POR DANIEL JATIMLIANSKY
Ante la falta de resolución de la situación de las y los dirigentes políticos encarcelados en condiciones irregulares durante el Gobierno de Mauricio Macri, Infonews se propuso entrevistar al secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), José Schulman, institución que desde su origen, en 1937, se ocupó de la problemática de los presos políticos. La charla, realizada la semana pasada, cambió de foco a raíz del conflicto con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el desempeño del ministro de Seguridad Sergio Berni. De acuerdo con el referente de los Derechos Humanos, “es imprescindible que el Gobierno asuma el mando de la bonaerense”.


¿Cómo vieron el desarrollo del conflicto con la Policía Bonaerense?
Con mucha preocupación, como un acto de resistencia para conservar los privilegios que el macrismo le entregó a la bonaerense. Lo vemos, principalmente, como una resistencia a la investigación que se abre por el crimen de Facundo Astudillo Castro. El 2 de septiembre se informa de la identificación del cuerpo de Facundo. El 4 de septiembre el Gobierno lanza su plan de seguridad, en mi opinión equivocadamente, y dos días después lanzan la movilización policial.

¿Está relacionado sólo con la desaparición y muerte de Facundo?

Hay que pensar en términos históricos. Para finales del siglo 20 hubo procesos de Memoria, de Verdad y de Justicia. Y hubo un desgaste político y simbólico de los ejércitos, de las marinas y de las aeronáuticas, que fueron los ejecutores del Plan Cóndor 1. Entonces, hubo en toda América un reemplazo de aquellos ejércitos por las policías.


Los golpes de Estado del siglo 21 no fueron, fundamentalmente, ejecutados por los ejércitos, sino por las policías. En Ecuador hubo rebeliones policiales que acorralaron a (el ex presidente Rafael) Correa, en Bolivia el golpe (al Gobierno de Evo Morales) fue policial hasta el último momento.
¿El caso argentino se trata de un intento de golpe de Estado?
No estamos en medio de un proceso golpista. Sin ser un golpe, en la (Policía) bonaerense y en las policías hay una cultura represora antidemocrática, punitivista, de odio a los pobres, que es la que tiene en mayoría consenso. Esto no es un conflicto salarial: es una acción política destinada a preservar los espacios de autonomía que históricamente tuvieron y que Ritondo y Bullrich les aumentaron de una manera gigantesca. Autonomía para la bonaerense es, por un lado, gatillo fácil, violencia sobre la familia y sobre los niños, las niñas, los adolescentes; y es negocio.
Según su punto de vista, entonces, no sería una movida golpista, ¿sino un intento de preservar los espacios de autonomía económica y política?
Sí. Y de acumulación de la derecha en su conjunto. Estas acciones están articuladas con el PRO, están articuladas con la derecha mediática. Los legisladores del PRO quieren anular una sesión del Congreso…
¿Articuladas con espacios de diálogo o articuladas de hecho?
Desde el crimen de Maldonado, estoy convencido, y las investigaciones judiciales posteriores lo demostraron, que eso existe. La intervención del embajador de Estados Unidos (Edward Prado) sobre la reforma judicial no puede ser tomada como anecdótica (n de la r: el funcionario estadounidense lanzó una crítica al proyecto de reforma judicial durante un acto en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires el 31 de agosto). Es un nivel de intervencionismo imperial de una magnitud muy importante. Confirma que el poder real de Estados Unidos vuelve a pensar en América Latina como su patio trasero.
Y, claramente, ha estado detrás del golpe de estado en Bolivia; ha respaldado a Bolsonaro; está sosteniendo al gobierno de Duque, que está sumido en toda clase de escándalos militares y económicos; es el que sostiene al gobierno de Piñera en Chile. Pensar los problemas en una dimensión micro, hoy, es suicida. Estamos en medio de una dimensión latinoamericana, en la que cada pasito que logramos dar fortalece a los hermanos. Hace días se bajaron dos candidatos a presidente como un plumazo: Evo y Correa fueron sacados del proceso electoral.


Mencionó que el Gobierno lanzó equivocadamente el plan de seguridad el 4 de septiembre, ¿por qué?
La Argentina está ante una tragedia de salud pública. El Gobierno debió ese día lanzar un plan de salud pública. En vez de invertir en autos policiales, debió haber invertido en ambulancias. En vez de invertir en dinero para la Policía, debió haber contratado en todo el mundo lo que no tenemos: médicos intensivistas, que son los que salvan vidas.
Es un error creer que las cuestiones vinculadas a los derechos se resuelven con policías, y es un error táctico instalar en la sociedad que lo importante es la seguridad en vez de la pandemia. Es muy difícil ahora que el gobierno salga y diga que lo importante es cuidarnos. Los mensajes sociales no pueden ser contradictorios. La Argentina no necesita más policías, no necesita más mano dura.
¿Son cuestiones contradictorias?
El Gobierno se equivoca porque cede a presiones de la derecha, pretende acordar con la derecha. Cree que asumiendo una partecita pequeña del ideario de la derecha la calma. No es así, la derecha no se calma porque tiene un plan, que es debilitar al Gobierno mediante estas exigencias. La derecha tiene un plan, que es ganar las lecciones de medio término pero también ocupar las calles. Tiene un plan integral: de movilización, lucha cultural y articulación electoral. El movimiento popular, que pudo derrotar a Macri, hoy no tiene un plan. Está por un lado el Gobierno, que hace política sin consultar, y en general el movimiento popular está en la posición de: “no hagamos ruido para no molestar al Gobierno”. Esa dinámica es favorable a la derecha.


Pero esta disputa se da en un marco de pandemia, en que los movimientos populares han decidido no salir a la calle para resguardar la salud de la población.
Pero no es el único modo salir a la calle. Lo que no hay son acciones concertadas, masivas, articuladas, de respaldo. Cada vez que el Gobierno tomó iniciativas que tuvieran en cuenta intereses populares, la derecha generó una resistencia enorme y el movimiento popular, prácticamente, no se expresó.
Acá hay una responsabilidad de los jueces porque hay delitos flagrantes. Están utilizando bienes públicos para una protesta ilegal. Y, sin embargo, no hay ningún juez que actúe de manera correcta. La contradicción es que se afirma que será severamente castigada aquella persona que ocupe un terreno público para tener lugar donde vivir, pero no se castiga a quien comete un delito aún más grave, que es utilizar las armas que la sociedad le entrega, para obtener un beneficio personal.
¿Cuál debería ser el camino?
La respuesta no puede ser parcial. Tiene que ser articulada del Gobierno y de los movimientos sociales, y tiene que ser una respuesta en todos los planos. No basta con decir que vamos a cuidarnos con distancia social, hay que tener un plan. Eso es lo que no tenemos hoy. Y para tener un plan se necesita un debate amplio, que el Gobierno convoque a las fuerzas que en su momento generaron las condiciones para que se genere el Frente de Todos. Pero que las convoque para acordar.
Que el Gobierno convoque a un gran encuentro y se constituya un polo democrático de defensa del Gobierno, de defensa del programa, de defensa de las garantías constitucionales, de defensa de la vida.
La bonaerense bastardea la vida. Asesina a las niñas y los niños. Me niego a reconocerlos como trabajadores precarios. Son integrantes de una fuerza estatal que ha sido instrumento de agravios, persecuciones y violaciones de Derechos Humanos durante mucho tiempo.


¿Cómo se soluciona en este contexto el problema de la policía, más allá del conflicto que se hizo público el lunes 7?
Primero, establecer un ministro de Seguridad que sea un dirigente político de peso, comprometido con la democracia, con los Derechos Humanos, con las garantías constitucionales, que imponga mando. ¿Cómo se establece mando? Estas instituciones son verticales. Por lo tanto, se dan órdenes y al que no las obedece se lo desplaza. El Gobierno ha creído que llevando un representante de la Bonaerense al Gobierno se arregla el problema. (El ministro de Seguridad, Sergio) Berni se ha movido mucho más como un representante de la bonaerense en el Gobierno, que como un dirigente político que va a dirigir a la bonaerense.
A veces, para no discutir las soluciones se magnifican los problemas. Quien debió asumir en diciembre de 2019 no era Berni. Era un dirigente político democrático. Ahora hay que poner un ministro de Seguridad democrático, tiene que salir Berni. Que, además, después de esto está más desgastado que nadie. Y se debe establecer una línea de comando en la Bonaerense. Especular con que lo vamos a ir arreglando, ahí sí diría que estamos en un problema serio.
Lo peor que se puede hacer es estimular la autonomía y el orgullo de lo que hacen. Es imprescindible que el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires asuma el mando de la bonaerense.
¿Cómo ve la situación general de los Derechos Humanos en el país?
Vemos un proceso de recuperación de los procesos de Memoria, Verdad y Justicia. En algunas de las cuestiones que nos preocupaban vemos cambios muy importantes. La intervención de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) es una medida trascendental porque la línea de la continuidad histórica de los servicios de inteligencia ha sido uno de los núcleos principales de la violación de los Derechos Humanos en la Argentina. Valoramos la gestión de (la interventora) Cristina Caamaño, la encontramos valiente y consustanciada con los Derechos Humanos y la democracia. Tenemos una valoración (positiva) de las primeras medidas del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Pero consideramos que las iniciativas para recuperar un sistema judicial mínimamente independiente son insuficientes. El Poder Judicial ha sido uno de los vectores más importantes de la violación de Derechos Humanos en los últimos 4 años, puesto que ellos convalidaron todas las prácticas de persecución, lo que se conoce como lawfare, y también convalidaron todas las medidas económicas de saqueo del pueblo.
¿Las medidas económicas impactaron en los Derechos Humanos?
Hay un informe de Unicef del 6 de agosto que dice que, a pesar de todas las medidas que tomó el Gobierno, que sin ellas la situación sería todavía más dramática, se prevé que de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 pasaremos del 50% al 62,9% de la pobreza en las niñas, los niños y los adolescentes. O sea, de 7 millones a 8,3 millones.
Tenemos una mirada integral. La vigencia de los Derechos Humanos tiene mucho que ver con las medidas económicas. Necesitamos un shock de redistribución de la riqueza que permita frenar esa onda expansiva que viene del macrismo y que, por una estructura económica, se reproducen más allá de la voluntad de cualquiera de nosotros.
l acceso universal, gratuito, a los derechos es lo que hace a un derecho que sea derecho humano. El macrismo definió a los Derechos Humanos como la libre compra y venta de mercancía. Esos no son Derechos Humanos, es un sistema injusto en que los que tienen accederán y los que no tienen no accederán.

¿Cómo ven la situación de los presos políticos en el país? Es algo que no fue originado por este Gobierno pero que sigue latente.


Llegamos a una definición que se condice con la definición de la Unión Europea. Presos políticos son todas las personas privadas por su libertad cuya condición jurídica se origina o se potencia por su condición de perseguido político. Esta definición intenta captar de qué manera el Poder Judicial internacional persigue a una serie de dirigentes populares políticos armando causas fraudulentas que, en general, las vincula a temas de corrupción.
Si la condición jurídica de los compañeros ha sido modificada por su condición de perseguido político, es un error creer que sólo con instrumentos jurídicos se resuelven los problemas. No es que no existan causas judiciales: son causas fraudulentas, causas armadas, defendidas por los mismos jueces que las armaron.
¿Y cómo debería resolverse este conflicto?
Tenemos una lista de 40 presos políticos. El compañero Luis D’Elía ha sido el primero que ha pedido el indulto. Nosotros vamos a respaldar ese pedido. Es cierto que el Gobierno no los encarceló pero también es cierto que el gobierno no puede ser indiferente a una violación de los Derechos Humanos. Y seguimos respaldando el pedido de los otros compañeros de revisión de sus causas. Cosa que vemos difícil porque en el proyecto de reforma judicial, en el artículo 13, dice taxativamente que cada juez seguirá con su causa.


De vuelta es una discusión sobre si hay que acordar con la derecha o hay que acordar con el pueblo. Cuando decimos todos, es todos. A todos los presos políticos defendemos y queremos la libertad de todos. En términos políticos, la corte Suprema se reserva castigar a los presos políticos como un modo de negociar con el Gobierno. De hecho, a los pocos días que apareció la propuesta de reforma, ratificaron la condena de Luis D’Elía.
El presidente tiene atributos constitucionales, que a mi gusto no deberían existir y esto se discutirá en una reforma constitucional, pero tiene atributos para indultar. De hecho, el presidente Maduro ha indultado, el presidente Trump ha indultado. Es una práctica relativamente utilizada por los presidentes.
La LADH viene impulsando una serie de debates virtuales, denominados “Diálogos por la Libertad”, con la presencia de Amado Boudou, Alicia Castro, Milagro Sala, Walter Correa, Atilio Borón, Dora Barrancos y Daniel Catalano, entre otros. ¿En qué consisten?

Es una continuidad de nuestro trabajo con los presos políticos. A Milagro Sala y a Amado Boudou los conocí en la cárcel. Primero buscamos amplificar su voz y después vimos que podíamos constituir un espacio de debate, de unidad, con gente muy diversa. Hay un comunicador: estamos del lado de la vida. No pensamos crear ninguna fuerza electoral pero sí podemos crear un espacio programático. Porque cada uno de los que participa representa algo y entre todos expresamos la voluntad de empujar el proceso hacia adelante, algunos desde adentro del gobierno, otros apoyando, pero con un compromiso claro de empujar el proyecto con una perspectiva latinoamericana y la conciencia de que la disyuntiva sigue siendo patria o colonia. 
Fuente:Infonews