31 de octubre de 2020
El gobierno porteño busca evitar el impacto mediático
Coronavirus: la CABA corrige "por goteo" el subregistro de muertes
Imagen: Sandra Cartasso
El registro de fallecidos durante la pandemia implica un conflicto para todos los países del mundo. Por eso, la OMS encomendó a los países a evitar subregistros y atrasos en el conteo de las muertes por coronavirus. En Argentina se advierten dos estrategias claras: mientras el gobierno bonaerense optó en septiembre por triangular bases de datos y resolver el problema a través del reporte de 3523 defunciones que no se habían identificado, la CABA fue por otra vía para evitar el impacto mediático. En concreto, lo que varios especialistas observaron es que el gobierno porteño actualiza por “goteo” las muertes causadas por la covid. De hecho, ya empieza noviembre y la cartera liderada por Fernán Quirós continúa actualizando los fallecidos de mayo, junio, julio y agosto. Entre septiembre y octubre cargaron 899 decesos con varios meses de retraso. De ese total, 598 fallecieron antes del 1° de agosto y 301 antes del 1° de septiembre. Y las actualizaciones de las cifras podrían continuar.
Este viernes se informó en los medios que la Ciudad había sumado 749 muertos que no había contabilizado. La diferencia con los 899 es que, posiblemente, no se estén contemplando los fallecidos anteriores a julio que se agregaron. Desde el Ministerio de Salud porteño confirmaron a Página/12 que no se realizó ningún anuncio oficial al respecto.
“Cuando la provincia de Buenos Aires anunció el subregistro que habían detectado, CABA decidió no hacer ninguna comunicación al respecto pero viene cargando muertes en pequeñas cantidades todas las jornadas. Van de a poquito, como si suministraran la información con un gotero. Hay fallecidos de mayo que cargaron el lunes pasado. Es increíble, se trata de un blanqueo encubierto”, apunta Soledad Retamar, docente investigadora de la UTN Regional Concepción del Uruguay. Después continúa: “La carga de a poquito no es casual, se hace para que nadie se dé cuenta. Desde mi opinión, es una estrategia muy marcada. El problema es que como no sabemos si vieron el problema del subregistro y lo están corrigiendo, no tenemos muy en claro si la actitud continuará de cara al futuro”, indica.
En concreto, como no se sabe cómo CABA cuenta a sus ciudadanos muertos resulta imposible saber si se les van a seguir escapando. “Todas las noches vengo colocando en mis reportes los fallecidos que corresponden a meses anteriores. Muchas provincias lo hacen, pero la jurisdicción que despunta es CABA, que sigue cargando defunciones que incluso corresponden a mayo”, señala el físico Jorge Aliaga. Para describir lo que sucede, el exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA apela a un ejemplo: “Cuando vos tenés un fenómeno natural existen fluctuaciones. Supongamos que la media es 15, algún día se registrará 18, otro 21, otro 8 y así. Ahora bien, si nosotros vemos que todos los días la Ciudad ingresa entre 18 y 22 fallecidos demorados y la fluctuación nunca se dispara demasiado, nos suena más a que existe una persona que está encargada de ir subiendo los casos de a poco. Evidentemente los van actualizando de manera dosificada”. De hecho, cuando se atacó a la provincia por el subregistro, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que la Ciudad también tenía demoras y que había puesto a personal a cargar lo que faltaba.
“Viene pasando hace mucho y hace bastante lo venimos publicando por redes. Para entenderlo fácil: están cargando muertes viejas, muy viejas. Lo que molesta es el trato diferente que hizo provincia y Ciudad. Justo cuando Buenos Aires anunció que había encontrado un montón de fallecidos que estaban por fuera del registro, Ciudad empezó un proceso de carga lenta pero constante de defunciones de hace dos meses y más”, explica Santiago Olszevicki, analista de datos. Siguiendo con este razonamiento, completa: “En el caso de CABA no me gusta hablar de demora porque me parece, más bien, que son fallecidos que no estaban contemplados y recién se cargan ahora. Hace más de un mes están ingresando entre 20 y 30 muertos por día, que son de julio y de agosto”.
Desde esta perspectiva, plantea Aliaga: “Existe una curva de demora de lo que carga CABA que es muy llamativa. Uno lo que podría esperar es que haya muchos casos con poca demora y una cola --una curva suave y larga-- con demorados. Bueno, la curva de la Ciudad tiene más casos con demora de 75 días que de 50. Es atípico, no hay razón por la cual tarden más en cargarse a aquellas personas que fallecieron antes”, destaca Aliaga. Al ocultamiento, en algunas ocasiones, se suma la saturación administrativa. Cuando una persona fallece, el acta de defunción es firmada por un profesional de la salud que certifica tal estado, pasa por el registro civil y luego, si fue por covid, se carga en SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino). “Toda persona fallecida con diagnóstico positivo de Covid se terminará blanqueando. Pienso que muchas veces existe una especie de saturación administrativa, de modo que el trámite se suspende en algún eslabón determinado y se retrasa todo. Puede haber cierta intención de CABA, pero también puede haber ineficiencia por cansancio”, comenta Retamar.
La diferencia con la provincia
A fines de septiembre, la provincia de Buenos Aires sumó 3523 muertos y la oposición salió al cruce. "Prorrogaron la cuarentena una y otra vez, hasta dijeron que dominábamos al virus. Tras 6 meses nos enteramos que hay 3523 nuevos bonaerenses fallecidos. ¿Así tomaron decisiones? Han hecho un desastre en salud, economía, educación y libertad. Profundizaron todos los problemas", había lanzado Patricia Bullrich desde Twitter. También, en aquel entonces, había opinado el diputado Fernando Iglesias por la misma vía: "Dicen los muchachos de Cuarentena o Muerte que son 3500 muertos más en la provincia que gobierna Kicillof. Muertos más, muertos menos". Mediante el trabajo diario de especialistas como Jorge Aliaga, Soledad Retamar y Nicolás Olszevicki, en el presente se sabe que en CABA ocurría lo mismo, solo que decidían no transparentarlo.
Con el objetivo de recabar la información de una manera más eficiente y evitar el subregistro, el gobierno bonaerense decidió triangular datos de tres fuentes distintas y presentó una nueva estrategia para la gestión de la información sobre coronavirus. De esta manera, optó por emplear los datos suministrados por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), el Sistema de Gestión Camas (SIGEC) y el Registro Provincial de las Personas. Con esto, según se espera, lograrán minimizar el subregistro y el atraso en el conteo de los decesos por el virus.
“Es notorio si uno toma las bases de datos previas a que Buenos Aires realice el anuncio y si se analizan después de esa fecha. Se advierte muy fácil las diferencias en los tiempos de demora en la carga de fallecidos. Pareciera como si en CABA hubieran dicho: ya que lo anunció provincia, aprovechemos y hagamos lo nuestro, pero sin levantar demasiado la perdiz. Pienso que deberían haber hecho un anuncio público”, sostiene Retamar. Desde aquí, comenta Olszevicki: “El goteo es tal que las muertes de julio se incrementaron en un 50% y las de agosto ya van por el 40%. Estamos terminando octubre y se informan muertos de julio, es ridículo. No brindan explicaciones, no sabemos a ciencia cierta si establecieron como en provincia un mecanismo de triangulación, si utilizan los certificados de defunción. No se sabe de dónde obtienen los datos”, comenta Olszevicki.
¿Cómo se contaban los casos y los fallecidos previamente a la emergencia de este nuevo método? La provincia, del mismo modo en que lo hace todo el país, recurría solamente al SISA. Sin embargo, se incorporaron dos fuentes más. Por un lado, el Sistema de Gestión de Camas (Sigec), que unifica la información provista del sector público y privado, identificando ingresos y egresos en tiempo real; y, por otra parte, se incluye la digitalización de los certificados y actas de defunción del Registro Provincial de las Personas. La metodología de trabajo, a partir de ese momento, consiste en cruzar las tres fuentes de información y llegar a los datos más precisos obtenidos de todas las bases existentes. Como corolario, a partir de esta nueva herramienta, el gobierno provincial rediseñó la Sala de Situación de la Provincia y su sitio web para analizar en tiempo real las estadísticas completas de la propagación del patógeno por el territorio.
Un problema mundial
A contramano de lo que en muchos casos se quiere hacer creer desde los medios hegemónicos de comunicación, el subregistro no es un problema privativo del Latinoamérica sino global. Históricamente, el reporte de fallecidos durante las pandemias ha reflejado poco lo que en realidad ocurría. Atenta a ello, la Organización Mundial de la Salud, instó a todas las naciones del planeta a gestionar acciones, con el objetivo de sistematizar el conteo.
Estados como Reino Unido y Francia han confirmado un reporte de muertes muy por debajo de lo que efectivamente ocurrió porque, en los inicios de la pandemia, sus sistemas sanitarios solo contemplaban los fallecimientos en hospitales. En abril, recién, comenzaron a incorporar a aquellas defunciones por Covid que ocurrían en geriátricos y otros centros de salud. Algo similar sucedió en Nueva York, una de las ciudades más golpeadas por la epidemia. Como solo contaban lo que sucedía en hospitales, cuando consideraron aquello que sucedía en otras instituciones, sus registros de personas muertas se incrementaron en 3.700 en un solo día. “Hay lugares de Europa o Nueva York en los que, probablemente, nos enteremos el año que viene de lo que pasó. Muchas personas que murieron en sus casas sin razón aparente no fueron cargadas como Covid. El año que viene, las instituciones advertirán que en 2020 existió una cantidad muy superior de fallecimientos a la de los años anteriores y en las causas figurarán paros cardio-respiratorios. Esa diferencia importante en la cantidad de defunciones, tendrá que ver con la Covid”, dice Aliaga.
A indagatoria acusados de vaciamiento del patrimonio
familiar
Luis Etchevehere, sus hermanos y la madre tienen cita con el juez por una megaestafa
Imagen: NA
El titular del Juzgado de Transición N° 1, Carlos Ríos, de Entre Ríos, citó a declaración indagatoria al ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, en el marco de una causa por estafa que se abrió en 2011 a partir de la denuncia presentada por su hermana Dolores Carmen Etchevehere. Este diario hizo un seguimiento pormenorizado de la evolución de esa causa desde su inicio. La información sobre el llamado a indagatoria fue adelantada en el portal de noticias Entre Ríos Ahora, que logró tener acceso a los últimos movimientos de la causa.
El magistrado también citó a indagatoria a la madre del exministro, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y a los otros dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere.
Luis Miguel Etchevehere fue citado para el 18 de noviembre, a las 10; sus hermanos Arturo Sebastián, para el 19; Juan Diego, para el 24; y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, para el 26 de noviembre “bajo apercibimiento de ley”, según la disposición del juez Ríos a la que accedió Entre Ríos Ahora.
También fue citado el empresario santafesino Walter Grenón, dueño de Red Mutual, que tuvo parte de las acciones de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario. Grenón ingresó a El Diario en 2010, cuando los hermanos Ivar y Arturo Roosvelt Etchevehere venden su parte, un año después de la muerte de Luis Félix Etchevehere, último director del matutino con apellido Etchevehere. Grenón está citado a indagatoria para el próximo 2 de diciembre, también a las 10.
Desde 2011 hasta ahora los Etchevehere nunca fueron indagados, aún cuando el Ministerio Público Fiscal había impulsado esa declaración. La causa estuvo primero en manos de la jueza Susana María Paola Firpo, después de Pablo Zoff, y ahora de Carlos Ríos.
La carátula fue por estafa, aunque a la causa después se agregó un ítem peculiarísimo: el de vaciamiento de la empresa editora de El Diario a partir de una investigación que hizo hasta 2018 el entonces fiscal y hoy juez de juicio Alejandro Joel Cánepa.
Un dictamen que firmaron en 2018 los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra resume el andamiaje de la estafa que denunció Dolores Etchevehere y los resultados de la pesquisa de Cánepa sobre el vaciamiento de El Diario.
«Se le atribuye a Leonor María Magdalena Marcial de Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y Juan Diego Etchevehere, a la primera en su carácter de Presidente, y a los demás en su carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 (dólares doscientos cincuenta mil), los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del solicitado al Banco.
La devolución de tales créditos, por parte de la sociedad al Banco, fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, mientras que – paralelamente – los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar – cheques de pago diferido -, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, al igual que – consecuentemente – el valor de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los Directores y la Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso perdían valor frente a aquella moneda.
Ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación – antes referidos – fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido».
Contemporáneamente a que los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A., de la cual la denunciante no es socia, y a la que fueron transferidos – mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras – numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de desapoderarla o, como comúnmente se dice, vaciarla.
“La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente.
“Dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente Construcciones del Paraná SA. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades".
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Lo que desnudan las despiadadas batallas familiares
Los Etchevehere, los Macri, los Mitre: Herederos
del reino
Los despiadadas batallas entre hermanos y esposas por las herencias de las familias Mitre, Etchevehere y Macri desnudan el concepto feudal de riqueza y supremacía de los integrantes del núcleo tradicional de poder sobre el cual se organizó el país y se constituyeron las bases legales con relación a la propiedad de la tierra y otras posesiones.
Las tres familias están íntimamente relacionadas con el poder político y económico a lo largo de la historia y se muestran en público entreverados en batallas feroces donde los valores que priman son diferentes al que atribuyen al resto de los mortales.
Mientras el país discute sobre igualdad ante la ley, democracia, un hombre un voto, los derechos de la mujer, la defensa de la familia, el derecho humano al hábitat y una larga lista de derechos y deberes de los ciudadanos, el poder que diseñó el país discute rabiosamente con paradigmas casi opuestos.
Está claro que en esas disputas, la fortuna aparece en forma descarada como elemento fundamental para acumular poder político, por eso no se puede dividir entre hermanos y menos si son mujeres. Está claro que en esas peleas la riqueza está cruelmente por encima de madres y hermanos y que otorga una superioridad jerárquica sobre el ciudadano común. Esa superioridad se mantiene por una incidencia histórica sobre el poder político por fuera de la institucionalidad y por el secreto de casta de que las grandes fortunas tienen permitidas ilegalidades que son duramente castigadas en los ciudadanos comunes.
No es teoría. Son las revelaciones que salen revoleadas en esas verdaderas carnicerías intrafamiliares: espionajes, chanchullos, cuentas no declaradas, ocupaciones ilegales de tierra y otras lindezas expuestas como si fuera un cuerpo descuartizado.
Si alguien se pregunta por qué la justicia tiende a inclinarse a favor de esta casta, encontrará la respuesta en las revelaciones que chorrean estas disputas. Es una justicia hecha a su imagen y semejanza, que no reconoce, por ejemplo, que en determinadas situaciones el derecho a la propiedad pueda estar mediatizado por otros derechos.
Es lo que sucedió con la orden de desalojo de Guernica a pesar de que había una negociación pacífica en curso que había podido dar respuesta a las necesidades de la mayoría de las familias que participaban en la toma del terreno. La decisión del juez y los fiscales al apresurar el desalojo y rechazar los pedidos de prolongar la espera, más que hacer justicia, jugó un papel ejemplificador.
El macrismo siguió el discurso que Luis Etchevehere armó para politizar la disputa por la herencia y mostró un escenario que exageraba la proliferación de ocupaciones en todo el país para demostrar que si iban por su campo, irían después por el de los demás. La disputa de su herencia en el establecimiento entrerriano Casa Nueva, no tenía ninguna relación con el conflicto en Guernica, pero le convenía equipararlo.
Lo único que tienen en común es la decisión de los jueces que en ambos casos se relacionan con la propiedad pero en contextos muy diferentes. Estas decisiones se emparentan con las que tomó otro juez cuando rechazó el decreto de intervención a la empresa Vicentin, que ahora está a punto de desaparecer.
Los desalojos de Casa Nueva y Guernica se revirtieron en forma de polémica al interior de las fuerzas que respaldan al gobierno, de la misma manera que antes lo había hecho la expropiación frustrada de Vicentin. En todos los casos, el gobierno optó por aceptar la decisión de la Justicia, lo que algunos entendieron como una muestra de debilidad.
Existe una situación real de mucha desventaja porque el gobierno tiene la responsabilidad más pesada frente a la epidemia. Pero en el caso Vicentin, la decisión se tomó sobre la base de un diagnóstico equivocado porque se pensó que el salvataje de la fuente de trabajo sería bien recibido, cosa que no ocurrió. El gobierno no iba a intervenir en el conflicto creado en Entre Ríos porque lo enfocó como una disputa familiar privada.
Y en la toma de tierras en Guernica, el gobierno de la provincia, a través del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se instaló en la toma, se hizo un censo de la población que participaba en el conflicto y de sus reclamos y planteó las respuestas que podía ofrecer. Más del 80 por ciento de las familias aceptaron alguna de las opciones. En el momento del desalojo ya quedaba muy poca gente y la mayoría de los disturbios se produjo en los alrededores.
Más allá de la presencia de grupos de activistas opositores, el reclamo que motivó el conflicto tenía una base genuina, no impostada. Y Larroque hizo un gran esfuerzo por encontrar una salida pacífica. Pero la intervención policial en el desalojo ordenado por el juez, frustró el último tramo de esa estrategia.
Mauricio Macri quiso colgarse de los conflictos. Se autopercibió aludido por la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que estaban dispuestos a dialogar si se respetaba la propiedad privada y otras condiciones. En realidad se adelantó a obstaculizar cualquier posición dialoguista que pueda surgir en Juntos por el Cambio, donde Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta respaldaron la designación de Daniel Rafecas como Procurador.
La convocatoria de la expresidenta apuntaba a la condición bimonetaria de la economía que siempre desemboca en un cuello de botella crítico, porque Argentina no emite dólares. Y afirmó que la única forma de resolverlo es a partir de un acuerdo de todos los sectores. O sea, que las medidas que se acuerden sean respetadas por todos los gobiernos y las empresas.
La carta de Cristina Kirchner circuló cuando el presidente Alberto Fernández ya venía realizando reuniones con los titulares de las corporaciones más grandes como Alfredo Coto, Roberto Urquía, Marcos Bulgheroni, Luis Pérez Companc y Paolo Rocca, parte del famoso círculo rojo que tuvo presencia fantasmal durante el macrismo.
La pandemia y la crisis de deuda externa pública y privada que dejó el gobierno de Macri hace que las piezas se muevan con un pragmatismo que quedó expresado en la carta de Cristina Kirchner donde afirmó que “Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías” en relación con el dólar.
Hay una problemática que atraviesa a la Argentina siempre de maneras inesperadas como sucede con los temas que son importantes y se quiere subestimar. Así sucede con la fuerte marca que ha dejado la violación de los derechos humanos durante la dictadura hace 40 años. Y no provino de las Madres o de los organismos que estuvieron más enfocados en la situación que se generó en Guernica y Entre Ríos.
La legisladora radical Patricia de Ferrari pagó con una suspensión por seis meses de su cargo en la legislatura cordobesa por creer que se pueden hacer chistes que más parecen amenazas con relación a esa época. "¿Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para 'impartir' la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?" publicó en un tuit. Cuando vio que el supuesto chiste le podía costar caro, la mujer pidió disculpas, pero el peronismo ya había votado la sanción.
La expresión de la legisladora cordobesa tuvo su correlato porteño en boca de Eduardo Feinman. Cuando se informó que la cifra de muertos por covid-19 había llegado a 30 mil, este personaje publicó “ahora sí, son 30 mil” en referencia a la polémica por la cantidad de desaparecidos durante la dictadura.
El tema se renueva, muta y reaparece casi cuarenta años después con tonos que recuerdan al “algo habrán hecho” de la dictadura o en los ecos que dejó la influencia nefasta de Benjamín Menéndez en la sociedad cordobesa. Y esas reminiscencias se asocian a temas trágicos actuales como las víctimas de la epidemia o con los intocables del poder histórico representados en una oligarquía decadente.
Después de que los peritos oficiales demostraran que no
hubo ilícitos
Escándalo en la causa del dólar futuro: uno de
los jueces advirtió que no hay delito y se
bajó del juicio
Tras un peritaje que estableció, de manera unánime, que "no existe hipótesis delictiva en la operatoria conocida como dólar futuro y no hubo perjuicio para el Estado", el juez del Tribunal Oral número 1 Adrián Grünberg sostuvo que no debe hacerse el juicio y que los imputados tienen que ser sobreseídos por el peso de esa nueva prueba. El fiscal y los otros dos jueces del Tribunal tuvieron la postura contraria y por lo tanto el juicio se va a hacer. Ante esa decisión, Grünberg adelantó que no va a cambiar de opinión, pidió inhibirse y finalmente la Cámara de Casación resolvió este viernes, por sorteo, que el lugar de Grünberg será ocupado por la jueza María Gabriela López Iñiguez.
La previa del juicio por la operatoria de dólar futuro parece tener como trasfondo la ansiedad por tener una foto en el banquillo de los acusados de dos de las principales figuras políticas del país: la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Ambos están en la larga lista de imputados, por cuanto CFK era presidenta y Kicillof, ministro de Economía. De todas maneras, el centro de la acusación va también contra el ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli, y otros directivos del banco de bancos.
La mayoría de los imputados pidió que el juicio no se hiciera a raíz del resultado del peritaje que realizaron los contadores del Centro de Asistencia Judicial Federal, que fue creado por la Corte Suprema en 2017. Los peritos oficiales fueron Carlos Alberto Campodónico, Alejandro Del Acebo y la doctora Stella Maris Castagno. Hubo también tres peritos de parte: Carlos Sgarbi, Alfredo O’Connell y Alicia Garófalo. Lo trascendente es que los seis profesionales coincidieron en las respuestas a las 80 preguntas que formuló el Tribunal y sólo se diferenciaron en algunas ampliaciones o aclaraciones.
El razonamiento de Grünberg se expuso en 41 páginas, mientras que sus compañeros Juan Michilini y Ricardo Basilico apenas necesitaron cinco páginas para dictaminar lo contrario.
Grünberg se basó en los siguientes criterios:
* “Se produjo una prueba novedosa que sin margen de duda echa por tierra la acusación e impone concluir en la inexistencia de delito”.
* Las operaciones se realizaron -dice el peritaje- en dos mercados institucionales, el Mercado Abierto Electrónico y el Mercado a Término de Rosario S.A. (Rofex). Los precios a los que se operó fueron los de ambos mercados. “Hubo otros oferentes y no se verificaron diferencias de precio significativas”, señalaron los profesionales de la Corte.
* No había forma de beneficiar a determinado particular porque el sistema lo impide. “Queda descartado que se hubiera procurado un lucro indebido para persona alguna”, dice el texto.
* El propio juez, en ese momento Claudio Bonadio, permitió que se pagaran los contratos, de manera que dio el visto bueno a la operación.
* ”Dicho en forma sencilla, no se administró de forma infiel el patrimonio del Banco Central”, sostiene el peritaje.
* También transcribieron partes de la Carta Orgánica del Central en las que queda claro que el objetivo de sus operaciones no es conseguir ganancias sino apuntar a "la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo".
* Pero aún así, el Central tuvo más ganancias en 2015 --cuando se concretó la operación de dólar futuro-- que en 2016. A esto se agregó la “ganancia” de conservar reservas.
* En este caso, los peritos sostuvieron que el dólar futuro permitió “morigerar los efectos cíclicos que presentaban la oferta y la demanda, evitaron el efecto negativo en el nivel de reservas por cuanto alentaba mantener las colocaciones en pesos”. Incluso hace referencia a la pregunta número 38 hecha a los peritos sobre la importancia de evitar las corridas cambiarias.
Al final de su fallo, Grünberg señala “entiendo que ya no deviene necesario llevar a cabo el debate y habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de los encartados por inexistencia de delito".
El fiscal Diego Velazco había dictaminado en contra sosteniendo que el peritaje de los profesionales de la Corte Suprema no era la única prueba, sino que había más pruebas y que debían exponerse en el juicio. Pero el argumento determinante de Michilini y Basilico fue que el pedido de sobreseimiento no fue presentado por todos los imputados --por ejemplo, ni CFK ni Kicillof lo pidieron-- y por lo tanto el juicio debe hacerse por una cuestión de equidad. Es un argumento asombroso, por cuanto si no existe delito, no existe para ninguno de los acusados.
A raíz de esa votación dos a uno, Grünberg planteó su inhibición porque ya opinó y no va cambiar de opinión, según dijo. La Cámara de Casación aceptó su inhibitoria, hubo sorteo, y lo reemplazará la jueza López Iñiguez. El Tribunal fijó una audiencia preliminar el 16 de noviembre para evaluar la cantidad de testigos y pensar en una fecha de inicio que sería, tal vez, en 2021.
Todo indica que la coalición judicial-política-mediática alineada con Cambiemos querrá usar el juicio para la campaña electoral, aunque la imputación es tan débil que ni los que hicieron la denuncia --diputados del PRO-- insisten mucho. Sucede que los beneficiarios de la operatoria fueron todos empresarios y economistas vinculados al macrismo que hicieron plata con la devaluación decidida por Mauricio Macri.
Alberto Fernández habló luego del desalojo en Guernica
Las propuestas del Gobierno para responder al
déficit de vivieda
En una semana marcada por los desalojos, el presidente Alberto Fernández sostuvo que "hay una necesidad social de gente que necesita un techo y hay que atender" y rescató la propuesta del dirigente Juan Grabois de "buscar tierras fuera de los centros urbanos para que la gente los explote" aunque subrayó que "el método no es la toma de campos". El Gobierno salió a mostrar iniciativa en el tema y el impulso a proyectos para solucionar esta problemática potenciada por la pandemia, un dato que los sucesos de Guernica pusieron de relieve. Ayer se presentó la Mesa Intersectorial de Políticas de Suelo, integrada por instituciones de la sociedad civil, unidades académicas, gremios, cámaras empresariales y colegios profesionales, con el objetivo de lograr "una construcción colectiva de la política de suelo en el país". Por otro lado, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, hizo en Chaco la primera presentación del plan para urbanizar barrios populares, un área clave que hace dos semanas pasó a su cartera y tomó nuevo impulso. "Vamos a trabajar en base a tres ejes: urbanizar los barrios, mejoramiento habitacional en las casas y preparar lotes con servicios", explicó el ministro. Ya trabajan, contra reloj, en 50 barrios.
En una entrevista radial, el Presidente se refirió a los hechos -muy diferentes- del jueves en Guernica y en Entre Ríos. "La propiedad privada nunca estuvo en discusión en la Argentina", resaltó, algo obvio. Tampoco que la solución pueda pasar por la toma de campos aunque advirtió que "no es descabellada" la propuesta que en su momento presentó Grabois para poblar zonas rurales del país con acceso al suelo y la vivienda. El dirigente lo definió entonces como un "plan Marshall criollo".
"Es una idea para recuperar la vitalidad del campo porque la realidad hizo que durante la historia argentina, y ahora más con la producción de soja, provocara más desempleo en los campos y se hacinara la gente en los centros urbanos donde no tienen lugar donde vivir”, explicó el Presidente. Y avanzó sobre los proyectos que estudian la cesión de tierras del Estado a productores de la agricultura familiar para que elaboren alimentos. “Para nosotros no sobra nadie y hay que darle una solución a esa gente y dar el debate sobre la vivienda y el arraigo en zonas del campo con una producción ecológica de frutas y verduras”, agregó.
En Gobierno coincidían que la mención expresa al plan de Grabois era, en buena medida, una jugada de contención del dirigente luego del fallo adverso que sufrió el jueves y que enviara un mensaje al Presidente y al gobernador Axel Kicillof sobre la necesidad de no ceder ante los poderes fácticos. Grabois acató la resolución judicial y, fuera de esa declaración, se llamó a silencio. Pero quienes se ocupan de las políticas específicas para esa problemática en el Gobierno sostenían que el "Marshall criollo" no es la línea en la que vienen trabajando, aunque hay algunos puntos de contacto.
La Mesa de Políticas del Suelo que debutó ayer e integran de 146 organizaciones de distintos sectores apunta a lograr "una construcción colectiva de la política de suelo en el país". "Entendemos que la complejidad del tema requiere un esfuerzo y una coordinación entre distintos actores", dijo el subsecretario de Política de Suelo y Urbanismo, Luciano Scatolini.
Por otro lado, un mes atrás se anunció el traslado de la secretaría de Integración Socio Urbana, que encabeza Fernanda Miño, desde el Ministerio de Hábitat y Vivienda a Desarrollo Social, que se concretó de manera efectiva hace dos semanas. Arroyo se propuso darle el empuje que el área no había tenido hasta ahora y ayer viajó a Chaco para presentar el primer convenio de urbanización que arrancará por el Barrio Toba, en las afueras de Resistencia, conocido meses atrás porque se convirtió en uno de los principales lugares de contagio de coronavirus del país. "Una vez que la provincia defina las prioridades en barrios vulnerables, vamos a trabajar en conjunto para su urbanización: Se van a abrir calles, espacios públicos, se van a hacer pisos de material en las viviendas y mejoras de las condiciones sanitarias y se va a trabajar en lotes con servicios básicos. Esto se traduce en derechos y empleo”, explicó Arroyo.
El plan proyecta la urbanización de 4.400 barrios donde se hacinan cuatro millones de personas, a razón de 400 por año y una inversión de 8 mil millones de pesos. Ya se comenzó a trabajar en 50 de estos barrios. La otra punta tiene que ver con la desconcentración territorial y el fortalecimiento de las localidades de menos de 50 mil habitantes, principalmente en base a proyectos de agricultura familiar. Y una tercera pata son las tierras que posee el Estado -principalmente heredadas del ferrocarril- con las que se conformará una especie de "banco de tierras" en las que se trabajará en el tema habitacional y el productivo. El Presidente se mostró resuelto a encarar este tipo de propuestas. "Tenemos que ver cómo pensar soluciones de ese tipo que sirven y mucho”, insistió.
Dura respuesta del Partido Justicialista al expresidente
"Macri ofendió, pisoteó y vulneró a la República"
"Macri no tiene vergüenza para decir lo que dice", advirtió el Partido Justicialista luego de que el expresidente rechazara con tres tuits, cargados de eslogans de marketing, la convocatoria de la vicepresidenta Cristina Kirchner a una mesa de acuerdo nacional. El PJ lamentó que el exmandatario quiera "condicionar el diálogo" y desenmascaró sus reclamos.
"Y ahora el Diablo apareció vendiendo rosarios. Macri no tiene vergüenza para decir lo que dice. Es una tomada de pelo a la historia, la democracia y el sentido común de nuestro pueblo. Su gobierno endeudó al país, a las provincias, a cada argentino, a los empresarios, a los comerciantes", recordó el PJ a través de un comunicado.
El expresidente publicó tres tuits este mediodía en los que señaló que le "cuesta entender las motivaciones de la carta de la vicepresidenta" y negó cualquier tipo de acercamiento para concretar el acuerdo amplio convocado por Cristina. Macri argumentó que, en caso de participar del diálogo, lo haría con "la Constitución Nacional sobre la mesa, dar de baja el embate a la Justicia, al procurador, a la Corte y a la propiedad privada".
"Juntos por el Cambio violó la Constitución, metió jueces por la ventana, presionó y condicionó la independencia del Poder Judicial", subrayó el comunicado del PJ en alusión a las condiciones exigidas por Macri.
"Macri ofendió, pisoteó y vulneró a la República"
El comunicado del justicialismo agregó que "su gobierno persiguió y extorsionó a funcionarios judiciales, a la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, amenazó a su hija, obligándola a renunciar a su cargo".
La conducción nacional del peronismo recordó, además, que el exmandatario "persiguió a opositores, espió hasta sus aliados, sus amigos, sus socios y su propia familia. Su hermano cuenta en un libro el horror que padeció por sus actos".
"Su gobierno ofendió, pisoteó y vulneró a la República, intentó convertirla en una cáscara vacía. Su gobierno llevó a la pobreza y la indigencia a millones de compatriotas, a más de la mitad de nuestros niños y niñas", añadió el PJ..
Por último, el Partido Justicialista celebró la convocatoria de la vicepresidenta, que Macri rechazó, y destacó: "La convocatoria de Cristina Fernández de Kirchner está dirigida a discutir el problema de la economía bimonetaria que es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, y que es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina".
El requerimiento del fiscal alcanza también al ex ministro
Oscar Aguad
Mauricio Macri imputado por el hundimiento del
ARA San Juan
El fiscal general ante la Cámara de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, pidió la imputación y la indagatoria del ex presidente Mauricio Macri, del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del ex jefe de la Armada Marcelo Srur, en la causa donde se investiga el hundimiento del submarino ARA San Juan que se cobró la vida de 44 marinos, tras desaparecer el 15 de noviembre de 2017. Ocurrió en una audiencia en la que se discuten las apelaciones al fallo de la jueza Marta Yáñez que había procesado sólo a seis altos mandos de la Armada por estrago culposo agravado por el resultado de la muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes. El planteo de la fiscalía sorprendió positivamente a las querellas, ya que Bellver lo planteó como una adhesión a sus insistentes reclamos y se diferenció de este modo del fiscal de primera instancia, Lucas Colla, que no había apelado nada.
Las audiencias ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia comenzaron el jueves y terminarán este sábado. Fueron hasta ahora de diez horas una y de ocho la otra. Se celebran con dos de los jueces presentes --el presidente Javier Leal de Ibarra y su número dos, Aldo Suárez-- y algunas de las partes también. Otros participan por Zoom, incluida la jueza Hebe Corchuelo de Huberman. Las querellas que representan a las familias de los tripulantes fallecidos piden cambiar la calificación legal que usó la jueza Yañez y reemplazarla por homicidio agravado por el número con dolo eventual y que se dicten prisiones preventivas, pero además piden ampliar la lista de imputados. Las defensas de los marinos implicados (dos contraalmirantes, cuatro capitanes de navío, un capitán de fragata y un capitán de corbeta), al revés, piden que se revoquen los procesamientos y cuestionan también la actuación de la jueza de Caleta Olivia.
Los abogados de las querellas, Valeria Carreras y Luis Tagliapietra, hicieron exposiciones pormenorizadas sobre las condiciones en que se encontraba el submarino, los antecedentes de navegaciones problemáticas, las últimas llamadas prolongadas entre el 14 y el 15 de noviembre a la base en Mar del Plata que se prolongaron durante siete horas (indicador de la gravedad de lo que ocurría), las maniobras de encubrimiento después de la desaparición del submarino, hallado un año después en las profundidades de una zona cercana al golfo de San Jorge.
“No fue una tormenta perfecta, los mandaron al muere”, dijo Carreras. La abogada subrayó el “ocultamiento de información” y como causa del hundimiento “una falla en el compartimiento de baterías que generó un clima tóxico en el interior, inutilizando la capacidad de maniobra del submarino que se sumergió e implosionó”. Acusó a las autoridades políticas de entonces de manipular pruebas. Un tema que estuvo presente también en la audiencia fue la confirmación de que el gobierno de Macri hizo tareas de espionaje puntillosas sobre los familiares de los submarinistas, seguían sus movimientos, anticipaban protestas y hasta los reclamos que llevarían a reuniones con funcionarios. Estos hechos están siendo investigado por el fiscal de Mar del Plata, Daniel Adler.
Al momento de exponer, el fiscal Bellver sostuvo la misma calificación de estrago que había establecido la jueza Yáñez, pero adhirió a las acusaciones y pedidos de indagatoria de Macri, Aguad y Srur, y de un grupo de oficiales.
En la misma resolución en que la jueza había procesado a seis marinos también desvinculó de manera expresa al ex presidente, el ex ministro de Defensa y el jefe la Armada. Sobre Macri, por ejemplo, dijo que aunque fuera el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas su función no era “de naturaleza técnico militar”. Aunque “el aparato de defensa estuviera bajo su dependencia”, sostuvo, no significa que tuviera “funciones operativas”. Sobre Aguad dijo que sus competencias se limitaban a “la dirección, ordenamiento y coordinación de actividades”. Ni él ni Macri, dijo, conocían “los defectos de alistamiento, con anterioridad a su última zarpada, o que las autoridades que de ellos dependían hubieran estado actuando en forma antijurídica o mediante abuso de poder”. Sobre Srur dijo que no podía controlar las actividades de todos sus subordinados.
Una vez finalizadas las audiencias, la Cámara tiene un plazo de cinco días para resolver sobre las apelaciones y los pedidos de indagatoria que ahora tienen impulso de la fiscalía --algo sumamente relevante y que imprime un impulso clave a la causa--, pero todo indica que podría tomarse más tiempo. También hay pedidos de nuevos peritajes sobre el hallazgo del submarino.
Las revelaciones del hermano del ex presidente
Espionaje ilegal: las víctimas piden que Mariano
Macri declare como testigo
“Empezó con el viejo preocupado por el marido de Sandra, pero parece que a Mauricio le gustó el juguete”, le dijo Mariano Macri al periodista Santiago O’Donnell en su libro Hermano. El juguete eran las escuchas en su época de jefe de gobierno porteño o el espionaje al que presuntamente Mauricio Macri habría dado rienda suelta cuando llegó a la Presidencia. Después de esa publicación, dos damnificados por el espionaje en las cárceles pidieron al juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé que cite a Mariano Macri y a O’Donnell a prestar declaración testimonial en la causa que tramita en su juzgado. El magistrado debe resolver en estos días el pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide para volver a indagar a los jefes de la AFI y a las máximas autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la era Cambiemos.
La solicitud de citar al hermano menor de Mauricio Macri fue realizada por el exfuncionario de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Rafael Resnick Brenner y por Jorge Chueco, abogado de Lázaro Báez. Los dos fueron incluidos por los fiscales Incardona y Eyherabide en la veintena de presos que fueron espiados en las cárceles federales por el macrismo. Según ellos, lo que describe el libro de O’Donnell muestra metodologías de conductas análogas a las que se investigan en Lomas de Zamora y remarcaron que la compulsión de Macri por echar mano a las redes de espionaje muestran que no hubo cuentapropismo, como ha venido sugiriendo el expresidente en sus últimas apariciones públicas.
Macri asumió en 2015 todavía procesado por la trama de escuchas ilegales que habían tenido lugar mientras gobernaba la Ciudad de Buenos Aires. La primera noticia de esas intervenciones telefónicas las tuvo Sergio Burstein, familiar de las víctimas del atentado a la AMIA. Si la vigilancia sobre Burstein podía atribuírsele a un interés de Jorge “Fino” Palacios, tras la noticia de que también era escuchado el cuñado del propio Macri quedaron pocas dudas de que el propio jefe de gobierno estaba implicado. Néstor Leonardo continuó como denunciante, pese a que, según contó Mariano Macri, Mauricio le reclamó a Sandra Macri que “desactivara” a su marido. El hermano menor incluso dice que la propia Juliana Awada se involucró porque temía que Mauricio fuera preso. Lo que siguió fue la ruptura del lazo familiar.
“Habrá operado con los servicios de inteligencia. Por algo puso a un amigo de la calaña del Negro (Gustavo Arribas), que por más afecto que le tenga es un tipo bien turbio: para continuar con las escuchas, los seguimientos, las carpetas”, le dijo Mariano Macri a O’Donnell.
El juez y los fiscales deberán evaluar la pertinencia del testimonio de Mariano Macri para la causa. Augé debería definir en los próximos días si amplía las indagatorias de Arribas, Silvia Majdalani y el grupo de los Super Mario Bros por el espionaje en las cárceles. También deberá decidir si convoca por primera vez a tres altos funcionarios de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos de la AFI y a otros altos integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), incluido su exdirector Emiliano Blanco. Los fiscales pidieron 25 indagatorias la semana pasada, que también incluyen a miembros del área de Operaciones Técnicas de Contrainteligencia, que habrían “cableado” la alcaidía provincial de Melchor Romero.
Se espera que Augé comunique su decisión en los próximos días y establezca un cronograma para avanzar con esas declaraciones. Como primera medida, el juez ya rechazó el planteo de recusación que había formulado el secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que ya fue indagado. Se presume que, en cuanto termine la ronda de indagatorias pedida por los fiscales, ellos y Augé deberían resolver la situación procesal de Nieto, Arribas, Majdalani y la excoordinadora de Documentación Presidencial Susana Martinengo, lo que podría llevar un par de semanas.
La pelea con Py
La principal apuesta del macrismo pasa por sustraer la causa de espionaje de la jurisdicción de Lomas. La semana pasada, llegó un tramo de la causa a la Cámara Federal de Casación para que se defina la competencia. El tramo en cuestión corresponde al espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en el departamento de Juncal y Uruguay, donde la AFI destinaba automóviles y agentes para controlar los movimientos de la entonces principal líder opositora a Macri. Por esos hechos ya están procesados Arribas, Majdalani, el exdirector operacional de Contrainteligencia Martín Coste y Alan Ruiz, que oficiaba de director de Operaciones Especiales. Esos procesamientos están apelados en la Cámara de La Plata, pero Arribas maniobró en Comodoro Py para llevar la investigación hacia ese edificio tan propicio para el macrismo. El camarista Mariano Llorens le dio la razón y mandó el viernes pasado el expediente a la Sala I de Casación.
Arribas recusó a una de las camaristas que deben intervenir, Ana Figueroa, por haber denunciado las presiones de un funcionario macrista, Juan Bautista Mahiques (actual fiscal general de la Ciudad), que derivaron en una causa sobre el accionar de la mesa judicial de Cambiemos, a la cual se sentaba el propio Arribas --según correos que se encontraron en la AFI--. Los otros dos integrantes de la Sala, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, deben todavía resolver si Figueroa seguirá interviniendo en el expediente. En la Cámara Federal de La Plata, tribunal de alzada de Lomas de Zamora, esperan expectantes las definiciones del máximo tribunal penal.
Navarro, Lijalad y Mizraghi estaban acusados de revelar
"secretos políticos y militares"
La jueza Servini desestimó la denuncia del
macrismo contra tres periodistas
Imagen: DyN
La jueza federal María Servini desestimó hoy por inexistencia de delito la denuncia presentada contra tres periodistas por la filtración del contenido de un libro administrativo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ese contenido está incorporado como prueba en la causa por espionaje ilegal que se sigue en los tribunales de Lomas de Zamora.
La magistrada tomó esa decisión tras el dictamen del fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien había pedido desestimar por "inexistencia de delito" la denuncia contra los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizraghi, de El Destape.
Los tres periodistas fueron incluidos en una denuncia hecha por los diputados macristas Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid, que también alcanza a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, los fiscales del caso por espionaje ilegal Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y al propio juez del caso, Juan Pablo Auge. Los diputados los denunciaron por el presunto delito de "revelación de secretos políticos y militares".
Servini ya tenía una denuncia anterior contra los funcionarios, presentada por ex agentes de la AFI mencionados en el documento filtrado a la prensa y por eso esta nueva presentación quedó a cargo de su juzgado. La jueza abrió un legajo aparte para evaluar la denuncia contra los periodistas de El Destape y la desestimó al compartir los argumentos del fiscal federal Eduardo Taiano.
El eje de la denuncia fue lo ocurrido con un libro de actas de gestiones administrativas en la AFI entre 2016 y 2018, que fue digitalizado e incorporado a la causa por espionaje ilegal y puesto a disposición de las partes y cuyo contenido de carácter secreto se filtró a la prensa.
Al desestimar la denuncia en relación a los periodistas, Taiano sostuvo que no surgieron "elementos mínimos que permitan iniciar una investigación penal". Además recordó que "en el supuesto bajo estudio no cabían dudas que las responsabilidades vinculadas a la aparente filtración de información confidencial se encontraban bajo plena investigación en el marco del expediente principal", citó Servini en su resolución.
El fiscal enfatizó que " la labor periodística cuestionada no era pasible de criminalización, no debiéndose soslayar que lo único que se consignaba en la denuncia –en lo que concernía a los periodistas– era que se habría publicado información confidencial en un medio periodístico. Que esa circunstancia, aislada de todo otro dato adicional, no permitía suponer la posible comisión de una actividad ilícita".
Tras conocerse la decisión de Servini, en Twitter se convirtió en tendencia el hashtag #RenunciaWolff. El diputado de Juntos por el Cambio preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
El reporte del Ministerio de Salud de la Nación
Coronavirus en Argentina: Se registraron 350
nuevas muertes y 13.379 nuevos casos
El Ministerio de Salud informó 350 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 30.792 la cifra de muertos desde marzo pasado. Según los datos oficiales, hoy fueron confirmados 13.379 nuevos casos de COVID-19. De este modo el total de infectados hasta el momento 1.157.179.
El reporte completo
📌 Hoy fueron confirmados 13.379 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.157.179 positivos en el país, de los cuales 961.101 son pacientes recuperados y 165.286 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron 350* nuevas muertes, son 196 hombres y 153 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 30.792.
*Una persona fallecida residente en la provincia de La Rioja no registra dato de sexo.
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 32.761 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 2.980.105 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 65.674 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 3.830 | 547.011
Ciudad de Buenos Aires 504 | 146.760
Catamarca 83 | 819
Chaco 203 | 13.913
Chubut 309 | 14.187
Córdoba 1.601 | 83.991
Corrientes 9 | 2.539
Entre Ríos 343 | 15.733
Formosa -1 | 149
Jujuy 37 | 17.823
La Pampa 129 | 3.189
La Rioja 73 | 7.514
Mendoza 704 | 46.564
Misiones 10 | 270
Neuquén 696 | 21.771
Río Negro 288 | 23.738
Salta 191 | 18.600
San Juan 379 | 2.256
San Luis 258 | 6.814
Santa Cruz 214 | 9.349
Santa Fe 2.140 | 104.630
Santiago del Estero 209 | 9.578
Tierra del Fuego** 159 | 11.187
Tucumán 1.011 | 48.794
Monitoreo de internados y camas UTI
➡Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.981
(Información reportada por las jurisdicciones)
➡Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:
- Nación: 64,4%
- AMBA: 61,7%
(Información reportada por las jurisdicciones)
Fuente:Pagina12
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