó al director de La Brújula, Germán Sasso, por encubrimiento. Según el defensor de Coleffi, el ex diputado Dámaso Larraburu, el policía Walter Schell intercambió 39 llamados con el periodista y tenía antecedentes de haber manipulado escuchas difundidas por La Brújula en la causa “Garcés” sobre narcotráfico.
El mismo día de la indagatoria de Massot, a Coleffi le impidieron ingresar a Tribunales por esa acusación. Palazzani y Nebbia alertaron que la “burda maniobra” ocultaba “una cabal estrategia para la defensa de los imputados”, advirtieron que Martínez seguía operando “desde la sombras” y lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura.
A pesar de las impugnaciones de H.I.J.O.S., Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) que destacó su “falta de cuidado y respeto por la función judicial” y su “incapacidad absoluta” para asumir semejante responsabilidad, Martínez fue nombrado fiscal federal, y siguió su carrera sin que el procurador interino Eduardo Casal tuviera en cuenta la evidencia que ese juicio dejó en su contra. En su impugnación el Cels destacó que Martínez protegió, entre otros, a Massot y obstaculizó las causas por delitos de lesa humanidad , como la del Cuerpo V del Ejército y la base naval de Puerto Belgrano.
“Martínez ni siquiera controlaba la posesión de armas de fuego en los domicilios de los represores que gozaban de prisión domiciliaria, se negó a investigar los delitos sexuales cometidos en la órbita del V Cuerpo del Ejército; durante las tareas de normalización del juzgado, la secretaria informó que no podía acceder al disco con los archivos necesarios para el desarrollo de la causa Triple A, de los que no tenían copia”, enumeró el Cels. Las resoluciones de Martínez “fueron sistemáticamente revocadas por la Cámara Federal de Bahía Blanca y fueron incumplidas igualmente por él. No sólo estuvo dispuesto a decidir en forma arbitraria sino que tuvo determinación por entorpecer y frenar el avance del proceso de justicia en Bahía Blanca”, destacó el organismo. A la luz de tales antecedentes se vuelve más comprensible la insistencia de la familia Castro en apartarlo.
Fuente:Pagina12



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