En octubre, un hogar necesitó
$76.507,50 para satisfacer sus
necesidades
Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2020.
Así lo estableció el nuevo estudio elaborado por ATE Indec: un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos/as en edad escolar necesitó de $25.729 para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $50.778,50 para acceder a otros bienes y servicios básicos. Panorama poco alentador para los ingresos populares. Ya lo había anticipado Claudio Moroni, en un tono más empresarial que de Ministro de Trabajo, al afirmar que el sueldo digno “es aquel que estemos en condiciones de pagar”, desconociendo así el Artículo 14 bis.
Desde ATE Indec señalan que “estas canastas indican un piso para que cada asalariadx esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar y, de esa manera, no ser susceptible de caer en la pobreza. Por tanto, ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio”.
Estos $76.507,50 quedaron muy lejos del salario mínimo, vital y móvil que actualmente está en $18.900 mensuales para aquellos que cumplan una jornada laboral completa y en $94,50 para los jornaleros. Estos montos fueron oficializados tras la reunión del 20 de octubre del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, que también estableció que desde el 1° de diciembre esas sumas pasarán a ser de 20.587,50 y $102,94 la hora; y a partir del 1° de marzo del 2021 de $21.600 y $108, respectivamente.
Desde ATE Indec aseveran que “los indicadores económicos y sociales muestran cómo se han profundizado las desigualdades, ha aumentado la carestía en la canasta de consumo de los sectores populares, no se ha revertido totalmente la pérdida de puestos de trabajo -aun con el crecimiento en el trabajo registrado de los últimos meses- y la continua caída en la pobreza de decenas de miles de hogares”, a lo que agregan que “a este cuadro de situación, se le suma el aumento de los precios de los productos de la canasta alimentaria con el fin del programa de Precios Máximos, el descongelamiento de las tarifas de servicios públicos, el aumento de la medicina prepaga, lo que pone aún más de manifiesto que la crisis la volvemos a pagar lxs trabajadorxs, jubiladxs y sectores populares”.
A principios de noviembre, al ser consultado por Infobae sobre cuál debiera ser el valor de un sueldo digno, el Ministro de Trabajo Claudio Moroni afirmó, en una suerte de vocero empresarial, que “el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y de sostener”. Definición lejana a la que establece la Constitución Nacional a través del Artículo 14 Bis y a la que un funcionario estatal debería referirse en primer lugar.
Cabe señalar los últimos números: inflación de octubre, 3,8% (anualizada llega al 37,2%); suba de alimentos, 4,8%; incremento en vestimenta y calzado, 6,2%. Nada alentador para los ingresos populares: paritarias a la baja para la mayoría de los trabajadores registrados; aumento del 7% a estatales; monotributistas golpeados por la suba del impuesto en más de un 50% este 2020 (y que además implica mayoritariamente relaciones laborales encubiertas); jubilaciones mínimas en $19.035 para el mes de diciembre; planes sociales con subas ínfimas antes de fin de año; cancelación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)… Respecto a este último y tras anunciar que no habrá IFE 4, desde el Ministerio de Desarrollo Social se informó que se ampliará el plan “Potenciar Trabajo”, que actualmente llega a 600 mil personas. Daniel Arroyo, titular de la cartera, adelantó que se buscará ampliar ese universo a 300 mil personas, un número abismal en relación a las casi 9 millones de personas que percibieron el IFE.
Fuente: AnRed
Este jueves ingresa al recinto la
Inclusión Laboral Trans y Travesti
Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020.
La Legislatura de Tucumán dio dictamen a la Inclusión Laboral Trans y Travesti.
La Comisión de Legislación General de la Honorable Legislatura de Tucumán dio dictamen favorable a los proyectos de Inclusión Laboral Trans y Travesti y queda a un paso de ingresar al recinto este jueves 26 de noviembre. Este proyecto cuenta con una perspectiva integral y amplia de los derechos de la población Travesti y Trans en la provincia.
LesWarmi, la Grupa Trans, Putos Peronistas Tucumán, la biblioteca popular Crisálida coordinan un frente de organizaciones impulsoras del proyecto y del debate, que vienen realizando en la provincia charlas explicando la importancia del tratamiento y la aprobación de esta ley. En el “poroteo” las organizaciones aseguran que cuentan con el respaldo de los votos para hacerlo realidad, a tal fin pusieron en marcha la campaña “Que sea Ley Ya! para un Tucumán más justo e igualitario. Con los hashtag #LeyInclusionLaboralTrans #QueremosUnaOportunidad #LegislaturaDeTucuman
El proyecto de ley con dictamen abarca no tan solo al derecho a un trabajo digno en el sector público, sino también incentiva la contratación en el sector privado y sobre todo al trabajo autónomo. Fomentando el trabajo individual/asociado/familiar de emprendimientos a través de líneas de créditos. Por otro lado, fomenta la sensibilización y concientización necesaria para el desarrollo de sus actividades en espacios libres de discriminación y malos tratos durante su vida cotidiana. Y apunta a la formación y capacitación a través de becas de estudio para dar respuestas a los requisitos pre-establecidos por determinado empleo, garantizando el derecho a la educación.
Las organizaciones suspendieron la realización de la Semana del Orgullo en Tucumán que históricamente realizan desde 2009 para centrarse en la campaña de cabildeo para lograr la aprobación de la ley. El proyecto con dictamen es autoría de Sara Alperovich (FDT); Raúl Ferrazano (FDT); Norma Reyes Elias (FDT); José Canelada (JXC), Eduardo Bourlé (FDT) y Federico Masso (Barrios de Pie).
En el plano nacional, la Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti y Trans “Diana Sacayan-Lohana Berkins”, con dictamen favorable de varias Comisiones, aún no logró sortear labor parlamentaria en la Cámara de Diputados de la nación. Por lo que las organizaciones locales también peticionan el tratamiento en la Cámara de Diputados y su aprobación.
La comunidad isleña de Tigre se
moviliza contra la contaminación y
en defensa de los humedales
Por Javier Ignacio Ferreti, Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020.
Los vecinos y vecinas del Delta tigrense realizaron ayer una marcha acuática, un corte en la Avenida Cazón y un festival solidario. Reclaman por la ley de humedales y el cese de la contaminación. La floración de cianobacterias o “algas verde-azuladas”, que durante las últimas dos semanas tiñó de verde el agua de Puerto Madero, también lo hizo en toda la cuenca del Río Paraná. Esto afecta gravemente la vida habitual de las miles de personas que viven en el Delta de Tigre, ya que durante este tiempo no pudieron usar el agua para bañarse, regar las huertas, limpiar o cocinar, entre otras cosas, dado que solo tocarla implica un riesgo para la salud.
Ya desde hace algunos años se desaconseja beber agua de los ríos y arroyos de esta zona o usarla para cocinar, dada la contaminación industrial y urbana que arroja el Río Reconquista, que se suma a la de los agroquímicos que provienen desde los campos bonaerenses, entrerrianos y santafesinos. Además, esto sucede luego de los cientos de incendios de selvas y humedales que hubo en la cuenca, lo que según los y las especialistas es una de las posibles causas de la floración, junto con la contaminación mencionada y la bajante histórica del río Paraná por el fenómeno de “La niña”, potenciada por la acumulación de agua en las represas brasileñas y argentinas. Todo esto produce que la concentración de fosfatos y nitratos en las aguas sea muchísimo más elevada que lo natural y se produzcan las floraciones.
Un problema adicional fue la falta de información oficial hasta los últimos días, en que el Municipio de Tigre divulgó un “semáforo” para evaluar el riesgo según el color de las aguas, junto con consejos para purificarla para uso doméstico. Sin embargo, los y las isleñas denuncian que estos métodos son muy caros y no están a su alcance, más con la crisis económica que agravó la pandemia, sobre todo en esta zona que tiene muchos ingresos por el turismo. Esta falta de información y de soluciones, además, hace que mucha gente siga usando el agua como lo hacía habitualmente y que en las Salas de Salud no hayan podido dar respuesta a quienes presentaron afecciones gastro-intestinales y en la piel.
Por todo esto, distintas organizaciones isleñas, entre las que se destacan la Asamblea Trans-Feminista y el Observatorio de Humedales, realizaron este sábado a la mañana una marcha acuática desde el Río Luján y el Arroyo Gambado hasta la amarra pública Hugo del Carril, frente a la estación de Tren. Luego de una breve concentración, se marchó por tierra hasta la estación Fluvial, interrumpiendo por media hora el tránsito en las principales arterias del centro de Tigre. La actividad se extendió luego durante cinco horas con un festival donde, aproximadamente, 300 vecinos pudieron expresarse, cantar, bailar y encontrarse.
El reclamo principal es la promulgación de una ley que proteja los humedales. Ayer anunciaron que, después de ocho años de la primera presentación de un proyecto unificado por la Red Nacional de Humedales, el actual ya fue aprobado por parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputado de la Nación. Los humedales juegan un rol fundamental para prevenir este tipo de contaminación, ya que funcionan como “riñones del ambiente” al filtrar los sedimentos que traen las aguas del río y estos procesos naturales dejan de ocurrir con un vado o un bosque en galería quemado.
Voces científicas ante la desinformación
La Doctora en Sociología Sofía Astelarra y el Doctor en Ciencias Biológicas Luciano Iribarren son dos referentes del Observatorio de Humedales del Delta. Este observatorio surgió al calor de las luchas contra los emprendimientos inmobiliarios, como el barrio “Colony Park”, donde se proponía alterar los humedales para su construcción. Ante la falta de información oficial y en los medios masivos sobre las causas y consecuencias de esta contaminación y cómo afecta al modo de vida isleño, sus palabras son fundamentales.
“Había indicios de que esto podía pasar: venían bajando por el Paraná estas floraciones. A pesar de eso, no hubo una alerta que le permitiera a la población prepararse para esta situación”, advierte Iribarren. “Estamos ante una situación de riesgo sanitario: uno de los aprendizajes que nos dejó la pandemia es que la salud ambiental y la salud social son una sola”, agrega Astelarra.
Ambos denuncian que el Estado podría haberse anticipado a esta situación mediante el control de los agroquímicos que se usan indiscriminadamente para el cultivo de oleaginosas y la regulación de la contaminación de la cuenca del Reconquista y el Luján, que lleva 40 años sin soluciones de fondo pese a que hay un “Comité de Cuenca” y un plan de manejo sustentable del Delta del Paraná. “Espacios de articulación institucional e intergubernamental hay, sólo que no hacen monitoreos, no dan alerta a la población y sobre todo no hacen control de las industrias, de las producciones, de los lixiviados de los deshechos domiciliarios ni del relleno de los humedales”, denuncia Astelarra y asegura que el Estado debe convocar a comités de crisis internacional con participación de vecinos, científicos y las organizaciones sociales que vienen trabajando la problemática del agua, además de hacer que quienes hacen el daño ambiental paguen por ello.
En cuanto a los pronósticos acerca de cuánto van a durar las floraciones y sus consecuencias, Iribarren explica que “si las causas que generaron esta floración persisten, es muy probable que la floración también persista”. Para frenar esto, según los especialistas, es fundamental que se apruebe la Ley de Humedales, dado que les va a permitir a las organizaciones ambientales poner más trabas a este modelo de destrucción masiva.
“Una cuestión que me parece bastante potente de este festival es que sale de un encuentro trans-feminista isleño. Me parece que acá hay un encuentro de luchas que siempre estuvieron articuladas pero que cada vez lo hacen más. Se está gestando una mirada eco-trans-feminista en el humedal, por lo menos acá en el humedal de Tigre. Había una necesidad muy grande de manifestarse sobre lo que está pasando en el contexto de la ASPO y porque estamos viviendo violencias muy fuertes en el territorio, es muy violento que tu medio de vida de repente se convierta en tu causa de muerte, como es el agua en este caso. Es una situación muy desesperante y muy violenta, que se hermana con la perspectiva que tenemos las mujeres, las lesbianas, las trans. Sabemos lo que es la violencia en nuestros propios cuerpos, entonces la defensa de los cuerpos y los territorios se están amalgamando, y creo que eso es algo muy potente a nivel local”, concluye Astelarra.
fuente: AnRed
Convocan a movilizarse para
impedir que sigan privatizando la
costanera porteña
Resumen Latinoamericano, 22 de noviembre de 2020.
La Legislatura porteña aprobó por 35 votos a favor y 22 en contra, el proyecto de Horacio Rodríguez Larreta que privatiza una parte importante de la Costanera Norte y entrega terrenos a iniciativas inmobiliarias.
Sin embargo, este 27 de noviembre habrá una Audiencia Pública de manera virtual para intentar frenar esta nueva barbaridad de Larreta.
«No vendan la costanera», gritaron este domingo miles de vecinos
Nueva caravana en contra de la venta de terrenos en Costa Salguero
Imagen: Télam
A pocos días de la audiencia pública para debatir el proyecto del gobierno porteño de vender los terrenos públicos donde estuvieron los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco, miles de vecinos decidieron emprender una caravana/bicicleteada para frenar la iniciativa del oficialismo y conseguir que se destine, en ese espacio, un «gran parque público para todos».
La convocatoria nació, otra vez, desde las redes sociales. Legisladores del Frente de Todos porteño junto a organizaciones ambientalistas y agrupaciones culturales coordinaron tres puntos para el inicio de la caravana: la Torre de los Ingleses, en Retiro, el Parque Las Heras y el Planterario, estos dos últimos, en el barrio de Palermo.
La marcha empezó, tal como se había estipulado, a las cuatro de la tarde. En losprimeros videos e imágenes que circularon en las redes sociales se observan cientos de jóvenes cantando y bailando al ritmo de una canción que repite cada vez más: «No vendan la Costanera». https://iframely.pagina12.com.ar/api/iframe?url=https%3A%2F%2Fcontent.jwplatform.com%2Fpreviews%2FKUL9sImy&v=1&app=1&key=68ad19d170f26a7756ad0a90caf18fc1&playerjs=1
Luego, una vez arribado al predio, los miles de vecinos que pedalearon para defender el terreno público, participaron de distintas actividades, que fueron desde una feria gastronómica, a partidos de fútbol feminista y concursos de Freestyle.
Además del apoyo de personalidades de la cultura -como por ejemplo Pablo Echarri- el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, utilizó las redes sociales para dejar su mensaje en el que afirmó que «la Costanera Norte tiene un enorme potencial para transformarse en un gran parque público que nos devuelva la oportunidad de disfrutar del Río de la Plata. El acceso al río mejoraría nuestra calidad de vida y sería un activo turístico estratégico para la Ciudad».
«Tenemos la capacidad de crear un gran parque que, junto a las reservas naturales de Costanera Sur, Costanera Norte y Lago Lugano, conforme un corredor natural urbano que garantice el contacto con la naturaleza», continuó Lammens.
Audiencia pública
La inciativa urbanística abarca los terrenos públicos donde funcionaron los complejos Costa Salguero y Punta Carrasco, y sobre los que se cambió la actual zonificación para incluir allí los usos del suelo «residencial y comercial». Ambas parcelas forman parte del denominado «Distrito Joven» que se extiende a lo largo de la Costanera Norte y fueron autorizadas, a través de una ley de diciembre del año pasado, a ser vendidas por el Gobierno porteño tras la caída de las concesiones.
El proyecto prevé la construcción de un conglomerado de diez edificios de hasta diez pisos de altura, con calles internas y un espacio verde que finaliza en la ribera, sobre el cual se permitirá el acceso público. El próximo viernes 27 habrá una nueva audiencia pública en la Legislatura, y ya se anotaron para participar más de 2.500 personas.
Piden la anulación de la compra
de tierras de lago Escondido por
parte de Lewis
Por Santiago Rey, Resumen Latinoamericano, 21 de noviembre de 2020.
El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, podría impulsar una investigación sobre el proceso de compra de la estancia Hidden Lake, en lago Escondido, por parte del magnate británico Joe Lewis.
Así lo solicitó un escrito presentado por el historiador Alejandro Olmos Gaona, quien calificó como “fraudulento” el proceso que derivó en la escrituración de los terrenos linderos al lago y la posterior clausura del acceso al espejo de agua.
“Vengo a solicitar que la Procuración adopte las medidas legales respecto a la compra fraudulenta de dos estancias en zonas de frontera de la provincia de Río Negro, por parte de la Sociedad Hidden Lake, controlada por capitales británicos, y que, desde 1996, usurpa una propiedad pública como es el Lago Escondido”. En estos términos, Olmos Gaona encabeza el escrito de 14 páginas enviado a Zannini, al que tuvo acceso En Estos Días.
Durante la gestión de Mauricio Macri como Presidente -amigo íntimo de Lewis, señala el escrito-, el por entonces Procurador del Tesoro, Carlos Balbín, intentó impulsar la invalidación de la venta de esas tierras, pero no logró romper las limitaciones políticas impuestas por la gestión de Cambiemos. Incluso, Balbín fue eyectado de su cargo, según recordó el periodista Néstor Espósito en el diario Tiempo Argentino.
Balbín fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, quien –según Olmos Gaona– “paralizó cualquier decisión en ese sentido”.
Ahora, el historiador confía en que Zannini impulse la investigación que pueda determinar el posible carácter “fraudulento” del proceso de venta.
Historia
El pedido de Olmos Gaona refiere a la “compra fraudulenta de dos estancias en zonas de frontera de la provincia de Río Negro, por parte de la Sociedad Hidden Lake, controlada por capitales británicos, y que, desde 1996, usurpa una propiedad pública como es el Lago Escondido”.
Repasa que “el 19 de junio del año 1996, el Dr. Lisandro Allende solicitó en su carácter de Presidente de H.R. Properties Buenos Aires S.A. la autorización para la adquisición de tierras a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad”. En tiempo récord, el 2 de julio, “tal solicitud obtuvo dictamen favorable de la Subdirectora y el Director de la Unidad de Proyectos de Radicación, debido a que la peticionante era una persona jurídica argentina, con un Presidente argentino, siendo autorizada finalmente por el Presidente de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad”.
El 22 de agosto, “la Unidad de Proyectos de Radicación confirmó la autorización concedida, con relación a una mayor superficie del terreno a adquirir, que, de conformidad con el plano definitivo, era de 8.063 hectáreas”.
Pero si bien el pedido de tierras había sido encabezado por una empresa “argentina”, el 5 de mayo, Properties Buenos Aires S.A. se había convertido en Hidden Lake S.A. “cuyas 11.999 acciones estaban en poder de una sociedad británica denominada Lago Corp., representada por Alfredo Rovira y Charles Barrington Lewis con 1 acción, quien es ciudadano inglés” e hijo de Joe.
“Esta sociedad con nombre distinto realizó la escritura de la propiedad a su favor, inscribiéndola en el Registro de la Propiedad de Río Negro, y donde se consigna que la misma se encuentra en zona de seguridad de fronteras. Es decir, se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra”, resume el historiador Olmos Gaona.
Cuestiona, además, que, cuando el organismo correspondiente “inició el trámite para obtener la aprobación de la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad, lo hizo a sabiendas que la sociedad estaba constituida por capitales extranjeros, falseando los datos suministrados a la autoridad pública”.
De esta manera, “se celebró una escritura en clara infracción a las disposiciones del Decreto Ley 15.385/44, ratificado por la Ley 12.913, ya que la norma citada creó en todo el territorio argentino zonas de seguridad destinadas a reforzar las previsiones territoriales de la Defensa Nacional, que corresponden a espacios geográficos que presentan un valor estratégico para la defensa de la integridad territorial de la Nación”.
Cuestiona, además, que “ninguno de los integrantes de la sociedad extranjera Hidden Lake S.A. estaban casados con mujeres argentinas ni tenían hijos argentinos, ni tampoco se establecían con una empresa o industria de importancia para la economía del país. Era solamente una sociedad británica que compraba tierras en zonas vedadas a los nativos de esa nacionalidad, como a otros de nacionalidad extranjera. Lo que resultaba una evidente infracción a la ley. Además, obtenida a través de una maniobra claramente fraudulenta, disfrazando de nacional a lo que era una sociedad integrada por personas físicas y jurídicas de otro país”.
Continuando con “la maniobra ilegal”, en el mes de septiembre, Charles Barrington Lewis, hijo de Joe, se presentó en representación de los intereses de Hidden Lake S.A. solicitando ante la Comisión de Zonas de Seguridad, mediante un trámite abreviado, dos autorizaciones adicionales para la aprobación de la compra de 2.760 hectáreas más en la misma zona de seguridad de fronteras.
El 13 de diciembre, se autorizó la compra, a pesar de que la sociedad había cambiado su capital social y era distinto a los declarados en el momento de pedir la primera autorización para la compra de las tierras.
La inocultable maniobra derivó, en 2012, en una denuncia del Ministerio Público fiscal. “Increíblemente -plantea Olmos Gaona-, a pesar del tiempo transcurrido, solo se llamó a indagatoria a los involucrados en el fraude, en el mes de diciembre del año 2015, habiéndose declarado el sobreseimiento por prescripción de la acción penal”.
Con posterioridad, el Procurador de Investigaciones Administrativas interpuso un recurso de casación y la Cámara Nacional de Casación Penal revocó el sobreseimiento dictado por el Juez y confirmado por la Cámara Federal, y ordenó seguir adelante con el procesamiento de los involucrados en la acción penal. Actualmente, la causa está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Cierre del acceso
La presentación realizada ante el Procurador del Tesoro repasa también el cierre del acceso al lago Escondido, dispuesto por Hidden Lake.
“A la maniobra de la empresa británica, cabe sumar todo lo ocurrido respecto al lago Escondido, que es un bien de dominio público nacional, pero para cuyo acceso es indispensable transitar por la propiedad privada adquirida en fraude al Estado”.
Por ese motivo, uno de los jueces de la Cámara Federal dijo que “conforme se desprende de las recientes intervenciones del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río Negro en la materia, el propietario de las tierras pesquisadas habría omitido proveer una servidumbre de paso que asegurara el acceso público al lago patagónico, lo que motivó una sentencia” del STJ rionegrino “orientado a revertir la imposibilidad práctica de los ciudadanos argentinos de acceder a ese bien de dominio público”.
La problemática relativa a la falta de acceso para los ciudadanos argentinos al lago Escondido “ha motivado a lo largo de los años distintas manifestaciones de organizaciones sociales, proyectos de ley, cuestionamientos judiciales, decretos presidenciales y demás acciones colectivas”, explica el historiador, pero “nada de ello, empero, parece haber alcanzado para que las autoridades ejecutivas alteraran la irregularidad original -denunciada en este caso por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- que derivó en todos los restantes vicios que aquejan a la comunidad argentina”.
Recapitulando, entonces, recuerda Olmos Gaona: “Tenemos que la adquisición de las tierras por parte de personas extranjeras se hizo en infracción a normas específicas que tutelan la Defensa Nacional de nuestro país; que los terrenos adquiridos en esas condiciones comprenden toda la circunferencia de un bien de dominio público; que las personas extranjeras propietarias de las tierras, ya sea por acción o por omisión, impidieron a lo largo de estos años que los ciudadanos argentinos ingresaran y, por consiguiente, disfrutaran del bien de dominio público nacional sometido al control subrepticio -aunque con la anuencia de autoridades nacionales- de ciudadanos extranjeros; que independientemente de los esfuerzos realizados por diversos sectores de la sociedad, ninguna de las irregularidades advertidas ha sido -por razones que son difíciles de comprender- adecuadamente revertida”.
Cerco político para Lewis
Oportunamente, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Balbín, que interviniera a los efectos de “una acción de lesividad respecto a las irregularidades en la compra de tierras por parte del británico Lewis y la sociedad Hidden Lake S.A”. De hecho, el 7 de octubre de 2016, el Dr. Balbín remitió el expediente al por entonces Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, “a los fines que se iniciaran las causas judiciales para declarar nula la autorización a la compra de tierras por parte de los accionistas británicos”.
A pesar del cúmulo de pruebas, ante el requerimiento del Procurador del Tesoro, el Subdirector de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior dictaminó que iniciar acciones judiciales “acarrearía un dispendio de actividad judicial y administrativa innecesaria”.
Así, el Ministerio del Interior comunicó al Procurador del Tesoro lo “innecesario de la acción de lesividad, debido a la existencia de una causa penal”. Es decir que rechazaba el impulso a un expediente administrativo.
El 5 de mayo de 2017, el Procurador del Investigaciones Administrativas, Santaigo Eyherabide, volvió a insistir ante el Procurador del Tesoro, pero la decisión política del Gobierno de Cambiemos era no molestar los intereses de Lewis y cerrar la puerta al avance administrativo del pedido de investigación.
La llegada impulsada por el macrismo de Bernardo Saravia Frías a la Procuración del Tesoro cerró cualquier posibilidad de que ese organismo impulsara una investigación.
Así, existe un expediente penal en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, mientras que la Procuración del Tesoro “hasta la fecha, continúa en la inacción a pesar de los reiterados pedidos efectuados por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”.
“Aunque revela un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público -dice el denunciante-, puede explicarse que el anterior Procurador Saravia Frías, siendo amigo del ex presidente Mauricio Macri, no haya impulsado tramite alguno respecto a la cuestión a que me estoy refiriendo, debido a que el imputado principal -Lewis- es amigo del ex Presidente, quien en el ejercicio de la primera magistratura cuestionó las imputaciones efectuadas por la Justicia”.
Ahora, esta renovada presentación podría encontrar eco en el nuevo Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, y derivan en una investigación profunda sobre cómo Lewis se hizo de las tierras que sus empleados defienden winchester en mano.
Fuente: La Tinta
Envio:RL
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