OPINION.

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El lawfare sigue intacto

LA CORTE SUPREMA CONFIRMO LA CONDENA A AMADO BOUDOU

05/12/2020

El rol de Clarín, los jueces y fiscales que ejecutan la persecución judicial, el pecado imperdonable de Boudou al estatizar las AFJP y el hotel boutique de Vandenbroele.
ARI LIJALAD*
La confirmación de la condena contra Amado Boudou revela que el lawfare sigue intacto. Los engranajes de persecución judicial y mediática continúan a plena máquina, apenas moderados por la intervención de la ex SIDE. El poder proscriptivo de Héctor Magnetto es cada vez mayor y demasiados jueces y fiscales toman decisiones con Clarín arriba del escritorio y la Constitución en el cajón. La Corte convalidó una sentencia viciada de nulidad, basada en un testimonio al cual el macrismo le puso un hotel boutique. El único objetivo es sentar un ejemplo para que ningún funcionario ose tocar los negocios de las grandes corporaciones como hizo Boudou al estatizar las AFJP y terminar con esa estafa a millones de jubilados.
A poco de cumplirse un año del gobierno de Alberto Fernández hubo un solo cambio en la estructura del lawfare, importante pero insuficiente: la intervención de la Agencia Federal de Intelingencia (AFI). Por primera vez en la historia la casa de los espías blanquea su presupuesto y denuncia las prácticas ilegales de la gestión anterior. Acaso la única reforma judicial que encaró Alberto es la prohibición de que los espías participen de causas judiciales. Importante pero, de nuevo, insuficiente. Esta semana ya tuvo el caso Boudou y el aval a todo lo actuado por la dupla Claudio Bonadío-Carlos Stornelli en la farsa de los Cuadernos. No es casual y Boudou puede ser la punta de lanza de una operación más ambiciosa del lawfare que podría llegar hasta CFK.

Un negocio redondo.
A Boudou lo acusaron de haberse quedado con una fábrica de billetes cuando la única fábrica de billetes que tocó es la que tenían Magnetto y otros empresarios y que se dedicaba a estafar a los jubilados a través de las AFJP. El mecanismo era sencillo: las empresas crearon AFJPs, con ellas captaban aportes de millones de trabajadores y ese dinero lo traspasaban de las AFJP a sus propias casas matrices a través de la compra de acciones a precio inflado. O sea, usaban la plata de los futuros jubilados y la inyectaban en sus propias empresas.
El pecado de Boudou fue la idea de estatizar las AFJP. «Fue la medida más importante de mi primer gobierno» escribió CFK en su libro «Sinceramente». Y recalcó que lo fue «en todo sentido: simbólico, económico y político». Se le puede sumar que imperdonable para el poder que usufructuaba esos mecanismos.
La Corte le confirmó la condena a Boudou sin justificar su decisión, amparándose en el artículo 280. Podría decirse que fueron cobardes, pero sería un elogio. Son cómplices, pues se esconden detrás del 280 porque no hay un solo argumento para confirmar esa condena viciada de nulidad y plagada de irregularidades. Todo, siempre, encubierto por los principales medios del país.

La causa armada.
Todo en el caso Ciccone fue irregular. Horacio Verbitsky reconstruyó su génesis así: «se inició por la denuncia del ‘ciudadano común’ Jorge Orlando Pacífico, según la candorosa presentación que de él hizo Clarín. Pacífico no tiene nada de común. En realidad es un sargento del Ejército, especialista en explosivos, comando en la guerra de las Malvinas, participante en los levantamientos carapintada de Aldo Rico y Mohamed Seineldín, dirigente del Modin y vendedor de un producto tan poco común como helicópteros artillados. Pacífico declaró haberse enterado de delitos de acción pública por una conversación en un café entre hombres a quienes escuchó decir que The Old Fund ‘resulta ser una pantalla de la familia Ciccone’ y de una persona ‘políticamente expuesta, alto funcionario del gobierno nacional, para recuperar la empresa antes fallida’. Este cuento infantil dice que no pudo ver a esos hombres, porque estaba de espaldas».
Lo que empezó torcido no podía concluir de otra manera. La Corte confirmó la condena contra Boudou anticipada por la tapa de Clarín y pese a que el testimonio clave para lograrla, el de Alejandro Paul Vandenbroele, estuvo viciado por el pago de un hotel boutique por parte del gobierno de Mauricio Macri. El dato lo reveló este cronista en El Destape en febrero. Con documentos.
El de Vandenbroele no fue un testimonio menor. Al firmar la condena, que estaba escrita de antemano, los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iníguez aseguraron que las palabras de Vandenbroele fueron las que lograron amalgamar todos los elementos que tenían dispersos y colocar a Boudou en el centro de una supuesta escena criminal.
La estrategia de la persecución judicial en el caso Ciccone tuvo dos ejes, el ataque a Boudou y la protección de los banqueros Raúl Moneta y Jorge Brito. La causa la inició el juez Ariel Lijo, que dividió el expediente inicial. La parte que podía involucrar a Boudou la elevó rápidamente a juicio; la que salpicaba a Moneta y Brito la guardó en un cajón. Moneta falleció impune y a Brito el juez lo sobreseyó este año, semanas antes de su muerte accidental. Lijo es el mismo juez que demora la causa penal contra Macri por el intento de condonar la multimillonaria deuda de su familia con el Estado en Correo Argentino.
Todo estuvo viciado. Cuando Vandenbroele acordó con el juez Lijo su colaboración como arrepentido tuvo que hacerlo para la parte que tocaba a Brito y Moneta. La que apuntaba a Boudou ya estaba en instancia de juicio donde la propia Ley del Arrepentido impedía que se sumara como tal. Pero le encontraron la vuelta: lo hicieron declarar en el juicio el 10 de abril de 2018, cuando ya llevaba varios meses bajo el ala del programa de Protección de Testigos, el mecanismo que utilizaron Macri y su ministro de Justicia Germán Garavano para controlar, apretar y direccionar a personajes claves en causas contra opositores.

El pase de Bertuzzi.
Como todo era irregular, ese 10 de abril el abogado de Vandenbroele pidió que declarara primero y que Boudou saliera de la sala. Vandenbroele no declaró formalmente como arrepentido pero se lo tomó como tal. De hecho, los propios jueces dijeron que su testimonio sería «valorado para atenuar las penas que corresponderá aplicársele por los hechos que los acusadores les han atribuido». En otro pasaje de la sentencia los jueces también explicaron que «todo lo que tiene que ver con los probables inversores que supuestamente inyectaron fondos para el emprendimiento criminal, no forma parte del objeto procesal traído a juicio». Hablaban de Brito y Moneta. La declaración de Vandenbroele fue criticada por los abogados de los imputados en la causa, pero los reclamos fueron descartados por los jueces.
A todo esto hay que sumar el rol del juez Bertuzzi, que mientras juzgaba a Boudou negociaba su pase a la Cámara Federal de Comodoro Py, dispuesto por Macri pocos días antes de que firmaran la sentencia contra el ex vicepresidente. Bertuzzi sigue en ese lugar, gracias a la misma Corte Suprema que ahora confirmó la condena contra Boudou que él pergeñó.(Extractado de El Destape).

Fuente:LaArena