21 de noviembre de 2020
El Primo Capraro, dominado por años por el nazi Erich Priebke
Cómo era el colegio de Bariloche donde se formó la ministra Acuña
La ministra de educación de CABA, Soledad Acuña nació en Bariloche en 1975. Cursó en el colegio alemán Primo Capraro su educación primaria y secundaria y egresó en 1992. Las fotos muestran que, como en todas las promociones del colegio de esos años, en ese acto quien oficia de autoridad es el ex oficial de la SS Erich Priebke, por entonces al frente de la Asociación Cultural germano-argentina que regentea el colegio. Eso fue así hasta 1993, porque en 1995 fue extraditado para ser juzgado en Italia por la masacre de las Fosas Ardeatinas de Roma, ocurrida bajo su mando en 1944.
Si bien es imposible establecer una línea directa entre los despectivos dichos con que Acuña señaló la actual formación de los docentes en CABA, también es difícil evitar esa asociación.
Durante muchos años Priebke vivió en la ciudad andina “al descubierto”, sin alias ni camuflaje, exhibiendo su porte de oficial de la Gestapo y capitán de la SS, desde las oficinas del Asociación hasta los actos de egresados. Entre otros, el de Acuña, quien luego estudió ciencias políticas en la UBA e hizo una Maestría en Administración y Políticas Públicas en la Universidad de San Andrés.
La comunidad alemana está muy presente en la vida de esa ciudad, y esa participación es histórica. “Llegue a conocer bastante gente andando por ahí, europeos hubo siempre, pero lo que llama la atención, es lo importante que fue allí la participación de Priebke, desde el marco del colegio” explica Santiago Varela. El guionista, desde los años ‘60 se dedicó a recorrer la comarca andina: “andaba, subía los cerros, charlaba con la gente”, recuerda. Conserva amigos y una percepción certera sobre el perfil de la ciudad. Y sostiene que la mejor semblanza sobre la llegada y estadía de Priebke allí, y al frente del Colegio Primo Capraro, puede verse en el documental de Carlos Echeverría: “El pacto de silencio” (2006).
Es la visibilidad del jerarca nazi en esa comunidad lo que le asombra a Varela. Algo que el filme de Echeverría describe con detalles. En la institución se festejaba el cumpleaños de Hitler, y su ascenso al poder. En estos los valores fue formada y es difícil pensar que no haya vivido “valores” ni “bajada de línea”. Aunque como señala Echeverría a Página/12: “Me parece un poco forzado relacionar las barbaridades que dijo con su formación, porque conozco a muchos egresados del colegio y ninguno tiene los prejuicios que ella tiene”. Él mismo fue a ese colegio hasta cuarto grado. “Y no puedo asociar que esa sea la fuente de sus ideas respecto a los docentes, o las acciones como la delación, que propone”. Varela coincide: “No todos lo que se recibieron ahí siguieron esa línea, pero los que decidieron seguirla, tienen una buena base”, advierte.
La escuela primaria donde comienza esta historia se funda en 1907 por evangelistas alemanes que venían de Chile, y se cierra en 1939, que “por ser alemanes”, señala Echeverría. Pero el proyecto educativo que reabre en 1953 es diferente. “Allí comienzan a agruparse los inmigrantes, nostálgicos nazis, que llegaron al país en el ‘48”, explica el cineasta. Pero a fines de los 70, la escuela recibe apoyo de Alemania Federal para construir el edifico que sería luego la secundaria, de la que Acuña egresa con título de bachiller. Y en la que fue una activa promotora del Centro de Estudiantes.
El Capraro sostiene un proyecto educativo y político que se trasforma según los cambios históricos en Argentina y Alemania. Pero uno de sus ejes es la recepción de docentes provistos por el ministerio de educación de Alemania, para potenciar el idioma y “la comunidad de inmigrantes”. Esa característica se mantiene, aunque los docentes que van responden a su tiempo. De ahí que Echeverría sostenga, que “la idea de vincular las ideas actuales de Acuña, con su paso por el colegio es atractiva, pero quizá no le hace justicia al hecho de que el colegio, con el tiempo, cambio para bien”, puntualiza.
En su película puede verse a Herbert Best, uno de los profesores de Alemania, que estuvo en el Capraro desde 1957 a 1960, quien comenta el proyecto de los fundadores del colegio “nostálgicos del Tercer Reich”. El filme se concentra en la historia de Priebke que llega en 1954, y hace carrera en esa Asociación: miembro, vicepresidente, y en los ’80 presidente, y elige a directores y docentes. “A todos ellos” señala Echeverría al explicar cómo la comunidad empodera a Priebke. Esto lo refuerzan los testimonios de los docentes que osaban dar, por ejemplo, información sobre el holocausto y eran cuestionados por eso.
La concepción de la Asociación era omitirles a sus alumnos toda información histórica real, según el cineasta “la raíz de esto es que, los que fundaron el colegio venían de una derrota, de un fracaso político estruendoso, y no lo pudieron asumir nunca, la historia política no estaba contemplada en la currícula”. Se prohibía ver “La lista de Schindler”, se prohibía leer a Heinrich Böll, premio Nobel de Literatura en 1972. “Porque es comunista” le decían a la profesora que lo recomendaba.
En el 92 todavía Priebke no había sido “descubierto” por la justicia, pero ya lo había descubierto Esteban Buch, el protagonista de otro filme de Echeverría: “Juan como si nada hubiera sucedido” (1987). Allí, Buch investiga como periodista la desaparición del joven Juan Herman en la ciudad, “desaparecido político” apunta Echeverría. Buch, quien reside en Francia hace treinta años, escribió “El pintor de la Suiza argentina” (Sudamericana, 1991) sobre un artista plástico belga colaboracionista, buscado por la justicia en Bélgica. Nunca lo encontraron, murió en Bariloche y Esteban llegó a conocerlo, cuenta Echeverría, y como no tenía descendientes “le dejó a Esteban un baúl con sus cosas, y ahí él descubre el pasado de este hombre, y a Priebke”.
Fue esa generación de “fundadores” como los llaman, quienes lograron que las generaciones educadas allí estuvieran “al margen de toda elaboración político-histórica”, señala Echeverría. Tuvieron que buscarla después. Por fuera de esa formación, porque mientras estudiaron allí, la visión rectora era la de Priebke. Y todos tenían su foto grupal con él. “Acuña la debe tener también –arriesga Echeverría--, porque él se ocupó de perpetuarse en las fotos de todos, en el colegio”. Y concluye con un dato: “El colegio tenía hasta hace diez años, fotos en los pasillos, de las distintas promociones, y estaban las de Priebke, los mismos pibes las rayaban, le ponina cosas, la rompían, y desde el colegio volvían a renovar la foto, hasta que los profes nuevos, escribieron a la embajada alemana … y de ahí en más, ya no hay más fotos con Priebke en los pasillos del colegio”.
Tres docentes rebeledes
Herbert Best, Dorothee Engels y Fritz Küper, son docentes alemanes que es tuvieron en Bariloche como profesores del Instituo Capraro, al que llegaban como contraprestación por el subsidio que recibe el colegio, desde Alemania, para seguir construyendo y ampliando la comunidad. Los tres testimonian en la película “El pacto de silencio”, sobre la experiencia de trabajo en un entorno “detenido en el tiempo”, producto de “los fundadores del Capraro, nostálgicos del nazismo”, cuentan.
Best tenía convicciones propias respecto al pasado nazi alemán, no lo compartía. Su posición refleja la nueva política pública de Alemania en educación: tratar el holocausto en las escuelas, llevar a los chicos a ver los campos de concentración. Su formación docente es democrática y humanista. Pero en Bariloche “era muy difícil poder expresarse con libertad”. Pero igual le dice a la Asociación: “estos libros no van mas”, y los saca de los estantes, entre ellos “Mi lucha” de Adolfo Hitler.
Engles trabajaba con literatura alemanda y decide dar a Henirich Böll, un pacifista, Nobel de Literatura 1972, y al día siguiente la llama, a una oficina, una persona que trabajaba con Priebke, y le dice directamente: “No queremos que se habla de Böll acá, porque es un comunista”.
Küper cuenta que un día se enfermo un profesor y para ocupar las dos horas decidió pasar una película alemanda que les proveía el Goethe, y era crítica del nazismo: “La hora de Alemania”. Al otro día tres integrantes de la Asociación llegaron a su oficina a interrogarlo: “¿Por qué pasó esa película?”, preguntaban. Sucedía que “su padre –cuanta Echeverría-- fue un jerarca nazi y huyó de Polonia, a Tucuman, en 1948. Él luego toma contacto con un ‘comisario político’ de Bariloche que elegía docentes y lo eligen por ser hijo de un nazi”. Su testimonio visibiliza la formación que esa Asociación, quería para a sus estudiantes.
El relato demuestra que en ese entorno educativo, las autoridades estaban todo el tiempo atentos a la “bajada de línea” de cualquiera de los profesores. Incluso en el área de castellano, en los años 1980 y 1990, en la currícula argentina, cuando un profesor les propone a los alumnos hablar de “desaparecidos” y de los crímenes de la dictadura, no pasó mucho tiempo hasta que lo dejaron cesante porque “no daba el perfil de este colegio”, recuerda Echeverría.
Medidas específicas y cifras del presupuesto desmienten la idea de contracción del
gasto público y del sistema jubilatorio
El fantasma del ajuste
La mayor o menor capacidad de los países de alcanzar el mismo nivel de bienestar general prepandemia depende de la fortaleza económica y financiera previa. La economía argentina no cuenta con ese activo. Por el contrario, arrastra la crisis macrista que el coronavirus profundizó.
Tal es la magnitud del desastre acumulado que el objetivo de regresar a principios de diciembre es ambicioso. Se sabe que la herencia del último ciclo neoliberal no se puede reparar en un año y mucho menos cuando es uno de pandemia.
La tarea por delante entonces es más compleja. Esto no debería ser motivo de grandes debates teniendo en cuenta que todavía se sigue padeciendo la desestructuración productiva en los años de la dictadura cívico-militar y la privatización de servicios públicos básicos durante la década del noventa. Los experimentos neoliberales dejan una estela de larga duración.
Pero el inmenso dispositivo de derecha lo ignora con una impunidad asombrosa. Sus análisis y reclamos se despliegan como si no hubiese existido el fiasco económico del gobierno de Cambiemos y como si en el 2020 la devastación del coronavirus hubiese sido un invento de infectólogos.
La mentira del ajuste
El endeudamiento desaforado y el reingreso del FMI en la economía local serán una carga pesada que la condicionará en los próximos años. Deducir de esta situación dramática que las medidas de reparación, que resulta evidente que son insuficientes para una inmediata recomposición, son parte de un plan de ajuste es otra muestra más de la persistente estrategia de confusión deliberada.
El artículo del domingo pasado La mentira del ajuste generó bastante incomodidad, lo que se reflejó en reacciones más crispadas que las habituales. En general suelen suceder esas respuestas cuando el deseo o preconceptos ignoran, además de los contextos local y externo, las cifras. En definitiva, cuando el objetivo es rebatir fantasmas de otros.
Decir que no hay un ajuste en marcha no significa desconocer que el cuadro social y laboral sea pésimo, además de identificar los estrechos márgenes de autonomía de la política económica. Estos exigen amigarse con una cuota de rigurosidad analítica y saber discriminar la orientación de las políticas.
La evidencia histórica revela que las experiencias neoliberales son partidarias del ajuste, mientras que gobiernos nacionales y populares, que la vulgata denomina despectivamente "populistas", impulsan políticas expansivas. El debate podría ser cuál es la intensidad y velocidad de aplicación, pero ha quedado demostrado que eluden el ajuste como columna vertebral de la gestión.
Esto muestra la historia reciente, sin embargo algunos piensan que cualquier medida siempre será un ajuste –no una revolución- permanente. Diferente es la derecha y sus voceros que tienen como política central el ajuste permanente y ahora hablan de un ajuste cuando no lo es.
Los primeros forman parte de una opción política invariable, en cambio los segundos exhiben un grado de impunidad máximo.
Reconstrucción
En ese sentido, uno de los principales escenarios de disputa es el régimen jubilatorio.
El largo proceso de reconstrucción del sistema previsional desde el 2003 fue demolido en cuatro años de macrismo. Ocultarlo en la actual situación de crisis no colabora para la comprensión del sendero necesario para recuperarlo.
En forma breve, en poco tiempo la alianza Cambiemos debilitó la estructura del PAMI, redujo las prestaciones médicas y de medicamentos a los jubilados, endeudó a los jubilados a tasas elevadas, licuó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ("la plata de los jubilados"), debilitó la solvencia del sistema con la denominada "Reparación histórica" (medida que sólo benefició un poco a haberes medios para arriba) y modificó la movilidad para deprimir los ingresos de los jubilados.
En estos meses, antes de la presentación de la nueva movilidad, el gobierno de Alberto Fernández impulsó medidas iniciales de reparación del ecosistema previsional. Entre ellas, se destacan que el PAMI volvió a cubrir el ciento por ciento de medicamentos y reincorporó prestaciones médicas, los jubilados recibieron bonos para mejorar un poco sus ingresos y aumentos por decretos que en el caso de las mínima superan en total a la inflación acumulada, y se suspendió el pago de intereses y se redujo la tasa de interés de los créditos Argenta.
Gran parte de los jubilados forma parte de uno de los sectores más castigados. La clave pasa entonces por distinguir entre políticas que buscan mejorar su situación relativa o las que pretenden reducir el gasto previsional.
La evidencia en cifras y en medidas revela que los gobiernos kirchneristas (2003-2015) y el actual de Alberto Fernández tratan de recuperar la capacidad de compra de los jubilados. Es obvio que es insuficiente por la brutalidad del ajuste macrista pero igualar ambos senderos solo colabora a la confusión general.
Movilidad
El más reciente informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la CTA se refiere a la propuesta de recuperar el esquema de la fórmula de movilidad de los gobiernos de CFK.
Con ajustes semestrales y con rezagos acotados en las variables, se basa en un 50 por ciento en la variación de los salarios registrados (Ripte) y en otro 50 por ciento en la variación de la recaudación tributaria de la Anses dividida por la cantidad de beneficios. A su vez, se establece un tope a los incrementos, que no podrán superar en más de 3 por ciento la variación de la recaudación total de la Anses por beneficio en los últimos 12 meses.
El reporte analiza la evolución de la jubilación mínima desde la crisis final de la convertibilidad en 2001-2002, destacando que el período de fuerte recuperación del poder adquisitivo fue consecuencia de sucesivas decisiones del Poder Ejecutivo, con anterioridad a la vigencia de una ley de movilidad automática.
Tras la ley sancionada a fines de 2008 las jubilaciones tuvieron un incremento significativo, que acumuló 21,3 por ciento en términos reales entre diciembre de ese año y el mismo mes de 2017, cuando el gobierno de Cambiemos modificó la fórmula.
Apunta que en esa oportunidad se argumentó que el cambio favorecería el mantenimiento del poder de compra de las jubilaciones pero la práctica demostró que no fue así. Por el contrario, se perdió un 14,5 por ciento en términos reales en la jubilación mínima mientras esa fórmula basada en el IPC y los salarios estuvo vigente.
El informe Cifra-CTA precisa que en 2020, con la movilidad automática suspendida y con incrementos definidos por el Poder Ejecutivo, logró aumentarse levemente el poder adquisitivo de las jubilaciones mínimas. Hasta septiembre, antes del último aumento informado que será del 5 por ciento, el acumulado del año era de 5,4 por ciento.
Propuesta
Los economistas de Cifra-CTA explican que el cambio propuesto permitirá que las jubilaciones avancen siempre y cuando mejoren los salarios y la recaudación de la seguridad social, que en definitiva depende de la evolución de las remuneraciones y el crecimiento de los puestos registrados.
Advierten que el contexto de mejora económica y del mercado laboral es condición necesaria para que las jubilaciones se recuperen de modo sustentable, para proponer que "sería deseable complementar la propuesta con un piso que limite las posibles caídas de poder adquisitivo en los haberes en momentos recesivos".
A la vez, señalan que las jubilaciones vienen siendo golpeadas en los últimos años, estimando que en octubre de este año el poder adquisitivo del haber mínimo quedó 18,8 por ciento por debajo del previo al gobierno de Cambiemos. Con esa base, sugieren que "sería deseable que se incrementen los haberes en forma previa a la aplicación de la fórmula propuesta".
O sea, cualquier análisis riguroso reconoce que la fórmula de movilidad propuesta puede mejorar el haber por encima de la inflación, siendo superior que la de Macri. La clave es cómo recuperar la pérdida acumulada durante el macrismo. Es probable que sea en algunos años, con crecimiento económico, pero las necesidades inmediatas demandan una recomposición más rápida, que además actuaría como factor de fortalecimiento de la demanda interna. De ese modo se aceleraría el crecimiento en un círculo virtuoso de mejora de los ingresos de un sector castigado.
Cifras vs. "ajuste"
Un ajuste sería que las jubilaciones mínimas no empaten la tasa de inflación de este año y, con el último aumento anunciado del 5 por ciento, lo más probable es que pueda estar uno o dos puntos por encima o equilibradas, dependiendo de la evolución de los precios en el último bimestre. Un bono de fin de año brindaría un poco de alivio. Esta eventual medida como otras ya anunciadas debería haber sido detallada en el momento que se informó la discontinuidad del IFE.
Fue un error no forzado del Gobierno, que en los días siguiente corrigió. Error incomprensible teniendo en cuenta que en este año implementó una serie de medidas destinadas a amortiguar el impacto de la pandemia sobre el ingreso de los hogares y los sectores productivos más afectados.
Se dispusieron medidas sociales específicas para la atención de la emergencia que resultaron de excepción, pero también se reforzaron y adecuaron programas sociales ya existentes. El presupuesto estimado de este año para la atención de gastos primarios de la Administración Pública Nacional registró un incremento real de 19,7 por ciento respecto al monto ejecutado en 2019.
En términos de participación sobre PIB, el gasto primario estimado para 2020 representa un 23,9 por ciento del Producto, un aumento de 6,0 puntos porcentuales respecto de 2019. Por su parte, el gasto primario del proyecto de Presupuesto 2021 evidencia una variación interanual real del 7,6 por ciento con respecto al Presupuesto estimado para 2020 (neto de gastos covid) y del 8,4 por ciento respecto de 2019.
El incremento de esa participación resulta más que significativo puesto que se realiza sobre una previsión de crecimiento real del Producto para el próximo año de 5,5 por ciento.
Red de emergencia
El gobierno desplegó a lo largo de este año una amplia red de emergencia y tiene previsto continuarla con adaptaciones el año próximo. Entre las principales medidas se destacan:
* Las Asignaciones Familiares y las Asignaciones Universales para Protección Social (AUH y AUE) representan en 2020 un gasto total de 395.000 millones de pesos (1,5 por ciento del PIB) y alcanzan a cubrir a más de 8,8 millones de niños y niñas. Los beneficiaros de la AUH recibieron un bono extraordinario en abril de 3100 pesos. Se sumarán entre 700.000 y 1.000.000 niños y niñas a la AUH, alcanzando una cobertura total de más de 9,5 millones. Para 2021 el presupuesto contempla para estas asignaciones un monto de 485.000 millones de pesos.
* En este año se destinaron 270.000 millones de pesos (1 por ciento del PIB) al pago del IFE, alcanzando una cobertura de casi 9 millones de personas.
* Entre abril y octubre, se destinó cerca de 220.000 millones de pesos (0,8 por ciento del PIB) al pago de salarios del sector privado vía ATP. Ya se habilitó la inscripción para el programa de este mes. Las empresas de sectores considerados no críticos que sigan requiriendo asistencia podrán recibir créditos a tasa subsidiada con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas para su devolución.
* Se otorgaron 565.200 créditos a tasa cero para autónomos y monotributistas, entre abril y octubre, por un monto total de 61.498 millones de pesos.
* Se entregaron 107.000 créditos para pymes a una tasa subsidiada del 24 por ciento por un total de 486.115 millones de pesos.
* A través del ATP también se redujeron o postergaron las contribuciones patronales para contrarrestar la merma de ingresos de las empresas y el aumento del desempleo, y se fortalecieron las asignaciones para el gasto por prestaciones del seguro de desempleo, que se elevó a un mínimo de 6000 pesos y un máximo de 10.000 pesos, alcanzando a cerca de 120.000 personas desocupadas sin ningún beneficio previsional o prestación no contributiva. Estas medidas tuvieron un costo fiscal estimado para 2020 de 88.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB). Para el año próximo se prevé una asignación para el seguro de desempleo de 15.200 millones de pesos.
* A través de la Tarjeta AlimentAR se brinda asistencia a más de 1,5 millones de familias que perciben la AUH/AUE con hijos e hijas de 6 años en situación de vulnerabilidad o discapacitados sin límite de edad, alcanzando una cobertura aproximada de 2,9 millones de niñas y niños. Además, se brinda asistencia alimentaria a través del complemento alimentario y la asistencia de cerca de 22.500 comedores escolares y comunitarios. Para este año, el presupuesto prevé 136.000 millones de pesos para la atención de la política alimentaria en su conjunto (0,5 por ciento del PIB). Para 2021 se prevén partidas por 114.250 millones pesos.
* El otorgamiento de subsidios a los servicios públicos de energía y gas, y transporte público de pasajeros son políticas que incrementan el ingreso disponible de las familias. En 2020 el monto para la atención de subsidios a la demanda de estos servicios alcanza los 418.000 millones de pesos y para 2021 se prevé 575.000 millones, manteniendo en ambos años una participación del 1,5 por ciento sobre el PIB
* En 2020 se unificaron los planes sociales Hacemos Futuro y Salarios Social Complementario bajo el programa Potenciar Trabajo y se realizaron 83.000 altas para absorber parte del trabajo del mercado informal que aún no ha podido recuperar su nivel de actividad, previéndose una cobertura que supere los 650.000 beneficiarios durante este año.
* La Anses suspendió el cobro de los créditos otorgados por la gestión anterior, lo que implicó un esfuerzo fiscal de 80.000 millones de pesos (0,3 por ciento del PIB).
* El Pami recuperó la política de medicamentos gratuitos alcanzando a 2,3 millones de jubiladas y jubilados, a quienes les significa un ahorro promedio mensual de entre 1000 y 3200 pesos.
Estas cifras son públicas. Ahora que comience el debate sobre el fantasma del ajuste.
Un grupo "provida" se concentró en la puerta de la casa del diputado
Antiderechos escracharon a Suárez Lastra por estar a favor de la legalización del aborto
Una docena de personas, autodenominadas "provida", se concentraron en la puerta de la casa del legislador porteño, en el barrio de Palermo, con bombos, carteles y banderas para presionarlo por su postura.
"Durante 2 horas un grupo pequeño, que agredió a algunos vecinos, se manifestó frente a mi domicilio. El debate q llevamos adelante por la IVE en el Congreso y en la calle hasta ahora siempre ha sido pacífico y respetuoso. Repudio el escrache y la violencia", expresó Suarez Lastra en su cuenta de Twitter.
Ante esta situación, dirigentes de distintos partidos políticos se solidarizaron con el legislador y repudiaron el accionar de los manifestantes antiderechos. "Intimidar a un diputado en su domicilio por el sentido de su voto agravia la convivencia democrática. Es también un acto profundamente autoritario e intolerante. Toda mi solidaridad", señaló Vilma Ibarra, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación.
Por su parte, la diputada Graciela Ocaña expresó su "repudio al escrache y amenazas hacia Suárez Lastra" y envió un mensaje de solidaridad. En el mismo sentido, la dirigente radical Karina Banfi indicó que "la política debe ser diálogo, nunca violencia", y la legisladora Cornelia Schmidt-L, quien está en contra de la legalización del aborto, señaló que este tipo de manifestaciones no los representa.
Devolución de retenciones a pequeños productores y liquidación de exportaciones
Basterra: "Lo que hizo Macri fue absolutamente irresponsable"
Imagen: Bernardino Avila
El gobierno nacional puso en ejecución, a partir de este mes, el sistema de compensación a pequeños y medianos productores de soja, por el cual les devolverá hasta diez puntos de las retenciones que les descontaron por la venta del grano de la última cosecha. Son un total de 37.548 pequeños y medianos productores, más de 25.700 de ellos con explotaciones de menos de 100 hectáreas sembradas. Recibirán devoluciones por 6754 millones de pesos en total, cumpliendo un compromiso de segmentación de las retenciones que asumió el gobierno en enero, con respaldo de la Federación Agraria pero con el rechazo de las otras tres organizaciones de la Mesa de Enlace: Sociedad Rural, CRA y Coninagro. "Volvimos a poner las retenciones a la exportación en su nivel anterior, pero introduciendo la segmentación que benefició al productor pequeño y mediano, no sólo a la agricultura familiar, y en mayor medida al de la zona extrapampeana; es un criterio que respeta la situación social pero también territorial, y corrige un manejo absolutamente irresponsable de los recursos del Estado en manos del ex presidente Mauricio Macri", sostuvo el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra, en la entrevista con Página/12.
¿Podría decirse que están recomponiendo la relación con los productores de granos?
Estamos cumpliendo con lo que prometió el Presidente Alberto Fernández desde el primer momento. La discusión sobre las retenciones a la exportación de granos fue muy manoseada, hubo un manejo absolutamente irresponsable del gobierno anterior. Que un presidente de la Nación, como hizo Mauricio Macri, establezca las retenciones pero atándólas a un valor fijo para el dólar, habla del manejo irresponsable de los recursos del Estado. Se especulaba con la devaluación desde el propio gobierno, de forma tal que así se licuara el aporte al Estado que representan esos derechos de exportación. Cuando asumimos, lo primero que debimos hacer fue corregir eso. Se habló de que habíamos subido las retenciones. No, respetamos las tasas vigentes pero eliminamos esa cláusula irresponsable de un dólar con valor fijo. Después vino la ley de solidaridad y emergencia, que subió en tres puntos las retenciones a la soja y sus derivados, pero mantuvo las de los cereales y productos regionales. Trigo, maíz, algodón, arroz, entre otros. Luego, con la reglamentación, se le bajó la retención a estos productos. Y se asumió un compromiso inédito, al menos nunca se había hecho por ley: la devolución y compensación de retenciones a pequeños y medianos productores. Que es lo que ahora estamos haciendo efectivo.
Muchas veces se había hablado de segmentación y otras tantas los productores terminaron desilusionados por políticas que nunca llegan. ¿Cómo lo resolvieron esta vez?
De las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, sólo Federación Agraria consideró que este mecanismo debía promoverse y potenciarse. Así que al momento de instrumentarlo, nos sentamos con esa entidad y las cooperativas federadas. Producto de ese análisis, llegamos a la conclusión de establecer un tope de facturación de venta de productos del año 2019 para considerar qué productores debían recibir la compensación. Luego, establecimos un determinado tamaño de explotación, hasta 400 hectáreas sembradas. Y luego analizamos que hay diferencias notables del impacto de las retenciones para un productor de menos de 100 hectáreas que otro de 350, así que establecimos cuatro escalones, cada 100 hectáreas, para darle un mayor beneficio de devolución a los de menos de 100 hectáreas. Finalmente, agregamos un criterio regional: fuera del área núcleo (provincias de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires), los productores debían recibir un beneficio mayor, por menor productividad y mayor distancia de los puertos.
A partir de octubre se dispuso una rebaja de retenciones a la soja, hasta diciembre, para alentar la liquidación de divisas por las exportaciones. ¿Cómo evalúa el resultado?
En octubre hemos tenido un éxito parcial. El sector industrial liquidó las divisas por exportaciones de productos elaborados, aceites y harina. Lo que no se produjo es un mayor flujo de venta de granos de los productores. Pero esto tiene que ver con el escenario en el que toman estas decisiones. Comenzó un proceso de fuerte suba del producto físico (el poroto de soja) que superó los 400 dólares la tonelada en Chicago (mercado de referencia internacional). A la vez, se generó una alta volatilidad local en el mercado cambiario. Esto hizo que el productor se quedara en un activo de calidad (la soja en silobolsas) frente a ese escenario. Con lo cual, tuvimos que el beneficio que le representaba la baja de tres puntos en las retenciones, que se reflejó en mejores precios ofrecidos a los productores en el mercado local, no estimulara una oferta importante. Pero es comprensible.
Entonces, ¿fracasó esa política de incentivos a la venta de la soja retenida en los campos?
No, no fracasó. Se demoró su impacto por las condiciones de los mercados internacional y local. La información que estamos teniendo de las últimas semanas es que, tras cierta estabilidad en la plaza cambiaria de las últimas semanas, empiezan a realizarse las operaciones de ventas físicas de producto. Ya el beneficio no es de tres puntos de baja de retenciones, en noviembre es de dos puntos, pero está claro que el productor tuvo que visualizar un escenario de mayor estabilidad cambiaria para decidirse a vender.
Los precios internacionales siguen altos, con lo cual muchos productores grandes están midiendo si no es el momento de vender. Yo creo que para diciembre el objetivo que se planteó el gobierno con la liquidación de la cosecha se va a cumplir. Lo que estamos observando últimamente, además, es que el productor que vendió cambió el dinero rápidamente por insumos. Los proveedores de productos fitosanitarios, de semillas, combustible, nos indican que prácticamente adelantaron todas las ventas para cubrir las necesidades de la campaña de la cosecha gruesa. Hasta con los bienes de capital se verifica. Hay concesionarias y fábricas de maquinaria agricola o camionetas, que ya tienen reserva de turnos de entrega para marzo o abril, porque agotaron stocks. Los productores se pasaron de una posición física en granos a una posición física en bienes de capital o insumos. Esto también es comprensible en un escenario de alza de precios y volatilidad cambiaria. Lo importante es que vayamos encontrando estabilidad en esos factores y así vamos a ver también los resultados en el agro.
El poder económico tendrá algo para decir
Martín Guzmán reunió a la
misión del FMI con los dirigentes de AEA
Imagen: NA
Antes de la partida de la misión del FMI que visitó el país en las últimas dos semanas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó una jugada "fuera de manual": reunió en el Palacio de Hacienda a los integrantes del cuerpo técnico del organismo internacional con el grupo "más político" entre los representantes de la cúpula dirigencial empresaria del país: la Asociación de Empresarios de Argentina (AEA). Con Paolo Rocca a la cabeza, "la conducción política del poder económico" (como los define Alfredo Zaiat) debió exponer su propia visión sobre la situación y las salidas que plantea ante la representación del Fondo y el ministro de Economía, por iniciativa de este último.
Si bien no hubo información oficial, trascendió que la reunión tuvo lugar este viernes a las 17,30 en el Salón Belgrano del Palacio de Hacienda, se extendió por espacio de casi dos horas y que fue propuesta y convocada por Guzman con una anticipación mínima, de menos de 24 horas. La intención manifestada por el promotor y organizador del encuentro fue que los técnicos del FMI conocieran de boca de la cúpula dirigencial sus planteos sobre las alternativas que se le presentan a la Argentina para salir de la actual crisis, comprometiéndolas en aportar a una solución.
Guzmán estuvo acompañado por Sergio Chodos, director ejecutivo para el Cono Sur del FMI. Frente a los tres miembros de la misión del FMI (Julie Kosack, Luis Cubbedu y Trevor Alleyne), se sentaron Paolo Rocca (Techint), Jaime Campos, Guadalupe Mazulo (titular y directora de relaciones institucionales de AEA), Enrique Cristofani (Banco Santander), Federico Braun (La Anónima) y Alberto Grimoldi (firma homónima). No estuvieron Pagani (Arcor), Magnetto (Clarín), Galperin (Mercado Libre) y otros referentes de peso de la Asociación de Empresarios Argentinos, que seguramente justificaron su ausencia en la premura de la convocatoria.
En su introducción, Guzmán destacó los valores del diálogo, la necesidad de construir consensos sobre pilares para la estabilidad económica y la previsibilidad. Señaló que la sociedad argentina tiene hoy una enorme responsabilidad para crear su propio futuro y resolver sus problemas, ya que el resto del mundo puede cooperar pero no sustituir las respuestas que deben surgir internamente.
Luego reiteró la postura del gobierno argentino ante el FMI, reclamando un nuevo programa de facilidades extendidas que permita renegociar el pago de la deuda por más de 44 mil millones de dólares, con un plazo de gracia de cuatro años y medio para empezar a pagarla.
En su comunicado de cierre de la visita, la misión del FMI no hizo mención a este encuentro. Pero informó que la delegación "acogió positivamente la intención de las autoridades argentinas de solicitar un programa de Facilidades Extendidas así como su intención de respaldarlo con un amplio consenso político y social".
”Existe una visión compartida entre el equipo y las autoridades en que, para abordar los desafíos de corto y mediano plazo de la Argentina, se requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo", señaló la misión en su comunicado, informando que las negociaciones continuarán de manera remota durante las próximas semanas.
Volviendo a la reunión del viernes, la cúpula empresaria tuvo que expresar en la ocasión sus expectativas respecto de la economía argentina, explicar por qué rechazan el Aporte Solidario que ya tiene media sanción del Congreso, sus apreciaciones sobre la "presión tributaria" y la inestabilidad cambiaria, y las condiciones que pretenden para la inversión privada. No habrá sido la primera vez que estos empresarios tienen contacto con funcionarios del organismo internacional, pero seguramente es la primera que lo deben hacer ante el ministro de Economía en un ámbito oficial y por iniciativa de éste.
Cuando se habla de la necesidad de "un acuerdo amplio" entre diferentes sectores sociales y económicos para salir de la crisis, se suele soslayar la cuestión de la "consistencia" de los planteos. Un asunto que Guzmán suele poner en primer plano en sus debates, antes con los acreedores privados y ahora con el FMI: no acepta acuerdos de pago ni compromisos que no sean consistentes con los objetivos de recuperación económica y social, inclusión y desarrollo que pretende Argentina.
¿Son consistentes los planteos de la cúpula dirigencial del poder económico en Argentina con alguna de esas condiciones? Encuentros como el de este viernes en el Palacio de Hacienda, quizás aporten a reconocer, incluso delante del propio FMI, cuáles son los acuerdos posibles y con quién.
Fernández advirtió sobre la necesidad de evitar una segunda ola en Latinoamérica
Un G20 marcado por la
expectativa de la vacuna
El presidente Alberto Fernández advirtió que el mundo transita hacia "niveles alarmantes de desigualdad" y que hay que atacar los motivos que la generan para ir hacia un mundo más equilibrado. Lo hizo en su mensaje en la sesión de apertura de la Cumbre de Líderes del G20, que finalmente improvisó porque le dio la sensación que todos sus pares decían más o menos lo mismo. Además, que nadie tenía en cuenta a países como Argentina -de desarrollo medio o "periféricos", como los calificó- que si bien no están en la situación dramática de los más pobres, también sufren carencias que se potenciaron con la pandemia. Fernández le agradeció en especial al presidente de Rusia, Vladimir Putin, por el esfuerzo para que la vacuna se aplique pronto. Al respecto, en Gobierno adelantaban que había llegado al país una delegación técnica para terminar de cerrar los términos contractuales de la compra de las 25 millones de dosis de la Sputnik V y explorar la búsqueda de un laboratorio argentino para hacer la transferencia de tecnología y fabricar la vacuna directamente acá.
Obviamente, la situación generada por la pandemia y la posibilidad cierta de una salida en el corto plazo se convirtieron en el eje de la cumbre virtual. Fernández se conectó desde Chapadmalal al encuentro que tenía como sede Riad, la capital de Arabia Saudita, y que contó con asistencia perfecta de jefes de Estado de los principales países del mundo. Incluso, participó Donald Trump, cuya presencia estuvo en duda hasta último momento. Aunque se conectó de manera fugaz para un discurso con su sello, en el que definió como "histórica" la performance económica de Estados Unidos en el primer trimestre del año hasta que llegó la pandemia y le arruinó todo. Encima se despidió con un "nos vemos el año que viene", abonando su idea de fraude electoral. "Fue desopilante", comentaban en el gobierno argentino sobre la participación y prendían velas por el reemplazo del electo Joe Biden. "No es que nos entusiasme mucho, pero nada puede ser peor que Trump", sostenían.
Líderes como la alemana Angela Merkel, el francés Emmanuel Macron, el italiano Giuseppe Conte y hasta el británico Boris Johnson hablaron sobre la necesidad de garantizar el acceso universal a la vacuna. Incluso, con la creación de un fondo común que permita financiar la vacunación en los países más pobres. Así las cosas, cuando le tocó hablar Fernández dejó de un lado el mensaje que tenía preparado para no repetir lo que ya se había dicho y puso el acento en la desigualdad. "Nunca dejamos de prestar atención a los más débiles en Argentina", comentó sobre el trabajo de su gestión durante estos meses, recalcando que le tocó asumir "en una situación de extrema debilidad que fue lo que heredamos".
Imaginó una economía resurgiendo a partir de la derrota del virus. Pero le preocupó que los jefes de Estado de los países avanzados se refirieran en exclusiva a la situación de los países más pobres, siendo que los de desarrollo medio estaban atravesando dificultades extremas. “Necesitamos para adelante que financieramente el mundo se expanda, y que esa expansión financiera llegué a países como la Argentina, para poder de ese modo ordenar los desequilibrios que la pandemia ha generado en nuestra economía”, enfatizó. El jefe de gobierno español, Pedro Sánchez, compartió su parecer. Fernández advirtió sobre la necesidad de asegurar la provisión de vacunas en Latinoamérica para que en otoño del año próximo no se reproduzca la segunda ola de contagios que hoy se ve en Europa.
El Presidente dio su mensaje de unos diez minutos acompañado por el ministro de Economía, Martín Guzmán y el representante ante el FMI, Sergio Chodos. Además, la sesión fue seguida desde Buenos Aires por el sherpa argentino del G20, el embajador Jorge Argüello. Hoy volverá a hablar en el cierre. Ayer, resaltó que Argentina se contactó con todos los oferentes de vacunas pero se refirió en especial a Putin "porque hemos trabajado mucho para que la vacuna rusa llegue en tiempo y forma a la Argentina". Al respecto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó el arribo de una comitiva rusa para terminar de rubricar el contrato de provisión de la Sputnik V, acto que se concretaría la semana que viene. Destacó que esta vacuna ya se testea también en Europa y que la compra aquí se efectivizará una vez que esté aprobada por la Anmat. "Tenemos la certeza de que vamos a hacer una campaña de vacunación histórica", afirmó Cafiero.
Pero, además, la delegación rusa está en busca de un laboratorio nacional para hacer la transferencia tecnológica y que la vacuna se fabrique aquí, como sucede -en parte- con la de AstraZeneca y Oxford. La Sputnik V, además de Rusia, se elabora en India, Corea del Sur y China. En principio, de alguno de estos laboratorios extranjeros llegarían las 25 millones de dosis que se esperan para fin de año, cuestión de comenzar con la campaña de vacunación en enero. Que se utilice un laboratorio argentino no sólo terminará de garantizar esa enorme provisión, sino que en Gobierno imaginaban también un costo menor, dado el ahorro en producción y traslado.
El lunes se pondrá en marcha el Comité de Vacunación que encabezará el propio Fernández y coordinará el ministro de Salud, Ginés González García, en el que participarán especialistas de los ministerios de Salud, Seguridad, Defensa, Interior y Ciecia y Técnica. Habrá unos 150 mil personas implicadas en el inédito operativo con el que se espera entre enero y febrero tener vacunado al 23 por ciento de la población, comenzando por trabajadores esenciales -salud, seguridad, docentes- y los de grupos de riesgo. Las fuerzas armadas y de seguridad involucrarán a la mayoría de sus integrantes para armar la cadena de distribución en todo el país.
Denuncian gastos millonarios en publicidad sin explicación
En Río Turbio, los negocios
del macrismo lucen más
negros que el carbón
El macrismo consideró que Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) era inviable. Por lo tanto, frenó la construcción de la usina y mandó mil telegramas de despido. Sin embargo, las autoridades de YCRT, puestas por el macrismo, gastaron 32 millones de pesos en publicidad y comunicación -actualizados serían unos 92 millones de pesos- según denunció este viernes en la justicia el actual interventor Aníbal Fernández. El gasto no tiene ninguna justificación porque el carbón no es una bebida o un producto que hay que publicitar para vender y, además, existe una norma que no permite que los organismos o empresas del estado publiciten al margen de la agencia Télam. Para redondear las sospechas, en YCRT no constan los certificados de servicios, es decir los comprobantes de que la publicidad y la comunicación se hizo.
La denuncia se formuló contra Omar Zeidán, anterior interventor de YCRT y contra Sergio Lumachi, ex coordinador de la empresa estatal, ambos designados durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri. El delito es administración fraudulenta. Las 36 hojas del escrito de Aníbal Fernández motivaron el sorteo que se produjo el viernes mismo en Comodoro Py y el expediente quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Las empresas beneficiarias con los 32.700.000 que el macrismo gastó en publicidad son casi todas de Santa Cruz y algunas de la zona de Río Turbio. La justicia tendrá que determinar si fueron publicidades reales o si existen sospechas de que el servicio no se prestó. En principio, parecen fondos destinados a empresas y empresarios amigos y, obviamente, el objetivo no era promocionar carbón sino promocionar a los directivos del macrismo en la zona. Zaidan es uno de los referentes de Eduardo Costa, el histórico y millonario líder del radicalismo y de Cambiemos en Santa Cruz, exmarido de la diputada Mariana Zuvic, coequiper de Elisa Carrió. En la denuncia se menciona también el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública” que tiene que ver con esos contratos de publicidad y comunicación adjudicados a amigos.
Como lo hizo en muchísimos casos, el gobierno de Mauricio Macri usó YCRT como ariete político contra Cristina Fernández de Kirchner. Paró toda la inversión en la mina de carbón -de 1.500 millones invertidos en 2015 se pasó a 450 en 2016-, la denunció como nido de corrupción, armó causas judiciales y la economía de Río Turbió caminó hacia el derrumbe. En la zona se repite siempre una frase pronunciada por el ultramacrista exministro de Energía, Javier Iguacel: “esto nunca va a funcionar”, pese a que la usina y la mina ya habían demostrado su capacidad y YCRT estaba en condiciones de producir energía y aportarla al sistema interconectado. Pero se prefirieron los negocios con los amigos y, sobre todo, usar la usina y la mina para denunciar. Si Río Turbio producía energía se caía el argumento de que era un negociado. Según los expertos, la mina tiene carbón para proveer al sistema por los próximos 400 años y es clave para el desarrollo de la zona. Además, los sistemas instalados durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner son muy modernos y ecológicamente sustentables.
Durante la gestión de Zeidan no sólo hubo 1.000 despidos, sino que además se fomentaron los retiros voluntarios, pero cuando Cambiemos perdió las PASO, de golpe, cambiaron el discurso y contrataron 417 nuevos empleados, de los cuales sólo 100 supuestamente trabajarían en la mina. Al llegar, Aníbal Fernández revocó esas contrataciones.
Mientras reducía y reducía YCRT, la conducción macrista de la empresa gastó los 32.700.000 pesos, no sólo sin sentido sino también -según la denuncia- de manera ilegal. Desde hace más de diez años existe un decreto que establece que “los organismos y empresas del estado deberán encomendar las campañas institucionales de publicidad y comunicación a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros”. El decreto señala también que debe intervenir Telam como agencia de coordinación publicitaria. Sin embargo, la conducción macrista de YCRT hizo contrataciones directas, saltándose lo reglado por el decreto vigente. A ese cuadro de situación se agrega en la denuncia la mención de que en YCRT no existe ninguna certificación de que los servicios contratados se hayan cumplido, algo que suele ser de rigor en el mundo de la publicidad y la comunicación.
De acuerdo al nuevo presupuesto, terminado de votar esta semana en el Congreso, la inversión en YCRT crecerá en 2021 un 1.069 por ciento. El propio macrismo había establecido que las obras en la usina están avanzadas en un 82 por ciento y la intención es ahora reactivar todo el proyecto. En el presupuesto votado en 2019, el macrismo previó inversiones en Río Turbio de apenas 150 millones de pesos, mientras que para 2021 el presupuesto será de 2.400 millones. Según consignó el diario La Opinión Austral, de Santa Cruz, el personal de la YCRT sostiene que la usina estaría en condiciones de volver a producir en cinco meses, aunque hay que tener en cuenta las condiciones de la pandemia.
Nuevas indagatorias en el marco de la causa que trámita en Lomas de Zamora
Espionaje ilega: jurídicos de
la AFI en la mira
La AFI se divide en dos grandes áreas: las administrativas y las operativas. Durante la gestión de Cambiemos, las áreas administrativas, como Finanzas y Jurídicos, estaban en cabeza del propio Arribas, a quien Macri eligió para ese cargo por ser su amigo más tramposo. El escribano convocó a un abogado ligado a Daniel Angelici para hacerse cargo de la Dirección Administrativa de Asuntos Jurídicos (DAAJ), Juan Sebastián de Stéfano, a fines de 2015, según el propio de Stefano declaró por escrito ante la Bicameral de Inteligencia meses atrás.
Desde los primeros días de la gestión, la DAAJ fue asumiendo cada vez más tareas que la terminaron volviendo algo así como una agencia dentro de la propia agencia. “El escribano Arribas al principio de su gestión emitió una resolución en la cual le daba amplias facultades al área de Jurídicos en la intervención tanto de las causas judiciales como de la producción de inteligencia nacional, donde todo lo elaborado debía pasar por Jurídicos”, declaró uno de los jerarcas de Contrainteligencia en la justicia federal de Lomas. “El área de Jurídicos manejó la producción de inteligencia estratégica en todo el país y en el exterior”, ahondó.
Según lo reconstruido en la causa de Lomas, ya en marzo de 2016, Arribas había delegado en De Stefano y tres directores a su cargo el contacto con la justicia. Un mes después, cuando recién la Corte estaba desembarcando en la oficina de escuchas que Macri le había arrebatado por decreto de necesidad y urgencia (DNU) a la Procuración General, Arribas firmó una nueva resolución para que fueran De Stefano y los directores que dependían de él los que solicitaran la interceptación de comunicaciones a esa dependencia judicial.
La verdadera conquista del poder de la DAAJ de De Stefano llegó para octubre de 2016, cuando Arribas dictó un protocolo -- a través de la resolución 798 -- que ordenaba a todas las áreas de la AFI compartir información sensible con esta estructura. Según el protocolo, las áreas debían aportar informes semanales de las causas y remitir en un lapso no mayor a las 72 horas las transcripciones de escuchas telefónicas, una tarea que históricamente estuvo en manos del área de Contrainteligencia.
El propio avance de la DAAJ y la adquisición de funciones que antes habían sido potestad de las áreas operativas de la exSIDE derivó en la creación de una oficina propia de transcripciones, que quedó en manos de otro de los imputados en la causa de Lomas, el abogado Mariano Ruda Bart. Ese área tenía un nombre pomposo, Dirección de Asistencia a Reunión sobre Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos, y, según los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, fue la que escuchó todos los teléfonos públicos del penal de Ezeiza, donde estaban detenidos políticos, sindicalistas y empresarios ligados al kirchnerismo.
La maniobra que posibilitó escuchar a todos los políticos presos arrancó en octubre de 2016 -- casualmente cuando la DAAJ se convertía en el pulpo de la AFI -- con una denuncia de la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich contra el llamado Rey de la Efedrina, Mario Segovia, porque supuestamente aun estando preso en Ezeiza era parte de una organización que hacía acopio de explosivos. La AFI empezó a pedir que se pincharan los teléfonos del canal y las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) -- que eran parte de la supuesta asociación ilícita que se investiga en Lomas -- empezaron a mudar a Segovia a los pabellones del sistema Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC) para poder también escuchar a los presos kirchneristas.
Todas las conversaciones que ellos mantenían eran grabadas en CDs por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJuDeCO) y entregadas a la AFI. Era la propia AFI la que se ocupaba de filtrarlas, según entienden los fiscales. Por ejemplo, transcripciones de charlas mantenidas por presos kirchneristas entre el 17 de enero y el 5 de febrero de 2019 llegaron a manos de Carrió y de Stornelli a horas de que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla allanara al falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. El allanamiento se extendió entre el 6 y 7 de febrero en el country Saint Thomas. Con esas desgrabaciones, Carrió -- a través de Paula Oliveto y Mariana Zuvic -- y Stornelli denunciaron el 8 de febrero que desde las cárceles se había gestado la denuncia que investigaba Ramos Padilla. En los medios, se conoció como “Operación Puf”. Hace poco más de un mes, el juez a cargo de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, dijo que no había delito alguno que investigar. Y ahora Rúa y Peñafort quieren que citen a Carrió para que explique quién le dio esas escuchas porque entienden que no fue a través de un anónimo como originalmente dijo la entonces diputada y el fiscal Stornelli.
Por estos hechos, están citados a indagatoria De Stefano -- que está maniobrando en Py para sacar la causa de la órbita de Lomas con la ayuda de Darío Nieto --, Ruda Bart y Bernardo Miguens, que fue un exempleado del juzgado de Claudio Bonadio. Según declaró ante la Bicameral, Miguens entró como “pinche” al juzgado en junio de 2011 y se fue a principios de 2016 para sumarse a la AFI a partir de la sugerencia de uno de los directores de Jurídicos. Allí quedó a cargo del departamento de Oficios Judiciales y hay testimonios que lo sitúan como quien pedía que se aumentaran las líneas intervenidas en el penal de Ezeiza.
Un agente que ocupó un alto cargo en Contrainteligencia declaró como testigo en Lomas y dijo haber recibido llamadas de Miguens y de Ruda Bart para que desde su área pidieran interceptar más teléfonos en la cárcel -- y así poder asegurarse una escucha total de los presos kirchneristas. Incluso relató que Miguens le dijo que no tenía que preocuparse porque las escuchas las harían ellos. “El área a cargo de Ruda Bart escuchaba todas las conversaciones de todos los teléfonos ordenados en la causa Segovia, así como en otras causas, porque muchas veces sucedió que Ruda Bart me avisaba que había una escucha de interés incluso de los teléfonos que tenía asignada para su escucha mi área”, dijo el agente.
Si el cronograma se mantiene como hasta ahora, De Stefano debería declarar el próximo lunes 30. Es el mismo día que está citado a indagatoria el exdirector del SPF Emiliano Blanco. El turno de Ruda Bart y Miguens es un día después, el 1 de diciembre. De Stefano, como contó este diario, se sumó a un pedido de Nieto para que toda la causa de espionaje que tramita en Lomas -- incluido el legajo sobre las cárceles -- pase a Comodoro Py, un territorio macrismo-friendly.
Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación
"No hay ninguna posibilidad
de que si se sanciona esta
ley se pueda judicializar la práctica"
El Poder Ejecutivo envió esta semana los proyectos de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia al Congreso de la Nación. Gómez Alcorta explicó que era importante que fueran juntos para acompañar a las mujeres en cualquier situación ligada a su salud sexual y reproductiva: “Frente a la realidad de abortos clandestinos que hay en nuestro país y la evidente ausencia de prevención de las normas que las criminalizan, hay que acompañar centralmente para salvar vidas y cuidar la salud y la integridad física de las mujeres. También, en ese mismo sentido, deseamos que ninguna mujer tenga que tomar la decisión de interrumpir su embarazo por su estado de vulnerabilidad, por lo tanto, también acompañar durante el embarazo y los primeros tres años de vida de esos niños y esas niñas forma parte de este Estado presente”.
--Enviar el proyecto de IVE es un paso importante, pero ¿qué van a hacer para que el proyecto finalmente sea ley?
--Es un primer paso pero no es cualquier primer paso, muestra una voluntad de un Poder Ejecutivo que no solamente ha sostenido durante la campaña electoral sino que muestra la férrea la voluntad de que el proyecto sea ley. Eso es una diferencia sustantiva, de hecho, es algo histórico porque antes de esta ocasión no había sucedido y también se vinieron trabajando a lo largo de los meses y se seguirá trabajando para conseguir los consensos necesarios para obtener los votos que hagan posible que el proyecto se convierta en ley.
--Más allá de lograr los consensos político-parlamentarios, ¿cómo ven el tema en la sociedad?
--Entendemos que estamos en otro momento a pesar del corto plazo entre el 2018 y la actualidad, en términos del debate social que hay sobre la interrupción legal del embarazo. Centralmente, además del largo recorrido del movimiento de mujeres y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito, la principal diferencia es que el debate del 2018 no se dio a puertas adentro del Congreso, sino que inundó toda la sociedad. No hubo espacio, familiar, educativo, laboral, institucional en donde no llegara información, discusión, debate.
--¿Cuánto se conoce acerca de cómo se practica una ILE?
--Nos damos cuenta que efectivamente hay falta de información bastante generalizada sobre cuáles son los métodos con los que hoy se llevan adelante las interrupciones legales del embarazo. En la inmensa mayoría de los casos, las interrupciones legales, como establece el proyecto de ley, se llevan adelante por métodos farmacológicos, medicamentosos, centralmente en argentina con Misoprostol. Son medicamentos esenciales según la Organización Mundial de La Salud, que también entiende que los otros métodos son obsoletos. Por lo tanto, la referencia a que la práctica de la interrupción del embarazo se hace por medios ambulatorios en el marco de la toma de unas pastillas, que no requiere la utilización de camas ni de intervención alguna, también sirve para entender que efectivamente su legalización va a desestresar el sistema de salud, por un lado, y no implica más costos para el Estado.
--El proyecto incorpora la objeción de conciencia, algo que no estaba en el de la Campaña y no prohíbe explícitamente la objeción institucional ¿por qué?
--Efectivamente el proyecto de ley establece el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia que, si bien no lo establece el proyecto de la Campaña, lo cierto es que sí lo establecía el dictamen de consenso del 2018. Sobre esto hay que ser claro, se trata de un derecho que está amparado en la Constitución Nacional, implica que nadie puede ser obligado a actuar en contra de sus convicciones. Se trata de un derecho personal, pero es un derecho que tiene limitaciones. Si el ejercicio de ese derecho perjudica a otras personas, o en el caso en particular del aborto pone en riesgo la vida o la salud de una persona, el ejercicio de ese derecho se ve limitado. El proyecto solamente establece la objeción de conciencia para quien tiene que intervenir de manera directa la interrupción del embarazo. Además, regula: no solo pone el límite cuando está en juego la vida, sino que la objetora o el objetor de conciencia debe mantener su decisión en todos los ámbitos donde ejerza su profesión, si trabaja en el sector privado y en el público no puede ser objetor en uno y en otro no, pero a la vez establece una derivación a esa paciente que requiere ser atendida, y que esa derivación sea en forma oportuna, eficiente, sin dilaciones y pone en cabeza de esa persona el adoptar todas las medidas que hagan posible garantizar el acceso a la práctica. No prohíbe porque la objeción de conciencia es un derecho personal. Conciencia solamente pueden tenerla las personas humanas, no puede ser invocada por instituciones de salud porque no es un derecho amparado para las personas jurídicas. Por eso no es necesario prohibirlas, jurídicamente no corresponde jamás a una institución.
--¿Pero en la práctica puede la sumatoria de objeciones individuales resultar en una especie de objeción institucional?
--En el artículo 6 dice que el establecimiento de salud --se piensa en el sistema tripartito: obras sociales, prepagas y públicos-- tiene que poner a disposición de las personas gestantes la atención integral a lo largo de todo el proceso que establece la ley. Entonces hay una obligación a prestar la asistencia integral. Por otro lado, lo que establece el proyecto de ley es que las prestaciones de interrupción legal de embarazo quedan comprendidas en el Plan Médico Obligatorio con cobertura total en los tres subsectores del sistema. Por lo tanto, no sería posible. Por otro lado, entendemos ese temor. También hay que decir que algunas de las posiciones que toman profesionales en relación a ILE en la actualidad suceden en general en algunas provincias donde no hay protocolos para ILE. En ese caso el protocolo le da un marco de legalidad jurídica al profesional. Existiendo una ley que legalice las prácticas hasta la semana catorce, va a haber posiciones distintas porque va a haber un marco absolutamente diferente al respecto.
--Otras inquietudes las genera el hecho de que a partir de la semana catorce fuera de las causales las mujeres pueden ser criminalizadas y que establece un plazo de diez días para la garantía de la práctica, mientras el de la Campaña decía cinco…
--El plazo de diez días para garantizar esta práctica permite que en algunas situaciones en las que se requiera hacer una derivación oportuna estén dadas las condiciones en el marco de lo que dice la ley. Sobre todo cuando hay dilación u obstaculización de la práctica por parte de alguno de los profesionales que interviene, lo prevé como una conducta delictiva. En ese sentido, hay que poner un plazo que sea razonable para no generar una catarata de criminalizaciones a profesionales. Efectivamente se trata de una legalización en todos los casos hasta la semana catorce y posteriormente exclusivamente cuando se encuentran previstas las mismas causales que están previstas hoy, es decir hace cien años en nuestro Código Penal. En cuanto a la penalidad tanto para quien ejerce el aborto como el auto aborto en el caso de la mujer, establece penas bastante bajas para las penales previstas en el Código Penal, de tres meses a un año. Explícitamente establece que no va a ser penada la tentativa y por otro lado, establece la posibilidad de que en ciertas circunstancias que sean atendibles se pueda directamente eximir esa penalidad.
--¿Con este proyecto de ley se podrán evitar judicializaciones como las que ocurren actualmente en relación a las ILE?
--Efectivamente, no hay ninguna posibilidad de que si se sanciona esta ley se pueda judicializar, sobre todo las prácticas hasta la semana catorce inclusive. En ese sentido, el serio problema que tenemos hoy está vinculado a aquellos lugares en los que no existiendo protocolo de interrupción legal del embarazo, el marco que da el fallo FAL desde 2012 y el Código Penal, deja en algunas situaciones de desamparo a algunos profesionales para sus intervenciones, por eso se terminan requiriendo exigencias que no están previstas en la ley y la Corte Suprema ha dicho que de ningún modo eran necesarias.
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario