COLOMBIA.

Caya Daza: «Camuflamos la plata 

para el fraude tras el partido de 

Uribe»

Por Vera Ardila. Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020.

Acaban de conocerse 1.500 nuevos audios que reafirman cómo Uribe realizó el fraude electoral que hizo Presidente a Duque en 2018, usando las armas y el dinero de narcotraficantes; escándalo que en otro país ya habría tumbado al Gobierno, quien sigue campante sostenido por Trump.

En marzo de este año se dieron a conocer múltiples audios en los que el fallecido narcotraficante José Guillermo Hernández, -El Ñeñe-, dejaba al descubierto la participación de los Carteles de la cocaína de la costa Caribe a favor de la campaña presidencial de Duque del 2018, para lo cual intimidaron comunidades y compraron votos, en una operación de fraude comandada por el ex Senador Uribe a través de su asesora legislativa favorita la Caya Daza.

Durante la campaña el Ñeñe decía a sus secuaces: “hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa para soltarla en los departamentos (…) Aquí en San Martín a todos les dejo de a 50.000 pesitos, pa’ que vayan y voten.” [1].

La campaña paralela

Caya Daza pertenecía a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Senador Álvaro Uribe en 2018, por lo que le correspondió dirigir la operación de fraude en coordinación con el Ñeñe, cumpliendo órdenes de su jefe Uribe como lo revelan los nuevos audios de interceptaciones telefónicas legales que les hicieron durante la campaña [2].

La Corte Suprema ordenó interceptar a Caya Daza dentro de la investigación contra Álvaro Uribe por presunto soborno en actuación penal y fraude procesal [3]. Los audios grabados por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía entre abril y mayo de 2018, dejan en evidencia la existencia de una campaña paralela en donde violaron todos los topes de financiamiento, donde utilizaron narcodineros.

Conversaciones entre Caya y Manuel Daza

– Juan Manuel Daza: ¿Plata? Los empresarios se están llevando las platas para otras campañas.

– Caya Daza: ¿Cómo te parece? Yo ya hablé con Nubia (Stella Martínez, Directora del Centro Democrático) para canalizar esa plata pal partido.

– Caya Daza: No hay plata. Y todo el mundo pidiendo publicidad, ¿y él ya sabe, Uribe, que no hay?

– Juan Manuel Daza: Ya sabe, yo le dije ‘estamos pasando pena’.

– Caya Daza: Ya por lo menos el Ñeñe Hernández mandó a hacer una cantidad, 20 millones de pesos en publicidad pa’ regalar en Valledupar. Que no hay.

Caya habla con Lucho el de Medellín

– Lucho: El Ñeñe me dijo que había recogido con los amigos de Medellín, que estaban en su casa, 1.000 barras. Mil recogió [4].

– Caya Daza: ¿Y qué va a hacer con eso? Eso es pa’l partido.

– Lucho: Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con él a ver por qué lado se entrega esa vaina pa’ ver si queda algo. Porque me dijo que se había levantado con los manes que estaban ahí, con Jairo Pinedo y los dos más, 1.000 barras.

“El pecado acobarda”

Para no responder ante la justicia la Caya Daza huyó del país y se esconde en Estados Unidos (EEUU), mientras la Fiscalía General y el Consejo Nacional Electoral ignoran este tremendo fraude electoral, porque se niegan a investigarlo, dado que estos entes son controlados por fichas de Uribe; por el contrario, al abogado que inició la investigación de los crímenes de Ñeñe ahora es perseguido por el Fiscal General.

Es inocultable que Duque llegó a la Presidencia gracias a sus patrocinadores los Carteles de la cocaína, fraude que lo convierte en un gobernante ilegítimo y administrador de una Narcorepública aliada estratégica de los EEUU, quienes guardan un silencio cómplice mientras hacen cortinas de humo, que distraen a la opinión sobre su fracasada Guerra contra las drogas.

Cambiar de raíz la corrupción mafiosa que ha infiltrado a todos los poderes del Estado, solamente está en manos de la presión social producida por la movilización y lucha de la gran mayoría de la población colombiana, por esta vía el Narcoestado actual podrá ser reemplazado por el Estado Social de Derecho que exige la Constitución.

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[1] Exclusivo: Ñeñe Hernández habla de votos comprados a 50.000 Pesos. Revista Semana, 1-07-2020.

[2] Las 1.500 conversaciones interceptadas a Cayita Daza evidencian su poder. Noticias Caracol, 1-11-2020.

[3] Audios filtrados de ‘Caya’ Daza son legales. Enfoque Vallenato, 3-11-2020.

[4] Se refiere a mil millones de Pesos.

Fuente: Rebelión

La DEA y la Fiscalía: un complot 

general

Por Benedicto González Montenegro. Resumen Latinoamericano, 14 de noviembre de 2020.

Una publicación reciente del diario El Espectador revela que el denominado “caso Santrich”, resulta siendo un asqueroso montaje del gobierno de los Estados Unidos a través de la DEA y la Fiscalía General de la Nación representada por Néstor Humberto Martínez Neira, para sabotear el acuerdo de paz de La Habana. La DEA y el fiscal general diseñaron un montaje judicial contra los negociadores del acuerdo de Paz, incluyendo personajes de importancia en el gobierno anterior, como es el caso del general Oscar Naranjo, quien fungía por esa época como vicepresidente de la República.

Martínez Neira le mintió al país y a la JEP al decir que no tenía pruebas en Colombia. Los 23 mil audios, sumando a otros miles que aún se ocultan, fueron interceptados por la propia fiscalía de Martínez y legalizados por jueces de garantías en Colombia. También mintió cuando dijo que esto era un asunto exclusivo de Santrich y que Iván Márquez podría estar tranquilo, cuando en realidad era uno de los objetivos, por eso su teléfono fue interceptado por orden del fiscal. Pero el objetivo principal del montaje era el general Naranjo y siguen en su orden Piedad Córdoba, Gustavo Petro, y otros nombres que saldrán a medida que se conozca el contenido de los audios de interceptaciones.

Aunque Martínez Neira en declaraciones del pasado 9 de noviembre lo niega rotundamente, se sabe que la fiscalía colombiana hizo una entrega controlada de droga con la DEA para crear una falsa prueba. Es decir, tenía pleno conocimiento del montaje y sus alcances: destruir el proceso de paz. El fiscal Martínez Neira más allá de una explicación al país, lo que debe es una comparecencia ante la justicia. No se puede violar la soberanía del país, transgredir la ley y sabotear un bien tan valioso como la paz y seguir posando de “gente de bien”.

Más allá de las evidencias judiciales que existen en el expediente, “hay muchas preguntas por resolver que empiezan por el mismo Marlon Marín”, como afirmó el ex-vicepresidente Óscar Naranjo. Estos 24 mil audios podrían resolver interrogantes como: ¿las alusiones a Naranjo fueron conversaciones distractoras? ¿A qué lógica corresponde incluir comentarios sobre un personaje de tan alta investidura? ¿Por qué, a pesar de que el norteamericano Schifano fue detenido en febrero de 2018, no se procedió de inmediato contra el resto de los cómplices?

Lo claro detrás del caso Santrich y lo sucedido con el exjefe guerrillero, que hoy es parte de las disidencias de las FARC, es que sí existió una operación encubierta de la DEA y la Fiscalía colombiana, y que los miles de audios que en su momento pidió y se le negaron a la JEP, habrían ayudado a descifrar la verdadera historia que hay detrás.

Convencidos de la necesidad de defender el acuerdo de paz surgido de La Habana, lideramos la campaña de “libertad a Santrich”, a consecuencia de lo cual hemos sido estigmatizados, señalados y perseguidos por propios y extraños. Creo que aún estamos a tiempo de enderezar el camino de la paz estable y duradera, que en nada se parece a la paz con legalidad del actual gobierno. Reivindicar el acuerdo de paz original pasa por defender las 16 CTEP, tierras y PDET, desmonte del paramilitarismo, reforma del sistema electoral, entre otros. También por cuenta de este complot, le deben una curul de Cámara al Acuerdo de Paz.

Fuente: Semanario Voz

 “Los policías dejaron quemar a 

nuestros hijos” en el CAI «San 

Mateo» de Soacha

Por Sergio Saavedra. Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020.

Desgarrador. Así es el testimonio de una madre que relata cómo el pasado 4 de septiembre de 2020, cinco días antes de que se desatara una protesta sostenida por cuenta de la brutalidad policial, que fue respondida por los uniformados con una masacre en Bogotá y en el municipio de Soacha, nueve jóvenes murieron a causa del fuego en el CAI de San Mateo ante la mirada indolente de más de 20 policías que, lejos de controlar las llamas, dejaron que se propagaran.

El concejal de Bogotá, Diego Cancino, reveló una denuncia que la Policía quería que pasara de agache. E incluso, según las versiones de los testigos y madres de las víctimas; un artefacto que habría sido impulsado por un uniformado de la policía intensificó el fuego lo que se configuraría como una escabrosa masacre a manos de la autoridad.

“Dejaron quemar a nuestros hijos”

“Yo exijo que se aclaren los hechos porque ese día, tengo entendido, escucharon a un sargento que dijo “ojalá que se quemaran esas gonorreas” (y me disculpan las palabras) “que esas hijueputas ratas se quemaran allí”.

“¿Él por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver con lo que pasó? ¡Que me expliquen! Porque mi hijo no era ninguna rata, no era ningún delincuente, él estaba allí por una simple cédula. Entonces, ¿por qué dejaron quemarlos?”

Estas palabras hacen parte del testimonio de una de las madres de las víctimas, con un consentimiento informado, del cual Pares tuvo acceso a través del concejal Cancino.

Sobre esta dramática situación, Pares habló con el concejal Cancino quien, entre otras cosas, señaló que la dificultad sobre esta investigación y denuncia ha sido, fundamentalmente, el miedo infringido por parte de uniformados de la Policía a testigos y familiares. Ese 4 de septiembre murió un joven al interior del CAI, según la investigación del concejal. Los otros ocho murieron los días siguientes por cuenta de la gravedad de las quemaduras.

Criminalidad policial

De hecho, parece existir una fuente que sugiere que tras la quema de una tela al interior del CAI por parte de uno de los jóvenes detenidos, los mismos uniformados de la Policía habrían incrementado el fuego de manera decidida. Además, de haber salido del CAI y haberlos dejado tras las rejas ante las llamas.

El joven habría prendido fuego en protesta por lo que habría sido una semana de torturas, de maltrato físico, sin comida. El miedo de las amenazas por parte de la Policía ha hecho que, más de dos meses después, se empiecen a conocer las pesquisas de un capítulo al que Cancino no llama “brutalidad policial, sino de criminalidad policial”.

Pares: ¿En materia investigativa qué ha dicho la Policía frente a la denuncia?

Diego Cancino (D.C): La Policía no aparece. La Policía no ha dicho nada. Yo he tratado de ver cómo ha ido el proceso y demás pero no se sabe por parte de la institución su posición.

¿Qué es lo que sí ha hecho la Policía? Amenazar de muerte a las madres de las víctimas de esos muchachos que estaban presos y que fueron quemados. Esas mujeres están muy atemorizadas de hablar, no han querido que sus caras salgan por cuenta de las amenazas de muerte que pesan sobre ellas. ¿Quiénes más las pueden amenazar de muerte si no son esos policías? Eso es lo que sí han hecho esos policías.

Pares: ¿Qué se sabe de los familiares de las personas que resultaron heridas, también están siendo amenazadas?

D.C: Sí. Acá parece existir una práctica que es recurrente, que también pasó en Verbenal (hechos ocurridos en la noche del 9 de septiembre de 2020) y es que a los testigos y a los familiares de las víctimas; empiezan a amenazarlos y, producto de estas intimidaciones, las personas terminan optando por esconderse.

De hecho, mucha gente me ha preguntado: “bueno, ¿Y esto, de este calibre, por qué sale hasta ahora? Mi respuesta tiene que ver con las mujeres, las madres, no querían denunciar por cuenta del miedo. Estamos ante una práctica que es paramilitar. Es decir, amenazar y decir: “o se va o lo matamos”.

Pares: ¿Ha podido hablar con las autoridades del municipio de Soacha?

D.C: Lo que sucedió con el alcalde Saldarriaga es que, a los días después de los sucesos en el CAI de San Mateo, lo que hizo fue homenajear a los policías.

«Ningún policía hizo nada»

Pese a las amenazas se cuenta con el testimonio de una de las madres de las víctimas que relata los hechos que antecedieron incluso al día en que en el CAI de San Mateo la Policía dejó morir a nueve (9) jóvenes:

Madre: “El día 4 de septiembre del 2020 en la estación en el CAI de San Mateo me presenté yo como madre de uno de los detenidos a la 1:20 de la tarde.

Allí estábamos todos los familiares de los detenidos y estaban los muchachos exigiendo la visita, porque el día 3 de septiembre a ellos les habían propinado unas golpizas, la cual los policías sabían dónde poder pegar para no evidenciar maltratos. Ellos nos gritaban ese día que nos les iban a dejar la visita, que no les dejarían entrar los artículos, ni la comida que nosotros los viernes les podíamos llevar. Ellos pedían y exigían su visita.

Era una visita de 10 minutos mientras recibían sus artículos y sus comidas. Resulta que la Policía (nos dijeron) que recibían la comida y lo que hacían era botarla, cuando nosotros nos íbamos de allí. En el transcurso de la semana les llevaban una sola comida que descompuesta, en mal estado, y ellos no se la podían comer. Tampoco podían exigir sus derechos, eran totalmente vulnerados.

El día 4 de septiembre empezó un fuego muy leve. Nosotros les decíamos, les suplicamos a los policías que nos ayudaran. Había cambio de turno. Había más de 20 policías allí y ninguno hizo nada por ayudarlos, ninguno hizo nada para que los muchachos no se nos quemaran. No se les dio, como dicen, la gana. La Policía lo que hizo fue cruzar sus manos y dejar que el fuego se propagara.

Nosotros como familiares comenzamos a romper vidrios, quitamos las rejas para poder entrar, hubo unos familiares que entraron con extintores y apagaron el fuego, pero ya era demasiado tarde porque los muchachos se quemaron.

Tenemos entendido que es un CAI que, como lugar de reacción inmediata sólo hay cupo para ocho (8) personas como máximo y había 20 muchachos ahí detenidos.

¿Qué le costaba a la Policía apagar el fuego? Si ellos estaban detrás de una reja que tenía candado y ellos eran los que los estaban custodiando. Si la Policía estaba bajo el cargo de ellos, ¿por qué permitieron que se quemaran y llegarán hasta la muerte?

«Es urgente una reforma a la Policía»

Pares también habló con Alejandro Rodríguez, investigador de Temblores ONG, quienes han estado liderando los procesos de denuncia frente a la brutalidad y criminalidad policial.

Pares: ¿Cuál es la posición de Temblores frente a la denuncia hecha por el concejal Cancino?

Alejandro Rodríguez (A.R): “Desde Temblores ONG manifestamos nuestro rechazo ante las denuncias realizadas por el concejal Diego Cancino, frente a lo que fue un posible hecho de omisión de auxilio por parte de la Policía. En palabras del concejal, hay una posible agencia en el incendio que ocurrió en la estación de San Mateo de Soacha por parte de los mismos agentes de la Policía.

Además de ser un hecho grave, es una clara violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Esperamos que las investigaciones se realicen lo más pronto posible para que se esclarezcan los hechos y que las víctimas puedan encontrar justicia.

Pares: ¿Se requiere una reforma sobre los CAI?

A.R: Hay una problemática frente a los Centros de Atención Inmediata (CAI), debido a que los procedimientos policiales que ocurren en estas estaciones usualmente no son públicas. Además, de no gozar de las condiciones de transparencia para garantizar hacer control y veeduría sobre los procedimientos que ocurren en dichas estaciones.

En este sentido, es necesario que haya una reforma estructural en donde este modelo de cuadrantes tenga un mayor tipo de veeduría por parte de la ciudadanía. Es importante que los uniformados de la Policía sean formados de manera estricta en materia de Derechos Humanos. Porque lo que se ve es que, prácticamente, muchos policías no tienen conocimiento sobre la necesidad de que el relacionamiento con la ciudadanía se haga desde los Derechos Humanos. Esto evitaría, entre otras cosas, que persistan estigmas de sectores de la ciudadanía que han sido, históricamente, más vulnerados.

Pares: ¿Qué decir sobre el silencio de la policía al respecto de la denuncia?

A.R: Es muy grave que no exista aún una aclaración por parte de la policía. Por ejemplo, hace dos meses cuando ocurrieron los hechos, uniformados de la estación de San Mateo hicieron una declaración en la que hablaron de once (11) personas heridas. Según la denuncia del concejal Cancino, las personas murieron días después por consecuencia de las quemaduras.

Resulta muy preocupante que la Policía, hasta este momento, no se haya pronunciado con respecto a que nueve (9) personas murieron a partir de hechos que ocurrieron en una estación de Policía. Sobre estos hechos, es evidente que los policías tienen una responsabilidad y se deben pronunciar porque los hechos implican a personas que estaban detenidas bajo el poder policial.

La indolencia criminal

Eduardo Galeano en el libro ‘Patas Arriba: la escuela del mundo al revés’ escribió las paradojas de las enseñanzas del miedo. Sectores de la sociedad colombiana se rasgaron las vestiduras porque en las protestas del mes de septiembre las cosas ardían en llamas. Ahora que hablamos de personas que fueron incineradas en una estación de Policía, ¿qué dirán?

Volvamos a Galeano: “En un mundo que prefiere la seguridad a la justicia, hay cada vez más gente que aplaude el sacrificio de la justicia en los altares de la seguridad. En las calles de las ciudades se celebran las ceremonias. Cada vez que un “delincuente” cae acribillado, la sociedad siente alivio ante la enfermedad que la acosa. La muerte de cada “malvivivente” surte efectos farmacéuticos sobre los “bienvivientes”. La palabra farmacia viene de pharmakos, que era el nombre que daban los griegos a las víctimas humanas de los sacrificios ofrendados a los dioses en tiempos de crisis.” ¿Estamos en una sociedad que ve a algunas personas como prescindibles frente a otras que no lo serían?

Adendum:

En resumen: Cinco días antes que 13 jóvenes murieran asesinados por la policía en las protestas derivadas por el asesinato del abogado Javier Ordóñez, fueron quemados los jóvenes. De los cuales murieron 9.

Habían protestado por las condiciones infrahumanas que padecían en la Estación de Policía del barrio San Mateo en Soacha.

Sucedió el 4 de septiembre y no se había hecho público porque las mamás de los muchachos, según denuncia del concejal del partido Verde Diego Cancino, están amenazadas de muerte, tienen miedo  y sólo una se atrevió a hablar.

Fuentes: PaCoCol // pares.com.co // las2orillas.co

Empresas pagan los sicarios que 

matan líderes sociales

Por Himelda Ascanio. Resumen Latinoamericano, 13 de noviembre de 2020.

El exterminio del liderazgo social que sufre Colombia proviene de la codicia de grandes empresas interesadas en extraer bienes naturales, en el agronegocio y en construir grandes proyectos de infraestructura; las que para imponerse y controlar al territorio usan a las Fuerzas Armadas y los narcoparamilitares para masacrar, despojar y desterrar a sus opositores, sean ellos líderes comunitarios, ambientalistas, defensores de Derechos Humanos, activistas políticos o ex combatientes firmantes del Acuerdo de Paz.

Ana María Rodríguez integrante de la Comisión Colombiana de Juristas afirma que “hay pautas y patrones que permiten identificar que hablamos de una violencia con premeditación, con actores específicos que varían de región en región pero que no son al azar” [1].

El Gobierno de Duque está empecinado en destrozar lo que queda del maltrecho Proceso de Paz; por un lado, lo ataca jurídica y administrativamente al desconocer lo Acordado; por otro lado, ha sido cómplice del asesinato sistemático de 238 ex combatientes, lo que deja interrogada la posibilidad de una Solución Política del Conflicto Armado.

En este contexto el 21 de octubre los ex combatientes de las FARC iniciaron la Peregrinación por la Paz y por la Vida, una marcha que comenzó en varias regiones del país y que llegó hasta Bogotá, para visibilizar el Genocidio y exigir garantías para ejercer la oposición política.

El asesinato de ambientalistas favorece a las multinacionales

El asesinato de los ambientalistas Juana Perea, opositora de la construcción del Puerto de Aguas Profundas en Tribugá, Chocó, y Alejandro Llinás Suárez opositor a la construcción de complejos hoteleros en el Parque Tayrona en Santa Marta; son muestra tangible de la relación directa entre el Genocidio y los intereses económicos de las multinacionales.

Según el informe de Global Witnees en 2019 asesinaron 64 defensores ambientalistas, convirtiendo a Colombia como el país más peligroso para ejercer la defensa ambiental [2]; además, las ONG´s Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), afirman que el modelo económico extractivista colombiano exacerbó los conflictos socioambientales, y que las más afectadas son las mujeres indígenas, campesinas y a las defensoras ambientales [3].

Los silenciados de esta semana

Audberto Riascos de 60 años, líder de la comunidad negra de Cabecitas y Rocío Alomía Mantilla de 31 años, integrante de la comunidad de Santa Cruz, Consejo Comunitario de El Playón, fueron asesinados el primero de noviembre en la vereda Guaico Alizal del corregimiento Santa Cruz – Alto Sigüí en López de Micay, Cauca.

La comunidad San Salvador Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica en Puerto Asís, Putumayo, denunció que el 2 de noviembre helicópteros antinarcóticos desembarcaron unidades regulares para procesos de erradicación con Glifosato, y agredieron la población con bombas aturdidoras y gases lacrimógenos, resultando herido en el rostro un menor de edad.

Jorge Solano Vega integrante de la organización de Derechos Humanos, Tierra y Vida, había realizado denuncias contra Emiro Quintero Cañizares, Gerente del Hospital Regional de Ocaña, por actos de corrupción y por el uso de ambulancias para transportar cocaína; fue asesinado el 3 de noviembre en el sector de Miraflores en Ocaña, Norte de Santander.

Gonzalo Hincapié era Presidente de la Junta de Acción Comunal de La Cristalina en El Peñón, Antioquia, fue asesinado el 3 de noviembre en su vivienda.

Óscar Sampayo integrante del Programa Socioambiental de la Corporación Podion y 14 líderes ambientales que vienen oponiéndose al Fracking en el Magdalena Medio, fueron amenazados de muerte el 4 de noviembre por el grupo paramilitar Águilas Negras.

Janier Córdoba de 38 años, era integrante del partido FARC y miembro de la Cooperativa de Firmantes del Acuerdo, fue asesinado junto a su compañera sentimental Katherine Álvarez de 30 años, el 4 de noviembre en el barrio Las Palmas en Buga, Valle del Cauca.

La comunidad del corregimiento Bijagual de Nechí, Antioquia, el 3 de noviembre denunció que sicarios perpetraron una masacre que dejó cinco víctimas fatales, Robinson Rafael Arrieta Vergara de 44 años, Orlando David Pérez de 31 años, Gregorio Bolívar Arévalo de 33 años, José Gabriel Castro Mestra y Yidis Paola Avilés Pérez de 21 años.

Hernando Ramos era un indígena ex combatiente al ETCR Carlos Perdomo ubicado en Los Monos en Caldono, Cauca, integraba la Cooperativa Multiactiva ECOMÚN La Esperanza del Pueblo, fue asesinado el 6 de noviembre a pocos metros del ETCR.

Josúe David Pascué Tenorio de 11 años, pertenecía a la comunidad indígena de Chinas en Paéz, Cauca, fue asesinado el 8 de noviembre por una bala perdida salida de un enfrentamiento entre la Fuerzas Armadas y la columna Dagoberto Ramos.

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[1] Defender y liderar’: ¿qué ocurre con los defensores en Colombia? Jurista Rural, 08-10-2020.

[2] Colombia, primer lugar en el mundo por líderes ambientales asesinados. El Tiempo, 06-07-2020.

[3] Proyectos extractivos representan un mayor riesgo de violencias contra las mujeres: ONG´s. Contagio Radio, 05-11-2020.

Envio:RL