El peligro de que la Corte Suprema no respete la división de poderes
La intervención de la Corte en el caso de los tres magistrados que el macrismo había trasladado por decreto y que el gobierno intentó devolver a sus tribunales originarios, y el dictamen favorable a aquella decisión emitido anoche por el procurador general Eduardo Casal volvieron a poner sobre la mesa la judicialización de las decisiones de Estado. ¿Es correcto que el máximo tribunal tenga la última palabra en cuestiones que debe resolver la política? ¿Es la Justicia rehén de la cuota de poder que decidió otorgarse un sector del Poder Judicial para dirimir las tensiones naturales de los otros dos poderes?
Si bien aún la Corte no se expidió sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en el gobierno se encendieron las alarmas por el arbitraje del máximo tribunal en un caso que tenía fallos de instancias previas, una ley del Congreso y un decreto presidencial. No será el único caso de relevancia pública que los cinco cortesanos tengan en sus manos. También deberán expedirse en el futuro, entre otras cosas, sobre la poda en la coparticipación que la Ciudad recibe de Nación, judicializada por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.
Como publicó Tiempo, la Justicia transita uno de sus peores momentos históricos en su vínculo con la sociedad civil. Según una encuesta realizada por la Universidad de San Andrés, menos de uno de cada diez argentinos tiene una imagen positiva del Poder Judicial. La percepción es incluso peor que la del Fondo Monetario Internacional, de los partidos políticos y de los sindicatos.
La decisión de la Corte de tratar el pedido de los jueces y otorgarles una licencia en sus cargos desató un terremoto político. “Podemos enfrentar una situación de conflicto de poderes y de obediencia a la supremacía de la Constitución que establece una condena a la usurpación del Estado, pero también hay conflicto cuando un poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para intervenir en los otros poderes”, le dijo a Tiempo el constitucionalista Eduardo Barcesat.
La judicialización de las cuestiones de gobierno no es una novedad nacional sino un fenómeno mundial en el que además interviene un sector de los medios de comunicación. “En el gobierno de Cristina (Kirchner) hasta las cuestiones relacionadas con el dólar las metían en tribunales. Con el macrismo pasó lo mismo y cuando algo no te gusta decís que es inconstitucional, pero hay que diferenciar qué es materia judicial y qué no”, señaló Jorge Rizzo, expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital.
Barcesat explicó que en los países anglosajones el derecho “es aquello que los jueces dicen en la sentencia y todo lo demás son ideas aproximadas. Pero esa visión del common law es completamente ajena a nuestra organización jurídica. Es como si pasara una topadora institucional sobre nuestra Constitución y se pusiera en el pináculo del derecho lo que los jueces resuelven en los casos complejos”, comparó.
Para el jurista Roberto Carlés, el máximo tribunal “quemó la biblioteca” al aceptar el recurso de per saltum planteado por los jueces. “No se entiende por qué la Corte avala el salto de instancias. La situación que reviste gravedad institucional es que jueces designados a dedo en contra del procedimiento constitucional conservaran sus cargos, no su devolución a los tribunales de origen”, aseguró en el programa Marca de radio.
“La Corte les da un recurso a tres quejosos rebeldes de las instituciones democráticas. Parece que plantearan ‘acá está la Corte, no importa lo que digan el Senado, el presidente, el Consejo y la Cámara Federal’”, cuestionó Barcesat. “Se reservan la última palabra, pero la única resolución compatible es que acepten lo hecho por las instituciones democráticas. Puede haber un grave conflicto de poderes si los dejan donde fueron trasladados. La Corte perpetraría un acto de violencia institucional”, sostuvo.
“Hay cosas que tiene que dirimir por sí misma la política. Parece que estamos en un momento en que los acuerdos son imposibles porque las discusiones son dogmáticas”, comentó Rizzo. “Pasó con la Reforma Judicial: había medio país a favor y en contra y todavía no había salido el texto. Mucha gente está a favor o en contra, de acuerdo a de dónde viene la normativa”, opinó.
Con respecto a la intervención de la Corte, ejemplificó con el caso de las sesiones virtuales que había plantado ante el tribunal Cristina Fernández como presidenta del Senado. “Con lo que sea político tiene que hacer lo que hizo con el pedido de Cristina Kirchner (cuando presentó una acción declarativa de certeza) por las sesiones remotas. Si no hay cuestiones judiciales, en lo demás no tiene por qué meterse. Viene de muchos años esto, pero está cada vez peor”, aseguró Rizzo.
Jorge “Topo” Devoto, un dirigente cercano a Néstor Kirchner, publicará un libro con testimonios sobre los primeros tiempos del kirchnerismo en el gobierno. Uno de los entrevistados es Alberto Fernández, que eligió los “momentos decisivos” de esa época. En ese texto, anticipado por el portal Infobae, el presidente se refirió al juicio político a los miembros de la “mayoría automática” menemista como una de las decisiones centrales del gobierno de su amigo santacruceño. Fue a partir de la amenaza que en los primeros meses de gestión le habían deslizado algunos cortesanos sobre “volver a dolarizar la economía” tras la devaluación.
“Nosotros tenemos que avanzar, ¿cómo van a hacer esto? Con esa amenaza no nos quieren dejar gobernar, son terribles”, se ofuscó Kirchner poco antes de reclamar al Congreso el juicio político de los magistrados.
Este sábado, una presentación realizada por la diputada Vanesa Siley el 25 de septiembre –es decir, antes de la aceptación del per saltum– para iniciar el juicio político al titular de la Corte Carlos Rosenkrantz, por la ratificación de fallo del 2x1 a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, fue leída en esa misma línea desde la oposición y algunos medios que, ignorando la fecha del planteo, la presentaron como una represalia del Frente de Todos al máximo tribunal. Este sábado, una presentación realizada por la diputada Vanesa Siley el 25 de septiembre –es decir, antes de la aceptación del per saltum– para iniciar el juicio político al titular de la Corte Carlos Rosenkrantz, por la ratificación de fallo del 2x1 a los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad, fue leída en esa misma línea desde la oposición y algunos medios que, ignorando la fecha del planteo, la presentaron como una represalia del Frente de Todos al máximo tribunal.El procurador dictaminó a favor de los tres jueces y ahora debe definir el máximo tribunal
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó anoche a favor de que los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli continúen en los cargos en los que habían sido designados por decreto del el ex presidente Mauricio Macri, y sumó tensión al escenario en el que la Corte Suprema deberá resolver la cuestión de fondo, tras aceptar el per saltum solicitado por los magistrados.
"Opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia apelada", sostuvo el Procurador interino, en relación al fallo de primera instancia que había dejado sin efecto esos traslados.
Casal cuestionó los argumentos del presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, para pedirle a la Corte que confirme la decisión de primera instancia apelada por los jueces. Dijo que el Consejo revisó los traslados de Bruglia Bertuzzi y Castelli en base en un nuevo reglamento establecido en octubre de 2019, cuando los traslados habían sido efectuados en 2017 y 2018. Así, opinó que ese cambio de postura no podía tener efectos retroactivos: “El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”, sostuvo.
Con este dictamen y la presentación realizada por el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema está en condiciones de emitir su fallo. Sin embargo, un indicio de que podría tomarse su tiempo para resolver la situación es que fijó el 18 de octubre como fecha límite de las licencias concedidas a estos jueces, un indicativo de que lo más urgente –la aceptación del per saltum– ya fue resuelto. De esa manera, se descomprimió una situación de tensión que se visibilizó en la vigilia frente al Palacio de Tribunales, la movilización a la casa del juez Ricardo Lorenzetti, la catarata de declaraciones de dirigentes políticos y posteos en redes sociales y, sobre todo, aquella presión que definió la abogada Graciana Peñafort: “Las que no vimos, ni nos enteramos”.
¿Hay un pronóstico sobre lo que hará la Corte? Como pocas veces antes, el hermetismo es la norma.
La comunicación institucional del tribunal se limita a la página del Centro de Información Judicial (CIJ) y el sitio web de la Corte. Por fuera de ello, el manejo de la información es sectario, selectivo, sujeto a la maniquea concepción binaria de “amigo o enemigo” y, sobre todo, acotada a un puñado de periodistas integrantes (o aspirantes a integrar) el círculo rojo.
La Corte siempre busca fallos unánimes en cuestiones institucionales de relevancia. No siempre lo consigue; esta vez también parece difícil. ¿La decisión del martes pasado es un anticipo de lo que se viene? “Es un error sacar ese tipo de conclusiones”. ¿Hay una mayoría automática? “No, las mayorías son dinámicas; las minorías, no tanto”.
El fallo de la Corte del martes pasado, al receptar el salto de instancia, generó dos situaciones: por un lado, frustró la posibilidad de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo (donde ya había un juez que se pronunció en un sentido y otro, en el contrario) enriqueciera el debate con sus propios argumentos. La jueza que iba a desempatar, Clara Do Pico, empezaba a ver la portada del expediente cuando virtualmente se lo arrancaron de las manos. Si la Corte no tenía premuras extremas, bien podía haber esperado un pronunciamiento de ese tribunal y luego resolver en última instancia. Lo que hizo solo le permitió ganar algunos días de tiempo. No parece una decisión judicial; más bien, un gesto, un mensaje cifrado.
Por el otro, repuso provisoriamente a Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal porteña, y a Castelli en el Tribunal Oral Federal 7, que tiene a su cargo la Causa Cuadernos. Pero esa reinstalación es solo formal, porque al día siguiente emitió la resolución 2023, mediante la que concedió sendas licencias extraordinarias por 30 días, a contar desde el 18 de septiembre. El “efecto suspensivo” de la concesión del per saltum causó que, hoy, Bruglia y Bertuzzi sean jueces de la Cámara Federal, y Castelli del TOF 7, pero ninguno de los tres puede tomar ninguna decisión en las causas que allí tramitan. Están, pero no. Otra señal. Prolonga la incertidumbre y se arroga la facultad de impedir festejos anticipados.
El Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte que rechace los planteos de los tres jueces. Esencialmente con dos argumentos: “De los diez magistrados cuyos traslados fueron individualizados y respecto de los cuales el Poder Ejecutivo remitió los pliegos al Senado, siete se presentaron ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación y tres de ellos –Bruglia, Bertuzzi y Castelli– decidieron no concurrir a la audiencia pública a la que fueran oportunamente convocados. En razón de ello, y atento a la mencionada incomparecencia, el Senado de la Nación procedió a rechazar los pliegos de esos tres jueces”. La segunda: “La inexistencia de un desarrollo argumental por parte de la actora (los tres jueces) que permitiera advertir de qué manera la resolución cuestionada impactaría arbitraria o ilegalmente en sus derechos constitucionales”.
Cuando el presidente del Consejo, el juez Alberto Lugones, fue consultado sobre la postura de la Corte, que reconoció la existencia de “gravedad institucional” (porque en caso contrario, no habría habilitado la instancia extraordinaria), respondió: “Si la Corte cree que la hay, es su postura. Yo creo que acá no hay gravedad institucional, ni nada que afecte al funcionamiento del Poder Judicial”.
En esta instancia faltaba un paso procesal: el dictamen el procurador general interino, Eduardo Casal. El viernes, la Corte le “corrió traslado” por 48 horas para que exprese su postura (que no es vinculante) previo a adoptar un criterio definitivo. Y Casal se tomó mucho menos tiempo para pronunciarse. El sábado a las 21 ese dictamen ya estaba en manos del máximo tribunal.
En cualquier caso, la Corte estará el martes en condiciones de emitir un fallo. No hay convocado acuerdo extraordinario alguno y en pandemia el tribunal se está reuniendo, generalmente por vía remota, los jueves. De hecho, dos días después del per saltum, los jueces emitieron 188 fallos, ninguno tuvo alto impacto mediático.
En la Rosada saben que hay tensión con la Corte, pero esperan un fallo "a derecho"
Género, Derechos Humanos, descentralización de juzgados y crítica a la connivencia con los servicios de inteligencia son las claves de la disputa que comenzó a dar el gobierno contra elementos cristalizados de un Poder Judicial cada vez más cerrado sobre sí mismo. La voz cantante para debatir con la oposición, pero también con los miembros de la Corte es la del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Alberto Fernández no será parte de la primera línea de disputa, ya que su agenda es la pospandemia.
Cayó muy mal en Casa Rosada la aceptación del per saltum pedido por los tres jueces federales (Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Germán Castelli). Las dos veces que la Corte Suprema usó ese recurso extraordinario fue para sostener derechos adquiridos por parte del Poder Judicial. La primera, en 2013, cuando rechazó la reforma judicial propuesta por CFK y votada por ambas cámaras del Poder Legislativo. La segunda vez fue esta semana, cuando aceptó tratar el traslado a sus lugares de origen de los tres jueces nombrados por el macrismo que no tuvieron acuerdo del Senado, ni antes ni ahora.
En Rosada saben que hay contactos entre el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y figuras del macrismo, mientras destacan que no hay ningún vínculo o puente construido entre el gobierno y los miembros del tribunal supremo. Saben que no les cayó bien el proyecto de ley de reforma enviado al Congreso y las críticas que recortan la discrecionalidad en los tiempos longevos de la Corte para fallar. Tampoco cayeron bien las alusiones que hizo Alberto en varias oportunidades sobre la lejanía del servicio de justicia y la cotidianeidad de los ciudadanos. A eso se sumó la crítica a la falta de capacitación en género que dispone la Ley Micaela.
El presidente sabe que los gobernadores apoyan y necesitan la Reforma Judicial que ya tiene media sanción del Senado, ya que implicará la creación de 73 juzgados nuevos en todas las provincias. Otra de las medidas que también suma apoyo federal es la reforma de la coparticipación que recuperará parte del dinero cedido por Mauricio Macri a la ciudad que gobierna su partido político, votada este viernes en el Senado. Sobre el proyecto del gobierno, Cafiero dijo: "Lo que hicimos fue actuar conforme a lo que dicta la Constitución, respetando la independencia de poderes, respetando la institucionalidad, el Consejo de la Magistratura, el Senado. En ese sentido seguimos de cerca todo lo que sucede en la Justicia. Por eso también hemos presentado una reforma que queremos que se discuta, se debata y se perfeccione, si hay que perfeccionarla, con otras opiniones en la Cámara de Diputados y en el Senado, que es donde se tiene que hacer".
Cafiero también se encargó de criticar a la Corte. "El gobierno actuó conforme a la Constitución, el Senado actuó conforme a la Constitución, el Consejo de la Magistratura lo mismo. Los argentinos estamos viendo si la Corte va a actuar de acuerdo a la Constitución", dijo el jefe de Gabinete, sobre los jueces que se atrincheraron a sus cargos.
Cafiero es la voz del presidente y evita que su jefe se desgaste en disputas palaciegas. "En este tipo de cuestiones se juega el prestigio de la Justicia y de la Corte. Si actúa y resuelve conforme a derecho o actúa y resuelve conforme al clima político. Eso es lo que está en juego", agregó el funcionario. También se refirió a la causa de las fotocopias de los cuadernos. "Eso aparentemente no es gravedad institucional. Que un fiscal haya estado en rebeldía tanto tiempo con una causa que todavía el día de hoy tiene mucho claroscuro", sostuvo.
En tanto, Alberto F. habla con empresarios, participará del coloquio de IDEA, mantiene reuniones con el gabinete económico y tendrá una exposición ante inversores extranjeros. Esta semana que pasó fue la primera en que estuvo en Casa Rosada de lunes a viernes, luego de haber transcurrido un mes de trabajo en Olivos.
A pesar de que los números de pobreza fueron demoledores, en la Rosada se entusiasman con algunos índices que comienzan a mostrar lo que creen que será una recuperación económica pronosticada para el año que viene. La recaudación y la puesta en marcha de la industria, bajo protocolos, junto con la activación de la construcción son las bases sobre las que se pretende construir una nueva economía pospandemia, mientras que el Poder Judicial mira su ombligo.
El último balance de Vicentin no convenció a nadie y crecen las sospechas de maniobras
Esta semana se conoció finalmente el balance 2019 de Vicentin, que reflejó la situación previa a su declaración de default, el más importante en la historia del agro agentino. A pesar de las expectativas, su presentación sembró más dudas que certezas como consecuencia de serias inconsistencias que agigantan sospechas sobre maniobras irregulares: desde el hecho que el propio auditor contable se abstuvo de convalidar las cifras hasta lo inverosímil que resulta una reducción patrimonial de U$S 900 millones en tres meses. Por estas horas, la hipótesis más fuerte entre quienes vienen siguiendo el caso es que la agroexportadora ajustó en el último ejercicio lo que debería haber ajustado en los anteriores, una alternativa que pone en el ojo de la tormenta a KPMG, la consultora internacional que auditó los balances previos.
Los estados contables en cuestión corresponden al 31 de octubre de 2019. Tres meses antes, Vicentin presentó su informe trimestral ante los bancos extranjeros, donde mostraba una solidez similar a la del ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2018. Entre esta última foto y la de julio de 2019, los negocios de la empresa parecían funcionar como siempre, pero en los 90 días siguientes se derrumbaron como un castillo de naipes.
Según el balance 2019, la compañía tuvo una pérdida neta durante el último ejercicio por $ 52.536 millones, con un patrimonio negativo de $ 17.502 millones. El directorio repitió los argumentos que viene dando desde el 4 de diciembre pasado, cuando anunció su "estrés financiero": la sequía de 2018, el deterioro de las condiciones financieras del país, la eliminación del diferencial de exportaciones y la devaluación pos Paso.
¿Casi U$S 1000 millones de pérdida solo se explican por las razones esgrimidas por el directorio? ¿El colapso responde exclusivamente a factores externos a la firma o el armado de una red de empresas en el extranjero en los años previos indica la existencia de una estrategia de vaciamiento premeditado? ¿Cómo es posible que Vicentin haya tenido esos números y la competencia no? Estas preguntas se repitieron durante toda la semana entre los damnificados por el default.
Del cielo al infierno
"En ningún momento hubo una luz amarilla. Fue directamente de verde a rojo", comentó un referente de la banca extranjera. Entre el 31 de julio y el 31 de octubre de 2019 la agroexportadora dijo pasar de un patrimonio neto de U$S 615 millones de dólares a otro negativo de U$S 292 millones: en cada uno de esos 90 días la compañía perdió U$S 10 millones de dólares.
El del patrimonio neto no es el único ítem que llama la atención. La relación entre los rubros Bienes de Cambio y Cuentas por Cobrar también sigue siendo muy objetada, por cuanto ambas tienen un comportamiento negativo entre julio y octubre. Vicentin dice haber reducido sus existencias de U$S 714 millones a U$S 121 millones sus existencias en tres meses. Lo lógico sería que esos valores que ya no están se vean reflejados en las cuentas de créditos por ventas, pero no: pasaron de U$S 252 millones a U$S 249 millones.
"¿Dónde están esos millones?", se pregunta el abogado penalista Gustavo Feldman, que representa a Cuatro Hojas SA, una firma cordobesa a la que Vicentin le dejó debiendo $ 125 millones por compra de granos. Su estudio inició varias demandas, una de ellas en el fuero penal rosarino, donde la Unidad de Delitos Económicos y Complejos del Ministerio Público de la Acusación ya inició una investigación por posible estafa.
Ni siquiera el propio auditor contable se atrevió a dar fe de las cifras. El contador Mario Aníbal Sandrigo, socio del estudio W. H. Correa & Asociados (con asiento en Reconquista), firmó así: "No estamos en condiciones de expresar una opinión de auditoría sobre los estados de resultado, de evolución de patrimonio neto y de flujos de efectivo de Vicentin SAIC".
En el ojo de la tormenta
La versión que cobró más fuerza esta semana fue que Vicentin hizo en este balance lo que debería haber hecho en sus estados contables anteriores: reflejar su real estado de situación. "No hay ninguna duda que mintieron antes", asegura una fuente con estrecha vinculación con la agroexportadora. Esa hipótesis ya había sido recogida meses atrás por un grupo de acreedores comerciales, quienes presentaron una demanda en la justicia rosarina contra KPMG, la consultora internacional que auditó los balances previos de Vicentin.
La acusación contra KPMG era una fija tras la exposición de las siderales diferencias, que ahora se hicieron más visibles pero que ya estaban en el expediente del concurso preventivo. En un escrito presentado ante el juez de la convocatoria, la compañía informó oficialmente que sus servicios finalizaron el pasado 6 de abril, cuando Vicentin no le pudo suministrar información "que requeríamos para poder continuar".
Algunos allegados a la causa se aventuran a pensar en Vicentin como un nuevo caso Enron, la firma estadounidense que se vio sumida en un escándalo a principios del siglo, tras comprobarse una serie de fraudes contables. Su crisis no solo la llevó a la quiebra sino que también arrastró a Arthur Andersen, que era una de las cinco grandes de la auditoria mundial y terminó disolviéndose cuando una corte la encontró culpable. El hecho motorizó cambios profundos en las prácticas contables, del mismo modo que el default de la agroexportadora había hecho pensar meses atrás en posibles modificaciones en el mercado de granos, una posibilidad hoy descartada.
Fuente:TiempoArgentino
03.10.2020 / Economía
Medidas: cuántos millones de dólares espera el Gobierno que ingresen por la liquidación del campo en granos
Tras el anuncio de un paquete de políticas económica para "fortalecer las reservas" por parte del Gobierno, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, destacó que éstas "aplican derechos de exportación de una manera diferenciada a los pequeños y a los medianos productores, respecto a las grandes empresas". Mirá el monto de divisas que se espera que se sume a las arcas públicas.
Tras el anuncio de un nutrido paquete de medidas económicas con foco en el fortalecimiento de las reservas que realizó el Gobierno nacional ayer, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, reveló en una entrevista cuántos millones de dólares ingresarían por la liquidación del campo en granos por el empuje de esas nuevas políticas.
El funcionario destacó que las medidas económicas anunciadas ayer por Martín Guzmán, el titular de la cartera de Economía, "aplican derechos de exportación de una manera diferenciada a los pequeños y a los medianos productores, respecto a las grandes empresas".
En ese punto, Basterra aseguró que en el Gobierno nacional esperan que el sector agroexportador liquide hasta USD 4.000 millones de la cosecha de granos guardada en silo y silobolsas.
“Va a haber un grupo que se va a sentir estimulado por ingresar grano en el mercado", aseguró el ministro, y estimó que “en los próximos 15 días vamos a tener una primera aproximación, el ideal serían USD 3.000 millones o USD 4.000 millones”.
En declaraciones a Radio Nacional y Radio Con Vos, Basterra explicó que "se ha tenido una situación fiscal muy compleja a partir del profundo endeudamiento que recibió el Presidente (Alberto Fernández) al asumir" y, en ese contexto, resaltó el anuncio de "una medida que tiene un alto costo fiscal, pero que honra el compromiso asumido por esta gestión".
En el mismo sentido, precisó que los anuncios de establecen "una compensación a aquellos pequeños y medianos productores que han cultivado soja" y subrayó que buscan "equiparar la competitividad de los sistemas" y establecer "la equidad territorial y social".
"Compensa con un mayor monto a los que están fuera de la zona núcleo y, a la vez, compensa con un mayor monto a aquellos productores de menores superficies", puntualizó.
En ese marco, aseguró que “exportar los granos que están en silobolsas o silos es bueno” y agregó: “Queremos mostrar que estamos promoviendo medidas proactivas para que se cambie de posición en granos físicos (soja) a instrumentos que cubren la actitud del empresario de mantenerse en un bien valuado en dólares”.
"Es una decisión de una política diferenciada en un sistema donde coexisten grandes productores, pequeños y medianos y uno tiene que equilibrar la acción del Estado con el objetivo de tener un campo con productores", indicó el ministro.
En ese marco, reveló que se trabaja con la Federación Agraria para poder darle una competitividad a los productores más chicos y dijo que unos 41.293 productores van a recibir una compensación que equivale a un porcentaje de lo que son las retenciones. “Las retenciones en vez de ser del 33% van a ser entre el 26% o 23%. Es un esfuerzo fiscal muy grande”, remarcó.
Fuente:PoliticaArgentina
El Gobierno envió aviones y brigadistas a las provincias con incendios
Hay once provincias con focos activos. Algunos de los más graves se encuentran en la provincia de Córdoba. San Luis también está complicada.
El Gobierno nacional asiste con aviones y el despliegue de brigadistas en diferentes provincias del país, a fin de contener los incendios desatados en los últimos días, en el marco de las acciones comprendidas dentro del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).
Según el último reporte oficial del SNMF, once provincias del centro y norte del país registran "focos activos" y son trece las que continuaban afectadas por los incendios forestales.
Según detalló el organismo, las provincias donde se mantienen focos activos son Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca, Corrientes, Misiones y Chaco.
Entre las acciones del Gobierno nacional se destaca el envío a Córdoba de siete aviones -cinco en el mes de agosto y otros dos en septiembre- y el despliegue de 70 brigadistas nacionales que llegaron a la provincia para ponerse a disposición del Gobierno de de Juan Schiaretti.
Según precisa un informe oficial, a la provincia de San Luis se envió un avión hidrante y 80 brigadistas que se movilizan desde distintos puntos del país, en tanto que a Tucumán fue enviado otro avión hidrante y una brigada de la Policía Federal Argentina (PFA), a Jujuy otras dos aeronaves del SNMF y a Corrientes, una.
En tanto, a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos llegaron dos aviones hidrantes y un avión vigía del SNMF, un helicóptero, 14 brigadistas forestales de la PFA y 22 brigadistas nacionales.
Según se informó oficialmente, las autoridades del Consejo Federal de Medio Ambiente "trabajan con las provincias para que puedan fortalecer sus estructuras de manejo del fuego" y se destacó que la presencia nacional se mantendrá "hasta que haga falta" ya que "ese es el compromiso asumido".
Desde el ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que encabeza Juan Cabandié ejemplificaron que en la zona del Delta se está trabajando hace seis meses.
"Insistimos en la necesidad de tipificar el desmonte como un delito penal y prohibir que las tierras quemadas puedan ser utilizadas en 60 años", viene sosteniendo Cabandié en sus últimas declaraciones públicas.
Asimismo desde su cartera consideran "urgente la adecuada implementación de la ley de Manejo de Fuego, asignándole un presupuesto acorde a las funciones asignadas al Sistema Federal de Manejo de Fuego".
"El 95 % de los fuegos son intencionales. Las condiciones de sequía prolongada no colaboran, es un problema agregado. Es un llamado a reflexionar sobre qué estamos haciendo con el planeta y que necesitamos generar cambios domésticos, productivos", concluyen las fuentes citadas por la agencia Télam.
Este viernes, el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, junto a los jefes de los bloques provinciales, presentó un proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios provocados o intencionales, para evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras.
La iniciativa diseñada por Kirchner fue firmada por los titulares de los interbloques Federal, Eduardo Bucca; y de Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramon; y los presidentes de los bloques de Consenso Federal,Graciela Camaño; del Frente de la Concordia Misionero, Ricardo Wellbach; y de Juntos Somos Rio Negro, Luis Di Giacomo
Fuente:Infonews
03/10/2020 ENCUENTRO VIRTUAL
"Qué era más importante: ¿preservar trabajo o comprar 200 dólares por mes?", se preguntó Fernández
El Presidente pidió poner ambas cosas "en la balanza" y destacó que es "impresionante" lo que hizo el gobierno nacional "para que la Argentina no esté sumida en el peor de los mundos”.
Alberto Fernández:
"Muchos de los argentinos hoy no pueden comprar dólares porque se
beneficiaron con los recursos del Estado".
El presidente Alberto Fernández afirmó que le gustaría que los argentinos
puedan "poner en la balanza qué era más importante: si preservar sus
puestos de trabajo o poder comprar 200 dólares por mes" y destacó que es
"impresionante" lo que hizo el gobierno nacional "para que la
Argentina no esté sumida en el peor de los mundos".
Así lo afirmó el jefe de Estado al participar este viernes de un encuentro
virtual organizado por el Consejo de Asesores de la Presidencia, bajo el
título "Para pensar el Frente de Todos", que fue
coordinado por los dirigentes Ricardo Forster, Eduardo Valdés y Alejandro
Mosquera, y del que participaron referentes de todos los partidos y movimientos
que integran el espacio, y que se convocó a participar en forma virtual
del acto del próximo 17 de Octubre en conmemoración del Día de la Lealtad.
"Muchos de los argentinos hoy no pueden comprar dólares porque se
beneficiaron con los recursos del Estado, pero me encantaría que puedan poner
en la balanza que era más importante: si preservar sus puestos de trabajo o
poder comprar 200 dólares por mes", remarcó el mandatario.
"Porque lo verdaderamente importante era preservar la fuente de trabajo
para que el día que la pandemia pase todos pudieran salir a seguir su vida de
trabajo como siempre fue", agregó Fernández en el encuentro.
"Lo verdaderamente importante era
preservar la fuente de trabajo para que el día que la pandemia pase todos
pudieran salir a seguir su vida de trabajo como siempre fue"
ALBERTO FERNÁNDEZ
El Presidente se refirió de esta manera a la decisión del Banco Central (BCRA)
comunicada esta semana que indica que las personas que hayan accedido al cobro
de parte de su salario a través del programa de Asistencia al Trabajo y la
Producción (ATP) no podrán acceder a la compra de dólar ahorro.
La medida forma parte de las restricciones adoptadas a mediados de septiembre
por el BCRA para limitar la venta de dólares a particulares que, entre otras,
incluye a todo aquel beneficiario de programas de asistencia estatal.
El encuentro virtual contó también con la participación del presidente
del Partido Justicialista, José Luis Gioja quien lo invitó a sumarse
al acto virtual que se realizará el próximo 17 de Octubre por el Día de la
Lealtad.
Participaron dirigentes de todos los partidos y movimientos que integran el
Frente de Todos, como Fernando 'Pino' Solanas de Proyecto Sur -que se sumó
desde Paris, donde se desempeña como embajador ante la Unesco-; Gabriel
Mariotto, de Compromiso Federal; Carlos Castagnetto, de Kolina; Tania Caputo,
del partido Comunista; Gustavo López, de Forja: Adriana Diaz, del Partido
Intransigente; y Juan Carlos Junio, del Partido Solidario, entre otros.
Además estuvieron Carlos Raimundi, de SI; Pedro Peretti y Mempo Giardinelli, de
Manifiesto Argentino; Daniel Galdeano, del Partido Intransigente; Jorge Rivas,
y Oscar González, socialistas; Osvaldo Caffaro, intendente Zárate; Jorge
Selser, de Proyecto Sur; y Pablo Pereyra, del Partido Comunista Congreso
Extraordinario (PCCE).
Del encuentro participaron dirigentes de todos los partidos y movimientos que integran el Frente de Todos.
"Cuando se pongan a reflexionar sobre las cosas que aun faltan hacer,
miren para atrás y tomen en cuenta todo lo que el Gobierno hizo porque es
impresionante lo que hemos hecho para que la Argentina no esté sumida en el
peor de los mundos", les dijo el Presidente en su mensaje a los
asistentes.
En otro tramo, destacó la importancia de la "unidad" dentro
del Frente de Todos y llamó a valorarla "como un dogma" para
poder "reconstruir la Argentina" bajo la defensa de los valores
populares.
"Lo central es que la unidad sea para nosotros un dogma, que sea algo que
no se deba discutir. Después podemos tener matices, podemos tener diferencias,
bienvenidas sean. Si hay algo de lo que reniego es del discurso único, del no
debate y si hay algo que me hace padecer la pandemia es no poder hablar
personalmente con la militancia", reconoció Fernández.
El Presidente agregó que es necesario "que todos entendamos el desafío que
tenemos por delante. Y lo más importante es que entendamos es que para
enfrentar ese desafío todos hacemos falta".
"Si nosotros sabemos cuáles son
los intereses que representamos, entonces seguramente nadie nos va a
dividir"
ALBERTO FERNÁNDEZ
"Si nosotros sabemos cuáles son los intereses que representamos, entonces
seguramente nadie nos va a dividir porque el problema que tuvimos es que en
algún momento por egoísmos, por disputas, nos separamos, tomamos distancias el
uno del otro, y ese día le abrimos las puertas a que el conservadurismo vuelva
y se instale en la Argentina durante cuatro años", agregó.
El mandatario le dijo también a la militancia que el encuentro fue "muy
gratificante, que estemos todos de nuevo unidos, debatiendo, charlando,
intercambiando ideas, posiciones".
"Les digo que por delante tenemos todavía un desafío más grande, que es
reconstruir a la Argentina y lo vamos a hacer, lo hemos hecho cada vez que
llegamos al gobierno y que no los confunda nadie", exhortó.
También resaltó que el Gobierno ha hecho "algo increíble en todo este
tiempo" porque "el escenario que nos dejaron y la pandemia que nos
agarró a los tres meses de haber llegado pudo haber hecho de la Argentina una
catástrofe y esa catástrofe no existió".
"Nosotros pudimos en tiempo récord, tomar las medidas necesarias para que
ningún argentino se quede sin atención médica y todos en cualquier lugar hoy
tienen una cama y un médico que los atienda, enfermeros y enfermeras,
kinesiólogos y médicos y médicas", subrayó.
Al mismo tiempo se mostró "muy entusiasmado por el tiempo que
viene" y recordó que cuando llegamos con Néstor (Kirchner)
Gobierno, lo que nos hizo tener que enfrentar un momento difícil y ahora es la
acción del hombre y la acción de un virus, siempre nos ponen en escenarios
difíciles".
"Pero de esos escenarios difíciles siempre hemos salido de pie, hemos
puesto en marcha a la Argentina, lo hicimos muchas veces y lo hemos hecho una
vez mas", puntualizó.
03/10/2020 CONGRESO
Cafiero expondrá su tercer informe de gestión con el foco puesto en la economía
Un total de 760 preguntas de los senadores de los diferentes bloques fueron enviadas al jefe de Gabinete con antelación. La convocatoria está fijada para este miércoles a las 14.
Por María Clelia Sívori
En el último
informe ante el Senado, el 17 de junio, el jefe de Gabinete respondió 591
preguntas.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, brindará el miércoles su tercer informe
de gestión ante el Congreso, el segundo ante el Senado, durante una sesión
especial en la que hará un repaso de las medidas adoptadas para atenuar el
impacto de la pandemia de coronavirus y pondrá énfasis en la confianza del
Gobierno en mejorar los indicadores económicos en el último trimestre del año.
Cafiero ampliará el informe escrito que presentó ante los senadores en
respuesta a las 760 preguntas que le enviaron y volverá a responder inquietudes
desde el recinto de la Cámara alta, que esta vez podrá contar con ocho
senadores presentes en el salón en lugar de cuatro como en su anterior
exposición de junio en medio del aislamiento por el coronavirus.
En un escenario que se espera de mayor tensión con la oposición en comparación
con su primera visita al Senado, el funcionario se explayará sobre la situación
económica, con la meta puesta en remarcar que la reactivación comenzará en el
último trimestre del año tras dos trimestres negativos en materia
económica.
"Va a ser un discurso con el eje puesto en que en el tercer y cuarto
trimestre la situación se empieza a revertir, porque se va a empezar a notar en
los indicadores el impacto de las medidas tomadas", afirmaron a Télam
fuentes del oficialismo, que agregaron que el tema de haber cerrado la
negociación por la deuda externa también será mencionado como uno de los logros
del Gobierno en los últimos meses.
Un total de 760 preguntas de los senadores de los diferentes bloques fueron
enviadas al jefe de Gabinete con antelación, informó la subsecretaría de
Asuntos Parlamentarios.
De las 760 preguntas, la mayor cantidad fueron para las áreas de Economía
(104), Salud (84) y Desarrollo Productivo (51), Obras Públicas (47) y Ambiente
y Desarrollo Sostenible (46).
Los bloques legislativos que mayores consultas realizaron fueron la
Unión Cívica Radical con 294, seguido por el Frente PRO con 197 y el Frente de
Todos con 171. A su vez, se destaca el monobloque Movimiento Neuquino, que
realizó 80 preguntas para el Jefe de Gabinete.
En cuanto a las senadoras y los senadores que mayor número de requerimientos
hicieron, se destaca Pamela Verasay (UCR-Mendoza) con 90 consultas, Guadalupe
Tagliaferri (Frente PRO-CABA) también con 90, y Lucila Crexell (Movimiento
Popular Neuquino), con 80.
La convocatoria fue fijada para el miércoles a las 14 a través del decreto
firmado el miércoles pasado por la vicepresidenta de la Nación y presidenta del
Senado, Cristina Fernández de Kirchner.
Cafiero estará acompañado por el mismo equipo que lo secundó en su anterior
exposición: la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca; el secretario de Hacienda,
Raúl Rigo; la secretaria de Salud, Carla Vizzotti; el secretario de Relaciones
Parlamentarias, Fernando "Chino" Navarro, y la subsecretaria de
Asuntos Parlamentarios Cecilia Gómez Miranda.
Este informe será el tercero ante el Congreso (brindó dos ante el Senado y uno
ante la Cámara de Diputados) desde el inicio de las sesiones legislativas del 1
de marzo y del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado el
20 de ese mes.
En el último informe ante el Senado, el 17 de junio, Cafiero respondió 591
preguntas sobre las medidas adoptadas durante la pandemia y la economía.
En esa ocasión, sólo estaban en el recinto la vicepresidenta Fernández, la
presidenta provisional, Claudia Abdala de Zamora; el vicepresidente, Martín
Lousteau (Cambiemos), el vicepresidente primero, Maurice Closs (Frente de
Todos); y la vicepresidenta segunda, Laura Rodríguez Machado (Cambiemos).
Para esta jornada se sumarán, al menos, los oficialistas Jorge Taiana y
Anabel Fernández Sagasti.
Durante el primer informe ante los representantes de las provincias, el jefe de
Gabinete adjudicó a la pandemia de coronavirus la crisis económica argentina
"y no la cuarentena".
También dedicó buena parte de su alocución a cuestionar la herencia recibida de
parte del gobierno de Mauricio Macri.
Fuente:Telam
Alberto Fernández se recuesta en el PJ y sella el frente político
El Presidente asumirá la titularidad del partido y será el único orador de un acto que espera juntar virtualmente a millones de argentinos. Una muestra de fuerza para avanzar con la agenda propia.
La reunión telemática del Consejo Nacional Justicialista celebrada
en la noche del viernes fue la más concurrida en mucho tiempo, según recuerdan
algunos habitués. Es posible que la virtualidad, que exime del engorro de los
viajes, ayudara a engrosar la asistencia, pero eso no le resta volumen político
a una convocatoria en la que estuvieron representadas todas las provincias,
incluso aquellas, como Córdoba y Salta, que se mantuvieron al margen hasta el
diez de diciembre. Entre los presentes
estaban representadas todas las tribus; había funcionarios, diputados y
senadores, referentes de movimientos sociales y de las centrales obreras,
gobernadores e intendentes. El Presidente no participó, aunque
sí lo hizo, en su nombre, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. El
subsecretario de Asuntos Políticos, Miguel Cuberos, se conectó para coordinar
de los aspectos operativos del acto del 17. Ellos marcan la rúbrica de
Fernández, que deja hacer y aprueba.
“Tocamos pito y estaban todos”, explica un viejo armador del
peronismo que estuvo a cargo de la convocatoria. Hubo media docena de
gobernadores, entre quienes se destacó el debut en esa arena del bonaerense
Axel Kicillof (que hizo uno de los alegatos más encendidos, fiel a su estilo) y
también la presencia del sanjuanino Sergio Uñac, que no suele acudir a esa
clase de citas y además mantiene un feudo añoso con su coterráneo José Luis
Gioja, todavía presidente del partido. También resultó sorpresiva la delegación
puntana, con la participación de los dos hermanos Alberto y Adolfo
Rodríguez Saá, enfrentados por el control del peronismo en su provincia pero
encolumnados en apoyo al gobierno nacional. El santiagueño
Gerardo Zamora, de origen radical, no participa de esos cónclaves, pero envió
en su nombre al senador José Emilio Neder. Por Córdoba, se conectó el titular
del PJ y presidente de la Legislatura, Oscar González, hombre del riñón de Juan
Schiaretti.
El sindicalismo también cantó bingo, con todas las corrientes
aunadas para llevar al Presidente a dar su discurso del 17 de octubre al
histórico salón Felipe Vallese de la CGT. Además de los titulares de la CGT
oficial Héctor Daer y Carlos Acuña, participaron dirigentes de otros sectores,
como el metalmecánico Ricardo Pignanelli, el metalúrgico Antonio Caló y José
Luis Lingeri (Obras sanitarias). También fue de la partida el titular de la
CTA, Hugo Yasky, que desde el año pasado propone avanzar hacia la unificación
del movimiento obrero. Hugo Moyano, que no es muy
amigo de los métodos telemáticos, en conversaciones telefónicas comprometió el
apoyo de Camioneros. Andrés Rodríguez, de UPCN, que tampoco
estuvo el viernes, forma parte, sin embargo, de la mesa chica que organiza el
acto. Diferida la pelea por la renovación de autoridades cegetistas, todos los
espacios dejaron diferencias de lado para consolidar el apoyo al gobierno
nacional.
Para completar el cuadro cabe consignar la presencia de referentes
de organizaciones como La Cámpora (estuvo el ministro de Interior, Wado de
Pedro) y el Movimiento Evita (representado por el secretario de Asuntos
Parlamentarios, Fernando “Chino” Navarro). Aunque no fue de la partida el
Frente Renovador, que hoy tiene una estructura partidaria por afuera del PJ, en
las últimas semanas está ganando fuerza la hipótesis de invitar a sus
dirigentes, que en su mayoría tienen origen justicialista, a que vuelvan a
incorporarse al partido. Esa oferta incluiría un rol importante para
Sergio Massa en la lista unificada que se presentará el 16 de noviembre con
Fernández a la cabeza y que deberá reflejar la pluralidad
en el reparto de cargos. Por ahora no está previsto que aparezcan rivales; el
exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, que amenazó con presentarse, había
sido invitado a unirse a la sesión de Consejo del viernes pero no apareció.
El acto del 17 será el punto de partida. Está previsto que en el histórico
salón Vallese, con capacidad para 300 personas, haya solamente 25, por
prudencia. Allí habrá lugar para el Presidente, la cúpula cegetista, miembros
clave del gabinete y dirigentes de primera línea de la coalición. A pesar de su
relación turbulenta con los anfitriones, la vicepresidenta
Cristina Fernández de Kirchner fue invitada, y aunque aún no confirmó su
presencia, los preparativos cuentan con su visto bueno. Por
videoconferencia, estarán conectados los gobernadores e intendentes. El único
orador será Alberto Fernández y además de los medios tradicionales, el mensaje
será transmitido a través de una aplicación especial, donde los simpatizantes
podrán loguearse y hacer “check in” para formar parte de una movilización
virtual, acorde a los tiempos de pandemia. Se utilizará una app diseñada para
ese tipo de eventos que ya se probó en Estados Unidos y Europa.
En el gobierno esperan que el respaldo le dé un nuevo impulso a
diez meses de haber asumido y que tras gestionar un default (que ya se resolvió)
y una pandemia (que todavía no) todavía no termina de encontrar la fuerza para
disputarle la agenda a la oposición encarnada en los principales grupos de
medios. En ese sentido, el plan económico anunciado esta semana significó la
muerte muy prematura del Plan Aguantar que había anunciado unos pocos días
antes el presidente del Banco Central, Miguel Pesce. Aunque los resultados
nunca están garantizados, la batería de medidas para
promover las exportaciones y el mercado interno muestran nuevamente al gobierno
con la iniciativa. En el plano judicial, comienza
articularse una respuesta al desafío de la Corte Suprema: ayer, El Destape
reveló el pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de
Justicia, Carlos Rozenkrantz, impulsado por la bancada oficialista en la cámara
baja.
En medio de los incendios que devastan más de diez provincias
argentinas, el gobierno decidió también avanzar con una serie de leyes que
protegen el medio ambiente. Entre ellas, el viernes se presentó una que
impedirá la utilización de tierras incendiadas para emprendimientos
inmobiliarios o para siembra. Además, se buscará incorporar al código penal el
delito de deforestación y darle curso a la ley de humedales,
muchas veces postergada. En este contexto, puede ser una agenda que logre sumar
apoyos transversales, más allá de la grieta, aunque nadie debería subestimar la
inventiva de nuestra oposición anticientífica, bolsonarista y trumpeana.
Después de todo, los fuegos son intencionales y alguien debe asumir la defensa
de los intereses de quienes los encienden. Ni siquiera intentan disimular: el
presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, rechazó las regulaciones, aduciendo un
límite a la capacidad productiva de los grandes terratenientes. Qué país.
Fuente:ElDestape
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