17 de noviembre de 2020
Amsafe reúne hoy equipos jurídicos y mañana asamblea provincial
Educación dio de baja la titularización docente
Desde Santa Fe
La ministra de Educación Adriana Cantero anuló ayer tres resoluciones de hace un año que permitieron la titularización a través de concursos de unos 500 docentes en las últimas semanas de gestión, en algunos casos el 5 de diciembre de 2019, seis días antes de que terminara el gobierno de Miguel Lifschitz, por “irregularidades” en los trámites y convocó a un nuevo concurso para “transparentar el proceso” y “encuadrar los cargos en la normativa vigente”. “Cumplir con la ley es resguardar los derechos de todos para acceder a la carrera docente con mayor justicia”, dijo. Y sostuvo que las resoluciones incumplieron el decreto 3029 de 2012 –del ex gobernador Antonio Bonfatti- que regula la carrera docente y los concursos, sino que tampoco “tenía delegación de facultades del gobernador (Lifschitz) para la firma de titularizaciones”. “No se hicieron los escalafones. No se los expuso para ser observados y recurridos con el tiempo que marca el procedimiento concursal. No tuvieron participación las Juntas existentes para producir los escalafones”. Y por lo tanto, “no se puede verificar con qué antecedentes fueron designados esos docentes”, por ejemplo si tenían título o no. “Y si la ministra Balagué tenía efectivamente delegada la firma (del gobernador) para producir esas designaciones”.
Cantero dio de baja las 500 designaciones con el respaldo de tres dictámenes con observaciones del Tribunal de Cuentas que la intimó a revocar los actos de su antecesora, la opinión del área jurídica del Ministerio de Educación y el despacho de la comisión que creó el gobernador Omar Perotti por el decreto 89 que integran el fiscal de Estado, el secretario de Trabajo y los secretarios Legales y Técnicos de los ministerios de Economía y Gestión Pública. “El proceso de titularización de esos 500 docentes tiene una serie de irregularidades que nos hacen ver que fue hecho a las apuradas”, dijo a Rosario/12 una fuente de la Casa Gris. “Abreviaron el procedimiento, no había juntas de escalafonamiento, no publicaron los escalafones, no se habilitaron instancias recursivas, saltearon muchos pasos. Y ahora hay que ver si no aprovecharon el apurón para meter gente por la ventana”, agregó.
Apenas el domingo trascendió la noticia, Amsafé salió en defensa del concurso. Advirtió sobre los derechos adquiridos de los trabajadores que hace más de un año están en esos puestos y aclaró que los pases a planta son fruto de las conquistas en la paritaria. Hoy la conducción provincial que encabeza Sonia Alesso se reunirá con los equipos jurídicos del gremio y mañana se reunirá la asamblea provincial.
Las resoluciones fueron impugnadas por el Tribunal de Cuentas, que detectó "irregularidades" en el pase a planta "de unas 500 personas sin (que pudieran comprobarse) antecedentes ni títulos requeridos para el cargo docente". Ayer, Cantero las anuló. “El procedimiento” para titularizar esos 500 docentes “no cumplió con ninguna de normas que están previstas en el decreto 3029 (de Bonfatti) que regula la carrera docente y los modos de proceder para las titularizaciones”. “No se hizo escalafón, no se expusieron los escalafones para ser observados y recurridos con el tiempo que marca el procedimiento concursal, no tuvieron participación las juntas existentes para producir los escalafones, no se pueden verificar con qué antecedentes se realizaron las designaciones. Y hay otro cuestionamiento: la ministra no tenía efectivamente delegada la firma para producir esas designaciones”, denunció Cantero.
De paso, la ministra recordó que las resoluciones fueron firmadas el 5 de diciembre de 2019, una semana antes de terminar el gobierno de Lifschitz. “Veamos las fechas en que se produjeron esas titularizaciones”.
-¿Es verdad que en algunos casos no existen antecedentes para saber qué títulos tienen los docentes? –le preguntó un colega de Aire de Santa Fe.
-A lo mejor lo tienen, pero no ha sido nombrado conforme a la reglamentación. Cuando uno se inscribe en un concurso tienen que presentar la carpeta con sus antecedentes. Hay una junta de calificaciones que comprueba que uno cumple con todos los requisitos. Además, se resguardan los derechos de los docentes titulares. Toda vacante que se ofrezca a un nuevo concurso, antes debería haber un ofrecimiento de traslado, para que los titulares puedan elegir ese traslado y lo que se ofrece es el remanente de traslado. Bueno, esos cargos no pasaron por ofrecimiento de traslado porque fueron conformadas en los últimos días como vacantes”, explicó Cantero
Consultada por el cuestionamiento del gremio, Cantero aclaró: “Lo que hacemos es sanear un procedimiento que no ha sido regular, que no fue encuadrado legalmente y lo reemplazamos por otro que sea regular y legal”.
“Vamos a trabajar para que esos docentes que pierden la titularidad puedan acceder a un proceso lógico, conforme a las reglamentaciones”, aseguró la ministra. "Convocaremos a nuevos concursos y a los gremios docentes para conversar sobre el tema”. Los docentes involucrados por esta situación, no dejarán de cobrar, aunque si verán reflejado un cambio de situación de revista porque pasarán a la condición de interinos”.
Colectividades
Con un siluetazo, la Multisectorial de Justicia por Paula Perassi intervino esta mañana el ingreso a los Tribunales Provinciales de Rosario, donde se movilizaron ante el comienzo de la apelación a la condena de Gabriel Strumia y Roxana Michl, condenados a 17 y 7 años de prisión respectivamente, por el delito de "privación ilegal de la libertad agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada", en relación a la sanlorencina de 34 años. Entre hoy y mañana, el tribunal compuesto por Bibiana Alonso, Gabriela Sansó y José Luis Mascali revisará la sentencia.
Strumia y Michl llegaron en libertad a la audiencia de hoy, ya que si bien fueron condenados en segunda instancia --habían sido absueltos en juicio--, el tribunal ordenó el año pasado que no quedaran en prisión preventiva hasta tanto el fallo quedara firme. En la misma sala se sentó Alberto Perassi, en una nueva instancia del pedido de Justicia que comenzó hace más de nueve años.
Desde la UTA dicen que la situación es inaguantable
Los choferes ratificaron el paro
Imagen: Andres Macera
Los choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros nucleados en UTA ratificaron ayer en una asamblea la continuidad de la medida de fuerza adoptada la semana pasada hasta cobrar la totalidad de los salarios de octubre. Con los adelantos de provincia y municipio, a los trabajadores les acreditaron el 50% del sueldo, y mientras aguardan la llegada del subsidio nacional pidieron que los gobiernos o las empresas adelanten los fondos tomando créditos para recuperarlos después y de esa manera destrabar un conflicto laboral que hoy sumará desde el inicio de la pandemia 83 días. "La situación es insostenible", subrayó el titular de UTA, Sergio Copello. Desde el gobierno provincial consideraron que, reconociendo el derecho de los trabajadores, debería mantenerse la actividad para generar algo de recaudación y que el sistema no se sostenga únicamente con los subsidios. Además, descartaron por cuestiones administrativas el planteo del gremio para que adelanten los fondos que tiene que aportar Nación.
El paro de colectivos lanzado la semana pasada por la UTA, el séptimo desde mayo cuando el gremio decidió la medida por el atraso en el pago del salario y el cobro de las cuatro cuotas de un bono decretado por el gobierno nacional que debían pagar las empresas que todavía deben dos, fue ratificado ayer en una asamblea de delegados en la que se repasó el estado de situación que, en palabras de Copello, "es inaguantable". En diálogo con Rosario/12, el dirigente gremial agregó: "Hace siete meses que venimos financiando el pago desdoblado porque nos genera una descompensación económica y nos va incrementando las deudas que tenemos a través de los intereses que tenemos que afrontar, el ánimo está muy caldeado".
Copello sostuvo que el conflicto laboral se explica porque "los fondos de la Nación no llegan y no han encontrado una forma de adelantar esos fondos y recuperarlos después”. En ese sentido, Copello consideró que para resolverlo las empresas, a través de un crédito, el gobierno provincial y la Municipalidad podrían poner la parte que le corresponde a Nación y después recuperarlo. También discrepó con el pedido de mantener el sistema para recaudar más. "Trabajamos casi dos meses continuamente, ¿y dónde fue la recaudación?", planteó el titular de la UTA.
Miatello reiteró ante la consulta de este diario que la semana pasada adelantó el subsidio a las empresas para completar el 50 por ciento del salario de octubre de los choferes. "Banco el derecho de los trabajadores al paro, pero creemos que es interesante mantener la actividad, porque aunque esté viajando poca gente eso genera algo de recaudación", consideró el funcionario, quien estimó en un 23 por ciento de la carga de un día normal.
"En la ciudad Santa Fe, donde no hay paro desde hace varios meses, se está llegando a una carga del 40 por ciento. De mantener un poco la actividad, se empieza a generar algún recurso para que no sea todo subsidio. Por eso no veo práctica la medida, ya que los días de paro (hoy sumarán 83 días en lo que va del año) pasás a cero recaudación, hay que hacer un esfuerzo entre todos para sostener el sistema y las fuentes de trabajo", agregó Miatello.
Consultado por el pedido del gremio para que provincia y el municipio adelanten más fondos y después los recuperen cuando lleguen los aportes de Nación, el funcionario señaló: "No es tan sencillo, administrativamente no es posible". Por otra parte, aclaró que los fondos girados a las empresas que operan el sistema, que se transferían a mes vencido, se están pagando por adelantado, para que los trabajadores tengan acreditada una parte del sueldo, el mismo criterio que utiliza la Municipalidad con el Fondo Compensador. Respecto a la llegada de la cuota del subsidio nacional, hasta ayer Miatello no tenía precisiones aunque esperaba que se transfieran esta semana.
Contenido nivel de contagios, no así las muertes
Reporte covid con 408 casos
También se informaron 34 fallecimientos, de los cuales la mitad eran de Rosario, aunque cabe destacar que esta estadística está siendo cargada con mucho retraso en el sistema oficial y por lo tanto es posible que se trate de muertes que se produjeron varios días atrás. La cifra total informada hasta ahora en la provincia es de 1871 fallecidos en los 19 departamentos.
Con las 17 muertes que se sumaron al conteo de Rosario, la ciudad está muy cerca de alcanzar la barrera de los 1.000. Concretamente son 979 hasta anoche. La gran mayoría de esas vidas se perdieron en los meses de octubre y lo que transcurrió de noviembre.
Mientras los números de contagio en el sur provincial, y especialmente Rosario, parecieran estar desacelerando, no ocurre lo mismos con el índice de letalidad (cantidad de fallecidos en relación al total de contagios) que sigue en aumento semana tras semana.
Por otra parte, el fin de semana vence el plazo de los decretos nacional y provincial que reglamentan restricciones a distintas actividades. Si bien puede haber alguna liberación, el grueso volverá a partir de diciembre.
La ex ministra Balagué cuestionó a la actual gestión
"Es una omisión" del gobierno
La diputada provincial Claudia Balagué interpretó ayer la decisión de la ministra de Educación Adriana Cantero de “dar de baja un concurso docente” y “afectar a 800 agentes que perderían la titularidad de su cargo” como un “nuevo ataque del gobierno de Omar Perotti a la educación pública, que suma a la falta de acompañamiento a docentes durante la pandemia y la derogación del bono a reemplazantes”.
“Por acción u omisión del Poder Ejecutivo ponen en peligro derechos laborales. Desde el Frente Progresista siempre gestionamos la Educación con la participación de docentes, gremios y comunidad, de manera transparente, apegada a las leyes y normativas vigentes, y sobre todas las cosas respetando la trayectoria docente, y nunca atentando contra sus derechos”, se defendió Balagué.
“En los doce años de gestión” del socialismo “se titularizaron 55.000 cargos". “Las requisitorias del Tribunal de Cuentas se subsanaron siempre en favor de las y los trabajadores. La decisión de dar de baja concursos que otorgan derechos acordados con los gremios en paritarias no tiene antecedentes”, alertó.
El Tribunal de Cuentas no hizo ninguna observación del llamado a concurso ni sugirió anular o revocar las designaciones. “Solicitó información complementaria que podría haberse subsanado en el mes de marzo, fecha en que se requirió la misma al Ministerio”, sostuvo.
“Los cargos en cuestión afectan a personal abocado a garantizar derechos establecidos en la ley nacional de Educación. Se trata de integrantes de los equipos interdisciplinarios que llevan adelante políticas públicas de inclusión socioeducativas, perfiles profesionales que cumplen tareas fundamentales como la prevención de adicciones, la atención de situaciones de bullying y violencia, y de contención como el Nueva Oportunidad y el Vuelvo a Estudiar, indispensables en estos tiempos”, resaltó.
“Un informe reciente publicado por Flacso Argentina indica que, por la suspensión de clases en pandemia, unos 110.000 jóvenes de Santa Fe abandonaron sus estudios. Es por esto que Balagué señaló que los agentes, “a los que se pretende cercenar sus derechos, deberían estar recorriendo los barrios revinculando a niños, niñas y adolescentes con las escuelas”.
“La Ley de Responsabilidad Fiscal que se alega para dar de baja estos concursos, exceptúa acuerdos previos, como en este caso las paritarias 2017 y 2019. “Se trató de una reparación histórica y un cambio situación de revista sin afectar partidas presupuestarias presentes o futuras”, afirmó.
Balagué reveló que durante el año pasado se elaboró un informe detallado, especialmente en el punto de los concursos docentes, que se puso a disposición de la ministra Adriana Cantero, quien “rechazó sistemáticamente reunirse durante la transición” y “fueron entregadas a los representantes enviados por el entonces gobernador electo”.
La Cámara Penal revisa desde hoy el fallo por Paula Perassi
Entre la celda o la salvación
Imagen: Andres Macera
Mientras la pregunta sobre "¿dónde está Paula Perassi?" se repite desde hace nueve años, hoy la causa entra a una nueva instancia y renueva el reclamo de justicia de la familia de la sanlorencina y de las organizaciones que acompañan cada etapa. El matrimonio que integran Gabriel Strumia y Roxana Michl volverá a sentarse en el banquillo de los Tribunales de Rosario, donde la Cámara Penal definirá si se confirman las penas que recibieron hace un año, y si van presos. Lo que se va a analizar es la sentencia del 28 de noviembre de 2019, cuando el empresario del transporte, que mantenía una relación extramatrimonial con Paula, y su esposa fueron condenados a 17 y 7 años de prisión, respectivamente. Las Multisectorial de Justicia por Paula intervendrá en las puertas del edificio de Balcarce y Pellegrini con un siluetazo.
El debate en la Alzada tenía fecha para el 21 de abril pasado, pero en plena pandemia ya se suspendió dos veces: primero por la cuarentena y luego porque la presidenta del tribunal a cargo del debate debió ser aislada por haber tenido contacto con un positivo de covid. Strumia y Michl llegan en libertad a la nueva instancia judicial, luego de haber sido los --hasta ahora-- únicos sentenciados en el caso, cuando la Cámara los condenó por "privación ilegal de la libertad, agravada por tratarse la víctima de una mujer embarazada". Strumia fue acusado en calidad de autor; y su esposa, como partícipe.
Ambos estuvieron presos en la causa, pero quedaron libres hace más de un año y medio, después del juicio oral y público en el que fueron absueltos junto a otras siete personas, de las cuales cinco son policías de San Lorenzo. Cuando el caso llegó a la Cámara Penal, hace un año, las pruebas llevaron a que el matrimonio sea condenado, pero sin orden de prisión preventiva, hasta tanto el fallo quedara firme.
En ese contexto, la defensa presentó un recurso de apelación horizontal --que otro tribunal de Alzada revise el fallo-- para insistir con la absolución. Ahora, la resolución condenatoria deberá ser analizada por el tribunal compuesto por Bibiana Alonso, Juan José Mascali y Gabriela Sansó.
Por otra vía sigue la causa contra los otros siete acusados absueltos. Los querellantes Adrián Ruiz y José Ferrara pidieron que la Corte provincial revise el planteo sobre la existencia de una "estructura desaparecedora", tal como plantearon en su teoría del caso. La misma expresaba que la víctima, quien cursaba un embarazo de seis semanas fruto de la relación con Strumia, fue privada de su libertad para hacerle interrumpir el mismo, y que nada más se supo de ella.
Además de los policías Daniel Puyol, Jorge Krenz, Gabriel Godoy, Aldo Gómez y María José Galtelli, entre los absueltos también estaban el empleado de Strumia, Antonio Díaz, y quien fue acusada de realizar la interrupción del embarazo, Mirta Rusñisky.
La nueva audiencia llega a nueve años desde la desaparición de la mujer que tenía dos hijos, 34 años y un embarazo en curso cuando fue vista por última vez, el 18 de septiembre de 2011. En todo ese tiempo, Alberto Perassi y Alicia Ostri siguen buscando justicia. El padre repite que quiere "encontrar los huesos de Paula". En el camino, no están solos: "Vamos a juntarnos para acompañar a la familia en la revisión de esta sentencia tan importante. Creemos que es el momento de estar presentes porque desde el tribunal nos dijeron que no será televisada la audiencia, como habíamos pedido. Eso nos preocupa porque es un caso emblemático, incluso para el país porque son juzgadas personas por hacer desaparecer a otra y aún el cuerpo no aparece. Todos los días desaparece Paula", señaló Liliana Leyes, integrante de la Multisectorial y miembro de ATE Rosario, quien también habló de un "marco de complicidades" en torno al caso; y consideró que la pena debería haber sido más alta para Strumia y (que) los demás debieron ser condenados porque aún no se sabe dónde está Paula". En cada movilización --la de hoy será bajo las medidas requeridas por la pandemia-- la Multisectorial reclama: "Sin Paula no hay #NuncaMas; sin Paula no hay #NiUnaMenos”.
Escribano, abogados y contadores acusados por asociación ilícita
Atildados señores que toman tierras y estafan
Imagen: Gentileza Aire de Santa Fe
Cuatro personas fueron imputadas como integrantes de una asociación ilícita, otras cuatro están identificadas y un profesional del derecho se entregó ayer a última hora a las autoridades por la presunta megaestafa inmobiliaria en un lote de terrenos en la zona norte de la ciudad de Recreo, vecina a la capital santafesina, que involucra al verdadero círculo rojo santafesino. La estafa no solo alcanzó al verdadero titular, descendiente de la familia Clucellas, sino a 200 familias que no pueden escriturar. Las fiscales Mariela Jiménez, María Laura Urquiza y Bárbara Ilera imputaron delitos a una larga lista de profesionales santafesinos muy vinculados al poder estable de la región: a tres de ellos se les endilgó ser organizadores de la asociación ilícita y a un cuarto se lo imputó como miembro. A otras dos personas se las sindicó como organizadores y a tres más como miembros que ya fueron identificados. Según las fiscales se trata de una asociación ilícita dedicada a la realización de estafas relacionadas al loteo de un inmueble de 614 hectáreas ubicado en jurisdicción de la ciudad de Recreo. Todos los acusados serán imputados en audiencia pública hoy a las 16.30.
Los imputados como organizadores son un escribano y un contador, llamados Edgard Ariel y Ovidio López, hijos de un histórico dirigente del PJ pre reutemista de Santa Fe. El tercero imputado como organizador es un odontólogo de Miramar llamado Oscar Pirera.
Por su parte, la cuarta persona imputada es un comerciante de Recreo de 51 años llamado Luis Giráldez. También trascendió que otras tres personas fueron notificadas que estaban siendo investigadas en un legajo penal del MPA. Ellos son los abogados Eduardo y Gonzalo Orio y el escribano Juan Milia, de 76 años. Mientras los dos primeros son letrados que representan a importantes firmas santafesinas, incluyendo al diario El Litoral, Milia fue escribano de gobierno durante muchos años y es consuegro del actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez.
Alejandro Albigñana, abogado que representa actualmente a la sociedad anónima Las Mercedes de Recreo, se entregó ayer a la tarde a las autoridades.
La causa tuvo su inicio en 2019 cuando los abogados Alejandro Otte y Matías Lassaga advirtieron a las fiscales sobre un acta de cesión falsa que desapoderó del ciento por ciento del paquete accionario del loteo Las Mercedes de Recreo S.A. a José Manuel Ruiz Moreno, el heredero de la familia Clucellas, los dueños originales.
Ante esa denuncia, las fiscales apuntaron a la confección del acta de asamblea, de carácter extraordinaria, que tiene fecha de 2002 y que se llevó a cabo en la antigua sede de Las Mercedes de Recreo S.A. de calle Mendoza al 2600. Por medio de aquel documento, fue transferida la totalidad de las acciones de Ruiz Moreno –heredero de todo el loteo- a tres personas que eran ajenas a la sociedad anónima, entre ellas el hoy detenido Oscar Pirera. Llamativamente, el acta de la cesión de dichas acciones, solo contó con la firma de los beneficiarios, pero nunca registró la de Ruiz Moreno ni de los Clucellas. Con sospechas de que pudo haber existido una estafa, las fiscales ordenaron una requisa en el área de Inspección de Personas de Jurídicas de Santa Fe, ya que en dicho organismo fue donde se presentó el acta adulterada que permitió desapoderar de todo el capital accionario al denunciante Ruiz Moreno.
La cesión de acciones no solo perjudicó a Ruiz Moreno sino también a los cientos de vecinos que residen en el barrio Las Mercedes y que tras el cambio de titularidad de los dueños del loteo nunca pudieron escriturar por su terreno. Ante tal situación el pasado 23 de octubre, los pesquisas del Organismo de Investigaciones realizaron un allanamiento en la sede del fideicomiso que actualmente explota el loteo. Tal procedimiento fue con el objetivo de realizar un relevamiento documental del lugar y así recolectar elementos que sean importantes para la causa. Dos meses después, el caso avanzó y terminó con los diez allanamientos que fueron ejecutados por los investigadores el pasado 13 de noviembre y que terminó con los cuatro detenidos.
El Ministerio Público de la Acusación difundió un comunicado donde explicó que las fiscales acusaron a tres de los cuatro imputados "ser organizadores de la asociación ilícita". Hoy habrá nuevas audiencias. De manera detallada, el organismo judicial indicó que los hechos ilícitos comenzaron a cometerse en julio del año 2000 y la actividad de la asociación ilícita que investigamos se inició en septiembre de 2015. “Las nueve personas que tenemos identificadas formaban parte de esta organización de carácter permanente, estable y organizada que tenía como objetivo darle apariencia legal a la estructura jurídica del fideicomiso creado bajo el nombre de “Barrio Las Mercedes de Recreo”, destacaron. “A través de ese fideicomiso disponían de los lotes que conforman el inmueble titularidad de ‘Las Mercedes de Recreo SA’”, agregaron.
Según trascendió periodísticamente, el barrio se conformó con el correr de los años pero muchos de sus vecinos aún no pudieron escriturar por el pleito judicial. “Mediante engaños y maniobras ardidosas ante la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, obtuvieron la inscripción de la sociedad ‘Las Mercedes de Recreo SA’”, señalaron desde el MPA y detallaron que “lo hicieron simulando la calidad de socios, mediante el uso de actas de contenido falso, perjudicando el patrimonio de la sociedad y de los accionistas, mediante la administración y disposición del inmueble que es el único capital social de la empresa”. “Las maniobras fueron numerosas y de distinto tipo. Incluyen la simulación de una cesión de acciones, la venta de 100 lotes a terceros de buena fe y la autorización para dar en pago 600 lotes más, sin tener el derecho para hacerlo”, subrayaron de Fiscalía. No obstante, también hicieron hincapié en que los acusados “simularon otros actos administrativos y procesales; adulteraron copias, insertaron datos falsos y confeccionaron actas con contenido falso siempre con el objetivo de simular el cumplimiento de los requisitos legales, procesales y fiscales exigidos por el Estado”.
Fuente:Rosario12












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