18 de septiembre de 2020
Alberto Fernández se reunió en Olivos con Horacio Rodríguez Larreta
La reducción de fondos para la Ciudad saldrá por ley
El gobierno nacional envió un proyecto al Congreso para que quede establecido por ley la forma que se calcularán los fondos que la dará a la ciudad de Buenos Aires para sostener la policía. El proyecto establece que para este año la suma será de 24.500 millones de pesos y que de ahí en más se actualizará trimestralmente mediante una fórmula que combinará los sueldos de la Policía Federal con el índice de precios. La coparticipación porteña, en tanto, vuelve a su porcentaje histórico del 1,4 por ciento, luego de que Mauricio Macri la fijara unilateralmente en 3,75 mediante un decreto simple en 2016. La iniciativa sorprendió al gobierno porteño que suspendió la muy anunciada presentación ante la Corte Suprema que iba a realizar para intentar frenar la poda. Anoche, el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, conversaron sobre la cuestión en Olivos sin llegar a ningún acuerdo, al término del encuentro del que también había participado el gobernador bonaerense Axel Kicillof para definir cómo sigue la cuarentena.
Se quedaron a solas alrededor de media hora en la que hicieron un repaso de los hechos de los últimos días. Aunque el diálogo se mantiene, es evidente que la relación no es la de semanas atrás. Esta vez no intercambiaron mensajes de texto y la presentación de hoy de la extensión de la cuarentena será otra vez por separado. Aquella mesa de tres ya no se repetirá.
En los fundamentos del proyecto que ingresó por el Senado se afirma que el decreto 194/16 que Macri firmó a poco de asumir y que aumentó tan drásticamente los recursos que la Nación le transfería a la Ciudad no ofreció "argumentos o justificación que dieran cuenta de cómo se arribó a ese porcentual". Aclara que el Consenso Fiscal firmado a fines de 2017 redujo la alícuota porteña al 3,5 por ciento, pero también sin dar detalles técnicos de cómo se llegó a ese número. La transferencia debía ser únicamente para sostener el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, como marca la Constitución.
Cuando Fernández anunció la semana pasada la creación del Fondo de Financiamiento para la provincia de Buenos Aires como salida para la protesta policial, explicó que se fondearía con el excedente de los recursos que le enviaba hasta entonces a la Ciudad, calculado en más de 40 mil millones de pesos para el año que viene. Desde el Gobierno, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, informó entonces que en marzo ya se habían reunido los equipos técnicos nacionales y porteños para comenzar a discutir esta reducción. Luego apareció la pandemia pero esa intención había quedado planteada, por lo que la sorpresa que manifestó Rodríguez Larreta no sonó muy real.
Batakis comunicó que, de acuerdo a los cálculos realizados por su equipo, alcanzaba con un 0,92 de los fondos coparticipables para financiar la policía traspasada, por lo que la Ciudad estuvo cobrando durante cuatro años más de un punto por encima de lo necesario, excedente que evaluaron en 86.269 millones de pesos entre 2016 y 2019. Es decir, sin contar lo transferido en lo que va de este año. En Gobierno por ahora hablan de hacer "vista gorda" respecto a esta suma, aunque no descartan hacer un reclamo si la cuestión se judicializa.
El trabajo que se hizo para el proyecto de ley fue tomar como base los registros al momento de la transferencia de la policía y actualizarlos conforme la fórmula que establece la iniciativa para hacerlo de aquí en más: un índice compuesto en un 80 por ciento por el incremento del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el IPC que elabora el Indec. Como resultado de esa cuenta se llega a los 24.500 millones de pesos que se traspasará para sostener la policía. Cabe aclarar que se trata de los servicios policiales que cambiaron de jurisdicción en aquel momento y no los efectivos y comisarías que luego puede haber sumado la gestión porteña. Con todo, fue tan excesiva la transferencia de la Nación durante estos años que, según un informe elaborado por Interior, prácticamente no necesitó utilizar ningún recurso propio para financiar todos sus gastos en seguridad, lo que claramente marca una inequidad con el resto de las provincias.
Alberto Fernández había dispuesto la semana pasada mediante decreto el cambio de los recursos que se enviarían a la Ciudad y lo fijó en 2,32 por ciento de los fondos coparticipables, que surgía del 1,4 por ciento histórico más el 0,92 calculado para sostener a la policía. El proyecto de ley cambia el criterio y en vez de fijarlo en porcentaje de coparticipación lo hace en una suma actualizable. Según la administración porteña, esta suma es todavía menos que aquel porcentaje, pero en Gobierno relativizaban esta cuenta.
Explicaban que decidieron hacer un proyecto de ley para normalizar una situación que era irregular desde que Macri firmó un convenio de transferencia con la Ciudad que sólo fue avalado por la Legislatura porteña y que en la Constitución está establecido que se debe hacer por ley del Congreso. Ese Convenio de Transferencia Progresiva de Facultades y Funciones de Seguridad, de 2016, se adjuntó al proyecto enviado. "Por eso pusimos en el decreto donde se redujo el monto que se le pasaba a la ciudad que eso se iba a pagar hasta que el Congreso aprobara la transferencia. A partir de que el Congreso apruebe el convenio, el propio Congreso fija el monto y ya no se pasa desde los fondos que le tocan a la Nación en la coparticipación, sino por transferencia dispuesta en el presupuesto, como se hace con todas las provincias", explicaba un funcionario que trabaja en la estrategia legal de la Casa Rosada.
El proyecto -que lleva las firmas de Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y los ministros Wado de Pedro, Martín Guzmán y Sabina Frederic- ingresó el miércoles a la noche en Congreso y ya fue girado a las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales para su tratamiento. En el Gobierno daban por descontado el apoyo de los legisladores del oficialismo y de los partidos provinciales. La semana pasada, 19 gobernadores firmaron una declaración de apoyo a la decisión del Presidente. Todos, a excepción de los tres radicales y del cordobés Juan Schiaretti.
"Nunca eludiremos el diálogo"
El mensaje de Alberto Fernández tras reunirse con Rodríguez Larreta y Kicillof
Imagen: NA
El presidente Alberto Fernández destacó en la noche del jueves que con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodrìguez Larreta, seguirán "trabajando juntos por los argentinos, con coincidencias y con diferencias".
En su cuenta de Twitter, tras la reunión que mantuvieron para analizar la continuidad de la cuarentena por el coronavirus en la zona metropolitana AMBA, Fernández afirmó: "Hemos trabajado juntos por los argentinos, con coincidencias y con diferencias, y así lo seguiremos haciendo".
El Presidente también mantuvo una reunión a solas con Rodríguez Larreta, en la que tocaron el tema de la coparticipación y de los fondos que Nación transfirió desde la Ciudad a la provincia de Buenos Aires.
"Nunca eludiremos el diálogo, estoy seguro de que ese es el camino que debemos transitar para resolver los problemas del presente y afrontar los desafíos del futuro", sostuvo el Presidente en el texto, que acompañó con una foto de los tres mandatarios reunidos.
Restricciones a la compra
Dólar ahorro: quiénes son los que ya no podrán acceder
En las nuevas normativas cambiarias se avanzó en limitar el acceso al mercado de dólar ahorro a distintos individuos que reciben beneficios de programas sociales o acceden a algún tipo de crédito con tasa subsidiada. El objetivo de la medida es asegurar que estos recursos se destinen al mercado interno en lugar de usarse en la compra de moneda extranjera.
En detalle los individuos que no podrán acceder al dólar ahorro son los siguientes:
• Beneficiarios del IFE, AUH y el resto de los planes sociales.
• Beneficiarios de préstamos subsidiados a monotributistas.
• Quienes refinanciaron cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios.
• Los que refinanciaron el saldo de la tarjeta de crédito.
• Deudores de créditos hipotecarios UVA con cuotas congeladas.
• Cotitulares de cuentas bancarias.
• Quienes no tengan ingresos declarados.
Estimaciones del mercado aseguran que de los 4 millones de compradores de dólar ahorro de julio cerca de las tres cuartas partes podrían dejar de comprar divisas.
Los habilitados a continuar accediendo al mercado oficial para utilizar el cupo de 200 dólares serían cerca de 1 millón de personas. Se trata de una herramienta clave para disminuir la salida de divisas mensuales.
Se estima que unos dos millones de personas reciben el programa de emergente de ingresos IFE accedieron a la compra de ahorro y no podrán continuar comprando. Se suman además 250 mil individuos con préstamos hipotecarios UVA, y 300 mil monotributistas que recibieron préstamos subsidiados, al tiempo que se incluyen más de 500 mil individuos que reciben refinanciamiento de sus tarjetas y otros beneficios o subsidios.
Entre las prioridades del sector público para lanzar las nuevas medidas cambiarias se apuntó a sostener el nivel de reservas internacionales para permitir garantizar las divisas que necesita la economía para importar y producir.
El jefe de gobierno mantuvo una reunión a solas con Alberto Fernández
Coparticipación: Sin acuerdo con la Nación, Horacio Rodríguez Larreta va a la Corte
Larreta decidió a media tarde que iba a asistir al encuentro con el presidente y el gobernador bonaerense. Además de la reunión por la pandemia (de la que se informa aparte), el presidente y el jefe de Gobierno tuvieron una conversación a solas. Según dejaron trascender desde el entorno de Larreta, más allá de que conversaron sobre los hechos que llevaron a la decisión presidencial, no hubo mayores acuerdos y el jefe de Gobierno le ratificó que el viernes hará la presentación en la Corte y dará la batalla judicial contra la decisión que anunció el presidente la semana pasada.
La decisión de presentar un proyecto de ley para que la transferencia de fondos por la policía no sea a través de la coparticipación cayó pésimo en el Gobierno porteño, donde todavía estaban digiriendo la noticia y pensando una estrategia para el Congreso. Según comentaron en el entorno del jefe de Gobierno, la charla con Fernández no hizo más que ratificar las posiciones de cada uno sobre la coparticipación porteña.
El mandatario porteño, no obstante, publicó un tweet apenas concluyó la reunión, donde destacó su vocación de tender puentes con la mira puesta en posicionarse a nivel nacional: "Toda mi vida elegí el camino del diálogo, y más en este contexto angustiante que estamos viviendo. Por eso, y por encima de las diferencias que expresé la semana pasada, siempre voy a estar dispuesto a trabajar de manera coordinada para cuidar la vida de los argentinos", dijo.
La presentación que hará Larreta ante la Corte la anunció el viernes pasado y el sábado publicó un decreto que instruía a su procurador Gabriel Astarloa a promover la acción judicial y una cautelar para frenar la merma de fondos. El miércoles era el día que iban a presentarla, pero se demoró por temas vinculados a la redacción. Pasó al jueves, cuando volvió a postergarse. En el Gobierno porteño decían que era seguro que se presentaría el viernes y que así se lo ratificó Larreta a Fernández. Si hubo alguna intención de demorar la presentación en busca de una negociación por los fondos, parece haberse caído esa posibilidad.
Larreta se presentará ante la Corte para reclamarle una cautelar y un fallo de fondo que le restituya el 3,5 por ciento que recibía hasta ahora de coparticipación (era el 1,4 antes de Macri, que lo subió a 3,75 y luego lo redujo por el pacto fiscal). Entre los argumentos que utilizará Larreta, está que la transferecia de competencias debe ser con los recursos, según indica la Constitución, y que "la reducción del coeficiente resulta un acto unilateral del Poder Ejecutivo Nacional e implica una clara violación a las pautas constitucionales en materia de coparticipación, al principio de igualdad entre las provincias y otros principios constitucionales como el de progresividad y legalidad", según ya escribió en el decreto en el que mandaba a hacer la presentación.
Larreta recurrirá también a jurisprudencia de la Corte, cuando falló en favor de las provincias en materia de coparticipación, la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es posterior a la ley de coparticipación vigente, entre otras cuestiones que insumirán más de cien páginas del escrito.
Señalará que la merma del 1,18 de coparticipación afecta gravemente las cuentas de la Ciudad. Según los cálculos que hacen en el gobierno porteño, comenzaron a perder 150 millones por día, que correspondían a lo que el Gobierno nacional advirtió como un monto excedente al costo de la policía. Un informe del equipo de la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, dejó en claro que año a año recibieron más de lo que costaba realmente la policía transferida.
En el anuncio que hizo la semana pasada, Larreta sostuvo que “la decisión que tomó el Gobierno es inconstitucional y vamos a ir a la Corte a defender los derechos de la Ciudad". "Nos encontramos con una medida intempestiva, inconsulta, que le saca fondos de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para dárselos a la Provincia. Hoy es la coparticipación de la Ciudad, mañana le puede pasar a cualquier provincia. Necesitamos un federalismo en serio en donde cada provincia pueda crecer", aseguró el jefe de Gobierno.
En plan de refozar su perfil moderado camino a una candidatura presidencial, Larreta aseguró: "No voy a contestar con la misma moneda, no voy a hacer una disputa personal, no voy a hacer un conflicto personal. No voy a cambiar mis convicciones por decisiones como estas, que considero erradas e inapropiadas”. El encuentro con Alberto Fernández, según comentaron en su entorno, no cambió ninguna de estas definiciones. Será, entonces, la Corte Suprema, con sus tiempos, la que resuelva el destino de esos fondos.
Casación les dio la espalda, Rosenkrantz es su última esperanza
Bruglia, Bertuzzi y Castelli, tres jueces que vuelven al punto de partida
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli lanzaron una nueva ofensiva en un intento por conseguir el respaldo de la Corte Suprema después de que el Poder Ejecutivo publicara en el Boletín Oficial tres decretos que ratifican la decisión del Senado de rechazar los traslados por los que fueron nombrados a dedo durante el gobierno de Mauricio Macri en cargos claves de Comodoro Py. Los tres hicieron presentaciones implorando a los supremos precisiones sobre dónde deben cumplir funciones, dijeron que igual consideran que los decretos son ilegales y dos de ellos pidieron una licencia extraordinaria. Pero en el ínterin, la Cámara de Casación Penal Federal les dio una mala noticia en una resolución que da por sentado que deben volver a sus tribunales de origen. Parece probable que el máximo tribunal, que debería expedirse a futuro sobre la validez de los traslados, sólo les responda sobre las licencias, lo que podría ocurrir este viernes.
Uno de los principales aliados de los jueces atrincherados fue el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, quien –cuentan en el tribunal– les dio la idea de volver a presentarse y, en especial, de pedir licencia. Era sabido, ya el miércoles, que la Cámara de Casación Federal deliberaba sobre la posibilidad de intervenir y dejar sentado que deben volver a sus cargos originales: Bruglia y Bertuzzi, que habían sido llevados por el macrismo a la Cámara Federal de Comodoro Py deberían regresar al Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py y al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, respectivamente; Castelli, designado por traslado en el Tribunal Oral Federal 7, tiene que volver al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín. La licencia fue pedida por los dos primeros y el tercero analizaba a última hora esa posibilidad.
Rosenkrantz, el cortesano más cercano a Mauricio Macri y su troupe, arrancó el jueves con activos intentos para que la Corte resolviera con urgencia, pero no tuvo aliados. Entre los supremos hay una idea, que sería mayoritaria, de que como ellos mismos deberán fallar sobre la dicusión de fondo sobre los traslados, no pueden decirles a los jueces cuestionados en qué lugar deben quedarse trabajando en el mientras tanto porque sería una forma de adelantar opinión. En cambio, podrían resolver la cuestión de las licencias, un asunto que requiere mayoría de tres votos. En varios despachos (hoy virtuales) del tribunal consideran que lo resuelto por la Cámara de Casación, podría ser considerado suficiente para responder al interrogante práctico que introdujeron los tres magistrados sobre en qué tribunal deben trabajar.
La decisión de Casación
Casación tiene autoridad y toma decisiones sobre los tribunales orales federales y cinco de sus miembros tienen delegadas las funciones de “superintendencia”, según lo establece el Reglamento para la Justicia Nacional. Por eso se reunieron este jueves después por Zoom y dieron forma a una decisión a partir de la firma de los decretos presidenciales que dejaron sin efecto los tres traslados en debate. Una mayoría, integrada por Angela Ledesma, Ana María Figueroa y Mariano Borinsky, decidió “hacer cesar las subrogancias” de quienes estaban ocupando los cargos de origen de Bruglia, Bertuzzi y Castelli, que es la forma de obligarlos a ellos a regresar allí. Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci pugnaron sin suerte por dejar la definición en manos de la Corte.
El texto de la resolución agrega un concepto fundamental: que los jueces que ya iniciaron juicios orales en los tribunales en cuestión deben terminarlos, “asegurando una adecuada administración de justicia”. La resolución fue informada a la Corte, al Consejo de la Magistratura y a los tribunales orales donde caen las subrogancias: en el TOF 4 se debe ir Daniel Obligado, en el TOF 3 de San Martín es Daniel Cisneros, y en el TOF 1 la situación es menos clara, porque los tres cargos están ocupados por subrogantes: Roberto Lemos Arias, Ricardo Basílico y Nicolás Toselli. Funcionarios de Casación también dijeron a PáginaI12 que la Corte no tiene nada que aclarar.
Al aclarar el panorama, Casación despejó algunos de los planteos que los propios jueces cuestionados hicieron ante la Corte. Castelli, por ejemplo, había señalado casos de juicios en marcha donde debe dictar sentencia, incluso esta misma semana. Y le pedía precisiones al máximo tribunal ante la “gravedad y la urgencia”: que “se sirva establecer en qué lugar el suscripto debe prestar funciones jurisdiccionales en su carácter de juez federal” para “evitar situaciones potencialmente frustratorias del servicio de justicia o que puedan implicar un retardo en su prestación”. Castelli es el juez que dijo públicamente: “si me quieren sacar, que lo hagan a empujones, delante de la gente”. También agregó un escrito alegando la supuesta ilegalidad de los decretos del Ejecutivo como “hecho nuevo” en el per saltum que ya había presentado.
La mayoría de los argumentos de Bruglia y Bertuzzi también pierden sentido con la decisión de Casación. Ambos pidieron a la Corte que les dé “lineamientos por la actividad jurisdiccional que debemos desempeñar a partir de la fecha” pero opinaron que “los decretos no podrían ser ejecutados de manera inmediata" e insistían en “continuar con nuestras funciones ante el tribunal en el cual actualmente nos encontramos”. Dejaron trascender que se quedarán esperando en sus casas a que alguien les notifique cuáles son sus funciones o si les otorgan una licencia mientras avanzan sus acciones judiciales sobre la validez de sus nombramientos.
Estos tres jueces fueron los únicos que faltaron a la audiencia a la que los había convocado la Comisión de Acuerdos del Senado, con el objetivo de revisar las designaciones por traslado con que el gobierno de Cambiemos los había llevado a cargos donde buscaban jueces afines. La Cámara alta había resuelto debatir la suerte de diez jueces y juezas que cuyos traslados el Consejo de la Magistratura había considerado, por mayoría, irregulares, precisamente porque no tenían el acuerdo del Senado. El faltazo a un procedimiento que establece la Constitución fue uno de los argumentos centrales de las y los 41 senadoras y senadores que decidieron rechazar los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
Los decretos
Los decretos que publicó el Poder Ejecutivo, que firma Alberto Fernández, en el Boletín Oficial dejan sin efecto los que había firmado Macri para dar sustento a los traslados e introducen una aclaración relevante: “sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema detallada en la acordada 7/18”. Es decir, tendría validez lo que hicieron como jueces “trasladados”.
Los fundamentos generales recuperan las conclusiones de la resolución del Consejo: que no se había completado el procedimiento constitucional al momento de nombrarlos sin concurso ni acuerdo en nuevos puestos que no coincidían “en la totalidad de las condiciones en razón de la jurisdicción, grado y materia respecto” de aquellos “donde habían sido originalmente designados”. Bruglia y Bertuzzi subieron de jerarquía, Castelli cambió de jurisdicción. El texto recuerda que la propia Corte dijo en dos acordadas sobre el tema que a los jueces solo se los nombra “en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública”.
Habrá que ver qué pasos decide dar ahora la Corte. Lo más probable es que analice los pedidos de licencia y que sólo opine sobre el recurso extraordinario que llegará después que la Cámara en lo Contencioso Administrativo falle sobre el amparo de los jueces atornillados. Hasta ahora en primera y segunda instancia les fue mal en sus reclamos. Casación los dejó muy mal parados.
La Cámara de Apelaciones volvió a darle la razón a la actual vicepresidenta
Google deberá entregar las pruebas que le reclamó Cristina Kirchner
La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal confirmó el pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner de iniciar un peritaje informático sobre los servidores de Google, cuya empresa a mediados de mayo publicó una expresión difamatoria sobre la exmandataria.
El fallo de segunda instancia rechazó la apelación de la plataforma de búsqueda, que argumentó que el peritaje sobre sus servidores violaba el secreto comercial.
La Cámara desestimó la apelación del gigante tecnológico al advertir que la medida de prueba había sido autorizada por el juzgado Civil y Comercial Federal Nº7, por lo que se impone "la inapelabilidad de las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas", indicaron los camaristas Alfredo Gusman, Eduardo Gottardi y Ricardo Recondo en una resolución de apenas tres carillas.
A principios de agosto, el juez Javier Terrero había hecho lugar al pedido de "prueba anticipada" solicitado por el abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, para resguardar toda la información almacenada en los servidores de Google asociada al nombre "Cristina Fernández de Kirchner" y "Cristina Kirchner" desde el 17 de mayo --día de aparición de la expresión difamatoria-- hasta el día del peritaje para garantizar que no se alterara ninguna información que se hubiera elaborado con el único fin de dañarla.
La demanda fue presentada por Cristina el 6 de agosto a raíz de una nota publicada en la versión digital del diario Clarín en la que se dio a conocer que dentro del "panel de conocimiento" de la página de inicio del buscador la figura de la vicepresidenta aparecía con su cargo institucional modificado "de forma maliciosa y difamante", como definió la denuncia, bajo la leyenda de "Ladrona de la Nación".
La demanda de Cristina Kirchner
"Cuando las mentiras y difamaciones se disparan desde plataformas masivas, su circulación no tiene límites, no se puede detener y el daño que ocasionan a los difamados pareciera ser incalculable", sostuvo la expresidenta el día en que presentó ante la justicia el pedido de "prueba anticipada". Según cifras de la propia empresa, el buscador recibe 3 billones de visitas diarias.
"La acción judicial también pretende plantear una cuestión compleja y profunda, propia de los tiempos que corren: ¿Existe algún tipo de defensa para las personas que resultan víctimas de este tipo de acciones perpetradas por un gigante informático como Google?", preguntó la vicepresidenta.
Tras conocerse públicamente la presentación de la demanda, Google intentó desvincular responsabilidades sobre la nota difamante publicada el 17 de mayo en el "panel de conocimiento" de la plataforma.
Google dijo no haber sido notificada de la demanda, argumentó que "el Panel de Conocimiento se genera de forma automática, tomando información de diferentes fuentes de la web" y aseguró que "en su momento le dedicamos toda nuestra atención y resolvimos de manera expedita".
Además de dar esas explicaciones, la empresa norteamericana decidió apelar el pedido de prueba de la actual titular del Senado, luego del fallo contrario de primera instancia. Ahora, la decisión de la Cámara ratifica la validez del pedido de la exmandataria.
La decisión también mantiene abierto el debate respecto de la responsabilidad de la plataforma sobre la información a la que accede a través de sus servicios y el "derecho al olvido" de quienes se sienten agraviados.
Bajó 4 pesos el dólar blue y moderada oscilación en el MEP y el CCL
Retroceso en la bolsa y estabilidad cambiaria
El dólar paralelo bajó 4 pesos y se ubicó en 141 pesos. En la segunda jornada hábil tras el anuncio de las nuevas medidas cambiarias empezaron a disminuir las presiones con el tipo de cambio financiero. El dólar mep perdió 1 por ciento y cerró en 126,33 pesos. El tipo de cambio contado con liquidación subió 0,4 por ciento y finalizó en 132,40 pesos.
El pronóstico de algunos consultores de la city de un dólar no oficial por encima de los 150 pesos por efecto de los anuncios pierde potencia. En el mercado tras el shock inicial del miércoles observan que las medidas anunciadas permitirán sostener las reservas internacionales y le darán aire al Banco Central para comprar nuevas divisas en el mercado de cambio.
El dólar oficial se mantuvo estable este jueves y terminó en 79,59 pesos al marcar una suba de 4 centavos. El dólar mayorista se ubicó en 75,32 pesos y anotó un avance de 7 centavos. Se operaron 310 millones de dólares en el mercado de cambios y 4 millones de dólares en futuros en el mercado abierto electrónico MAE.
Acciones
Las acciones de empresas tuvieron una fuerte caída de precios. Entre los fondos mostraron cierto malestar por las últimas medidas vinculadas al repago de deuda en moneda extranjera del sector privado y al límite para operar contado con liquidación de inversores no residentes.
La bolsa porteña terminó la jornada con un retroceso de 5,6 por ciento y acumula una caída del 15 por ciento en lo que va del mes. Entre las empresas que registraron la peor performance se destacó Aluar. Marcó una pérdida de 12 por ciento.
Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también marcaron fuertes mermas de precio. Los bancos fueron algunos de los más afectados. Se destacó el retroceso de 7,1 por ciento de Supervielle y del 5,7 por ciento de Grupo Financiero Galicia. Algunas firmas argentinas acumulan pérdidas de casi 24 por ciento en lo que va de septiembre.
Riesgo país y bonos
El riesgo país fue otro indicador en rojo este jueves. Se ubicó en1236 puntos con un incremento de 4,3 por ciento en la jornada. Esto se explicó por un fuerte retroceso de precios en los bonos soberanos. Los títulos del canje anotaron caídas en todos los plazos de vencimiento. Los más cortos como el Bonar 20230 perdieron 2,2, por ciento. El Bonar 2035 perdió 0,4 por ciento y el Bonar 2041 marcó una caída de 2,4 por ciento.
Las paridades de los títulos públicos se ubican entre el 40 y el 48 por ciento. Esto implica una tasa de retorno del 14 por ciento la que se aleja del 10 por ciento usado para calcular el valor de recupero en el canje.
Mundo volátil
La jornada financiera no sólo fue negativa para la Argentina. El indicador bursátil de Estados Unidos Nasdaq perdió 1,6 por ciento y empresas del tamaño de Amazon bajaron 2,3 por ciento. Esta compañía acumula en el mes una pérdida de 12,8 por ciento.
Uno de los elementos que impulsaron la pérdida en las acciones de las bolsas de países desarrollados fueron los pronósticos pocos optimistas de la Reserva Federal sobre el comportamiento de la economía norteamericana. Se mencionó que la recuperación está vinculada a lo que ocurra con la pandemia y que será un largo cambio hasta recuperar niveles de empleo previos al estallido de la crisis sanitaria. El nivel de seguros de desempleo alcanza a casi 12 millones de personas.
El gobierno explicó por qué debe restringir la venta de divisas
Proteger las reservas y asegurar la producción
Funcionarios de primera línea del equipo económico plantearon que la Argentina tiene un problema estructural por la falta de divisas y se necesitan medidas de regulación del mercado de cambio para proteger las reservas y garantizar dólares para la producción. Mencionaron que uno de los desafíos para superar la restricción externa es ampliar las exportaciones.
El titular del Banco Central, Miguel Pesce, precisó que "tenemos un problema estructural porque en 2011 exportábamos 83.000 millones de dólares y hoy lo hacemos por 60.000 millones”. Detalló que “necesitamos exportar 90.000 millones porque tenemos demanda de importaciones para la producción, demanda para pagar servicios, demanda para pagar los servicios de deuda y esta vocación que tienen los argentinos para ahorrar en moneda extranjera. Esto tiene que ser un compromiso de todo el país".
El funcionario precisó que además de este problema estructural "tenemos un problema coyuntural porque no sólo se endeudó el Estado sino también el sector privado en moneda extranjera". "La deuda de las empresas privadas se incrementó en un 84 por ciento en los últimos cuatro años, unos 20.000 millones de dólares", resaltó.
El titular de la autoridad monetaria trasladó tranquilidad también asegurando que los depósitos en moneda extranjera hace unos meses dejaron de caer e incluso han tenido un incremento. “La gente se ha convencido que están seguros y no hay razón para retirarlos de los bancos”, aseguró. Apuntó además que “necesitamos incrementar las exportaciones para que el mercado de cambios funcione normalmente, tiene que ser un compromiso de todo el país".
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, aseguró que el gobierno “no va a hacer ajustes devaluatorios” frente a las “presiones” de los sectores especulativos que durante los últimos años drenaron las reservas del Banco Central, y puntualizó que las nuevas regulaciones cambiarias ayudarán a bajar la inflación y permitirán “estimular más los instrumentos (de ahorro) en pesos”.
La inflación actual “es altísima” y el gobierno “está trabajando” para bajarla, pero eso sería “imposible hacerlo en un contexto de presiones devaluatorias o de ajustes devaluatorios que este gobierno no va a hacer y que puede evitar porque hace regulaciones cambiarias. Si no hubiera regulaciones, sería el mercado el que decidiría cuánto vale el dólar”, fundamentó.
En este sentido, destacó que las intervenciones para la adquisición de divisas que se aplicaron desde que asumió Alberto Fernández también permitieron “desacelerar la tasa de inflación”. “El gobierno anterior no podía bajar la tasa porque, si lo hacía, todos los capitales especulativos que venían a hacer timba en la Argentina se le iban, y eso sí les iba a producir, como produjo, un salida muy fuerte de capitales”, explicó.
Marcó del Pont dejó claro que las regulaciones anunciadas en los últimos días se tomaron porque “el drenaje de divisas (en las reservas del Banco Central) era insostenible”. Por eso, agregó, lo que se hizo ahora es acotar el margen de acción de “las presiones especulativas de fondos de inversión” que obtuvieron dólares “eludiendo las normativas cambiarias” vigentes hasta la semana pasada.
La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, apuntó en tanto que estas medidas “no son soluciones de fondo, son decisiones para que la economía se recupere". Por ejemplo, indicó que se pide a las empresas "que renegocien sus compromisos financieros tras un proceso de endeudamiento muy fuerte en moneda extranjera, de la Nación, las provincias y grandes empresas, que no es sostenible, no es pagable: la Argentina no puede generar los dólares en ese lapso de tiempo".
El Central extendió la medida hasta el 31 de diciembre
Sin punitorios por créditos impagos
Imagen: Sandra Cartasso
Los bancos no podrán cobrar intereses punitorios sobre cuotas de créditos que hubieran quedado impagas. La medida había sido establecida por el Banco Central entre el primero de abril y el 30 de septiembre, y fue prorrogada hasta el 31 de diciembre. Las cuotas que no se paguen deberán incorporarse en los meses siguientes al final del vida del crédito, con el devengamiento de interés compensatorio.
La medida, informada este jueves por el Banco Central, aplica a los saldos impagos de todo tipo de créditos, incluidos los UVA, y no incluye a las financiaciones con tarjetas de crédito. Es decir, una familia que entre abril y diciembre no pudo pagar la cuota de su crédito hipotecario UVA, deberá pagarla sobre el final del crédito, según lo que indique el contrato. Si bien no van a correr los intereses punitorios, si se van a devengar los compensatorios y al valor de la UVA que tenga el nuevo vencimiento.
El colectivo de hipotecados UVA calificó a la medida como positiva y dijo que trae alivio. “Hay muchos hipotecados que optaron por no pagar y diferir debido a que en el mejor caso mantuvieron los ingresos del año pasado, otros monotributistas y autónomos recién en las últimas semanas empezaron a facturar algo”, contó a este diario el abogado Marcelo Mercere, representante del grupo.
La medida había sido tomada por el Banco Central apenas comenzó la cuarentena, y tenía como plazo el primero de abril hasta el 30 de junio. Luego fue prorrogada hasta el 30 de septiembre y este jueves se anuncio que pasa hasta el 31 de diciembre. Los usuarios cuentan con el derecho de revertir los débitos automáticos dentro de los 30 días corridos contados desde la fecha del débito, y los bancos tienen la obligación de devolver los fondos dentro de los tres días hábiles de la solicitud.
Congelamiento
La medida implica un “alivio” para las 105 mil familias hipotecadas con los créditos UVA. Además, están a la espera del futuro del decreto 319 que congeló las cuotas hasta el 30 de septiembre. El presidente Alberto Fernández había asegurado en una entrevista televisiva que una posible solución podría ser la del “esfuerzo compartido” para que “ambas partes cedan un poco y busquen un punto en común”, pero todavía no hubo un anuncio oficial.
“Hicimos un enorme esfuerzo que nos costó 1500 millones de pesos”, informó el presidente en el reportaje. Por un lado, hubo un congelamiento para 90 mil hipotecados entre agosto del año pasado y enero de este año. Finalizado el plazo, lo que no se pagó de aumento (la UVA se actualiza por inflación) se prorrateó en 12 cuotas. Luego, desde abril, se aplicó un nuevo congelamiento, esta vez sobre todo el universo de hipotecados. De finalizar el decreto 319 y no prorrogarse, los hipotecados estiman que la cuota aumentará 15 por ciento, correspondiente a la inflación del período.
De todos modos, el reclamo de fondo que planten es poder salir de la actualización de las UVAs, dado que tras los últimos dos años de inflación récord, las cuotas y el capital tuvieron un fuerte aumento. “Seguimos a la espera de una solución de fondo: un crédito sostenible y previsible”, plantearon desde el colectivo.
Fuente:Pagina 12
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