19 de noviembre de 2020
El recuento se pinta de verde
Once diputados santafesinos por legalizar el aborto
El 14 de junio de 2018, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de la legalización del aborto. Esa histórica jornada reflejó la voluntad mayoritaria de los representantes del pueblo de terminar con la clandestinidad de una práctica que condena en muchos casos a la muerte a mujeres, en su mayoría jovenes y pobres. El tablero del hemiciclo mostraba 129 votos a favor, 125 en contra y una abstención. El festejo fue interminable, o en todo caso se vio interrumpido cuando semanas despues, el Senado de la Nación rechazó --con apretado margen-- el proyecto que llegaba de Diputados. En aquella maratónica sesión, los diputados de Santa Fe votaron transversalmente: hubo representantes de Cambiemos a favor y en contra, lo mismo ocurrió con los peronistas y Luis Contigiani, único representante del Frente Progresista votó en contra. La suma total dio 9 santafesinos a favor y 10 en contra. Hoy el proyecto enviado por el Presidente Alberto Fernandez --cumpliendo con su promesa de campaña-- recorre las diferentes comsiones y llegará al recinto antes de la finalizacion del periodo ordinario. En ésta oportunidad, los representantes de la provincia de Santa Fe votarán mayoritariamente por la aprobación. Rosario/12 reconstruyó las opiniones --tomando en cuenta la posición de quienes participaron del debate de 2018-- y añadió el testimonios de los legisladores que asumieron sus bancas después de los comicios del 2019. La suma final arroja 11 votos a favor y 8 en contra. Mientras tanto, ayer, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Regional Rosario, organizó una sentada en el Monumento a la Bandera como parte de una actividad federal
Una vez más, el oficialismo suma el grueso de adhesiones con 6 de los 7 representantes que levantaran su mano para respaldar el protecto y solo una, procedente del "massismo", que votará como lo hizo entonces, por rechazar la iniciativa. Dentro de Juntos por el Cambio es donde se produjeron las modificaciones, ya que la bancada mayoritaria --suma 10 diputados-- aportará 4 votos a favor del proyecto del Poder Ejecutivo y 6 en contra. Finalmente, los diputados del Frente Progresista votarán divididos, Luis Contigiani reeditará su rechazo, mientras que Enrique Estévez lo hará favorablemente. Lo que sigue es el voto personalizado de cada uno de los representantes de Santa Fe en la cámara baja:
A favor:
Albor Cantard, Gonzalo del Cerro (como lo hicieron en 2018), Ximena Garcia, Juan Martin, todos de Juntos por el Cambio, pero de militancia en la Unión Civica Radical.
Los peronistas Marcos Cleri, Josefina González (como en 2018), Germán Martínez, Alejandra Obeid, Esteban Bojdanich y Patricia Munier.
El socialista Enrique Estévez completa la nómina de quienes acompañarán el proyecto de IVE.
En contra:
Gisella Scaglia, Juan Nuñez, Luciano Laspina (como en 2018, todos del PRO) , Lucila Lehmann (idem 2018) de la Coalicion Cívica, y los nuevos diputados, tambien del PRO, Federico Angelini y Carolina Castets. La legisladora "massista" del Frente de Todos, Vanesa Massetani y Luis Contigiani del Frente Progresista.
Con estas posiciones, y por consultas realizadas con los responsables de bloques, se avecina otra jornada de debate en el parlamento, y en principio la media sanción, como ocurrriera en el invierno de 2018. Por el relevamiento realizado, en esta oportuidad, a diferencia de lo ocurrido hace dos años, serán más los representantes de Santa Fe que festejen que los que manifiesten su rechazo.
En aquella jornada, además de los diputados mencionados que renovaron su banca y los que tienen mandato por otros dos años, fueron Agustin Rossi, Alejandra Rodenas, Alejandro Ramos y Lucila del Ponti quienes votaron a favor, lo mismo que el radical Hugo Marcucci.
En contra lo hicieron Astrid Hummel y Lucas Incicco del PRO, Alejandro Grandinetti del "massismo" y la peronista Silvina Frana.
Pasaron casi dos años, y la expectativa que se renueva: Que sea ley.
CLASES
Choferes de la UTA se movilizaron por el pago de salarios
Para volver al volante necesitan sus salarios
Los choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros, que decretaron un paro por tiempo indeterminado porque cobraron el 50 por ciento de los haberes de octubre, realizaron ayer una concurrida movilización para visibilizar el conflicto laboral. El secretario General de la UTA, Sergio Copello, reiteró que no levantarán la medida hasta que no cobren la totalidad del salario. El dirigente gremial pidió a las empresas, provincia y municipio que "hagan los esfuerzos necesarios" para que paguen los salarios los primeros días del mes. "Con eso garantizamos el servicio", apuntó Copello, para luego señalar que el intendente Pablo Javkin "tiene la potestad para resolver el conflicto". Javkin dijo ayer que mantuvo reuniones con las empresas y el gremio para ver cómo resolver la situación financiera. "Estamos tratando de coordinar para que no tengamos esta situación de incertidumbre a la hora de abonar los salarios", adelantó.
Luego de concentrar en la sede de la UTA, los choferes marcharon hacia la Municipalidad y después se dirigieron hasta la sede de la Gobernación. La movilización fue tan multitudinaria como la que los trabajadores realizaron el pasado 28 de mayo, en pleno Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO). Desde entonces, el gremio realizó siete paros, todos para reclamar el cobro de los salarios en tiempo y forma.
"Hace siete meses que venimos financiando el pago desdoblado porque nos genera una descompensación económica y nos va incrementando las deudas que tenemos, a través de los intereses que tenemos que afrontar, el ánimo está muy caldeado", anticipaba Copello este lunes. A los trabajadores les pagaron la mitad del sueldo de octubre, a partir de los adelantos que hicieron Municipalidad y Provincia, mientras que las empresas adeudan dos cuotas de un bono decretado por el gobierno nacional.
En la protesta realizada ayer, el titular de la UTA señaló: "Nosotros hemos trabajado dos meses y no tenemos ninguna novedad. Los empresarios, con la recaudación que tienen no manifiestan una voluntad de contribuir con los trabajadores. La plata no está para nosotros y en estas condiciones no vamos a seguir trabajando". Copello agregó que "la primera responsabilidad es de los empresarios, lo dijimos siempre. Sabemos que necesitan de los subsidios nacionales, provinciales y municipales. A todos les hemos manifestado la necesidad de que cumplan, y a veces se pasan la pelota uno con otro".
Al ser consultado sobre si existe la promesa de una nueva reunión, Copello dijo que no hay ninguna reunión programada, para luego señalar que el intendente Javkin "tiene la posibilidad de destrabarlo". Sobre el pago de los salarios, respondió: "No tenemos ninguna novedad y sabemos que la Nación hasta la semana que viene no va a mandar los fondos, con lo cual vamos a seguir con el corte de crédito laboral".
El secretario General de la UTA dijo que acompañaron la marcha de los trabajadores porque "necesitan poder expresarse, en 84 días que llevamos de paro parece que no le entra la bala a nadie, quizás a algunos les moleste que nos expresemos en la calle, y veremos qué resultados tenemos. Somos conscientes de que esto no va a ser mágico, que porque hoy marchemos mañana nos van a pagar".
Para Javkin, la situación se genera porque los subsidios nacionales no llegan en tiempo y forma. "Hemos hablado ayer (por el martes) con el secretario de la UTA y con las empresas para ver cómo podemos resolver la situación financiera en relación a pagar el salario de los trabajadores y después cuando llegue el subsidio nacional, cómo se compensa", dijo el intendente.
Por otra parte, afirmó que la emergencia que le aprobó el Concejo "no va a solucionar el financiamiento, me va a facultar a renegociar contratos porque además tenemos un pliego que ya con 450 mil pasajeros era insostenible". Javkin dijo que utilizará las potestades "para que el sistema sea razonable, para que la gente pueda viajar de la mejor manera posible".
TRANSPORTE
Vuelven los viajes largos
Cuarto intermedio en la causa por estafas en Recreo
Un acuerdo para evitar lo peor
Imagen: Gentileza El Litoral
Las tres fiscales de Delitos Complejos de la capital santafesina cumplieron ayer la segunda jornada consecutiva contra los nueves acusados por la estafa con la venta de terrenos en Recreo. Cinco de los mismos están detenidos y cuatro cursan el proceso en libertad, en un trámite no exento de tensiones por la pertenencia de los mismos a la vida social, política y empresaria santafesina. La audiencia de prisión preventiva parecía encaminarse con normalidad. Sin embargo, un posible acuerdo entre las partes provocó un nuevo impasse en el caso, por lo que el juez Héctor Gabriel Candioti ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, segun publicó ayer el portal Aire de Santa Fe.
Durante la mañana, las fiscales del caso, Barbara Ilera, Laura Urquiza y Mariela Jiménez expusieron las evidencias recolectadas durante la investigación, que derivó en la detención, entre el viernes y lunes pasado, de cuatro santafesinos y un bonaerense: Alejandro A. (abogado); Edgar L. (escribano); Ovidio L. (contador); Luis G. (comerciante); y Oscar P. (odontólogo). Ayudadas por cuadros, una línea de tiempo y de numerosa documental, las fiscales describieron la maniobra defraudatoria , que le atribuyen, hasta el momento, a nueve personas.
La Fiscalía sostiene que las cinco personas que se encuentran detenidas, y los demás sospechosos que tramitarán la causa en libertad, conformaron una asociación ilícita que tenía como objetivo darle apariencia legal a la estructura jurídica del fideicomiso creado bajo el nombre de “Barrio Las Mercedes de Recreo”. La acusación sostiene que los imputados se valieron de documentación alterada para llevar al engaño a la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio, y obtuvieron así la inscripción de la sociedad ‘Las Mercedes de Recreo SA”. Para esto, los imputados “simularon ser socios, mediante el uso de actas de contenido falso, perjudicando el patrimonio de la sociedad y de los accionistas, mediante la administración y disposición del inmueble que es el único capital social de la empresa”.
Tras esa exposición y el posterior pedido de prisión preventiva, el juez Candioti dispuso en horas del mediodía una pausa en la audiencia hasta las 15 para luego escuchar los cargos de la querella del caso, a cargo de Matías Lassaga y Alejandro Otte, y la defensa de los abogados Néstor Oroño (que asiste a Oscar P.), Raúl Sánchez Lecumberri (por Alejandro A. y Luis G.) y Martín Durando (por Ovidio L. y Edgar L.).
Las partes volvieron a reunirse a las 15, pero el abogado Néstor Oroño solicitó que nuevamente ordene un nuevo cuarto intermedio hasta el viernes tras haber analizado con sus defendidos arribar un posible acuerdo abreviado con la Fiscalía. Al planteo de Oroño se sumó el de Sánchez Lecumberri, quien le indicó al magistrado que sus defendidos, al tomar conocimiento de la acusación de las fiscales, notaron que había documental vinculada a Ruiz Moreno, el denunciante en la causa y quien sostiene que fue desheredado del cien por ciento de las acciones de Las Mercedes de Recreo S.A. mediante un acta trucha.
Las fiscales aceptaron que la audiencia se extienda hasta el próximo viernes y además aclararon que deberán consultar de manera institucional la posibilidad de cerrar el caso por medio de un procedimiento abreviado con los imputados.
Durante la audiencia, los defensores anticiparon además al juez que desistieron de las apelaciones que pretendían llevar a cabo en torno a los hábeas corpus presentados por el vencimiento del tiempo de detención de sus asistidos. Tal planteo surgió durante la tarde del martes, luego de que Oroño sostuvo que la causa no puede continuar tras sostener que el mismo denunciante, Ruiz Moreno, había sido denunciado en 2010 por los hoy acusados que lo señalaron como quien vendía lotes del barrio Las Mercedes y se adjudicaba ser el titular de la sociedad anónima. Dicha causa terminó en el sobreseimiento de Ruiz Moreno, pero nunca fue cerrada tras un fallo de la Cámara de Apelaciones de Alejandro Tizón.
Ante la solicitud de Oroño, el juez Candioti dispuso que se lleve a cabo una pausa en la audiencia y se reanude el martes a las 8.30. Finalmente, ayer el magistrado rechazó el planteo de Oroño y ordenó que la audiencia siga con normalidad y se expongan las pruebas sobre la mesa por parte de la Fiscalía.
Allanan el Centro Cultural Árabe que integraba Ponce Asahad
Buscan más pruebas contra el ex fiscal
La causa que investiga por corrupción al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y al ex jefe de la Fiscalía Regional Rosario, Patricio Serjal, sumó ayer un nuevo allanamiento en búsqueda de documentación y material de interés por el cobro de coimas. Por orden de los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, el Organismo de Investigaciones y las Tropas de Operaciones Especiales llegó ayer al Centro Cultural Árabe, ubicado en Dorrego al 1200, entidad en la que Ponce Asahad era secretario, según indicaron. Ese fue uno de los lugares que nombró el capitalista del juego ilegal Leandro Peiti cuando declaró como arrepentido contra los dos fiscales que fueron imputados por pedirle dinero a cambio de no investigarlo por su actividad, en el marco de un red de casinos clandestinos que ya tenía otros imputados por juego ilegal y extorsiones. Peiti dijo que ése era uno de los lugares donde tuvo encuentros con Ponce, quien poseía la llave del edificio y que en una oportunidad, el 9 de julio pasado, le entregó ahí la suma de 10 mil dólares.
Según se indicó desde el Ministerio Público de la Acusación, se trató de un procedimiento ordenado para dar con documentación, imágenes y material de interés para la causa que tiene detenido Ponce Asahad desde agosto. En tanto, desde Fiscalía se limitaron a decir que si del material llega a surgir algún elemento más en relación a los delitos, "será expuesto en audiencia".
Ponce Asahad fue imputado hace tres meses --al igual que Serjal-- por los fiscales Matías Edery, Luis Schiappa Pietra y Gisela Paolicelli, por incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y transmisión de datos reservados. La investigación sobre éste comenzó con un mensaje interceptado en el celular de uno de los detenidos por juego y extorsiones en el marco de la causa, que recibía información de investigaciones del MPA. A ello se sumó poco después la declaración de Peiti, quien también está imputado, pero habló como arrepentido para acusar directamente a Ponce y Serjal de cobrarle coimas de entre 4 y 5 mil dólares mensuales para garantizarle protección. Con ellos fue imputado el empleado de Ponce Asahad, Nelson Ugolini.
En la primera audiencia que se ordenó la prisión preventiva --fue prorrogada días atrás, hasta febrero-- se indicó que Ponce Asahad mantuvo encuentros en distintas oportunidades con Peiti, a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante. Uno de esos ocurrió el 9 de julio de este año, a las 12.35, en Pasaje Rosales al 1300, donde acordaron que serían entregados 10 mil dólares esa tarde. Según la acusación de la Agencia de Criminalidad, dicha entrega se concretó cuando se reunieron a las 18 en la sede de Dorrego 1251, donde funciona el Centro Cultural Árabe de Rosario. En otras oportunidades, Ponce Asahad se reunía con Peiti en Oroño y Mendoza, con fines similares. Incluso, la investigación cuenta con imágenes de algunos encuentros.
El fiscal pidió diez indagatorias en la causa de Hugo Oldani
El celular de Oldani descubrió sus secretos
Desde Santa Fe
La investigación sobre el origen y el destino de un millón de dólares y tres millones de pesos que operaba el dueño de una agencia de viajes asesinado el 11 de febrero, Hugo Oldani, derivó ayer en un pedido de diez indagatorias. El detonante fue una pericia en el teléfono celular del empresario que ocupó más de 17.000 páginas de pruebas y evidencias. Ante el hallazgo, el fiscal federal Walter Rodríguez denunció y solicitó al juez Marcelo Bailaque que indague a la hija de Oldani, Virginia, a una empleadas de la empresa, María José Calle y a otras ocho personas que hacían negocios con su padre, entre ellas la presidenta de la sociedad de bolsa Mediterránea, Carina Chelmo y dos operadores del grupo Carey de Rosario, Carlos Ciochetto y Carlos Bacigaluppo. El fiscal los imputó por supuesta “intermediación financiera no autorizada”, pidió la “inhibición general de bienes” de los diez y a varios de ellos los denunció también ante el Banco Central de la República Argentina. Virginia Oldani declaró en la causa que ella y su esposo retiraron “el dinero” porque la fiscal Cristina Ferraro --que investigó el crimen-- los había autorizado “a sacar todas las cosas de valor”. Por lo que el 18 de agosto, el fiscal Rodríguez denunció a Ferraro por supuesto “encubrimiento” y le abrió una causa penal para investigar su conducta.
En un dictamen --con más 80 páginas de pruebas--, Rodríguez explicó que sobre los diez imputados, entre ellos la hija de Oldani, “existen bastante motivos para sospechar que han participado del delito de intermediación financiera no autorizada”.
Ya el 18 de agosto --en la denuncia a Ferraro--, el fiscal federal advirtió que había “indicios serios, precisos y concordantes” de que la agencia de turismo era una pantalla y detrás operaba una “cueva financiera”, como la calificó el ministro de Seguridad Marcelo Sain en la denuncia que inició la investigación, a principios de junio.
“Oldani había desarrollado actos demostrativos del delito de intermediación financiera no autorizada”, a gran escala, reveló Rodríguez. Y “entre los aspectos más relevantes” del hecho subrayó el hallazgo de una "suma de dinero” que había en la oficina del empresario, que era “desproporcionada si consideramos los montos que habitualmente maneja un operador turístico”. Según una pericia de la Policía Federal sobre la base de fotografías --que es lo único que quedó-- eran un millón 100 mil dólares y tres millones 50 mil pesos, “una suma injustificada” para el giro comercial de la empresa.
A la luz de las pruebas, el fiscal modificó la valoración de los roles de Virginia Oldani y de su empleada María José Calle en la trama. “No sólo se ocupaba de las operaciones turísticas e intercambio de divisas” (la primera) o de “llevar trámites administrativos” (la segunda). Al contrario, “sus intervenciones individuales van mucho más allá, pues desarrollaron aportes necesarios que contribuyeron a la comisión del delito de intermediación financiera no autorizada ejecutado por Oldani, junto a terceras personas”. Ambas mujeres “actuaron bajo la dependencia y directivas” del empresario como “sus brazos ejecutores”, precisó el fiscal.
En esa línea, Rodríguez subrayó también otros “aportes individuales” a las operaciones de Oldani “por fuera de la estructura societaria”. Y en ese sentido denunció a la presidenta de la sociedad de bolsa Mediterránea de la ciudad de Santa Fe, Carina Chelmo. Y a dos operadores del grupo Carey de Rosario de dicado a “servicios financieros y asesoramiento bursátil”, Ciochetto y Bacigaluppo. Los otros cinco imputados son Leandro Forchetti, Flavio Giulioni, Ariel Juan Trucco, Marcos Molinas y Eugenio Alonso.
La otra clave del caso es el celular de Oldani, que descubrió sus secretos. El fiscal Rodríguez repasó en su dictamen las “conversaciones más relevantes” entre el empresario y sus clientes, que ubicó entre las páginas 188 y 17.235 de un archivo digital que le mandó al juez Bailaque junto al pedido de las diez indagatorias. El informe forense extrajo los “diálogos producidos mediante audios y mensajería escrita, documentos e imágenes, vinculados a los movimientos económicos” del empresario.
*¿Cuál era el negocio de Oldani? El fiscal lo sintetiza en cinco capítulos: captación de fondos, préstamos, operaciones con cheques, compra y venta de divisas y movimiento de divisas mediante el mecanismo de dólar cable. Este el último es revelador porque el empresario no sólo tenía cuentas en el exterior, sino que hacía transferencias por montos millonarios. En los diálogos telefónicos, uno de sus clientes lo consulta para enviar 87.000 dólares a un banco de Brasil y otro para traer medio millón de dólares desde Los Angeles, Estados Unidos. “Se detectaron varias conversaciones sobre posibles operaciones similares de movimientos de fondos en el exterior. Por ejemplo, a cuentas en el Uruguay, Italia, Estados Unidos, Brasil y Finlandia", concluyó Rodríguez.
Apelación en la causa Perassi
Hablan los acusadores
PAÑUELAZO
Al grito de "es urgente"
Reporte epidemiológico
La ciudad de Rosario registró 408 contagios de coronavirus este miércoles, mientras que
la provincia de Santa Fe informó 1.652 positivos en las últimas 24 horas.
Con estos registros, los infectados en la ciudad desde el comienzo de la pandemia
ascienden a 55.923 casos, al tiempo que a nivel provincial son 132.955. Del total de
casos desde el comienzo de la pandemia, 25.345 fueron confirmados por criterio clínico-
epidemiológico y 105.550 por laboratorio.
Además, el Ministerio reportó 22 fallecimientos relacionados al coronavirus en todo el
territorio provincial, de los cuales 5 tenían residencia en Rosario. Hasta la fecha se
registran un total de 1.922 fallecidos en la provincia.
El reporte nacional
El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que, durante las últimas 24
horas, se registraron 241 muertes y 10.332 nuevos casos positivos por coronavirus. Con
estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.339.337 y las víctimas
fatales suman 36.347.
Del total de muertes, 134 son hombres (39 de la provincia de Buenos Aires, ocho de la
ciudad de Buenos Aires, dos de Chaco, cinco de Chubut, 19 de Córdoba, tres de
Corrientes, uno de Jujuy, dos de La Pampa, uno de La Rioja, 15 de Mendoza, siete de
Neuquén, cuatro de Río Negro, cinco de Salta, cuatro de San Luis, cuatro de Santa Cruz,
13 de Santa Fe y dos de Tierra del Fuego) y 107 mujeres (29 en la provincia de Buenos
Aires, 13 en la ciudad de Buenos Aires, una en Catamarca, una en Chaco, dos en Chubut,
12 en Córdoba, tres en Corrientes, cuatro en Entre Ríos, nueve en Mendoza, siete en
Neuquén, cinco en Río Negro, cuatro en Salta, dos en San Luis, dos en Santa Cruz, 10
en Santa Fe, dos en Tierra del Fuego y una en Tucumán).
Fuente:RedaccionRosario
Rosario, entre las ciudades
con el metro cuadrado más
caro de Latinoamérica
Desde marzo de este año, el precio de las propiedades en Rosario cayó un 8,1% medido en dólares. Sin embargo, se encuentra entre las ciudades que tienen el metro cuadrado más caro de Latinoamérica, con un promedio de 1.654 dólares.
Si bien los precios de los inmuebles en la ciudad disminuyeron en dólares, por otro lado subieron un 20% en pesos ajustados por inflación. En tanto, en CABA bajaron 5% en dólares y subieron 24% en pesos mientras que en Córdoba bajaron 13,5% en dólares y subieron 13,2% en pesos.
Los datos son arrojados por el Relevamiento Inmobiliario de América Latina (RIAL) realizado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella y la plataforma Zonaprop.
Se trata de un estudio que mide el valor del metro cuadrado de departamentos en barrios de 14 ciudades en nueve países de América Latina. Asimismo, está focalizado en determinados barrios que suelen ser habitados por jóvenes profesionales.
El ranking
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