02 de octubre de 2020
La justicia rosarina investigará los incendios en las islas
Donde hubo fuego, responsables quedan
Las medidas que la fiscal solicitó y que la jueza autorizó tienen por fin recabar información de la Dirección General de Catastro de Entre Ríos, de la Municipalidad de Victoria y de la de Granadero Baigorria “para determinar cuáles son los inmuebles que integran el territorio insular del departamento de Victoria y sus titulares registrales”.
La fiscal Martínez explicó que en esta etapa "la justicia recabará datos para formar un corpus probatorio en dos aspectos fundamentales para evitar que continúen los incendios en las islas: en las organizaciones administrativas se buscarán registros catastrales, y un mapeo de los focos ígneos".
“De esta forma, se somete al análisis de un perito para determinar el propietario del inmueble donde se producen los incendios”, explicó la fiscal extracontractual. Puntualmente el perito será aportado por la Universidad Nacional de Rosario.
La investigación apunta a los titulares de las propiedades. "Debemos saber quiénes son los propietarios de los terrenos con domicilio en Rosario”, destacó la fiscal Martínez.
En materia de defensa del ambiente, desde la Justicia se trata de investigar a través de tres grandes ejes que de forma periódica aparecen como problemáticos en el territorio provincial: los incendios en las islas, los agroquímicos y los modos de uso del suelo y del agua.
Martínez señaló que en el último tiempo se fortaleció el papel de las fiscalías como ámbito de defensa de la legalidad y de los intereses generales, por lo que la intención es sincronizar los tiempos judiciales con los de las demandas sociales, con el ambiente y los ciudadanos.
“Desde la Procuración se maneja un proyecto para que la fiscalía se aboque a la protección de intereses generales a través de la promoción de la legitimación activa. Vemos una necesidad creciente de estar mejor sincronizados con las demandas sociales”, precisó Martínez, quien recordó que la Constitución aprobada en 1994 incorporó tratados internacionales que le dan un lugar central a los derechos sociales, culturales y económicos de la ciudadanía.
“Creemos que el Poder Judicial debe ser permeable a revalorizar la problemática medioambiental. Dentro de este concepto jurídico aparece la defensa de los humedales en el río Paraná, y el objetivo claro de detectar quiénes son los propietarios de los terrenos donde se producen los incendios", concluyó la fiscal.
Cabe recordar que esta misma semana, Cleri hizo una presentación en la Justicia federal entrerriana por la quema de pastizales en las islas sobre la base del listado que le envió el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). En ese listado consta que hasta marzo pasado, cuando terminó la etapa de vacunación, y solamente en la jurisdicción de Victoria, más 200 productores ganaderos declararon entre 200 y 1.700 cabezas de ganado cada uno. El legislador del Frente de Todos pidió que se crucen los datos con la geolocalización del lugar de vacunación, la del dueño de la tierra y la del lugar donde se produjeron los incendios, que arrasaron con más de 260 mil hectáreas, para determinar responsabilidades.
"Vamos a dar este listado a la Justicia de Entre Ríos porque además de indagar a los propietarios se tiene que indagar a los productores ganaderos, que son los que se pueden beneficiar de manera indirecta si ocupan la tierra que fue incendiada", dijo el legislador a Rosario/12.
Los informes elaborados por el Sistema Nacional del Manejo de Fuego (SNMF) reflejan con crudeza el desastre ambiental que están generando las quemas de pastizales. Además de precisar que el 95 por ciento de los focos son intencionales, el organismo precisó que desde marzo a la fecha las llamas arrasaron 265 mil hectáreas del delta medio, en un humedal castigado por la bajante extrema del río Paraná y la escasez de lluvias.
SHOPPINGS
Ingreso al Concejo el proyecto del intendente Javkin
Nuevo recorrido para el
transporte
Imagen: Andres Macera
Con matices y algunos reparos, el pedido del intendente Pablo Javkin para que el Concejo declare la emergencia en el Transporte Urbano de Pasajeros (TUP) por tres años y lo faculte durante ese período para rediseñarlo, fue aceptado por la oposición y la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Desde la secretaría de la Movilidad dijeron ayer que el documento enviado al Palacio Vassallo no era una "propuesta concreta" y que el núcleo central era "asumir la realidad" del sistema. Pero el proyecto establece implementar "a la mayor brevedad" la redefinición de líneas, frecuencias, prestaciones necesarias, nuevos requerimientos técnicos de flota, recorridos, ramales, paradas, paradores y otras cuestiones operativas. Además, incluye la renegociación de los contratos, en el marco del pliego vigente con las empresas que prestan el servicio: Rosario Bus, El Cacique --que hace unos envió una nota al Concejo amenazando con irse a fin de mes si no la compensan financieramente-- y la estatal Movi.
El expediente para declarar la emergencia en el TUP ingresó ayer al mediodía al Concejo. "Vamos a tratar el proyecto del Ejecutivo con total responsabilidad y entendiendo que estamos en una emergencia, pero plantearemos que esté expresada en esa mesa la voz de los usuarios, que puede ser a través de una audiencia pública, preservar la prestación de un servicio que no los deje a pie, y que el reacomodamiento del sistema no lo paguen los trabajadores", dijo a Rosario/12 el concejal del Frente de Todos-PJ, Eduardo Toniolli.
El edil, integrante de la Comisión de Servicios Públicos, consideró que el plazo de tres años que pide Javkin "no puede ser pensado como un escenario único, tiene que haber varias etapas. Hay una que está clara que es la emergencia propiamente dicha, lo otro hay que volver a discutirlo". También quiere poner sobre la mesa la discusión de las fuentes de financiamiento. "De eso dependerá si se achica o no el sistema de transporte, con más recursos se tienen mayores prestaciones", planteó Toniolli.
La concejala de Juntos por el Cambio, Renata Ghilotti, afirmó a LT8 que el sistema "así como está es insostenible". La edila, representante del Concejo en el Ente de la Movilidad, señaló que "claramente hay una emergencia" y que es "la oportunidad" de discutir el sistema integral de movilidad. "Hay trabajadores que no cobran sus sueldos y usuarios que no tienen cómo moverse cuando hay paro. El Estado debe garantizar que Rosario tenga colectivos”, agregó.
Por su parte, el titular de la UTA, Sergio Copello, indicó a este diario que todavía no contaban con mucha información sobre el proyecto enviado por el intendente, pero que sí tenían claro como gremio que defenderán las fuentes de trabajo y el 100 por ciento del salario. "Después vamos a sentarnos para aportar nuestro conocimiento, pero lo primero que hay que determinar si esta es una emergencia para pasar del covid o será un sistema definitivo", remarcó el dirigente gremial.
El proyecto que Javkin presentó ayer en el Palacio Vassallo solicitando la Emergencia del TUP por 3 años tiene como objetivo principal implementar distintas acciones para racionalizar los recursos ante la abrupta caída de la recaudación por la pandemia. El servicio, precisaron, fue planificado para que se realicen aproximadamente 400 mil viajes por día, mientras que esta semana, en ninguno de sus días se superó los 70 mil.
"Este descenso implicó la pérdida de facturación, que en su pico máximo llegó al 92 %, mientras que los kilómetros recorridos por el sistema solamente se vieron afectados en una baja del 30 % respecto al total previsto, lo que implicó pérdidas por ingresos tarifarios que, al presente, superan los 1.300 millones de pesos, agravando la situación previa a la pandemia donde los Ingresos al sistema por recaudación representaban el 55% de los mismos", precisó Javkin en el proyecto que ingresó ayer en el Concejo.
El dilema, como lo planteó la titular del área de Movilidad, Eva Jokanovich, es ver cómo hacer para que funcione un sistema de transporte, los choferes cobren en tiempo y forma, y que las empresas no quiebren. Desde la secretaría indicaron que "hasta el momento, los esfuerzos realizados por la Municipalidad, más los aportes del gobierno de Santa Fe y del Estado Nacional, no han podido generar una solución definitiva para garantizar la continuidad del servicio".
El artículo del proyecto enviado por Javkin facultándolo a renegociar ios contratos de transporte vigentes con las empresas, señala que deberán tomarse en consideración: La preservación de ia calidad del servicio y el cumplimiento de los parámetros sanitarios, el interés de los usuarios y la accesibilidad al servicio, la seguridad del sistema y la rentabilidad de las empresas prestadoras y/o concesionarios.
Autopista Rosario-Córdoba bajo control nacional
Derechos laborales
garantizados
Por decisión del gobierno nacional, se dio de baja la concesión del Corredor Panamericano 1 que tenía a su cargo la explotación de la autopista Rosario-Córdoba, Avenida Circunvalación y AO12 y también se da de baja al Corredor Panamericano 2 que explotaba los servicios y mantenimiento de autospista Rosario-Córdoba y ruta 33.
“Garantizamos los puestos laborales manteniendo todos los derechos, de los compañeros de nuestro gremio en este traspaso que son la mayoría”, precisó Cristian Pallé, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) Santa Fe.
Según el gremio de trabajadores de peaje se traspasan unos 400 trabajadores que cumplen funciones en Estación Zarate, Balanza Rio Tala, Estación de General Lagos, Estación de Carcaraña, Estación de James Craik y Balanza de Venado Tuerto.
Cabe mencionar que Corredores Viales SA esta conformada por capital social íntegramente estatal, cuyos accionistas son el Ministerio de Obras Públicas que posee el 49 por ciento y Vialidad Nacional con el 51 por ciento.
El Concejo lo aprobó anoche
Registro de cultivos de
cannabis
El Concejo aprobó anoche la ordenanza por la que se crea un registro de cultivos de cannabis -como lo adelantó Rosario/12- y un decreto que requiere al Departamento Ejecutivo la elaboración de un protocolo sanitario para acompañamiento a personas afectadas por la covid-19.
De la concejala Jesica Pellegrini, junto a sus pares de Ciudad Futura-FSP, Caren Tepp, Pedro Salinas y María Luz Olazagoitía, se votó una ordenanza que crea el Registro de Cultivos Terapéuticos y Solidarios de Cannabis, en el ámbito municipal, con la finalidad de “establecer un marco regulatorio local que permita usos responsables, seguros, cuidados y de calidad”.
A partir de tal Registro se faculta a la Municipalidad a “otorgar licencias de autocultivo, protegiendo la identidad y privacidad de las personas” y se establecen los casos: cultivos terapéuticos, para el tratamiento de síntomas y patología con la indicación médica correspondiente, y cultivos solidarios, llevados adelante por cultivadores/as que se comprometen a brindar la materia prima a personas que necesiten administrar cannabis por indicación médica.
La ordenanza dispone asimismo la creación del Consejo Asesor de Políticas de Cannabis y sus derivados, “a fin de construir los criterios y protocolos que permitan reglamentar la ordenanza, en consonancia a leyes provinciales y nacionales, como así también a normativas municipales y avances científicos en la temática.
Integrarán el referido Consejo representantes de las secretarías pertinentes del Departamento Ejecutivo, de las comisiones de Salud y de Derechos Humanos del Concejo Municipal y de organizaciones cannábicas de la ciudad.
En el artículo 3º de la normativa se precisa que la Municipalidad de Rosario “gestionará ante los distintos Poderes y niveles del Estado los convenios y autorizaciones necesarias a fin de cumplimentar la ordenanza”.
De igual modo se plantea que la Municipalidad priorizará la articulación con instituciones públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, “a fin de seguir continuar avanzando en campañas, instancias de formación y estudios de investigación en la materia”.
También se determina que el Departamento Ejecutivo realizará los convenios pertinentes con la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosarios con la misión de garantizar los análisis y testeos correspondientes. En el mismo sentido promoverá la producción pública de medicamentos a base de cannabis, desde los laboratorios públicos de la provincia.
Finalmente en la ordenanza se encomienda al Departamento Ejecutivo la conformación de una mesa de trabajo entre el Estado, profesionales y organizaciones cannábicas con experiencia y conocimientos en la materia como Madres que se Plantan, la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis (Aupac) y la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (Arec), entre otras.
La ordenanza fue votada por mayoría con las abstenciones de las bancadas de Juntos por el Cambio -que propuso previamente algunas modificaciones-, Unión Cívica Radical/Juntos por el Cambio, Cambiemos, y Unión Cívica Radical.
De la concejala Germana Figueroa Casas, de Juntos por el Cambio, junto a sus pares de bancada, Carlos Cardozo, Ana Laura Martínez y Alejandro Rosselló, y uno similar del edil Carlos Cardozo, se aprobó un decreto por el que se encomienda al Departamento Ejecutivo para que en coordinación con los ministerios de Salud provincial y nacional, elabore un protocolo sanitario de acompañamiento afectivo a personas ingresadas al sistema público de salud afectadas por el coronavirus Covid-19, “en los que la valoración clínica haga prever riesgo de vida o sean menores de edad, personas con discapacidad o condiciones especiales debidamente justificadas, a los efectos de asegurar el derecho de visitas, estableciendo las medidas de prevención para evitar los riesgos epidemiológicos”.
En el mismo sentido se solicita se elabore protocolo sanitario para el acompañamiento de personas que presenten enfermedades de carácter terminal y hasta su deceso. En la normativa se solicita al Departamento Ejecutivo que invite al sector privado a adherir a tales protocolos.
DENGUE
Campaña en Funes
La política de luto
Este viernes falleció Héctor “el Tigre” Cavallero, cuando hubiera cumplido 81 años. Fue el primer intendente socialista de Rosario y había nacido el 2 de octubre de 1939 en Las Parejas.
Su carrera política se inició en 1985 cuando fue electo concejal de Rosario por el Partido Socialista Popular, agrupación que fundó con Enrique Estevez Boero. El “Tigre” fue consagrado por primera vez como intendente en las elecciones de 1989, que fueran convocadas para completar el mandato del renunciante Horacio Usandizaga.
En aquella oportunidad, Usandizaga había prometido que si Carlos Menem llegaba a ganar las elecciones a presidente de ese año presentaría su renuncia al cargo de intendente. Menem ganó y el dirigente radical cumplió su promesa y renunció al Palacio de Los Leones.
Cavallero, quien venía con una actuación destacada en el Concejo Municipal, se consagró como el primer intendente socialista del país. Su gestión al frente del Ejecutivo fue apoyada nuevamente y así fue reelecto para el período 1991-1995.
La principal característica de su gestión fue la de brindarle un importante respaldo a la salud pública y a la cultura. Los presupuestos en esas dos áreas fueron incrementados como nunca antes, y de hecho todo el sistema de salud se transformó con los años en el más importante de la provincia.
Fuente: La Capital
Aumentó un 4% desde junio
El Costo de Vida para una familia de los barrios populares de Rosario trepó en septiembre a $58.612, lo que marca un aumento del 4 por ciento desde la última medición del mes de junio y del 40 por ciento si se compara de forma interanual. Pese a que las medidas de congelamiento de precios y la disminución de la actividad económica desaceleraron el ritmo de los incrementos, este indicador se mantiene por en
cima de los ingresos promedio.
El dato se desprende de un relevamiento realizado por la diputada provincial Lucila De Ponti junto al CESO (Centro de Estudios Scalabrini Ortiz) el cual registra y compara regularmente el consumo en barrios representativos como Casiano Casas, La Sexta, La Lagunita y Mangrullo. El informe detalla además que un hogar necesitó $23.767 sólo para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y que un adulto rosarino necesitó $7.962 para no caer debajo de la línea de indigencia.
“Nos preocupa que los precios de los bienes esenciales -fundamentalmente de los alimentos- siguen subiendo, lo cual tiene que ver con la enorme concentración que existe en el sector de la producción y comercialización de estos productos”, explicó De Ponti. “En rubros indispensables como lácteos, fideos, aceites o productos de limpieza, la oferta de productos está concentrada por encima del 70 por ciento en sólo una o dos empresas, lo que les permite definir los precios”, aseguró.
A pesar de que el salario mínimo, vital y móvil (SMVyM) de $16.875 apenas cubre el 29 por ciento del Costo de Vida, algunos instrumentos que se llevaron adelante desde el Estado nacional y provincial contribuyeron a aliviar en alguna medida la situación de los sectores con menores recursos. Los refuerzos en la AUH y la Tarjeta Alimentar, sumado al Ingreso Familiar de Emergencia, permitieron a sus beneficiarios duplicar sus ingresos. Algo similar a lo que ocurrió con los jubilados que perciben el haber mínimo ($18.129), que con el último aumento mejoraron en parte su poder adquisitivo. Sin embargo, las consecuencias económicas de la pandemia siguen siendo alarmantes.
Según considera De Ponti “el Costo de Vida se ubica todavía muy por encima de los ingresos promedio -ya sean de sectores formales o no formales- que según el Indec están en los $28.000. Además, la suba en la tasa de desempleo que alcanzó el 18 por ciento en Rosario, siendo más fuerte el impacto de esta baja de actividad en los sectores del trabajo no formal, cuentapropistas, construcción o servicio doméstico, lo que significa todo un universo poblacional que se encuentra lejos de poder cubrir lo mínimo e indispensable con sus ingresos”.
Para la legisladora del Movimiento Evita, en este contexto las políticas públicas son indispensables para alcanzar la recuperación de la actividad económica, del empleo y de los ingresos. “Así lo demostró la Tarjeta Alimentar que permite cubrir ampliamente el costo de alimentación para menores de 6 años, el IFE que garantizó que muchas familias no cayeran bajo la línea de pobreza, el ATP para sostener parte del sector formal, así como la asistencia alimentaria a sectores vulnerables y la asistencia financiera a sectores productivos y comerciales que sostuvo el gobierno de Santa Fe”.
“Todas estas políticas han significado una enorme inversión de recursos públicos que debe continuar y profundizarse para acompañar a la población en la medida en que se atraviesa el camino hacia la reactivación económica. Para atemperar los efectos nocivos de la crisis es indispensable que se sostenga este nivel de gasto público y se avance en otras políticas que fortalezcan los ingresos mínimos y el trabajo garantizado”, finalizó.
Fuente:RedaccionRosario
Legisladores van contra
jueces que no les dejan sancionar a fiscales
Diputados y senadores provinciales cargaron en bloque contra el fallo judicial
que les quitó la potestad de sancionar a fiscales, a propósito de la situación
del jefe de la unidad de Homicidios Dolosos en Rosario, Adrián Spelta.
La Legislatura santafesina continúa con la disputa con la Justicia provincial por el fallo que le quitó la potestad de sancionar a fiscales. En una sesión conjunta entre ambas cámaras, los legisladores lanzaron una fuerte ofensiva contra los camaristas y rechazaron el fallo mencionado. Además quedó sin efecto la suspensión al fiscal Adrián Spelta, bajo investigación de su desempeño.
“Esta Legislatura realizará todas las acciones necesarias, ante todos los demás poderes del Estado, conducentes a respetar un armonioso y coordinado funcionamiento de los poderes, y rechazando enfáticamente el contenido del fallo”, expresó el comunicado conjunto de todas las fuerzas políticas.
Se trata del fallo de la Sala II de la Cámara Laboral de Rosario que declaró inconstitucional la ley 13.807 que otorgaba a los legisladores la facultad de sancionar y remover fiscales por faltas graves. Se dio a partir de un amparo interpuesto por el jefe de fiscales de Homicidios, Adrián Spelta, quien estaba a punto de ser suspendido por 90 días y sin goce de sueldo.
La medida disciplinaria fue impulsada por avalar la excarcelación de Emanuel Ema Pimpi Sandoval implicado en un intento de triple homicidio en una disputa de narcomenudeo, delito que no goza del beneficio otorgado. Para colmo, a Sandoval lo asesinaron cuando cumplía el arresto domiciliario. En la sesión del jueves los legisladores dejaron sin efecto la sanción.
También en la sesión, los presidentes de bloque de Diputados y Senado refutaron varios de los argumentos expuestos por los camaristas Lucía Aseff, Adriana María Mana y Fernando Marchionatti. “Una república se asienta sobre el equilibrio de poderes y los controles cruzados. No parece ser lo que quiere la Cámara, que pretende que nadie por fuera del Ministerio Público de la Acusación pueda ejercer algún tipo de revisión”, expresó el senador Armando Traferri.
El presidente del bloque de diputados justicialista, Leandro Busatto, celebró que “la Legislatura está empezando a hablar de un problema de Argentina, que es cómo interfieren y tensionan algunos sectores poder judicial a la democracia”.
El senador radical Lisandro Enrico, fue de los que más inflexibles se mostró. “Esto es la llamada Doctrina de los intocables. En este mundo moderno, (El fallo) establece un mecanismo de impunidad de rebaño para que fiscales no sean investigados. Esta sentencia es una rémora del siglo pasado donde nadie puede tocar a un fiscal”.
Fuente:RosarioPlus
Tentando a los contagios
No aprenden más: desbarataron fiesta clandestina en
barrio Ludueña y demoraron a 42 personas
El operativo policial fue en la madrugada de este viernes en una vivienda de Camilo Aldao al 500. El personal del
Comando Radioeléctrico fue recibido con insultos por una mujer, esposa del propietario. Entre los demorados hay
dos chicas menores de edad
2 de octubre de 2020
Tras una denuncia, el Comando Radioeléctrico desbarató en la madrugada de este viernes una fiesta qorganizada en una casa de barrio Ludueña de Rosario por violar las disposiciones sanitarias con las que se busca contener el auge de contagios por covid-19. Entre los apresados está la esposa del propietario de la casa, que al llegar los uniformados los increpó con insultos. La Policía dio intervención al fiscal de la unidad especial por delitos vinculados al coronavirus, Carlos Covani.
La intervención policial fue alrededor de las 2.40 en una vivienda de Camilo Aldao al 500.
Fuentes policiales informaron que al arribar los agentes del Comando Radioeléctrico fueron agredidos por una mujer, que en principio identificaron como una de las moradoras de la casa. Fue la primera demorada. Le siguieron otros 41 asistentes a la reunión, que está prohibida en el marco de las medidas dispuestas por la pandemia. El consenso de los especialistas y las autoridades sanitarias es que el mayor riesgo de contagios se dá en este tipo de encuentros masivos, en los que se relajan las mínimas medidas de seguridad, como el uso de barbijos y el distanciamiento.
Entres las 42 personas demoradas hay dos chicas menores de edad, señala la información oficial. También se dio aviso de la contravención a la Fiscalía de Flagrancia en turno.
Los demorados fueron trasladados a la comisaría 10ª porque la seccional 12ª, con jurisdicción en la zona, está cerrada por protocolo sanitario tras confirmarse que allí estuvo una persona contagiada y disponerse el aislamiento de varios agentes.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
El Concejo comienza a
debatir el lunes el
rediseño del sistema
de transporte
A su vez, se encomienda al Ejecutivo que modifique las condiciones actuales de prestación con la redefinición de “líneas, frecuencias,requerimientos técnicos de flota, recorridos, ramales, paradas, paradores y demás cuestiones operativas que adapten el sistema de transporte a las nuevas necesidades originadas por la emergencia sanitaria, cambios de prioridades y nuevas necesidades que de ella deriven”.
También se pide un aval para renegociar los contratos vigentes con los tres operadores (Rosario Bus, El Cacique y Movi) para que se tomen en consideración la preservación de la calidad del servicio, parámetros sanitarios, interés y accesibilidad de los usuarios, seguridad del sistema y rentabilidad de prestadoras.
Un párrafo destacado del mensaje del intendente Pablo Javkin es el referido a las atribuciones solicitadas para “acordarse conciliaciones, transacciones, compensaciones, reconocimientos y remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas o créditos entre las partes”.
Y a su vez, se pide al Concejo que mientras dure el proceso de rediseño se puedan adoptar “medidas extraordinarias y urgentes” en este marco de emergencia. En este contexto, la celebración de convenios con ministerios de Transporte y otras entidades afines a la problemática del sector.
Para transitar esta transición, la Intendencia propuso una comisión de seguimiento integrada por el directorio del Ente de la Movilidad de Rosario, tres ediles de la comisión de Servicios Públicos, un representante de cada una de las empresas y un miembro de la UTA.
Repercusiones
El anticipo del que dio cuenta este diario provocó las primeras reacciones, incluso antes del mensaje que ingresó hacia el mediodía al cuerpo deliberativo local.
El concejal justicialista Eduardo Toniolli adelantó que su bloque lo debatirá “con responsabilidad y entendiendo que estamos en emergencia, pero también vamos a dejar en claro que este reordenamiento debe tener en cuenta los intereses de los usuarios y queremos que ambos participen de esta discusión”, y adelantó que se insistirá con el financiamiento del servicio a través del fondo anticíclico. “Las medidas que se tomen en el marco de la emergencia deben tener fecha de vencimiento cuando se termine la pandemia”, indicó.
Por su parte, el secretario general de la UTA Rosario, Sergio Copello, aclaró que “los puestos de trabajo están garantizados y no tienen discusión”, y consideró que el proyecto “es una medida que se adecuaría a la realidad. Hoy tener colectivos tan grandes, con tanto consumo de combustible, para que lleven uno o dos pasajeros, no tiene razón de ser. En los horarios nocturnos prácticamente no sube nadie”.
La concejala macrista Renata Ghilotti dijo que el sistema de colectivos así como está hoy “es insostenible”, mientras que la concejala socialista Verónica Irízar alertó que “la ciudad es nuevamente discriminada, con fondos que se multiplican por cien en Buenos Aires y acá están congelados hace veinticinco años”, y reclamó por la inequidad en los fondos destinados al sistema de transporte.
Las exigencias del pliego actual
El servicio que circula en la actualidad y se anunció en etapas contempla una red troncal de 9 líneas, una secundaria de 23 líneas y 8 barriales. Los 860 colectivos deben ser de una antigüedad no mayor a 5 años contar con piso bajo y rampas retráctiles, aire acondicionado, espacio para sillas de ruedas motor trasero, pantallas Led con información dinámica en el interior de las unidades, sistema de audio que anuncie las paradas más relevantes y combinaciones posibles.
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