05 de diciembre de 2020
Adrián Forni es el quinto jefe en asumir la URII de Rosario en menos de un año
Por sospechas de "conspiración" sacan al jefe de Policía
"El Ministerio de Seguridad de la provincia nombró a Adrián Forni como jefe de la Unidad Regional II Rosario. El ex jefe Daniel Acosta fue removido de su cargo por mantener reuniones con dirigentes políticos. Adrián Forni se desempeñó como Jefe de las TOE y Jefe de la Unidad Regional Reconquista, entre otros destinos". Así de simple, concreta y contundente fue la comunicación oficial sobre la decisión del ministro Marcelo Sain de remover al cuarto jefe de policía de Rosario en un año.
La sorpresiva salida de Acosta se conoció ayer al mediodía. Había asumido el cargo el 30 de agosto pasado en reemplazo de Danilo Villán.
Desde que asumió el actual gobierno y Sain como ministro de Seguridad, la Unidad Regional II tuvo como jefes a Marcelo Gómez, Claudio Romano, Danilo Villán y desde fines de agosto a Acosta. Ahora llega Forni.
Fuentes del Ministerio de Seguridad mencionaron "sospechas de conspiración" por parte de Acosta por reunirse con "dos conocidos operadores políticos vinculados a cierto grupo que estuvo fomentando las protestas frente a Jefatura en septiembre pasado".
Según esas fuentes, los jefes policiales tienen órdenes explícitas de no aceptar reuniones con políticos, a excepción de intendentes y presidentes comunales con los que tienen que coordinar tareas.
Junto con Acosta también deja el cargo la subjefa Jorgelina Llopart, con la aclaración de que su salida no está relacionada a las causas que marcan el alejamiento de Acosta, sino porque el nuevo jefe elije a colaboradores inmediatos. Forni aún no decidió quién lo acompañará pero buscaría un perfil más operativo para la subjefatura.
Forni será el quinto jefe de policía de la Unidad Regional II en menos de un año. Un número de recambios sin precedentes, además en la Unidad Regional más grande de la provincia, pero también la más compleja y conflictiva por los altos índices de delitos, en particular los homicidios dolosos, la violencia derivada del accionar de bandas narcocriminales y robos.
La vicegobernadora Rodenas estuvo en Casa Rosada en lugar de Perotti
Santa Fe firmó el Consenso Fiscal 2020
Con la vicegobernadora Alejandra Rodenas en representación de la provincia a causa de que el gobernador se encuentra aislado por covid-19, Santa Fe adhirió ayer al Consenso Fiscal 2020 junto con el resto de las provincias del país, a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en desacuerdo) y La Pampa y San Luis, que dieron su apoyo pero no fueron parte del acuerdo porque no habían firmado el de 2017 que es corregido por el actual.
El acuerdo fija límites para la toma de deuda en dólares para promover el endeudamiento responsable y sostenible; suspende las demandas por el lapso de un año contra el Estado Nacional (no incluye a Santa Fe ya que el fallo por retenciones de coparticipación está firme) a partir de la entrada en vigencia del pacto, e incluye el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.
También quita la reducción progresiva del impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos en la mayoría de la actividades económicas, que fue un aspecto central en el Consenso Fiscal 2017 promovido por el entonces gobierno de Mauricio Macri. En realidad esta reducción de la alícuota de Ingresos Brutos, principal fuente de recaudación propia de las provincias, había sido congelado provisoriamente a penas asumió el actual gobierno a pedido de los gobernadores para evitar el desfinanciamiento de sus cajas.
El gobierno cumplió con su propósito de aislar al jefe de CABA Horacio Rodríguez Larreta que se negó a firmar por entender que los alcances son contrarios a los intereses de esa jurisdicción. En cambio firmó el resto de los mandatarios de Juntos por el Cambio: Gustavo Valdez de Corrientes, Gerardo Morales de Jujuy y Rodolfo Suárez de Mendoza.
El presidente Alberto Fernández encabezó la firma del Consenso Fiscal 2020, que tiene el apoyo de todas las provincias y que les permitirá contar con unos 70.000 millones de pesos para reactivar las economías locales. “Hay un país que nos reclama que trabajemos unidos”, destacó ante gobernadores y vicegobernadores.
El mandatario señaló que los gobernadores y las gobernadoras “entendieron lo importante que es que trabajemos juntos, que hay un país que nos reclama que trabajemos unidos, y que más allá de las diferencias políticas y las pertenencias partidarias, lo más importante es pensar en nuestra gente”.
“Este acuerdo que estamos firmando habla de la responsabilidad que tenemos para seguir adelante, y la responsabilidad no es de la que se hablaba años atrás cuando significaba ajustar, la responsabilidad es cómo vamos a crecer y la sensatez que tenemos que tener para poder crecer”, sostuvo.
“De lo que estamos hablando hoy es de cómo encarar el futuro juntos, ya no por el espanto que un virus nos genera, sino por la oportunidad que tenemos de construir nuestro propio destino. Tenemos una oportunidad única, ahora depende de nosotros”, recalcó Fernández.
El mandatario estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Wado de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán; la directora de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.
De Pedro destacó el “espíritu de unidad del acuerdo” y señaló: “La pandemia nos dejó ver parte de los problemas estructurales que hay en la Argentina, uno de ellos es la concentración poblacional que tenemos alrededor del puerto de la provincia de Buenos Aires, y estamos dispuestos a invertir, a hacer obras, a trabajar fuertemente para que la Argentina deje de ser un país unipolar y seamos un país multipolar, para que cada argentino y cada argentina pueda crecer y desarrollarse en el lugar donde nació”.
El ministro de Economía, en tanto, consideró que el acuerdo “refleja una coherencia con un principio central para la Administración de trabajar por un federalismo mejor, por mayor equidad a nivel de todo el territorio y sobre la base de consensos, y de que resolver los problemas de la economía argentina debe ser una tarea colectiva”.
El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, se mostró en desacuerdo con un impuesto a las Leliqs y otros instrumentos financieros, que es una de las medidas que promovió el jefe de CABA, Horacio Rodríguez Larreta para compensar la quita de fondos de parte de Nación después de haber sido favorecida por el gobierno anterior con la excusa del traspaso de parte de la Policía Federal a la policía de la ciudad. Según Manzur, un impuestod e esas características “va a encarecer el crédito” y remarcó que “el consenso de prácticamente la totalidad de los gobernadores transmite previsibilidad, da sustentabilidad, vuelca recursos a las provincias, y esto va en consonancia con hacer una Argentina más federal y que distribuya como corresponde”.
El acuerdo fue refrendado por los gobernadores y las gobernadoras de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Chubut, Mariano Arcioni; Corrientes, Gustavo Valdés; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Sergio Uñac; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, y Tucumán, Juan Manzur.
En tanto, lo rubricaron en representación de Córdoba, el vicegobernador Manuel Calvo; por Santa Cruz, el vicegobernador Eugenio Salvador Quiroga, y por Santa Fe, la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Y por Jujuy lo había hecho más temprano el gobernador Gerardo Morales, que no pudo participar del acto central por razones de agenda.
También estuvo presente el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, mientras que el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, no pudo participar por recomendación médica. Ambas provincias no firmaron el acuerdo, aunque manifestaron su apoyo, por no haber adherido al Consenso Fiscal 2017.
El CEO de la empresa denunció una maniobra orquestada
La suspendida Díaz & Forti va a la Justicia
La exportadora del Grupo Olio, que alquila las instalaciones industriales de Vicentin, sostiene que la cifra de divisas por liquidar es la mitad de lo que dice el Banco Central.
Tras la suspensión del RUCA (Registro Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial) a la exportadora Díaz & Forti, propiedad del grupo rosarino Olio, desde la empresa desmintieron la cifra que fue señalada por el Banco Central como no liquidada (u$s450 millones), indicando que la misma se encuentra muy por debajo de la mitad, y denunciaron una operación orquestada.
Fernando Jurado, CEO del Grupo Olio, realizó declaraciones en distintos medios: “Creo que hay gente que tiene mucha bronca y enojo contra el directorio de Vicentin, contra las personas que lo integran, y ponen una bomba general con el propósito de matar a pocos, pero en el medio van a romper fábricas, hogares, dejando a gente sin trabajo. Si el objetivo fue destruir a quienes cometieron un error, por ahí lo logran, el tema es que en el medio generan daños colaterales que creo pueden llegar a ser grandes. El efecto que podrá tener sobre nosotros, más allá de las acciones legales que estamos llevando adelante, será esperar a que levanten la suspensión del RUCA para poder volver a operar; mientras tanto, Vicentin tendrá que ver cómo paga sus cuentas sin oxígeno”.
La referencia del CEO del grupo Olio, cuyas oficinas centrales se encuentran en Puerto Norte, es porque Díaz & Forti tiene alquiladas las instalaciones de Vicentin en Ricardone y San Lorenzo, donde procesa la materia prima que compra a productores y cooperativas. Esos contratos a fazón, autorizados por el juez del concurso de Vicentin, son los únicos ingresos que tiene Vicentin y que le permiten mantener las fábricas en uso y pagar salarios.
Jurado denunció que hubo llamados a multinacionales para que se pusieran al día antes de la resolución y afirmó: "No tenemos bolsillo para corregir en 72 horas. Está todo orquestado, en tres días hábiles ponen la medida".
En este sentido, Jurado expresó también: “Vamos a iniciar acciones legales porque creemos que estas cosas ameritan notificaciones previas en las cuales se permita la posibilidad de realizar descargos; además, es un poco incoherente, porque las operaciones que paran son de ingreso de divisas, entonces cuando desde el Banco Central ordenan que no podemos seguir operando, no entiendo cuál es la lógica. Creo que hay muchos funcionarios públicos que tendrán que dar explicaciones, especialmente por la velocidad de las decisiones tomadas, en la cuales tres organismos públicos, en el término de 48 horas, se comunicaron y ejecutaron acciones de una manera que ni una empresa privada lo hace así. Es admirable eso: quiero a esos funcionarios públicos actuando con esa eficiencia; lamentablemente, trabajan así selectivamente, no todos los días”.
Finalmente, el CEO del Grupo Olio confirmó que las acciones legales iniciadas están dirigidas contra “personas y organismos públicos por excederse de sus funciones. Ojalá que estos funcionarias nos contesten cómo hacen para trabajar con una modalidad ‘Argentina 5.0’, en lo que hemos dado en llamar ‘operación 1-2-3’. Es una operación muy bien armada en la que lamentablemente no ven que somos un tubo de oxígeno; lo que hicieron es cerrar una válvula, nosotros seguimos con oxígeno, pero el enfermo que necesita el oxígeno, no. Lamentablemente, en su mentalidad de ‘comando guerrillero’, creen que bombardeando un pueblo, donde tienen que matar a pocos, matando a todos se hace justicia”.
Fuente:Pagina12
Salud y gasto social: marcas para 2021
Semanas de agenda gruesa en el Concejo. Los ediles conocieron el Presupuesto 2021,
un tema no menor porque se aplicará en un escenario pospandemia. Se renovaron las
autoridades del Cuerpo para el próximo periodo legislativo y se aprobaron, o están en
estudio, temas relacionados con el tejido social.
Los temas ameritaban y las reuniones de los ediles en modalidad virtual fueron
extendidas en días y horas en las últimas semanas de noviembre. De esa tarea surgió
el acuerdo para renovar las autoridades del Concejo en el período del 10 de diciembre
de 2020 hasta igual fecha de 2021. Así fueron ratificados en sus cargos, María Eugenia
Schmuck (Bloque Radical), Roy López Molina (Bloque Cambiemos) y María Magnani
(Unidad Ciudadana), para ocupar la presidencia y las vicepresidencias primera y
segunda, respectivamente.
Al momento de la votación de las nuevas autoridades, detonaron algunas fricciones. El
interbloque de Juntos por el Cambio, que integran Alejandro Roselló, Germana Figueroa
Casas, Carlos Cardozo y Ana Martínez, junto a Daniela León de Unión Radical/Juntos
por el Cambio, faltaron con aviso a la sesión especial donde se ratificaba a López Molina,
que junto al edil Agapito Blanco integran el Bloque Cambiemos. Rol que también objetó
el Frente de Todos al anticipar su negativa. De modo que las autoridades se renovaron
con 19 votos a favor y tres en contra, del total de los 22 ediles presentes. El concejal
Lisandro Zeno tuvo problemas de conexión.
Pensar la pospandemia
“Tuvimos semanas de mucho trabajo y movimiento, por un lado por renovación de autor
idades, quedaron las mismas y era lo que debía ser y se terminó resolviendo sin tantos
sobresaltos”, dijo desde el oficialista Bloque Creo, Fabrizio Fiatti. Y no pasó por alto un
detalle: “Es algo que en los años en que no hay elecciones intermedias, es una acción
más de continuidad del Cuerpo”. Y pasó revista a la actividad legislativa vinculada al
Ejecutivo, como el ingreso del Presupuesto Municipal para el año próximo, tema que en
las últimas semanas está concentrando el trabajo de los ediles con la idea de que
pueda ser votado antes de fin de año.
Claro que este año el Presupuesto tiene un sello ineludible, oficiar de combustible para
que funcione una ciudad pospandemia, con una proyección de gastos de 45.136
millones de pesos y recursos por 44.259 millones, tal como anunció el secretario de
Hacienda de la Municipalidad, Diego Gómez. Las cifras indican un aumento del 25 por
ciento con respecto al previsto para el año en curso.
“Lo fundamental es sostener, en nuestro caso, una fuerte prioridad en las áreas de
salud, que para 2021 representan un 25 por ciento del total de gastos, un aumento de
dos puntos con respecto a la previsión actual”, explicó Fiatti. Y consideró que la
pandemia no finalizó, los cuidados tienen que seguir siendo muy altos, lo que implica
tener con capacidad de atención a todos los efectores de la Salud Municipal.
Además, la previsión de recursos que está a consideración de los ediles también
contempla otro rubro ineludible. Son los gastos sociales que, sumados a Salud, llegan a
un 66 por ciento del Presupuesto diseñado por el intendente Pablo Javkin. “Eso es una
marca de este tiempo, porque tenemos indicadores sociales muy complejos. Siempre
que hay una crisis a nivel nacional, en nuestra ciudad repercute porque tenemos una
participación muy fuerte del sector privado en la generación de empleo. Y cuando eso
se ve afectado, es necesario que el Estado esté asistiendo y conteniendo”.
Para Fiatti, y teniendo en cuenta las marcas señaladas, el Presupuesto 2021 es austero
y equilibrado. “Esta es la situación que estamos pasando, desde que asumimos con un
endeudamiento que viene bajando en el peso relativo que tienen en los gastos, pasó
del 11 al 8 por ciento”, comentó. Y dijo que si bien es necesario cuidar los números,
hay que priorizar el gasto social.
En ese sentido, Fiatti repasó una cifra inquietante: las organizaciones encargadas de
vehiculizar la acción social en la campaña que se realizó junto al Banco de Alimentos
(BAR), pasaron de 400 en el mes de marzo, a las casi 1.600 actuales. El incremento
está en relación directa con el impacto que sumó, a la pandemia, la crisis económica
social del país en los últimos años. Según el edil, hubo organizaciones que
reconfiguraron su accionar como clubes y vecinales, y otras que surgieron al calor de la
urgencia, como grupos de vecinos para la asistencia alimentaria. Además, dijo que a la
estrategia de acción aportaron los tres niveles del Estado, potenciando Programas que
en su momento no estaban tan activos porque recién arrancaba la pandemia, como el
Cuidar, Santa Fe Más y Tarjeta Alimentar, a nivel local, provincial y nacional,
respectivamente.
¿Hay señales de reactivación en cierne? “Nos preparamos para potenciar inversiones
productivas con la Ordenanza de Suelo Industrial que genera beneficios fiscales
directos con promoción por 24 meses de todos los tributos municipales”, dijo el edil,
sobre un proyecto en discusión.
A favor
Fueron aprobados los proyectos Plazas de Bolsillo (intervención en terrenos baldíos a
favor de los vecinos, a través de comodatos), del edil Fiatti; y Rosario Trabaja
(capacitación técnica en oficios gratuita para los y las jóvenes, sumando instituciones
intermedias), de Unidad Ciudadana.
Fuente: El Eslabón
Fuente:RedaccionRosario
Vuelta a clases
El sindicato que nuclea a maestros de la enseñanza privada respondió este viernes la
misiva pública del grupo Padres por la Educación que pedía “un esfuerzo” y
sobreponerse “al miedo” para “revincularse” con la escuela.
Con la firma del secretario general del Sindicato de Docentes Particulares (Sadop)
Rosario, Martín Lucero, el texto intenta establecer un diálogo con los padres que
publicaron una carta pública el jueves pasado, y a la vez aclarar algunos puntos
polémicos. A continuación, la carta completa:
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes a los efectos de dar acuse de recibo
de vuestra carta. Agradecemos la misiva y el sentido comunitario que la inspira.
Creemos profundamente que la familia, como primera educadora, cumple un rol
indelegable al momento de la formación de nuestra niñez y adolescencia, en la cual la
escuela cumple un rol esencial.
Respecto del contenido de la carta deseamos solamente expresar algunos puntos que
entendemos pueden surgir de errores de comunicación o información inexacta:
• SADOP, como sindicato representativo de la docencia privada, no tiene
responsabilidades, ni fue consultado, ni tuvo poder de decisión o injerencia sobre la
suspensión de la presencialidad de las clases. Fue una resolución gubernamental
consentida en todos los estamentos tanto del Estado Nacional, como los provinciales,
la CABA y municipales.
• En el mismo sentido tampoco corresponde a las organizaciones sindicales disponer
(legal o políticamente) el levantamiento o no de la medida.
• Respecto de la apertura o vuelta a la presencialidad, la posición de nuestra
organización ha sido siempre la misma: si las autoridades sanitarias y educativas lo
disponían en función de que consideraran que las pautas estaban dadas no habría
objeciones.
• Como sindicato que representa a trabajadores y trabajadoras de la actividad privada
siempre sostuvimos que también deberían cumplirse los protocolos y normativas laborales
vigentes (como en todas las actividades privadas que abrieron: comercios, bancos,
empresas, gimnasios, etc.). Estas obligaciones están a cargo de las entidades
propietarias de los colegios y también tienen relación con la cobertura de ART.
• Este planteo es de lógica elemental y no está por fuera de ninguna disposición que sea
aplicable a la actividad privada.
• A tal punto está demostrada nuestra voluntad de colaborar y aportar que el 26 de
junio de 2020 presentamos formalmente el PROBE (Protocolo Básico para la Escuela) al
Ministerio de Educación, el de Trabajo y las entidades propietarias. El mismo es un
modelo base adaptable a cada institución para el momento de la vuelta. Fue el primer
protocolo presentado en Santa Fe (incluso antes que el propio Ministerio de Educación).
• El PROBE también fue enviado a todos los delegados gremiales de la Provincia en junio
ante la eventualidad de un retorno.
• Si bien entendemos que la respuesta más fácil de los gobiernos es culpar a los
sindicatos, no existe en el caso de SADOP ninguna situación que justifique que la
imposibilidad de la vuelta a clases presenciales tenga que ver con “nuestra oposición”.
Las decisiones de gobierno son políticas y nos exceden.
• Sí sostenemos (y entendemos que ustedes como familias lo compartirán) que debe
existir la ratificación de la autoridad en materia sanitaria.
• Esto se encuentra ratificado con que ante la disposición del Ministerio de Educación de
la Provincia (con el decreto del gobernador como aval) la docencia privada no se opuso a
la apertura y las vinculaciones se están realizando con las escuelas abiertas.
• Como la disposición del Ministerio fue sorpresiva trabajamos en conjunto con las
entidades propietarias para que se pudieran presentar los protocolos. Esto ha
demandado entre reuniones generales e individuales más 100 encuentros en 5 días.
• En estos 5 días se han habilitado (de manera legal y segura) más de 600 escuelas
privadas en un hecho histórico.
• Si el Sindicato hubiera tenido una actitud obstructiva esto no pudiera haberse llevado a
cabo. La actitud de la docencia fue constructiva y propositiva.
• Más del 90% de los colegios privados de nuestra seccional estarán en abiertos para el
viernes 4. Los que no están abiertos, responden a problemas edilicios insalvables en una
semana.
• En este sentido también presentamos una propuesta alternativa para los actos
de colación y cierre de nivel para los 7mos, 5tos y 6tos años.
Respecto de la experiencia comparada, podemos ofrecerle enorme cantidad de
bibliografía reciente y los estudios con los que contamos. Hemos seguido la
problemática global de cerca y tenemos aportes para realizar. Depende de los gobiernos
tener la voluntad de escuchar nuestros aportes.
Quizás lo deseable hubiera sido no quedarse con la opinión del gobernador y escuchar
también otras voces, como la de SADOP.
Sin embargo entendemos que es una oportunidad para transmitirles nuestro
pensamiento: familias y docencia deberían recorrer caminos similares.
Algunas declaraciones en los medios, como las del Sr. Eduardo Hadad, donde sugiere
que los docentes vayan a trabajar de otra cosa, que los dirigentes gremiales persiguen
“otros intereses” y una serie de afirmaciones que por su vehemencia o agresividad no
ayudan ni colaboran en este sentido. Es imposible no sentir esto como un ataque hacia el
personal del sistema como sugiere vuestra carta.
Sin embargo también entendemos que hay mucho desconocimiento de las familias
sobre el sistema y que no todos cuentan con la formación (e información) con la que
contamos nosotros como trabajadores/as profesionales (desde la titulación y
experiencia) de la educación.
En este sentido es importante compartir esta reflexión:
“Los países destacados habían logrado priorizar la educación en la agenda política;
definir altas expectativas de logro en todos los estudiantes; reclutar y retener a los
mejores candidatos para la docencia, así como dotarlos de relevancia social con un
estatus profesional diferencial; alinear los incentivos de los docentes, padres y
estudiantes en una misión compartida; desarrollar líderes educativos en las escuelas y en
los sistemas locales; encontrar el nivel adecuado de autonomía escolar según el
contexto; desarrollar mecanismos de rendición de cuentas basados en el progreso
educativo; articular un mensaje consistente y claro; e invertir de manera inteligente en
educación (Schleicher, 2018).”
Como puede observarse, todo lo contrario al mensaje del Sr. Hadad en los medios, el que
entendemos producto de la coyuntura, el nerviosismo del momento y la falta de
información, no como el sentir general de este agrupamiento de familias.
Nosotros no tenemos miedo a la escuela. Todo lo contrario somos los primeros en
sostenerla con nuestro trabajo y, muchas veces contra el abandono de los gobiernos.
Nuestra mayor preocupación es que la sociedad crea que la escuela es algo sencillo y
que el sistema educativo se pueda gobernar desde lugares comunes donde los
gobiernos son buenos, los docentes son vagos y los sindicalistas delincuentes.
Creemos que hay que superar los prejuicios para trabajar coordinadamente aun en las
diferencias. Los sistemas educativos más exitosos del mundo han evolucionado
trabajando en acuerdo con las instituciones representativas de los docentes y las
familias. Nunca en contra de ellas. Les sugerimos la lectura del trabajo de Axel Rivas
“Las llaves de la Educación” de reciente publicación (Noviembre de 2020) sobre los
sistemas educativos de mejora sostenida en América Latina. Comprobaran la
importancia de lo que expresamos.
Respecto de la situación puntual de la presencialidad, ratificamos lo expresado al
principio. No ha habido de parte de esta organización nunca una oposición al respecto.
Somos la firme muestra de que cuando no nos opusimos, el estado no supo qué hacer.
La responsabilidad, como ustedes desde su lugar de ciudadanos conocen
perfectamente, es de los gobiernos. Lamentablemente, recurrir a la estigmatización de
los sindicatos es una herramienta que la política utiliza cuando no puede dar respuestas
a la gente desde la formulación de la política pública.
En este sentido es muy llamativo que el Gobernador no les haya expresado que los
padres pueden ser parte del gobierno del sistema educativo en el ámbito privado.
El cuerpo asesor del Servicio de Enseñanza Privada se compone de la representación del
Ministerio de Educación, el Sindicato, los dueños de escuelas y los padres (elegidos por
el voto directo sus pares). El 2021 es el año de elecciones ¿qué mejor lugar para
participar donde se debate la creación de cargos, la asignación de partidas y el control
de los fondos que van a las escuelas privadas? Sin dudas la omisión es llamativa.
Para finalizar queremos ratificar la importancia que entendemos tiene la participación de
la familia en el sistema educativo. Para ello compartimos la idea de la pedagoga Inés
Aguerrondo, quien citando un famoso estudio de Michael Fullam expresa:
“Los padres y la comunidad, en general la sociedad, dice dar mucha importancia a
educación, pero estas declaraciones, que son reales, no están acompañadas por
los conocimientos concretos sobre qué compromiso implica eso. Una madre es
consciente sobre cómo cuidar la salud de su hijo, porque las vacunas y la fiebre son
cosas concretas.
Es mucho más difícil que los padres entiendan el proceso interno de aprender, que es
invisible, mucho más en estos momentos en que las experiencias escolares de una
generación no siempre son aplicables para la siguiente. Desarrollar la capacidad de los
padres para entender el proceso de aprendizaje de sus hijos es una buena estrategia
para aumentar la viabilidad de buenos resultados. Las decisiones políticas sobre las
reformas puede que se ocupen de hacer campañas de comunicación a la comunidad,
pero no se ocupan del tema de la importancia de que los padres apoyen a sus hijos, y
menos de enseñar a los padres como acompañar y apoyar el aprendizaje de sus hijos”.
(Aguerrondo 2020)
Esperamos haber aclarado vuestras inquietudes y expresado nuestro punto de vista.
Ojalá sea el inicio de una relación fructífera para la participación y el interés permanente
(y organizado) de las familias en el gobierno del sistema educativo.
Desde nuestro sindicato podemos ofrecer asistencia técnica, experiencias, material, formación y dialogo.
También quedamos abiertos a los encuentros que deseen tener sobre el particular.
Sin otro particular, saludamos atte.
Martin Lucero
Secretario General – Consejo Directivo SADOP Rosario.
Fuente:RedaccionRosario
Rosario sumó este viernes
266 nuevos casos de covid
y 14 fallecidos
Santa Fe registró este viernes 991 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 266
pertenecen a Rosario. La segunda localidad con más cantidad de contagios fue la
ciudad de Santa Fe, que en las últimas horas registró otros 184 infectados.
Además, la provincia registró este viernes 14 nuevas víctimas fatales por Covid-19,
todos los pacientes son de Rosario (de entre 67 y 98 años). En total, Santa Fe registra
2.329 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia.
Asimismo, en la provincia hay actualmente 316 personas internadas en Sala General,
141 en Unidad de Terapia Intensiva con asistencia respiratoria mecánica y 10 sin
asistencia.
Reporte nacional
Otras 209 personas murieron y 6.899 fueron reportadas con coronavirus en las últimas
24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 39.512 los fallecidos registrados
oficialmente a nivel nacional, informó este viernes el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 3.929 los internados en unidades de terapia
intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 55,7% en el país y
del 60,2% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Fuente:RosarioPlus
Juego clandestino
Ponce Asahad admitió que recibió coimas y apuntó
contra “personas de otro estamento del Estado”
El ex fiscal no estará detenido de ahora en más en la órbita del Servicio
Penitenciario, ya que fue víctima de episodios de amedrentamiento que están bajo
investigación, según trascendió en la audiencia donde se le amplió la imputación
como integrante de una asociación ilícita
4 de diciembre de 2020
Gustavo Ponce Asahad, ex fiscal imputado por cobrar coimas de la timba clandestina.
El ex fiscal Gustavo Ponce Asahad declaró este viernes en la causa en la que se lo investiga
por cobrarle coimas a Leonardo Peiti, un hombre vinculado con el juego clandestino y por
la que está preso. El acusado declaró durante 4 horas, reconoció los delitos que le atribuyen
e involucró a “personas de otros estamentos del Estado”, por lo que los investigadores
enviarán copia a la Legislatura y a la Corte para informar sobre sus nuevos dichos.
Además, los fiscales del caso aseguraron que Ponce Asahad no estará detenido de ahora en
más en la órbita del Servicio Penitenciario, ya que fue víctima de episodios de
amedrentamiento que están siendo investigados.
La causa la llevan adelante los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra. Ambos
brindaron una conferencia de prensa este viernes a las 17.30 tras la nueva declaración
imputativa de Ponce Asahad. Y si bien no dijeron el nombre de la persona a la que apuntó
el ex fiscal como uno de los integrantes de la asociación ilícita para hacerse con dinero del
juego clandestino, la afirmación de que ese testimonio será remitido a la Corte Suprema y a
la Legislatura hace suponer que se trata de algún integrante del cuerpo legislativo.
La misma sugerencia que realizó el ministro Marcelo Sain en el mediodía de este viernes al
anunciar el pedido de renuncia del jefe de Policía de la Unidad Regional II Daniel Acosta,
por recibir en su despacho a dos “operadores políticos” vinculados con personas de la
Legislatura santafesina que tendrían como objetivo la desestabilización de su cartera. “El
ex fiscal nombra a políticos, por eso reenvían la declaración a la Legislatura”, sostuvo una
fuente de la pesquisa por juego clandestino y extorsión.
Y agregó este vocero: “Los fiscales no detallaron las nuevas acusaciones y tampoco dieron
nombres, un dato que permite adelantar algo del peso de lo ocurrido este viernes por la tarde
: la jueza Eleonora Verón ordenó remitir una copia de la declaración a la Legislatura y la
Corte Suprema provincial”.
Edery explicó que Ponce Asahad pidió declarar, pero que no lo hizo baja la figura del
arrepentido, una versión que circulaba este viernes junto con los nombres de posibles
afectados. “Se lo re imputó por los hechos anteriormente achacados y se le agregó integrar
una asociación ilícita. Él reconoció haber recibido dinero de Peiti”, añadió. Además detalló
la función del ex fiscal Regional de Rosario también preso, Patricio Serjal, dentro de la
organización y habló de otras personas vinculadas con el Estado y las funciones que
cumplían.
En esta nueva imputación a Ponce Asahad se le agregó la acusación de haber conformado
una asociación ilícita integrada además por, al menos, Serjal, Peiti (que apenas apuntó
contra los funcionarios salió en libertad), el empleado del MPA Nelson Ugolini (los tres ya
fueron imputados), David Perona (quien falleció en Rafaela) y el comisario retirado
Alejandro “Pipi” Torrisi (condenado a 3 años de prisión condicional en juicio abreviado).
Para la Fiscalía, el objeto de esta asociación fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de
la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal o apuestas efectuadas
por medios electrónicos, todos ellos sin contar con la autorización de la autoridad
competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles,
organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal.
La organización, dice la pesquisa, se desplegó en el ámbito de la provincia de Santa Fe,
concretamente en las localidades de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, ciudad de Gálvez y
Rafaela; siendo el asiento principal de los negocios y la residencia de los organizadores se
encuentra en Rosario, agregaron.
Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dijeron que los organizadores de esta
asociación fueron Leonardo Peiti y Patricio Serjal mientras que el resto de las personas
antes nombradas participaban en carácter de integrantes y conforme el rol que se asigna a
cada uno de ellos.
Schiappa Pietra, en tanto, sostuvo en conferencia de prensa que están avanzando en la
investigación y que la declaración del ex fiscal fue muy larga y mencionó a muchas
personas. “Vamos a revisar toda esa información, pero ahora preferimos resguardar algunas
de esas cuestiones”, explicó.
Ambos fiscales dijeron que deben analizar la declaración de Ponce Asahad, pero van a ser
más las personas imputadas en los próximos días, precisaron.
Por su parte, la jueza Verón hizo lugar al pedido de traslado del detenido a un espacio que
no esté bajo el control del Servicio Penitenciario provincial, que depende del Ministerio de
Gobierno y Justicia, en el marco de diferentes situaciones de amenazas de las que fue
víctima el ex fiscal.
La causa
La pesquisa por juego clandestino comenzó con la investigación a una banda de
extorsionadores, por la que está detenido como líder un lugarteniente de Ariel “Guille”
Cantero, Maximiliano “Cachete” Díaz, dedicada cometer balaceras y amenazas para cobrar
por “seguridad”.
El 11 de enero pasado una balacera contra los balcones de Moreno al 6400 del Casino City
Center terminó con el asesinato del gerente de la sucursal del banco Nación de Las Parejas,
Enrique Encino. Por ese crimen fue detenido Cachete y parte su gavilla, vinculada con Los
Monos.
A partir de allí se conocieron otros blancos de aprietes, entre ellos el empresario del juego
legal y también sindicado en otras causa por actividades ilegales Leonardo Peiti, que
finalmente se presentó a finales de julio pasado en la Justicia y declaró como arrepentido.
Peiti dijo que le pagaba coimas al entonces fiscal Regional Patricio Serjal, al ex fiscal que
investigaba casos de infracción a los decretos que prohibían la circulación en el marco del
Covid 19, Ponce Asahad, y a su empleado Néstor Ugolini. Los tres están imputados por
llevaron adelante un plan criminal donde cobraron al empresario arrepentido entre 4 y 5 mil
dólares mensuales a cambio de brindarle información que lo ayudara a lograr impunidad.
Serjal estaba a cargo de 79 fiscales que trabajaban no sólo en el departamento Rosario sino
también en Casilda y Cañada de Gómez donde Peiti tenía investigaciones por juego ilegal.
Además, el empresario tiene abierta una causa en Melincué que pertenece a la Tercera
Circunscripción que conduce el fiscal Regional Alejandro Sinópoli, regional asentada en
Venado Tuerto.
Según la acusación, Serjal junto a su entonces fiscal Ponce Asahad y su empleado Ugolini
diseñaron y ejecutaron un plan cuyo objeto fue recibir dinero desde diciembre de 2018 de
Peiti y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos
que podrían constituir delitos, interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir
dictámenes propios de su competencia o de otras, todo con el objeto de que no prosperen
imputaciones contra Peiti.
Por eso acusaron al trío de obstaculizar la investigación penal por juego clandestino a cargo
del fiscal de Melincué Matías Merlo, quien tenía a Peiti en la mira, al informarle sobre la
existencia de una investigación en su contra y de allanamientos que se iban a realizar. La
filtración de esa información frustró las medidas en curso. Sin embargo la declaración de
Ponche Asahad, en la que nombró a políticos, transformó la causa en una asociación ilícita
que agravaría la pena y promete un desfile de “personas de otros estamentos del Estado” en
los Tribunales.
La pesquisa contra Peiti también dejó al descubierto locales de apuesta ilegal en Villa
Gobernador Gálvez y Rafaela, de donde había sido sindicado como el organizador el
sindicado Zar del Juego Clandestino David Perona, quien falleció a los 42 años hace 15
días tras contraer coronavirus.
En esta última causa, interviene junto a los fiscales de Rosario, su par Martín Castellano y
donde también quedó en evidencia la red de complicidad policial que abarcó a altos jefes
como: Juan Pablo Bengoechea, de 48 años, quien fue jefe de la Unidad Regional V (URV
del departamento Castellanos y con asiento en la Perla del Oeste) y también jefe de la URII
de Rosario en 2019; José Pérez, de 51 años, quien fue subjefe de la Policía de Santa Fe en
2016; Fabián Forni, de 57, ex titular de la URV, de la URIX de Reconquista y que pidió su
retiro en diciembre de 2019; y Javier Gorosito, de 52, ex jefe de Orden Público de la URV.
A estos imputados se le sumó el único policía en actividad; se trata de Favio Aranda, de 39
años, quien fue titular de la Agrupación Cuerpos en la misma época que Bengoechea era el
jefe de la Regional V.
Esta semana, los fiscales Schiappa Pietra y Edery buscaron documentación sobre las causas
de juego clandestino de Peiti y su entorno en un estudio contable de Corrientes y Córdoba
del microcentro rosarino, en un domicilio relacionado con este mismo empresario y en la
casa del empleado del MPA Ugolini, junto a otras viviendas relacionadas a su entorno.
Fuente:ElCiudadanoyLaRegion
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