25 de octubre de 2020
Rosario conmocionada por cuatro crímenes en 15 horas
Las urgencias de la seguridad
La seguidilla de crímenes en la últimas horas disputaron con la evolución de la pandemia la preocupación de las autoridades, tanto de la provincia como del municipio. Fuentes consultadas consideraron llamativo que los episodios se encadenaran de este modo, aunque la descripción de los sucesos establecen que principalmente se trató de conflictos interpersonales que se saldaron de forma violenta entre familiares y conocidos.
En el primero de ellos, en la zona oeste de la ciudad, perdió la vida un joven de 23 años producto de disparos en las piernas y en el pecho. No muy lejos de allí, otro hombre que participaba de una fiesta clandestina fue asesinado con arma blanca. Con diferencia de algunas horas, otro joven de 25 años fue apuñalado por un vecino luego de una disputa por el volumen del sonido en otra fiesta, en este caso en Villa Gobernador Galvez. El último de los homicidios -que no está esclarecido todavía- se produjo en ocasión de una disputa familiar en la que el hijo de una mujer que discutía con su pareja puso violentamente fin a ese episodio con dos disparos que terminaron con la vida de su padrastro, en una vivienda que compartían en Cullen al 3400.
Si bien se tratan de muertes violentas pero no en ocasión de lo podrían llamarse “hechos de inseguridad”, como son los arrebatos, robos a mano armada o ajustes de cuentas; los expertos que llegarán a la provincia tendrán un enfoque más amplio para el abordaje de la problemática, que no se limitará a cuestiones estrictamente referidas al funcionamiento de las fuerzas policiales.
Por sus antecedentes y experiencia, tanto La Ruffa como Morales ampliarán el radio de acción en consonancia con lo expresado por Sain, quien en ocasión de la firma del convenio con la Nación explicó que “en las grandes ciudades, cuando hay un alto deterioro social como consecuencia del nivel de desigualdad, hay un inevitable aumento del delito. En esta pandemia no encontramos con una catástrofe social y estamos atravesando un proceso de crecimiento de los niveles de violencia social que se reflejan en los delitos de la calle”, describió el funcionario.
Lo cierto es que tanto el conglomerado urbano de Santa Fe como el de Rosario prácticamente triplican en casos a la media nacional. Un componente adicional a la descripción de Sain está dado por la sangrienta disputa territorial protagonizada por bandas narco cuyos lideres están presos, pero que esa situación no ha redituado en cuanto a la disminución de la criminalidad.
Por el momento, y a la luz de los anuncios, el empeño del gobernador Omar Perotti está puesto en combatir la “inseguridad” antes que en erradicar las condiciones estructurales que en muchos casos empujan -especialmente a los jóvenes- a buscar una salida a través de la economía del delito.
DENUNCIA
Abuso sexual en Pichincha
ISLAS
Alivio de sábado en números de covid-19
Anuncian (pocas) medidas
Pablo Feldman
En ese sentido, en la jornada de ayer se continuó con la seguidilla de contactos virtuales entre la provincia y los municipios, sea a través de los propios ejecutivos o sus cuadros de salud. Estos últimos, teniendo siempre presentes las variables epidemiológicas, son más cautos que sus colegas de gabinete, proponen el "día a día" y no descartan la posibilidad de nuevos cierres.
Sin embargo, no es lo que parece que vaya a suceder. Hay algunos indicadores, sobre todo en Rosario, que acompañarían la idea de Omar Perotti -quien aconseja no salir, pero no lo dispone-, de mantener el distanciamiento tal como se llevó a cabo en las últimas dos semanas. Más aun, si hay alguna modificación será en lo referente al espacio público, especialmente el río, ya que se dio en días pasados la situación absurda de permitir bares en la costa pero no personas en la playa. La idea, de prosperar, sería limitar a solo 4 personas esa estadía, sea en un parque o en un bar, con los elementos de cuidado y distancia. Esto fue enérgicamente rechazado por la Asamblea de Trabajadores por Salud Colectiva, que se manifestaron el viernes por restringir la circulación, apelando a la aplicación del "botón rojo intermitente". Desde algunos despachos oficiales se sostiene que esa posibilidad está latente, y en las últimas reuniones virtuales se le solicitó al Gobernador variantes en la estrategia del abordaje, dado que los resultados no han sido los esperados. Entre los planteos formulados figuraba la búsqueda de consensos y diálogo cotidiano, más fluido y no únicamente en vísperas de anuncios o definiciones quincenales.
Los últimos datos, además del numero de contagios confirmados, dan cuenta de una ocupación del 86% de camas criticas en el sector público y 90% en el privado en la ciudad de Rosario. Un dato alentador es que la ocupación de camas generales experimenta un descenso desde hace 5 días, lo mismo que el RT, que es de 1.02 (repetición de contagios, menos de uno es el ideal ) y el tiempo de duplicación se ha estirado a 26 días en Rosario.
Al cierre de esta edición, se confirmó el traslado del juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murua a un sanatorio privado de la ciudad de Rosario. El magistrado de 48 años estaba internado en una clínica de su ciudad, pero la complicación en el cuadro de neumonía diagnosticado sumado a la covid hizo que su médicos dispusieran que continuara su internación en Rosario. En tanto, en la capital provincial se desarrollaba una caravana con algunos automóviles que recorrió desde el puente colgante hasta la Casa Gris reclamando por la vuelta clases de manera presencial. En Rosario se replicó la situación, también con poca afluencia, ya que se ha confirmado desde el Ministerio de Educación que la alternativa está descartada de plano para los grandes conglomerados urbanos.
En la noche de hoy se espera entonces un comunicado con los detalles de la continuidad de las medidas de aislamiento, que no ofrecerían modificaciones sustanciales. Por esa razón es poco probable que el anuncio lo haga Perotti y quedará en manos de sus colaboradores del Ministerio de Salud.
Conflicto en Cultura
Trabajo en negro en el Estado
Antes del final de la gestión de Mónica Fein, mantuvieron reuniones con las autoridades municipales. "Se tiraban la pelota unos a otros, la gestión anterior decía que la gestión nueva quería revisar todo, y la gestión nueva que la gestión anterior no quería pasar a nadie a planta", relata Gonzalo y agrega que son tienen "trabajos específicos". "Llevamos funciones de los trabajadores de planta, aunque nos dan una entidad de proveedores de servicios".
Tras el mayor retraso en sus haberes, en agosto se manifestaron frente al palacio municipal y los recibio Biazzi. "En la reunión les dijo a tres de nuestros compañeros que no iban a pasar a nadie a planta ni iban a actualizar haberes. Que no tienen plata y que está la emergencia sanitaria. Sin contemplar que muchos de nosotros hacemos asistencia, por ejemplo. Yo reparto alimentos para los chicos del programa Arte en Calle, otros salen a hacer relevamientos de personas con covid, seguimos en funciones aún cuando no tenemos ART", planteó Gonzalo.
Como hay diferentes situaciones irresueltas en las contrataciones de Cultura --como los contratos de Presupuesto Participativo, o del Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), comenzaron a acercarse para plantear estrategia conjunta. Actualmente, los llamados contraprestatarios tienen contratos de octubre a diciembre. Creen que la solución a sus reclamos no es tanto una cuestión de presupuesto como de voluntad política. "La actualización es urgente y también el pase a planta", plantean Gonzalo y José.
El martes pasado fueron recibidos en la Comisión de Cultura del Concejo municipal, y en la sesión del 15 de octubre se aprobó un pedido de informes sobre la situación de la concejala Alejandra Gómez Sáenz. También el diputado provincial Carlos del Frade presentó un proyecto de comunicación para que la Municipalidad de Rosario regularice a estos empleados.
"Hemos tenido voluntad de trabajo, estamos poniendo el cuerpo. Queremos una salida lo más rápida posible a este conflicto. Tenemos facturación contínua, en mi caso desde 2017 y nuestros reclamos son más que legítimos porque nuestros derechos están siendo vulnerados", planteó José.
Por qué trabajadores de la salud piden botón rojo
La profecía que nadie quiso ver
Un científico del Conicet reveló que el 21 de julio alertó a los ejecutivos de Municipalidad y Provincia que se avecinaba una multiplicación de contagios temeraria si no se volvía a un escenario de mayores restricciones. Y dijo que las autoridades no le hicieron caso. La revelación exasperó el fastidio de los trabajadores de salud que, organizados en asamblea, reclaman con la consigna "botón rojo ya" por un aislamiento intermitente para obturar la circulación del coronavirus.
Ernesto Kofman, investigador y docente de la UNR y el Conicet, lo expuso en la Asamblea por la Salud Colectiva, ámbito que nuclea a numerosos trabajadores y profesionales del sistema de salud pública y privada.
"El 21 de julio mandamos un reporte a las autoridades, advirtiendo que se disparaba todo. Yo suponía que su intención era mantenerse en esa situación, entonces les decía que si hacíamos una cuarentena ya, en 2 semanas podíamos bajar y volver a un modelo manejable de rastreo y aislamiento", contó.
"Lo comunicamos a la Municipalidad y a la Provincia. En Provincia nos dijeron que no, que la pandemia iba a hacer un pico en agosto y que luego bajaría por motivos estacionales. En la Municipalidad había distintas posiciones, pero evaluaron que no era factible aplicar medidas estrictas mientras había 20 casos diarios. Estaba lo político en el medio: Buenos Aires está abriendo con 1500 casos por día, y si acá cerraban con 20 casos por día los mataban. Esa era la postura política de la Municipalidad, pero no era la dominante en el área de salud", distinguió el ingeniero.
La posición científica sustenta el reproche de quienes trabajan en el sistema sanitario. "Pareciera que las autoridades no actúan hasta no ver en riesgo serio el sistema de salud; actúan como para que no explote", comentaron.
El intendente Pablo Javkin dio muestras de comprender el planteo, pero también exhibió una mirada pesimista acerca de que esta receta postulada por los trabajadores de la salud sea eficaz. "El botón rojo no es algo tan simple. ¿Acaso si se aplica dejará de haber actividad? ¿La gente cumplirá con no hacer reuniones sociales, por ejemplo?", planteó el viernes por radio. La perspectiva de las autoridades enfoca directamente en la inconducta de parte de la población como el origen de la mayoría de los contagios: las reuniones sociales y afectivas.
Con aquella respuesta negativa por parte de las autoridades, Kofman volvió a trazar una proyección de la evolución pandémica y el 2 de agosto afirmó que la curva pronto marcaría los 1.000 casos diarios. "Y estimamos que llegaríamos a fin de año con 1.200 fallecidos en Rosario. Entonces parecía una locura", recordó.
A dos meses de esa fecha, la ciudad cuenta casi 600 pacientes muertos por covid-19.
"Recién cuando vieron el 5 de setiembre el colapso inminente del sistema de salud, se adoptaron medidas de restricción", relacionó el experto.
"Esa es la lección, si se aplica un botón rojo intermitente es posible bajar la curva. No hace falta improvisar, los modelos matemáticos permiten planificarlo". Kofman
Otro de los expositores, Rodrigo Castro, investigador de la UBA y el Conicet, señaló que "hay una naturalización preocupante de las cifras. Antes 10 mil casos diarios a nivel país nos parecía que sería un espanto, y hoy está asumido", se escandalizó. Y añadió: "Se trata de salir de la ecuación de ir viendo cómo viene la curva, y hacer cierres eficientes, seguidos por períodos de reactivación controlada".
Kofman cuestionó el método de carga estadística que lleva el gobierno y en ese sentido aseguró que "hay retraso en el registro de fallecidos, se informa una letalidad muy inferior a la real: en el departamento Rosario es del 1,8%, y en la provincia, 2,1%", aseveró.
En el balance, evaluó que la cuarentena inicial en Rosario fue "exitosa". "Buena parte de la población cumplió las medidas hasta setiembre y por eso la curva bajó. Pero al extenderse en el tiempo las medidas fueron perdiendo efectividad. Por lo tanto, las medidas de restricción no deben extenderse mucho en el tiempo", observó.
El matemático trajo a colación los momentos de mayo y junio cuando Rosario empezó a liberar actividades y con el rastreo y aislamiento todavía eficaz los contagios no se dispararon durante varias semanas. "Esa es la lección, si se aplica un botón rojo intermitente es posible bajar la curva. No hace falta improvisar, los modelos matemáticos permiten planificarlo. Esto que estamos viviendo hoy, nosotros lo proyectamos a fin de julio", recalcó.
A caballo de estos razonamientos es que la Asamblea Por la Salud Colectiva clama a los ejecutivos locales por aplicar un esquema de restricciones ajustadas pero con flexibilizaciones esporádicas: el modelo llamado "botón rojo intermitente". O en términos de las siglas barajadas en la crisis sanitaria, cambiar el ASPO por el ASPI (Aislamiento Social Preventivo Intermitente).
"Serían restricciones del estilo que se aplicaron antes de setiembre, cortas, unos 9 días cada tres semanas, de manera de cortar la circulación del virus de manera eficaz. Eso podría lograr que a principios de diciembre ya casi no tuviéramos casos, y llegar a una situación manejable por rastreo y aislamiento", ponderó Kofman. Pero asumió que "será inevitable llegar a los 1200 fallecidos a fin de año".
"Las organizaciones de la sociedad civil deben convencer a las autoridades de que es necesario aplicar este modelo, el botón rojo intermitente con el Estado bien presente. Nuestro pedido no es sectorial, es de interés social", concluyó Jorge Cohen, uno de los presentadores de la Asamblea.
Justamente, una de las críticas que plantean es que las decisiones de los ejecutivos ponen énfasis en una estrategia sanitaria asociada al cuidado individual. "Esto está muy marcado de ambos gobernantes y nosotros no estamos de acuerdo. Es algo complicado dejar a título personal el cuidado de las personas. Por supuesto que cada uno tiene elecciones, pero soslayar el rol central del Estado para el cuidado poblacional es inquietante en términos ideológicos. Tiene que ver con uno de los basamentos clásicos del neoliberalismo", consideró la trabajadora social Marina Iraolagoitia.
Registro de Deudores Laborales
Para incumplidores
Familiares de Desaparecidos piden sanciones a María Teresa Vecchia
Carta a Cantero por el lugar de la directora
Imagen: Prensa Gobernación
Desde Santa Fe
Familiares de Desaparecidos de Santa Fe le preguntaron a la ministra de Educación Adriana Cantero si la directora de la Escuela N° 124 de Villa Gobernador Gálvez, María Teresa Vecchia sigue aún funciones y si es así, le pidieron que la separe del cargo. Es la docente que hace dos semanas escandalizó en la red social al publicar el montaje de un secuestro de la dictadura, que después borró. Un cuadro del genocida Jorge Rafael Videla al lado de un Falcon Verde con la fotos de cuatro personas encerradas en el baúl: Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y Axel Kiciloff. El Encuentro Provincial de los Derechos Humanos –que integran todos los organismos- la denunció por “apología del terrorismo de estado” y solicitó la “inmediata intervención” del Ministerio de Educación. Así que ahora, los Familiares quieren saber qué ocurrió con el sumario que dispuso Cantero, si Vecchio continúa en su puesto o fue desplazada. “No puede ser que la educación de nuestros niñas y niños estén en manos de una persona que expresa tal grado de intolerancia y desprecio por la vida humana”, plantearon.
Ayer, los Familiares de Desaparecidos le mandaron una carta a la ministra de Educación para saber qué sucedió con “la directora del Falcon Verde”, como llamaron a Vecchia. Apenas detonó el escándalo, el secretario de Educación Víctor Debloc anunció que Cantero había dispuesto una “investigación sumarial” a Vecchia, que estará a cargo del director de la Regional VI de Rosario, Osvaldo Biaggioti, según confirmó el funcionario a Rosario/12. La decisión fue adoptada después de un diálogo con la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, Lucila Puyol.
El Encuentro Provincial de los Derechos Humanos –que integran el Foro contra la Impunidad de Santa Fe y el Espacio Juicio y Castigo de Rosario, entre otros- advirtió sobre la conducta de Vecchia: “Difundir la imagen de un Falcon verde con funcionarios del gobierno actual en su baúl y la foto del dictador al frente, representa un nivel de odio, incitación a la violencia y promoción de la ideología fascista que nuestra sociedad no puede permitir”.
En la misma línea, los Familiares de Santa Fe le plantearon a Cantero su “profunda preocupación” por el posteo de la docente. “Como familia directa de los y las 30 mil desaparecidos y desaparecidas de la última dictadura cívico militar tenemos el deber de alertar sobre la situación que vive nuestro país”. Hay “un clima enrarecido por el accionar de medios concentrados, parte de la oposición política y un sector del poder económico, que parecen haber roto las reglas de convivencia democrática”.
“En ese marco –dijeron- se inscribe la acción de Vecchia, que pone de manifiesto su intolerancia y violencia”. “Sabemos que muchos de nuestros familiares fueron secuestrados en el baúl de un Ford Falcon para ser conducidos a centros clandestinos de detención, donde los sometieron a inenarrables torturas y tormentos. Y después, asesinarlos y desaparecer sus cuerpos. ¿Este es el destino que augura la directora para aquellos que expresan ideas políticas diferentes y que hoy encarnan un gobierno elegido democráticamente?”.
“No puede ser que la educación de los niños y niñas esté en manos de una persona que expresa tal grado de intolerancia y desprecio por la vida humana. Entendemos que la educación debe darse sobre la base del respeto y la convivencia. La diversidad de las ideas políticas, religiosas, culturales, sexuales y de género deben ser profundamente respetadas en una sociedad democrática y en esos valores deben educarse” a niños, niñas y adolescentes.
“No puede ser que la educación de los niños y niñas esté en manos de una persona que expresa tal grado de intolerancia y desprecio por la vida humana"
La “educación pública, desde ningún punto de vista se puede cumplir”, si la directora de una escuela “difunde mensajes en las redes sociales que son abiertamente contradictorios con los contenidos que los docentes intentan transmitir en las aulas”, señalaron los Familiares. Y citaron lo que dice la ley de Educación. Los “contenidos curriculares” deben incluir: “El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. Todo, “en concordancia” con la ley 25.633 que instauró al 24 de marzo como “Día Nacional de la memoria por la verdad y la Justicia”.
“La ciudadanía argentina ha dicho: ‘Nunca Más’ y ese ‘Nunca Más’ se construye entre todos”. El Encuentro Provincial de Derechos Humanos repudió la “actitud” de Vecchia, pero el “Estado santafesino y las instituciones que lo integran también deben tomar en sus manos la defensa de los valores democráticos y esta construcción colectiva del ‘Nunca Más’ para que sea una realidad”.
“El terrorismo de estado siempre fue precedido por una campaña de demonización de las futuras víctimas. Así ocurrió con los judíos en la Alemania nazi, y también en la Argentina de la dictadura. De modo que al observar el desarrollo de una campaña de siembra de odio similar en la actualidad, no podemos menos que actuar con la mayor firmeza y severidad para darle un corte, antes de que sea demasiado tarde”.
La carta fue firmada por los familiares de Desaparecidos Hugo Kofman, Julia Gaitán, Marita Zurbriggen, Carolina Trod, Teresita Cherry, Milagros Almirón, Maria Laura Corazza, Marcelo Villar Ramos, Guadalupe Verdú, Marta Pugliese, Carlos Fluxá y Elena Inés Ferrigutti.
Riesgo de cierre de un servicio pionero en reducción de daños
Un valioso espacio terapéutico
Imagen: Andres Macera
Un servicio pionero en el abordaje de las problemáticas del consumo de drogas desde una perspectiva de derechos corre riesgo de cerrar. Cinco de los nueve integrantes del Servicio Asistencial en Drogadependencias y SIDA (Sadys) que funciona en el Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila”, en el marco de un convenio entre el Ministerio de Salud provincial y la UNR, presentaron su renuncia porque llevan nueve meses sin cobrar. Los integrantes del dispositivo, que depende del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y SIDA (Ceads), remarcaron que el cierre implicaría además "consecuencias gravísimas" que no sólo afectan el proceso terapéutico que se viene sosteniendo --en algunos casos desde hace años-- sino que además ponen en riesgo la salud y la salud mental de los/as pacientes. "Si uno no maximiza los dispositivos de acompañamiento, se presentan situaciones muy complejas para un paciente, que compre droga de más y muera de una sobredosis o termine preso porque está caminando a las cinco de la mañana en el medio de la nada para ver qué consigue", indicó la psicóloga Silvia Inchaurraga, directora del servicio especializado en atención clínica y reducción de daños.
Desde 2017, el Sadys cuenta con un subsidio a partir de un convenio entre la Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento Integral de las Adicciones (Aprecod) -- que depende del Ministerio de Desarrollo Social provincial, y cuyo responsable en Rosario es Mariano Romero-- junto al Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Salud. Hasta diciembre del año pasado, el convenio se mantuvo en vigencia. En mayo de 2020, cuando aún no se había abonado al equipo el mes de diciembre, las autoridades provinciales informaron que el convenio tendría una renovación automática por el lapso de 6 meses, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, pero sin ningún tipo de ajuste del presupuesto acordado el año pasado. Como no cobran desde enero, cuatro psicólogos y un psiquiatra presentaron su renuncia al servicio.
"Tenemos 30 tratamientos estables de pacientes con contacto permanente, algunos van tres veces a la semana, más las consultas virtuales de personas que no vienen al servicio por el temor a circular debido a la covid", dijo Inchaurraga, directora del Ceads, del que depende el Sadys, un dispositivo en el que además de la atención clínica desarrolla otras actividades, como la formación de estudiantes de pre y posgrado y proyectos de investigación, pero fundamentalmente con múltiples campañas de reducción de daños que desde hace varios años realizan tanto en barrios como en fiestas electrónicas.
Oscar Montenegro, periodista y coordinador del servicio en el área de Reducción de Daños, señaló que no fueron contemplados en la agenda prioritaria por Aprecod. "Han avanzado con los convenios con otro tipo de organizaciones que tienen un perfil diferente del trabajo en las drogadependencias, un perfil más abstencionista y de terapias clínicas basadas en cuestiones que no responden a la Ley de Salud Mental, que tienen que ver con el viejo modo de pensar las adicciones. Lo cierto es que somos los únicos que quedamos por fuera porque consideran que las cuestiones de reducción de daños no son importantes, pero esto hace a nuestra esencia y es fundamental porque tenemos psicólogos preparados para trabajar de esta manera", destacó.
Después de 20 años de llevar adelante el servicio casi sin presupuesto, Montenegro explicó que el convenio se utilizó para realizar un concurso y así pudieron incorporar a los profesionales de la salud mental, quienes a partir del 31 de octubre efectivizarán sus renuncias porque no cobran desde enero. "Con esta situación, se pierde mucha gente que adhería a nuestro método porque habían fracasado con otro sistema", advirtió. "No son sólo de Rosario, venían de Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Villa Gobernador Gálvez, y que ahora van a ser derivados al sistema del Agudo Avila. No solamente perdemos reducción de daños, si no también los vínculos socio afectivos con los que trabajábamos en la consejería, nos quieren convertir en un sistema raso", lamentó uno de los coordinadores del dispositivo.
"Con esta situación, se pierde mucha gente que adhería a nuestro método porque habían fracasado con otro sistema", advirtió Oscar Montenegro
A pesar de todos estos obstáculos, desde el Sadys no discontinuaron su trabajo. "Durante el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la asistencia a pacientes y la recepción de nuevas consultas, continuó desarrollándose tanto de manera presencial, cuando la situación así lo requería, como por vía remota y de manera virtual, en todos los casos sin interrupciones", destacaron. Incluso en el dispositivo se desarrolló una novedosa campaña sobre consumos de drogas en el marco de la pandemia, realizada por la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (Arda).
Preocupado por el cierre del servicio, el diputado provincial Carlos del Frade (FSyP) presentó esta semana un proyecto de comunicación para que el Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, tome las medidas necesarias para su continuidad. Desde Arda elaboraron un documento en apoyo a los integrantes del servicio. Lo mismo hizo la Red Argentina para los Derechos y Asistencia de los usuarios de Drogas (Radaud), que integra la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas (Lanpud).
"En marzo, con la pandemia de covid, el Sadys comenzó una campaña con información clara sobre consumo de drogas en medio de la crisis sanitaria, y puso en marcha un servicio de consejería on line. Ambas medidas se anticipaban a los efectos que las restricciones a la vida social tendrían en las personas usuarias del servicio. Pero peor que el virus, es que el Sadys se encuentra al borde del cierre", dice el texto firmado por el delegado en Rosario de Radaud, Carlos Muñoz.
"Las personas que usamos sustancias psicoactivas, somos personas y tenemos derecho a la salud. Muchos pares, ante esta situación de incertidumbre, y encerrados en sus casas agravan los consumos y la convivencia. Necesitamos el servicio siga activo ya que es el único lugar de referencia a los operadores de campo, donde no somos criminalizades. Desde Radaud exigimos No al Cierre del Sadys", agregó.
También se solidarizó el responsable del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (Diat), Ignacio Canabal, referente de la Asociación de Usuarios y Profesionales para el Abordaje del Cannabis y otras Drogas (Aupac). La ex titular de Aprecod, Cecilia Nieto, se comunicó con los integrantes del Sadys para apoyarlos.
Fuente:Rosario12
Concejo Municipal
“Uno de los indicadores básicos para medir el grado de inclusión financiera de un país, es el porcentaje de adultos que poseen al menos un tipo de cuenta de depósito”, enunció la concejala María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular), al reiterar en mayo un proyecto de ordenanza que presentó cinco años atrás, pidiendo la inclusión digital y formación económica financiera de sectores populares y adultos mayores, algo que se volvió imprescindible para enfrentar la pandemia. Pero no fue lo único. Además, tuvo propuestas en lo edilicio, como definir el ancho de los balcones, donde al menos quepa una silla, en medio de la cuarentena. ¿Cómo registra la agenda del Concejo a la Covid-19?
La pandemia que asola al planeta, es un episodio que narrará la historia. Cualquiera sea el formato a futuro, registrará víctimas, pérdidas económicas, estrategias sanitarias y políticas de Estado ad hoc, vida cotidiana, contexto urbano y yerros de acción o negligencia, como el no tener conciencia, justamente, de que estamos siendo contemporáneos de un hecho histórico. Quizás algún investigador sagaz, hasta registre que no fueron pocos quienes pedían apurar el trago amargo, asumiendo que muriera quien debía morir. El mismo historiador, u otro igual de atento, también apuntará que para la misma época, las sondas espaciales se posaban en Marte. Epifanía y abismo.
“Es un año extraordinario y marcado por la pandemia que impactó claramente en la agenda legislativa, difícilmente podríamos haber abordado la famosa ordenanza de nocturnidad, donde ni siquiera sabemos cuál la <<nueva normalidad>> cuando esto finalice”, dijo la edila que preside la Comisión de Planeamiento y además integra las de Gobierno y Seguridad. Y aseguró que es muy difícil proyectar en una ciudad muy distinta y esto atraviesa también al sistema de transporte, que de 460 mil pasajes diarios bajó a 60 mil, lo que lo vuelve insustentable. “Como estos ejemplos, son muchos los temas de la agenda que no se van a poder trabajar; en otros casos hay que patear el tablero y pensar una ciudad distinta”, enfatizó.
Planeamiento
Según Gigliani, en la Comisión que preside se resolvieron temas pendientes, nuevas urbanizaciones y emprendimientos. “Entiendo que desde marzo, el nuevo Ejecutivo, aprovechando la pandemia y no ir detrás de una agenda, se dio tiempo para poder analizar y revisar normativas urbanísticas en general y preexistentes como el plan especial de calle San Juan, peatonales, entre otros”, comentó. Y dijo que en algunas de estas cuestiones coincide y en otras no.
“Ahora en el Concejo se está discutiendo una iniciativa del Ejecutivo para modificar la altura de las plantas bajas pero que en realidad se utiliza para dar un piso demás en los edificios en toda la ciudad, con esto no coincido”, aseguró. En su opinión “no todo lo que se vaya a modificar puede ser en beneficio de la gente, hay que tener cuidado que no sea a favor de las constructoras, porque la disputa de intereses es la misma de siempre”.
Para la edila, es necesario pensar, en términos de planificación urbana, qué nos deja la pandemia, “qué enseñanza, cómo hay que diseñar y planificar la ciudad de Rosario. Uno de esos temas tiene que ver con modificar el ancho de los balcones, que parece algo menor, pero no es lo mismo atravesar un aislamiento social en una casa con patio que en un departamento donde no se pueda acceder al aire, en un balcón”, señaló. Y dijo que estos son parte de los temas que hay que repensar y analizar para la ciudad que viene.
Inclusión
En una reunión que se realizó esta semana con representantes del Banco Municipal, Gigliani volvió a insistir con implementar su iniciativa: inclusión bancaria y financiera de los sectores populares y los adultos mayores. “Si algo nos dejó la pandemia es la demostración de la prácticamente nula inclusión de estos sectores”, dijo sobre la ordenanza que presentó en 2015 y que, premonitoriamente, trata un tema que la cuarentena puso en foco: la falta de uso, por desconocimiento, de las tarjetas de débito, con las consecuencias negativas para una población que quedó al margen de los aggiornamientos en tecnología.
“Si en 2016, cuando se aprobó, se hubiese trabajado en la inclusión de los adultos mayores, no hubiese pasado ese viernes aciago del principio de la pandemia, cuando los jubilados aún a riesgo de su vida hicieron largas colas en los bancos, porque no sabían utilizarla para hacer compras o en los cajeros”, comentó.
Este año, en plena pandemia, la ordenanza se enriqueció con nuevos aportes como lograr la bancarización de los comercios de cercanía, ya que esto constituye un problema en los barrios populares para los vecinos jubilados o con otras asistencias sociales, que no pueden utilizar sus tarjetas de débito. Además, deberá ampliarse la red de cajeros automáticos: “la pandemia dejó en claro que la gente tuvo que hacer hasta 25 cuadras para encontrar un cajero”.
¿En qué consiste la inclusión financiera y bancaria? En capacitar e interiorizar a sus destinatarios en el funcionamiento de cajas de ahorro y las tarjetas para lograr el mayor beneficio de ellas. Además, generar capacidades a fin de administrar el dinero para lograr una mejor economía personal y familiar, sólo a modo de ejemplo. “La ordenanza permite trabajar en profundidad con los adultos mayores, con la tecnología que a su vez les facilita mayor socialización; y no hay que olvidar que son los sectores más vulnerables para los robos, generalmente van una sola vez al banco y se llevan toda la jubilación que usan en efectivo con el riesgo que implica, porque no saben usarlas a través de la tarjeta de débito”, describió.
La capacitación se podrá realizar a través de centros de jubilados, clubes de barrios y distintas organizaciones sociales, lo que en la práctica implica generar trabajo en territorio. Además, incluye convenios del Ejecutivo con la Universidad Nacional de Rosario (UNR), bancos, la Asociación Bancaria, Ansés, Afip y cualquier organismo competente en la materia.
Fuente: El Eslabón
Reporte de coronavirus de Santa Fe
La ciudad obtuvo este sábado la cantidad más baja de casos de los últimos 20 días, según el parte epidemiológico oficial, y la provincia estuvo por debajo de la barrera de los 2000. Hubo 15 muertos en todo Santa Fe, 11 de Rosario.
El Ministerio de Salud de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Epidemiología, dio a conocer el reporte de este sábado 24 de octubre, que arrojó 1.923 casos nuevos de Covid-19 en el territorio provincial. Así, el total de casos desde el comienzo de la pandemia a la fecha es 93.096, de los cuales 14.460 casos fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 78.636 por laboratorio.
Rosario, como es habitual, lidera las ciudades con más caso, seguida por la capital provincial, con 371; Rafaela, con 93; Granadero Baigorria, con 49; Villa Constitución, con 48; Esperanza, con 45; Villa Gobernador Gálvez, con 44; Venado Tuerto, con 38; Santo Tomé, con 36; San Lorenzo, con 24; Cañada de Gómez, con 20.
Además, este sábado se registraron 15 decesos por el virus, de los cuales 11 pacientes (49 años, 51 años, 54 años, 66 años, 72 años, 78 años, 84 años, 88 años, 89 años, 92 años, 93 años) con residencia en Rosario.
Los restantes fallecimientos ocurrieron en Villa Eloisa (1 paciente de 85 años); Melincué (1 de 66 años); Godken (1 de 85 años); Granadero Baigorria (1 de 72 años). Hasta el momento se registran un total de 1010 muertes en la provincia por el coronavirus.
En cuanto a los recuperados, hay un total de 73.515 pacientes dados de alta, mientras que en hospitales públicos de Salud provinciales hay 239 personas en UTI (Unidad de Terapia Intensiva), de las cuales 225 reciben asistencia mecánica respiratoria. Mientras que en Camas Generales son 491 los internados.
Fuente:RedaccionRosario
La ciencia había avisado en julio que el coronavirus se disparaba en Rosario
Científicos del Conicet habían advertido a Provincia y Municipalidad la escalada de contagios covid en Rosario. Insisten con restricciones intermitentes
Un científico del Conicet reveló que el 21 de julio alertó a los ejecutivos de Municipalidad y Provincia que se avecinaba una multiplicación de contagios temeraria si no se volvía a un escenario de mayores restricciones. Y dijo que las autoridades no le hicieron caso. La revelación exasperó el fastidio de los trabajadores de salud que, organizados en asamblea, reclamaron esta semana con la consigna "botón rojo ya" por un aislamiento intermitente para obturar la circulación del coronavirus.
Ernesto Kofman, investigador y docente de la UNR y el Conicet, lo expuso en la Asamblea por la Salud Colectiva, ámbito que nuclea a numerosos trabajadores y profesionales del sistema de salud pública y privada.
"El 21 de julio mandamos un reporte a las autoridades, advirtiendo que se disparaba todo. Yo suponía que su intención era mantenerse en esa situación, entonces les decía que si hacíamos una cuarentena ya, en 2 semanas podíamos bajar y volver a un modelo manejable de rastreo y aislamiento", contó.
"Lo comunicamos a la Municipalidad y a la Provincia. En Provincia nos dijeron que no, que la pandemia iba a hacer un pico en agosto y que luego bajaría por motivos estacionales. En la Municipalidad había distintas posiciones, pero evaluaron que no era factible aplicar medidas estrictas mientras había 20 casos diarios. Estaba lo político en el medio: Buenos Aires está abriendo con 1500 casos por día, y si acá cerraban con 20 casos por día los mataban. Esa era la postura política de la Municipalidad, pero no era la dominante en el área de salud", distinguió el ingeniero.
La posición científica sustenta el reproche de quienes trabajan en el sistema sanitario. "Pareciera que las autoridades no actúan hasta no ver en riesgo serio el sistema de salud; actúan como para que no explote", comentaron.
El intendente Pablo Javkin dio muestras de comprender el planteo, pero también exhibió una mirada pesimista acerca de que esta receta postulada por los trabajadores de la salud sea eficaz. "El botón rojo no es algo tan simple. ¿Acaso si se aplica dejará de haber actividad? ¿La gente cumplirá con no hacer reuniones sociales, por ejemplo?", planteó el viernes por radio. La perspectiva de las autoridades enfoca directamente en la inconducta de parte de la población como el origen de la mayoría de los contagios: las reuniones sociales y afectivas.
Con aquella respuesta negativa por parte de las autoridades, Kofman volvió a trazar una proyección de la evolución pandémica y el 2 de agosto afirmó que la curva pronto marcaría los 1.000 casos diarios. "Y estimamos que llegaríamos a fin de año con 1.200 fallecidos en Rosario. Entonces parecía una locura", recordó.
A dos meses de esa fecha, la ciudad cuenta 548 pacientes muertos por covid-19.
"Recién cuando vieron el 5 de setiembre el colapso inminente del sistema de salud, se adoptaron medidas de restricción", relacionó el experto.
Otro de los expositores, Rodrigo Castro, investigador de la UBA y el Conicet, señaló que "hay una naturalización preocupante de las cifras. Antes 10 mil casos diarios a nivel país nos parecía que sería un espanto, y hoy está asumido", se escandalizó. Y añadió: "Se trata de salir de la ecuación de ir viendo cómo viene la curva, y hacer cierres eficientes, seguidos por períodos de reactivación controlada".
Kofman cuestionó el método de carga estadística que lleva el gobierno y en ese sentido aseguró que "hay retraso en el registro de fallecidos, se informa una letalidad muy inferior a la real: en el departamento Rosario es del 1,8%, y en la provincia, 2,1%", aseveró.
En el balance, evaluó que la cuarentena inicial en Rosario fue "exitosa". "Buena parte de la población cumplió las medidas hasta setiembre y por eso la curva bajó. Pero al extenderse en el tiempo las medidas fueron perdiendo efectividad. Por lo tanto, las medidas de restricción no deben extenderse mucho en el tiempo", observó.
El matemático trajo a colación los momentos de mayo y junio cuando Rosario empezó a liberar actividades y con el rastreo y aislamiento todavía eficaz los contagios no se dispararon durante varias semanas. "Esa es la lección, si se aplica un botón rojo intermitente es posible bajar la curva. No hace falta improvisar, los modelos matemáticos permiten planificarlo. Esto que estamos viviendo hoy, nosotros lo proyectamos a fin de julio", recalcó.
A caballo de estos razonamientos es que la Asamblea Por la Salud Colectiva clama a los ejecutivos locales por aplicar un esquema de restricciones ajustadas pero con flexibilizaciones esporádicas: el modelo llamado "botón rojo intermitente". O en términos de las siglas barajadas en la crisis sanitaria, cambiar el ASPO por el ASPI (Aislamiento Social Preventivo Intermitente).
"Serían restricciones del estilo que se aplicaron antes de setiembre, cortas, unos 9 días cada tres semanas, de manera de cortar la circulación del virus de manera eficaz. Eso podría lograr que a principios de diciembre ya casi no tuviéramos casos, y llegar a una situación manejable por rastreo y aislamiento", ponderó Kofman. Pero asumió que "será inevitable llegar a los 1200 fallecidos a fin de año".
"Las organizaciones de la sociedad civil deben convencer a las autoridades de que es necesario aplicar este modelo, el botón rojo intermitente con el Estado bien presente. Nuestro pedido no es sectorial, es de interés social", concluyó Jorge Cohen, uno de los presentadores de la Asamblea.
Fuente:RosarioPlus
El debate que viene
Busatto sobre las leyes de seguridad: “Si el sistema no funciona, hay que cambiarlo”
El jefe del bloque de diputados provinciales del oficialismo ponderó la reforma que intenta encarar el ministro Sain para modernizar la Policía y el servicio de seguridad. “Hay que generar un núcleo básico de coincidencias para que estas leyes puedan salir”, postuló Busatto.
24 de octubre de 2020
Ezequiel Nieva
El viernes 16 de octubre, el gobierno envió a la Legislatura
provincial tres proyectos de ley que apuntan a modernizar la Policía y el
servicio de seguridad. El lunes 19, el ministro Marcelo Sain explicó en
conferencia de prensa los alcances de esas iniciativas y no se ahorró adjetivos
al momento de describir la situación actual: “Santa Fe tiene un sistema de
seguridad pública cavernícola, viejo, vetusto, rústico y lo tenemos que
modernizar”.
El jefe del bloque de diputados provinciales del PJ, Leandro
Busatto, será el encargado de conducir las negociaciones entre el oficialismo y
la oposición con el objetivo de lograr la sanción de los tres proyectos: la Ley
de Seguridad Pública, la nueva ley del Sistema de Personal Policial y Ley de
Control Policial.
En una entrevista con El Ciudadano, Busatto reconoció la
necesidad de lograr “consensos básicos” para reformar el servicio de seguridad:
“Si el sistema no funciona, hay que cambiarlo. Y para eso hay que generar un
núcleo básico de coincidencias para que estas leyes puedan salir”.
—¿Cuál es la primera evaluación que hicieron de estos
proyectos?
—Esto arranca hace un tiempo, desde antes de la campaña
electoral, con la idea de que hay que cambiar el paradigma de la seguridad
pública en la provincia. Para poder implementar políticas distintas, el
ministro ha pensado que es necesario renovar el plexo normativo de la seguridad
pública. Son leyes y reglamentos del siglo pasado que regulan el problema de la
seguridad y, paradójicamente, Santa Fe es una de las provincias que más han
sufrido el agravamiento de la inseguridad.
—¿Ese es el motivo central de estas reformas?
—Sí. Nosotros notamos que hay una problemática creciente con
un conjunto de normas dispersas, como compartimentos estancos y sin ningún
sentido estratégico. Lo que estamos haciendo con estos proyectos es tratar de
ordenar normativamente la seguridad pública en la provincia de Santa Fe con
tres leyes que le dan una visión estratégica al abordaje de la seguridad. Hay
una ley madre, que es la Ley de Seguridad Pública. Santa Fe es una de las pocas
provincias de las denominadas grandes que nunca tuvo una ley de estas
características.
—¿Cuáles son los puntos centrales?
—Es la ley que va a estructurar a los distintos actores en
materia de seguridad, estableciendo los principios básicos rectores. El primero
es el gobierno de la seguridad: robustecer la conducción política de la
seguridad y recuperar la vocación policial, con una tarea más abocada a lo operativo
que a lo administrativo. Lo segundo es la gestión del conocimiento. En ese
sentido, es importante recuperar la estadística y conocer en tiempo real cómo
va evolucionando la problemática de la inseguridad; si no, uno navega a ciegas.
Es importantísima la producción de estadísticas propias porque eso va a
permitir enfocar el problema desde otro lugar. Ya hay un Observatorio de
Seguridad Pública funcionando por decreto; la idea es regularlo por ley.
Tercero: generar un proceso para la disminución de la violencia con armas de
fuego trabajando sobre lo que ya existe, que es una agencia de control de armas
de fuego. Después hay otras cosas muy importantes, como la organización de la
Policía en cuatro grandes áreas: la Policía de Seguridad Preventiva, la Tropa
de Operaciones Especiales, la Agencia de Investigación Criminal, que
reemplazará a la PDI, y la Agencia de Control Policial que va a suplantar al
viejo esquema de Asuntos Internos. Además, se crea por primera vez la
Secretaría de Bienestar Policial e Igualdad de Género. Es importante trabajar
sobre las condiciones laborales de la fuerza. Y, por último, una comisión que
les permita a los propios delegados de la Policía discutir con el gobierno las
condiciones de trabajo y los salarios, sin entrar en la discusión sobre la
sindicalización de la Policía.
—Esa reforma integral supone cambios desde el mismo ingreso
a la fuerza…
—Sí. Es muy destacable la creación de una Academia Superior
de Seguridad Pública que tiene como objetivo no solamente formar a los policías,
sino también a los funcionarios de gobierno. Y se apunta además a una
coordinación territorial con municipios y comunas para darle a la seguridad una
mirada mucho más territorial, coordinando con intendentes y presidentes
comunales el abordaje de los problemas de inseguridad.
—Hay otros proyectos, además de la Ley de Seguridad Pública.
—Sí. Por un lado, una nueva ley del Sistema de Personal
Policial que reemplaza dos leyes antiguas: la Ley Orgánica de la Policía, de
1975, que es una ley del siglo pasado para una Policía del siglo XXI, y la ley
del Personal Policial, de 2005, que ya tiene 15 años. Y la otra es una Ley de
Control Policial que cambia el esquema de Asuntos Internos y genera un proceso
de sanciones sobre las faltas de la Policía con un sistema público, con juicio
y una auditoría externa.
—¿Cómo va a ser el nuevo sistema de formación policial?
—Se propone un perfil más académico bajo el paradigma de la
seguridad democrática. Estamos pensando en una Policía que genere ámbitos de
profesionalización que ya tienen otras fuerzas en el país; hoy en día la
Policía de CABA es un modelo a seguir por la formación, la capacitación y la
incorporación de nuevas tecnologías.
—¿Cómo va a funcionar el nuevo esquema que reemplazará a
Asuntos Internos?
—La idea es que haya una especie de defensor del Policía,
que permita generar un proceso adversarial frente a la sospecha de la comisión
de una falta o un delito. Y es probable que impulsemos algún mecanismo de
auditoría ciudadana. Siempre que se transparente el funcionamiento de las
fuerzas de seguridad, va a ser mejor para todos. Por eso estamos pensando en
algún mecanismo de auditorías externas que permitan que otros poderes y la
ciudadanía puedan controlar lo que ocurre dentro de la fuerza.
—¿Por qué las leyes vigentes no permitieron dar respuesta a
los problemas actuales?
—La Policía ha cambiado y el delito ha mutado. No existe hoy
una correlación entre la estructura legal vigente y la Policía actual. Muchas
de las normas vigentes no tienen coherencia entre sí; son compartimentos
estancos sin una visión estratégica. Nos enfrentamos con delitos nuevos o con
el agravamiento de delitos viejos que se han complejizado, como la ocupación
territorial por parte de bandas que disputan otros delitos. Hay una necesidad de
agudizar las herramientas preventivas, con incorporación de tecnología y con
una Policía que tenga más tareas de prevención. Con el cambio del sistema
procesal penal, la instrucción de la investigación criminal ya no está a cargo
de la Policía y hay muchos policías todavía con esa cabeza. Hay un conjunto de
normas que han quedado obsoletas frente a una problemática que ha crecido
ostensiblemente.
—¿Alcanza con reformar las leyes para resolver el problema
de la inseguridad?
—No, no alcanza, pero es imprescindible. No alcanza solo con
las leyes, pero no se puede sin estas leyes. Un tema lleva al otro. No alcanza,
primero, porque una norma no resuelve el problema de la calle. Segundo, porque
vamos a tener una transición cuando estas leyes estén aprobadas. Para tener una
nueva Policía van a pasar, mínimo, tres o cuatro años. Y, en tercer lugar, no
alcanza porque la realidad dinámica de la calle la marcan los hechos y no las
leyes. Pero hay algo que está claro: probamos diez años con un sistema que no
funcionó. Si el sistema no funciona, hay que cambiarlo. Lo que la provincia no
ha hecho es tener un sistema que ordene estratégicamente la seguridad. Lo que
se cambia cada vez que se va un ministro es el collar, no el perro. Y acá hay
que cambiar el perro.
—Teniendo en cuenta que los proyectos ingresaron por la
Cámara de Diputados, ¿cuál va a ser la estrategia legislativa desde el
oficialismo?
—La estrategia es involucrar a todos los actores. Al bloque
mayoritario (Frente Progresista) y a los pequeños bloques también, porque
regular el sistema de seguridad requiere de un consenso altísimo. No me imagino
votaciones divididas ni situaciones de tensión extremas. Sí imagino que puede
haber una posición crítica en algunos bloques, pero con diferencias y con
coincidencias hay que generar un núcleo básico de coincidencias para que estas
leyes puedan salir. No son leyes que puedan salir con una mirada parcial; tiene
que haber un consenso importante y nosotros necesitamos que el Frente
Progresista y todos los bloques las valoren positivamente, más allá de que
tengan alguna mirada distinta o particular.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
Ya son más de mil las personas que ocupan terrenos
en el oeste y noroeste y crecen las tomas en Rosario
En menos de un mes, familias comenzaron a asentarse en lotes usurpados. Exclusión, manejo político y ventas ilegales
Por Diego Veiga
La situación
desnuda la falta de acceso a la vivienda, pero también el accionar de grupos
que lucran con la necesidad.
Celina
Mutti Lovera/La Capital
Domingo 25 de Octubre de 2020
En los últimos
meses cerca de un millar de personas ocuparon terrenos en
las zonas oeste y noroeste de Rosario que motivaron distintas
presentaciones judiciales por parte de los propietarios de los mismos. El
fenómeno, que no es nuevo y se acrecentó en tiempos de pandemia y
de la mano de índices de pobreza cada vez más alarmantes en toda la región,
desnuda la falta de acceso a la vivienda pero también el accionar de grupos que
lucran con la necesidad de muchas familias. Detrás de las usurpaciones también
se mueve un negocio de compra y venta de lotes por los que
aseguran que se paga entre 30 mil y 100 mil pesos por cada uno.
En la zona oeste la
luz de alarma del dueño de un lote de cuatro hectáreas que se extiende detrás
del predio que el Colegio Cristo Rey tiene sobre la avenida Calasanz
(continuación de Mendoza y luego de Wilde en dirección hacia Funes) se encendió
con mayor intensidad el 20 de septiembre. El hombre venía batallando sin éxito
en los tribunales provinciales desde 2014 para desalojar a una docena de
familias que se asentaron en su propiedad, pero ese día se produjo una
irrupción masiva.
“Llegaron como 500 personas, gente muy humilde, que empezó a lotear y a demarcar todo el terreno”, aseguró Julio Rodrigo, el abogado del dueño del predio, que radicó la denuncia a las pocas horas de la usurpación.
El letrado está convencido de que ese masivo arribo de personas
“fue organizado”. Quien investiga la usurpación es el fiscal Marcelo
Maximino, que imputó a más de 130 personas y espera que el juez de Garantías
resuelva una fecha para llevar adelante la audiencia.
Sin techo
“Nosotros no teníamos dónde ir, estábamos alquilando y ya no
podía pagar más, así que me vine para acá”, dice Cristina mientras acaricia
a su hijita de cinco años a metros del rancho de chapas que montó en el predio
usurpado hace menos de un mes.
Celina Mutti Lovera/La Capital
Su relato se repite casi calcado entre los demás habitantes del
asentamiento, donde abundan changarines, albañiles, empleadas domésticas y
hasta un remisero. A todos la pandemia los dejó sin trabajo.
En este predio donde la toma se consolida y la Justicia ya censó
a los ocupantes para llegar a una solución, abundan los chicos. Es por eso
que las mismas familias improvisaron un precario comedor en el centro
del terreno donde cada día cocinan algo entre todos.
Mientras esta toma se consolidaba en la zona oeste, una similar
situación se dio en el noroeste. Es más, el martes pasado el dueño de un predio
de cuatro hectáreas situado detrás del complejo Palos Verdes, a pocos metros
del autódromo, constató con un escribano cómo dentro del lote, que está
cercado, se está construyendo una propiedad que los vecinos atribuyen a una
agrupación política que milita desde hace años en la zona. Los materiales,
arena y piedras, estaban este viernes sobre calle Baigorria y la casa ya tenía
sus paredes a medio levantar.
A unos metros se entremezclan viviendas muy humildes con otras más
consolidadas. Y desde calle Bouchard hacia la zona de Ybarlucea, el crecimiento
de las tomas es exponencial. Así lo asegura Cristina Díaz, una mujer que lleva
más de 40 años viviendo allí y que es testigo de la diaria llegada de gente a
esos terrenos.
“Acá la gente empezó a llegar en 2007, con la inundación en
Nuevo Alberdi, pero este año, con la pandemia, se llenó”, describe mientras
señala las precarias viviendas que se levantan en distintos sectores.
“Hace dos meses, atrás de mi casa
empezaron a levantar cimientos y yo les dije que no lo podían hacer, que ese
lote tenía dueño; y la verdad que la pasé muy mal”, admite la mujer.
En Nuevo Alberdi los vecinos aseguran haber pagado por esos
terrenos. Las sumas oscilan, pero algunos dicen que llegaron a
abonar unos 100 mil pesos por un lote de 20 por 20.
También hay voces que remarcan por lo bajo una suerte de
organización detrás de las tomas. Las familias llegan desde distintos
barrios de la ciudad, como Empalme y Stella Maris. “Muchos han ocupado el
terreno y se han ido luego de que el dueño les pagara para que lo hicieran,
pero hay otros que venden esos lotes como si realmente fueran los dueños”,
narra Díaz.
Celina Mutti Lovera/La Capital
En los predios de Nuevo Alberdi no sólo se ven viviendas
consolidadas y precarias, por las calles del amplio sector que se extiende
detrás del autódromo también se observan desarmaderos de autos y hasta
un negocio de venta de autopartes.
Si bien estas tomas son las que más crecieron en Rosario durante la pandemia, no son las únicas. De acuerdo a la información que maneja el Ministerio Público de la Acusación (MPA), las usurpaciones se dan también en alrededores del Club Olympia de Baigorria al 2800 en la zona norte; en el camino nuevo a Soldini y en Ovidio Lagos y 5 de Agosto. También hay una toma en Empalme Graneros, en Juan José Paso y Formosa; otra en Estudiante Aguilar y Misiones en Santa Lucía; en Seguí y Solís y en Colectora de Circunvalación y Pasaje 513, en la zona sur.
Fuente:laCapital
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