24 de septiembre de 2020
El mega debate oral y público comienza el 27 de octubre
El Infierno, Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes: se unifican causas del horror en dictadura
El Tribunal Oral federal número 1 de La Plata decidió ayer unificar los juicios por los crímenes de la última dictadura cívico militar en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes con aquellos que tuvieron lugar en la Brigada de investigaciones de Lanús, conocido durante el terrorismo de Estado, como “El Infierno”. El mega debate oral y público tiene fecha de inicio para el 27 de octubre. Aún quedan otras dos causas por crímenes de lesa humanidad elevadas a juicio sin noticias de cuándo se llevarán a cabo en una jurisdicción cuyos tribunales orales no cuentan con jueces titulares.
El juicio por los crímenes cometidos en El Infierno tenía fecha de comienzo para el 7 de este mes, algo que no ocurrió. Cuatro imputados --Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk, Jaime Lamont Smart y Miguel Angel Ferreyro-- deberán responder por 62 casos de violaciones a los derechos humanos. Una semana antes de la fecha prevista, quedó en suspenso luego de que el defensor oficial de Ferreyro sostuviera que por problemas de salud, su representado no podía afrontar el juicio. Banfield/Quilmes, en tanto, avanzó a paso lento hacia su juicio oral, cuya fecha quedó fijada en el 27 de octubre. En este caso, 427 casos y 19 imputados, entre los cuales se cuentan Etchecolatz, Wolk y Smart.
El martes, no obstante, hubo una nueva vuelta de tuerca. Por pedido del mismo defensor, Gastón Barreiro, y con la venia de la mayoría de las querellas y de la Fiscalía, los jueces Rcardo Basilico, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo definieron la unificación de los dos juicios. Si no sucede nada nuevo, el megajuicio comenzará el 27 del mes que viene.
Las razones de la unificación
El pedido de Barreiro para unificar los juicios descansó en tres puntos: que ambos se hallaban en el mismo momento procesal --con audiencias preliminares para analizar las condiciones del debate oral cumplidas--, que comparten casos a evaluar e imputados, y que las causas son conexas, es decir que los hechos que investigaron y ofrecen a juicio comparten no solo víctimas y responsables sino también contexto.
La Fiscalía y varias de las querellas coincidieron, haciendo hincapié en la necesidad de que no hubiera más demoras. Los fiscales Hernán Schapiro, Gonzalo Miranda, y Ana Oberlin remarcaron en el escrito presentado ante el tribunal que “corresponde asegurar la continuidad del servicio de justicia en función de todos los derechos fundamentales en juego y, en especial, del debido acceso a la Justicia de las víctimas de estas causas” ya que “a esta altura las postergaciones reiteradas aumentan la expectativa, la preocupación y la angustia de las personas involucradas en este proceso”. El hecho de que las víctimas “esperan este juicio oral hace más de 40 años” sumado al “aplazamiento del inicio del debate y el mantenimiento de ese estado en el tiempo” conforman una “circunstancia adicional que puede configurar un supuesto de victimización secundaria”.
La querella de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, así como la de Abuelas de Plaza de Mayo, también avalaron la unificación. A la exigencia de que el debate comience ya, la Liga solicitó que el tribunal sume una audiencia más semanal dada la envergadura del juicio que resulta, pero también que unifique y fije fecha para otros dos debates pendientes, estos siquiera con fecha tentativa: el que revisará los hechos sucedidos en el centro clandestino conocido como 1 y 60 --donde funcionaba la Dirección de Infantería y Regimiento de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires-- y aquel que se encargará de ventilar los crímenes de quienes pasaron por la Comisaría 8va.
1 y 60 tuvo, a principios de año, fecha estipulada para el comienzo de jucio en abril, hecho que qudó suspendido por la pandemia de coronavirus. En junio tuvo una audiencia preliminar en la que se discutieron condiciones para desarrollarlo, pero no hubo más novedades. En es edebate están acusados 19 represores, para muchos de los cuales será la priemra vez que enfrentan a la Justicia por los crímenes que cometieron. Los casos revisados son 197. El juicio de Comisaría 8va incluye 106 casos y 16 imputados. La mitad pertenecieron al Regimiento de Infantería 7, cuyo desempeño en el terrorismo de Estado "nunca fue llevado a esta instancia" de debate oral, aclara la Liga.
Sabe la abogada responsable de esa querella, Guadalupe Godoy, que la consulta no apuntó a esos expedientes, pero también sabe que se trata de “decisiones que atañen a toda la jurisdicción y que hoy no hay canales institucionales formales para realizar los planteos”. Por esa razón lo sumó al escrito. La situación del proceso de juzgamiento de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura es grave en La Plata.
Las querellas unificadas de la Secretaría nacional y la subsecretaría provincial de derechos humanos fueron las que aceptaron la unificación con quejas y ciertas dudas, vinculadas al efecto que podría llegar a tener esa unificación en el proceso general. Al igual que la querella de la Liga, pidieron más audiencias por semana, informó a este diario la titular de la Dirección de Querellas del estamento bonaerense, Verónica Bogliano.
La plata sin jueces en sus tribunales
La pandemia de coronavirus vino a complicar un problema que en La Plata ya era grave: la parálisis en la administración de justicia en expedientes que revisan secuestros, torturas, desapariciones, asesinatos y apropiaciones de bebés sucedidos durante la última dictadura en la provincia de Buenos Aires.
Las causas, elevadas a juicio oral, se acumularon a la espera de que los tribunales definieran quién y cómo desarrollaría los juicios. Hay tres tribunales federales, ninguno tiene jueces titulares. El calendario judicial prometía para 2020 el comienzo los debates orales por 1 y 60, El infierno y Banfield y Quilmes, además de concluir Brigada de San Justo, iniciado en 2018. No ocurrió absolutamente nada de eso.
“En La Plata la justicia se demoró bastante más que en otras jurisdicciones”, señaló la directora de Querellas y Políticas Reparatorias de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense, Verónica Bogliano. Lo único que retomó la jurisdicción tras los casi tres meses de suspensión de toda actividad judicial en cada rincón del país a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la propagación del virus fue el juicio de San Justo, que aún está en etapa de alegatos.
A las idas y vueltas con el nombramiento de jueces que integraran el TOF 1 --dedicado a causas de lesa humanidad-- se sumó la imposibilidad de desarrollar las audiencias de manera presencial, hecho que retrasó los acuerdos entre jueces, querellas, Fiscalía y defensas. La virtualidad flexibilizó el poder reparatorio para familiares de víctimas y sobrevivientes, más aún de lo que ya estaba flexibilizado: la mayoría de los acusados no participaba casi ya de las audiencias, algo que no sucede solo en La Plata; allí, no obstante, han intentado incluso los magistrados dirigir un debate por vía remota en tiempos pre pandémicos. La resistencia de la mayoría de las querellas logró que, una vez instalado el coronavirus, no se cerrara la puerta a aquellos testigos que quisieran sentarse frente a un Tribunal al momento de narrar el horror.
Cada debate que se adeuda cuenta con una integración diferente del TOF 1, un tribunal que por no contar con jueces titulares es subrogado por siete magistrados si tan solo se cuentan las causas de lesa humanidad. Casi todos los jueces son de otras jurisdicciones, un dato que suelen utilizar de excusa para programar pocas audiencias en la programación de los juicios.
Y ahora, se sumó otro dato más que agrega incertidumbre a la situación judicial que en La Plata se arrastra desde hace años: el posible regreso del juez Pablo Bertuzzi al TOF1, su lugar de origen. Luego de que el Senado rechazara su traslado a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional y el Ejecutivo decretara su regreso a La Plata, Bertuzzi al igual que los otros dos jueces trasladados por el macrismo solicitó licencia extraordinaria. Depende de lo que defina la Corte Suprema el próximo martes, las fichas hacia el enjuiciamiento de genocidas volverá a cambiar o no. El juicio Banfield/Quilmes, al que ahora se suma El Infierno, está asegurado, no obstante ya que mediante una resolución especial le fueron designados tres jueces especialmente para desarrollar ese juicio.
Fuente:Pagina12
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