Por Eduardo Lucita, Resumen Latinoamericano, 28 de agosto de 2020.
La pandemia encierra una paradoja para el mundo del trabajo. Por un lado lo ha desestructurado más de lo que estaba, pero por otro ha ratificado su centralidad en la sociedad del capital. Hoy es campo de disputas.
La reacción del mundo frente a la expansión de un virus pandémico, del que no se conocía su trazabilidad, tampoco su tratamiento, no fue otra que las cuarentenas extendidas, que luego el FMI redefiniría como confinamiento. El impacto en la economía fue de tal magnitud que se paralizaron la mayoría de las actividades, solo quedaron en pie las consideradas esenciales.
Las respuestas de los gobiernos se han orientado, en distintas proporciones y magnitudes, a tratar de controlar la pandemia, a minimizar el costo social y a frenar las quiebras empresarias a costa de una fuerte expansión monetaria, de un incremento sustancial del déficit fiscal y un mayor endeudamiento, en un mundo ya de por sí muy endeudado. Nuestro país ha seguido estas orientaciones. El IFE (Ingreso Familiar de emergencia) la ATP (Ayudas al Trabajo y la Producción), prohibición de despidos y suspensiones, duplicación de la indemnización por despidos, créditos a tasa cero, moratoria… todo solventado con emisión.
La reacción del mundo frente a la expansión de un virus pandémico, del que no se conocía su trazabilidad, tampoco su tratamiento, no fue otra que las cuarentenas extendidas, que luego el FMI redefiniría como confinamiento. El impacto en la economía fue de tal magnitud que se paralizaron la mayoría de las actividades, solo quedaron en pie las consideradas esenciales.
Las respuestas de los gobiernos se han orientado, en distintas proporciones y magnitudes, a tratar de controlar la pandemia, a minimizar el costo social y a frenar las quiebras empresarias a costa de una fuerte expansión monetaria, de un incremento sustancial del déficit fiscal y un mayor endeudamiento, en un mundo ya de por sí muy endeudado. Nuestro país ha seguido estas orientaciones. El IFE (Ingreso Familiar de emergencia) la ATP (Ayudas al Trabajo y la Producción), prohibición de despidos y suspensiones, duplicación de la indemnización por despidos, créditos a tasa cero, moratoria… todo solventado con emisión.
¿Quién necesita a quién?
El parate de la economía global fue en realidad una crisis de oferta -que luego se hizo de demanda y potencialmente financiera- no solo porque los negocios estaban cerrados sino porque no había producción ni circulación de mercancías, ni prestación de servicios, porque los trabajadores estaban confinados. Quedó así en evidencia lo que tanto han negado: que el capital depende del trabajo (la pandemia lo demostró a escala mundial). Esta es la razón de por qué el empresariado ha presionado permanentemente para volver al trabajo, sin importarle los riesgos que sus trabajadores podrían correr.
Por el contrario, el trabajo sí puede prescindir del capital (nuestras empresas recuperadas por las gestión obrera dan prueba de ello). Y los que nos responden que en realidad en las recuperadas los trabajadores lo que han hecho es solo recuperar la gestión porque el capital ya estaba, conviene recordarles que el capital no es más que trabajo acumulado.
El parate de la economía global fue en realidad una crisis de oferta -que luego se hizo de demanda y potencialmente financiera- no solo porque los negocios estaban cerrados sino porque no había producción ni circulación de mercancías, ni prestación de servicios, porque los trabajadores estaban confinados. Quedó así en evidencia lo que tanto han negado: que el capital depende del trabajo (la pandemia lo demostró a escala mundial). Esta es la razón de por qué el empresariado ha presionado permanentemente para volver al trabajo, sin importarle los riesgos que sus trabajadores podrían correr.
Por el contrario, el trabajo sí puede prescindir del capital (nuestras empresas recuperadas por las gestión obrera dan prueba de ello). Y los que nos responden que en realidad en las recuperadas los trabajadores lo que han hecho es solo recuperar la gestión porque el capital ya estaba, conviene recordarles que el capital no es más que trabajo acumulado.
Disputas en las alturas.
La pandemia implica un retroceso global en muchos órdenes de la vida que aún no ha sido dimensionado, al mismo tiempo que ha permitido un fuerte avance de las derechas políticas y de los colectivos anticuarentena, antivacunas y antiderechos en todo el mundo.
Aquí no hemos escapado a estas tendencias. En este contexto el trabajo se ha convertido en un campo de disputa entre una derecha promercado, al servicio del gran empresariado, y un gobierno que busca arbitrar en las relaciones capital-trabajo por medio de regulaciones, que chocan con el capital más concentrado. En esta disputa se escucha poco y nada la voz de los trabajadores -las centrales sindicales están totalmente subordinadas al poder político de turno- sin embargo estos no solo arriesgan sus vidas en la pandemia sino que sus salarios se deprecian mientras crecen los despidos y las suspensiones y crece la precarización.
La pandemia implica un retroceso global en muchos órdenes de la vida que aún no ha sido dimensionado, al mismo tiempo que ha permitido un fuerte avance de las derechas políticas y de los colectivos anticuarentena, antivacunas y antiderechos en todo el mundo.
Aquí no hemos escapado a estas tendencias. En este contexto el trabajo se ha convertido en un campo de disputa entre una derecha promercado, al servicio del gran empresariado, y un gobierno que busca arbitrar en las relaciones capital-trabajo por medio de regulaciones, que chocan con el capital más concentrado. En esta disputa se escucha poco y nada la voz de los trabajadores -las centrales sindicales están totalmente subordinadas al poder político de turno- sin embargo estos no solo arriesgan sus vidas en la pandemia sino que sus salarios se deprecian mientras crecen los despidos y las suspensiones y crece la precarización.
Estado de situación.
El investigador de la UBA, Javier Lindenboin, da cuenta que en los primeros cinco años de la última década el empleo se sostuvo por el sector público, mientras que en la segunda mitad lo hizo por el empleo no asalariado, mientras que la creación de empleo privado registrado está prácticamente estancada. Así la calidad del los puestos de trabajo se deterioró.
En tanto que un reciente informe del Ministerio de Trabajo nos dice que entre abril del presente año y el mismo mes del 2018 se perdieron 563 mil puestos de trabajo registrados (de estos 317.900 se perdieron entre marzo y abril de este año). La baja fue generalizada en todos los modos de empleo, asalariados privados, monotributistas, autónomos, casa particulares, con excepción del sector público. En esos dos años la AFIP tiene registradas 41.950 empresas menos.
Esta es la situación de los trabajadores registrados o formales, mientras que en la informalidad, se estima revisten unos 6,5 millones de trabajadores. El impacto de la pandemia tiene que haber sido mayor en este sector por la precariedad en que trabajan (no hay prohibición de suspensiones ni despidos, no rige el procedimiento de crisis ni la doble indemnización). Distintos analistas estiman que al final de este proceso los puestos de trabajo perdidos alcanzarán al millón.
El investigador de la UBA, Javier Lindenboin, da cuenta que en los primeros cinco años de la última década el empleo se sostuvo por el sector público, mientras que en la segunda mitad lo hizo por el empleo no asalariado, mientras que la creación de empleo privado registrado está prácticamente estancada. Así la calidad del los puestos de trabajo se deterioró.
En tanto que un reciente informe del Ministerio de Trabajo nos dice que entre abril del presente año y el mismo mes del 2018 se perdieron 563 mil puestos de trabajo registrados (de estos 317.900 se perdieron entre marzo y abril de este año). La baja fue generalizada en todos los modos de empleo, asalariados privados, monotributistas, autónomos, casa particulares, con excepción del sector público. En esos dos años la AFIP tiene registradas 41.950 empresas menos.
Esta es la situación de los trabajadores registrados o formales, mientras que en la informalidad, se estima revisten unos 6,5 millones de trabajadores. El impacto de la pandemia tiene que haber sido mayor en este sector por la precariedad en que trabajan (no hay prohibición de suspensiones ni despidos, no rige el procedimiento de crisis ni la doble indemnización). Distintos analistas estiman que al final de este proceso los puestos de trabajo perdidos alcanzarán al millón.
También los salarios.
El cambio en la composición del empleo tiene también su correlato en una caída en las remuneraciones. A esto debe agregarse que a fines del 2019 los salarios privados habían perdido un 15 por ciento de su capacidad adquisitiva y que esta pérdida ascendía al 20 por ciento en el sector público y los trabajadores informales. En los primeros meses de este año la caída en el poder adquisitivo de los salarios es en promedio del orden del 9 por ciento. A la fecha, de los pocos acuerdos salariales firmados ninguno supera el 30 por ciento de aumento y una gran mayoría de trabajadores (públicos y privados) siguen cobrando los sueldos del 2019.
El cambio en la composición del empleo tiene también su correlato en una caída en las remuneraciones. A esto debe agregarse que a fines del 2019 los salarios privados habían perdido un 15 por ciento de su capacidad adquisitiva y que esta pérdida ascendía al 20 por ciento en el sector público y los trabajadores informales. En los primeros meses de este año la caída en el poder adquisitivo de los salarios es en promedio del orden del 9 por ciento. A la fecha, de los pocos acuerdos salariales firmados ninguno supera el 30 por ciento de aumento y una gran mayoría de trabajadores (públicos y privados) siguen cobrando los sueldos del 2019.
Disputar la salida.
Nuestro país completará este año su tercer período recesivo consecutivo, con una caída en el PBI estimada en el 10 por ciento, la desocupación treparía al 15, la pobreza a más del 45 y el ingreso per cápita será como mucho igual al del 2010. Una nueva década perdida para los trabajadores y los sectores populares.
Todo indica que la recuperación de la economía será lenta y fragmentada. Lo que está en discusión es si la salida de la crisis es vía exportaciones, con un fuerte sesgo extractivista, que no garantiza una fuerte creación del empleo, tampoco mejora en los salarios, o es una salida que no rechaza las exportaciones pero pone el acento en el mercado interno y en la recuperación de la demanda. Para los trabajadores lo que está en juego son las condiciones en que reproducirán su vida y existencia.
Son imprescindibles políticas activas para crear empleo, recuperación del salario y establecer un piso de ingresos para los trabajadores que están en la informalidad. Caso contrario el callejón de las causas perdidas será una realidad para el mundo del trabajo.
Nuestro país completará este año su tercer período recesivo consecutivo, con una caída en el PBI estimada en el 10 por ciento, la desocupación treparía al 15, la pobreza a más del 45 y el ingreso per cápita será como mucho igual al del 2010. Una nueva década perdida para los trabajadores y los sectores populares.
Todo indica que la recuperación de la economía será lenta y fragmentada. Lo que está en discusión es si la salida de la crisis es vía exportaciones, con un fuerte sesgo extractivista, que no garantiza una fuerte creación del empleo, tampoco mejora en los salarios, o es una salida que no rechaza las exportaciones pero pone el acento en el mercado interno y en la recuperación de la demanda. Para los trabajadores lo que está en juego son las condiciones en que reproducirán su vida y existencia.
Son imprescindibles políticas activas para crear empleo, recuperación del salario y establecer un piso de ingresos para los trabajadores que están en la informalidad. Caso contrario el callejón de las causas perdidas será una realidad para el mundo del trabajo.
“Estado de duda”, o el triunfo del Poder Polijudicial
Resumen Latinoamericano, 28 de agosto de 2020.
Hay grandes sospechas de que la policía mata. La policía sospechada es la que comienza la investigación. Los fiscales se suceden en la causa siguiendo, en el trazo grueso, la hipótesis policial. Cuando el caso finalmente llega a juicio, 16 años más tarde, los jueces dictaminan que no se puede condenar a los sospechosos por el larguísimo tiempo transcurrido y los errores en la investigación. Así pasó con Cristian Pérez, que apareció muerto el 14 de octubre de 2002. “Estado de duda”, dijo el Tribunal Oral al absolver a los policías acusados de asesinarlo y encubrir su muerte, y lo repite ahora el Tribunal de Casación bonaerense. El CIAJ afirma que seguirá pasando mientras Justicia y policía investiguen en tándem, y enciende la alarma sobre la pesquisa de Facundo Astudillo Castro.
El pasado 29 de julio, en el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), fuimos notificados de la resolución tomada por el Tribunal de Casación -Sala I-, integrada por los jueces Ricardo Maidana y Daniel Carral, en relación al recurso presentado contra la sentencia del Tribunal Oral Criminal N°2 de La Plata, por la cual se había absuelto, en diciembre de 2018, a los policías que fueron imputados por el crimen de Cristian Pérez.
Durante más de una década, el CIAJ acompañó el reclamo de la familia del joven de 18 años que fue encontrado muerto en las vías del tren Roca, entre las localidades de City Bell y Villa Elisa, tras haber sido arrollado por una formación ferroviaria en la mañana del 14 de octubre de 2002. La familia nunca creyó la versión policial del “suicidio”, que fue convalidada sin cuestionamientos por el primer fiscal que intervino en esta causa. En todo ese lapso de tiempo, los funcionarios judiciales siguieron, con matices, la misma hipótesis que instaló la Policía sospechada de violencia institucional. Por eso, sostenemos, hasta el hartazgo, que “no hay Maldita Policía sin Maldito Poder Judicial”.
Antes de tratar sobre el fondo del planteo del CIAJ, los jueces de la Casación advierten: “Antes de ingresar en el análisis de los cuestionamientos de la impugnante contra el veredicto en trato, entiendo necesario destacar un aspecto en el que han coincidido la acusadora particular y el tribunal de la audiencia, esto es, las enormes dificultades que se presentaron en el juicio para poder establecer las circunstancias que rodearon a la muerte de la víctima ocurrida dieciséis años antes. También coincidieron el tribunal y la acusadora particular en responsabilizar a los operadores judiciales que intervinieron durante la etapa preparatoria, por las serias deficiencias advertidas durante la tramitación de la causa. El lapso de tiempo transcurrido y la deficiencia de la investigación a cargo de los organismos judiciales han tenido, como se verá, una importante incidencia en el resultado absolutorio del veredicto”.
El resto del fallo denota un gran esfuerzo de parte del Tribunal de Casación por responder a cada uno de los cuestionamientos planteados por el CIAJ en la apelación de la sentencia que absolvió a los policías. En cada caso, nuestras afirmaciones son descartadas por “insuficientes” o porque no pudieron ser resueltas durante el debate, ya que se encuentran, en palabras del propio Tribunal, dentro de una “lamentable serie de hechos inexplicables ocurridos aquella madrugada en la dependencia policial”. Luego, la resolución acude a los alegatos del CIAJ en el debate oral, haciéndolos dialogar con la sentencia dictada por el TOC N°2 y nuestra apelación ante la Casación. Es respetuoso y dedicado.
Sin embargo, Casación no hace ni una mínima mención respecto de la extraordinaria circunstancia de que, tanto en los alegatos del juicio de 2018 como ante la sentencia del TOC como ante el recurso de apelación de dicha sentencia presentado por el CIAJ, el Ministerio Público Fiscal guarda silencio. Parece no tener nada que decir.
Nos preguntamos, entonces: ¿No hay fiscales en esta causa?
Lxs hubo, claro. Y queremos recordar que son lxs funcionarixs que deben representar el rol de acusación del Estado.
Es decir: quienes deben garantizar, en pos del interés público, que se conozca lo que pasó y se determinen quiénes fueron autores y responsables. Son quienes deben marcar cuáles delitos son inadmisibles para ese Estado. El posible asesinato de un pibe de 18 años a manos del personal de una comisaría debería ser uno de esos límites. Pero cuando el Estado se corre, como en este caso, son las organizaciones de la sociedad civil las que deben cargarse al hombro una responsabilidad que no les corresponde, que debería ser del Estado.
Veamos un ejemplo: la hipótesis central del CIAJ durante el juicio oral fue que “Cristian Pérez ingresó a las 4:10 h a la Comisaría 10ma de City Bell (La Plata) y, desde ese momento, quedó bajo exclusiva custodia policial, sin que cesara esa condición, hasta su muerte”. Si tal afirmación hubiera sido considerada probada, hubiera permitido dar una respuesta, en términos reparatorios, a la búsqueda de la familia -y del CIAJ- de considerar este hecho como violencia institucional. Inclusive, con las dificultades que surgieron luego para identificar a los autores.
La investigación poli-judicial, por el contrario, aseveró que lo habían dejado libre a las 6:20. Sin embargo, el Fallo de Casación que analizamos aquí expresa sobre este punto: “La impugnante (CIAJ) en su detallada presentación sobre este punto, expresó que, según los dichos de Selva Beatriz Sosa, el imputado Koening para indicarle el horario de salida de Pérez que debía consignar en el libro, tuvo que acudir a los datos consignados en el informe médico realizado al nombrado, “para calcular el horario de salida”. De tal manifestación infirió que el acusado Koening “no tenía certeza de ese horario, porque Cristian nunca dejó de estar bajo custodia policial”, concluyendo que estos argumentos también demuestran que la firma atribuida a Pérez en el acta de notificación de derechos es falsa, pues si hubiera sido verdadera, allí constaba que el nombrado se retiró de la comisaría a las 6.20, no siendo necesario “calcular” el horario por las constancias del informe médico. De la transcripción de las partes pertinentes del alegato de la acusación, se desprende que, si bien se tratan de inferencias probatorias lógicas y coherentes, todas ellas encuentran su principal fundamento en el contenido de la declaración de Selva Beatriz Sosa, respecto de la cual el tribunal se pronunció por la imposibilidad de ingresar en su análisis, con base en argumentos que no han sido rebatidos por la impugnante”.
¿A qué se refiere el Tribunal en este punto? Una vez más, conviene reponer el contexto: la fiscalía de juicio, última portadora del rol acusatorio del Estado, decidió no acusar, y realizó un pormenorizado alegato de defensa de los imputados para justificar esa decisión, quedando de esa manera la acusación a exclusivo cargo del CIAJ, en representación del interés de la familia de Pérez. Pero además, unos días antes del comienzo del juicio oral, llegó a un acuerdo de juicio abreviado -sin consulta ni participación de los familiares de la víctima- con la defensa de Selva Beatriz Sosa, que le permitió a la uniformada, quien llevaba los libros de guardia de la comisaría, no ser parte del debate oral. Aunque ese acuerdo de juicio abreviado fue finalmente rechazado por otro Tribunal interviniente, el objetivo estaba cumplido: Sosa no tuvo que participar del juicio, y todo lo que en relación a ella podría haberse probado (como la mencionada conversación entre Sosa y Koening sobre el horario de salida de Cristian de la comisaría) quedó fuera de los elementos considerados por el Tribunal Oral para llegar a una sentencia.
Lo que sucedió con las firmas de Cristian, que el CIAJ aseguró que eran falsas, es otra circunstancia sintomática. La Casación admite que “no se desconocen las particulares circunstancias en las que se habrían confeccionado los documentos que contienen las firmas cuestionadas, fundamentalmente el acta de negativa de la extracción sanguínea”. Esas “particulares circunstancias” rozan lo insólito en ese último documento mencionado: el médico policial Walter Javier Ibarra reconoció su propia firma en el acta, pero negó haber sido él quien la hizo. No sólo eso: quien firma como “testigo” es Facundo Burgos, quien fue uno de los hombres que golpeó a Cristian y lo llevó a la fuerza hasta la comisaría 10ma., amigo de los efectivos de esa seccional. “Las manifestaciones del médico abrieron una serie de interrogantes que no pudieron ser despejados, pues, en definitiva, no se supo quién confeccionó el acta cuestionada ni cómo llegó a ese documento la firma del doctor Ibarra, con lo cual, lógicamente, las dudas también se extendieron a la autenticidad de la rúbrica adjudicada a Cristian Pérez”, explica la Cámara de Casación. La presencia de Burgos como testigo de la revisación médica de Cristian Pérez “no hace más que sumar otro elemento a la lamentable serie de hechos inexplicables ocurridos aquella madrugada en la dependencia policial”.
Y sin embargo, concluye Casación, “lo que reina en este punto del debate (como en varios más que serán examinados seguidamente), es un estado de duda que impide arribar a conclusiones probatorias lo suficientemente certeras como para sostener un veredicto condenatorio como el pretendido por la impugnante”. Otra vez: todo es irregular, lo reconocen, pero el “estado de duda” no permite inculpar a nadie. Todo pareciera quedar en el orden de la fatalidad.
En el último punto del fallo, el Tribunal de Casación indica: “Cabe concluir, en función de todo lo expuesto, que si bien la hipótesis presentada por la acusación privada resultaba plausible, el análisis de la totalidad de la prueba rendida en el debate no permite otorgarle un valor convictivo de tal entidad como para revertir el fallo absolutorio dictado por el tribunal del debate, porque las dudas sobre lo realmente ocurrido son de tal envergadura que no resulta posible calificar de arbitrario al pronunciamiento en crisis, ni tampoco resulta factible anularlo y ordenar un nuevo juicio, porque más allá del tiempo transcurrido, el debate ha sido realizado respetando las reglas del debido proceso y defensa en juicio de las partes, quienes pudieron presentar sus hipótesis y las pruebas respaldatorias de sus pretensiones”. Somos razonables en nuestros reclamos, parece. Pero no es suficiente.
Repasando: la Cámara de Casación describe varios interrogantes que no pudieron ser respondidos (“la lamentable serie de hechos inexplicables ocurridos aquella madrugada en la dependencia policial”), reconoce que no se puede condenar a los sospechosos por un “estado de duda que impide arribar a conclusiones probatorias” y “reina” en “varios puntos del debate”, atribuye esa duda al “lapso de tiempo transcurrido y la deficiencia de la investigación a cargo de los organismos judiciales” que tuvieron “una importante incidencia en el resultado absolutorio del veredicto”. Para ser más claros aún, repetiremos la idea con un lenguaje despojado de tecnicismos jurídicos: un chico con signos de haber sido golpeado es arrollado por un tren unas horas después de haber estado demorado en una comisaría cuyos efectivos habían tenido problemas con él la noche anterior. La propia policía sospechada encabeza la investigación y los fiscales siguen esa primera hipótesis, con matices, por 16 años. Cuando finalmente llega a juicio, el Tribunal de juicio y su instancia superior admiten que no se los puede culpar por el hecho por todo el tiempo que pasó y las fallas severas en la investigación.
¿Cómo responde el Estado frente a la necesidad reparatoria de los familiares y de al menos una parte de la sociedad que demanda saber qué pasó con el joven de apenas 18 años? ¿Quién dentro del Estado se hará responsable por ese “estado de duda de tal envergadura” que no permite conocer la verdad sobre esta muerte y que ha sido creado, de mínima, por la inoperancia del propio Estado? Como CIAJ, hemos apelado la sentencia de Casación, para que sea la Suprema Corte de Justicia Provincial la que revise la sentencia absolutoria. La muerte de Cristian Pérez fue hace 18 años. El juicio que absolvió a los sospechosos fue hace dos.
En este momento, Facundo Astudillo Castro, un joven de 22 años, está desaparecido. Ni el fiscal ni la jueza reciben a su familia y no parecen apartarse demasiado de la versión que desde un principio planteó la policía. ¿Qué vemos con especial detenimiento, como organización que se dedica al análisis de ciertas prácticas judiciales, en esas dos causas, en la de la muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel? Miramos las continuidades. Miramos la convalidación judicial de prácticas policiales, ilegales y violentas. Miramos la letra del discurso que niega, esconde y prolijamente avala. Miramos cómo ciertos sujetos parecieran no acceder a la categoría de víctimas. Y cómo ciertos otrxs parecen siempre gozar de mayor credibilidad. Cierta convicción judicial.
Y nos queda flotando una pregunta: ¿Hay mayores garantías de que se llegue a la verdad en la investigación de lo sucedido con Facundo, que las que tuvo la investigación sobre Cristian 18 años atrás?
Un DNU en el camino correcto
Por Sebastián Ramírez, Resumen Latinoamericano, 28 de agosto de 2020.
Internet, celulares y TV por cable pasan a ser servicios públicos y esenciales. Sus tarifas se congelan hasta el año que viene. Y los aumentos a futuro deberán ser consentidos por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Tal el contenido del DNU firmado por Alberto Fernández con fecha 21 de agosto.
La medida es decididamente justa. Un freno a la voracidad de los monopolios del sector. Acostumbrados a manejarse con ganancias descomunales. En pocas horas, los Medios desataron una nueva campaña (y van…) que intenta generar opinión pública en defensa de la “libertad de mercado”.
Desfachatado chantaje
En solicitada a página completa, suscripta por la llamada industria tecnológica en comunicaciones despliegan su argumentación:
· “Que si no hay aumentos no habrán inversiones”.
· “Que los usuarios serán los principales perjudicados por la inevitable baja en la calidad de los servicios”.
· “Que en tales condiciones sobrarán miles de puestos de trabajo directos e indirectos”.
En solicitada a página completa, suscripta por la llamada industria tecnológica en comunicaciones despliegan su argumentación:
· “Que si no hay aumentos no habrán inversiones”.
· “Que los usuarios serán los principales perjudicados por la inevitable baja en la calidad de los servicios”.
· “Que en tales condiciones sobrarán miles de puestos de trabajo directos e indirectos”.
Adornado por profusas invocaciones a la certidumbre se les ha escapado una gravísima confesión. Estas corporaciones nos están admitiendo que no ponen un mísero centavo a riesgo. Que todo el fondeo se realiza a nuestra costa. Tanto para la expansión de las redes (que les significará a ellos nuevos clientes) como para la mejora de los servicios.
Cometen sincericidio. E indirectamente revelan la actitud de los concesionarios de luz y de gas que incumplen con todos los compromisos contractuales en inversiones.
Intentan instalar el disparate de que es a nosotros a quienes nos conviene que ellos ganen más. ¿Esperarán una gesta solidaria con Clarín, La Nación, Telefónica, Telecom, Claro, Cablevisión? En gesto de gratitud quizá encaremos una campaña bajo el hashtag “Yo exijo pagarles de más…”
Una solicitada amenazante.
Sus firmantes tienen plena capacidad para autocumplir sus profecías. Bajando alguna palanquita pueden precipitar el colapso de todo el sistema. Ven este Poder como vía a la coerción. Para el campo popular es la confirmación de que estamos ante un sector decididamente estratégico. Y por tanto no debe descansar en la improbable buena voluntad de corporaciones globales.
Sus firmantes tienen plena capacidad para autocumplir sus profecías. Bajando alguna palanquita pueden precipitar el colapso de todo el sistema. Ven este Poder como vía a la coerción. Para el campo popular es la confirmación de que estamos ante un sector decididamente estratégico. Y por tanto no debe descansar en la improbable buena voluntad de corporaciones globales.
En la solicitada destacan dos firmantes: la Cámara de Comercio de los EEUU en la Argentina (AmCham) y Huawei. Yanquis y chinos están trenzados en mil batallas por la primacía en la 5G. Y, desde ya, por alzarse para sí con el principal jirón de nuestra soberanía. Pero cuando se trata de castigarnos por la “insolencia” del DNU, no hacen asco en compartir el apriete.
“Estos son mis precios…, si no les gustan tengo estos otros”
Gracias Groucho. Parafraseamos tu sentencia. Nos viene de anillo al dedo para referirnos a una de las tretas comerciales “normales” en el sector. Por supuesto que entre precios y costos (operativos y amortizaciones de la infraestructura) no existe la menor correlación.
Gracias Groucho. Parafraseamos tu sentencia. Nos viene de anillo al dedo para referirnos a una de las tretas comerciales “normales” en el sector. Por supuesto que entre precios y costos (operativos y amortizaciones de la infraestructura) no existe la menor correlación.
Los precios se basan en el viejo truco de “si pasa, pasa”. Millones de usuarios pagando sobreprecios que son “bonificados” al solo intento de quejarte. Tanto los celulares como los abonos de cable reconocen múltiples valores diferentes para las mismas prestaciones. Éstos dependen del toma y daca de una “negociación”. Ni te cuento los descuentos que se pueden conseguir ante el amague de cambiar de proveedor.
Esta discrecionalidad desnuda la naturaleza piratesca de estos monopolios.
Bienvenido el DNU
Llena un vacío. Ni en la Ley de Emergencia Pública de diciembre de 2019, ni en las disposiciones tomadas al inicio de la cuarentena se había legislado respecto estos rubros.
Llena un vacío. Ni en la Ley de Emergencia Pública de diciembre de 2019, ni en las disposiciones tomadas al inicio de la cuarentena se había legislado respecto estos rubros.
Tampoco se han puesto freno a Bancos y Farmacéuticas. Otros dos sectores igualmente críticos. Veamos sino:
· Los atropellos del sector financiero han sido una constante. En las condiciones de pandemia con más la crisis económica no han dejado malicia por cometer. Retacearon créditos que contaban con garantía estatal. Los intereses a la mora de las tarjetas… un verdadero escándalo. Mientras tanto, continúa el opíparo taxímetro de las Leliq que les generó en estos meses descomunales utilidades.
· Los Laboratorios medicinales, muchos de ellos extranjeros, se relamen con el negocio del Covid. Vienen de lejos imponiendo precios arbitrarios para medicamentos de alta demanda. Como el PAMI y las Obras Sociales absorben parte de ese valor, los consiguientes sobrecostos son un factor principalísimo de sus penurias económicas. Otro tanto ocurre con las Prepagas. Pero en este caso éstas trasladan el gasto a los asociados.
· Los atropellos del sector financiero han sido una constante. En las condiciones de pandemia con más la crisis económica no han dejado malicia por cometer. Retacearon créditos que contaban con garantía estatal. Los intereses a la mora de las tarjetas… un verdadero escándalo. Mientras tanto, continúa el opíparo taxímetro de las Leliq que les generó en estos meses descomunales utilidades.
· Los Laboratorios medicinales, muchos de ellos extranjeros, se relamen con el negocio del Covid. Vienen de lejos imponiendo precios arbitrarios para medicamentos de alta demanda. Como el PAMI y las Obras Sociales absorben parte de ese valor, los consiguientes sobrecostos son un factor principalísimo de sus penurias económicas. Otro tanto ocurre con las Prepagas. Pero en este caso éstas trasladan el gasto a los asociados.
¿Hay quién pueda dudar de la condición de esenciales de Bancos y Laboratorios? Urge entonces emitir otro DNU disponiéndolo.
Masificación
En 1990 había menos de 3 millones de teléfonos fijos. Hoy existen 62,5 millones de celulares activos (para tan solo tres operadoras). Números duros que grafican el tamaño de la actividad, su continuado crecimiento. Un fastuoso negocio de las telefónicas y sus asociadas.
En 1990 había menos de 3 millones de teléfonos fijos. Hoy existen 62,5 millones de celulares activos (para tan solo tres operadoras). Números duros que grafican el tamaño de la actividad, su continuado crecimiento. Un fastuoso negocio de las telefónicas y sus asociadas.
Cablevisión informa 3.600.000 de conexiones (mediados de 2018). Netflix 200 millones de abonados en el mundo. Ninguna de estas compañías pareciera ser una PYME.
Las distintas empresas del sector son, además, poderosos arietes en la conformación de opinión publica. Y como tal, instrumentos para la persistencia de las peores desigualdades e injusticias.
La superestructura
Se nos presentan como cándidas ovejitas pero son dilectos integrantes de las clases dominantes. Y, además, sus habituales voceros. Los Medios (diarios, TVs, radios) son la fuerza de choque del Poder en la disputa político-ideológica-cultural.
Se nos presentan como cándidas ovejitas pero son dilectos integrantes de las clases dominantes. Y, además, sus habituales voceros. Los Medios (diarios, TVs, radios) son la fuerza de choque del Poder en la disputa político-ideológica-cultural.
La gran Prensa es una de las instituciones de la superestructura. Comparte con las Fuerzas Represivas la tarea de perpetuar el dominio de una minoría sobre las inmensas mayorías.
Fijado un objetivo decenas de agentes de influencia comienzan a golpetear sobre los mismos clavos. Amparados en la sospechable “pureza” del periodismo corren como reguero de pólvora los señuelos elaborados en las usinas dominantes. Creativas variaciones, repetidas una y otra vez.
Los campeones de la Prensa “libre” definen qué se publica y qué ni siquiera existe. Decidir sobre los contenidos es un arma humeante en manos de los enemigos del Pueblo y la Nación. Funcionales al coro destituyente de los Macri, Pichetto, Bulrich.
Palo por que bogas, palo porque no bogas
¿Subestimar al enemigo? ¡¡¡Jamás!!! Menos aún en un terreno en el que éste cuenta con sofisticados instrumentos de difusión de sus “mensajes”. Cabalga además en la corriente de la ideología dominante. A ellos les vale tanto la desinformación como el pasatismo.
¿Subestimar al enemigo? ¡¡¡Jamás!!! Menos aún en un terreno en el que éste cuenta con sofisticados instrumentos de difusión de sus “mensajes”. Cabalga además en la corriente de la ideología dominante. A ellos les vale tanto la desinformación como el pasatismo.
El Poder ha logrado influenciar a sectores del campo popular. Y neutralizar a otros tantos. Para contrarrestar sus campañas debemos abundar en el carácter inconciliable de los intereses que defienden Ellos y los que expresamos las grandes mayorías nacionales y populares.
El Gobierno también debe esmerarse con argumentaciones de fondo. No vale banalizar la necesidad y urgencia del DNU mediante fundamentos ingenuos.
Embanderados en el banderazo
No se perdieron una. Sabotearon la cuarentena. Macri, que nos dejón una supercrisis, es ahora el adalid de la economía. Los de la “libertad” de usar o no usar barbijo. Los defensores de Vicentin ocultando las estafas (porque, la propiedad privada no se toca). Los que se solazan con la inseguridad. Los que ahora se acuerdan de los pobres y los jubilados. Los que festejan la Argentina endeudada.
No se perdieron una. Sabotearon la cuarentena. Macri, que nos dejón una supercrisis, es ahora el adalid de la economía. Los de la “libertad” de usar o no usar barbijo. Los defensores de Vicentin ocultando las estafas (porque, la propiedad privada no se toca). Los que se solazan con la inseguridad. Los que ahora se acuerdan de los pobres y los jubilados. Los que festejan la Argentina endeudada.
¿Llamarán a un banderazo en defensa del avasallado Magnetto? No es una opción bajarle el precio al debate. Hacerse el distraído es garantizarles impunidad en uno de los arietes del sojuzgamiento.
El Hermano Grande vigila
Hoy estreno mi nueva aspiradora hogareña: el aparatejo hace un exhaustivo mapeo de la vivienda. La siguiente vez, el artefacto repasará la casa sin chocarse con una pata de mesa, una silla, la pared. ¿Quién almacenará estos datos? ¿Quizá Google que ya fotografió el Mundo (Google Earth) y cada calle en las grandes ciudades (Google Street)? ¿Cómo mensurar el descomunal Poder que supone tamaña información? Cínicamente menean el valor de la privacidad. “Yo en mi casa me junto con quien quiera”. Pero se distraen frente al crecimiento de un siniestro Poder que conoce nuestros gustos y condiciona nuestro consumismo.
Hoy estreno mi nueva aspiradora hogareña: el aparatejo hace un exhaustivo mapeo de la vivienda. La siguiente vez, el artefacto repasará la casa sin chocarse con una pata de mesa, una silla, la pared. ¿Quién almacenará estos datos? ¿Quizá Google que ya fotografió el Mundo (Google Earth) y cada calle en las grandes ciudades (Google Street)? ¿Cómo mensurar el descomunal Poder que supone tamaña información? Cínicamente menean el valor de la privacidad. “Yo en mi casa me junto con quien quiera”. Pero se distraen frente al crecimiento de un siniestro Poder que conoce nuestros gustos y condiciona nuestro consumismo.
La tecnología del 5G y el desarrollo de la Internet de las cosas expanden ese Poder a niveles desconocidos. Desde ya que el problema no es la tecnología sino quienes la controlan. Las grandes potencias imperiales se sacan los ojos por definir quien cantará victoria en la carrera por implementar esta innovación. Los Pueblos debemos terciar porque poco importa en que idioma hable el Gran Hermano. Su predominio, también en este campo, incrementará las desigualdades y las injusticias. Todo una temática para reflexionar.
Envio:RL
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