Pidió a sus funcionarios que "multipliquen por 33" las tarifas, aunque el ajuste por el marco regulatorio era muy inferior
Denuncian a Aranguren por aumentos desmedidos en las tarifas de gas
La denuncia fue presentada por el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, con elementos que probarían "la arbitrariedad" del ajuste con que se pretendió imponerle a los usuarios un sobrecosto a pagar en los siguientes cinco años.
Por Raúl Dellatorre
Imagen: NA
El supuesto "sinceramiento" de tarifas del gas por redes que le concedió el macrismo a las concesionarias del servicio introdujo sobreprecios del 900 por ciento, incluso sobre lo que hubiera resultado de reconocerle a las empresas contratistas las tarifas dolarizadas. Así lo manifiesta la ampliación de denuncia que presentó el actual interventor del Enargas, Federico Bernal, contra Juan José Aranguren, ex ministro de Energía de Mauricio Macri, y otros funcionarios de su área responsables de aquella negociación de fines de 2016, que derivó en un ajuste del 3300 por ciento en las tarifas (factor de ajuste 33, en los términos del acuerdo), contra el 2400 por ciento (factor 24) que hubiera resultado "de haberse ajustado al ritmo del dólar". La denuncia de Bernal incluye el intercambio de e-mails entre funcionarios, e incluso una presentación pública del subsecretario Andrés Chambouleyron, en los que se reconoce que el "objetivo" era llegar a ese factor de ajuste 33 para conformar a las concesionarias y que desistieran de "llevar reclamos de indemnizaciones al CIADI", organismo de solución de controversias sobre inversiones del Banco Mundial. Con ese argumento, el ministerio de Energía del ex Shell Aranguren sobreestimó el ajuste de tarifas con un "premio" o adicional que hubiera representado, en los cinco años de aplicación de los contratos renegociados (con transportistas y distribuidoras) un sobrecosto en las tarifas a pagar por los usuarios equivalente a 1343 millones de dólares, entre 2017 y 2021 inclusive, según la denuncia presentada este martes en tribunales federales.
"El factor de actualización de las tarifas fue totalmente arbitrario, con la consecuencia de sobreprecios escandalosos en las facturas de gas", relató Bernal ante la consulta de Página/12. "Los funcionarios que participaron, del Ministerio de Energía y del Enargas, con sus autoridades del año 2016, asumieron que todos los concesionarios del transporte y la distribución iban a efectuar el reclamo por tarifas ante el CIADI, cuando hasta ese momento no se habia presentado ningún reclamo, y que además se iban a perder todos estos litigios. Entonces vuelcan esa pérdida a la tarifa, haciéndole pagar a las y los usuarios en forma arbitraria el costo de juicios hipotéticos", completó el actual interventor del Enargas.
Bernal recordó que "este argumento falaz, de justificar la manipulación de los ajustes de tarifas a través de la supuesta renuncia de las empresas, o sus accionistas, a reclamar indemnizaciones por perjuicios, es casí idéntico al utilizado en la Causa Peajes".
"Al incluirle los montos por eventuales reclamos en la tarifa, se le garantizó a los dueños de las empresas concesionarias el 100% de recupero, vía tarifas, de algo que ni siquiera habían reclamado formalmente; no correspondía que los funcionarios reconocieran esa deuda, no correspondía su inclusión en las tarifas. Tampoco correspondía incluir renuncias a eventuales reclamos ante el CIADI en el cálculo de actualización de la tarifa ni el entonces interventor del Enargas estaba autorizado a evaluar costos de juicios para hacérselos pagar a los usuarios y las usuarias de gas, sea de la forma que sea", expuso Bernal.
En función de todas estas irregularidades, presentó la denuncia contra los por entonces ministro Aranguren, el subsecretario Andrés Cambouleyrón, el director de Política Tarifaria Andrés Ferraris, la directora técnica del Indec Graciela Bevacqua, y el titular del Enargas David Tezanos, entre otros. Los cargos que le imputa son: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, y administración fraudulenta.
Si bien los aumentos que por entonces resolvieron las autoridades del Ministerio de Energía y el Enargas no llegaron a aplicarse plenamente, porque fueron cuestionados en la justicia y polìticamente le resultó imposible al macrismo sostenerlos más acá de 2018, el volumen de ingresos adicionales que le hubiera significado a las empresas ascendería al equivalente a 1343 millones de dólares.
De cualquier modo, Bernal aclaró que la denuncia está orientada a las autoridades nacionales por las graves irregularidades en el desempeño de su función pero no contra las empresas. "En este caso, consideramos que las empresas fueron víctimas de las violaciones al marco regulatorio por parte de las autoridades", señaló.
El factor 33
Entre la documentación presentada ante el Juzgado Federal número 9, figura una cantidad de correos electrónicos de los últimos meses de 2016 principalmente, en los que aparece reiteradamente la mención al objetivo de alcanzar "un factor de actualización de la base tarifaria de 33", esto es, multiplicar por esa cifra la tarifa hasta entonces vigente para establecer el nuevo precio del servicio de gas por redes.
El argumento era que, por aplicación de los índices previstos en el marco regulatorio, el factor de actualización resultante era de 24, pero había que llevarlo a 33 para conformar, supuestamente, una pretensión de las empresas, una suerte de compensación por ajustes anteriores no acordados, que sólo aparece en las expresiones de los propios funcionarios.
Un documento presentado por Chambouleyrón en aquel momento, en una exposición oficial que hizo a través de power points parece dejar a las claras que, primero estuvo el objetivo de saltar de la actualización por 24 a la de 33. Luego, se encontraría la excusa. El cuadro que presenta expone los resultados del ajuste de tarifa por factor 24, aplicando los índices previstos en el marco regulatorio, y luego los resultados por aplicación de un factor 33 (?). Cierra el cuadro indicando: "diferencia x33 versus x24 igual a Pago implícito por reclamos históricos".
La arbitrariedad, o no, en la determinación del factor 33, que aumentaba en nueve veces el valor de las tarifas sobre un tarifazo que ya lo elevaba en 24 veces, será la cuestión a investigar por la Justicia.
19 de agosto de 2020
La investigación de los créditos irregulares
Caso Vicentin: González Fraga sin secretos por la estafa al Banco Nación
El juez Ercolini ordenó levantar secretos fiscal, bursatil y bancario al ex titular del Banco Nación y a directivos de Vicentin. También dispuso la inhibición general de bienes a Algodonera Avellaneda, la otra firma clave del grupo.
Por Sebastián Cazón
Imagen: NA
El juez federal Julián Ercolini resolvió levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario del expresidente del Banco Nación Javier González Fraga y de otras 24 personas investigadas en la causa penal por los créditos irregulares otorgados a Vicentin durante el gobierno de Mauricio Macri. En la resolución, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes a la Algodonera Avellaneda, aunque evitó aplicar la misma medida para los bienes de Vicentin SAIC y de los empresarios y funcionarios investigados.
Las disposiciones responden a un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y buscan analizar la "posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina".
Según se desprende del expediente, esa operación "permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos", que actualmente "serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos " y a la espera de un concurso preventivo.
Por esta razón, se decidió levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario de González Fraga y de otras 24 personas, entre las que se encuentran el exvicepresidente del Banco Nación Lucas Llach, los directivos de Vicentin Máximo Padoan y Sergio Vicentin y de un conjunto de empresas vinculadas al Grupo, entre ellas Renova, que ocupa uno de los capítulos claves de la investigación.
"Al levantar el secreto fiscal, bursátil y financiero, Pollicita tiene la posibilidad de seguir el trayecto de los casi 800 millones de dólares que ingresaron en la cuenta de Vicentin de la sucursal Reconquista, que actuaba en garantía del crédito otorgado", explicó a Página/12 Claudio Lozano, director del Banco Nación.
La gran incógnita a dilucidar en la causa es hacia dónde llevó Vicentin ese dinero, que era más del doble del crédito que había recibido hasta ese momento, y que llamativamente ingresó entre agosto y diciembre de 2019, cuando el gobierno de Macri ya estaba en retirada. Vicentin, detalló Lozano, "estaba obligado a tomar esos dólares y utilizarlos para cancelar los vencimientos que tenía que asumir. Sin embargo, hubo un pedido de la empresa a las autoridades del Banco Nación para poder transferir esos fondos a cuentas de libre disponibilidad. Lo que le interesa al fiscal es ver qué pasó con ese dinero y a qué cuentas fue".
Además de la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda S.A., Ercolini prohibió la modificación de la composición accionaria de la empresa sin notificarlo a las autoridades correspondientes. No obstante, a pesar del pedido de Pollicita, el magistrado prefirió no inhibir los bienes de Vicentin SAIC, la empresa madre, ni de las 26 personas (directivos de la empresa y funcionarios) que intervinieron en las operaciones investigadas, al considerar que están bajo "control" del juez de Reconquista Fabián Lorenzini, quien interviene en el concurso de acreedores del Grupo.
"La definición de Ercolini pasa por alto las características que tiene el concurso, en donde existe una actitud de fuerte parcialidad en favor de Vicentin", sostuvo Lozano y agregó: "le ha permitido mantenerse en una situacion de absoluta irregularidad, en el sentido de que no ha presentado el balance correspondiente del año 2019 y que le ha dado 40 días hábiles más para presentarlo. El juez hace de cuenta que el concurso funciona de manera normal, cuando en verdad no lo es".
La causa que llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita aún se encuentra en una fase inicial. González Fraga y los directivos de Vicentin Máximo Padoan y Gustavo Nardelli están imputados desde febrero. Sin embargo, aún no fueron citados a prestar declaración indagatoria.
De acuerdo al fiscal Pollicita, existen elementos probatorio para “sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria".
Para ello, los funcionarios "otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba".
"Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga, no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en septiembre de 2019, sino que también fue replicado en noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco", señala Pollicita.
19 de agosto de 2020
Darío Nieto fue imputado por espiar a CFK y Larreta entre otros
Espionaje ilegal: piden la indagatoria del secretario privado de Macri
Los fiscales le pidieron al nuevo juez de la causa, Juan Pablo Augé, la imputación de los implicados en la banda que espiaba a políticos, empresarios y periodistas durante el macrismo, empezando por el colaborador de Macri y la cúpula de la AFI durante su gobierno.
Por Raúl Kollmann y Irina Hauser
Mauricio Macri y su secretario Darío Nieto.
Los fiscales federales Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide le pidieron al juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, que cite a prestar declaración indagatoria al secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que vuelvan a declarar los dos ex titulares de la AFI, la funcionaria de Casa Rosada Susana Martinengo, los directores de la central de espías, Diego Dalmau Pereira y Darío Ruíz, y 15 agentes del grupo conocido como Super Mario Bros. Se los acusa de conformar una organización que se dedicó al espionaje político durante el macrismo, con los titulares y directores de la AFI como jefes de la asociación ilícita y los agentes como integrantes. En el escrito figura un párrafo recuperado del celular de Nieto y que éste borró: "Me llamó Cristian (por Ritondo). Dice que hace falta un relato. Que estos tipos (los espías) estuvieron en la Metropolitana. Nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo. Lo que falta es un relato y una historia coherente de todo".
Según el texto de los fiscales, la banda espió a una increíble cantidad de dirigentes, empezando por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero pasando por el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, su segundo, Diego Santilli, el obispo Jorge Lugones, los periodistas Hugo Alconada Mon y Rodis Recalt; el camionero Hugo Moyano y su hijo Pablo; el ex intendente de La Plata Pablo Bruera; el actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi; un largo listado de dirigentes de Cambiemos encabezados por Emilio Monzó y Nicolás Massot, la hermana de Macri, Florencia, y su pareja Salvatore Pica, la diputada Graciela Caamaño y un listado total que reúne a 26 víctimas. Un dato novedoso es que los fiscales consignan que se espió a la comunidad mapuche, algo que no se conocía hasta ahora. La organización se centró en espiar al representante Gabriel Rolando Cherqui.
El pedido de indagatoria roza a Macri de forma categórica. En primer lugar porque figura su secretario Darío Nieto. Los fiscales dicen que la organización juntaba información "y era transmitida a un superior, en este caso el secretario Darío Nieto". Es cierto que la acusación es que Susana Martinengo quería armar su candidatura a diputada en La Matanza y que por eso se reunía con Nieto, además del Rafa Di Zeo y Alejandro Finocchiaro, ex ministro y candidato de Cambiemos en ese distrito. Pero, además, Martinengo afirma en varios audios que le entregó a Nieto informes de espionaje político hechos por el grupo de agentes Super Mario Bros sobre la situación en el conurbano y los líderes de la oposición en ese conglomerado. Lo trascendente del escrito de los fiscales es que sostienen que en el block de notas de Nieto quedaron registros de los diálogos con Martinengo y la constancia de que sabía que los informes tenían fuente ilegal. Pese a todo, como ya consignó PáginaI12, el papel que se le asigna a Nieto y Martinengo no es determinante.
Otro aspecto que roza a Macri es el espionaje a su hermana Florencia y a su pareja. Resulta difícil de explicar que alguien pudiera tener interés en espiar a Florencia y Sica si no es por alguna interna familiar, porque de lo contrario se le hubiera notificado a Florencia y se hubiera dispuesto un refuerzo de la custodia. Es más, las versiones sobre espionaje fueron cambiando. En algún momento se dijo que Pica podía estar involucrado en contrabando, después en narcotráfico, pero lo cierto es que el cuñado presidencial trabajaba en dos empresas del Grupo Macri. Según el texto de los fiscales, la operación de espionaje, realizada desde una casa vecina, fue ordenada por la cúpula de la AFI, es decir Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y por el director Alan Ruíz.
En este mismo mes de agosto, las ex cabezas de la central de espías ya fueron procesados por el espionaje al Instituto Patria, pero el actual expediente es muchísimo más amplio. Respecto de CFK incluye las operaciones que se hicieron sobre el departamento de Juncal y Uruguay, donde vive la vicepresidenta. Y, por supuesto, se suma el espionaje a las 26 víctimas, entre dirigentes del peronismo, de Cambiemos y líderes sociales. O sea que los ex titulares de la AFI tendrán que ampliar ahora su declaración. Todo indica que alternarán entre que parte de las operaciones fueron permitidas por el otro juez de Lomas, Federico Villena, y otra parte de las operaciones se hicieron sin su conocimiento ni consentimiento.
El espionaje a la comunidad mapuche es delirante. Parte de recortes que mencionan un conflicto con YPF en Neuquén pero luego asocian que hay una especie de contubernio entre la comunidad mapuche y Milagro Salas (sic) porque tienen la misma abogada, Elizabeth Gómez Alcorta, la actual ministra de las Mujeres, Género y Diversidad. En el texto de Incardona y Eyerhabide se hace mención a que la organización confeccionaba informes sobre los mapuches, sobre Facundo Jones Huala, los choques con YPF y las versiones sobre la existencia del RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y todo se le envió a Martinengo "porque al 1 le interesan". Esto también roza a Mauricio Macri.
A lo largo de todo el pedido de indagatoria se exhiben las fotos encontradas en los celulares del grupo de agentes, en especial del teléfono de Leandro Araque. Se ven fotos del edificio en el que vive CFK, tomas en movilizaciones, la casa de Florencia Macri, la moto de Pica, al periodista Recalt jugando al básquet en el club Pedro Echagüe, el domicilio de Emilio Monzó y el auto en el que se movía; fotos de Nicolás Massot, en el edificio en el que vive y llegando al Congreso, fotos del camarista Martín Irurzun, domicilios de Alconada Mon y muchísimas otras evidencias del espionaje. Sobre todo esto tendrán que responder los 21 imputados si es que el juez Auge le da el visto bueno a lo que piden los fiscales, lo que es muy probable.
19 de agosto de 2020
Suspenden a poco más de 4500 personas que compraban el cupo 200 dólares para otras
Dólar: el Banco Central avanza sobre los coleros virtuales
El Banco Central suspendió para operar en el mercado de cambio a poco más de 4500 personas, como parte de la investigación para detectar “coleros virtuales”, o a aquellas personas que compran a su nombre los 200 mensuales autorizados por vía electrónica pero que en realidad pertenecen a otra persona.
El dólar contado con liquidación se ubicó en 129,06 pesos y marcó una suba de 1,8 por ciento
El Banco Central suspendió para operar en el mercado de cambio a poco más de 4500 personas, como parte de la investigación para detectar “coleros virtuales”, o a aquellas personas que compran a su nombre los 200 mensuales autorizados por vía electrónica pero que en realidad pertenecen a otra persona.
En tanto, la volatilidad del dólar financiero continuó presionando en el mercado cambiario en el inicio de la semana. Este martes -luego del feriado del lunes- el precio del dólar contado con liquidación se ubicó en 129,06 pesos y marcó una suba de 1,8 por ciento. El dólar bolsa terminó en 125,69 pesos y aumentó al 1,2 por ciento. La cotización del paralelo se mantuvo sin cambios en 132 pesos.
El Central estableció que los bancos o agencias de cambio no podrán volver a venderles dólares a esa personas observadas sin previa autorización, lo que en la práctica los inhabilita para operar.
A la vez, el BC adquirió 30 millones de dólares por compras en el mercado de cambios y pudo sumar divisas a las reservas internacionales. El dólar oficial finalizó en 77,54 pesos y anotó un alza de 15 centavos. El mayorista avanzó 24 centavos hasta 73,40 pesos. El dólar ahorro –con el recargo del 30 por ciento de impuestos- terminó en 100,80 pesos.
La lista completa de cuentas bloqueadas por el Banco Central
Dólar barbijo
En los últimos días circularon distintas versiones sobre la posibilidad de un cambio en el esquema de controles cambiarios. Desde un recorte de los cupos de compra para ahorro minorista (que actualmente se ubican en 200 dólares por persona) hasta nuevas restricciones para importadores que especulan con el acceso al tipo de cambio comercial.
En el mercado trascendieron las operatorias de algunas empresas que empezaron a aprovechar las facilidades de traer del exterior bienes importados para salud y sobrefacturaron compras con el objetivo de hacerse de más divisas al tipo de cambio oficial. Los financistas lo llaman el dólar barbijo.
Entre los analistas del mercado también mencionan que el final de la época de liquidación de la cosecha gruesa es otro elemento que genera presión en el mercado cambiario y aceleró en lo que va de agosto la venta de reservas del Banco Central. La autoridad monetaria intervino en las primeras dos semanas del mes con 477 millones de dólares, según el analista Gustavo Ber.
Reservas
Las reservas internacionales se ubicaron este martes en 43.161 millones de dólares. Se trata de un monto que es 1528 millones de dólares inferior al registrado el último día hábil de diciembre pasado.
La estabilidad de las reservas es una de las prioridades del Gobierno. Por ello en el equipo económico no sólo evalúan nuevas medidas sino que avanzaron con distintos instrumentos en los últimos meses para contener la especulación del mercado y moderar las presiones en las reservas de la autoridad monetaria.
Entre el Banco Central, la AFIP, la CNV y la UIF se lanzaron distintas medidas para cortar los puntos de contacto entre el mercado cambiario y la bolsa (donde opera el dólar financiero), limitar el uso de los créditos subsidiados para la compra de divisas oficiales y fortalecer regulaciones para frenar las maniobras de importadores.
Acciones y bonos
La bolsa porteña registró su peor caída diaria en dos meses. Se trató de un retroceso de 4,2 por ciento. Las acciones locales replicaron la tendencia de caída que tuvieron las empresas argentinas en Nueva York el lunes (cuando hubo feriado en Argentina y no se hicieron operaciones en la bolsa local).
Las pérdidas más fuertes de la jornada fueron de Central Puerto (-6,9 por ciento); Banco Francés (-6,6 por ciento); y Banco Macro (-5,6). Cresud fue la única empresas con una suba de 3,8 por ciento.
Los bonos en moneda extranjera también marcaron bajas de hasta 2,0 por ciento. El riesgo país se ubicó en 2143 puntos y subió una unidad. El Gobierno presentó esta semana ante la SEC la revisión de la oferta del canje. Se trata del último paso formal para avanzar en la reestructuración con los acreedores internacionales.
Los inversores locales e internacionales –pese a la volatilidad financiera de las últimas jornadas- aseguran que la Argentina se encuentra en una mejor posición tras el acuerdo con los bonistas internacionales. Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, mencionó que con una tasa de salida del 10 por ciento el riesgo país bajará a los 900 puntos básicos.
19 de agosto de 2020
Rige desde la 0 hora del miércoles. Las otras marcas la seguirán
YPF aumentó las naftas 4,5%
Según la empresa, es una decisión “en pos de avanzar en objetivos de producción” y “recomponer asimetrías históricas” entre Capital y el Interior.
Imagen: Sandra Cartasso
Luego de semanas de debates en el Gobierno sobre la necesidad de conceder subas en los combustibles, se oficializó un alza promedio del 4,5%. YPF fue la primera en anunciar un alza que regirá desde las cero horas de este miércoles y que tendrá al resto de las firmas del sector siguiendo el mismo sendero.
"Esta decisión se da en pos de avanzar con los objetivos de producción de la compañía teniendo en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país", expresaron desde la petrolera de bandera. Y agregaron además que "la actualización de precios tendrá en esta oportunidad, como en el futuro, el objetivo de recomponer asimetrías históricas a nivel federal, recortando brechas entre la Capital Federal y el interior del país. A modo de ejemplo, una vez calculados los costos logísticos, la provincia de Jujuy esta hoy en un +7% con respecto a la capital del país".
La propuesta de YPF, explicaron, sostiene el descuento al personal de salud del 15%, "el cual es un colectivo muy sensible de unas 100.000 personas que se encuentran adheridas al programa de YPF".
Las discusiones puertas adentro del Gobierno sobre las subas de combustibles se daban en el marco de una tensión lógica entre la necesidad de una adecuación luego de un período de congelamiento y el posible impacto del alza de las naftas en la inflación general, teniendo en cuenta la repercusión sobre toda la cadena logística de productos. En las útlimas horas, justamente, el INDEC dio a conocer el alza en precios mayoristas de Julio, con una suba del 3,5%.
De hecho, según fuentes de las negociaciones, buena parte de las firmas del sector había sugerido que era conveniente un alza promedio del 10%.
19 de agosto de 2020
Las modificaciones que estudia el oficialismo.
La reforma judicial avanza con cambios en el Senado
El oficialismo, que aceptó modificaciones, buscará emitir dictamen este miércoles para dejar al proyecto en condiciones de ser tratado por el pleno la próxima semana.
Fernández Sagasti, una de las senadoras que defendió el proyecto en las audiencias.
Imagen: Prensa Senado
Imagen: Prensa Senado
La reforma judicial avanza a paso firme en el Senado, a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio . Este martes terminaron las audiencias públicas en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado, con la participación de 16 especialistas en la materia. El oficialismo prevé firmar este miércoles el dictamen y llevar el tema al recinto el próximo jueves 27 de agosto.
La presidenta del plenario de comisiones, María de los Ángeles Sacnun, adelantó a Página/12: "Vamos a introducir modificaciones, tal como lo planteó el Presidente, en función de las posiciones que se escucharon de los senadores". "Es muy importante para recuperar la independencia del Poder Judicial, romper con la concertación que restringe o perjudica el pleno ejercicio de las garantías de toda la ciudadanía", agregó.
En cuanto a las modificaciones del texto que el gobierno presentó en la Cámara alta el pasado 29 de julio, fuentes parlamentarias detallaron a este diario que hay varias que ya están confirmadas y algunas que se cerrarán pocas horas antes de la firma. Entre las ya acordadas está la modificación del tratamiento de los delitos de lesa humanidad, luego de que expusieran distintos abogados especialistas en el tema (ver aparte). A su vez, se incorporarán artículos sobre el fuero contencioso administrativo y se mantendrán de forma anónima y escrita los concursos, y en función del puntaje se pasará al oral. En tanto, queda por definir la la creación y distribución de los nuevos juzgados y fiscalías en el interior del país.
Hasta ayer, desde Juntos por el Cambio no habían presentado ninguna modificación al proyecto: solo se limitaron a rechazarlo, incluso, antes de leerlo. Igualmente, la senadora por Córdoba Laura Rodríguez Machado (PRO) consultó hasta cuándo era el plazo para mandar las modificaciones. Ante esto, Sacnun contestó: "Luis Naidenoff (jefe del interbloque de JpC) me dijo que no tenían intenciones de elevar ningún tipo de modificación", y dejó en evidencia la negativa del macrismo a abordar el tema, incluso puertas adentro de su bloque.
En la quinta y última reunión informativa sobre la reforma judicial, participaron magistrados, letrados y expertos en la materia. En primer lugar lo hizo el fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, que rechazó la "inconstitucionalidad" del proyecto, y señaló que "no es una reforma", ya que “la verdadera reforma está iniciada con el Código Procesal Federal”. Además, sostuvo que la iniciativa busca "terminar con la acumulación de poder en pocas manos". "Entiendo que se trata de solucionar un problema, porque el poder absoluto corrompe, y ahí está el nudo de la cuestión", subrayó.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Máximo Fonrouge, opinó, en la misma línea que el macrismo, que esta ley es "inoportuna" y que "sin consensos carecerá de legitimidad". "Se está haciendo una reforma considerando el funcionamiento de la justicia penal federal. Pero no podemos hacer leyes por personas que influyen en la Justicia. La ley tiene que ir más allá", agregó.
A su turno, la ex jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Lucila Larrandart, cuestionó el "nivel de arbitrariedad" y "falta de justicia" que se vive en Comodoro Py. Por otro lado, destacó el rol del Congreso en esta discusión. Respecto al Poder Judicial, subrayó que "nunca tuvo tan deteriorada la imagen ante la población, pero le corresponde al Poder Legislativo discutir en serio un cambio. Solo el Congreso puede determinarlo", insistió.
Las comisiones volverán a reunirse mañana a las 16 para terminar de definir los cambios al proyecto y firmar el dictamen. En el Senado, el oficialismo cuenta con las voluntades necesarias para aprobar sin demasiados compromisos la reforma de la justicia federal. El punto caliente para el Frente de Todos está en Diputados, donde tendrán que acordar con algunos sectores de la oposición para convertir al proyecto en ley.
Informe: Antonio Riccobene
19 de agosto de 2020
También invita a opinar a funcionarios de otras áreas judiciales
Reforma judicial: El consejo de asesores convoca a los jueces de la Corte
La comisión asesora del Presidente para proponer reformas a la Justicia se reunió por tercera vez y decidió convocar para los próximos encuentros a los jueces de la Corte Suprema, al procurador interino Eduardo Casal y a miembros del Consejo de la Magistratura, entre otros, para conocer sus opiniones.
Por Irina Hauser
Imagen: NA
La Comisión Asesora que designó Alberto Fernádez para complementar la reforma judicial tuvo su tercera reunión por Zoom y decidió convocar para próximos encuentros a los jueces y la jueza de la Corte Suprema, al procurador interino Eduardo Casal, a la defensora general de la Nación, a integrantes del Consejo de la Magistratura, a organizaciones no gubernamentales del ámbito del Derecho y sindicatos para conocer sus pareceres sobre las posibles transformaciones que se analizan en cada uno de los ámbitos. La invitación a los supremos, en realidad, los juristas pidieron que la formalice el propio Presidente, más aún teniendo en cuenta que entre todo el abanico de temas y problemáticas que analizarán una es --aunque no la única ni central-- el número de integrantes del maximo tribunal.
El primer encuentro de los expertos fue para cuestiones organizativas pero ya el sábado último comenzaron a analizar un tema crucial: ¿Está bien que el/la procurador/a pueda mantener su cargo hasta los 75 años (como los cortesanos)? ¿O debería tener un mandato acotado? ¿Habría que sustituir la exigencia de dos tercios de los votos del Senado por una mayoría simple para elegir a ese jefe/a de fiscales y fiscalas? El asunto es más espinoso todavía teniendo en cuenta que está pendiente la discusión del pliego de Daniel Rafecas, elevado por el Poder Ejecutivo para ocupar ese cargo, pero que hasta ahora no conseguiría la mayoría necesaria para ser nombrado, al tiempo que la reforma judicial apunta arraigar el sistema acusatorio, que precisamente dará protagonismo a las fiscalías, entre otras tantas cosas.
Las posiciones son variadas entre los expertos, aunque no todos han blanqueado frente al resto su postura. Algunos dicen que ya han escrito sobre eso la cuestión del ministerio público, y no tienen problema en explicarlo, como el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que es partidario de sostener la mayoría agravada y la duración en el cargo hasta los 75 años o remoción por juicio político. Pero dentro del equipo, donde todo es muy cordial al momento de los encuentros remotos, también hubo algunos enojos porque se filtraron a ciertos medios versiones sobre los contenidos de las deliberaciones. Algunos de los juristas no son partidarios de que se conozcan sus deliberaciones. Tampoco es que han discutido demasiado hasta ahora, más bien han armado agenda. Pero, por ejemplo, uno de los trascendidos hablaba que una mayoría de los miembros está favor de agrandar la Corte Suprema.
En la última reunión, este martes, el tema central fue el Ministerio Público de la Defensa. Marisa Herra, por ejemplo, explicó ante sus pares cuestiones elementales como el diseño de la ley, las funciones y la perspectiva de género. Léon Arslanian, que tiene una fuerte ascendencia en el equipo, ya había hablado con insistencia también de la necesidad de buscar mecanismos para garantizar la representación equitativa en los cargos, pero sobre todo en relación con los cargos jerárquicos, que es donde suele haber grandes diferencias entre mujeres y varones, algo que a veces está relacionado con criterios utilizados en los concursos. Por ahora la comisión dice estar en una etapa de “diagnóstico”.
Habrá reuniones, por lo pronto, sábados y martes. La semana próxima están convocados el procurador interino, Eduardo Casal, y la defensora general Stella Maris Martínez. Quieren escuchar las posturas de ellos respecto de los ítems en discusión. No sólo los mecanismos de selección, remoción y duración en el cargo. También está en debate la idea de incorporar a la estructura del Ministerio Público a la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera, que hoy están bajo la órbita del Ejecutivo, aunque la primera ganó autonomía. Sobre la Defensa pública, la clave de análisis es cómo ampliarla y también reforzar la perspectiva de género.
Como la invitación a la Corte a participar aún no se concretó, en el tribunal los supremos esquivan responder si asistirán o no. Hasta ahora habían dejado trascender malestar por no haber sido convocados con anterioridad para dar su opinión. No cae nada bien la posibilidad de una ampliación entre la mayoría de los supremos, pero no ven con malos ojos mecanismos para agilizar el trabajo y revisar cuestiones, por ejemplo, acerca del recurso extraordinario. La tarea de invitarlos quedó en manos de Alberto Fernández. Habrá que ver si aceptan, o si siguen destilando broncas a través de fallos u otras decisiones.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario