Un empresario así no pueda tener licencia alguna de un medio sin antes resolver las cuestiones judiciales pendientes.
Debe responder ante la Justicia por los daños a cientos de trabajadores. Mientras tanto, será repudiado por el gremio de prensa y la sociedad en su conjunto.
31 de agosto de 2020
Lejos de haber sido un perseguido, los hechos demuestran que Sergio Bartolomé Szpolski fue un protegido del macrismo y de los sectores más oscuros de este país, lo que llaman los sótanos de la democracia.
Szpolski, dueño del fallido Grupo 23, candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria en 2015, recibió fortunas de pauta oficial para sus diversos emprendimientos en los medios de comunicación, a los que en su mayoría hacía figurar como pyme para pagar la mitad del IVA.
Dentro de ese armado comercial, Szpolski reconoció haber tenido como socio a Darío Richarte, ex N°2 de la SIDE aliancista que volvió a poner a su gente en la AFI con la asunción de Macri. En una charla con los delegados gremiales de Tiempo lo llamó "socio oculto".
Uno de los hombres de Richarte-Szpolski en la AFI fue Juan José Gallea, ex gerente del Grupo 23 que ejerció como director de Finanzas en la gestión de Gustavo Arribas. Esta nota de Ricardo Ragendorfer es clave para entender esos vínculos: "El stornelligate destapó entre Szpolski, la exside y abogados"
Szpolski dejó de pagar salarios en algunos medios del grupo en diciembre de 2015 con Macri todavía sin asumir. Comenzó ahí su huída. A fines de ese año el vaciamiento del G23 era notable. Tampoco pagó el aguinaldo, que prometió en sucesivas fechas. En enero no abonó sueldos. No recurrió por entonces al argumento de la persecución.
El ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, no movió nada en su contra. No tuvo respuestas, como tampoco las tuvieron otras áreas del Gobierno a la que acudimos para defender nuestros derechos.
En reuniones con delegados, Szpolski no se mostraba perseguido. En enero, llegó a proponer apuestas sobre en qué lugar estaría él y en qué lugar estarían Cristóbal López y Olmos. Él decía que saldría adelante y el resto no.
A fines de enero, anunció la venta de Tiempo y Radio América a un desconocido Mariano Martínez Rojas, que nunca pagó salarios y que generó un lock out el 9/2 al decidir no imprimir el diario.
La venta nunca se concretó, como lo hemos denunciado en diversas ocasiones. Ni siquiera presentaron papeles que la acreditaran en las audiencias en Trabajo de la que participaban nuestra representación gremial, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Siempre dijimos: Szpolski es el dueño; Martínez Rojas era la trampa.
Szpolski siguió haciendo negocios, mientras tanto. En 2017, según el diario Perfil, reapareció en un entramado con una empresa de seguridad que hizo capacitaciones en la Policía Bonaerense. Gobernaba María Eugenia Vidal.
Nunca durante los cuatro años en los que estuvo escondido haciendo negocios acusó persecución. Estuvo tan bien protegido que no se lo escuchó hablar de periodismo contrahegemónico. Se acordó ahora, de repente. Dice que lo demonizan. No es demonización, es reclamo de derechos laborales.
Desde Tiempo Argentino realizamos diversas denuncias contra Szpolski y su socio, Matías Garfunkel. Una de ellas ante la Justicia federal por lavado de dinero y el entramado societario a partir de una investigación de Procelac.
También, ya conformados como cooperativa, reclamamos la quiebra de Balkbrug, sociedad de Szpolski-Garfunkel que administraba Tiempo. Para la sindicatura no había dudas sobre la titularidad. Señaló a ambos como "los verdaderos dueños de la sociedad fallida".
El año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, reconoció la responsabilidad patronal hasta octubre de 2017, cuando se dictó la quiebra. Debieron pagar salarios o indemnizaciones.
"Nada impide a los dependientes formar una cooperativa, derecho constitucionalmente garantizado ni a la cooperativa coexistir con el vínculo laboral que pudieren tener sus asociados con sus empleadores", argumentó la fiscal Gabriela Boquín.
El denominado Grupo 23 no era más que la ingeniería montada por Szpolski y Garfunkel para hacerse de recursos de la pauta oficial, licuar deudas y premeditar insolvencias, especialmente en perjuicio de los trabajadores. Ante el Juzgado Comercial N°23 tramita justamente la extensión de quiebra, que deberá aclarar y delimitar el alcance real de las responsabilidades de este personaje y sus secuaces.
Szpolski fue procesado por no pagar aportes patronales. Fuimos los propios trabajadores quienes lo denunciamos. Al contrario de lo que sucedió con otros de sus colegas, nunca entró, como pretende en esta reaparición, en la categoría de empresario al que había que detener. No hubo menciones de Macri a Szpolski. Ni públicas ni privadas. Y en tanto trabajadores nos constó esa protección cada vez que quisimos que el gobierno tan solo mediara una solución.
Cuando una patota a cargo de Martínez Rojas entró a la redacción de Tiempo y Radio América y nos rompió nuestros elementos de trabajo, el entonces presidente Macri nos llamó "usurpadores". A nosotros, que defendíamos las fuentes de trabajo.
Szpolski dejó a más de 800 trabajadores en la calle. Debe dar cuenta de una red de testaferros, desde choferes hasta secretarias, que aparecen como titulares de las distintas empresas del grupo en las que él se llamaba vicepresidente. En su reaparición, se confesó dueño del grupo, algo que negó durante todos estos años.
Mientras Szpolski se victimiza con una persecución que no sufrió, hubo colegas desalojados, otros que vieron peligrar tratamientos por diversas enfermedades y mucha, mucha gente que vivió gracias a las donaciones que recibíamos. Hubo compañeros que murieron en el camino. Y murieron llenos de angustia.
Su reaparición pública victimizándose es una provocación para esos trabajadores y sus familias. Y también es un peligro para una redacción que debió tener custodia de una fuerza federal durante dos años por los ataques y amenazas.
El gobierno debe velar para que un empresario así no pueda tener licencia alguna de un medio sin antes resolver las cuestiones judiciales pendientes. Sus sociedades, conexiones y negocios hablan por sí solas.
Szpolski debe responder ante la Justicia por los daños provocados a cientos de trabajadores. Mientras tanto, será repudiado por el gremio de prensa y la sociedad en su conjunto.
Masivos contagios de Covid en el plantel de Boca
El fin de semana, al menos tres jugadores habían presentado síntomas, por lo que fue testeado todo el plantel, con una alta tasa de positividad. El entrenador, Miguel Russo, fue aislado por ser pertenecer al grupo de riesgo.
31 de agosto de 2020
El plantel de Boca había vuelto a los entrenamientos en el complejo que el club tiene en Ezeiza. Este lunes, ya dentro de una "burbuja sanitaria", Boca anunció "un brote de contagio", aisló a la delegación en habitaciones del hotel cercano en el que se alojan, y suspendió por 72 horas las prácticas. A primera hora, el entrenador Miguel Ángel Russo, de 62 años, quien pertenece al grupo de riesgo, había dejado la concentración por precaución. Aún sin confirmar, habría al menos 19 infectados: 14 jugadores y 5 asistentes. Lo concreto es que los casos son masivos en el plantel de Boca.
Todo comenzó cuando al menos tres futbolistas de Boca presentaron síntomas compatibles con el coronavirus dentro de la "burbuja sanitaria" en Ezeiza. El plantel, que se encontraba entrenándose de cara a la vuelta de la Copa Libertadores, se realizó este lunes por la mañana testeos para confirmar el diagnóstico. Y en las próximas horas se harán más.
Más de 33 futbolistas de Boca realizan desde hace una semana una concentración en el hotel Howard Johnson de Ezeiza con prácticas en doble turno en el centro de entrenamiento del club. La "burbuja sanitaria", que está prevista hasta el sábado próximo, podría suspenderse inmediatamente en caso de registrarse nuevos casos positivos. Fuera de ella habían quedado los futbolistas contagiados previamente: Agustín Almendra, Iván Marcone y Agustín Lastra.
Boca tiene agendado para el sábado próximo un amistoso con Tigre a puertas cerradas en La Bombonera y volverá a jugar en la Libertadores ante Libertad de Paraguay, como visitante, el jueves 17 de septiembre, es decir, en apenas 18 días. Se sabe: una persona con coronavirus necesita 20 días para recuperarse.
Testeos en River
Los futbolistas de River Plate, junto al resto de los integrantes de la burbuja sanitaria, fueron testeados este lunes y lo volverán a hacer el jueves para determinar si hubo más contagios de coronavirus después del positivo arrojado por el entrenador de arqueros Adrián Olivieri.
Desde la noche del lunes cuando se conozcan los primeros resultados, las personas que presenten cargas virales serán sacadas de la burbuja, aisladas y se activará un seguimiento de los contactos estrechos que pudieran haber ocurrido con otros miembros de la delegación.
De todos modos, para saber el grado de impacto que tuvo el ingreso del virus en el grupo "millonario" habrá que esperar hasta jueves o viernes, luego del segundo hisopado previsto.
Fuente:TiempoArgentino
31.08.2020 / Provincia de Buenos Aires
Kicillof, sobre la toma de tierras: "Queremos dar a la necesidad una respuesta del Estado"
El gobernador bonaerense consideró que detrás de las tomas de terrenos "hay una necesidad", por lo que afirmó que su gestión "quiere responder" a esa demanda, pues "tiene que haber una respuesta del Estado con programas y planes". El mandatario precisó que ya hubo reuniones, y que continuarán ese diálogo con cada intendente "porque no todas las situaciones son iguales".
Kicillof, consultado por la prensa, asintió que "hay una necesidad, es innegable", y agregó que desde su gobierno buscan "responder a esa necesidad con programas, planes y perspectivas que dé el Estado, con reconocer un derecho".
"Para eso hay que ver cada caso en particular, y hacerlo de una manera ordenada, pero tiene que haber una respuesta del Estado, eso es lo que estamos tratando de articular rápidamente", profundizó.
Kicillof sostuvo que "las actuales condiciones (de pandemia) no son las más favorables porque es difícil implementar grandes programas, sean lotes con servicio y mejoramiento urbano".
"Es lo que nos proponemos hacer lo antes posible; yo no prejuzgo, hay que ver cada situación. No se puede generalizar y hay que ver en cada uno de los casos y hay que buscarle una solución", amplió.
Fuente:PoliticaArgentina
Vicentin: represión y persecución judicial a trabajadores
Trabajadorxs de Vicentin denunciaron que tanto el poder judicial como la patronal de la empresa los persigue, además de haber sufrido represión policial.
31 DE AGOSTO DE 2020
Trabajadores y trabajadoras de Vicentin repudiaron el desalojo en Algodonera Avellaneda tras una violenta represión, denunciaron persecución judicial, amedrentamiento de las patronales del Grupo, además del ataque de una patota.
Hace pocas horas, lxs trabajadorxs denunciaron que "un contingente de cientos de efectivos policiales, con una orden de desalojo solicitada por el fiscal Alejandro Héctor Rodríguez y dispuesta de forma exprés por el juez Santiago Banegas, avanzó sobre las trabajadoras y los trabajadores en huelga, forzándolos a desalojar el acampe que sostienen ante la planta".
Aseguraron que de esta manera, los mencionados funcionarios del Poder Judicial cedieron "al propósito repetidamente clamado por el Grupo Vicentin de criminalizar el reclamo salarial".
"Poco le importó a los funcionarios policiales locales la respuesta del Ministro de Seguridad de Santa Fe el pasado viernes 21 al juez Banegas esgrimiendo el respeto al derecho a huelga y la condición de servicio a la comunidad que impide la actuación para la vigilancia privada permanente, como pretende este grupo empresarial", expresaron desde la Comisión Directiva Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina F.T.C.I.O.D y A.R.A..
Detallaron además que "a los cientos de efectivos policiales que con decenas de móviles se desplegaron ante la planta de la Algodonera Avellaneda en Reconquista, hay que sumarle los cinco patrulleros que se apostaron en el acceso a la aceitera Vicentin en Avellaneda y los otros cinco móviles que hicieron lo propio ante la planta de Buyanor en Avellaneda, todas del mismo Grupo. Es decir, todo el aparato policial en la región de la Provincia, comandado por el juez y el fiscal, estuvo al servicio del Grupo Vicentin en sus tres plantas industriales de la zona".
Cabe destacar que el pasado 18 de agosto, lxs trabajadorxs denunciaron que "una patota comandada por el abogado de la empresa y parte de la familia, Héctor Vizcay, agredió a dos obreras de la Algodonera, que tuvieron que ser hospitalizadas, ante la pasividad policial".
Lxs trabajadorxs llevan más de 70 días reclamando un aumento para los salarios "de miseria" que paga la empresa, "utilizando a la policía como seguridad privada" del Grupo Vicentin.
"La única amenaza a la paz social es la que ejerce el Grupo Vicentin condenando al hambre y a la pobreza a quienes desempeñan tareas en la Algodonera Avellaneda, negándose al diálogo, atacándolos con patotas y clamando por su represión. Repudiablemente, hoy funcionarios judiciales cedieron a su voluntad", sentenciaron.
Luego de estos hechos sucesivos, y ante la negativa patronal de negociar, las repetidas ausencias en las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe, el Sindicato decidió el inicio de un plan de lucha gremial, iniciando una Huelga General Regional que comenzó este lunes, convocada por el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón de los Departamentos General Obligado y San Javier.
Rápidamente, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe dictó la conciliación obligatoria tanto al Sindicato como a la Algodonera Avellaneda; motivo por el cual los trabajadores retomaron las actividades mientras dura la misma.
Asimismo, la cartera laboral ordenó a la empresa "que CESE en forma inmediata con cualquier conducta que pueda ser considerada o percibida como represiva y/o una violación a los derechos de la libertad sindical de los trabajadores o de sus representantes".
En este marco, se realizará este martes una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo.
Fuente:Infonews
Juntos por el Cambio quiere desafiar al coronavirus y asistir de forma presencial al Congreso
El bloque opositor quiere ir al recinto pese a las contraindicaciones por el COVID. Trabajadores del Congreso le exigirán un hisopado a todo el bloque.
01 DE SEPTIEMBRE, 2020
Con impulso del Frente de Todos y casi todas las bancadas opositoras, con excepción de Juntos por el Cambio, la Cámara de Diputados sesionará este martes de manera virtual. El macrismo, por su parte, prepara otra insólita "travesía por la democracia" para ir de forma presencial al recinto y hasta amenaza con judicializar la sesión.
Ante la rebelión de JxC que amenazó con boicotear el acuerdo del oficialismo con el resto de la oposición para sesionar de forma remota, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, decidió cederle el recinto a la bancada presidida por Mario Negri para que pueda participar presencialmente. A pesar de tener diputados que son grupos de riesgo, y que abrir el recinto implica movilizar a varias decenas de trabajadores del Congreso a un espacio cerrado en plena pandemia de coronavirus, la oposición más dura se apresta a ir al recinto y hasta denuncia un "golpe" de Massa, presidente de la Cámara Baja.
Inclusive, la Asociación del Personal Legislativo, gremio principal de los trabajadores del Congreso, manifestaron su rechazo a la intención de Juntos por el Cambio y hasta advirtieron que van a exigirle hisopados a todos los diputados que vayan a ir al recinto.
En declaraciones televisivas, Massa confirmó que en conjunto con los bloques minoritarios de la oposición que abonaron el acuerdo de renovar el protocolo de sesiones remotas, tomaron la decisión de "dejarles el recinto a los diputados de Juntos por el Cambio que quieran debatir de manera presencial" en la sesión convocada para este martes a las 13:00.
"Les acabo de mandar el protocolo", ratificó el ex intendente de Tigre, que convocó a la comisión de Labor Parlamentaria a las 11:00 para allí ratificar el acuerdo para renovar el protocolo vencido, según pudo saber NA de altas fuentes parlamentarias del oficialismo.
Durante la sesión, se abordará una agenda de consenso: el proyecto que crea un régimen de promoción turística y gastronómica para paliar la emergencia económica de estos sectores, y otra iniciativa para endurecer las sanciones a la pesca ilegal. "Remoto o presencial, que sesionen como quieran, pero que les den a los actores, a los operadores turísticos y a los mozos de restaurantes la ley, porque esa gente no puede esperar y el Estado tiene que estar ahí invirtiendo", lanzó Massa.
Ante el avance del Frente de Todos con sus socios parlamentarios a fin de sesionar de forma remota, Juntos por el Cambio, que alegaba que eso no podía hacerse ya que el protocolo estaba vencido desde el 7 de agosto, decidió mover sus fichas para romper ese acuerdo e imponer sus propias reglas.
"Caravana por la democracia" e intento de judicialización
En pie de guerra y con un contragolpe sorpresivo, anunció que sus diputados viajarían en caravana desde las provincias para concurrir presencialmente a la sesión, jugada que encendió las alarmas del oficialismo, ya que una concentración de legisladores por encima de la recomendada (de aproximadamente 45) en el recinto podría comprometer la seguridad sanitaria en medio del pico epidemiológico.
Según estiman en Juntos por el Cambio, serían 100 los legisladores de ese interbloque que ocuparían bancas en el recinto, una cifra muy superior a los 45 de las sesiones anteriores. Más allá de que la agenda de temas a tratar no sea conflictiva (de hecho JxC había intentando que se trataran en la sesión anterior), todo está dado para que la sesión se inicie con escándalo.
Sucede que al desconocer la legitimidad del acuerdo entre el Frente de Todos con algunos bloques opositores para prorrogar la virtualidad, se espera que Juntos por el Cambio siente a sus diputados en el recinto (lo que le serviría para argumentar que tiene vocación de debatir) y al no reunirse el quórum con el recuento tradicional de legisladores presentes en las bancas, podría alegar que la sesión es inválida y por ende retire a su tropa del lugar.
"Ellos están queriendo obturar la sesión, que no haya sesión. Por eso reeditan la ´travesía por la democracia´ que habían hecho hace unos meses. Vienen a hacer un show, violando la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio en un lugar cerrado, exponiendo no sólo los legisladores que sería lo de menos porque somos esenciales sino también a los trabajadores de la casa", advirtió en diálogo con NA la diputada nacional y secretaria parlamentaria del bloque Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez.
La decisión de Juntos por el Cambio contrasta con la postura que había tomado el abril pasado cuando firmó el protocolo de sesiones remotas, en el entendimiento de que podía comprometer la salud tanto de los legisladores como del personal legislativo. Ahora que el cuadro de situación epidemiológica empeoró a niveles críticos, tomaron la decisión inversa, lo cual sólo se explica por el cambio en el escenario político: en pocos meses el clima político entre oficialismo y oposición pasó de la serenidad y la legitimidad multipartidaria para avanzar con medidas restrictivas, al re ensanchamiento de la grieta de la mano de un agotamiento social de la cuarentena.
Fuente:Eldestape
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