10 de octubre de 2020
Decisión del Presidente ante el incremento de casos en el interior
Alberto Fernández anunció restricciones en 18 provincias: "Les pido que entiendan la dimensión del problema"
Fernando Cibeira
El presidente Alberto Fernández anunció la extensión de las medidas de cuidado en todo el país, con la novedad de que en departamentos de 18 provincias tendrán mayores restricciones por dos semanas. "Les pido a todos y todas que entiendan la dimensión del problema", remarcó, en una nueva jornada con más de 15 mil contagios. La presentación dio cuenta de la nueva situación de la pandemia: con el 65 por ciento de los casos en el interior, el Presidente esta vez estuvo acompañado por los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Santa Fe, Omar Perotti; y de Neuquén, Omar Gutiérrez, quienes agradecieron el trabajo en conjunto con Nación y el anuncio de la puesta en marcha de un plan Detectar Federal que acelerará los testeos en todo el país. Hoy más aliviados, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof avanzan con nuevas aperturas. En la Ciudad, Rodríguez Larreta anunció el "acompañamiento educativo" para alumnos de los últimos años de cada ciclo pero debió dejar para más adelante la apertura de shoppings.
La presentación dejó claro que el formato de spots grabados utilizados las últimas dos veces no resultó todo lo bueno que se esperaba. En el vivo, el tono calmo y docente del Presidente es donde mejor funciona. Lo que más le preocupaba a Fernández era que no se creyera que porque en estos meses la pandemia se trasladó al interior le restaba importancia al tema, sino que fue simplemente que se modificó la manera de comunicar. "Nosotros no abandonamos a nuestros hermanos", remarcó.
Para salvar cualquier malentendido, el jueves realizó una videoconferencia de cinco horas con los gobernadores donde hicieron un repaso de la situación y plantearon lla conveniencia de trasladar el sistema de trabajo implementado durante estos meses en el AMBA a todo el país. Esto es, coordinación entre la Nación y las provincias, monitoreo permanente de la situación del sistema sanitario y consenso en la aplicación de las restricciones y aperturas.
Fernández habló desde el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, que en los últimos días volvió a convertirse en su principal lugar de trabajo. Repasó los inicios de la pandemia, cuando la temprana cuarentena permitió recomponer el sistema de salud y de esa manera garantizó la atención sanitaria para todos los contagiados. Consideró que el buen resultado de la experiencia en el AMBA servía para saber "por dónde tenemos que transitar", ahora que la pandemia entró en una nueva etapa e irradió desde la zona metropolitana hacia el interior.
Pidió "permiso" para volver a las filminas, que ahora ubicaron a la Argentina en una posición más alta en cuanto a los contagios cada 100 mil habitantes comparado con el resto de los países de la región y un poco mejor ubicado en lo que se refiere a la tasa de mortalidad, pese al crecimiento experimentado en los últimos días. Ayer se registraron 15.099 casos -fue el tercer día consecutivo por encima de los 15 mil- y 515 nuevas muertes. Las cifras totales ahora superan los 870 mil contagios y los 23 mil fallecidos. Pero el gráfico más llamativo fue el del coloreado del país, que mostró cómo en las últimas semanas las zonas en rojo se habían diseminado desde el AMBA hacia distintos puntos del país. La proporción de casos que a fines de mayo era del 93 por ciento en AMBA y 7 por ciento en el interior, hoy se modificó a 35,1 por ciento al 64,9 por ciento.
La urgencia también quedó evidencia en el gráfico sobre ocupación de camas. Hay ocho provincias con más del 70 por ciento de ocupación, con algunas ciudades como General Roca, Rosario y el Gran Mendoza con una situación al límite. Fernández comentó el caso de Jujuy, donde se llegó a un cuadro muy complicado al borde de la saturación. Se puso en marcha el plan Detectar más restricciones a la circulación por tres semanas, con lo que se había conseguido domar la curva. Es el modelo que buscan trasladar al resto de las zonas en problemas. Contó el caso de Tierra del Fuego, que sumó más contagios cuando más nieve y peor situación climática sufrió, para advertir que son las reuniones sociales las principales propagadoras del virus.
Habló de "disponer en distintos departamentos de 18 provincias medidas que permitan una disminución intensa y transitoria de la circulación de personas durante los próximos 14 días". Las provincias exentas de estas restricciones serán La Pampa, Catamarca, Formosa, Corrientes y Misiones. Advirtió sobre el "ametrallamiento" desde los medios que aseguran que estas medidas no son necesarias e insistió que es el único remedio a este "virus maldito" que hoy ofrece la ciencia. Dedicó un párrafo a la situación económica, reconociendo los malos indicadores del segundo trimestre del año, que aseguró mejorarán en el tercer trimestre con muchas actividades ya funcionando de acuerdo a la nueva normalidad. También destacó la ayuda repartida en estos meses, que evaluó en 650 mil millones de pesos para el interior del país.
Lo acompañaban un gobernador peronista como Perotti, un radical como Morales y un provincial como Gutiérrez. Hablaron brevemente sin sacarse el tapaboca, principalmente destacando la ayuda recibida por parte del Gobierno y las medidas adoptadas en sus provincias para paliar la situación. Morales luego se mostraría en contra de la nueva protesta que promueve el macrismo para el lunes.
Antes de recibirlos a ellos, Fernández se reunió con Rodríguez Larreta y Diego Santilli mientras que Kicillof se sumó de manera virtual porque continúa aislado en su casa. Hicieron un repaso de la situación en el AMBA, que luego el Presidente advertiría que "no está resuelta para nada", pero que sí muestra una leve caída de casos en las últimas semanas y da pie para pensar en nuevas aperturas. Desde el gobierno porteño habían anticipado la apertura de shoppings, pero en la reunión le dijeron que esperaran para eso. En cambio, avanzarán con el servicio doméstico, actividades culturales al aire libre y el plan para alumnos que perdieron contacto con la escuela (ver página 5). Kicillof, en tanto, no anunciará nuevas aperturas pero se establecerá un cronograma de habilitaciones para las próximas semanas que incorporará en primer término la construcción privada, bares y restaurantes al aire libre y gimnasios al aire libre.
Las dos caras de la tormenta
La oposición en campaña
electoral violenta, el
Gobierno enfrentado a la
herencia de Macri y la
pandemia
Imagen: NA
“La idea es ganar el Congreso en 2012 para sacarle la mayoría al Kirchnerismo en senadores y en diputados y que no utilicen el Congreso como una escribanía y no puedan reformar la Constitución para perpetuarse”. “Jueces de la CSJN, ¡garanticen la independencia del Poder Judicial!, solo así seremos libres. Son ustedes nuestra última garantía de vivir en democracia republicana”.
Son textos que el macrismo está haciendo circular profusamente por las redes y que dan una idea del nivel de antagonismo y violencia hacia sus adversarios políticos. Al mismo tiempo aparecen las elecciones legislativas de medio término, lo que indica que están en campaña.
Esos textos forman parte del clima previo al enésimo acto en pandemia que la oposición realizará el lunes. Los temas judiciales fueron fogoneados por el macrismo que ve amenazada su influencia en el Poder Judicial. Pero el interés más fuerte en este plano está acotado a su núcleo duro, porque la mayoría de la sociedad está más inquieta por la situación económica, una preocupación que sobrepasó incluso a los temores por la pandemia.
La epidemia se ha prolongado mucho más de lo que se creía, lo cual sorprendió a todo el planeta y tuvo como efecto agravar los problemas en las economías. En la Argentina ese proceso se multiplicó por el legado ruinoso de la gestión de Mauricio Macri. Los pagos de la deuda privada en dólares sacudieron el mercado cambiario y bombardearon las reservas. Al mismo tiempo, las medidas paliativas del gobierno son sostenibles en un tiempo limitado. En las barriadas populares cada vez se les hace más difícil a los movimientos sociales mantener los comedores.
Mientras la oposición se lanzó a la carrera electoral, el gobierno enfrenta la madre de las tormentas, entre la pandemia y la situación económica. Lo más probable es que muchos de los comercios y talleres que empiezan a cerrar ahora, no puedan reabrir en el mediano plazo. Para reactivar la producción y el consumo, el gobierno tendrá que calmar las aguas e inyectar grandes sumas.
Las encuestas muestran que a pesar de la violenta ofensiva de la oposición, de la crisis y de la pandemia, Alberto Fernández mantiene la preferencia de la mayoría. La encuesta que publicó esta semana PáginaI12, de Opina Argentina, dice que si se votara mañana, la fórmula del Frente de Todos, obtendría 42 puntos y la de Juntos por el Cambio, 31. Pero tercero estaría el partido de Espert, con 9 puntos, con lo cual el resultado no es tan claro.
Faltan tres años para una elección presidencial por lo que estas encuestas sólo sirven para una fotografía del momento. Los sondeos que realizaron consultoras más afines a la oposición le dieron 41 por ciento de imagen positiva al presidente que, en tendencia de voto sería menor.
Pero el debate central en los medios macristas más ultras y los menos ultras, hace pasar la cuestión por la temática de la Justicia. En general dicen que la “ofensiva” judicial está impulsada por Cristina Kirchner. Y que al mismo tiempo esta ofensiva del “cristinismo” fue la causa principal en la caída de la imagen presidencial.
Todas las encuestas coinciden en que el tema central de preocupación casi excluyente de la mayoría es la situación económica y el desempleo, con lo cual la cuestión judicial apenas movió el amperímetro.
El jueves, en la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio de América Latina y el Caribe, Alberto Fernández recordó que cuando asumió “el país estaba en terapia intensiva” y que “luego le cayó el coronavirus” con el consecuente impacto en la economía.
Son metáforas para representar una situación grave, más aún que cuando asumió Néstor Kirchner, y reflejan una situación muy delicada con alto impacto social, de la que el país demorará en recuperarse.
Mientras sus adversarios están en plena campaña electoral, el gobierno está enfocado en la lucha contra la pandemia que se ha extendido a las provincias y en una reactivación de la economía para la que necesita terminar una negociación que ya tiene más o menos encaminada con el Fondo Monetario Internacional.
Gracias a las medidas iniciales contra la pandemia, Argentina aún tiene un índice de letalidad más bajo en relación con otros países en el planeta y más en la región. Pero el gobierno necesita reactivar la economía cuando los índices de contagio se mantienen muy altos al igual que la cantidad de muertos.
La negociación con el Fondo y la reactivación se dan en ese marco embrollado. Al que se le sumó la votación sobre Venezuela en la ONU cuando no quería interferencias con el FMI porque necesita un resultado que no implique ajuste ni reforma laboral y plazos que le den oxígeno.
Aunque el argumento han sido los derechos humanos, se trató de un voto político porque, varios de los que votaron contra Venezuela, empezando por los gobiernos de Estados Unidos, Colombia, Chile y Brasil, entre otros, deberían recibir ese apercibimiento. El voto argentino no definió el resultado y se trató de una sola votación. Pero la decisión pragmática resultó injusta para un país que está siendo bloqueado por una potencia cuyo objetivo es recuperar el control sobre el petróleo venezolano, de mejor calidad y más barato que el shale y el saudita.
El momento más importante para Venezuela este año no será esa votación en la ONU sino las elecciones legislativas del 6 de diciembre. Washington rechaza las elecciones porque supone con razón que Nicolás Maduro tiene más posibilidades de ganar y arrebatarle a la oposición la presidencia de la Asamblea. El gobierno argentino, en cambio, respalda la realización de las elecciones y fue invitado como observador.
El debate sobre Venezuela tiene otro contexto en Argentina que en el plano internacional. Si el gobierno llega a elecciones de medio término sin un rebote de la economía, el panorama que se presenta es sombrío. Una mayoría de la oposición en el Congreso abriría las puertas a un escenario en el que no se puede descartar el de la consigna “todo el poder a la Corte” que se ha escuchado en analistas del macrismo y en algunas de las marchas opositoras. El discurso salvaje de la oposición, justifica esta previsión que en otro contexto se podría considerar alarmista.
Para el gobierno, la otra pata de la reactivación es un Pacto Social que acuerde precios y salarios, hacia el que ya avanzó en reuniones con la CGT, la CTA y CTEP, junto con representantes de las centrales empresarias de la pequeña y mediana empresa, pero también varios de los grandes. La heterogeneidad de los participantes levantó polémica en las propias filas del oficialismo.
La crítica involucró al acto masivo y virtual que se prepara para el 17 de octubre. La seguidilla de pequeños actos de la oposición fue amplificada por las corporaciones mediáticas para dar la imagen de un repudio extendido contra el gobierno. El Frente de Todos necesita visibilizar el respaldo con que cuenta sin transgredir las precauciones sanitarias por la pandemia. El acto está en plena fase de organización y ya están circulando en las redes los enganches virtuales para participar.
En una situación de extrema complejidad, las respuestas necesariamente están fuera de lo tradicional, lo que genera turbulencias en el frente interno del oficialismo. Varios de los focos de cuestionamiento recibieron llamados personales de Alberto Fernández para explicar problemas y calmar ánimos.
Se agudizan las presiones cambiarias
Cómo frenar la devaluación
El valor del dólar ilegal alcanzó este viernes el mismo nivel, traído al presente, que tenía el dólar oficial en mayo de 1989, en medio del proceso de hiperinflación alfonsinista. Es decir, los 167 pesos actuales del mercado paralelo están en un rango de equivalencia con la moneda más depreciada que tuvo el país en 31 años. En 1981, en la etapa de la dictadura de Roberto Viola como presidente, la devaluación del ministro de Economía, Lorenzo Sigaut, llevó el dólar a un escalón que en este momento serían 147 pesos. El dólar de abril de 2002, para completar la comparación con los momentos más críticos de la economía nacional, hoy serían 123 pesos, según los cálculos de la consultora Synthesis, que dirige el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.
Para el gabinete económico estas cifras son la constatación más evidente de que el denominado dólar blue es el dólar de la desestabilización política. No hay relación, enfatizan, entre ese valor de la divisa y los precios de la economía, que aunque están subiendo y lo harán todavía más, tienen como referencia los 82,75 pesos del mercado oficial, que es al que se realizan las importaciones.
“Ya comprobamos con Prat Gay que la teoría de que los precios se fijan al dólar blue es totalmente falsa”, aseguran en despachos oficiales. La referencia es a la estampida inflacionaria que produjo la devaluación del inicio del gobierno de Mauricio Macri, cuando el pronóstico del entonces ministro de Hacienda de que no pasaría nada con el salto cambiario quedó en ridículo.
Sin embargo, que el dólar blue haya escalado de 131 pesos el 16 de septiembre, cuando el Banco Central reforzó las restricciones para la compra de divisas en el mercado oficial, a los 167 pesos de este viernes, tiene un impacto demoledor sobre las expectativas de la población y de los distintos actores económicos. Esa disparada de 27,5 por ciento causa un cimbronazo porque sin estabilidad cambiaria no hay posibilidades de recuperación económica.
En el mercado de contado con liquidación (CCL) se observa una dinámica similar. El precio del dólar a través de ese mecanismo financiero era de 128 pesos el 16 de septiembre y aumentó hasta 155 pesos este viernes, un 21 por ciento.
En el mercado oficial, la divisa se movió de 79,35 a 82,75 pesos, un alza del 4,3 por ciento en el mismo período, más allá de la nueva carga del 35 por ciento a cuenta de impuestos que lo eleva a 136,50 pesos. La diferencia entre la cotización oficial y los dólares financieros genera la percepción de que existe un atraso cambiario y que la devaluación se producirá tarde o temprano. Los que apuestan al blue o al CCL ganan y los incentivos para abandonar al peso son cada vez más intensos. Los precios de bienes y servicios, a su vez, reflejan esa tensión con subas constantes.
La respuesta de los funcionarios ante ese cuadro de situación es que existe una combinación de factores especulativos y de presión política, en un contexto delicado por la continuidad de la pandemia, que todavía es posible neutralizar con las medidas que se han tomado y otras que llegarán en la misma dirección.
“El problema no es de reservas, es de expectativas. Hace dos meses que dicen que las reservas están en cero y el Banco Central sigue operando. Ahora buscan instalar que las reservas se agotan a mitad de noviembre. La verdad es que todas las medidas del Banco Central y del Ministerio de Economía se hicieron con reservas para poder responder a las presiones y evitar una devaluación. No hay ninguna necesidad de devaluar. Los que presionan por la devaluación quieren provocar una desestabilización política”, dicen en el gobierno.
Las limitaciones a la compra de dólares, afirman, bajaron la demanda de 400 millones a 100 millones por parte del público minorista en los primeros días de octubre respecto del mismo lapso en septiembre. La liquidación de exportaciones, agregan, empezó a acelerarse y será más evidente la próxima semana, lo que empezará a disminuir la presión sobre las reservas.
Los depósitos en dólares del sector privado, en tanto, sufrieron una retracción de 1.582 millones entre el 16 de septiembre y el martes 6 de octubre, último dato publicado por el Central. Pasaron de 17.352 millones a 15.770 millones. Es una baja significativa pero que no provoca alarma, de acuerdo a la versión oficial.
En resumen, el gabinete económico admite que es urgente torcer las expectativas de devaluación, pero confía en lo que está haciendo para ganar la partida en las próximas semanas.
Entre economistas heterodoxos que acompañan al gobierno las opiniones son menos optimistas. Existe consenso en que una devaluación solo agravaría la crisis y hasta podría complicar la gobernabilidad. El problema, indican, es que al gobierno se le agota el tiempo para evitar una depreciación y necesita actuar con más firmeza ante especuladores financieros. También se apunta a las internas y divisiones que existen en el equipo económico.
“La vicepresidenta de la Comisión Nacional de Valores, Mónica Erpen, y el segundo de la secretaría de Finanzas, Ramiro Tosi, están puestos por el Byma. Son economistas del mercado que no muestran disposición para ajustarle las clavijas a los especuladores”, mencionan. Desde afuera del gobierno se reprocha que no se pone freno a los fondos de inversión extranjeros, que llegaron con Macri y luego quedaron atrapados por el reperfilamiento de deuda que dispuso Hernán Lacunza, para operar en el contado con liquidación.
“Hay una heterodoxia a la norteamericana, a la Stiglitz, que no sirve para las operaciones que se dan en la Argentina, más en un momento político donde sectores del poder económico, de los medios y de la oposición quieren aprovechar para castigar al gobierno”, siguen los reproches, en alusión al ministro Guzmán y su trabajo durante una década con el Premio Nobel estadounidense.
La posibilidad de un desdoblamiento del mercado cambiario, en tanto, es rechazada por funcionarios y economistas cercanos al oficialismo. Coindicen en que es la antesala para una devaluación, que se seguirá buscando evitar.
El helicóptero encontrado en Paraguay con el ploteo de la Policía Bonaerense
Una muestra del modelo de negocios del macrismo
El modelo de negocios del macrismo con sus amigos salió otra vez a la luz con la aparición en un hangar de Paraguay de un helicóptero, ploteado con los logos de la Policía Bonaerense. Al lugar llegaron los fiscales investigando la llegada a Paraguay de 400 kilogramos de cocaína provenientes de Bolivia y también a raíz del asesinato de un líder del Comando Vermehlo, la gigantesca organización criminal brasileña. El Robinson 44 fue contratado por el gobierno de María Eugenia Vidal, junto con otros helicópteros, para el Operativo Sol, con el argumento de que los aparatos de la Bonaerense no estaban utilizables. En verdad, la propia administración Vidal dejó vencer los mantenimientos y tras cartón sostuvo que "el Estado no funciona y alquilar los privados es más barato". En escena entró la empresa de un amigo, Leonardo Spokojny, quien estuvo a cargo de los traslados en la campaña Macri 2015, y se le hizo un contrato por unos 100 millones de pesos por el uso de las naves, lo que incluyó sueldos de pilotos y combustibles. Pero tanto pilotos como combustibles los terminó pagando el Ministerio de Seguridad Bonaerense, lo que -según una denuncia existente en Asuntos Internos de la Bonaerense- constituyó un gigantesco negociado.
Aparición
Los fiscales paraguayos Marcelo Pecci y Alicia Sapriza llegaron a un precario hangar en Areguá donde encontraron 12 aviones y un helicóptero. La causa judicial tenía que ver --según el diario Ultima Hora de Asunción-- con envíos de cocaína de Bolivia a Paraguay y con el asesinato de Samura, un líder de la banda llamada Comando Vermehlo, que es minoritaria en tierras guaraníes. Quien tiene el poder, maneja las cárceles y controla parte del narcotráfico es el PCC (Primer Comando Capital), también de origen brasileño. Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Paraguay hay uno 22.000 vuelos clandestinos por año, lo que significa unos 60 diarios. El objetivo central -90 por ciento de los vuelos- es Brasil y desde allí a Europa. El resto se distribuye entre Argentina, Uruguay y Bolivia. El centro del narcotráfico es la marihuana, pero el transporte por avión está monopolizado por la cocaína.
Como queda claro, los aviones y helicópteros son casi los remises de los narcos, por lo cual el hallazgo no causó sorpresa: lo asombroso fue encontrar un helicóptero ploteado de la Policía Bonaerense. El aparato figura a nombre de la empresa Beech Flying, propiedad de un amigo de Mauricio Macri, Leonardo Spokojny, que se ocupó de los traslados en la campaña presidencial del ex mandatario.
Empresa
Ante el escándalo de la aparición del aparato, Beech Flying emitió un comunicado diciendo que el Robinson estaba en Paraguay porque se vencía el mantenimiento y que quedó allí varado desde hace un año y medio porque lo llevaron al vecino país para un mantenimiento y no consiguieron las autorizaciones para hacerlo.
Veteranos pilotos consultados por Página/12 descreen de la versión. Es cierto que a Paraguay se llevan aviones Cessna para mantenimiento porque la empresa tiene allí una sucursal, pero no hay historia de trasladar helicópteros ni que se haga el mantenimiento allí. Según el sitio lapoliticaonline el aparato estaba oculto porque tiene orden de secuestro de la AFIP en razón de su falta de nacionalización y deudas impositivas. Efectivamente el helicóptero, junto a otras tres aeronaves de Beech Flying, son objeto de una causa por contrabando debido a que fueron ingresados al país en forma irregular. La denuncia la hizo la Dirección General de Aduanas.
Pilotos
Quienes pilotaron los helicópteros contaron la secuencia de lo ocurrido con los Robinson y un Bell 206 de Beech Flying, exhibidos como un orgullo frente a la Playa Bristol en el Operativo Sol. La maniobra fue descripta en una denuncia ante Asuntos Internos de la Bonaerense el año pasado.
*El gobierno de Vidal dejó vencer los mantenimientos de la flota de helicópteros y aviones. Las piezas vitales tienen horas o tiempos de mantenimiento. Por ejemplo, un rotor podría tener 3.000 horas de vuelo o un año de tiempo. Vencidas cualquiera de las dos cosas, el mantenimiento es obligatorio y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) no permite que siga volando.
*Sin el mantenimiento, los aparatos quedan en tierra.
*En esa instancia entran los discursos del estilo "el estado no funciona, es más barato alquilar un privado".
*Según los pilotos, una hora de vuelo de los helicópteros de la flota bonaerense cuesta unos 650 dólares y una hora de alquiler del privado unos 3.600 dólares.
*Tras el discurso anti-estado siguió la contratación de una empresa amiga, justito la que prestó los servicios en la campaña de Mauricio Macri.
*Se concretó una ofensiva sobre los pilotos de los helicópteros, que pasaron a ser policías para evitar que se mantengan en el sindicato.
*Según el ministro Sergio Berni, el contrato con el amigo de Macri y Vidal sumó nada menos que 100 millones de pesos.
*Algo parecido se hizo con los aviones. Se dejó en tierra la flota de la Dirección Aeronáutica Bonaerense, que tiene más antigüedad que Aerolíneas Argentinas, y los vuelos se hicieron con empresas privadas. Un vuelo Buenos Aires-Mar del Plata cuesta entre 10.000 y 12.000 dólares sostienen los pilotos.
*Según la denuncia en Asuntos Internos, el alquiler incluía la provisión de aparatos, combustible y el pago a los pilotos. "Un grupito selecto de pilotos-policías, cercano al macrismo" terminó volando los aparatos, con sueldo pagado por el Ministerio de Seguridad. Y también el combustible se habría pagado con fondos del estado.
En cualquier caso, el modus operandi es similar a la de peajes, parques eólicos, la negociación de la deuda externa y las ventas de terrenos privilegiados: el negocio es para los amigos y con enormes desventajas para el estado.
Ploteo
La explicación más débil fue la que dio a conocer Beech Flying respecto del ploteo. Afirman que se les vencía el mantenimiento, llevaron el helicóptero a Paraguay y en el apuro no tuvieron tiempo de sacarle el ploteo. Parece poco creíble: pasó un año y, además, en el interin desarmaron una parte del motor.
Un aspecto decisivo es la relación con el narcotráfico o el homicidio del líder del Comando Vermehlo. Habrá que ver si los fiscales Pecci y Sapriza encuentran algún vínculo. Los medios de Paraguay lo dan por seguro y creen que lo más posible es que el aparato fue llevado allí por los problemas fiscales y de mantenimiento y lo terminó comprando algún narco. Beech Flying lo desmiente.
A las autoridades argentinas el operativo en Aguará les llamó la atención porque son tiempos de tirantez en la relación entre las fuerzas de seguridad de Paraguay y el gobierno argentino. Sucede que el mes pasado el ejército paraguayo asesinó a dos niñas argentinas de 11 años, Liliana y María del Carmen Villalba, hijas de militantes del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero que vivían en Misiones con sus abuelos y tios. Lo más grave es que después de la sanguinaria operación en un precario campamento del EPP, las autoridades guaraníes dieron a entender que la Argentina entrenaba a las niñas, mientras que la cancillería advirtió que era imposible que las fuerzas armadas paraguayas no se dieran cuenta de que se trataba de dos criaturas de 11 años. Los organismos de derechos humanos de Paraguay cuestionaron lo hecho por las fuerzas especiales que, además, enterraron los cuerpos sin hacerles autopsias y ni siquiera permitieron la identificación como corresponde. En el caso está interviniendo hasta la ONU. Al Equipo Argentino de Antropología Forense, por ejemplo, se le pusieron trabas de todo tipo y hubo una queja presentada formalmente por el embajador argentino.
En fuentes estatales piensan que en el hallazgo del helicóptero hay algo de revancha por los reclamos por la muerte de las niñas. Lo relevante, sin embargo, es que el descubrimiento del Robinson 44 desnudó, una vez más, la grotesca matriz de negocios del macrismo con sus empresarios amigos.
El gobierno espera el impacto de las medidas financieras en las próximas semanas
El dólar paralelo mete
presión: 167 pesos
La cotización del dólar paralelo dio un salto este viernes de 9 pesos y terminó en un nuevo pico de 167 pesos. En la semana subió 17 pesos. El dato muestra tanto el nivel de especulación en el mercado interno como la pulseada de distintos jugadores de poder económico por forzar una devaluación del tipo de cambio comercial.
Los dólares negociados en la bolsa también continuaron aumentando en el cierre de esta semana. El contado con liquidación terminó este viernes con una suba de 1,67 pesos que lo llevó a 154,95. En la semana marcó un alza de 10 pesos.
Hace un mes que las operaciones con bonos aceleraron las presiones en el dólar financiero. Según operadores de dos agencias de bolsa consultados por este diario, es resultado de la decisión de fondos de inversión con activos en pesos a dolarizarse. Aseguraron que este viernes el volumen de títulos comprados que pueden usarse para este fin fue mayor al habitual.
En el equipo económico creen que buena parte de este proceso tiene una explicación puramente especulativa. Se busca potenciar la incertidumbre para generar condiciones que fuercen al Banco Central a devaluar el tipo de cambio mayorista.
En la medida que aumenta la brecha cambiaria (es decir, la diferencia entre la cotización del tipo de cambio oficial y la del dólar financiero) suben también los incentivos para no liquidar la cosecha y los intentos de adelantar el pago de importaciones. Así lo revela wl hecho de que los importadores,entre enero y agosto, demandaron 5 mil millones de dólares más que en el mismo período del 2019, en una economía que se encuentra en recesión.
La presión sobre las reservas viene registrándose desde el segundo trimestre del año y a partir de agosto comenzó a acelerarse. Las reservas internacionales en lo que va del 2020 marcaron una baja de 3747 millones de dólares y se ubican en 41.034 millones.
El Central tuvo que vender este viernes 30 millones de dólares y el jueves había vendido otros 20 millones. La semana y principalmente el viernes estuvo cargada de rumores motivados por el estrés que causó el salto del dólar financiero. Entre los operadores del mercado circularon datos de todos los colores: desde cambios en el elenco de funcionarios a modificaciones sustanciales en el esquema cambiario.
"Hasta ahora los funcionarios se vienen resistiendo a hacer un esquema de desdoblamiento porque creen que no resuelve todos los problemas. Resulta complejo adelantar cúal será el efecto sobre la fuga comercial si se mantiene la brecha", mencionó a este diario un consultor con llegada al Palacio de Hacienda.
Sin embargo planteó que ahora que se negoció con las empresas privadas un esquema de adecuación para los pagos de la deuda externa sería más simple de aplicar.
El seuimiento de la situación de inc ertidumbre por parte del Gobierno lo llevó a tomar distintas medidas en las últimas dos semanas, no siempre en la misma dirección. La primera fue lanzar un paquete de incentivos para que los exportadores aceleren la entrada de dólares a la economía local. Se dieron beneficios impositivos (como la baja de las retenciones) para estimular la liquidación de la cosecha.
Desde el Ministerio de Agricultura indicaron que en los primeros dos días de vigencia de la medida declararon exportaciones por unos 550 millones de dólares. La cifra fue superior a la esperada. Estimaciones privadas calculan que el campo mantiene aún 6000 millones de dólares retenidas.
Otra medida fue incrementar las tasas de interés de los instrumentos de Pases para fomentar inversiones en moneda local. Primero se aumentó del 19 a 24 por ciento y esta semana volvió a subirse otros tres puntos hasta el 27 por ciento. Este combo se complementó con otras estrategias de refuerzo:
1) se modificó la forma de intervenir en el mercado cambiario oficial
2) se lanzó la primera colocación de bonos atados al valor del dólar permitiendo al Tesoro recaudar 136 mil millones de pesos para cubrir el déficit fiscal
3) se limitó el acceso a préstamos a tasa subsidiada del Banco Central a las empresas que importan bienes finales (evitando financiar con crédito subsidiado la fuga de dólares comerciales).
4) se acordó con el sector privado un esquema de reestructuración de la deuda que deben pagar a sus acreedores externos.
En el equipo económico buscan que estas medidas empiecen a tener efecto con el correr de las semanas y no se descartan nuevos anuncios.
Estiman una inflación del 36,9% este año y menor caída del PBI
Las expectativas de la
economía real se
moderan
Los consultores del mercado proyectaron que la inflación se ubicará en 36,9 por ciento en 2020. La estimación implica un descenso de 0,9 puntos porcentuales respecto del pronóstico presentados el mes anterior. Así lo detalló el informe de Relevamiento de Expectativas de Mercado elaborado por el Banco Central. Con estas cifras la inflación sería casi 20 puntos menor respecto del pico anotado en 2019.
En el documento de la autoridad monetaria se precisó que “para septiembre de 2020 las estimaciones marcan una inflación mensual de 3 por ciento”. El dato implica una leva aceleración de los precios respecto de agosto, cuando los precios subieron 2,7 por ciento.
Producto Interno Bruto
El REM reúne los pronósticos de las principales consultoras y bancos del mercado. Los consultores esperan una contracción del Producto Interno Bruto de 11,8 por ciento. La caída sería 0,3 puntos porcentuales inferior respecto del relevamiento anterior. En los últimos dos meses comenzó a observarse una recuperación de la economía mayor a la que se esperaba a mitad de año.
“En cuanto a la variación trimestral del PIB, la estimación para el tercer trimestre del año se incrementó en 1,1 puntos porcentuales con relación a la encuesta previa, llegando a 9,8 por ciento” en relación al trimestre anterior. Para el cuarto trimestre la suba trimestral sería del 4,0 por ciento.
Estos datos indican que el gran impacto de la crisis sanitaria se concentró en el primer semestre y que la economía en los últimos meses comenzó a rebotar para empezar a volver a los niveles previos a marzo.
Tipo de cambio
Los consultores, por su parte, ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales del tipo de cambio nominal y prevén que alcance 83,80 pesos por dólar en diciembre 2020. La cifra es cincuenta centavos menor respecto de lo proyectado en el informe previo. Para fines de 2021 se espera que el dólar se ubique en 121,50 pesos por dólar.
“Quienes pronosticaron con mayor precisión esta variable de tipo de cambio proyectan que el tipo de cambio nominal promedio para fines de diciembre de 2020 alcance 83,3 pesos por dólar”, dijo el Central.
Deficit Fiscal
En tanto, la proyección del déficit fiscal primario se mantuvo en 2000 billones de pesos para 2020. No hubo cambios respecto de las estimaciones publicadas en el último relevamiento. A su vez, para 2021 se calculó un déficit de 1785 billones.
Buena parte de este déficit fiscal se explica por las políticas de protección del Gobierno ante el efecto de la pandemia. Entre ellas se incluyen medidas como el IFE para garantizar ingresos a sectores sin trabajo y el ATP para ayudar a las empresas a pagar los salarios de trabajadores registrados.
En el documento de expectativas del Banco Central se precisó también que “para octubre se espera una tasa Badlar de los bancos privados de 30,85 por ciento, con una tendencia creciente en los próximos meses”.
El informe agregó que “si bien hubo correcciones a la baja en los pronósticos para lo que resta de 2020, se esperan ligeras subas para 2021: la tasa se ubicaría en 32,50 por ciento en diciembre de 2020, incrementándose hasta 33,55 por ciento a fines de 2021”.
La convocatoria del Gobierno divide al campo
A la Mesa le falta una pata
La Mesa de Enlace expuso sus contradicciones sobre una agenda de temas amplia en una conferencia de prensa en la que analizaron las medidas del Gobierno. El punto que más dividió aguas fue la convocatoria que el ministro de Economía, Martín Guzmán, le hizo al Consejo Agroindustrial para dialogar sobre el agregado de valor. De ese evento, a realizarse el próximo 14 de octubre, serán parte todas las entidades de la Mesa, con excepción de la Sociedad Rural (SRA).
“Nuestra definición es que estamos afuera”, aseguró el titular de la entidad, Daniel Pelegrina. Y aclaró que “hoy priorizamos a la Mesa de Enlace, ahí está la representación de los productores”. En la otra esquina, se pararon Confederaciones Rural (CRA), Federación Agraria (FAA) y Coninagro, que aún con fuertes diferencias con algunas decisiones oficiales, se sumaron al Consejo y estarán en Olivos el día de la reunión.
“El gobierno se siente muy incómodo en hablar con la Mesa de Enlace, por eso el Consejo es una forma de obligarlos a que nos escuchen. Si uno se aleja y se queda solo, no lo escuchan”, se desmarcó Jorge Chemes, titular de CRA. En la misma línea, Carlos Iannizzotto, de Coninagro, consideró que “ese lugar es un ámbito de expresión de ideas, y hay que aflojar con los rencores, porque acá no hay ningún blanco inmaculado”. Y fue un paso más allá cuando aseguró que “tenemos que hacer autocrítica, nuestro sector tiene que hacer más propuestas. Carlos Achetoni, de FAA, agregó que “tenemos que ser el comensal, no la comida”.
El Consejo Agroindustrial está encabezado por las Bolsas de Cereales, los exportadores de CIARA-CEC y cámaras regionales. Y trabajan con el Gobierno en la industrialización de la ruralidad, un factor que Sociedad Rural resiste en soledad. Naturalmente, hay cargas ideológicas en los planteos, y casi todos aseguran que hay una parte del Frente de Todos que “es enemigo del campo”. En esa lógica, hay matices entre los que, aún así, creen que hay que sentarse a negociar y aquellos que se niegan.
Contradicciones
Más allá del crack en la representación que produjo el diálogo entre el Consejo y el Gobierno, la Mesa atraviesa un momento de escasa cohesión en los planteos. Sorprendió, por caso, un pedido de Chemes de “gravar la renta, el que gana más que pague más”. El jefe de CRA mostró, en la misma frase, su desacuerdo por el aporte de grandes fortunas, que es por única vez y tiene una baja afectación al agro. Sólo el 2,4 por ciento de los alcanzados por el tributo tienen campos declarados.
Este último número tampoco justifica la campaña creada para que productores cierren cuentas en el Banco Credicoop, como repudio al diputado Carlos Heller, directivo de la entidad y uno de los diputados que impulsó esa contribución. Sobre el tema, Iannizzotto destacó “la función social que siempre ha tenido el Credicoop con los productores" y pidió "distinguir entre una entidad que lleva años y con la que hemos logrado diferentes beneficios desde todo punto de vista y, por otro lado, a la iniciativa de Heller".
El resto se jugó poco. Achetoni dijo que "no vamos en contra de la entidad, sino que diferenciamos una actitud que creemos que va a en contra de lo productivo con el impulso que le está dando Heller, pero creemos que no debe pagar el pato una entidad que circunstancialmente lo tiene como uno de sus funcionarios". Pelegrina dijo que "son maneras de reclamos dentro de la libertad que cada uno tiene de tomar un servicio, en este caso, del sistema financiero". Y Chemes concluyó que "lo ideal sería que no mezclar las cosas, pero hay que entender la bronca que tiene la gente".
El extitular de la AFI macrista declaró vía Zoom ante el juez Augé
Espionaje ilegal:
Gustavo Arribas dijo que no
se enteró de nada y que es
una víctima
Luciana Bertoia
Imagen: Télam
La Agencia Federal de Inteligencia (AFI) dio para todo durante la gestión de Mauricio Macri: espionaje a opositores políticos y a dirigentes del propio espacio, vigilancia a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan e incluso venta de armas dentro de la institución. Sin embargo, Gustavo Arribas desconoció cualquier ilegalidad sucedida dentro de la Agencia durante el tiempo en el que ejerció como director general y se presentó como víctima de una persecución política. Durante la declaración indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, Arribas buscó despegar a su amigo Mauricio Macri y cortar el hilo por lo más fino de la estructura de inteligencia.
La indagatoria de Gustavo Arribas no llegó a los 40 minutos y más que indagatoria fue un monólogo, ya que no aceptó responder a las preguntas del juez ni de los fiscales. Antes de que arrancara se calzó los anteojos para mirar el ayudamemoria que tenía a su izquierda y al que recurría cada tanto para enfatizar en el discurso que quería dar ante el juez Augé, que lo seguía del otro lado del Zoom. “Nunca cometí ni ordené cometer delito alguno, ni dispuse algún tipo de espionaje”, le dijo al magistrado. “Tampoco recibí ningún pedido u orden de esta naturaleza”, agregó el exSeñor Cinco.
La única orden que Arribas podría haber recibido tendría que haber sido de Macri, quien en 2015 lo convenció para dejar Brasil y hacerse cargo de la AFI. La elección del entonces presidente no estuvo motivada por la preparación de Arribas en el mundo de la inteligencia, sino porque era “el más vivo, el más desconfiado, el más acostumbrado a las trampas”. Por eso no extraña que Arribas haya aclarado que no hubo órdenes del Ejecutivo. De los 18 casos por los que pretendían indagar a Arribas, hay uno que pone especialmente en duda que no haya habido un pedido directo: el del espionaje a la hermana menor del entonces presidente, Florencia Macri, y a su pareja, Salvatore Pica.
Arribas no se detuvo en los casos de espionaje que le achacan, que van desde Cristina Fernández de Kirchner hasta a dirigentes de su propio espacio como Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot. Sólo negó que haya ordenado espiar a Graciela Camaño y a Luis Barrionuevo, como surgía de un mensaje que un tal Colo -- presumiblemente Alan Ruiz -- le había enviado al espía Leandro Araque. También dijo que la fecha de los seguimientos al periodista de La Nación Hugo Alconada Mon -- que fueron en 2018 -- no coincidían con la época en la que él había publicado sobre la vinculación del entonces jefe de la AFI con el caso Odebrecht.
Hacia abajo
Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide acusan a Arribas al igual que a Silvia Majdalani, Alan Ruiz (director de operaciones especiales) y al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra de haber sido los jefes de una asociación ilícita que usó la estructura de la AFI para el espionaje político. Como Arribas no puede desconocer su lugar en la cima, apunta a decir que no hay mensajes directos entre él y los espías que salían a la calle a hacer los seguimientos, lo cual es absolutamente obvio en una estructura piramidal como la de la agencia de inteligencia.
En Lomas, los fiscales investigan a un grupo de integrantes de la AFI que se sumaron, en su gran mayoría, a la exSIDE durante la gestión Macri. Un número importante de ellos fueron en comisión desde la Policía de la Ciudad. El grupo, conocido como Súper Mario Bros, por el nombre de un chat que compartían, usaba como base un departamento en la zona de Mataderos que la AFI alquilaba a una de las integrantes del equipo. Otros de los acusados, que fungían como analistas, trabajaban directamente desde la base de Contrainteligencia en Villa Martelli.
Aunque Arribas podría descargar en su número dos, no lo hizo. Era ella quien tenía a su cargo todo lo que sucedía en Contrainteligencia. Sin embargo, el exdirector general remarcó que los agentes declararon haber recibido órdenes para tareas de espionaje político por parte de Alan Ruiz, un funcionario del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, que se sumó a la AFI para mayo de 2018. El escándalo del espionaje al Instituto Patria privó a Ruiz de un nombramiento como director de operaciones especiales, pero sí quedó a cargo del grupo de los Súper Mario Bros. “El Señor Ruiz no tenía una dependencia jerárquica conmigo. Yo no tenía trato con él”, remarcó Arribas.
La de Arribas fue la última de las 24 indagatorias que tomó Augé. Pocos aceptaron declarar y menos aún responder preguntas. Los últimos tres indagados, Arribas, Majdalani y Darío Nieto, dijeron sentirse víctimas de una persecución política. Majdalani, quien por su responsabilidad no puede desconocer lo que sucedía en Contrainteligencia, habló de cuentapropismo o de "autoemprendimientos" para describir lo que está surgiendo en la causa. Ahora, los fiscales deberán resolver en los próximos días si piden los procesamientos. Hasta el momento los únicos procesados por el espionaje ilegal durante en el macrismo son Arribas, Majdalani, Ruiz y Martín Coste -- el último director operacional de Contrainteligencia del macrismo. Pero, sin lugar a dudas, la pelea que más le interesa a Arribas y compañía es sacar la causa de Lomas y llevarla al territorio seguro de Comodoro Py.
Es por el fallo que pidió investigar a quienes garantizaron una ILE
Piden juicio político a los
jueces que llamaron
"sicarios" a los médicos
La denuncia de Soledad Deza, presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres y Julieta Arosteguy, docente de Salud y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Quilmes, se presentó ante el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, Diego Molea.
Las denunciantes plantearon que a ocho años del fallo F.A.L donde la CSJN despejó toda duda sobre la legalidad de las causales de aborto que el Código Penal establecía desde 1921, “resulta inaceptable que un magistrado desconozca los estándares de derechos vigentes en torno al aborto de embarazos forzados o riesgosos que se inscriben dentro de la esfera de opciones legales en virtud del principio de legalidad del art. 19 de la Constitución Nacional”. También expresaron que resulta “inexcusable la ignorancia de derecho respecto del campo de la filiación y el sistema registral del estado civil y capacidad de las personas”. Ya que en el escrito los jueces hablan de “hija” o “niña” para referirse al “producto de la gestación” que fue abortado, “en franco desconocimiento del sistema de filiación imperante, que requiere de una “persona” para crear vínculos de ese tenor “.
Este lunes, Página/12 reveló que Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi, jueces del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 denunciaron “la posible comisión del delito de homicidio y/o la comisión del delito de homicidio prenatal o aborto” y pidieron que se investigue la conducta de los organismos y funcionarios/as que le garantizaron a una niña, víctima de violación desde los cinco a los catorce años por parte de su hermanastro, su derecho legal a interrumpir el embarazo producto de los abusos. Los jueces llamaron “sicarios” y “asesinos a sueldo” a los médicos.
El miércoles, el Ministerio Público Fiscal presentó un recurso ante la Cámara de Casación para que deje sin efecto lo ordenado por los jueces. El fallo fue repudiado por organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil, del movimiento de mujeres y políticas, e integrantes del poder judicial. En consonancia con estos actores, el pedido de juicio político consideró que el voto de estos jueces “no es más que un extenso alegato para construir sentidos criminalizantes para conductas que no merecen reproche penal” y un “indebido uso de la magistratura para exponer cosmovisiones personales que no se condicen con el derecho vigente y que por su inocultable sesgo religioso, debieran quedar reservadas al plano de su conciencia para evitar configurar daños a otras personas”. Expuso además que “la ignorancia inexcusable de derecho” de los jueces se extiende a los estándares de igualdad de género que permean desde el bloque constitucional federal con la incorporación de la CEDAW y la obligatoriedad de un enfoque de género en la administración de justicia, reforzada por la ley 27.499 conocida como “Ley Micaela”.
Los Jueces Anzoategui y Rizzi “no tienen competencia para investigar conductas que no tienen reproche penal, y tampoco tienen competencias en el marco de una causa de abuso sexual de una niña víctima de violación para revisar de forma inquisitorial la decisión legal de interrumpir el embarazo producto de una violación, mucho menos para considerar la prestación médica que asegura el derecho a decidir, un delito”, plantearon las denunciantes. La ignorancia de los jueces no les permite ver que “negar un aborto permitido por la ley “es violencia de género” y obstruir el acceso a la salud en estos casos, “es además de violencia, tortura”.
En relación al trato de “sicarios” y “asesinos a sueldo” a las o los médicos que garantizaron la ILE a la niña, consideraron que “ese razonamiento que coloca en planos semejantes de reproche el homicidio y el aborto, es un plano permeado por el dogma religioso y no por el derecho; como así también la omisión en distinguir un aborto penado por la ley de un aborto permitido por la ley”. Pretenden “impregnar de religión” un campo “que debe ser laico para evitar discriminaciones y violencias”.
En esa línea cuestionaron también “un activismo judicial inaceptable que opera desde dentro de los Poderes del Estado para debilitar políticas públicas diseñadas para apuntalar el acceso a la salud, la autonomía reproductiva y la igualdad de género”.
El escrito se refiere a los neoconservadurismos religiosos que se proclaman provida para defender la vida intrauterina y ponen a quienes defienden los derechos de las mujeres del lado de la muerte: “Esta estrategia política de marcha y discurso callejero no puede validarse dentro de la administración de justicia”.
Para Deza y Arosteguy es inaceptable que los jueces denunciados usen su lugar de poder y se aprovechen del efecto simbólico de sentencias “que aun cuando arbitrarias, nulas o manifiestamente contrarias a derecho cuentan con la función auto-legitimante propia de este dispositivo que luego habrá de trastocar el orden legal generando confusión en los profesionales de la salud y revictimización en quienes acuden a una institución sanitaria para exigir un aborto que la ley les acuerda como derecho y que el Estado tiene obligación de garantizar”.
Además, recordaron que el Protocolo para la atención integral de Víctimas de Violaciones Sexuales elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2015 indica que las y los profesionales de la salud están obligados a dar toda la información disponible a la víctima, incluyendo la información sobre la legalidad del aborto y del acceso a la práctica: “Sólo cuando las niñas saben que pueden --porque es su derecho-- interrumpir un embarazo, podrán elegir qué es mejor para sí”.
Las autoras consideraron finalmente, que la falta de perspectiva de género de los jueces -que ya fueron recusados en otra causa por transfóbicos y machistas- no solo se ve en el desconocimiento de las normas sino en que, cegados por su activismo conservador y religioso, no tienen en cuenta la realidad de las niñas. En ese sentido citaron el informe “Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina”, según el cual, en el año 2014, 3007 niñas menores de 14 años fueron madres. Esto equivale a 1 niña madre cada 3 horas.
Fuente:Pagina12
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