La querella en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y víctimas particulares solicitó hoy al Tribunal Oral Federal de Tucumán que condene a prisión perpetua a tres de los 25 imputados en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante los años setenta.
Así lo pidió Pablo Gargiulo, abogado en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por las víctimas Néstor Juan Agustín Zurita; María Rosa Zurita; Maurice Jeger, Olga Cristina González; Jorge de la Cruz Agüero, Adán Rodolfo Leiva.
El letrado actúa además como querella particular de Máximo Eduardo Jarolawky; Julio Antonio Martín; Dardo Molina; y de sus padres Héctor Hugo Gargiulo y Carmen Gómez de Gargiulo.
El querellante solicitó la pena de prisión perpetua para Luis Orlando Varela, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 142 con base en Tucumán; Fernando Torres, ex jefe de la Primera Sección Ejecución y ex jefe del Grupo de Situación General del Destacamento 142 y Adolfo Ernesto Moore ex capitán y ex jefe de grupos de inteligencia 142; y para Antonio Garibotte, fue 2do Jefe del Regimiento de Infantería de montaña N° 8 de Uspallata, Mendoza
La misma pena pidió para los ex gendarmes Alberto Montes de Oca; José Carlos Sawisky y Ernesto Rivero; y para los ex policías que prestaron servicios en el Departamento de Informaciones D2, dependiente de la Jefatura de Policía de Tucumán, Ricardo Oscar Sánchez, Luis Armando De Cándido, Félix Isaurralde, Hugo Javier Figueroa, Rolando Reyes Quitana, Ernesto Agustín Ugarte, Miguel Ángel Horlando Chaile, Ángel Custodio Moreno.
El abogado querellante sostuvo que "el Operativo Independencia fue parte de un plan sistemático de aniquilamiento de opositores políticos, diseñado desde el Estado y que venía gestándose en la década del 60, influido por la doctrina contrarevolucionaria, y sostenida por la Escuela Militar Francesa y la doctrina de Seguridad Nacional o norteamericana".
"El objetivo último del Operativo Independencia no fue exclusivamente, como se ha pretendido hacer ver, aniquilar a la guerrilla rural o a las organizaciones políticas armadas que actuaban en la provincia de Tucumán", sostuvo Gargiulo.
El Operativo "buscó ahogar, sofocar los movimientos sociales, particularmente obreros disidentes, que se habían constituidos en subversivos de acuerdo con la denominación que utilizó la represión de las fuerzas armadas e ilegal para construir a un enemigo", continuó.
"No hay ninguna víctima entre las 355, de este juicio, que haya muerto con un arma de combate en la mano, todas las víctimas de este juicio fueron sacadas de sus casas, privadas de su libertad, torturadas e incluso algunas de ellas estaban embarazadas", concluyó.
El juicio de lesa humanidad, conocido como Operativo Independencia II, se inició 9 de diciembre de 2019 y se reanudó en febrero de este año, pero se interrumpió durante la etapa testimonial cuando se decretó el aislamiento social por la pandemia de coronavirus y arrancó nuevamente, utilizando la modalidad virtual, a mediados de junio.
Este juicio aborda cinco causas unificadas, tiene como imputado a 25 ex miembros de las Fuerzas Armadas o de seguridad acusados por 355 casos violaciones a los derechos humanos cometidos con el inicio del Operativo Independencia, en febrero de 1975, y durante la última dictadura militar que se instaló tras el golpe de estado del 24 de marzo de 1976.
Fuente:Telam
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