9 de octubre de 2020

ROSARIO - SANTA FE.

 


09 de octubre de 2020

Diputados sancionó la ley de ESI y pasó al Senado

Laica, con perspectiva de género y diversidades

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes tienen derecho a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos educativos públicos y privados.
Por Juan Carlos Tizziani
Las diputadas Balagué y Mahmud celebraron la aprobación. 

Desde Santa Fe

La Cámara de Diputados aprobó ayer –por segunda vez desde 2018- la ley que garantiza el derecho a recibir Educación Sexual Integral en las escuelas públicas y privadas de la provincia, que volvió a pasar al Senado. La media sanción salió con 37 votos a favor y 8 en contra: seis de los grupos Anti que lograron esas seis bancas en 2019 -con Amalia Granata en la boleta-, más dos del PRO: Gabriel Chumpitaz y Ximena Sola, que tienen línea directa con Mauricio Macri. En Santa Fe, la ESI es la deuda de la década porque entre obstáculos y resistencias el trámite legislativo nunca pasó el cajón de la Cámara alta. Ahora, la novedad es que algunos senadores del PJ cambiaron de idea –acaso convencidos por la vicegobernadora Alejandra Rodenas- y en agosto presentaron su propio proyecto, así que habrá que ver si “ahora, la política santafesina salda aquella deuda con la provincia”, dijo la diputada de izquierda Agustina Donnet, del colectivo de legisladoras que impulsó la ESI. “Y justo en la semana que se cumplen 14 años de la sanción de la ley nacional”, festejó su colega socialista y ex ministra de Educación Claudia Balagué.

Una de las primeras que saludó la media sanción en las redes fue la diputada de la UCR, Silvana Di Stéfano. Pero Balagué se mostró más enfática. “Estamos más cerca de la ley provincial de ESI. Ya la aprobó Diputados y falta el Senado. Un trabajo colectivo, de escucha, participación activa y consenso. ¡A 14 años de la ley nacional!”, aplaudió.

La ley se aprobó antes de las cuatro de la tarde, pero los discursos recién se escucharon después de las cinco. Otra novedad de la Legislatura virtual. La explicación es que para “ordenar la sesión”, primero, se aprueban todos los proyectos, unos tras otro, y al final se abre el debate. Un tiempo para votar y otro para discutir.

La diputada socialista Gisel Mahmud abrió el debate con un pase de facturas: sugirió que la ESI no salió en los gobiernos del Frente Progresista porque la frenaron los senadores del PJ. El hecho es más complejo. La media sanción de 2018 caducó en el Senado después del lobby del arzobispo de Rosario Eduardo Martín que se movilizó hasta la Legislatura para frenarla, como informó entonces Rosario/12.

Mahmud dijo que detrás del despacho de mayoría –que unificó los cuatro proyectos del socialismo, la UCR, el centro izquierda y el PJ- está el colectivo de legisladoras, que trabajó en la comisión de Educación con participación “amplia y plural”. “Es un dictamen superador" del que se votó en la Cámara en 2018.

“Cuando escuchamos hablar de ideología y no de perspectiva de género -como ocurrió ayer en el recinto- nos preguntamos: ¿qué es lo ideológico? ¿Mostrar que la realidad es diversa? ¿Qué puede ser de otra manera? “La ESI nos enseña a mirar el mundo para que lo diverso no lo veamos como lo malo”.

“La educación sexual no es sólo lo que se dice, es también lo que no se conversa”, alertó Mahmud. "Ya existe una educación sexual que está basada en el silencio. Un silencio que nos impide construir una sociedad a la altura de los derechos que consagramos".

“El 69% de los abusos denunciados son contra niños, niñas y adolescentes. Lo más grave de esa estadística es que el 64% son cometidos por familiares y que el 89% de los agresores son varones. ¿Cómo explicamos estas cifras sin perspectiva de género?”, se preguntó Mahmud.

“En Santa Fe, en 2018, según el Ministerio de Educación, se detectaron tres casos de abuso sexual por semana en las escuelas. La ESI permitió que esto saliera a la luz y se pusiera en palabras. Los delitos tienen género y la educación también. Esto no es ideológico. Son datos de la realidad que remiten a una construcción cultural. Necesitamos una ESI como la que aprobamos: laica, científica, con perspectivas de género y derecho humanos”.

La diputada radical Di Stéfano celebró. "Es un paso más hacia la construcción de una sociedad inclusiva, que construya sin violencias. Abre un camino para reflexionar sobre situaciones de poder que generan sometimiento, ejercicio desigual de los derechos. Como Estado tenemos el deber de proteger el derecho de las niñas, niños y jóvenes. Pero esta ley no sólo los transformará a ellos. Nos transformará a todos” en el respeto “a la libertad, la igualdad y el derecho a la vida”

Su colega del PJ, Lucila De Ponti, también se preguntó ¿porque es necesaria una ley provincial para hacer cumplir una ley nacional? Porque hace 14 años que se sancionó la ley 26.150 y lamentablemente está muy lejos de ser una realidad en las escuelas de Santa Fe. Pasaron 14 años y se avanzó muy poco para garantizar la Educación Sexual Integral".

¿Y por qué ha sido tan resistida?”, volvió a preguntar. “Porque la ESI viene a deconstruir estereotipos y un orden social que asigna determinados roles que garantizan privilegios y cristalizan desigualdades”.

“La ESI es una de las política de transformación cultural más importante de la Argentina, junto con la ley Micaela”, ponderó De Ponti. “Porque consolida una forma de entender la sociedad que no sea excluyente y promueva la igualdad de oportunidades para todas las personas, más allá de quiénes queremos ser y construir nuestras vidas y familias. Tenemos derechos a la inclusión y a gozar de los mismos derechos y eso tenemos que aprenderlo desde nuestra formación más inicial”

“Es una ley fundamental porque garantiza el derecho a decidir y elegir de manera libre e informada”, insistió De Ponti. “Es incorporar en nuestra formación ciudadana en lo individual y lo colectivo los valores básicos: el autorespeto y el respeto de los demás, nuestros derechos sexuales reproductivos y no reproductivos”.

Agustina Donnet coincidió que una “ley laica, con perspectiva de género y derechos humanos es el mejor homenaje” a las “organizaciones, militantes, docentes y estudiantes” y celebró que también coincidiera con la semana en que el Congreso sancionó la ley 26.150 hace 14 años. “Es un gran avance” y esperamos que la construcción política en la Cámara de Diputados “no sea en vano. Esperamos que el Senado le de sanción definitiva”.

“En la Legislatura no hay lugar para el autobombo”, ironizó Donnet. Porque en estos tres lustros “avanzamos a pasos muy lentos. Pasaron 14 años de la sanción de la ley nacional y en Santa Fe seguimos sin ley. “No hay lugar para el autoelogio en esta sesión y en este recinto. Tenemos que seguir luchando hasta que salga la ley”. “Es la gran deuda que la política santafesina tiene con nuestra provincia”.

Aún así, en medio de tantas dificultades, Donnet rescató el programa actual de la ESI que les dio la palabra a los niños, niñas y adolescentes”. Y rindió su homenaje “a los maestros que escuchan y les creen a los pibes, como Vanesa Castillo, una compañera (asesinada en Alto Verde) que es emblema de esta lucha”.


INTERNET

"Sentimos que este programa tiene que generar y ayudar en la inclusión digital, la transformación educativa, reducir estas brechas tecnológicas que nos van a dejar hoy alumnos conectados y no conectados. Creemos que en estas condiciones llegar a 365 municipios y comunas conectados es el desafío de estos años. Habrá más de 4 mil kilómetros de fibra óptica”.

(Gobernador Omar Perotti al anunciar ayer el programa “Santa Fe + Conectada”, que busca brindar acceso a internet de calidad en todo el territorio provincial).



Presentación judicial en Rosario de bancos acreedores 

Otros querellantes de 

Vicentin 

Reclaman acreencias por 500 millones de dólares en el concurso de la cerealera y si 
presentó “información falsa para obtener créditos".  



La sede de Vicentin en Avellaneda. 
Imagen: Sebastián Joel Vargas

El comité ad hoc de bancos acreedores internacionales de Vicentin solicitó ayer constituirse como querellante en una causa por presuntas estafas iniciada por proveedores de cereales en la Fiscalía de Delitos Económicos de esta ciudad, en la cual un juez dictó una medida de no innovar que impide la venta de activos. Los bancos extranjeros, que reclaman acreencias por alrededor de 500 millones de dólares en el concurso preventivo de la cerealera, quieren saber si Vicentin presentó “información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares”.

También plantean que se investigue si la firma incurrió en fraude con al menos uno de los miembros del comité ad hoc, “a través de la asignación de derechos de cobro de contratos de exportación inexistentes o asignados en forma duplicada a más de un acreedor”, según un comunicado generado por los propios bancos.

La presentación en la Unidad de Delitos Económicos de Rosario fue realizada en nombre del comité ad hoc de bancos extranjeros de Vicentin por el abogado Guillermo Jorge, del estudio Brouchou, Fernández Madero & Lombardi. “La presentación se realizó ayer (por el martes) para ser considerado querellante en la causa y se resolverá en los próximos días”, reconocieron voceros judiciales.

La investigación se inició en julio pasado ante la presentación de Juan José Trucco, vicepresidente de La Clementina SA, quien solicitó al fiscal Miguel Moreno que investigue una presunta estafa. Según la denuncia, La Clementina firmó un contrato con Vicentin en noviembre de 2019 para la entrega de 500 toneladas de soja a razón de $14.815 la tonelada, que la agroexportadora debía pagar “contra la entrega de la totalidad de la mercadería”. El último envío de La Clementina se realizó el 4 de diciembre de 2019, fecha en la que Vicentin debía realizar el pago, pero un día después anunció su cesación de pago por “estrés financiero”, por lo que el proveedor se consideró estafado. En esa causa, el juez Nicolás Foppiani dictó el 18 de septiembre una medida de no innovar para impedir la venta de activos de Vicentin.

Según el comité de bancos acreedores internacionales, “el análisis de la información financiera de Vicentin SAIC, incluyendo el balance a octubre de 2019 presentado recientemente, nos convenció de la necesidad de investigar si la empresa habría obtenido créditos de los miembros del Comité Ad Hoc ocultando una multimillonaria deuda con los productores agropecuarios. La finalidad de los créditos que obtuvo era, precisamente, la compra de granos”.

Presumen que en “lugar de utilizar el financiamiento para comprar granos, Vicentin habría utilizado el dinero para financiar otros negocios familiares que no forman parte del balance de Vicentin SAIC”.

La asamblea de accionistas de la empresa se reunirá la semana que viene para tratar la renuncia de todo el directorio y la designación de nuevos directivos, en procura de generar confianza en el mercado para enfrentar el concurso de acreedores, en el que acumula deudas por unos U$S1.400 millones.


Corral y López Molina, de Juntos por el Cambio

Planificar regreso a las aulas

José Corral y Roy López Molina, dirigentes de Juntos por el Cambio, pidieron priorizar a los estudiantes de séptimo grado, de quinto año, y a quienes se inician en la alfabetización. Destacaron "el esfuerzo que en la pandemia hacen docentes, chicos y chicas y  padres", pero remarcaron que "la presencialidad en la escuela es irremplazable”, y por eso solicitaron "planificar ya el regreso a las aulas cuando se estabilice la curva de contagios en la provincia".

"A más de seis meses de la suspensión de las clases es imprescindible un plan para volver a la escuela. Los docentes y los colegios están haciendo un gran esfuerzo; sin embargo, la presencialidad en las aulas es irremplazable”, remarcaron Corral y López Molina, referentes de Juntos por el Cambio en Santa Fe, que solicitaron a las autoridades provinciales y nacionales tener listos los protocolos y definir el momento indicado.

"Quienes no tienen buena conectividad; los niños y niñas que no han tenido en estos meses contacto con la escuela por la carencia de sus familias; los estudiantes que están en quinto año o séptimo grado; y quienes se están alfabetizando y necesitan para participar de la sociedad el acompañamiento presencial de un profesional de la educación, requieren que se comience a trabajar en la escuela en cuanto se pueda desde el punto de vista epidemiológico”, aseguró Corral.

"Diseñar una estrategia y protocolos para que los niños, niñas y adolescentes vuelvan a las clases presenciales es esencial. Es vital el contacto personal con los docentes, mitigar el daño de la falta de socialización y acompañar a los padres, que están haciendo un enorme esfuerzo", amplió López Molina. "Es necesario planificar ahora para contrarrestar la pandemia y hasta para pensar en un mediano plazo y garantizar el ciclo lectivo 2021", insistió.

Los dirigentes de Juntos por el Cambio advirtieron que “si bien este es un momento de aumento de casos en la provincia de Santa Fe, creemos que ya hay que trabajar para que en las próximas semanas, cuando se estabilicen y comiencen a bajar los contagios, rápidamente se avance con estos grupos prioritarios y se establezca un cronograma que tome el inicio de clases del año próximo como un punto de inflexión". Corral contó que se advierte "la falta de detección de problemas de nutrición en los chicos".


Reemplazantes no cobran el bono mensual

Rechazo al veto

La Cámara de Diputados rechazó ayer por unanimidad el veto del gobernador Omar Perotti a la ley aprobada por la Legislatura que estableció el pago de un bono mensual a los y las docentes reemplazantes hasta que se retomen las actividades regulares en el sistema educativo.

La diputada Silvana Di Stéfano (FPCyS-UCR) remarcó que se trata de “una política favorable para los y las docentes reemplazantes” y agregó: “Queremos seguir apostando a la educación y por eso rechazamos este veto del gobernador”.

"La verdad es que no entendemos por qué se niega a conceder esta retribución a los reemplazantes, que no están pudiendo desarrollar su tarea y, por lo tanto, han estado sin cobrar durante todo este tiempo de pandemia”, se preguntó el diputado Pablo Farías.

Cándido recordó que los reemplazantes no pueden acceder al Ingreso Familiar de Emergencia por ser empleados del Estado "pero tampoco cobran porque no están haciendo reemplazos". 


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