El Plan Integral de Seguridad y los pedidos de aumentos salariales.
La respuesta de Axel Kicillof a los policías bonaerenses
En medio de la crisis generada por la pandemia, un sector de la policía provincial realizó reclamos de aumentos salariales, sobre todo a través de sus familiares y algunos retirados o exonerados que buscan llevar agua a su molino. La primera respuesta del Gobierno provincial. Efectos políticos y operaciones de inteligencia.
Por Ernesto Tiffenberg
Dos horas después, se conoció la primera respuesta oficial: “En relación a los hechos de público conocimiento que tuvieron lugar durante el día de ayer, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires comunica que, tal como anticipara el Gobernador el último viernes, durante la presente semana se realizará la presentación del Plan integral de Seguridad. En ese contexto, se conocerán diversas mejoras en las condiciones de trabajo y en los haberes, contempladas en dicho Plan, para todos los efectivos de la Policía provincial.”
En el mismo comunicado, el Gobierno provincial destaca que “durante la pandemia, la Policía de la Provincia de Buenos Aires ha desplegado una invalorable tarea y trabajado incansablemente para cuidar a las y los bonaerenses”, y en ese sentido “reconocemos y valoramos el esfuerzo realizado como trabajadores y trabajadoras esenciales”.
Las protestas
A pesar de que son muchos los que se adjudican ante los medios la organización del reclamo, en general policías retirados o exonerados, la convocatoria surgió durante el fin de semana a través de las redes sociales. Como ya es habitual en las fuerzas de seguridad, el protagonismo muchas veces se traslada a las familias de los uniformados, en especial sus esposas, o a ex policías que asumen públicamente las reivindicaciones y a veces aprovechan para contrabandear las propias.
Esta vez, volvió a aparecer el autodenominado Sindicato de Policías Bonaerenses (SIPOBA), con su propio listado de reivindicaciones, que siempre se hace notar mediáticamente en los conflictos, aunque nadie pudo comprobar la real medida de su capacidad de representación. En la práctica, las autoridades policiales la consideran casi nula.
Los efectos se hicieron sentir sobre todo en Almirante Brown, Varela y Berazategui en el Conurbano, y en ciudades como La Plata, Olavarría, Junín, Bahía Blanca y Mar del Plata en el interior. Salvo en Adrogué, donde se reunió una cantidad apreciable de “familias policiales”, en la mayoría de las protestas fue limitado el número de participantes, que adquirió mayor visibilidad con los “desfiles” de patrulleros haciendo sonar sus bocinas y sirenas.
En el Gobierno provincial tomaron nota de que la actividad fue apenas afectada, ya que se mantenía la atención en casi todas las comisarías.
Cómo se organizó
La convocatoria por redes sociales hacía eje en algunos antecedentes cercanos, que no llegaron a llamar la atención de los medios nacionales. El jueves pasado se realizó un reclamo similar en Misiones, donde se reclamó, y consiguió, llevar los sueldos desde los 28.000 pesos hasta el monto de una canasta de pobreza, alrededor de los 44.000. Y hubo pedidos parecidos en La Rioja, Chaco y Santa Fe.
Como cada vez que se habla de sus sueldos, los efectivos de la Policía Bonaerense se lamentan del retraso que sufren en relación con la Federal y la Metropolitana. La situación empeoró con la irrupción de la pandemia, ya que desaparecieron las horas extras por los eventos deportivos, en especial el fútbol, y se complicaron las condiciones del trabajo por el lógico temor al contagio.
La política mete la cola
En el Gobierno provincial evalúan que el reclamo es mayoritariamente salarial y esperan a que se encarrile con los anuncios que se harán esta semana en el marco del Plan Integral de Seguridad. Pero saben que la política no perderá la oportunidad de pescar en río revuelto.
Algunos opositores como el ex ministro de Seguridad durante el gobierno de María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, ya salieron a hacer declaraciones públicas. Ignorando los datos sobre el crecimiento del delito en la provincia durante sus cuatro años de mandato, que surge del estudio que realizó el Ministerio Público Fiscal de la Provincia que todavía encabeza el vidalista Julio Conte Grand, puso el acento en intentar ganarse a los descontentos recordando los chalecos antibalas que compró durante su gestión.
En paralelo, Elisa Carrió volvió con sus discursos apocalípticos a la televisión, donde aprovechó el contexto para prometer una "resistencia nacional" al "golpe que Cristina Kirchner lleva adelante contra Alberto Fernández" y a encomendarle a la Corte Suprema que resuelva la situación.
Más allá de los adelantados, sin dar la cara, crecen las operaciones de inteligencia que buscan aprovechar el conflicto para incluirlo en sus planes de desestabilización del gobierno de Alberto Fernández y del debilitamiento de la figura de Axel Kicillof en la provincia. Son varios los funcionarios que recuerdan la coincidencia con la ofensiva mediática alrededor de las tomas de tierras en la provincia, y los que toman nota de que en medio de los reclamos policiales surgió otra convocatoria opositora al obelisco para este domingo.
También se levantan apuestas sobre cómo afectarán las protestas a la ya discutida posición del ministro de Seguridad Sergio Berni, envuelto en sonoras discusiones internas con funcionarios nacionales y locales. En el Gobierno provincial toman nota de que aún no surgió un reclamo sobre su figura, pero saben que el partido recién empieza.
08 de septiembre de 2020
Luego del reclamo de un grupo de efectivos
Bianco y Berni anunciaron "una mejora salarial importante" para la Policía Bonaerense
"Era algo que ya estaba previsto, pero por las circunstancias del día de ayer nos parece pertinente ratificarlo para dar mayor certeza", expresó el jefe de Gabinete del gobierno provincial.
Los funcionarios anunciaron que habrá "una mejora salarial importante" para la Policía Bonaerense. "Era algo que ya estaba previsto, ya estaba planeado, pero por las circunstancias del día de ayer nos parece pertinente ratificarlo para dar mayor certeza", aclaró Bianco.
Este lunes, familiares de efectivos bonaerenses y algunos retirados o exonerados realizaron una protesta en el centro de la ciudad de La Plata en reclamo de una mejora salarial y en demanda de insumos para prevenir el contagio del coronavirus.
Los policías cortaron las calles 7 y 50, en el centro de la capital provincial, en tanto algunos patrulleros que se acercaron a la zona hicieron sonar sus sirenas en apoyo a la protesta.
Los policías cortaron las calles 7 y 50, en el centro de la capital provincial, en tanto algunos patrulleros que se acercaron a la zona hicieron sonar sus sirenas en apoyo a la protesta.
La primera respuesta del gobierno de Axel Kicillof fue aclarar que “durante la presente semana se realizará la presentación del Plan integral de Seguridad”.”En ese contexto, se conocerán diversas mejoras en las condiciones de trabajo y en los haberes, contempladas en dicho Plan, para todos los efectivos de la Policía provincial”, completó un comunicado oficial.
08 de septiembre de 2020
Hay más de 800 millones de pesos ejecutados cuyo destino se desconoce
Comedores porteños: Denuncian desvío millonario
A las denuncias por mala calidad y sobreprecios de los alimentos, se suma la de un faltante de 800 millones de pesos sobre el presupuesto ejecutado. Varias de las 19 empresas concesionarias fueron aportantes de la campaña de Juntos por el Cambio. Once recortaron salarios de sus trabajadores en abril y luego pidieron el ATP al Gobierno nacional.
Por Melisa Molina
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está haciendo negocios, otra vez, con la alimentación de los chicos de las escuelas públicas. Distintos legisladores porteños, a raíz de un amparo presentado por las legisladoras Myriam Bregman y Alejandrina Barry, que después de casi tres meses obtuvo respuesta de la Ciudad, denuncian que del presupuesto ejecutado hasta agosto para comedores escolares, de $3.531.129.891 según informó el gobierno porteño, sólo 2.672.125.540 se destinó a canastas alimentarias. Es decir, habría más de 800 millones de pesos ejecutados, cuyo destino se desconoce. Detrás del negocio están las 19 empresas de alimentos concesionarias, varias de las cuales fueron aportantes de la campaña de Juntos por el Cambio. Once de ellas, además, recortaron salarios de sus trabajadores en abril y luego pidieron el ATP al Gobierno nacional. Los legisladores denuncian que las canastas además tienen sobreprecios y no cumplen con la calidad nutricional mínima. Desde el sindicato docente UTE agregaron que tampoco se están entregando la cantidad de canastas que declaran desde Ciudad. Desde el Gobierno de la Ciudad niegan sobreprecios y desvíos, y argumentan que las diferencias se deben a variaciones de costos y "actualización del pago a las concesionarias".
Además de sumarse a la denuncia sobre una parte del presupuesto que fue ejecutado y sobre el cual se conoce su destino, el legislador del Frente de Todos Santiago Roberto indicó, en diálogo con Página/12, que las canastas que entrega el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, no sólo no cumplen con los requisitos nutricionales mínimos, sino que también tienen sobreprecio. “Luego de la respuesta que el Gobierno de la Ciudad realizó casi tres meses después de recibir el amparo, nos enteramos que pagaban 1400 pesos por cada bolsón quincenal. Yo fui al supermercado de cercanía al que voy habitualmente, y por los mismos alimentos que trae el bolsón --incluso algunos de primeras marcas que claramente esos bolsones no tienen-- pagué 653 pesos. Es decir, menos de la mitad. De ese modo podemos saber que hay un 115 por ciento de sobreprecio”, explicó Roberto. Lo mismo fue verificado desde el entorno de Bregman en relación al precio de la canasta. “Basta con ir a un comercio de barrio para verificar que los precios de los alimentos que compra el Gobierno de la Ciudad están inflados”, explicaron.
En esa misma línea, el secretario General de UTE, Eduardo López, confirmó en diálogo con este diario que “las canastas no solo son un desastre nutricionalmente, sino que tienen sobreprecios”. Pero además, agregó que “el Gobierno de la Ciudad les paga a las empresas, por ejemplo, por entregar 100 canastas, pero a las escuelas les entregan 50 porque, por la pandemia, no van todos los chicos a buscarlas. Se quedan con la plata de las 100, pero entregan la mitad, o incluso menos”. En cuanto al procedimiento que utilizan para lograr esto, López indicó que “van a la escuela, le preguntan a la directora cuántos chicos fueron a buscar la canasta el mes pasado y en base a eso van recortando”.
Consultados por Página/12, desde el Gobierno de la Ciudad negaron las acusaciones explicando que no se habría contado agosto en la suma ejecutada, y que además la suma "contempla el pago de Redeterminaciones de Precios sancionadas por el Ministerio de Hacienda y Finanzas". Es decir, se argumenta un pago retroactivo por el aumento de costos pasados, que sin embargo no se encuentra publicado en el Boletín Oficial (como debe ocurrir con todo ajuste presupuestario que pasa por esta instancia). "A la fecha en que se brindó la información referenciada en el mencionado amparo aún no se contaba con la información referida a la ejecución presupuestaria de las entregas de canastas escolares nutritivas correspondientes al mes de agosto", argumentan.
El recorrido judicial
Debido a la mala calidad de los alimentos, que durante la pandemia fue empeorando, y al no tener los números acerca del dinero que el Gobierno gasta en alimento escolar, en marzo las legisladoras del PTS-FIT Bregman y Barry presentaron ante la justicia un amparo colectivo junto a docentes, cooperadoras y familias. Luego de dos meses, el 22 de junio, la jueza de la causa, Romina Tesone, exigió al Gobierno de la Ciudad que informase el costo y la cantidad de canastas entregadas, cuánto se le pagaba a las concesionarias por el servicio --antes y durante el aislamiento--, el monto del presupuesto previsto para el servicio de los comedores y cuánto había sido ejecutado hasta el momento.
El Gobierno porteño se negó entonces a brindar información. El 4 de agosto, durante una sesión especial en la Legislatura porteña, Bregman pidió sin éxito al jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel, que brinde los números. El 18 de ese mismo mes la jueza resolvió aplicar una multa al ministro de Educación, Luis Bullrich --quien reemplazó a Soledad Acuña cuando estaba de licencia-- de ocho mil pesos diarios durante el tiempo en el que no haga pública la información y, además, remitió el expediente a la justicia penal.
Luego de esta medida, finalmente el 23 de agosto el Gobierno de Larreta respondió. Tampoco en esa instancia brindó la información de cuánto le paga a las concesionarias, pero sí detalló cuánto se ejecutó del presupuesto anual, cuánto cuesta cada bolsón y cuántos habían entregado hasta el momento. De ese modo se supo que hasta agosto se había ejecutado el 69,86 por ciento del presupuesto total de 2020 para comedores escolares que era de $5.031.358.533 --$4.598.750.004 comedores y $432.608.529 lácteos--, es decir $3.531.129.891.
En esta respuesta, a la que accedió Página/12, el GCBA informó que en la décima entrega se repartieron 133.557 canastas de almuerzos, 78.001 de refrigerios y 222.687 canastas de desayuno. También informaron que el precio que abonan por cada canasta es, respectivamente, de $1.400, $529 y $175. Según el equipo de Bregman, "de eso resulta que el Gobierno destinó $267.212.554 para aquella décima entrega, sin contar la leche porque ello posee una partida presupuestaria propia--".
Por otro lado, agregaron que "en las audiencias celebradas en el amparo, el Ministerio de Educación manifestó que era imposible registrar las cantidades entregadas, y que ellos computaban los beneficiarios registrados. Es decir, se trata de una cifra relativamente estable ya que los beneficiarios registrados son quienes tuvieron beca el año pasado, quienes tienen beca este año y quienes hayan iniciado el trámite. De ahí que, si en la décima entrega pagaron $267.212.554, tomando las diez entregas realizadas hasta agosto, gastaron $2.672.125.540", detallaron. De esto se concluye que habría más de 800 millones de pesos que fueron ejecutados, pero se desconoce su destino.
Bregman señaló que “desde hace mucho tiempo vemos el déficit en la alimentación de los chicos en la Ciudad, pero a partir de la pandemia notamos que empeoraba cada vez más, por eso hicimos un amparo, sabiendo que por las vías políticas el Gobierno de la Ciudad nunca nos escucha, y allí se abrió una investigación en la que empezaron a saltar todo tipo de cuestiones. Creemos que esto no puede terminar acá. Queremos saber cuánto cobran las concesionarias y qué pasa con ese dinero. Se debe abrir una investigación al respecto”, subrayó.
Las concesionarias
Entre las irregularidades que se vienen denunciando sobre las empresas concesionarias de provisión de alimentos a las escuelas públicas, hay una que atañe específicamente a los tiempos de pandemia. Once de estas firmas pidieron el ATP al gobierno Nacional para pagar salarios, aún cuando el 35 por ciento del porcentaje que reciben de la Ciudad de Buenos Aires es para ello. Y además aplicaron suspensiones y descuentos salariales en abril. Hay un detalle que es claramente previo a la pandemia: al menos cuatro de las 19 concesionarias fueron aportantes a la campaña de Cambiemos en 2015: Friends Food S.A., de Raúl Forastiero, que aportó entonces 14 mil dólares; Teylem, que forma parte del Grupo L al igual que Bagalá y está presidida por Víctor Luis Lusardi; Siderum, dirigida por Fabián Rodríguez y Arkino, presidida por Manuel Martin. Todas estas, a excepción de Siderum, pidieron el ATP.
Las otras empresas que pidieron el ATP son Caterind SA, cuyo presidente es Oscar José Baldi; Dassault S.A., presidida por Carlos Alberto Denarie e Hispan S.A., por Guillermo Alejandro Quiroga. Díaz Vélez SRL, cuyo gerente es Leonardo Ramón Pérez; Enrique Tavolaro SRL, cuyos gerentes son Jorge Enrique y Andrea Tavolaro; Servir'c SA, cuya presidenta es Liliana Delia La Grotta; Treggio SRL, gerenciada por Walter y Vanesa Edith Ferrarotti; Bagala S.A de Víctor José Bautista Lusardi y Servicios integrales de Alimentacion SA, cuyo presidente es Miguel Lombraña.
Por este “doble pago”, el abogado del colectivo “Vacantes para todos”, Eduardo Barreyro, presentó un amparo. En diálogo con Página/12, Barreyro indicó que pudo corroborar que, por ejemplo, “hay una de esas empresas que paga 400 sueldos con el ATP". "Estamos sumando información de montos, sabemos que entre los que pagan la mitad del sueldo con el ATP en abril y mayo figuran esas once empresas”, detalló el letrado.
Como un dato que hace que los números cierren aún menos, el abogado del colectivo Vacantes para Todos --además de denunciar el "doble pago"-- descubrió que el precio que el Gobierno porteño supuestamente paga por los alimentos fue bajando desde el mes de octubre del año pasado hasta hoy. “Bajaron el precio que gastan en alimento per cápita. En octubre estaban pagando 162 pesos por almuerzo, en diciembre 174, y ahora están pagando 140. Es aproximadamente un 25 por ciento menos”, advierte. La ejecución presupuestaria, sin embargo, no refleja esa disminución.
Dado que la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos prohíbe expresamente el aporte de empresas, los partidos utilizan fundaciones para recibir dinero para las campañas. En el caso de Cambiemos, la fundación Formar --que tenía a Guillermo Dietrich y a Esteban Bullrich como referentes-- fue una de las más útiles para tal fin. Según la información brindada por Formar al portal Chequeado, entre las empresas aportantes de la campaña 2015 figuraban las cuatro concesionarias mencionadas (Friends Food, Teylem, Siderum y Arkino).
“Es una cuestión gravísima. Las investigaciones están indicando que estas concesionarias que desde nuestro espacio venimos cuestionando aparecen como aportantes de Mauricio Macri", repasa Bregman. "Entonces una vez más, estas cosas que parecen inexplicables como por qué la comida es tan mala, o por qué Soledad Acuña permite este sistema, se explican porque habría alguna especie de retorno vía aportes a campañas electorales”.
“La clave es descentralizar”
Los legisladores opositores y los sindicatos docentes plantearon en diálogo con Página/12 algunas alternativas al esquema actual para la alimentación de los alumnos porteños. Según Santiago Roberto “por el mismo dinero que gasta la Ciudad para los bolsones propusimos hacer una tarjeta escolar alimentaria para todos los chicos que tienen matrícula en la Ciudad de Buenos Aires. No solo para los que van a comedores, sino para todos, incluso para aquellos que pidieron la vacante y no se la dieron”, detalló.
El legislador resaltó que “de ese modo se podría universalizar el servicio de comedor a través de la entrega de cinco mil pesos mensuales a cada uno de los chicos que van a las escuelas públicas porteñas. La clave sería descentralizar para que de ese modo no haya negociados con las concesionarias”, puntualizó el legislador.
La postura de los sindicatos docentes va en la misma línea. Según López “tenemos como propuesta que, mientras dure la pandemia, haya una tarjeta alimentaria, algo similar a lo que hacen en el Pami que, en vez de entregar los medicamentos, le dan a los jubilados una tarjeta. Y luego sería una buena idea que el Estado vuelva a hacerse cargo, como era antes, y deje de tercerizar a estas empresas con las que hacen negocios”.
Bregman cree que la solución es la estatización de los comedores: “yo fui a la escuela pública cuando era chica y me parece ideal el viejo esquema del comedor de la escuela en el que había comida fresca, caliente y rica. Que los chicos tengan ahí la comida servida por los trabajadores que la hicieron en ese momento, con la guía de nutricionistas diciendo qué es lo que deben comer para estar sanos. Con controles de las cooperadoras y comisiones de padres que cuiden el funcionamiento de esos comedores estatales”, propone.
08 de septiembre de 2020
Dos concepciones sobre el cuidado de la vida
Coronavirus en Argentina: La furia santa vs. criterios racionales
Por Mario Wainfeld
* El gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez, analiza volver a fase 1. Le preocupan los aumentos de contagios, el número de muertos. Entre tanto, restringe actividades. Por ejemplo, suspende las celebraciones religiosas presenciales. El pastor evangélico Héctor Hugo Bonarrico propala un comunicado furibundo. “Las medidas tomadas nos parecen, arbitrarias, desacertadas, discriminatorias, persecutivas (sic), amenazantes e intimidante, hacia la fe en conjunto". El sacerdote también se permite el neologismo “apalear” en reemplazo de “paliar”. La furia santa, tal vez, lo enceguece. Bonarrico ocupa una banca en el Senado provincial y aunque ingresó por otro partido, apoya en general a Suárez. Pero la movida lo radicaliza.
En un tono menos apocalíptico, el arzobispo católico Marcelo Daniel Colombo emite quejas similares.
* En Salta el gobernador peronista Gustavo Sáenz informa que se transmitirá por redes sociales el culto del Milagro sustituyendo a la peregrinación masiva, máxima expresión de religiosidad popular de la provincia. Este lunes, para redondear, ordenó cerrar la Catedral salteña. Todo lugar de reunión es peligroso.
* Sáenz y Suárez mantienen contacto cotidiano con el presidente Alberto Fernández. Le van anunciando qué resuelven, reciben aprobación. Sáenz solicitó y consiguió semanas atrás el envío de gendarmes a su territorio para controlar, dentro de lo posible, el ingreso de inmigrantes bolivianos por la frontera seca creada por la sequía del río Bermejo.
Cuentan desde Olivos que los diálogos entre quienes desempeñan funciones similares son cooperativos y hasta afectuosos. La solidaridad por división del trabajo, diría el compañero-correligionario sociólogo Emile Durkheim.
* El diputado mendocino Alfredo Cornejo forma parte de la bancada intratable de Juntos por el Cambio que asistió al Congreso en patota y que ya registra un contagiado de coronavirus, José Núñez. Cornejo milita en el mismo partido que el gobernador pero tiene otros objetivos políticos: combatir en todo terreno al Gobierno nacional. Desestabilizarlo. Y ser candidato a senador en 2021. Las prioridades de Suárez son diferentes, la gestión está primero.
* AF, chimentan en la Casa Rosada, sonsaca a Suárez sobre las diferencias con Cornejo. “No lo controla ni lo conduce”, concluyen. Fenómeno parecido concierne al gobernador radical de Corrientes Guillermo Valdés y el referente de su partido y predecesor Ricardo Colombí.
La división de roles atraviesa al espacio opositor.
* En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires parece menos notoria en estos días porque el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta se empaca en ir contra la tendencia que prevalece en las provincias. Dispone aperturas a lo pavote, excita con un discurso desaprensivo la preexistente tendencia social al relajamiento y la insolidaridad. Tal vez ceda a las presiones de comerciantes o empresarios. Tal vez piense en su electorado. Tal vez se deje arrastrar por el expresidente Mauricio Macri, la exdiputada Elisa Carrió y la exministra Patricia Bullrich. Tal vez un combo de esas variables.
De todas maneras, HRL recapacita algo, cierra algunos locales que vulneraron todas las reglas. El ministro de Salud, Fernán Quirós, hace una pausa en su falaz optimismo sobre el mito de la curva amesetada: confiesa que la apertura adolescente de los locales gastronómicos no funciona a pedir de boca.
* El gobernador santafesino Omar Perotti transita la vía inversa a Larreta. Tal vez la que éste deba emprender si los indicadores se agravan. Santa Fe tiene un buen sistema sanitario, de los mejores del país, buen legado de las administraciones socialistas. Numerosas camas críticas, personal capacitado. De cualquier manera, toca un límite también extendido. Las camas se pueblan, el agotamiento de profesionales de la salud complica la contingencia.
El 6 de septiembre se comprobaron 615 contagios en la provincia. Casi la mitad, 290, en Rosario. Es el actual foco de irradiación. Las circunstancias cambian. Un diputado del distrito describe la variada movilidad del virus desde marzo. “Al principio, llegaba desde Ezeiza. Luego, desde otras provincias. Ahora el centro es el Gran Rosario”.
Perotti suspendió semanas atrás “reuniones sociales y afectivas”. En los cinco departamentos del Sur de la provincia, que incluyen Rosario, el comercio no esencial funciona con ventas telefónicas o por Internet. El gastronómico, con modalidad “take away”. Preserva las actividades esenciales, la industria, la construcción, incluso la privada solo si trabajan cinco personas como máximo.
El criterio es racional, intentando el equilibrio entre la actividad económica y la prevención sanitaria.
Perotti también le avisa a AF, escala uno en uno. No pide permiso, intercambia datos, experiencias y consejos. También con el jujeño Gerardo Morales.
* Las tratativas se mantienen aunque cada mandatario pulsa las características de su distrito. Un sentido común compartido los acerca, más allá de sus pertenencias partidarias.
Así funciona el sistema político real en la Argentina. Hablamos, si se admite una metáfora de profano, de su fisiología.
Dos criterios políticos y valorativos coexisten (sería impropio o hasta sarcástico decir conviven) en las calles y los territorios, en la sociedad civil, en surtidas dirigencias. Dos concepciones frente a un peligro común.
La lucha contra la peste carece de hoja de ruta. Quienes la emprenden ensayan, aciertan, se equivocan. Según pasa el tiempo, un acierto se metamorfosea en un error o se transforma en insuficiente.
Esta nota carece de remate. Este cronista no tiene dotes de profeta ni bola de cristal. Apenas subraya que está en juego la vida y la salud de millones de argentinos. Que día tras día se baten récords macabros. Y cierra, simbólicamente, con puntos suspensivos.
Los acusadores se quedan con las manos vacías
Juicio por la obra pública: Nuevos testigos desarman las imputaciones contra CFK
Por Raúl Kollmann
Este domingo el diario Clarín publicó una nota sobre supuestas presiones y amenazas en el juicio por la obra pública. No se mencionaron hechos fuera de las audiencias, sino en las audiencias, algo así como preguntas demasiado duras u objeciones a las respuestas de los testigos. La nota exhibe que a la acusación le está yendo mal en el juicio porque la mayoría de los testigos convocados por la fiscalía --Diego Luciani-- o la Oficina Anticorrupción --Juan Carlos Duré-- terminan favoreciendo a las defensas o pasan por la audiencia sin aportar nada. Es más, las defensas son las que denunciaron la forma agresiva en la que Luciani y Duré se manejan en el juicio y están esperando un informe del Colegio de Abogados que tiene una veedora en las audiencias.
Cristina Lavaisse, contadora de la IGJ, primera testigo este lunes, sólo contó que por órdenes superiores fue a la oficina de Austral Constructores, la empresa de Lázaro Báez, a pedir los libros oficiales rubricados. La atendió una empleada que le dijo que los libros no estaban allí, por lo que Lavaisse dejó un requerimiento. En verdad es obligación tener los libros en el domicilio legal de cada empresa, pero es usual que se guarden en cajas fuertes en otros lugares, por lo cual se dejan requerimientos. Desde ya que no se trata de un delito. La expectativa era que la funcionaria dijera que tenía sospechas o que vio irregularidades o que conoció a Báez: no ocurrió nada de todo eso.
En segundo lugar declaró el ingeniero Jorge Suhurt, que estuvo un par de años en la Secretaría de Obras Públicas. También en este caso los fiscales y la OA esperaban que se despachara con sospechas o indicios de irregularidades, e incluso esperaban que dijera que se volvió a La Pampa, su provincia de origen, por algún conflicto en 2007. Suhurt contó que se ocupaba de obras en monumentos públicos, que intervino en la construcción del Hospital El Cruce, pero no tuvo relación con las obras en rutas. Además, dijo que se fue a La Pampa sin conflicto de ningún tipo. No vio ni habló de irregularidades.
Lo que simboliza lo ocurrido este lunes es que la audiencia duró menos de una hora y media, cuando suelen superar las tres, cuatro y hasta cinco horas. En realidad, un juicio es el debate entre las pruebas que presenta la acusación y las que presentan las defensas, pero tanto el fiscal como la OA parecen buscar pruebas. "Están en una excursión de pesca, traen testimonios que debieron ser evaluados en la investigación inicial", les dijeron los defensores a los jueces este lunes.
En las audiencias anteriores ocurrió lo mismo. La fiscalía citó a ex dueños de dos empresas de construcción que fueron vendidas a Lázaro Báez y esperaba que dijeran que la venta se produjo por una patoteada o por un apriete o que hubo una irregularidad. Esa era la forma --argumenta la acusación-- por la que el santacruceño se quedó con 51 de las 81 obras viales construidas en su provincia. Sin embargo, hasta ahora los testigos les dieron la razón a las defensas explicando que vendieron sus empresas porque había fallecido el padre o el familiar que estuvo a cargo y empezaban a tener dificultades de todo tipo. Las ventas fueron normales, documentadas, públicas.
También se intentó que funcionarios de carrera del Congreso dijeran que hubo alguna maniobra en los presupuestos para favorecer a Santa Cruz y a los constructores. Las respuestas fueron que todos los proyectos y presupuestos se trataron en la comisión respectiva y se votaron en el plenario de Diputados y luego en el Senado sin irregularidades. Esa era la base sobre la que se quería imputar a CFK: que desde el gobierno nacional hubo manipulaciones para favorecer a Báez. El juicio, según parece, terminará en 2021, pero, como se vio este lunes, al menos por ahora los acusadores están con las manos vacías.
08 de septiembre de 2020
Un grupo de personas impedió su ingreso al country Ayres del Pilar.
Casación le otorgó el arresto domiciliario a Lázaro Báez
El empresario llevaba 4 años y medio con detención preventiva. Siempre estuvo a derecho y no tenía chances de alterar expedientes que ya estaban elevados a juicio pero el aparato del macrismo extendió su prisión preventiva de manera anormal.
Por Raúl Kollmann
Báez estaba detenido en el penal de Ezeiza desde abril de 2016.
Imagen: NA
Imagen: NA
Después de cuatro años y seis meses de prisión preventiva, la Cámara de Casación le concedió este lunes la prisión domiciliaria a Lázaro Báez. El constructor, imputado en varias causas -lavado de dinero, obra pública- siempre estuvo a derecho, no tenía chances de alterar expedientes que ya estaban elevados a juicio, pero el aparato del macrismo había extendido su prisión preventiva de manera anormal con distintos argumentos. Finalmente, con la firma de Mariano Borinsky y Javier Gramajo, Casación les hizo saber a los tribunales orales que la concesión de la prisión domiciliaria estaba firme y que no requiere de caución porque implica una tobillera y una consigna en la puerta. Como era esperable, algunos vecinos del country Ayres del Pilar se manifestaron en la puerta para impedir el ingreso de Báez a su domicilio.
Conocida la decisión de la Cámara de Casación, también el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 dispuso el arresto domiciliario, pero el empresario no pudo ingresar a su casa de un country del Gran Buenos Aires porque lo impidieron vecinos de ese barrio, que incluso dañaron un vehículo del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Después de la resolución, Báez fue llevado en una camioneta del SPF, con una moderada custodia, al country Ayres de Pilar, en cuya entrada estaba apostado un grupo de vecinos para impedir que ingresara el empresario santacruceño, quien iba vestido con el uniforme color naranja de los detenidos y con un casco de protección.
Los manifestantes impidieron varios intentos de ingreso, incluso cuando la camioneta pudo llegar a la garita de entrada. Sentándose delante de la camioneta lograron su cometido, después de corridas que incluyeron golpes contra el vehículo que sufrió la rotura del parabrisas. Poco antes los abogados del empresario yambién fueron agredidos con el lanzamiento de algunos objetos contundentes y huevos.
Ante estas circunstancias, el presidente del TOF 4, Néstor Costabel, resolvió que Báez sea llevado nuevamente al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza para que pase la noche allí, hasta que se adopten medidas para que se cumpla la resolución judicial y pueda instalarse en un domicilio con garantías para su seguridad. Esta decisión no significa una revocatoria de la prisión domiciliaria, sino una medida transitoria, destacaron fuentes del juzgado.
Ante estas circunstancias, el presidente del TOF 4, Néstor Costabel, resolvió que Báez sea llevado nuevamente al Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza para que pase la noche allí, hasta que se adopten medidas para que se cumpla la resolución judicial y pueda instalarse en un domicilio con garantías para su seguridad. Esta decisión no significa una revocatoria de la prisión domiciliaria, sino una medida transitoria, destacaron fuentes del juzgado.
La acusación contra Báez
Aunque la prisión domiciliaria o la excarcelación no tienen que ver con los delitos en sí mismos, la acusación contra Báez se centra en que supuestamente ganó en forma irregular las licitaciones de 51 de las 81 obras viales que se hicieron en Santa Cruz. De esa manera -siempre según la imputación- se enriqueció ilícitamente de la mano de los gobiernos kirchneristas, con la sospecha de que el constructor fue testaferro de la familia Kirchner. En ese marco, se lo acusó también por haber sacado dinero de manera ilegal al exterior, al estilo de otros empresarios. En Suiza se encontraron cuentas de Báez por unos 35 millones de dólares, aunque la Justicia de ese país no detectó delito.
El argumento de Báez y sus defensores, Elizabeth Gasaro y Juan Villanueva, es que el constructor ganó de manera inobjetable las licitaciones porque era el único empresario que contaba con miles de obreros y la maquinaria necesaria en Santa Cruz. Según ellos, a las demás constructoras les resultaba inconveniente o muy caro llevar personal y maquinarias a 1800 kilómetros, en una geografía inhóspita en la que no se puede trabajar en invierno.
Alegan que la misma concentración de obras existe en muchísimas otras provincias donde las constructoras locales se imponen a las que vienen de otros distritos. Como se sabe, los fiscales utilizaron excavadoras para buscar tesoros escondidos y bóvedas, pero nunca encontraron nada. También naufragó la hipótesis de que Báez fuera testaferro: todos sus bienes y propiedades tenían como beneficiarios a los hijos, incluso en su testamento.
Los tribunales orales trataron de no darle ni la excarcelación ni la domiciliaria, pese a los dictámenes favorables de los fiscales Abel Córdoba y Javier De Luca. Dictaron resoluciones de rechazo a los planteos de los abogados de Báez o le impusieron una fianza de centenares de millones de pesos, pese a que sus bienes están embargados. Finalmente, Borinsky y Gramajo consideraron que el plazo de la prisión preventiva está más que excedido y que además Báez es una persona de edad y con factores riesgo respecto de la covid-19.
08 de septiembre de 2020
Cómo actúan las vacunas inactivadas y quiénes pueden participar
Comienza en el país el segundo estudio de fase III de una vacuna contra el coronavirus
La Fundación Huésped inició el reclutamiento de voluntarios que quieran participar del estudio de fase III de una de las vacunas candidatas contra el coronavirus desarrollada en China y basada en virus inactivado.
Pedro Cahn, director de la Fundación Huésped, explicó los alcances del estudio.
Imagen: Télam
Imagen: Télam
Se trata del segundo ensayo clínico que se pone en marcha en la Argentina para compuestos en etapas finales previas a su aprobación. "Lo que estamos haciendo desde la Fundación es coordinar el desarrollo de este estudio que va a incluir 3000 voluntarios. Se trata de una vacuna de virus inactivado, lo que la hace completamente libre de riesgo", explicó a la agencia estatal Télam el infectólogo Pedro Cahn, director de Fundación Huésped.
Cahn describió que "las vacunas inactivadas utilizan una versión muerta del germen y hay otros ejemplos de este tipo como la de la gripe, la de la hepatitis A, la polio y la de la rabia, por lo cual ya sabemos que es imposible contraer la enfermedad a partir de la vacuna, lo que implica un enfoque tradicional".
Se trata de la vacuna desarrollada por el CNBG (China National Biotech Group), afiliado al China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), en colaboración con el BIBP (Instituto de productos Biológicos de Beijing).
El estudio, que fue aprobado ya por ANMAT, será aleatorizado (recibir la vacuna o el placebo dependerá del azar), de doble enmascaramiento (ni la persona voluntaria ni el equipo investigador saben si recibió la vacuna o el placebo), controlado con placebo (una sustancia inerte), en grupos paralelos para evaluar la inmunogenicidad (la capacidad de activar el sistema inmune) y la seguridad.
"En China la vacuna tiene ya una autorización provisoria ya han sido vacunadas más de 300 mil personas con buenos resultados, al menos en cuanto a la tolerabilidad"
Más de 800 voluntarios participaron de las fases I y II
En los estudios de fase I y II más de 800 personas voluntarias recibieron esta vacuna con buenos resultados preliminares y sin efectos adversos serios.
Además, en simultáneo con el estudio que llevará adelante Huésped, actualmente la vacuna se encuentra cursando distintos estudios clínicos multicéntricos internacionales en Emiratos Árabes Unidos (45.000), Bahrain (6.000), Perú (6.000), Marruecos, Pakistán, Serbia y Jordania.
"Por otra parte, en China la vacuna tiene ya una autorización provisoria ya han sido vacunadas más de 300 mil personas con buenos resultados, al menos en cuanto a la tolerabilidad", explicó Cahn.
El estudio en la Argentina, que será llevado adelante en tres de los centros de Vacunar y es patrocinado por los Laboratorios Elea-Phoenix, durará 12 meses e incluirá 3000 personas voluntarias, mayores de 18 años, "que por su historia clínica y examen físico tengan un buen estado de salud y sean elegibles, tengan menos de 65 años y no estén gestando".
"Participar de un ensayo clínico es un derecho, no una obligación. Nadie tiene que participar si no quiere ni sentirse obligado. Es una forma de colaborar para que podamos terminar más rápido con la pandemia", sostuvo Cahn.
El BIBP es un instituto precalificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y es el principal fabricante de vacunas de China y el único Instituto que cuenta con la aprobación regulatoria de Bioseguridad Nivel III para la fabricación de vacunas a base de cultivo de virus, según informó Fundación Huésped.
La entidad recordó que "la participación es voluntaria, gratuita y no remunerada" y que "ninguna persona voluntaria recibirá un pago por participar ni tampoco incurrirá en gastos", por lo que "está previsto que se provea movilidad y/o que se reintegre el costo del traslado hasta el centro de vacunación, si fuera necesario".
Además, informaron que al tratarse de un estudio que comparara la vacuna contra placebo, solo la mitad de las personas que participan del estudio recibirán la vacuna y que esta decisión es azarosa y desconocida, tanto para el participante como para el equipo médico.
Si durante el tiempo que dura el ensayo clínico, la persona quiere recibir otra vacuna candidata podrá hacerlo sin inconveniente pero debe notificarlo y se retirará del estudio.
Se trata del segundo ensayo clínico de fase III que se pone en marcha en el país: el primero fue el de la vacuna de Pfizer/BioNTech que se está llevando adelante en el Hospital Militar con el grupo de investigación dirigido por Fernando Polack.
Finalmente, Cahn adelantó que Fundación Huésped también tiene planificado participar de estudios para la vacuna candidata de Janssen (la división farmacéutica de Johnson & Johnson), y otra vacuna desarrollada en China, ambas basadas en adenovirus.
Quienes quieran participar pueden inscribirse en https://estudios.huesped.org.ar/
08 de septiembre de 2020
Requisitos para la inscripción en las primeras dos líneas de préstamos
Procrear: los créditos hipotecarios empiezan este viernes
Se ofertará la línea Construcción, para viviendas de 60 metros cuadrados, por alrededor de 3,5 millones de pesos, y la línea Ampliación, para ampliaciones de hasta 30 metros cuadrados por 1,2 millones de pesos.
Por Florencia Barragan
Para la línea construcción habrá 30 mil cupos
Esta semana se habilitará la opción más esperada del plan Procrear: los créditos hipotecarios. El viernes abrirá la inscripción para dos líneas a través de la web oficial. Así, quedará habilitada la línea Construcción, para viviendas de 60 metros cuadrados, por alrededor de 3,5 millones de pesos. Además, la línea Ampliación, para ampliaciones de hasta 30 metros cuadrados por 1,2 millones de pesos. En el primer caso serán 30 mil cupos y en el segundo solo 2000 cupos. Habrá un plazo de gracia de 12 meses para comenzar a devolver el crédito, que se actualizará por variación salarial con una nueva tasa de interés, llamada Hogar.
Requisitos
La línea Construcción fue diseñada para realizar construcciones de 60 metros cuadrados. Pero, si la familia que se inscribe y luego sale sorteada tiene un ahorro previo, la construcción podrá ser de hasta 90 metros cuadrados. Un requisito clave para la inscripción de esta línea es contar con un lote escriturado en una fecha previa anterior al 4 de agosto de este año, que fue el día que se relanzó el programa Procrear.
“Queremos evitar la especulación del valor de las tierras”, explicó a este diario Luciano Scatolini, subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Desde el comité ejecutivo del Procrear trabajan en una línea de crédito que incluya la posibilidad de comprar un lote y a la vez construir. Hasta el momento, las dos opciones que hay son por un lado Construcción, y por otro lado Lote con servicio, aunque esta última se habilitará la inscripción en las próximas semanas.
Otro requisito para la inscripción será contar con entre dos y ocho salarios mínimos (entre 33.750 y 135.000 pesos). La gran incógnita que existe en la cartera que conduce María Eugenia Bielsa es si los trabajadores con los sueldos más bajos podrán acceder, debido a que para eso necesitan contar con un lote previo. En el Procrear del segundo gobierno de Cristina Kirchner las variables macroeconómicas eran otras, al igual que el poder adquisitivo.
Tasa de interés
“Las cuotas van a ser accesibles, pero la clave será tener un lote, por lo que se va a poner en juego qué municipios tuvieron políticas de planificación y ordenamiento urbano durante los últimos cuatro años”, describió Scatolini. Tras la apertura de la inscripción, restará definir la fecha del primer sorteo, aunque se espera que sea a fines de septiembre. Hasta el momento, se sortearon 34 mil créditos para refacciones de vivienda, por hasta 500 mil pesos.
Uno de los cambios de los créditos hipotecarios con respecto a cómo se instrumentó en el gobierno anterior será la tasa de interés. La actualización del monto adeudado y de las cuotas dejará de realizarse por inflación (a través de la UVA) y pasará a ser a través de una tasa nueva, llamada Hogar, que variará según los ingresos del solicitante.
El capital adeudado se actualizará por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el Indec. A eso se le sumará un 1,25 por ciento mensual para los segmentos salariales más bajos, y será mayor para los más altos. Si los salarios comienzan a recomponerse, como todos los analistas económicos prevén en la pospandemia, la tasa tendrá un tope del 2 por ciento del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que publica el Banco Central.
Precios Cuidados
Entre los sorteos de las líneas de refacción y la apertura de las líneas para construcción, comenzará a observarse la inyección de fondos del Estado en el rubro de la construcción, que se prevé que alcance los 25 mil millones de pesos. Ante la posibilidad de que ese aumento de la demanda se traslade a precios, el Gobierno anunciará esta semana una especie de programa de Precios Cuidados pero en vez de para alimentos, para materiales de la construcción. El anuncio estaría a cargo de María Eugenia Bielsa y Matías Kulfas o Paula Español, del Ministerio de Desarrollo Productivo, quienes trabajan en los convenios con las cadenas de valor.
De esta manera, este viernes quedarán habilitadas dos de las cinco líneas que están dentro del abanico de créditos hipotecarios. La línea Construcción es sin duda una de las más esperadas, en un contexto donde es muy difícil el acceso al crédito tradicional, y la opción bancaria de los UVA resultó un dolor de cabeza para los hipotecados, debido a la actualización que se hace todos los meses por inflación, tras dos años de inflación récord. En las próximas semanas se habilitará desarrollos habitacionales y urbanísticos.
08 de septiembre de 2020
Las tarifas están congeladas desde principio de año
Por qué las facturas de luz y gas llegan con aumentos
En los últimos meses, muchos usuarios fueron recategorizados producto del aumento del consumo de energía.
Imagen: Micaela Gualtieri
El gobierno confirmó que las tarifas de los servicios públicos permanecerán congeladas durante todo el año. Pese a ello, las facturas de gas y electricidad han comenzado a llegar con fuertes subas, fundamentalmente por el incremento registrado en los consumos durante la cuarentena. En el caso del gas también influyó la ola de frío que impactó de lleno en la Patagonia.
Si bien la cuarentena se ha ido flexibilizando, las actividades laborales que se pueden realizar de manera remota continúan de ese modo, al igual que la actividad educativa en todos sus niveles. Esa situación forzó una suba en los consumos de energía. En el caso de Metrogas, por ejemplo, los despachos aumentaron un 20,1 por ciento interanual, mientras que los de Gas Natural Ban treparon 15,9 por ciento, siempre según cifras oficiales disponibles en el sitio web del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas)
Ese mayor consumo ya representa de por sí un mayor gasto aunque la tarifa permanezca sin cambios, pero en muchos casos como consecuencia de esa mayor demanda los usuarios cambian de categoría y todo el gasto se recalcula sobre un nuevo valor tanto del cargo fijo como del variable.
Por ejemplo, un cliente R23 que en julio-agosto del año pasado había consumido 900 metros cúbicos pagó 303,3 pesos de cargo fijo y 10.728,24 pesos de cargo variable (900 x 11,9 pesos), lo que arrojó un total de 11.031,54 pesos. Si producto de la cuarentena, en el mismo período de este año elevó su consumo a 1100 metros cúbicos, un 12,2 por ciento, pasó a la categoría R31 y sus consumo se recalculó con un nuevo valor: 395,28 pesos de cargo fijo y 14.146 pesos de cargo variable (1100 x 12,86 pesos). En total, pasó a pagar 14.541,28 pesos, un 31,8 por ciento más que un año antes cuando su consumo trepó un 12,2 por ciento.
En el invierno pasado, el gobierno de Mauricio Macri había decidido diferir parte de la factura para el verano con la intención de que no llegaran cifras tan abultadas justo en los meses previos a la elección presidencial. Ahora, pese a que hubo cuarentena y aumentos significativos en los consumos, el gobierno de Alberto Fernández no implementó ningún paliativo más allá del congelamiento que, en el caso del gas, rige desde abril de 2019. La misma situación se observa en el caso de la electricidad, aunque el consumo no es tan estacional como sucede con el gas. Según Fundelec, en julio la demanda de Edenor trepó 3,6 por ciento y la de Edenor 5,6 por ciento.
Este cuadro de situación se agrava en muchos casos porque al comienzo de la pandemia los empleados de las distribuidoras eléctricas y gasíferas no fueron considerados trabajadores esenciales y no pudieron salir a realizar la medición de los consumos. A raíz de ello se terminó facturando tomando como referencia un consumo estimado de períodos previos. Sin embargo, cuando se realizó la medición si el consumo terminó siendo mayor al estimado sobrevino un ajuste, aunque el mismo se puede pagar en cuotas.embre.
08 de septiembre de 2020
Rechazó las sesiones virtuales y estuvo el martes pasado en el Congreso
Tiene coronavirus un diputado que participó del show de Juntos por el Cambio
Se trata del santafesino José Núñez. Además de rechazar las teleconferencias en la Cámara baja, es uno de los promotores de las movilizaciones anticuarentena en su provincia.
José Núñez durante la sesión del lunes pasado, en la que el macrismo rechazó la modalidad virtual.
José Núñez, uno de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio que en la última sesión decidió asistir al Congreso en vez de resguardarse y participar por videoconferencia, dio positivo en un test de Covid-19 y por ello entraron en riesgo todas las personas que estuvieron en contacto cercano con él.
El diputado es uno de los tantos opositores que cuestionó la modalidad tomada por las autoridades del Poder Legislativo en el marco de la pandemia, para proteger la salud de legisladores, asesores y empleados del Congreso. También fue uno de los que alentó las movilizaciones anticuarentena en Santa Fe, la provincia por la cual tiene una banca.
El 1 de septiembre pasado, Núñez asistió a la Cámara baja y participó de la polémica desatada por los representantes del macrismo que elucubran que la modalidad virtual atenta contra la República. Es más, a la noche publicó un video en el que manifestaba su indignación por figurar momentáneamente como “ausente” en la sesión en la que estaba presente. “No es un trabalenguas, es la realidad”, escribió en las redes sociales.
Solo cinco días después, también por su cuenta de Twitter, avisó que dio positivo en un test. Dijo que es asintomático y que recién a partir de ahora empezó a tomar los recaudos para evitar la transmisión del virus, con el que pudo haber estado infectado en momentos que rondaba los pasillos y recinto del parlamento.
Si esto fuera así, si ya tenía el virus mientras sesionaba, su presencia hace entrar en zona de riesgo a toda persona que estuvo en contacto cercano con él y que ahora deberá entrar en aislamiento de 14 días. De haber aceptado la modalidad virtual, no hubiera habido posibilidad de transmisión ni peligro sanitario para terceros.
De hecho, la confirmación del contagio disparó el protocolo sanitario de Diputados: el director médico, Marcelo Halac, informó a través de una nota que “a partir de la notificación de los medios de prensa”, contactó a Nuñez para “construir el mapa epidemiológico” y determinar “los contactos estrechos” del legislador el martes pasado y “la detección precoz de un eventual foco de trasmisión”.
Núñez no advirtió del contagio a las autoridades de la Cámara baja y eso desató el repudio de otros legisladores. “El diputado José Núñez no avisó al médico de la Cámara el resultado de su hisopado, continuó poniendo en riesgo a los trabajadores de manera deliberada. Lamento el egoísmo de algunos legisladores. Ojalá se recupere pronto y nadie salga perjudicado por el show que montaron”, posteó en Twitter la diputada oficialista Cecilia Moreau.
Desde JpC desmintieron las versiones que hacían referencia a la negativa de algunos de sus legisladores a someterse a un hisopado preventivo. “Un grupo de 18 diputados de JxC se hisopó en Capital Federal entre miércoles y jueves, para tener el certificado que exigen en sus provincias. Otros legisladores se hisoparon cuando llegaron a sus distritos, como Mario Negri (negativo) o Núñez (positivo)”, sostuvieron ante la consulta de PáginaI12. Luego difundieron una lista de 31 diputados y empleados de la alianza opositora que "ya se han realizado el hisopado”.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario