La justicia federal le reclama documentación clave de un crimen
Otro fiscal regional en la mira en Santa Fe
Se trata de Carlos Arietti, quien debería enviarle carpetas para investigar un delito federal: el posible lavado de dinero.
Por José Maggi
El fiscal federal Rodríguez le envío una carta al gobernador.
El fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, acaba de pedirle al fiscal general Jorge Baclini, a través de un carta enviada al gobernador Omar Perotti, que el Ministerio Público Fiscal le envíe documentación obrante en la causa del asesinato del empresario de turismo Hugo Oldani en cuya escena del crimen desaparecieron unos cinco millones de dólares. Como la sospecha generalizada es que el lugar funcionaba como una oficina de operaciones financieras no declaradas, Rodríguez entiende que es su propia competencia. Pero no ha logrado luego de dos meses que el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti, le suministre las carpetas necesarias para investigar a fondo el posible lavado de dinero. La misiva se da en medio de una escalada de cuestionamientos al Ministerio Público Fiscal luego de la detención del fiscal rosarino Gustavo Ponce Asahad y de la renuncia del fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal.
"Solicito su intervención como consecuencia de haber agotado todos los medios a mi alcance para lograr la remisión de distintas evidencias recogidas por el MPA en casos específicos, que incluye un infructuoso pedido de colaboración dirigido al secretario de Justicia de Santa Fe, Héctor Gabriel Somaglia, respecto del cual no tuve respuesta", dice el fiscal Rodríguez en la nota dirigida a Perotti. El 5 de junio, el fiscal federal solicitó formalmente a Arietti, tener acceso a todo elemento de evidencias, pruebas, legajos, anexos y actuaciones realizadas por fiscales del MPA a partir del homicidio. Ante la falta de respuestas, los pedidos de información continuaron. Esta vez, dirigidos en varias oportunidades tanto a la fiscal Cristina Ferraro -la que actuó desde un primer momento luego del asesinato-, como a la fiscal Mariela Jiménez. Pero no hubo respuestas.
Asi la justicia federal jamás pudo acceder a filmaciones, agendas telefónicas, contenidos del teléfono de Oldani, de sus allegados o familiares, o computadoras que se encontraron en la oficina. Todos esos elementos están en manos de la Justicia provincial. Ahora, Rodríguez le plantea a Perotti: "Por su intermedio pretendo que las autoridades provinciales competentes tomen las medidas indicadas para que el fiscal general del MPA, Jorge Baclini, instruya a quien corresponda, con el objeto de lograr una pronta remisión de los elementos requeridos, ante la ausencia de una explicación razonable ni justificación legal que ampare la negativa a suministrarlos".
Entre la documentación que interesa a Rodríguez se cuentan una serie de pagarés que aparecen en fotos tomadas en la oficina de Oldani: se ve claramente que cada pagaré llevaba adherido un papel de máquinas calculadoras, con cifras que podrían revelar movimientos de dinero. Ante la falta de respuestas, el 20 de julio pasado, luego de que transcurrieran 45 días de la primera solicitud, el fiscal Rodríguez canalizó un nuevo pedido formal, pero esta vez lo hizo por intermedio de la Secretaría de Justicia de la Provincia. Tampoco hubo respuestas.
Vale remarcar que el pedido formal a Perotti se basa en un convenio firmado por el Gobierno de Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación, donde las parte se comprometen a brindar colaboración mutua para esclarecer delitos. Las fiscales del área de Delitos Complejos del MPA, Mariela Jiménez y Laura Urquiza, también investigan si en la oficina de Oldani se cometían delitos como el lavado de activos.
En ese marco, hace dos semanas -cinco meses después del homicidio de Oldani-, agentes del Organismo de Investigaciones (OI) allanaron los domicilios de la hija y la viuda del empresario. Los allanamientos fueron autorizados por los magistrados del Colegio de Jueces Penales de Santa Fe, Gustavo Urdiales y José Luis García Troiano. Es decir en la práctica desconocen la competencia federal para estos delitos. El recelo sin embargo de algunos hombres del fuero provincial podría no estar ligado definitivamente a cuestiones técnicas, sino al recelo de abrir el juego en una causa que comenzó con un homicidio y puso en la escena pública el manejo de dinero negro, sobre el que muchos santafesinos parece que prefieren que quede como un secreto de pago chico.
07 de agosto de 2020
El Concejo de Victoria atendió la iniciativa con objeciones
Después del fuego, loteos en la isla
Un empresario presentó un proyecto para lotear 40 hectáreas en La Invernada, frente a Baigorria. "¡Justo ahora!", rezongaron los ediles.
Por Luis Bastús
El proyecto de loteo en la isla recibió resistencias.
Entre el humo y las llamas que dominan el horizonte rosarino por el este, ayer asomó en la agenda pública un proyecto para urbanizar un tramo del frente costero de la isla Invernada, frente a Granadero Baigorria. Y en el Concejo de Victoria, donde aplica esa jurisdicción, atendieron la iniciativa con más objeciones que deseos. "¡Justo ahora!", rezongaron los ediles entrerrianos, en la mira del enojo ciudadano y gubernamental a este lado del río por las quemas. Antes, habían festejado con disimulo que el ventarrón de la jornada le arruinara los planes a sus colegas de Rosario de mudar su sesión parlamentaria a la escuela de la isla El Espinillo. Por esas horas, ayer al mediodía, agentes de Prefectura Naval arrestaron a siete hombres que acampaban en la isla, cerca de una quema incipiente de pastizales. Todo, en una jornada en la que el gobierno estimó la dimensión del ecocidio en el humedal: 90.000 hectáreas, hasta ahora.
El proyecto de loteo pasó ayer como pedido de excepción urbanística a comisiones en el Concejo victoriense, pero en la voz de su mentor, existe desde hace tres años. Se trata de la empresa Carolina S.A., cuyo titular es Esteban Hernández, presidente a su vez de Fundación Apertura y –según remarcó ayer en diálogo con Rosario/12– "socio desde hace 25 años de la ONG Aves Argentinas".
Hernández explicó que su familia posee un campo ganadero de 1800 hectáreas en La Invernada desde hace 50 años. "Nos cansamos del abigeato, es muy fácil robar en la isla: 43 novillos en 60 días nos robaron, y decidimos hacer un loteo sobre 40 hectáreas de la costa hace dos años y medio, cuando balearon al puestero. Sesenta lotes de 3000 m2 cada uno como para disuadir. No es nada de impacto ambiental, ni siquiera es una urbanización, es un loteo como hay tantos en las islas, solo que yo lo quiero hacer por derecha. Ahora en este lío no se quién lo aprobará", explicó el emprendedor que en 2002 encaró con otra sociedad el desarrollo La Bahía, sobre la costa de Pueblo Esther.
Hernández sostiene que su propuesta se ajusta a las exigencias del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná (Piecas), que Nación impone para Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. La iniciativa apunta a que los inversores construyan viviendas de estilo palafito, sobre pilares que la salvaguardan de inundaciones y que no obstruyen el curso del agua.
El empresario se definió como "un defensor del humedal porque conozco la isla desde adentro" y en ese sentido rechazó las objeciones que ayer le hicieron llegar desde diversos ámbitos, tanto de organizaciones ambientalistas como del propio Concejo de Victoria. "Toda esta polémica me mató porque sé que no me lo van a aprobar al proyecto", vaticinó Hernández.
Algunos ediles de la ciudad entrerriana, como su presidenta, Ana Schuth, o el peronista Santiago Rodríguez, anticiparon su oposición al expediente que ayer pasó a estudio en comisiones parlamentarias. "Sí, que haya ingresado el proyecto no implica que lo hayamos aceptado. No nos parece oportuno", opinó Schuth ante la consulta de este diario.
Mientras tanto, ayer los brigadistas continuaron trabajando sobre los focos ígneos y a la espera de que el cielo descolgara finalmente una lluvia de alivio para apagarlos. El director del servicio Nacional de Manejo del Fuego, Alberto Seufferheld, estimó que “el fuego ya afectó unas 90 mil hectáreas” en las islas. “El problema es que la intensidad de esos nuevos focos, por la acción del viento, han puesto en riesgo a viviendas de pobladores isleños a la vera del río. Diariamente tenemos entre seis y siete casas rodeadas por el fuego”, indicó.
La Prefectura arrestó ayer a siete hombres en aparente campamento de pesca, frente a la costa de San Lorenzo. Cerca de ellos había un foco de incendio sobre pastizales. Les secuestraron cuatro canoas y lanchas, un cuatriciclo, 2 mil kilos de pescado y los enseres propios de la pesca artesanal.
El Banco Municipal otorga créditos para auxiliar a pymes
Medidas prioritarias para dar una mano
El intendente Javkin con el presidente del BM.
El intendente Pablo Javkin, el presidente del Banco Municipal, Adrián Giacchino, y el secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Sebastián Chale, anunciaron ayer una ampliación de 400 millones de pesos en créditos de la entidad bancaria para auxiliar a pymes y empleos, y la modifiicación del plazo de otorgamientos de habilitaciones de 5 a 10 años.
“Estamos anunciando una nueva línea de créditos del Banco Municipal, dirigidos a micro, pequeña o mediana empresa, la ciudad tiene la ventaja de tener un banco público y con esto vamos a seguir tomando medidas y acompañando, porque cuando menos comercios y pymes perdamos, más fuertes vamos a salir en el proceso de recuperación, que sin dudas tenemos que iniciar”, subrayó el intendente.
Por su parte, el presidente del Banco Municipal expresó sobre la nueva línea de créditos: “Es una extensión de los 1.000 millones en créditos para auxiliar empresas y empleos que ya fue otorgada y ahora le sumamos 400 millones más”, adelantó que serán a tasas subsidiadas.
La actividad tuvo lugar en el flamante centro de pago con atención exclusiva a beneficiarios de Anses que perciban haberes a través del Banco Municipal y que fue habilitado en la oportunidad en la esquina de Arijón y Ayacucho.
"También estamos anunciando algo muy reclamado que son las habilitaciones, donde se modifica el plazo de otorgamiento de habilitaciones de 5 a 10 años”, señaló el intendente. Y aclaró: “Serán por 5 años de manera automática, gratuita”.
“Le vamos a agregar una cláusula a la moratoria para aquellos comercios más afectados por la pandemia -dijo Javkin-. En el caso de aquellos que ingresaron en la moratoria y no pudieron abrir sus comercios, el primer pago del convenio de tributos y gravámenes municipales lo vamos a suspender por 6 meses, no solo vamos a extender los beneficios de la moratoria, lo vamos a extender por 6 meses más”.
“Son medidas prioritarias para dar una mano y sostener la actividad económica”, remarcó. “Tenemos que fomentar el trabajo y la producción en la ciudad. Es un momento especial, todos los recursos tienen que priorizar esto y la cuestión sanitaria”, agregó Javkin.
“A nivel comercio tenemos una actividad importante, y obviamente la actividad sanitaria siempre hay que mirarla”, aseveró. “Todo lo que se hace con protocolo hoy genera menos riesgos, los casos y contagios que estamos teniendo son en las actividades que se hacen sin protocolo”, advirtió.
En este marco, el intendente anunció: “Vamos a permitirles a los salones de fiestas habilitar el rubro bar, con o sin elaboración de alimentos, y a los jardines de infantes y maternales y canchas de fútbol los vamos a desobligar este año de dedicarle tiempo y recursos a la habilitación”.
En este aspecto, el intendente relató una situación que se observa con preocupación. “Si me junto con los que más quiero y lo hago en una casa, no estoy exento de contagiarme, tengo más chances de contagiarme”, mencionó y concluyó: “Sobre todo los más jóvenes, con el riesgo que ellos después contagien a un familiar mayor y ahí cambia la cosa. Nada de lo que hoy sucede es algo que nos sorprenda, se dio más tarde, nos dio cuatro meses de preparación, y la actividad económica es algo que estamos mirando, nos preocupa y nos ocupa”.
07 de agosto de 2020
El bono en el sector público será de 3.000 pesos y 2.400 para los jubilados
(Desde Santa Fe) El bono extraordinario que el gobierno de Omar Perotti otorgará este mes a los trabajadores del sector público será de 3.000 pesos y 2.400 a los jubilados y pensionados. Una “Asignación Especial de Emergencia” –según el ministro de Economía Walter Agosto- que ya generó una oleada de bronca en los sindicatos docentes y estatales. “Un insulto”, lo calificó la secretaria general de Ctera y Amsafé, Sonia Alesso, quien ayer anticipó que los maestros se preparan para votar un plan de lucha en las próximas horas. Mientras que sus colegas de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA) ya decidieron realizar un paro el lunes que viene.
La “decisión unilateral” de Perotti de volver a los pagos en negro “no hace más que generar mucha bronca” en la docencia", advirtió Alesso. “Bono no, paritarias si”, fue la consigna que unificó a los gremios del sector público en la crítica a la Casa Gris. El secretario general de UPCN Jorge Molina dijo que es “urgente” recomponer los ingresos de los trabajadores con “una política salarial justa” y la única forma de hacerlo es en el marco de las paritarias. El líder de ATE coincidió que el bono es “insuficiente” y que el “espacio natural” para diálogo es la mesa paritaria.
El gobierno de Perotti justificó el pago del bono en el sector público ante “la difícil situación económica” del país y de la provincia y dijo que la “decisión unilateral” del gobernador está en línea con las “asignaciones de emergencia” otorgadas por el gobierno nacional.
“La asignación será percibida por todos los trabajadores y trabajadoras de la administración central, organismos descentralizados y empresas del Estado provincial. Será de 3.000 pesos para los agentes en actividad y 2.400 a los jubilados y pensionados (el 80% de lo percibirán los activos). Es un incremento de bolsillo que se cobrará mediante una liquidación complementaria, en el mes de agosto. “Ante las dificultades y el esfuerzo que están haciendo los santafesinos y santafesinas. En ese marco, pretendemos administrar los recursos con la mayor equidad”, concluyó.
07 de agosto de 2020
Hoy sesión conjunta de la Legislatura por el caso Ponce Asahad
Al preso le bajan el sueldo
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El Senado y la Cámara de Diputados se reunirán hoy a las 13 en sesión conjunta para suspender en su cargo al fiscal de Rosario detenido el martes, Gustavo Ponce Asahad, en una causa que lo investiga por “cohecho pasivo agravado”, “incumplimiento de deberes” y “filtración de datos reservados” y recortarle el sueldo a la mitad. Lo que significa que aún en prisión preventiva Ponce Asahad cobrará el otro 50 por ciento del salario. “Es lo que dice la ley”, se atajó el presidente de la comisión bicameral de Acuerdos que acusó al fiscal, Joaquín Gramajo. “Si hacemos una encuesta entre los doce miembros de la comisión coincidimos en que deberíamos suspenderlo sin goce de haberes, pero tenemos que manejarnos dentro del marco legal. Y la ley dice en forma clara que sólo se lo puede suspender con el 50 por ciento del salario”, se atajó Gramajo. Así que Ponce Asahad seguirá en la plantilla del Ministerio Público aún preso y con medio sueldo, hasta que el plenario de las dos Cámara vote su destitución y lo remueva del cargo.
Ya el sábado, Gramajo se comunicó con el vicepresidente de la comisión de Acuerdos y jefe del bloque de diputados del Frente Progresista, Pablo Farías y con sus colegas los senadores del PJ, Alcides Calvo y Rubén Pirola, para abrirle a Asahad una investigación disciplinaria en la Legislatura, el mismo lunes. Pero tuvieron que esperar 24 horas para hacerlo, porque faltaba una resolución de la auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich.
El martes –casi al mismo tiempo que se realizaba la audiencia imputativa a Ponce Asahad en Rosario- la comisión de Acuerdos le abrió el sumario, designó acusador en la causa al diputado de la UCR, Fabián Bastía, y sacó un dictamen para suspenderlo en el cargo por 180 días y recortarle el sueldo a la mitad, que se votará hoy en la sesión conjunta del Senado y Diputados. El miércoles, la comisión le pidió a la vicegobernadora Alejandra Rodenas que convoque a sesión conjunta de ambas Cámaras. Rodenas tenía 72 horas para hacerlo, pero la convocó en 24 horas.
La premura revela la doble vara de la Legislatura, que hoy suspenderá a Ponce Asahad en un trámite de tres días, a diferencia de lo que ocurrió con el caso Serjal, denunciado por la ex diputada del Frente Progresista Alicia Gutiérrez en noviembre de 2019, pero la investigación nunca avanzó porque la bicameral de Acuerdos la cajoneó durante ocho meses. Esta semana, la comisión cerró el expediente Serjal pero no porque hubiera ventilado su conducta sino porque éste renunció a su doble cargo de fiscal regional de Rosario y fiscal de grado. Gutiérrez recordó en las redes a sus ex colegas que trabaron la investigación a Serjal en noviembre de 2019: los senadores Gramajo, Pirola y Rodrigo Borla y los diputados Julián Galdeano, María Alejandra Vucasovich y Patricia Tepp.
“Mucha hipocresía en las declaraciones de algunos diputados cuyos partidos protegieron a Serjal desde noviembre”, dijo Gutiérrez al publicar una nota de Rosario/12 que cita expresiones del diputado de la UCR y ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. “Basta de cinismo e hipocresía”, volvió a decir ayer la ex legisladora. “Los senadores no tienen cara. ¿Adalides de la transparencia? Hacen declaraciones de un cinismo vergonzoso. Desde hace décadas, son los que ponen jueces, directores de escuelas, directores de hospitales, jefes de Policía. Algunos fueron denunciados y Serjal archivó las denuncias contra ellos”, reveló Gutiérrez.
07 de agosto de 2020
Tres muertos y 141 contagiados
Ayer murieron tres personas confirmadas por coronavirus: uno, de 72 años, oriundo de Casilda y dos Rosario de 80 y 75 años, con múltiples comorbilidades. Trece pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos en tanto se registraron 141 en la provincia (61 en Rosario).
Los casos nuevos corresponden a:
61 de Rosario (26 contactos de casos confirmados y 35 en investigación).
47 de Casilda (5 contactos de casos confirmados, 41 en investigación y 1 notificado en otra jurisdicción, en investigación).
6 de Pujato (en investigación).
5 de Santa Fe (contactos de casos confirmados).
4 de Venado Tuerto (3 en investigación y 1 notificado en otra jurisdicción, en investigación).
4 de San Lorenzo (en investigación).
3 de Helvecia (2 contactos de casos confirmados y 1 en investigación).
2 de Villa Gobernador Gálvez (en investigación).
1 de Santa Isabel (en investigación).
1 de Sanford (en investigación).
1 de San José de la Esquina (en investigación).
1 de Recreo (en investigación).
1 de Puerto General San Martín (en investigación).
1 de Monte Vera (contacto de caso confirmado).
1 de General Lagos (en investigación).
1 de Chabas (en investigación).
El estado pagó defensas en el caso Franco Casco
Asuntos Internos tenía su banca
El Ministerio de Seguridad denunció el uso de fondos públicos para pagar al abogado de policías acusados de encubrimiento
Por José Maggi
Nadia Schujman, de la Agencia de Control Policial, planteó que se usaron fondos reservados
Un millón de pesos de fondos públicos fueron usados entre 2017 y 2018 para pagar la defensa privada de cinco policías de Asuntos Internos acusados de haber encubierto las torturas, muerte y desaparición de Franco Casco ocurrida en 2014 en la comisaría séptima. Esto reza la denuncia presentada por el Ministro de Seguridad Marcelo Sain a través de la abogada Nadia Schujman desde la Agencia de Control Policial. “Los pagos se realizaron con fondos reservados de la Secretaría de Control que estaba a cargo en ese momento de David Rainero, las partidas presupuestarias corresponden al período 2015- 2019 cuando el Ministro de Seguridad era Maximiliano Pullaro. Se verificó que entre octubre de 2017 y septiembre de 2018 hubo un aumento de la partida de Gastos Reservados. Estaba destinada al pago de honorarios de abogados que asistieron legalmente al personal involucrado en el crimen de Franco Casco ocurrida en 2014", remarcó Schujman, quien recordó además que "en la desaparición de Casco existió un complot de policías para ocultar el homicidio en la seccional 7º de Rosario, y Asuntos Internos debió investgar la responsabilidad de los agentes, no encubrirlos y terminar enjuiciados".
Los policías de Asuntos Internos involucrados en el encubrimiento de la desaparición y muerte de caso son: el ex jefe de del área, Anibal Candia y el ex jefe de Investigaciones de esa unidad, Sergio Pieroni (ambos sobreseídos) defendidos primero por José Manuel Alcácer y luego por Paul Krupnik; Pablo Andrés Siscaro ( Alcacer) y Daniel Augusto Escobar, imputados ambos como partícipes secundarios y defendido este último por Krupnik, y Carlos Albertos Ríos (también sobreseído) y defendido por Carlos Varela y Adrian Martínez.
“El accionar desplegado por el abogado José Manuel Alcácer asumiendo la defensa penal de cinco funcionarios policiales pertenecientes a la Dirección de Asuntos Internos es violatorio de la ley provincial de ética en el ejercicio de la función pública"
El personal de Asuntos Internos fue clave para el encubrimiento, adoptando medidas tales como tomar los testimonios de detenidos en la seccional donde mataron a Casco delante de los propios jefes, o falseando el testimonio de un pastor evangelista para difundir la idea de que el muchacho había sido visto con vida, cuando en realidad ya había sido asesinado. Estas hipótesis fueron sostenidas en momento, durante el gobierno de Antonio Bonfatti por el entonces secretario de Control de Fuerzas de Seguridad Ignacio del Vecchio, a la sazón socio de Alcácer. Justamente, este abogado fue asesor político de la Secretaría de Control y luego defensor de cinco policías de Asuntos Internos imputados en la causa. Alcácer fue designado como Asesor Técnico Nivell II en la gestión de Raúl Lamberto en el Ministerio de Seguirdad, a través del decreto 2118 del 14 de julio de 2014, firmado por el entonces gobernador Bonfatti. “El accionar desplegado por el abogado Alcácer asumiendo la defensa penal de cinco funcionarios policiales pertenecientes a la Dirección de Asuntos Internos es violatorio de la ley provincial de ética en el ejercicio de la función pública, dado su desempeño en el área gubernamental bajo cuya órbita se encontraba la Dirección de Asuntos Internos y que tiene –-tal como lo expresa la normativa antes reseñada-– por objetivo fundamental ejercer el control e investigación de casos de apremios ilegales, delitos y corrupción policial”, se señala en la presentación.
En rigor, el abogado cesó en sus funciones en octubre de 2015 dentro del ministerio pero asumió la defensa de los imputados en septiembre de 2017, cuando no había transcurrido el tiempo exigido por la ley. En esa coyuntura, y mientras era funcionario de la Secretaria de Control, el letrado fue el defensor del médico oncólogo Gabriel Zilli, quien fuera condenado por la causa llamada “Narco Arroz” , en donde de le asignó el rol clave en el andamiaje de un cártel de drogas con ramificaciones internacionales. También fue – ya en 2019 – abogado defensor de Luis Paz (padre del “Fantasma”, Martin) procesado por ser considerado jefe de una banda narco, asociación ilícita y lavado de dinero, patrocinio que compartió con su socio Lucas Peirone, quien fuera designado por el Decreto Nro 2839 de fecha 03 de Septiembre de 2015 como asesor nivel II de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia, cargo al que renunció cuando trascendió que había tomado la defensa de Paz. Actualmente es el abogado del capo criminal rosarino Esteban Alvarado, investigado por asesinatos, extorsiones, amenazas, lavado de dinero y narcotráfico, tal como lo publica el portal Zona crítica on line.
Salvador Vera, abogado querellante de la familia de Casco indicó que “el rol de la Agencia de Control era esclarecer el hecho y no negar que Franco había sido detenido. Desde una perspectiva de derechos humanos, los agentes policiales deben ser apartados, los policías siguieron cumpliendo funciones en la misma seccional 7°. La misma comisaría donde agreden a Elina Rivero y la dejaron en coma ocho días” y más adelante afirmó “Institucionalmente el Ministerio de Seguridad debe resguardar los derechos de las víctimas”.
07 de agosto de 2020
Homenaje a las víctimas de la explosión de Salta 2141
Preguntas sobre el memorial
A siete años de la explosión del edificio de calle Salta 2141, las sirenas volvieron a sonar ayer a las 9.38, como recordatorio del momento del estallido que terminó con la vida de 22 personas a las que se rindió un homenaje con distancia social, ante la pandemia. Allí hubo un grupo de familiares, emocionados y decepcionados por la absolución de diez personas en el juicio, que terminó con una única condena al gasista Carlos García, que aquella mañana cambiaba el regulador del gabinete del edificio. Segundos después: la fuga y el desastre. El intendente Pablo Javkin acompañó a los deudos. "Rosario no olvida. Memoria y justicia", escribió en su cuenta de Twitter. La Asociación de Familiares pedirá una reunión con el gobernador Omar Perotti para saber cómo se avanzará con el memorial y la escuela de música, proyectados en el terreno.
El año pasado, once personas llegaron a juicio oral y público, entre ellos personal de la empresa Litoral Gas y los tres titulares de la administración del consorcio. También estuvieron sentados en el banquillo García y su ayudante; además de otro gasista que había trabajado en el lugar unos días antes. Solo García fue encontrado responsable y el fallo fue calificado como "vergonzoso" por los familiares que hablaban, junto a la Fiscalía, de una "cadena de responsabilidades" que provocó el estrago culposo agravado.
A principios de este año, la causa llegó a la Cámara Penal, que en marzo pasado confirmó el fallo de primera instancia y ratificó la condena a García a cuatro años de prisión y las absoluciones del resto. Esta semana, la Alzada rechazó el recurso de inconstitucionalidad que presentó la querella, en representación de la familia de Débora Gianángelo, y adelantaron que irán "en queja" a la Corte provincial por quienes fueron desvinculados.
"Acompañando, como siempre, a los familiares. Sosteniendo este reclamo a pesar de que las respuestas judiciales están lejos de lo que plantearon", dijo Javkin a LT8. "El servicio de gas no ha avanzando con mejoras. No solo en Rosario. Seguimos teniendo falencias. No hubo el cambio radical que se tendría que haber producido. Sin dudas hay una deuda con las víctimas en todo sentido y por eso creo que es importante acompañar el sostenimiento de este reclamo", agregó.
Eleonora López, hermana de Carlos, una de las víctimas, manifestó el dolor y la bronca: "Estamos aplastados por este Poder Judicial", aseguró. La misma sensación "de injusticia" manifestó Anahí, una de las sobrevivientes, que aquella mañana pedía ayuda desde la ventana de su departamento.
Fuente:Rosario12
Caso Franco Casco
Exigen avances en la investigación y castigo a los responsables
07/08/2020
Mediante un comunicado oficial desde la multisectorial plantearon: «Expresamos nuestra preocupación y repudio a los gravísimos hechos denunciados el día de hoy por el ministro de Seguridad Marcelo Saín con el patrocinio de la abogada Nadia Schujman que involucran sucesos políticos institucionales de extrema gravedad referidos a la causa judicial por torturas y desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco».
En ese orden sostienen : «El informe presentado ante la justicia puso en conocimiento dos hechos sumamente graves e intrínsecamente relacionados. En primer lugar, se evidenció la violación de la Ley Provincial Nº 13230, la ley de ética en el ejercicio de la función pública por parte de les abogades defensores de cinco policías de Asuntos Internos imputades en la causa de Franco Casco, José Manuel Alcacer Crosignani y su socio Lucas Peirone, que en el momento en que tomaron la defensa de les imputades en el año 2017, aún no había transcurrido el período de gracia de dos años a partir del cese de funciones públicas. José Manuel Alcacer se había desempeñado como Asistente Técnico Nivel II de la Secretaria de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia (gestión Raúl Lamberto). Dicha área política dependía, nada más y nada menos, que de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia (área que tenía como objetivo principal ejercer el control e investigación de casos de apremios ilegales, delitos y corrupción policial). Mientras que Lucas Peirone se desempeñó como asesor político de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Lo que dio por demostrado, y reseñado en la denuncia no solo la evidente incompatibilidad de funciones por conflicto de intereses, sino también que ambos letrados “tuvieron acceso privilegiado a un cúmulo de información extraordinariamente sensible mientras se desempeñaban como defensores particulares, en la causa penal de Franco Casco”.
Asimismo, el informe relevado y la posterior denuncia, dan cuenta del delito de peculado que sucedió en la gestión del ex ministro de seguridad Maximiliano Pullaro. Durante los meses de octubre del 2017 y septiembre del 2018, desde la misma Dirección de Asuntos Internos el secretario de Control de Fuerzas de Seguridad del Ministerio David Reniero ordenó que se utilizaran fondos públicos (fondos reservados) para la erogación de los honorarios de dichos abogados particulares (Alcacer y Peirone) que defendieron al personal de la ya nombrada Dirección de Asuntos Internos, imputados por encubrimiento, ocultamiento y alteración de pruebas o instrumentos del delito de privación de la libertad seguida de muerte de Franco Casco además de no haber denunciado la perpetración del delito mencionado.
Franco Casco fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte en octubre de 2014. Distintas medidas probatorias llevadas a cabo durante la investigación en la causa judicial permiten afirmar que a Franco lo sometieron a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes en el calabozo de la Comisaría 7ma de Rosario y su cuerpo arrojado al Río Paraná. Los hechos descritos en la denuncia penal del Ministerio de Seguridad no hace más que poner en total evidencia lo que venimos denunciando reiteradamente hace años, la compleja trama de complicidades y participación de los funcionarios públicos que afirman una vez más el encubrimiento estatal sistemático a policías implicados de obstruir la etapa de instrucción, falsear datos y encubrir el delito perpetrado en un caso emblemático de violencia policial en Rosario.
Quema indiscriminada en las islas
“Tenemos que avanzar en una protección integral del ecosistema”
07/08/2020
Este viernes el diputado nacional del Frente de Todos, Germán Martínez indicó que “primera vez pusimos sobre la mesa el tema que tanto nos preocupa a los rosarinos y rosarinas y a los habitantes de la región, en un ámbito de debate nacional”, haciendo referencia a la primera reunión de la Comisión de Recursos Naturales que se llevó a cabo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación y que fuera convocada por el presidente de dicha Comisión,, el diputado Leonardo Grosso.
“Para todos aquellos que en algún momento hemos trabajado en la generación de espacios para que la voz del interior se pueda escuchar en los ámbitos de decisión nacional es un paso importante”, remarcó el legislador en el programa ‘Poné la pava’ que se emite por Radio Rebelde Rosario.
El legislador, que es autor del proyecto que impulsa la creación de una reserva nacional en el territorio de las islas del río Paraná indicó que “vamos a seguir trabajando desde la Comisión con el objetivo de avanzar hacia un proceso de consenso que nos lleve a una ley que claramente proteja los humedales”. Y en ese sentido añadió que “mientras tanto se está haciendo un enorme trabajo interinstitucional para apagar el fuego con casi 105 personas involucradas, y obviamente se están generando todos los caminos institucionales posibles inclusive las presentaciones judiciales para frenar definitivamente los nuevos focos”.
Plan integral para proteger el medio ambiente
Después de varias consultas con organizaciones y especialistas en medio ambiente, Germán Martínez expresó: “Varias de las organizaciones ambientalistas de la ciudad de Rosario recordaban todos los debates que se dieron, por ejemplo, durante la construcción del puente Rosario-Victoria promediando la década de los 90; entonces toda esa experiencia acumulada en la protección de los humedales hay que traerla al debate”.
El diputado nacional también planteo que más allá de la quema indiscriminada que se producen en la actualidad, existen otras problemáticas que habría que abordar para proteger uno de los humedales más importantes a nivel mundial.
“Si hoy se terminaran los incendios continuarán los problemas con las pesca comercial y la caza furtiva; el derrame de combustibles de la embarcaciones, el destino final de los residuos sólidos, la cantidad de terraplenes y canales artificiales que cambian el flujo natural de las aguas. Tenemos un problema ambiental integral de la cual la quema de los pastizales es una sola expresión, no la única”, subrayó Martínez y agregó: “No podemos hacer una legislación contra la quema; tenemos que avanzar en una protección integral de un ecosistema que requiere esa respuesta conjunta”.
En ese sentido el legislador insistió por último con la necesidad de “crear una reserva nacional con una fuerte autoridad de la administración de Parque Nacionales. Independientemente de cual sea la propuesta que salga, me parece que se va avanzando hacia un consenso que permita tener un claro relevamiento de la situación de los humedales, un plan de ordenamiento territorial y obviamente contar con los presupuestos necesarios”.
Acuerdo entre Perotti y Javkin
La Provincia auxiliará financieramente a la municipalidad de Rosario
07/08/2020
El gobernador Omar Perotti y el intendente Pablo Javkin acordaron este jueves la refinanciación de la deuda que la Municipalidad de Rosario tiene con el Gobierno de la provincia. Dicho convenio -que se llevó adelante por pedido del municipio en base a la imposibilidad de hacer frente a los elevados vencimientos de corto plazo-, propone un esquema que garantiza la sustentabilidad de repago de las acreencias.
La deuda, que asciende a un monto total de capital de 1.544 millones de pesos, implicaba compromisos para Rosario por 2.068 millones en los próximos 11 meses. A partir del acuerdo, el municipio recibió una extensión de plazos hasta junio de 2023, y una importante reducción en la tasa de interés.
“Encontramos una forma de resolver una deuda importante de la Municipalidad de Rosario con la provincia de Santa Fe, y lo hemos hecho con diálogo, en el entendimiento de lo difícil del momento para todos, por una situación heredada”, señaló el mandatario provincial.
Y en ese sentido añadió: “Es un momento donde todos tenemos que compartir esfuerzos. La Nación nos ayudó como provincia, y lo que queremos ahora es hacer lo mismo con todos los rosarinos, para generar las condiciones que permitan que el municipio pueda hacer frente y cumplir con las obligaciones sin dejar de prestar servicios, en un momento donde más se necesita la presencia del Estado”.
El gobernador Omar Perotti también subrayó que “este es el compromiso del gobierno de la provincia; garantizar que cada uno de los gobiernos locales pueda estar en pie, necesitamos la mayor fortaleza, y la mejor prestación de los servicios, y sin los recursos esenciales no se puede hacer”.
Finalmente, aseveró: “Seguramente Rosario va a devolver con creces los recursos porque es la locomotora de la provincia, la que empuja, y vamos a salir con toda la fuerza. Esto será una ayuda que volverá y se multiplicará al resto de la provincia. Sentíamos que Rosario lo necesitaba y había que estar acompañando al intendente y esta es la firma de hoy”.
Sanear las cuentas
Por su parte, Javkin indicó que se trata de “un acuerdo muy importante para sanear y ordenar las cuentas del municipio, y dentro de ese proceso, la deuda que el municipio tenía con Santa Fe generaba una carga muy pesada”.
“Hemos trabajado en conjunto con el gobernador, y lo plasmamos en un acuerdo que el municipio va a honrar, pero en condiciones favorable que permita cumplirlo y sostener las responsabilidad y obligaciones”, expresó el intendente de Rosario.
El acuerdo
De esta manera, la Municipalidad deberá hacer frente a un servicio de la deuda mensual de 77 millones de pesos -compatible con la capacidad de pago-, muy por debajo de los 188 millones que debería haber afrontado si seguía con el actual cronograma de cancelación.
Como contrapartida, el municipio deberá seguir remitiendo mensualmente al Ministerio de Economía de Santa Fe información fiscal y financiera, en el marco del decreto N°769/20. Asimismo, según consta en la disposición, deberá realizar todos los esfuerzos para propender al equilibrio presupuestario y, de ese modo, garantizar el pago de las obligaciones.
El ministro de Economía, Walter Agosto; el secretario de Hacienda, German Rollandi; y los secretarios Marcos Corach y José Luis Freyre, del Ministerio de Gestión Pública, trabajaron en la propuesta.
Fuente: Prensa del Gobierno de Santa Fe - Fuente:RedaccionRosario
SESIÓN ESPECIAL
La Legislatura va por la suspensión del fiscal Ponce Asahad
El funcionario quedó en prisión preventiva en la investigación que lo conecta con una red de juego clandestino de la cual habría recibido coimas en dólares
Los 69 legisladores provinciales sesionan este viernes desde las 13 con la intención de solicitar la suspensión por 180 días del fiscal Gustavo Ponce Asahad y una rebaja del 50% en su salario. Aunque no serán tratados otros asuntos, en el debate no faltarán las menciones sobre otros integrantes del Ministerio Público cuyo accionar está en la mira.
La Legislatura cuenta con facultades para dictar sanciones sobre fiscales y defensores que incurran en las denominadas “faltas graves”, en cambio el Ministerio Público de la Acusación (MPA) tiene a su cargo la resolución de las “faltas leves” que contempla una suspensión en el cargo de hasta 60 días. Vale aclarar que para sesionar al respecto en la Legislatura se necesitan ambas Cámaras y el correspondiente quórum, algo que estaría garantizado para este viernes.
Además del caso Ponce Asahad -detenido preventivamente- conocida es la situación de Patricio Serjal. El ahora ex fiscal regional de Rosario ya renunció al cargo y a su condición de fiscal de grado; y el gobernador Omar Perotti aceptó la dimisión. Como ya no pertenece más al sistema judicial, los datos de las investigaciones realizadas por diputados y senadores pasarán al Poder Judicial para que decida en consecuencia.
Por otro lado, y aunque no se tratará este viernes, el senador Alcides Calvo (PJ) pidió agilizar los procesos de investigación que se encuentran en marcha sobre los fiscales Mauro Blanco (Venado Tuerto) y Adrián Spelta (Rosario).
"Se están cumpliendo los pasos para poder emitir dictamen de suspensión, destitución o absolución, nosotros como PJ promovemos la destitución porque creemos que los hechos son tan graves con escuchas y graves denuncias que implican la destitución al cargo”, remarcó el legislador acerca del caso Spelta.
Tiempo atrás, la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa abrió un proceso contra Spelta (titular del área de Homicidios Dolosos del MPA en Rosario) por acordar con la defensa la prisión domiciliaria de Emanuel Sandoval, juzgado por triple tentativa de homicidio en 2017 y asesinado en 2019 en la casa donde cumplía condena.
Fuente:RosarioPlus
Fuente:RosarioPlus
Denuncian que usaron fondos reservados del Estado para pagar a los abogados de policías acusados
La denuncia se presentó en la fiscalía de Delitos Complejos en la ciudad de Santa Fe. Apunta contra dos ex funcionarios y cuestiona la actuación de un abogado que fue asesor del Ministerio de Seguridad y defendió a cinco uniformados de la ex Asuntos Internos en causa por el asesinato de Franco Casco
Uno de los abogados interviniente fue asesor de la cartera de Seguridad un tiempo antes de asumir la defensa y, según una fuente consultada, había contado con acceso a información sensible. Sain pidió que se investigue a el entonces secretario de control del Ministerio David Reniero ya que fue quien dio la orden y el ex director de Asuntos Internos por el delito de peculado.
Al inicio de la gestión del nuevo gobierno provincial se realizó una auditoría en la ex asuntos internos a pedido del gobernador Omar Perotti y del ministro Sain. Una fuente del caso contó que analizaron la situación y después de unos meses de procesar esa información junto a otros elementos que fueron recabando, detectaron que durante aproximadamente un año se aumentó el monto de gastos reservados en la gestión del ex ministro de seguridad Maximiliano Pullaro con el que se pagaron honorarios a la defensa de cinco uniformados de Asuntos Internos que quedaron involucrados en la investigación por la desaparición forzada y tortura seguida de muerte de Franco Casco. Se estima que el monto del dinero llegó al millón de pesos, contó la fuente.
Franco Casco Franco tenía 20 años y vivía en la localidad bonaerense de Florencio Varela, junto a su pareja y su hijo pequeño. A principios de octubre de 2014 viajó a Rosario para visitar a familiares radicados en barrio Empalme Graneros. El 6 de ese mes se dirigió a la estación de trenes para volver a Retiro pero nunca llegó. Había sido trasladado a la comisaría 7ª y nada más se supo de él hasta el 30 de octubre cuando su cuerpo apareció flotando en el río Paraná.
Se inició una investigación penal entre los que quedaron involucrados uniformados de la seccional 7ª. Y por encubrimiento de la desaparición forzada seguida de torturas y muerte, cinco agentes policiales de la ex Asuntos Internos. Los indagaron por ocultar, alterar o hacer desaparecer pruebas o instrumentos del delito cometido contra Casco que fue alojado en la 7ª y no haber denunciado la perpetración del hecho delictivo. Se trató del entonces jefe de la Dirección Aníbal Candia y su segundo Sergio Pieroni.
También los numerarios Pablo Siscaro, Daniel Escobar y Carlos Alberto Ríos. Todos ellos fueron defendidos en un primer momento por el abogado José Alcacer, quien hasta un tiempo antes había sido asesor del Ministerio de Seguridad aunque al momento de asumir la defensa de los uniformados había renunciado a ese cargo, contó una fuente que aseguró que es un hecho gravísimo porque si bien ya no estaba en las filas del ministerio había tenido acceso a información sensible y una persona de su entorno cercano seguía en el Ministerio.
Con el tiempo ingresaron a las defensas otros abogados, a Candia y a Pieroni los defendió Alcacer, luego se sumó Paul Krupnik y ambos fueron sobreseídos. Otro de los que fue sobreseído fue Ríos cuya defensa estuvo a cargo de Carlos Varela y Adrián Martínez. A Escobar lo defiende Krupnik y está a un paso del juicio oral al igual que Pablo Siscaro, cuya defensa sigue a cargo de Alcacer.
El asesor
La denuncia hace hincapié en la situación del defensor particular José Alcacer, quien estuvo designado como asesor en la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, dependencia que abarco la ex Asuntos Internos. Para el denunciante la asunción de las defensas de los uniformados es violatoria de la ley 13230 (ley de ética en el ejercicio de la función pública).
La denuncia resaltó la incompatibilidad prevista en la ley con la representación y ejercicio de la defensa de los acusados que realizaban tareas reguladas por el Estado. Si bien Alcacer cesó en el cargo en octubre de 2015 la ley mantiene la inhabilidades durante los dos años subsiguientes, cuenta el documento.
En cuanto al desembolso de dinero por parte de la cartera de Seguridad, la denuncia aclara que si bien los gastos reservados legalmente no están sujetos a rendición de cuentas ello no significa que puedan destinarse a provecho particular. Sain también pidió una investigación del caso y señaló al entonces secretario de control de Ministerio de Seguridad David Reniero, que según la denuncia fue quién dio la orden y al ex director de Asuntos Internos para que se los investigue por el delito de peculado.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Un médico del Geriátrico
Provincial dio positivo de Covid-19 y aislaron a 29 adultos mayores
Otros dos profesionales se realizaron hisopados porque estaban en contacto estrecho el paciente.
Viernes 07 de Agosto de 2020
Un médico del Geriátrico Provincial dio positivo de coronavirus y dos compañeros se realizaron los hisopados de testeos ya que habían estado en contacto estrecho con el profesional. En tanto, 29 adultos mayores permanecen aislados, pero sin síntomas de la enfermedad.
Así lo consignó esta mañana a La Capital Martín Almirón, director de la institución ubicada en Ayolas 141, en la zona sur de Rosario.
El responsable del hogar de ancianos consignó que el profesional que resultó afectado de Covid-19 “amaneció el miércoles con claros síntomas de la enfermedad y ya se quedó en su casa aislado. Y el hisopado que se hizo el jueves confirmó que presentaba la enfermedad”.
Esa novedad disparó el protocolo de seguridad que rige para la institución donde se alojan 180 adultos mayores. La primera medida fue reforzar el aislamiento de 29 ancianos de las dos salas en las que solía trabajar el profesional.
Además otros dos médicos, contactos estrechos del primero, también se realizaron test y quedaron aislados por prevención.
“Todos los adultos mayores están sin síntomas y más aislados que antes. Ya pasamos por una situación similar y salimos bien. Ahora estamos trabajando para que ocurra lo mismo”, señaló Almirón.
El funcionario se refería al caso de una enfermera del Geriátrico que en abril contrajo la enfermedad, trabajando en un efector privado. “La enfermera había trabajado con todos los equipos de protección y porque actuamos rápido, pudimos evitar los contagios. En el caso del médico hicimos lo mismo, pero esta vez no encontramos el nexo epidemiológico”, agregó.
“Eso quiere decir que hay circulación comunitaria. Por eso le pedimos a la gente que en lo posible se quede en casa y se cuide”, añadió.
La confirmación de un caso de coronavirus en el Geriátrico se da en medio de un rebrote de la enfermedad en la provincia. Ayer se produjeron tres muertos y se registraron 141 contagios en todo el territorio. El número total de enfermos en la provincia es de 1.773.
Fuente:LaCapital
Desde el Concejo de Victoria afirman que no tratarán el pedido de lotear las islas
Lo afirmó la presidenta del Concejo de la ciudad entrerriana, Ana Shutz, en diálogo con Conclusión, a raíz de que una empresa constructora rosarina buscara instalar un proyecto inmobiliario en los humedales.
Ago 7, 2020
Por Guido Brunet
Una empresa de Rosario busca instalar un emprendimiento inmobiliario en las islas frente a la ciudad. Para ello la firma, que también se dedica a la producción ganadera, envió un pedido al Concejo de Victoria para que autorice el loteo.
En el pedido de excepción, que consta de unos 157 lotes, no se encuentra formalmente aclarado el destino que se le dará a la tierra, aunque el titular de la empresa ya lo detalló en diálogo con medios rosarinos.
La finalidad es la construcción de viviendas palafiticas (sobre pilares en el agua), que, según la constructora Carolina S.A., no interrumpirán el curso natural de agua. Tampoco se necesitarán terraplenes ni otra obra que viole la naturaleza.
En diálogo con Conclusión, la viceintendenta y presidenta del Concejo de Victoria, Ana Schutz manifestó: “En este momento en el que el tema está tan álgido, cuando se están quemando nuestras islas, consideramos inoportuna su presentación. Pensar en lotear las islas creemos que es un poco agresivo en este momento. Es un tema muy sensible que nos está tocando muy de cerca, como los incendios en los lugares que ahora precisamente se quieren lotear”.
“El proyecto ingresó como cualquier otro pedido, no se cercena ningún pedido. Nosotros lo que hacemos es darle ingreso y derivarlo a los comisiones correspondientes. La empresa argumenta que en este momento no es productiva la ganadería y quiere enfocar en otro tipo de actividad más rentable”.
El pedido fue presentado hace tres años pero perdió estado parlamentario, por lo tanto la empresa volvió a ingresar la solicitud en esta semana. “En su momento no se trató, y creo que este nuevo pedido tampoco va a ser considerado hasta que no haya ley que establezca el uso sustentable que se le va a dar a nuestros humedales. Para eso están trabajando legisladores provinciales, gobierno de la provincia y el departamento ejecutivo y legislativo de Victoria, para buscar la compatibilidad entre el hombre y la naturaleza, no prohibir las actividades, sino permitir las que no perjudiquen al ecosistema”.
Además, aseguró: “Nosotros no vamos a tomar con liviandad este tema, cuando se piden excepciones, se investiga cuál es el trasfondo porque sería muy irresponsable de nuestra parte tratarlo por encima y no ver qué hay detrás”.
INOPORTUNO
Desde hace meses la zona del Gran Rosario sufre el humo que proviene de las islas de Entre Ríos. La causa son las quemas de pastizales para acondicionar el terreno para la cría y el engorde de ganado.
El subsecretario de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Nación, Gabriel Gasparutti, estimó que ya se incendiaron más de 100 mil hectáreas en pocos meses. Y en las últimas 24 horas, bomberos sofocaron 19 incendios en Santa Fe y fueron detenidas nueve personas.
La viceintendenta de la localidad entrerriana enfatizó que “sería irresponsable de nuestra parte abordar este tema, en este momento ni en otros. Creo que va a tener que pasar bastante tiempo, incluso hasta puede perder estado parlamentario nuevamente».
“Tratar este tema en este contexto sería una bofetada teniendo en cuenta esta destrucción de la que estamos siendo testigos como ciudad y Nación. Estamos viendo lo que llaman ecocidio, estamos muy preocupados y trabajando para poder terminar con esta situación”, ponderó Schutz.
Por su parte, Esteban Hernández, titular de Carolina S.A., en entrevista con La Ocho aseguró que el emprendimiento inmobiliario tiene en cuenta el desarrollo sustentable y que necesita la ordenanza para escriturar. “No tenemos nada que ocultar”, afirmó a ese medio.
Hernández agregó que “necesitamos el plan Piecas, con una normativa clara, trabajar con buenas prácticas. Sin la ordenanza no podemos escriturar”.
PIECAS
El Piecas (Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná) es un instrumento a nivel nacional que existe hace varios años y que, a partir del reclamo de las ONGs ambientalistas de la región y como respuesta a los numerosos incendios en la zona del Delta del Paraná, se ha reactivado en el último mes para elaborar y poner en marcha estrategias para proteger los humedales.
De las reuniones del Plan han participado representantes nacionales y provinciales de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, pero no han sido convocadas autoridades municipales de nuestra ciudad.
En este sentido, el proyecto establece que el Municipio gestione su participación, a fin de ser parte de la puesta en funcionamiento del Plan “por considerar que su población se encuentra directamente afectada en la salud, porque nuestra ciudad tiene jurisdicción sobre las islas y porque como ciudadanos y ciudadanas tenemos particular interés en que el ecosistema del humedal reciba la suficiente protección”.
El mismo Piecas establece que debe elaborarse “con la intervención de todos los actores locales, quienes tienen la experiencia y sufren las consecuencias de las acciones y de la falta de medidas adecuadas de manejo” y en este sentido, la concejala Rueda consideró fundamental que Rosario tenga su representación en este organismo.
SESIÓN TRUNCA EN LAS ISLAS
Los concejales de la ciudad de Rosario planearon una sesión especial en las islas para abordar esta temática. El encuentro estaba previsto en la escuela Marcos Sastre de la isla El Espinillo, pero no pudo concretarse debido a que los ediles no pudieron cruzar a los humedales, ya que la navegación se suspendió por los fuertes vientos que azotaron la zona. Por esto, la sesión quedó pactada para el martes próximo.
Sobre la sesión rosarina prevista en Victoria, Schutz comentó “estamos esperando la concreción de esta reunión”. Al dialogar con la presidenta del Concejo de Rosario, María Eugenia Schmuck, la legisladora victoriense le expresó que “propuse tener un acercamiento, que podría ser virtual, entre ambos concejos y debatir este tema que nos preocupa enormemente. Tenemos que encontrar canales comúnes de comunicación y trabajo en conjunto para poder llegar a resolver este tema”.
Además, contó que se realizaron distintas acciones con el fin de avanzar en acuerdos y soluciones frente al conflicto de las quemas, como dos jornadas llevadas adelante en el Concejo de Victoria el 30 y 31 de julio, en la que participaron autoridades provinciales, Plan de Manejo del Fuego, Defensa Civil.
Finalmente, en cuanto al pedido de loteo en las islas, cerró: “Nadie más que nosotros, que somos los dueños de ese territorio estamos interesados en que esto se termine de una vez por todas"
Fuente:Conclusion 
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