Por Mariana Castro, Resumen Latinoamericano, 4 de septiembre de 2020.
Casi un 90% de la violencia contra activistas y defensores de la tierra y del ambiente en Brasil se concentra en la Amazonía.
La información consta en el informe anual de la ONG Global Witness, que destaca el caso emblemático del defensor de la selva en Maranhão [estado de la región nordeste de Brasil], asesinado a balazos en noviembre de 2019. Según el informe, la minería, el agronegocio y la extracción forestal son los sectores que más asesinan a activistas en todo el mundo, y todos ellos están presentes en Maranhão.
El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) señala que de los 11 asesinatos que ocurrieron en ese estado brasileño desde 2019, cinco están directamente vinculados a la acción de invasores de tierras, especialmente madereros. Cuatro de las víctimas fatales Ka’apor: Paulo Paulino Guajajara, Firmino Prexede Guajajara, Raimundo Guajajara, Zezico Guajajara y, lo más reciente, el asesinato de Kwaxipuhu Ka’apor, en agosto de 2020.
Como respuesta al asesinato, un comunicado emitido por Tuxa Ta Pa Me Ka’apor, del Consejo Gestor, principal organización política y social de este pueblo, denuncia la invasión de madereros y se queja del modo como la justicia analiza el asesinato de indígenas. En el comunicado también se asevera que su pueblo seguirá defendiendo su territorio: “lo haremos a nuestro modo, sin miedo”.
Defensores
Los Ka’a Usak Ha ta, en el idioma Ka’apor, son los defensores de la selva, un grupo de agentes ambientales formado por los propios indígenas para la autodefensa de los territorios de los pueblos Guajajara, Ka’apor y Awa-Guajá, en Maranhão. Ellos identifican y vigilan los caminos abiertos ilegalmente por invasores y denuncian a las autoridades, pero también actúan intensamente en el combate a los incendios forestales, entre otras acciones de defensa.
Más allá de su conocimiento ancestral, algunos defensores utilizan herramientas de monitoreo, como cámaras y geolocalización para presentar pruebas de las rutas ilegales ante los organismos de la justicia.
“Nuestro Tuxa Ta Pa Me existe para señalar el camino de la autonomía y de la autodefensa contra esas violencias y de este modo se espera que nuestro pueblo pueda vivir en unidad para defender nuestro territorio en nombre del buen vivir en la selva”, concluye el comunicado del Consejo Gestor Ka’apor.
Sin embargo, la situación a la que se enfrentaban los pueblos indígenas empeoró tras la asunción de Jair Bolsonaro. Además de su conocido discurso de odio y prejuicio contra los pueblos originarios, la violencia que llegaría a continuación se anunció a balazos, amenazas e incendios en las aldeas durante el conteo de votos en 2018, como reveló un reportaje de Brasil de Fato.
Edilena Torino Krikati, coordinadora de las Organizaciones y Articulaciones de los Pueblos Indígenas de Maranhão (Coapima), explica que la ausencia de actuación de los órganos competentes incrementa la violencia. “Parece que los órganos de seguridad son inexpresivos, la FUNAI y otros, todos colaboran para que se incremente la violencia, para que los criminales que actúan en contra de los pueblos indígenas continúen impunes y ni siquiera llegan a identificar a los culpables”.
Análisis de imágenes de satélites y monitoreos realizados por el Instituto Socioambiental (ISA) en 2019 revelan más de mil kilómetros de vías clandestinas y casi 5.000 alertas de deforestación en el territorio indígena más grande de Maranhão y uno de los más grandes de Brasil, el territorio Araribóia, donde el defensor Paulo Paulino Guajajara fue asesinado. La dimensión del territorio corresponde a casi seiscientas canchas de fútbol, con una diversidad inmensa de flora y fauna, además de ser la vivienda sagrada de 5.300 indígenas, incluso de grupos ancestrales aislados, como el pueblo Awá Guajá.
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Adriana Carvalho, coordinadora del Núcleo de Asesoría Indígena de Derechos Humanos y Participación Popular (Sedihpop) explica que algunos órganos están en diálogo con los indígenas para crear un Plan Estadual de Seguridad. “Los órganos vinculados al gobierno de Maranhão hacen lo que pueden para reducir los daños en los territorios indígenas. Y el plan será algo muy importante para la sociedad, porque será discutido junto a los defensores de la selva, municipios, secretarías del medio ambiente, secretaría pública y todas las estructuras del gobierno que puedan contribuir. Desde ahí tendremos, de hecho, acciones continuas y permanentes que pueden contribuir para cambiar el actual escenario”.
Sin embargo, la historia de resistencia de los pueblos indígenas señala que su autodefensa es el principal elemento para su supervivencia y la preservación de la Amazonía.
“[La autodefensa] es importante para garantizar no solo los límites de nuestros territorios, sino los recursos naturales existentes y nuestra sobrevivencia física y cultural dentro de nuestros territorios, porque el trabajo de los defensores ayuda a calificar las denuncias de los ataques a nuestras vidas y al ambiente”.
Pese a la crisis actual, la defensa sigue siendo lo más importante para los pueblos originarios de Maranhão.
“Seguimos en este territorio, rodeados por monocultivos, carreteras, y nuestro territorio corresponde a lo que nos quedó. La defensa de lo que tenemos ahora es lo más importante”, concluye la representante de los indígenas.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
Traducción: Luiza Mançano
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Fuentes: brasildefato.com.br/2020/09/02/bajo-amenaza-de-muerte-lideres-indigenas-luchan-para-proteger-la-selva-en-brasil, Kaosenlared.
Anulan una de las causas por corrupción contra Lula da Silva por falta de pruebas
Resumen Latinoamericano, 4 de septiembre 2020.
«Siempre dije que en algún momento prevalecería la verdad. Me condenaron con la única intención de sacarme de la campaña 2018», aseguró el expresidente al enterarse de su absolución. Fallo unánime de un tribunal de Brasilia.
La justicia brasileña anuló por unanimidad una de las causas penales abiertas por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, al considerar que no existen «pruebas suficientes» para continuar con el proceso. El juicio se refiere a acusaciones iniciales de corrupción, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita formuladas contra Lula bajo la presunción, nunca probada, de que habría favorecido negocios ilegales de la constructora Odebrecht en Angola. La decisión fue tomada por un tribunal de Brasilia que ya había rechazado el año pasado algunas de las denuncias que pesan sobre el exmandatario. Ahora la causa quedará archivada, lo que favorece tanto a Lula como a uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos, sospechoso de haber intermediado en los supuestos negocios ilícitos. El martes el fiscal Deltan Dallagnol, coordinador de la operación Lava Jato que llevó a la cárcel al expresidente de Brasil, había renunciado a su cargo por motivos familiares en medio de fuertes cuestionamientos a su equipo de investigación.
«Estoy muy tranquilo con mis procesos. Siempre dije que en algún momento prevalecería la verdad. Poco a poco vamos demostrando que me condenaron con la única intención de sacarme de la campaña 2018», tuiteó Lula al enterarse de su absolución. La defensa del expresidente emitió un comunicado en el que destacó que se trata de la quinta denuncia interpuesta contra el expresidente que es rechazada por los tribunales ante la falta de pruebas.
En este caso, según los abogados del exmandatario, la acción penal presentada por la Fiscalía General era «precaria, sin sustento probatorio alguno y sin ni siquiera especificar las conductas atribuidas a Lula». Además de celebrar la decisión judicial, los abogados del líder de izquierda subrayaron que siempre que fue juzgado por un órgano «imparcial e independiente (fuera la de la Operación Lava Jato de Curitiba)», Lula fue absuelto o la acusación fue rechazada.
La Fiscalía afirmaba que el expresidente había intercedido en el Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES) para favorecer a Odebrecht en una serie de obras en Angola, a cambio de unos pagos de los que Lula habría salido beneficiado. En los últimos años, la justicia abrió contra Lula, quien gobernó entre 2003 y 2010, un total de nueve procesos, en todos los casos por supuestas prácticas de corrupción y algunas vinculadas a la operación Lava Jato, que destapó una vasta trama de ilícitos con ramificaciones en otros países, tanto de América latina como de África. En uno de esos juicios fue condenado a ocho años y diez meses de prisión y llegó a pasar 580 días preso, pero luego fue liberado por una decisión de la Corte Suprema, ya que aún no agotó por completo sus chances de apelación.
Ahora la defensa de Lula se centrará en los dos recursos presentados ante el Tribunal Supremo Federal, que piden que se anulen los procesos abiertos contra el exmandatario en la operación Lava Jato y se repita el juicio, ya que tanto el fiscal, Deltan Dallagnol, como el por entonces juez y exministro de Justicia del presidente Jair Bolsonaro, Sergio Moro, no fueron imparciales.
Dallagnol, jefe de la Fuerza de Tarea de Curitiba, anunció sorpresivamente el martes que dejaba ese lugar por problemas de salud de su hija. Las sospechas sobre Dallagnol y Moro se multiplicaron luego de que el sitio web The Intercept Brasil publicara en 2019 conversaciones privadas que expusieron la forma en que la operación Lava Jato trabajó para perjudicar a Lula e impedir que la izquierda vuelva al poder en las elecciones que terminó ganando Bolsonaro. Dallagnol tiene dos investigaciones abiertas en el Consejo Nacional del Ministerio Público.
Fuente: Página 12
Más de mil restos óseos encontrados en centros clandestinos de la dictadura militar aún esperan ser identificados
Resumen Latinoamericano, 5 de septiembre de 2020.
La fosa clandestina del cementerio de Vala de Perus, descubierto en São Paulo hace 30 años, oculta víctimas del régimen militar. El coordinador del trabajo de identificación de los restos ve riesgo de interrupción bajo gobierno de Bolsonaro.
Después de 34 años de búsqueda, Gilberto Molina pudo enterrar a su hermano menor, Flávio Molina, en la tumba familiar en el cementerio São João Batista en Río de Janeiro. Asesinado en São Paulo en vísperas de cumplir 24 años, el entonces estudiante fue detenido y torturado en 1971, en las instalaciones del temido cuerpo de represión política de la dictadura militar, conocido como Destacamento de Operaciones e Información – Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI -Codi).
Recién en 1981 Gilberto logró acercarse a los restos de su hermano desaparecido. Con la ayuda de Antônio Pires Eustáquio, quien dirigía el cementerio Dom Bosco, en el barrio paulista de Perus, fue testigo de cómo una retroexcavadora sacaba a la superficie bolsas llenas de huesos escondidos en una zona. El sitio clandestino se denominaría Vala de Perus, en referencia al barrio que alberga el cementerio construido en 1970, bajo la dirección del alcalde Paulo Maluf. Pero la historia aún tardaría casi diez años en hacerse pública.
En ese momento, Brasil todavía estaba bajo el mando de los militares, quienes ordenaron el arresto de quienes consideraban enemigos políticos. Fue solo hace exactamente 30 años, el 4 de septiembre de 1990, después de la redemocratización, que finalmente se abrió la zanja para el reconocimiento de los huesos.
«La fase de identificación de mi hermano duró desde la apertura de la acequia hasta 2005», dijo Gilberto Molina durante un evento en línea impulsado por el Instituto Vladimir Herzog.
Flávio Molina fue miembro del Movimiento de Liberación Popular (Molipo). Conocido por los agentes del Departamento de Orden Político y Social (Dops), fue enterrado como indigente y bajo un nombre falso, mediante carta firmada por Romeu Tuma, entonces director de la agencia. La familia de Flávio nunca fue comunicada.
En el Vala de Perus, 1.049 huesos fueron desalojados clandestinamente durante la dictadura militar. Habían sido sometidos a una «exhumación masiva» dentro del cementerio entre 1975 y 1976 y desaparecieron, sin ningún registro. Para que los asesinados por el régimen nunca fueran localizados, el agujero clandestino en el cementerio fue la salida que encontraron los militares.
«El Vala de Perus es parte de un proceso de mucha violencia en Brasil, impulsado por la dictadura militar y que provocó la muerte de más de 400 políticos desaparecidos. Pero miles de personas fueron asesinadas por una política de desaparición impulsada por la dictadura», relata a la DW Brasil Rogério Sotilli, director ejecutivo del Instituto Vladimir Herzog, creado en memoria del director de periodismo de TV Cultura asesinado en 1975.
Herzog, periodista, había asistido a la sede de DOI-Codi para dar una declaración. Allí, fue encapuchado, atado a una silla, asfixiado con amoníaco, sufrió golpizas y descargas eléctricas y nunca fue visto con vida, según la Comisión de la Verdad de la Asociación de Salud Pública de São Paulo. En 2014, la familia Herzog recibió un nuevo certificado de defunción confirmado a muerte bajo tortura.
Represión y violencia reveladas
Represión y violencia reveladas
La batalla por la identificación de las víctimas del Vala de Perús en 1990 fue liderada por mujeres, madres y acompañantes de los desaparecidos que contaron con el apoyo de la alcaldesa electa del año anterior, Luiza Erundina.
El escándalo de la zanja clandestina llegó al público con la ayuda del investigador Caco Barcellos, quien pasó años investigando la violencia policial para escribir un libro. En 1990, había escuchado de Antônio Pires Eustáquio el mismo relato dado a Gilberto Molina casi diez años antes, y los informes dieron a conocer el caso en todo el país.
El trabajo científico dedicado exclusivamente a la identificación de huesos, sin embargo, solo comenzó realmente en 2014. Ese año, un convenio de cooperación técnica permitió la creación del Centro de Antropología y Arqueología Forense (CAAF), dentro de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).
El centro recibió los restos de 1.049 personas, empaquetados en cajas individuales. De estos, hasta el momento se han identificado dos políticos desaparecidos: Dimas Antônio Casemiro, en enero de 2018, y Aluísio Palhano, en diciembre del mismo año. Otras cuatro víctimas habían sido localizadas previamente a través de otras iniciativas, como Flávio Molina.
«Todos pasaron por DOI-Codi. Fueron detenidos, sin denuncia policial, trasladados a centros clandestinos de represión y tortura comandados por [el coronel Carlos Alberto] Brilhante Ustra», detalla Edson Teles, coordinador de CAAF, a DW Brasil.
Carlos Brilhante Ustra encabezó el DOI-Codi de 1970 a 1974. Se estima que al menos 45 muertes y desapariciones forzadas ocurrieron bajo su supervisión, según un informe de la Comisión Nacional de la Verdad.
«Y el responsable de estas muertes es declarado por el actual presidente como un héroe», comenta Teles, en referencia a Jair Bolsonaro.
En agosto del año pasado, al conversar con los periodistas sobre un almuerzo entre él y la viuda de Brilhante Ustra, el presidente calificó al coronel como «un héroe nacional que impidió que Brasil cayera en lo que hoy quiere la izquierda».
También cuando era diputado, Bolsonaro rindió homenaje al exjefe del DOI-Codi. Al declarar su voto a favor de abrir un juicio político contra la entonces presidenta, Dilma Rousseff, en 2016, el actual mandatario dijo: «En memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff».
Falta de memoria
Para Eugênia Gonzaga, fiscal del Ministerio Público Federal, el episodio de Vala de Perus muestra cuánto se ha enmascarado la dictadura militar y cuánta violencia se ha ocultado a todos.
«Un tercio de los huesos en la cuneta eran niños. Otro tercio eran niños menores de 16 años, posibles víctimas de la epidemia de meningitis de los años 70 que la dictadura no pudo afrontar», dice Gonzaga durante el debate en línea promovido por el Instituto Vladimir Herzog. «Cualquier coincidencia con el presente no es coincidencia», agregó, en referencia a la actual pandemia de covid-19, que mató a más de 124 mil brasileños hasta este jueves (09/03), según el Ministerio de Salud.
Para Sotilli, del Instituto Vladimir Herzog, la política de desapariciones nunca ha dejado de existir. «Esta violencia se repite porque todo el proceso de rendición de cuentas de quienes cometieron este proceso de violencia nunca se llevó a cabo en profundidad», argumenta. “Esto sigue pasando y ha llevado a la Presidencia de la República a quien pide disculpas por el crimen de daño a la humanidad”, critica, reforzando que las muertes violentas por parte del Estado, hoy, victimizan a jóvenes negros de la periferia.
Ahora la historia completa de Vala de Perus se está reuniendo en un libro, escrito por el periodista y escritor Camilo Vanucchi. “Si conociéramos bien la historia, hoy no estaríamos en un momento en el que tanta gente dice que la dictadura militar no existió, que no fue grave, que fue ‘sosa’ y que solo ‘terroristas’ fueron asesinados”, señala. Vanucchi en una entrevista con DW Brasil.
De los 1.049 huesos arrojados a la cuneta, se estima que 42 eran activistas políticos. «Los otros mil son asesinatos de ‘gente común’. Entonces es mentira decir que la dictadura no fue violenta», argumenta el periodista.
Edson Teles, quien coordina el esfuerzo de identificación en CAAF, advierte del riesgo de interrumpir el proceso bajo el gobierno de Bolsonaro. “Es importante recordar cuánto trabajo está en riesgo. Porque aclarar la historia de cada desaparecido y devolver el cuerpo a la familia es mostrar cuán falso era el discurso del gobierno actual sobre lo que fue la dictadura militar en Brasil”, dice.
Fuente: DW.com
Envio:RL
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