Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2020.
A 4 meses del asesinato de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte, se realizó ayer una conferencia de prensa en la cual la querella denunció la inacción judicial en la causa. Exigen que se amplíe la investigación a partir de la circulación de un audio que, en primera persona, denuncia la complicidad de la policía local y proporciona datos claves, reforzando la línea de investigación que sigue la querella.
Cecilia Gisela Basaldúa estaba de viaje y se había instalado en Capilla del Monte. El 5 de abril desapareció y, tras una búsqueda torpe y lenta, el 25 de dicho mes fue encontrada sin vida cerca del basural de Capilla del Monte, con visibles evidencias de haber sido asesinada. A los tres días del hallazgo del cuerpo, la fiscalía ordenó la detención por “abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género y criminis causa” a Lucas Bustos, un joven de la localidad, hasta ahora la única línea de investigación que persigue la Fiscal.
La familia de Cecilia se constituyó como querellante en la causa y junto a una mesa de trabajo local por el esclarecimiento del caso, han manifestado la escasa disposición a avanzar en la investigación por parte de la Policía de Investigaciones y por parte de quien oficia como representante de la Fiscalía, la Dra Paula Kelm. “Es importante dar a conocer que tanto la familia como el cuerpo de abogadas que acompaña el caso, hemos mostrado disposición para avanzar en la causa a pesar del contexto de emergencia. Hemos acercado pruebas a la fiscalía para avanzar en diferentes líneas de investigación, las cuales fueron desestimadas, argumentando con mentiras o evadiendo las demandas. Queremos manifestar que a su vez, atravesamos grandes dificultades a la hora de ejercer la facultad de contralor, a través de peritos de parte, sobre los registros periciales”, expresaron los familiares y Mesa de Trabajo – Justicia por Cecilia.
El sábado pasado comenzó a circular un audio de una joven que, en primera persona, aportaría datos claves a la línea de investigación de la querella sobre la desaparición de Cecilia. En el mismo, implica a fuerzas de la policía local, Ramón y Zárate, a Mario Gabriel Mainardi, el dueño de la casa donde se estaba alojando y quien radicó la denuncia por la desaparición de Cecilia, y a una mujer de nombre Viviana, con quienes compartió una fiesta de la cual se la habrían llevado.
La mujer del audio asegura: “El día lunes por la mañana me llego a la comisaría a contar todo lo sucedido (…) cuando miro una de las oficinas de la comisaría veo a esta persona, llamada Ramón y a la otra persona llamada Zárate y le pregunto a una de las señoras que estaba atendiendo quiénes eran esas personas y me dice Zárate es de investigaciones y Ramón es policía”. Además, afirma que debió irse de Capilla del Monte tras haber recibido amenazas: “Si hablás, vas a terminar como ella”.
La marcha que estaba prevista ayer en Capilla del Monte fue suspendida dadas las condiciones que en la zona se están viviendo por los incendios. En la conferencia de prensa que se realizó de manera virtual, estuvieron presentes les integrantes del equipo de trabajo de la Mesa de Justicia por Cecilia, las abogadas, y el padre, la madre y la hermana de Cecilia.
“Convocamos a esta conferencia atento a lo que venimos reclamando, las demoras en la justicia en las respuestas y en las pruebas. Hoy nos encontramos frente a un panorama donde no tenemos muchas respuestas sobre qué le pasó a Cecilia. Venimos manifestando desde el primer día una línea de investigación que desde la fiscalía han desestimado por completo. Esta conferencia también es para eso, para reclamar que la justicia actúe con celeridad”, expresó Pavón, la abogada asistente.
También expresó preocupación por las demoras en los resultados de las pericias genéticas, que llevan más de dos meses de demora y los procesos que se han realizado hasta el momento no determinan nada que una al único imputado en la causa. Desde la querella exigen que la causa incorpore la perspectiva de género, a tono con la Ley Micaela y esperan que les funcionaries a cargo estén capacitades. Hay informes en el expediente que ponen a Cecilia como una mujer que viajaba sola y que prestaba mucha confianza: “Sabemos en concreto que Mainardi fue la última persona que vio viva a Cecilia. A partir de sus dichos es que surge la estigmatización de Cecilia en el expediente, donde se narran hechos con un perfil psicológico de ella. Esa es la falta de perspectiva de género en la justicia. Hablar de la psiquis de Cecilia, poniendo la culpabilidad de nuevo de la persona en situación de violencia”.
Por otra parte, la familia de Cecilia expresó: “Compartimos lo que decían las abogadas, nosotros vamos por la gente que la recibió a Cecilia, la gente que la tuvo en la casa, con el tipo que la vió por última vez. A esa gente no la han investigado como nosotros queremos, por eso estamos en desacuerdo con la fiscal. Nosotros vamos por el lado que siempre fuimos. Justamente el relato del audio confirma más o menos lo que nosotros imaginamos que le pasó a nuestra hija”.
Desde la querella agregaron que el audio del sábado ya fue ingresado a la fiscalía solicitando algunas pericias a los fines de comprobar lo que dice la mujer en el mismo. Se está trabajando en red con el Ministerio de la Mujer de la Provincia, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, para que la supuesta testigo pueda ser encontrada y tenga resguardo, acompañamiento y todo lo que requiera. “Aún no hemos tenido respuesta de la fiscalía. Consideramos hacer un pedido a la fiscal, tiene que trabajar en colaboración con nosotros, situación que no se está dando en un principio. Exigimos que se siga investigando y que se llegue hasta las últimas consecuencias” finalizaron desde el equipo de trabajo.
Fuente: La tinta. Foto de portada: Karina Hermida.
Copacabana: el punto crítico del incendio y el abandono de las autoridades de Córdoba
Resumen Latinoamericano, 26 de agosto de 2020.
El martes 25, la Brigada vecinal contra incendios de Villa Giardino y alrededores hizo público un comunicado denunciando mediáticamente el abandono del monte y sus pobladorxs, y el falseamiento de la información pública por parte del Gobierno de la provincia de Córdoba.
“Queremos hacer de público conocimiento que durante la jornada del domingo pasado, que representó un momento crítico en el desenvolvimiento de los hechos que serían conocidos con posterioridad, un grupo de alrededor de 40 personas vecinxs, baqueanxs y algunxs voluntarixs, estuvimos intentando combatir el frente, sin el accionar por parte del Gobierno Provincial quienes no enviaron ni bomberos de diferentes jurisdicciones, ni aviones hidrantes, mientras en los medios masivos se proclamaba una presencia continua de bomberos y recursos para combatir el fuego”. Con esas palabras, tan contundentes como dolorosas, y tras días de cansancio y desesperación que aún no cesan, la Brigada Vecinal de Villa Giardino y alrededores decidió denunciar mediáticamente la situación crítica de las últimas jornadas.
En el documento publicado, lxs vecinxs relatan en primera persona lo que consideran fue un total abandono por parte de las autoridades cordobesas. “El viernes salimos en la siesta rumbo a la zona de Ongamira/Copacabana siete personas de una brigada vecinal contra incendios de Villa Giardino y alrededores, a colaborar en el incendio que comenzó en Villa Albertina el sábado anterior. De acuerdo con información oficial, los fuegos habían sido controlados en la zona de Ongamira y Todos Los Santos, y posiblemente persistía un foco cercano a la localidad de Copacabana. Sobre la Ruta Provincial 17 cerca del empalme con Ruta Provincial 263 encontramos una autobomba y varias dotaciones de bomberos de diferentes cuarteles de Punilla regresando, y visibilizamos la columna de humo hacia el sector de Copacabana” narran lxs brigadistas.
Luego agregan que según testimonio de los mismos bomberos “tenían órdenes de replegarse tras haber concluido la labor dentro del área que por jurisdicción les corresponde, y el frente de Copacabana quedaría en manos del cuartel de Deán Funes. Al llegar a Copacabana, por la noche, desde el pueblo se veían las llamas y el resplandor del fuego que, para entonces, estaba activo a unos 4km de distancia”.
Durante el sábado 22 y la noche hacia el domingo, y si bien la Comuna puso a disposición camionetas, personal, alimentos y bebidas y el grupo combatiente toda su voluntad, el frente de fuego se desbordó. La Brigada cuenta que llamaron sistemáticamente a Defensa Civil, con respuestas “irrisorias” en torno al costo económico de mover los aviones hidrantes y un supuesto bajo presupuesto estatal para ello; lo único que vieron fue una camioneta de bomberos de Deán Funes “que se aproximó a la zona a las 15:00 a modo de reconocimiento y volvió a partir, y una aeronave vigía dando vueltas por el cielo, sin más”.
Lxs vecinxs denuncian que “después de que ardieran miles de hectáreas, que ardieran campos alambrados con animales adentro quedando envueltos en llamas, después de que se perdiera una grandísima superficie de monte nativo (todo en Zona Roja) y que las palmas nativas o “Caranday” – la principal fuente sustento económico del 90% de la comunidad que se dedica a tejer con sus hojas – se encendieran como antorchas gigantes; sólo después de eso, con el fuego a un par de cientos de metros del poblado, mientras algunas familias ponían estatuillas de la Virgen en la puerta, y otras cortaban con motosierras los árboles que rodean sus casas, aparecieron dos camionetas y un autobomba del cuartel de Deán Funes a eso de las 21:00, cuando a la dificultad del terreno ya se había sumado la oscuridad de la noche, haciendo que las condiciones de trabajo sean prácticamente imposibles”.
Ese fue el frente de fuego que el domingo se viralizó en todos los medios del país, cuando estaba llegando a la Ruta Nacional 38. Según lxs brigadistas, fue sólo en esas circunstancias “imposibles de encubrir” que aparecieron los organismos del Gobierno Provincial. “Como pobladorxs que vivimos, cuidamos y precisamos de nuestro monte, exigimos al Gobierno de la Provincia de Córdoba: veracidad en la información proporcionada a la población, recursos disponibles y constantes para la prevención y manejo del fuego, recursos para reparar los daños materiales de los y las pobladores y resguardar la calidad y protección legal de esas tierras” concluyen desde la Brigada.
Fuente: La Tinta
*Por Redacción La tinta / Imagen de portada: Brigada Vecinal de Villa Giardino.
Otro desalojo a balazos: esta vez en Salta, varios heridos
Resumen Latinoamericano, 26 de agosto 2020.
Desalojo brutal en Ampliación Parque la Vega.
El gobierno de Gustavo Saenz ordenó el Desalojo del asentamiento. Parece ser que la única solución de los gobiernos a la problemáticas de los Trabajadores y el Pueblo es Represión, cómo en este caso, Reprimir a quienes piden una Vivienda Digna.
El gobierno de Gustavo Saenz ordenó el Desalojo del asentamiento. Parece ser que la única solución de los gobiernos a la problemáticas de los Trabajadores y el Pueblo es Represión, cómo en este caso, Reprimir a quienes piden una Vivienda Digna.
Durante la noche de este martes, la Policía de Salta lleva a cabo una violenta represión e intento de desalojo sobre cientos de familias que están asentadas en la ampliación Parque La Vega. En las imágenes a las que pudo acceder SALTA4400, se puede observar la cantidad de efectivos policiales que se desplegaron en la zona para llevar adelante el operativo para desplazar a cientos de personas en situación de calle. No es la primera vez que sucede un episodio de estas características.
Además, los videos que se grabaron en el lugar muestran cómo las personas del asentamiento que se instaló hace meses responden a los disparos de la fuerza de seguridad arrojando piedras. En este sentido, también cabe señalar que durante el intento de desalojo ya se registraron varios heridos de bala de goma. Quienes sufrieron heridas por los proyectiles que utiliza la Policía durante la violenta represión para desalojar el sitio que pertenece a la Provincia.
Podemos recordar que la violencia sobre las familias por parte de la fuerza de seguridad no es nueva. Como bien informó el medio SALTA4400, el pasado 20 de mayo, cientos de personas que estaban en este asentamiento del Parque La Vega también denunciaron una represión por parte de la Policía de Salta durante otro intento de desalojo. En aquella ocasión, los efectivos no habían llegado al punto de herir a nadie. El descampado en aquel mes tenía más de 500 familias que estarían situación de calle, en su mayoría mujeres y niños. Ahora serían cerca de 1.000.
Los antecedentes de represión
Luego, una semana después, el 26 de mayo, la Policía provincial también reprimió a 51 familias que se encuentran hace 15 días en terrenos fiscales ubicados al final del barrio Justicia. Incluso, aquella jornada el secretario de seguridad provincial, Benjamín Cruz, se dirigió al Palacio Legislativo y tuvo una breve conversación con los vecinos. Allí negó la brutal represión que también dejó heridos y aseguró que había una orden de desalojo, la cual fue negada por distintas fuentes.
Tras semanas de reclamos de miles de personas por la emergencia habitacional, el Gobierno de Salta en junio evitó la idea de realizar un desalojo en Parque La Vega. Allí, comenzaron las gestiones con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que culminó con el plan «Mi Lote», para lograr la reubicación de las familias que demandaban un lugar donde puedan vivir. Sin embargo, luego de dos meses la fuerza de seguridad volvió a disparar contra cientos de personas, entre ellos muchos chicos.
Envio:RL
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La Ciudad no cumplía con 15 de los 33 requisitos acordados
Rechazo oficial al protocolo porteño de abrir espacios digitales en las escuelas
El ministro de Educación, Nicolás Trotta, cuestionó en video-conferencia de prensa varios puntos de la propuesta y habló de incongruencias entre lo que se dice en los medios y lo que hay en los papeles. El documento con las objeciones, que van desde la alta circulación del virus en el distrito hasta el aspecto pedagógico pasando por las imprecisiones del escrito presentado.
Por Laura Vales
El ministerio de Educación rechazó la propuesta de la ciudad de Buenos Aires de reabrir las escuelas para que los alumnos que perdieron el vínculo educativo accedan al uso de computadoras.
Imagen: NA
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El Ministerio de Educación rechazó la propuesta del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de reabrir las escuelas para que los alumnos que perdieron el vínculo educativo accedan al uso de computadoras. Según señaló el ministro Nicolás Trotta, avanzar con el plan presentado por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “implicaría un enorme riesgo para los alumnos y docentes”, en momentos en que la circulación del virus en la ciudad es todavía muy alta. La propuesta también fue considerada floja en lo pedagógico, una crítica que alude a que se pondría en riesgo de contagio a los alumnos de sectores sociales vulnerados para ofrecerles nada más que sentarse frente a una computadora con internet. Es por eso que la comisión ministerial que estudió la propuesta porteña recomendó que el gobierno de la Ciudad le otorgue a estos estudiantes las computadoras para que avancen en sus estudios.
La comisión ad hoc del Ministerio nacional, que estudió lo elaborado por el gobierno de Rodríguez Larreta, emitió recomendaciones sobre cómo llegar a estos alumnos desvinculados. En este sentido sugirió distribuir las computadoras para estudiantes “disponibles, liberando las restricciones de inventario que pesan sobre ellas, y adquirir las que falten para que todos los estudiantes puedan tener una notebook o tablet” cargadas con las actividades escolares. En relación a la conectividad, el documento señala como prioritario poner en funcionamiento el DNU emitido el viernes por el Presidente, que declaró a internet como servicio básico, para que los estudiantes puedan acceder a la continuidad pedagógica a través de medios virtuales y remotos.
El tema viene siendo motivo de cruces entre el Gobierno nacional y el porteño, que ayer tuvieron un nuevo capítulo: durante la mañana, el ministro de salud, Fernán Quirós, defendió la propuesta como una medida para “evitar un daño social irreparable”. Sin embargo, Trotta se quejó de que los funcionarios porteños “dicen en los medios algo distinto al programa que presentaron” y sostuvo que no se entiende si el número de alumnos que la Ciudad quiere convocar es 5 mil cien, 6 mil quinientos o 9 mil estudiantes.
Antes de la videoconferencia, el ministro había llamado para informar del rechazo con la responsable de la cartera de educación de CABA, Soledad Acuña. La ministra le pidió una reunión de trabajo conjunta de los ministerios de Salud y Educación de la ciudad y la Nación. Si bien la petición fue aceptada, todavía resta coordinar las agendas.
En la conferencia de prensa Trotta estuvo acompañado por la secretaria de Evaluación Gabriela Diker, el secretario de Cooperación Educativa, Pablo Gentili y la asesora Graciela Frigerio. “No dimos la conformidad por una serie de aspectos. El primero es la situación epidemiológica. Tiene que haber una circulación del virus nula o muy baja para proyectar el regreso a las aulas”, indicó. En ese sentido, recordó que en las últimas dos semanas cuatro provincias recibieron el aval para retomar la presencialidad de sus clases, pero ante el aumento de los contagios Santiago del Estero y San Juan tuvieron que dar marcha atrás.
Las críticas a la propuesta de la Ciudad están detalladas en un documento elaborado por la comisión ad hoc. Sus cuestionamientos centrales dicen que:
* El plan de la Ciudad no cumple con 15 de los 33 requisitos que fueron acordados en el Consejo Federal de Educación”, el organismo que integran todos los ministros de Educación.
* Tampoco aborda “cómo la apertura de las escuelas, como espacios digitales, contribuiría a la reducción del contagio, ya que habilita la movilidad de estudiantes, docentes y familias”. Por el contrario, llevaría a un mayor uso del transporte público, al contacto con más personas y el menor cumplimiento del aislamiento social.
* No explica de manera suficiente cómo concretar el distanciamiento físico, ni los traslados de los niños y adolescentes.
* Le falta claridad en las funciones de los docentes.
* “Su dimensión pedagógica resulta endeble”, sostiene. Sobre este punto, la comisión marca que lo que se propone es que los alumnos usen las computadoras de las escuelas, “en solitario”. “Así, se espera que al momento de concurrir al espacio digital, los estudiantes tengan una idea clara de la tarea a desarrollar, y tengan con ellos la información necesaria para resolverlo. Esto resultaría paradójico, ya que justamente los estudiantes que concurrirían serían aquellos que perdieron el vínculo con sus docentes”.
La reapertura de las escuelas porteñas viene siendo debatida desde el 14 de agosto cuando desde la Quinta de Olivos, Horacio Rodríguez Larreta, tras participar del anuncio de la nueva extensión del aislamiento, el jefe de gobierno planteó que había detectado que 5100 chicos perdieron el vínculo pedagógico, y anticipó su voluntad de “ir a buscarlos” para llevarlos de nuevo a la escuela. Ante el señalamiento de que CABA es uno de los focos donde se están produciendo más contagios, ayer se detectaron 1500, el gobierno porteño aclaró luego que la idea no era que volvieran a las aulas, sino abrir espacios digitales en las escuelas, primarias y secundarias, para que esos alumnos pudieran usar computadoras con conexión a internet.
El protocolo presentado incluye 634 escuelas y fija un máximo de 15 alumnos por establecimiento, con turnos y una estadía máxima de dos horas para cada uno. Por la mañana, cuando ya había trascendido su rechazo, el ministro Fernán Quirós volvió a defenderlo como "muy seguro".
Como se ve, la mirada del gobierno nacional discrepa en ambos puntos. Durante el fin de semana el Presidente ya había comentado que no le parecía que fuera la solución adecuada, y que convocar a los alumnos a las escuelas los pondría en riesgo de contagiarse. Fernández había señalado además su desacuerdo porque la medida expondría, además, a los sectores socialmente más vulnerables.
Por su lado, los gremios docentes porteños respaldaron la decisión del ministro Trotta al sostener que la solución al problema de estos alunmos pasa por darles computadoras y no ponerlos en riesgo.
27 de agosto de 2020
Por primera vez se registraron más de diez mil casos
Pico de contagios: preocupación oficial y reunión en la Casa Rosada
Los jefes de Gabinete y los ministros de Salud de Nación y del AMBA analizaron la situación en la Casa Rosada. Quedaron en seguir hoy la evolución decontagios y muertes. Coincidieron en que el cronograma de flexibilizaciones debía ser repensado.
Por Fernando Cibeira
El parte sanitario que se conoció por la tarde rompió las proyecciones de los últimos días que marcaban una baja en el crecimiento de los casos en el AMBA, al tiempo que comenzaban a expandirse en las zonas donde hasta ahora no se habían registrado contagios. Fueron 10.550 casos en todo el país, 6.628 correspondientes a la provincia de Buenos Aires y 1.568 en la Capital Federal. Además, Santa Fe (381 casos), Córdoba (355), Mendoza (276), Jujuy (236) y Río Negro (235) también mostraron números altos. El encuentro ya pautado en Gobierno entre Santiago Cafiero, Ginés González García, Carlos Bianco, Daniel Gollán, Felipe Miguel y Fernán Quirós, tomó de repente un nuevo giro y obligó a analizar muy en detalle el nuevo cuadro.
No tomaron ninguna decisión y quedaron en esperar un día más para saber si la cifra era la muestra de un ascenso en la curva o se trató sólo de la mala noticia de un día. Los funcionarios explican que como los laboratorios trabajan a tope para procesar la gran cantidad de test que les envían, muchas veces ocurre que se generan problemas en la fluidez de las cargas y por eso se dan saltos en los números de un día para el otro. Por eso convinieron esperar a hoy para tener una idea más acabada de la situación real. El otro dato al que nunca le quitan el ojo es a la ocupación de camas que se mantiene en un aceptable 66,7 por ciento para el AMBA y un 58,1 por ciento para todo el país.
Si se confirman, estos números vienen a desbaratar los argumentos de los últimos días. En especial, la postura flexibilizadora de la gestión porteña que repiten que desde hace varias semanas registran un número similar de casos por lo que el índice de duplicación está por debajo de 1. Ayer hubo casi el doble de lo habitual. Se registró récord también en Provincia, en el interior bonaerense y en el resto del país. Como suele decir el propio presidente Alberto Fernández, a mayor movilidad se produce un mayor número de contagios y esto es lo que se constató ayer. De esta forma el pico se sigue corriendo para adelante.
El récord se registra en un contexto en el que el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta vuelve a mostrarse como adalid de las aperturas. El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, adelantó su veto a la propuesta de que miles de alumnos porteños que no tienen acceso a la conectividad vuelvan a las aulas de manera presencial (ver aparte). En un chat con vecinos, Rodríguez Larreta también adelantó su idea de habilitar a partir del lunes que restaurantes y bares funcionen con mesas al aire libre. La propuesta incluiría el servicio de atención de mozos, una determinada disposición de las mesas para garantizar el distanciamiento físico y algún tipo de "demarcación del espacio público" para evitar las aglomeraciones como la que ocurrió días atrás en dos cervecerías de Recoleta.
Como es habitual en estas instancias, será una jornada de actividades dedicadas a analizar la pandemia. El gobernador Axel Kicillof se reunirá con su equipo de asesores y con los intendentes del GBA de manera virtual. Ayer tuvo un encuentro con los jefes comunales de los municipios de otras zonas bonaerenses que por estos días están comenzando a padecer los problemas derivados de los contagios. "Estamos en un momento bisagra de la pandemia, en el que el Gran Buenos Aires está atravesando una fase de relativa estabilidad y, por el contrario, en el interior de la Provincia se empieza a vislumbrar una fase de crecimiento moderado de los casos de Covid", analizó Kicillof en videoconferencia.
En ese sentido, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, consideró "preocupante" el aumento de contagios tanto en el interior de la provincia como en el interior del país. Kreplak advirtió que el dato es "peligroso" porque no es lo mismo el sistema de salud en el área metropolitana --más allá de la cantidad de habitantes-- que en el interior del distrito, donde "hay menos capacidad", explicó.
Después de la reunión con los infectólogos en Olivos, Alberto Fernández tiene agendado por la tarde un encuentro virtual con los gobernadores para analizar la situación sanitaria de las provincias. Ayer, sólo Formosa, Catamarca y Misiones no registraron contagios. Y, por ejemplo, San Juan, que había reiniciado las clases en las zonas rurales dado que no tenían casos desde hacía meses, sumó ayer 36 enfermos.
Terminadas todos las reuniones, Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta volverán a encontrarse para definir el anuncio del viernes. En las tres gestiones sostienen que es imposible imaginar una vuelta atrás en la apertura de las actividades dada la complicada situación social y económica. Pero sí analizarán en detalle la posibilidad de más permisos, en especial los que signifiquen un peligro de reunión de personas.
27 de agosto de 2020
Confusión por la convivencia del decreto 320 con la nueva ley 27.551
Los inquilinos perdidos en el laberinto
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la “Guía básica de derechos” con las respuestas a todas las consultas que reciben sobre el decreto y la nueva ley.
Por Florencia Barragan
En la Ciudad de Buenos Aires se estima que hay 900 mil personas que alquilan
Imagen: Sandra Cartasso
Imagen: Sandra Cartasso
Entre los inquilinos, reina la confusión. Coexisten el decreto 320, publicado en marzo, que estableció el congelamiento de alquileres y la prohibición de los desalojos hasta el 30 de septiembre, con la nueva ley 27.551, aprobada en junio, que modificó los plazos de los contratos, la forma de calcular los aumentos, el depósito y las garantías. En este contexto, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires lanzó la “Guía básica de derechos”.
La guía contiene las respuestas a todas las consultas que reciben sobre el decreto y la nueva ley. Desde el organismo buscan informar dado que consideran que la nueva normativa significa un “avance histórico” que eleva el “piso de derechos” para cerca de 9 millones de personas que alquilan en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires se estima que hay 900 mil personas que alquilan, es decir, uno de cada tres hogares. “Nuestro trabajo es garantizar el cumplimiento de las normas y el ejercicio de los derechos”, aseguró Alejandro Amor, defensor del pueblo.
Mientras tanto, los inquilinos aguardan definiciones sobre las reglas de juego del mercado inmobiliario. Con respecto al decreto 320, el Gobierno analiza una posible extensión. Hay cientos de familia con el contrato prorrogado, dado que venció durante estos meses, y desde Inquilinos Agrupados estiman que un millón de personas podrían ser desalojadas en octubre debido a no haber podido afrontar el pago del alquiler por la crisis. En tanto, desde las asociaciones de inquilinos también reclaman que se termine de reglamentar la nueva ley. La AFIP todavía no reglamentó el registro de los contratos y el Banco Central no avanzó en la publicación del nuevo índice público en el que se basarán los contratos para aumentar cada año.
Guía de derechos
¿Desde cuándo aplica la nueva ley y qué pueden exigir? La Ley 27.551 entró en vigencia el primero de julio. Es de aplicación obligatoria para todos los contratos que se hayan firmado de ese día en adelante. No tiene efecto retroactivo, por lo que no aplica para contratos firmados con anterioridad. Solamente pueden exigir: el adelanto del primer mes de alquiler, un mes de alquiler en concepto de depósito, al valor del primer mes. Una garantía entre las dos ofrecidas.
¿Qué precio inicial pueden fijar y cómo son los aumentos? La nueva ley regula el aumento del alquiler, pero no el precio inicial, que lo define el propietario. En cuanto a los aumentos, todos los contratos aumentarán lo mismo y anualmente, según un índice público que producirá el Estado, mes a mes. El contrato solamente puede establecer el valor del alquiler para el primer año. Para el segundo y el tercero el valor dependerá de ese índice, que publicará el Banco Central como resultado del coeficiente entre inflación (IPC) y salario (RIPTE) del mes.
¿Qué plazo debe tener un contrato? ¿Tiene que estar registrado en AFIP? ¿Tienen que dar factura por el alquiler? La nueva ley elevó a 3 años el plazo mínimo de alquiler, dando así más previsibilidad. La nueva ley establece la obligación de declarar los contratos ante la AFIP. Esta obligación recae sobre la locadora, con sanciones por incumplimiento. De todos modos, el inquilino puede informar la existencia del contrato a la AFIP. Los alquileres que sean cobrados por dueño directo o a través inmobiliarias, tienen la obligatoriedad de entregar Factura B o C. Los recibos genéricos le sirven al inquilino como prueba de pago, pero no para deducir alquiler de ganancias. No se puede hacer un recargo de IVA por la factura, dado que el alquiler está exento.
¿Qué arreglos le corresponden al dueño de la propiedad? Tiene a su cargo todas las reparaciones y arreglos por deterioros de cualquier tipo, originados por cualquier causa que no sea imputable al inquilino. La nueva ley establece un plazo de 24 horas para arreglos urgentes. En caso de negativa del locador, el inquilino puede hacerlos directamente por su cuenta y descontar lo invertido del alquiler. Previo a todo hay que notificar formalmente el problema, por correo electrónico o carta documento.
¿Puedo pedir una definición para renovar el contrato? ¿Puedo rescindirlo? Tres meses antes de la finalización del contrato se podrá notificar al locador para que en un plazo no mayor a 15 días defina la renovación. Si la locadora no responde, el inquilino queda habilitado a abandonar el inmueble sin pago de indemnización. En cuanto a la rescisión, si es con causa, no corresponde indemnización. Si es sin causa, si rescindís antes que termine el primer año el locador tiene derecho a 1 mes y medio de alquiler en concepto de indemnización, y después del año, 1 mes de alquiler.
Fuente:Pagina12
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