La Corte -conformada ella misma con un miembro de “facto”, sostenida solamente por una triquiñuela leguleya- aprovechando la apropiación inconstitucional de facultades, dado que no le corresponde a ella administrar el Poder Judicial, ha sacado un conjunto de acordadas administrativas que, en lugar de ir al fondo del problema (que no pueden existir jueces interinos) pretende resolver cada problema con sutileza vaticana, y a cada paso crea un problema nuevo. Como esa escolástica complica el sistema de manipulación, pero no lo anula, se inventan nuevas categorías: el traslado horizontal, el traslado interjurisdiccional, el traslado vertical; todos subterfugios para no decir lo elemental: no son admisibles los jueces interinos, mucho menos la asignación de jueces a dedo. Es cierto que en las modernas estructuras judiciales – tan distintas a la rigidez inquisitorial de nuestro modelo federal- existen formas de distribución de trabajo más fluidas, pero siempre bajo formas objetivas de sorteo; ello está muy lejos de la elección de un juez para cambiarlo de funciones, con o sin su consentimiento. Además, nadie es tonto, por suerte, y sabemos que esas elecciones son hechas, sin inocencia, dentro del sistema de manipulación de tan larga data y probada utilidad.
Ya hemos llegado a situaciones increíbles. La modalidad que permite saltar instancias para que el caso sea directamente tratado por la Corte (el famoso “per saltum”) es una institución muy peligrosa para la independencia judicial. Priva de jurisdicción a otros jueces (que son independientes) para concentrarla en la Corte. ¿Puede utilizarse en un caso extremo? Si, verdaderamente extremo, muy grave, que ponga en peligro inminente la institucionalidad argentina. ¿Es este un caso de esas características? No, de ninguna manera. Y la respuesta es simple. La Cámara de Apelaciones correspondiente ya estaba por resolver el caso, luego de lo cual la Corte quedaba habilitada por las vías naturales del Recurso Extraordinario. Otra situación increíble es que esa Cámara, formada por tres miembros que deben deliberar, en lugar de sortear de inmediato a un verdadero “subrogante” por la excusación de uno de sus jueces, esperó a que los otros jueces votaran y recién cuando no se pusieron de acuerdo, tuvieron la necesidad de convocar a otro. Increíble. Cuando se conforma un tribunal colegiado -y esto debería aprenderlo también la Corte Suprema- es para que la totalidad de los miembros deliberen, discutan entre sí, con la esperanza de que la argumentación y contrargumentación permitan sopesar y construir una decisión de mayor calidad. Muchos constitucionalistas, que aplaudieron el mamarracho del per saltum, deberían conocer mejor el valor de la deliberación en el ejercicio de la toma de decisión para las instituciones republicanas. Pero no, se ha consolidado el sistema de votos acumulativos, hasta conseguir una mayoría, con o sin deliberación. Un espanto. En todo caso, la Corte podría haber esperado una semana y usar las vías normales. Lo alarmante es que ha aparecido una nueva causal para conceder el per saltum: la sensación de gravedad institucional. ¿Quién la produce? Los medios masivos de comunicación, los escraches, el juego de alfilerazos de la chicana política, la ansiedad de la pandemia. Y como el sistema judicial argentino está por estallar, probablemente ¡dentro de un mes!, la Corte tome una decisión, quizás también sin deliberar. Y si los jueces quedan, se ratificará la vigencia del sistema de manipulación política de la justicia; si los jueces se van -unos años después de ejercer ilegalmente el cargo- dirán que, por prudencia, los actos procesales de jueces ilegales, mantienen validez (por más que se trate de jueces penales, que juzgan la libertad de las personas), y todos los jueces que avalaron esas decisiones mirarán para otro costado, como si nada hubieran tenido que ver en el acatamiento de esa ilegalidad.
¿Se puede reparar todo esto? Claro que sí, usando las facultades que desde hace años tiene el Consejo para organizar de otro modo los concursos, para tener siempre una lista de jueces concursados para formar la terna. El tiempo normal para cubrir una vacante judicial no puede pasar de un mes o dos, si somos parsimoniosos; tenemos todas las herramientas legales e institucionales para hacerlo.
En mi niñez me preguntaba si la telaraña podía resistir cien elefantes, hoy me pregunto más bien ¿Cuánto pesa un mamarracho
El autor es presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (INECIP).
Fuente:Pagina12
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