7 de septiembre de 2020

TROPEL 3 del 07.09.2020.

Mujeres y encierro: otra muerte evitable en la Unidad 8 de Los Hornos
Resumen Latinoamericano, 06 de septiembre de 2020
El sábado 29 de agosto Micaela Martínez Cruz, de 37 años, perdió su vida estando bajo la custodia del Estado. Se encontraba detenida en el pabellón 1 de la UP 8 de Los Hornos e intentó suicidarse. Sus compañeras lograron auxiliarla, fue trasladada al hospital San Martín, pero falleció. Es el segundo intento de suicidio que se registra en ese pabellón en los últimos 60 días. A principios de julio la CPM solicitó la intervención de la justicia ante la falta de atención médica, la ausencia de contención y acompañamiento psicológico para las detenidas del penal. En ese momento se denunció que las autoridades penitenciarias utilizaban de manera arbitraria y desmedida la medicación psiquiátrica para mantener el gobierno de la población carcelaria. El pasado lunes la familia realizó una manifestación en la puerta de la UP 8, reclamando nuevas pericias para conocer cómo murió Micaela. La investigación está en manos de la UFI 5, a cargo del fiscal Menucci. 
Este sábado Micaela Martínez Cruz de 37 años, perdió su vida estando bajo la custodia del Estado. Se encontraba detenida en el pabellón 1 de la UP 8 de Los Hornos e intentó suicidarse. Sus compañeras lograron auxiliarla, fue trasladada al hospital San Martín, pero falleció. Es el segundo intento de suicidio que se registra en ese pabellón en los últimos 60 días. A principios de julio la CPM solicitó la intervención de la justicia ante la falta de atención médica, la ausencia de contención y acompañamiento psicológico para las detenidas del penal. En ese momento se denunció que las autoridades penitenciarias utilizaban de manera arbitraria y desmedida la medicación psiquiátrica para mantener el gobierno de la población carcelaria. Este lunes la familia realizó una manifestación en la puerta de la UP 8, reclamando nuevas pericias para conocer cómo murió Micaela. La investigación está en manos de la UFI 5, a cargo del fiscal Menucci.
ANDAR en Los Hornos
(Agencia) “Esto es una muerte que no tendría que haber pasado”, dijo la tía de Micaela  a la prensa. Ella no cree en la versión oficial y exige explicaciones por la muerte de la joven. “El Servicio Penitenciario hizo omisión al pedido de mi sobrina de una asistencia psicológica, esto se podría haber evitado. Tenemos muchas muertes en las cárceles por desatención sanitaria. No vamos a parar hasta que la muerte de Micaela se esclarezca”, dijo.
El 1 de julio la CPM, en su carácter de Mecanismo provincial contra la tortura, tomó conocimiento de la vulnerabilidad y las fallas en el sistema de salud integral en el que se encuentran las detenidas de la UP 8. A través de denuncias se conoció que una chica había intentado suicidarse en su celda y había sido salvada por sus compañeras que le practicaron RCP para revivirla. Pudo confirmarse que la mujer se encontraba sobre medicalizada y que no recibía tratamiento psiquiátrico profesional. Según el relato de otras detenidas, esta persona hacía días que reclamaba atención y acompañamiento profesional para procesar sus dolores y angustias.
Según lo que narró la tía, Micaela se había comunicado por teléfono con su mamá y con su hija ese día. Según lo que afirman las compañeras del pabellón 1 “ella no se ahorcó, fue inducida a hacerlo por tanto abandono sufrido”. Por su parte, el SPB niega el suicidio. La versión oficial dice que Micaela, luego de ser atendida en el hospital, falleció por un paro cardio-respiratorio. Ahora la investigación deberá determinar si esta falla en su corazón fue o no consecuencia de un hecho traumático como un ahorcamiento.
Desde hace años la CPM viene denunciando que las detenidas de la UP 8 no reciben atención médica, psicológica y psiquiátrica adecuada y eficaz. En las visitas realizadas por los equipos técnicos del organismo se sabe que muchas mujeres padecen síntomas de depresión y agobio, claustrofobia, ataques de pánico o ansiedad dentro del encierro. Todo esto se ha incrementado por los miedos ante la posibilidad de propagación de COVID-19 dentro de las cárceles, la ausencia de visitas y del contacto familiar.
Ante estas situaciones, la respuesta del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB) fue y es la sobre medicalización a través de la entrega de psicofármacos a las detenidas. La CPM constató que esta práctica, que no es exclusiva de la UP 8, se realiza sin consulta con psiquiatras y sin un abordaje terapéutico previo y posterior. “La medicalización como mecanismo de control en el encierro refuerza los estereotipos de género que caracterizan al comportamiento de las mujeres como “nervioso”, sometiéndolas a sufrimiento psicológico y deteriorando su salud mental” (CPM Informe Anual 2020)
Ante el Juzgado de Ejecución Penal 2 la CPM advirtió que este tipo de hechos podían volver a suceder dentro del penal. Según la experiencia de trabajo del organismo, los intentos o suicidios en contexto de encierro “tienden a generar actos en cadena del mismo tipo cuando no son acompañados con asistencia y contención. La angustia de ver –casi- morir a una compañera genera dolor y aumenta el dolor que muchas de ellas ya venían padeciendo. Es por ello que resulta inminente un acompañamiento integral y con perspectiva de género”.
Micaela no pudo más.
Fuente: AnRed



Acción de repudio contra las masacres de jóvenes y luchadorxs sociales en Colombia


Resumen latinoamericano, 5 de septiembre 2020.
Este pasado viernes en horas de la mañana, un grupo de militantes colombianos y colombianas residentes en Argentina realizaron un performance frente al Canal C5N, en la calle Olleros, de la Capital. Con esta iniciativa quisieron visibilizar y denunciar las masacres contínuas que se producen en su país por parte del paramilitarismo contra jóvenes, lideres y liderezas sociales y otras personas del pueblo.
Los y las jóvenes escenificaron la muerte y el «juvenicidio» y luego dieron a conocer el siguiente manifiesto:
Colombia está en Alerta Roja
Según El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz ( INDEPAZ) desde el 2016 a la fecha han sido asesinados 1004 líderes y lideresas sociales, 225 firmantes de la paz y se han presentado 126 masacres en diferentes territorios Colombianos
En lo que va corrido del 2020 se registraron 50 masacres en Colombia, solo en el mes de agosto 11 fueron perpetradas.


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En ese contexto sentimos necesaria la visibilización de los medios de comunicación internacionales y el debido seguimiento de los hechos ocurridos en Colombia. En ese sentido llevamos a cabo en el marco del día del migrante y las diferentes concentraciones llevadas a cabo en Colombia y diferentes lugares del mundo, una manifestación artística frente a las instalaciones de C5N con el objetivo de denunciar y visibilizar los asesinatos a líderes sociales, firmantes de la paz, el incuplimiento de los acuerdos de paz del 2016 y el recrudecimiento de la violencia en los últimos meses.
Ayer mientras realizamos las actividades en Buenos Aires, Argentina otra masacre fue registrada en Buesaco, Nariño. Cuatro personas más fueron asesinadas.
Entendemos que el seguimiento de los medios de comunicación internacionales, en este caso Argentina, es la única alternativa para visibilizar los hechos ocurridos en Colombia, porque solo de esta manera se puede ejercer presión internacional para que cesen las masacres, por lo cual, hacemos responsable a Iván Duque por acción y omisión de los hechos ocurridos. Cada minuto de silencio es una vida más que se convierte en cifra.






A 10 años del asesinato de Julián Antillanca por la Policía de Chubut
Por Iván Marín/ Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre de 2020
  Ilustración: Gastón Spur
Esta fecha es muy importante para mí porque me marcó para siempre. Este 5 de septiembre me lleva al 5 de septiembre de 2010. Todos los años igual. Me pone triste, por supuesto, porque lo sigo extrañando. Julián era muy alegre, ¿viste? Julián era amigo, protector, buen hermano. Y siempre tenía la casa llena de chicos, de sus amigos. Todo el día acá era gente. Extraño todo eso de Julián, y lo extraño a él”.
Acá de mixtura lo que tiene que ver con lo familiar, con los afectos directos y también que hubo un proceso social muy intenso en Trelew, el Valle y la provincia, por la muerte de Julián. Que no es porque haya sido él sino por cómo se fueron dando todas las denuncias de visibilización de cómo el sistema se ocupa de las vejaciones y de los delitos aberrantes contra nuestros hijos. Y digo contra nuestros hijos porque pasan a ser causas común todos los niños y niñas, jóvenes varones y mujeres, que son víctimas de las violencias de estos gobiernos. Y me atrevo a decir gobiernos porque los responsables de las fuerzas represivas son los Poderes Ejecutivos y tienen absoluto conocimiento, y también plena responsabilidad de los delitos que cometen”.


Sandra Tolosa y César Antillanca, madre y padre de Julián Antillanca respectivamente, recuerdan ante el micrófono de Prosa Urgente, una fecha que quedó incrustada en sus pieles para siempre. En la madrugada del 5 de septiembre de 2010 un grupo de efectivos policiales de la Comisaría Cuarta de Trelew se ensañó con la juventud que salió a bailar a los boliches de la zona sur de la ciudad, golpeando ferozmente durante distintos tramos de la jornada a varias personas. Una de ellas fue Julián, a quien luego descartaron arrojando su cadáver desde un patrullero a pocas cuadras del lugar. Diario El Chubut titularía en su tapa que su muerte se produjo por “coma alcohólico”, reproduciendo la versión policial.
Recordando, tratando de hacer memoria. Pero al mismo tiempo entendiendo que estos hechos siguen sucediendo. Tenemos el caso de Facundo. Hace algunos días se supo lo que veníamos diciendo desde el principio de su desaparición. La policía bonaerense como la chubutense, y todas las fuerzas estatales, siguen perpetuando las mismas aberraciones hacia los derechos humanos, hacia la vida de nuestros hermanos, apañados por el poder político, sea del color que sea, y mucho más en este contexto”, reflexiona Ayelén, hermana de Julián, consultada por este medio sobre el significado de la fecha.
El 29 de diciembre de 2016 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut ratificó la condena a cadena perpetua a los policías Martín Solís y Jorge Abraham por el asesinato de Julián. Sin embargo, la familia del joven tuvo que recorrer un tortuoso periplo para que el crimen no quede impune. A principios de 2012 comenzó el primer juicio por el caso, en el que estuvieron en el banquillo de los acusados Jorge Abraham, Martín Solís, Laura Córdoba, Pablo Morales y Carlos Sandoval. Todos ellos policías, el último era comisario de la Comisaría Cuarta al momento de producirse los hechos. Los jueces Alejandro De Franco, Ivana González y Ana Laura Servent absuelven a todos los acusados. La familia apela el fallo y el STJ resuelve revocar la absolución y ordena que se vuelva a realizar el juicio, que se efectúa en 2015 y en el cual se condena a todos los acusados a prisión perpetua, con excepción de Pablo Morales, a quien se absuelve. Para el caso del excomisario Sandoval se lo condena por encubrimiento agravado. El 25 de noviembre en la audiencia de revisión de condena, el tribunal absuelve a Sandoval y a Laura Córdoba.
“Cada vez que pasa algo así me acuerdo de Julián”
En julio de 2018 escribimos un artículo titulado “La sombra azul de la impunidad” en el que informamos los casos de asesinatos y desapariciones forzadas de la Policía del Chubut desde 1983 hasta diciembre de 2017, a partir del informe anual de personas asesinadas por el aparato represivo del Estado que realiza la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Allí consignamos que en nuestra provincia al menos “se contabilizan 80 muertes en manos de las distintas fuerzas represivas del Estado. Sin embargo, si se desglosa por institución se encuentra no solo que la inmensa mayoría tienen como protagonista a la Policía del Chubut (73%), sino que los al menos 59 casos que la involucran se dan entre los años 1.994 y 2.017”.
No cabe duda que el homicidio de Julián no es un caso aislado, sino que expresa una práctica sistemática de las fuerzas represivas estatales. Consultada si casos como el de Facundo Astudillo Castro le traen a la memoria el crimen de su hijo, la respuesta de Sandra no por previsible deja de ser significativa: “Sí, siempre. Cada vez que pasa algo así me acuerdo de Julián”, manifiesta.
Lo propio sucede con César, quien esgrime además una lectura del entramado de impunidad en el que se sostienen estos crímenes: “Lamentablemente la mediocridad y la decadencia que hay en los gobiernos creo que se acrecienta. No solo que no cesó sino que se incrementó y se profundiza porque acá sí es donde se puede analizar con claridad la diferencia que hay entre la violencia institucional y la violencia del Estado”, comienza. Y agrega: “Usted hablaba recién de Facundo, y es un caso también paradigmático, pero es un caso común, es un caso como todos, porque en todas las provincias suceden hechos de este tipo, solo que hay algunos que logran tener el impulso y la mediatización de la denuncia para que se conozca. Lamentablemente debemos llorar a nuestros niños, en el marco en que históricamente me atrevo a decir que se comportan estos gobiernos”.
El 10 de octubre de 2010, mientras distintas organizaciones sociales se manifestaban en repudio al asesinato del joven militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra, por la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria comandada por José Pedraza, César Antillanca se hizo presente, tomó la palabra para repudiar el crimen y trazar una conexión con el asesinato de su hijo. Aquel día se comenzó a tejer una unión entre la familia y amigos de Julián con las organizaciones sociales que llega hasta el día de la fecha, que no se reduce a dicha causa y a las de violencia policial, sino que se amplía al conjunto de las luchas del pueblo en la zona.
Esas movilizaciones, síntesis de la necesaria unidad en la lucha contra los crímenes del sistema social hacia el pueblo, fueron el principal factor para que el asesinato de Julián no quedara impune, más allá de que la inmensa mayoría de sus responsables aun no hayan sido juzgados ni condenados. Tal es así, que desde la fuerza policial no pierden oportunidad para pasar factura a quienes participaron de la lucha o prestaron testimonios clave en el caso. Es lo que sucede con la condena a Jorgelina Domínguez Reyes, la testigo que vio cómo descartaban el cuerpo de Julián desde el móvil policial 234 sobre el asfalto de la calle Patagonia. Es vox populi en las barriadas populares trelewenses que Domínguez Reyes no disparó contra Candela González, y que la causa fue armada en los despachos de las comisarías y fiscalía de la zona.
Por todo ello, la familia de Julián no desea terminar la entrevista sin agradecer al pueblo trelewense y de la provincia en general, como así también a las organizaciones sociales, por el acompañamiento en la causa. Ayer en Trelew, como todos los 4 de cada mes en distintos puntos de la provincia, se movilizó contra la megaminería pasando por la Unidad Regional para recordar la memoria de Antillanca. Es que, como bien afirma su hermana, “el Negro no va a volver pero es lucha en todos los sentidos”.
FUENTE: Prosa Urgente



En la dictadura de los Supermercados Coto enfermarse de Covid no es razón para dejar de asistir a trabajar / Testimonios sangrantes de los trabajadores
Por Carlos Aznárez, Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre 2020.
Desde tiempo atrás se vienen escuchando denuncias sobre la cadena de Supermercados Coto, todas ellas vinculadas al mal trato hacia su personal. Algunas de estas protestas fueron asumidas por la parte gremial, el Sindicato de Empleados de Comercio, a partir de testimonios de algunos delegados, y casi siempre todo volvía a fojas cero debido a las “influencias” que el mandamás de la empresa, Alfredo Coto, tuvo, tiene y seguramente tendrá en círculos del poder, gobierne quien gobierne. Pero desde que estalló el Covid 19, a todos los maltratos por parte de los supervisores y de la parte de “Recursos Humanos” de la cadena, se sumaron la actitud totalmente irresponsable (y se podría decir, criminal) de ignorar olímpicamente que si un trabajador o trabajadora se infecta, no solo es grave para su persona sino que contagiará al resto. Y eso es lo que efectivamente ocurrió. Así, la cantidad de infectados en las sucursales va en aumento, y en todos los casos se aprieta al personal para que no deje de ir a trabajar. Una verdadera locura, pero parece ser que Alfredo Coto no tiene quien lo obligue a hacer lo contrario.
En esta entrevista con el delegado Héctor Castro, de la sucursal de Retiro, surgen muchos datos sobre qué significa trabajar en Coto y los peligros que se corren. Pero además, podrán leer el testimonio de otro trabajador, Christian Larrama, quien cayó enfermo de Covid, lo obligaron a trabajar, terminó contagiando a su esposa y esta finalmente falleció. Y desde Coto, increíblemente, lo siguen apretando y amenazándole con echarlo. Todo un damero de barbaridades propias de la esclavitud. Sin embargo, pasa aquí, en Buenos Aires, en pleno Siglo XXI, con total impunidad.
-Contanos cuál es la realidad que hoy se vive en las sucursales de Coto.
-Como sabrás, nuestra lucha viene desde hace rato, desde la pandemia venimos denunciando a la empresa para que active el protocolo como corresponde, que aísle a la gente que tiene que aislar. Eso no estuvo ocurriendo por eso la empresa hoy tiene tantos trabajadores con Covid, es la principal cadena con más contagios positivos, cercanos a los 700 empleados. Venimos denunciando desde el inicio de pandemia, si bien la respuesta que recibimos fue un apriete y una golpiza, hacia mi persona, por ser quien denuncia y me mandaron una patota a apretarme, a amenazarme, a golpearme. Tengo botón antipánico por todo esto, tras la golpiza que recibí. Solo por reclamar el derecho de los trabajadores, es decir que se cumpla el aislamiento y las normas que estableció el gobierno nacional
Hablás de patota sindical. ¿Qué es querés decir con eso? ¿Quiénes responden a COTO para salir a apretar y golpear?
-Son trabajadores de la misma empresa que usan uniforme de delegados y no tienen respaldo sindical
  • ¿Sos delegado por qué gremio?
-Soy delegado por el gremio de empleados de comercio.
-¿El gremio te respalda frente a estas acciones?
-Si, si el gremio respalda. Esta semana o la semana que viene nos vamos a juntar para avanzar con este tema tan preocupante.
-¿Cuánta gente trabaja en la sucursal donde vos estás y cuántos contagiados hay?
-Hay 200 personas y en esto últimos meses hubo 60 contagios y siguen los contagios. Tomamos datos de los que tenemos contactos, otros no. Más o menos redondeamos en 60 porque son los datos concretos. Pero van a seguir, porque la empresa no respeta los protocolos.
-A estos contagiados les plantean lo mismo qua a Cristian, que no se hagan las víctimas y que sigan yendo a trabajar
  • Si, si, estos días salió una nota donde se cuenta que uno de los compañeros de COTO Ciudadela se autoaisló, porque tenía compañeros con Covid positivos. Y cuando se reincorporó días después la empresa lo despide. Él quiere ingresar, la empresa le dice que no. Lo sacan a piñas y golpes y lo peor de todo es que le mandan telegrama diciendo que él había ido a escupir y golpear al personal. Es decir la empresa para no pagar lo que corresponde, lo echa con causa. No es la primera vez, es su modo de operar,los echa y les inventa causas. Es terrible lo que pasa en COTO
-Este personaje que maltrata abusivamente a Cristian ¿quién es? ¿Es jefe de personal?
-El maltrato abusivo está en toda la cadena de COTO. Es en general, no es solamente en la sucursal de Retiro. Insisto que esto lo venimos denunciando en toda la cadena, nos hacen ciberpatrullaje, no nos dejan expresar libremente, no nos dejan manifestar, nos aprietan, nos censuran, con el trabajo obviamente, no podemos publicar nada relacionado al coronavirus porque la empresa nos llama y nos hace sacar eso de las redes. Es impresionante lo de COTO. Dijimos hace rato que parecemos esclavos del Siglo XXI
-Cuál es la situación de las trabajadoras particularmente, porque las mujeres suelen sufrir más la esclavitud
-Una mujer con la que he tenido contacto me comenta que la llamaron de la oficina de Recursos Humanos, que no le dejan poner en sus estados de WhatsApp nada referido a la empresa o en contra de la empresa. Porque lamentablemente la iban a despedir. Me lo dijo a mí personalmente, que no podía hablar de COVID, solo agachar la cabeza y seguir trabajando y seguir soportando este atropello. Pero en la cadena COTO somos 20 mil trabajadores, entre las cuales hay muchas chicas y también sufren lo mismo. Una compañera de otra sucursal que es delegada, Natalia, a ella personalmente la fueron a buscar para golpearla, hombres ligados a la empresa. Recibió amenazas de muerte, se llama Natalia Galeano. A la empresa no le importa el género. Van contra todos.
-¿Esta dictadura real de COTO, de los empresarios de COTO, de dónde obtiene tanta impunidad? ¿Qué protección tiene para hacer esto que están haciendo?
-COTO tiene protección política, tiene protección sindical, periodística también. Por todos lados. Están noticias graves no salen en primera plana. No salen. por la pauta publicitaria. Obviamente, imagínate que hace un tiempo a COTO desde su casa central, le sacaron 4 cajas de armamento, ametralladoras y granadas. Esa causa quedó en la nada. COTO pagó una multa y quedo en la nada. A un chico lo encuentran con un arma en la calle y va en cana. En este caso, al tener plata y al tener poder, queda en la nada. Precisamente es lo que está pasando con los compañeros de trabajo. Podría hacerte una carpeta y enviarte casos. Son impresionantes. No lo creerías. Cristian es uno de estos últimos días pero hay cientos.
-Esta denuncia de Cristian, se la hace a gente de DDHH de la Nación. Han tenido respuesta por parte del Gobierno. Si llegaron a Secretaria de DDHH, el testimonio ya lo tienen. Cualquiera que escucha ese testimonio se conmueve, ¿cuál es la respuesta, ayuda o apoyo por parte del gobierno?
-Por ahora ninguna, estamos nosotros luchando por nuestro lado, con apoyo de ustedes. Si bien DDHH nos recibió, porque nosotros consideramos que esto viola todo, excede al trabajo, una cosa es el reclamo laboral y otra es el reclamo de la persona por las violaciones de los derechos de su persona. Fue fundamental hablar con una funcionaria. Nosotros creemos que se violó, en el caso de Cristian, todo lo imaginable. Hay muchas cosas, violaron y avasallaron su condición humana. Estamos esperando esa respuesta, para hacer justicia.
-Gracias Héctor por compartir esta denuncia que vamos a efectivizar a través de nuestro programa radial y también a través de la red de medios latinoamericanos. Ojalá se tome esto en serio a nivel gubernamental, ya que parece un gobierno paralelo el de los dueños de COTO. Y sabemos que no empezó con la pandemia. Es un imperio comercial aparentemente “intocable» ya que hay muchas denuncias sobre eso.
-Hay cientos de denuncias que vienen de los trabajadores hacia la empresa. Una es la del ciberpatrullaje. Nos controlan a todos, no podemos expresarnos ni manifestarnos. Hace unos días atrás le decía eso a una periodista y me salió la palabra dictadura. Estas cosas están pasando, pasan. Es así. Gracias por la difusión.
Coto invirtió $ 480 millones en una nueva sucursal - Clarín
Larreta, Macri, Coto. Las buenas relaciones con el poder nunca faltaron.
TESTIMONIO DE CHRISTIAN LARRAMA, trabajador de los Supermercados Coto, sucursal Retiro, ante dos funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
Cristian Larrama: En Marzo/Abril me contagio primero de dengue por la zona donde está ubicado el COTO, es el de la Villa 31, de ahí me avisan que iba a pasar a ser paciente de riesgo, porque el virus me había matado todas las plaquetas, entonces que si el virus (del Covid-19) pasaba a dos cuadras de mi casa me lo iba a contagiar. Me faltaba una semana para incorporarme, para estar bien bien y me hicieron volver 4 o 5 días antes de que terminara la licencia. Acepté y fui a trabajar igual. Pasó que un domingo tipo 5 o 6 de julio, empiezo a sentirme mal, mucho dolor de cuerpo y cabeza, le aviso a mi supervisor, que era uno nuevo, lo habían cambiado. Le digo que me siento mal, no sé si es coronavirus, tal vez es gripe. Pero si me sigo sintiendo así, no voy a venir. Trabajaba de 3 de la tarde a 12 de la noche y cuando le digo esto era la hora en que fumigan tipo 12. Le avise ahí. Me dijo que si faltaba me iba a echar a la mierda, que yo solo quiero vacaciones y que si llamo al médico me iban a dar 7 días por cualquier boludez.
Al otro dia me presento a laburar. Tome paracetamol y Te Vick. No daba más. Tenia 38 grados de fiebre. Le fui a decir a mi supervisor. Me dijo que no me iba a tomar una mierda. Perdón por la palabras pero dijo así. Dice vos lo único que querés es que te den días de vacaciones, y acá se viene a laburar. Al otro día, le aviso a los delegados, me llaman a mí y me dicen que no vaya a trabajar y que me presente a hacerme los chequeos. Lo llamo al supervisor enseguida, llamo a RRHH para avisarles y me empezó a decir que me hacia la victima entre los pasillos, que quería dar lástima, que iba a hacer que me echen, porque lo mío no era nada, era solo una gripe. Dice que los jefes no nos podemos enfermar porque solo estamos para dar órdenes. Que el no podía permitir que nadie de Operaciones se tomara días, que me tenía que presentar igual. Ese día ya no podía de caminar. Sentía la costura de la ropa, me ardía el cuerpo y me fui a hacer el test que me dio positivo.
Como veía que se estaban dando muchos casos, dormía en el cuarto de mis hijos, separado, casi no tenía contactos con ellos. Pero la contagie a mi esposa, no se cómo. Hasta que falleció. Después de eso empecé a ir al psicólogo. Tanto la psicóloga de COTO como la mía y la psiquiatra piden cambio de sucursal por lo violento que era este hombre (el supervisor). A él no le gustaba algo y pateaba todo, es la violencia que tiene COTO hacia cualquiera en Operaciones, la mano viene así. Tuvimos una charla con los de Operaciones y nos trataron como inútiles, que deberíamos estar limpiando como maestranza porque la sucursal no caminaba. No era por nuestra culpa sino de la cantidad de infectados que había. Yo tendría que haber sido aislado una semana antes de que me diera el positivo, porque tuve lazo estrecho con uno que había dado positivo. Pero me dijeron que no me iban a aislar porque si no me tenían que suspender. Me dijeron que me iban a dar todo el tiempo que necesitaba, que me iban a cambiar de sucursal, ni bien me dio de alta la ART. A las 20.30 de la noche recibo el mensaje que al otro día a las 7 am tenía que ir a la sucursal. Yo quedé solo con mi hijo, mi familia es grande, en auto tengo una hora manejando y no me quieren hacer el cambio de sucursal. Es una tortura. Sé que vuelvo y me van a echar. Me lo dijeron. No quiero que esto lo pase un compañero mío, cualquiera, aunque no lo conozca. La violencia es muy grande. Al que roba le pegan, te puedo contar mil cosas que hacen, le tiran agua fría en los pies y lo entran en la cámara a -27 grados. Si es una persona de la calle, lo meten a un contenedor compactadora y lo dejan ahí adentro. Obligan al personal de seguridad, tercerizado a que le peguen. A mí me amenazaron porque nunca le pegué a alguien que robaba. Así me dijeron que no servía para el trabajo. La verdad que si hay gente que no habla es por miedo. Vine a COTO central y hay una bandita de delegados de la empresa. No es común ver a 7 personas con el mismo barbijo morado, me llamó la atención, cuando pasé a su lado se reían. Es muy complicado todo esto. Se que me miraban. Fui a COTO central, y me llamaron de la sucursal porque no me había presentado, pero tengo los papeles de la psicóloga.
-Cristian te puedo hacer una consulta, ¿cuál es la sucursal en la que vos trabajas?
  • La 160 la que está en Retiro.
-¿La recomendación de cambiarte de sucursal es de la psicóloga de la empresa?
-Es tanto de la de la empresa como la de la obra social, una porque tengo que criar a mi hijo, he trabajado de 11 a 7 am, cuando hacia doble turno. Me hacían fichar en el medio para no pagar horas extras. Pero también por lo psicológico, me siento culpable porque contagié a mi esposa. No puedo dormir en la cama que compartíamos. Tampoco puedo pasar por un COTO
¿Tenés un hijo solo?
  • Si, uno solo de 8 años. Ya estaba buscando otra cosa. Soy técnico gráfico, tengo formación. Estaba buscando otra cosa. Pero la vida me llevó a agarrar lo primero, que fue COTO, pero ese grado de violencia que veníamos viviendo,venía de arriba hacia abajo para que luego lo repliques abajo. Yo ya venía buscando psicólogo. Mi mujer decía que cambiara de trabajo. Pero está complicado. Hay compañeros que le gusta eso de pegar. Pero no era para mí. El tema es que sabes que sos reemplazable, atrás tuyo hay 50 que trabajarían por menos sueldo que vos y eso te lo hacen saber siempre. La situación ésta que nadie hable es por miedo.
-¿Legalmente estas asesorado, tenés abogado?
-Todavía no. Desde que pasó esto, me cuesta salir de casa. Son fechas difíciles, vino el día del niño, es muy difícil.

¿Quién es Alfredo Coto?

Figura como número 13 (con una fortuna de US$ 870 millones) en el último ranking Forbes de los 50 argentinos más ricos,
Junto a su mujer, Gloria García, Alfredo Coto comenzó a crear su imperio en los años 70. En el inicio fue la carne. Un sistema innovador de desposte y comercialización le pemitió formar la red de carnicerías integradas más grande del país, con récords de 40.000 kilos mensuales por sucursal. En 1987, Mar de Ajó fue el lugar elegido para lanzar la marca que lo haría conocido: Supermercado Coto. Hoy, tiene más de 120 sucursales en cinco provincias y unos 20.000 empleados, lo que lo convierte en uno de los mayores empleadores del país. Coto está formado además por tres frigoríficos que comercializan todo tipo de carnes, una planta avícola y una curtiembre de exportación, y el mayor centro de distribución de la Argentina.
En los últimos años, el empresario incursionó en el real estate en Miami. Se asoció con la automotriz británica Aston Martin en un proyecto en Biscayne Boulevard: The Aston Martin Residences, con 66 pisos y 390 departamentos. La automotriz no solo presta su marca, sino que es responsable del diseño del lobby, el spa y las áreas comunes del edificio. La empresa desarrolladora se llama G&G Business Developments y su CEO es Germán Coto, uno de los cinco hijos del matrimonio, que además es vicepresidente en Coto SICSA.
Envio:RL

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