Paro hasta la Navidad en Página 12
Los trabajadores de prensa del matutino reclaman el pago de los incrementos paritarios, que son desconocidos por la empresa que dirige Víctor Santa María. Crearon un fondo de huelga para ayudar a sus compañeros precarizados.
Los trabajadores de prensa del matutino Página 12 se declararon en paro durante siete días, desde este viernes 18 hasta las 24 horas del 24 de diciembre. La drástica medida la tomaron en asamblea como respuesta a la negativa de la empresa de aplicar la paritaria de prensa escrita, cuya vigencia se extiende desde mayo de este año hasta abril de 2021.
Fernando “Tato” Dondero, delegado de los trabajadores de prensa del diario y secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), señaló que “la empresa persiste, una y otra vez, con la misma actitud de no respetar la paritaria. En el fondo, lo que quieren es silenciar una voz que reclama y lucha”.
El paro se inició con una actividad en la puerta de la redacción, que cortó el tránsito de la calle Venezuela, en el barrio porteño de Monserrat, armado con la colaboración del SiPreBA y a la que se acercó un nutrido contingente de trabajadores de prensa, reporteros gráficos de la ARGRA, y dirigentes políticos de izquierda y personalidades. Se leyeron varias adhesiones, entre las que se destacaron la de la presidenta de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y de la Asamblea por los Derechos Humanos de La Matanza, que acompaña desde hace mucho la lucha de los trabajadores de Pagina 12 en defensa de sus derechos.
Ante la decisión de la firma editora que encabeza el sindicalista secretario general del sindicato de los Porteros, Víctor Santa María, de no imprimir el diario de este sábado, Dondero dijo en la actividad que los trabajadores de Página 12 no buscan esa resolución: “Estamos orgullosos de los más de 30 años de historia que hemos construido en Página. Página son sus trabajadores, no un establecimiento que funciona en un sótano. Queremos que el diario salga y que nosotros cobremos nuestros salarios”, subrayó.
"No nos escuchan"
A principios de noviembre, los trabajadores del diario realizaron un paro de 48 horas, continuación de otro anterior de 24 horas, ambos ante la nula respuesta a un pliego de reclamos presentado en octubre a la conducción de la firma. “La empresa no habla con nosotros”, denunció Dondero.
En lo que hace al aspecto salarial, el pliego de octubre reclamaba una recomposición ante la muy mala paritaria de prensa escrita firmada por la Utpba, el sindicato que ostenta la personería gremial pero no tiene representación alguna entre los trabajadores. Pero la actitud de la empresa de desconocer la paritaria “hasta que la homologue el Ministerio de Trabajo” solo empeora las cosas ya que reduce aun más el salario real, al que congela, mientras la inflación sigue su firme curso.
Otro problema central en el pliego es la situación del personal que trabaja para el diario pero no forma parte de la planta permanente, los mal llamados colaboradores, que es una de las formas como las empresas de apps de delivery llaman a sus trabajadores cuando no los quieren reconocer como tales y sostener una precarización laboral.
Estos “colaboradores” no cobran si sus notas no salen publicadas. Como los trabajadores previeron que Santa María volvería a boicotear el diario no publicándolo los días de paro, armaron un fondo de huelga para resolver el problema de esos ingresos caídos. El fondo recibió el primer aporte proveniente de la bancada del FIT de la Cámara baja, según se informó en la actividad.
Los "celestes": quién es quién en la cruzada contra el aborto legal
Una investigación a nivel regional identificó a los grupos ultraconservadores que en cada país impulsan el rechazo a la ampliación de derechos sexuales y reproductivos. De la militancia católica y evangélica a los influencers del negacionismo, animan una compleja trama de alianzas políticas y religiosas.
“Poderes no santos” es una investigación regional liderada por OjoPúblico en Perú, Argentina, Estados Unidos, Brasil y México, en alianza con Agencia Pública, Animal Político, POPLab y Tiempo, que detalla la presión y la agenda de grupos ultraconservadores y negacionistas de toda América Latina contra la ampliación de derechos sexuales y reproductivos.
Tienen todos los elementos para ser virales. En uno de los videos, registrado a mediados de agosto, la mujer –vestida con un poncho marrón y un mate entre las manos– asegura que los argentinos están siendo utilizados para un experimento peligroso:
“Todos tenemos que pedir por recobrar nuestra libertad, nuestra dignidad. No somos ni seremos conejillos de Indias para que nos inoculen vacunas de nuestro enemigo ancestral: Inglaterra”, arenga desde el jardín de su casa.
En otro, grabado el 13 de octubre, durante un foro virtual antivacunas, la mujer rubia aparece, de nuevo, con el peinado prolijo, ojeras marcadas y el ceño rígido. Esta vez, está sentada frente a un crucifijo de madera y viste un guardapolvo. Desde allí, insinúa que la pandemia fue planificada como un arma biológica, y dice que las vacunas van a “provocar enfermedades, modificar nuestro genoma y producir la esterilización de la gran mayoría de los varones”.
La protagonista de las grabaciones es Chinda Concepción Brandolino, una médica argentina habilitada para ejercer en la provincia y la ciudad de Buenos Aires que integra la agrupación negacionista de la ciencia Médicos por la Verdad. Aunque sus declaraciones fueron desmentidas en reiteradas oportunidades, su popularidad creció durante la pandemia. En los últimos meses lideró movilizaciones sociales, participó en conversatorios regionales e integró, junto a otros profesionales de la salud y abogados, una reunión con un grupo de asesores políticos y senadores, en la que hizo lobby en contra de la vacunación.
Su activismo no se limita a una agenda antivacunas. En los últimos años ha participado en conferencias contra el enfoque de género, se manifestó públicamente contra el matrimonio igualitario y fue una de las expositoras que se opuso al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo en 2018. Desde aquella intervención, la “Mujer de la Ola Celeste” –como la llaman en las redes sociales– se convirtió en una referente del movimiento “pro vida”, y este año no fue la excepción.
Brandolino no es la única activista que ha tenido un discurso conservador y negacionista durante la pandemia. Para determinar el alcance de estos referentes y sus alianzas en América Latina, OjoPúblico realizó una investigación en la que identificó preliminarmente a más de 30 líderes religiosos, 70 líderes de la sociedad civil y más de 200 políticos que impulsaron una agenda alineada a grupos antiderechos o negacionistas de la ciencia, en la Argentina.
Como parte de esta investigación se detectó, en simultáneo, la presencia de más de 85 organizaciones civiles y religiosas ultraconservadoras (algunas de ellas, filiales de movimientos internacionales; y otras, con soporte de agrupaciones transnacionales como Hazte Oír-Citizen GO, Capitol Ministries, Juventud Con Una Misión-JUCUM, y Human Life International).
Durante la emergencia sanitaria, estos espacios han apelado a discursos contra las políticas de salud sexual y reproductiva, el enfoque de género y, en algunos casos, mensajes antivacunas. Sus acciones, articuladas con referentes de distintos partidos políticos, se incrementaron a medida que se acercan las elecciones legislativas de 2021 y, especialmente, con el impulso del Ejecutivo al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que el pasado 11 de diciembre obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.
Hombres de fe
La relación de estos actores con un buen número de legisladores deja en evidencia las alianzas –políticas y económicas– que se juegan en torno a derechos vinculados a la salud sexual y reproductiva, el enfoque de género y la diversidad sexual.
En las semanas previas al primer debate en el Congreso sobre la legalización del aborto, esos lazos empezaron a reavivarse. Si fueron menos exitosos que otros años –o no–, es una discusión que se resolverá en los próximos días, cuando el Senado trate la propuesta. Pero ahora las negociaciones continúan, y los sectores religiosos cobran protagonismo por su cercanía con varios representantes de la Cámara Alta.
Mientras el Papa Francisco parece empeñado en no confrontar de manera directa con el gobierno argentino, las autoridades eclesiásticas locales despliegan una agenda opositora al proyecto de ley cada vez más activa. Esto atraviesa por igual a las áreas más conservadoras de la Iglesia Católica como a otras, consideradas más “progresistas”, incluidos los curas villeros.
Hace unas semanas, por ejemplo, los obispos Óscar Vicente Ojea y Carlos Humberto Malfa –presidente y secretario de la Conferencia Episcopal Argentina, respectivamente– emitieron un comunicado en el que invocaron a los sacerdotes a “realizar plegarias por el cuidado de la vida no nacida” en todas las celebraciones religiosas del 8 de diciembre.
En paralelo, otros representantes de la Iglesia participaron en las reuniones en comisiones del Congreso. Dentro de ellos, destacaron Gustavo Carrara (obispo auxiliar de Buenos Aires), el religioso José María "Pepe" Di Paola (del Equipo de Sacerdotes de Villas y Barrios Populares) y Andrea Imbroglia, funcionaria de la organización Cáritas Argentina.
“Esa defensa de la moral no es nueva. Lo novedoso es la capacidad de adaptación y mutación que ha mostrado la iglesia para encontrar, en nuevos argumentos, formas de defender esos viejos principios morales”, dice Juan Marco Vaggione, doctor en Sociología y Derecho e investigador del Conicet, que estudia las formas de activismo religioso. Comenzaron a articularse, señala, a partir del progresivo reconocimiento de derechos civiles, demandados por los movimientos feministas y LGBTIQ+ durante décadas.
Dichos avances implicaron una profunda crítica a la influencia de la religión sobre la política, la cultura y el derecho. Pero esto, indica Vaggione, fue resistido desde la Iglesia Católica con la construcción de dos amenazas: la “cultura de la muerte” (vinculada al aborto y la eutanasia, pero también a “una mentalidad no reproductiva”) y la “ideología de género” (un rótulo que agrupa y tergiversa demandas de los movimientos feministas y LGBTIQ+).
Esos conceptos, creados en los años 90 dentro de las esferas del catolicismo, empezaron a trascender la religión y fueron incorporándose a la sociedad civil y a la política. En paralelo, la Iglesia Católica impulsó una agresiva convocatoria para movilizarse contra los derechos sexuales y reproductivos –que incluyó a los fieles, gobernantes, legisladores, jueces, intelectuales y académicos–, la politización de los derechos religiosos y, por último, una serie de alianzas con otros cultos y sectores conservadores.
Dentro de ellos, sobresale la actividad que tienen algunas organizaciones evangélicas, como la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), y el rol de líderes religiosos como Hugo Márquez, un pastor que preside la Confederación Evangélica Bautista Argentina y tiene lazos regionales influyentes dentro de los sectores ultraconservadores.
En los últimos años, este referente religioso ha participado, al menos, en cuatro eventos del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia –un movimiento regional que se opone a los derechos sexuales y reproductivos, al enfoque de género y a la educación sexual integral; y aboga por “la defensa de la familia” desde las políticas públicas–, en Argentina, México, Panamá y Perú.
En 2018, como vocero de esa agrupación, participó de la 48° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la ciudad de Washington. En ese evento, ofreció un discurso en el que rechazó la educación sexual integral, habló de un “avance de los Estados nacionales como adoctrinadores y propulsores de la ‘ideología de género’” e hizo referencia a la interrupción legal del embarazo como un “atentado a la vida”.
En Neuquén, donde se desempeña como pastor de la Iglesia Jesús es Rey, ha encabezado movilizaciones contra la legalización del aborto. Y el colegio Amén –una institución educativa que fundó en los años 80– fue denunciado, en 2018, por no cumplir con el programa de educación sexual integral.
Las figuras evangélicas que animan la movida regional son numerosas. Pero destacan tres pastores: Gabriel Ballerini (otro integrante de la junta directiva de la Confederación Evangélica Bautista), Rubén Proietti (líder de ACIERA y presidente de la Alianza Evangélica Latina), y Luciano Bongarrá (fundador y presidente de Parlamento y Fe Internacional).
Las esferas evangélicas más conservadoras de Argentina incluyen, asimismo, a referentes más discretos. Y, al menos, a un pastor –Bernardo Affranchino, de la iglesia bonaerense Cristo Para Todos– vinculado a Capitol Ministries, la organización evangélica ultraconservadora patrocinada por el Departamento de Estado estadounidense, que promueve la evangelización de líderes políticos.
Dios está en todas partes
Pequeñas, transnacionales, activistas, evangelizadoras o explícitamente políticas. Las fundaciones y ONGs autodenominadas provida –o afines a esta idea– nunca fueron tan numerosas e influyentes. El fenómeno no es espontáneo: responde al llamado de la Iglesia Católica a movilizarse en defensa de la “cultura de la vida”.
Su conexión con la religión, sin embargo, muchas veces resulta ambigua. Así, mientras algunas se identifican públicamente como organizaciones católicas, otras se presentan como laicas, aunque su agenda está alineada a la de grupos ultraconservadores. “Ese desplazamiento ha tenido diversas consecuencias sobre el activismo católico conservador, entre las que destacan su mayor profesionalización, la intensificación de sus alianzas con sectores evangélicos y la federalización de su política”, señala Vaggione.
En Argentina, uno de los primeros referentes de este tipo fue Jorge Scala. Este abogado, vinculado a El Portal de Belén –organización conocida por judicializar procesos legales para evitar la entrega grauita de anticonceptivos y la aplicación de protocolos de atención de abortos no punibles– es, además, uno de los principales teóricos de la “ideología de género”.
Aunque este tipo de organizaciones se han replicado de manera asombrosa, hay una que llama la atención por sus conexiones internacionales: Fundación Libre, que se presenta como un centro de estudios enfocado en “contrarrestar la ideología progresista” e impulsar “ideales de libertad individual, responsabilidad y republicanismo”, dirigida por el politólogo, escritor y conferencista Agustín Laje.
Conocido por afirmar que el feminicidio no existe o que el aborto le quita el estigma al incesto y la pedofilia, las actividades de Laje y su fundación se centran en una crítica feroz al feminismo, a la educación con enfoque de género, a la interrupción legal del embarazo y a las demandas de la comunidad LGBTIQ+.Dentro del consejo consultivo de su organización se encuentran el economista ultraliberal Javier Milei y otros representantes del campo político y económico conservador.
A diferencia de otros referentes, Laje no tiene reparos en admitir su rol como actor político: busca convertirse en un referente intelectual de la derecha. Así, su discurso apela a la pluralidad religiosa y giros académicos, junto a estrategias más provocadoras: él mismo reconoce que actúa como troll en las redes sociales para acaparar la atención de los centennials. E, incluso, tiene una cuenta activa en la plataforma de streaming Twitch.
Con esa idea, las actividades que promueve a nivel local recurren a influencers provida, críticos del feminismo, economistas liberales y políticos vinculados a la derecha. Su proyección regional, mientras tanto, responde a conexiones internacionales estratégicas dentro del ámbito conservador que se opone al enfoque de género y a las políticas de salud sexual y reproductiva.
En 2018, por ejemplo, protagonizó junto a Nicolás Márquez una gira de conferencias por nueve ciudades de España, organizada por Hazte Oír. Un año después, esta misma asociación ultraconservadora que promueve la defensa de la vida, la familia y la libertad le otorgó un premio por “combatir la ideología de género”. Admirador de Donald Trump y Jair Bolsonaro, durante esa visita a España, logró cierto acercamiento al VOX y, en México, ha conseguido lo mismo con algunos referentes del Partido Morena.
Las actividades de Laje y su fundación no se ha pausado con la pandemia: solo considerando los tres últimos meses, el cordobés lideró una decena de conversatorios virtuales en Perú, Chile, Costa Rica, España, República Dominicana, México y Guatemala, además de participar en la Cumbre Iberoamericana Gobierno, Vida, Familia, un espacio que, en septiembre, congregó a referentes conservadores y “pro vida” de la región.
Estas actividades no están destinadas únicamente a sectores mayores de la población o actores conservadores clásicos. También han comenzado a aglutinar a un importante número de jóvenes. Dicho alcance se puede observar en el caso de Laje y, también, en otros referentes argentinos con proyección internacional, como la asociación civil Frente Joven.
Esta agrupación, dirigida por el activista Leandro Flocco, tiene una marcada agenda contra la legalización del aborto y cuenta con representantes en Perú, Ecuador y Paraguay. Aunque sus líderes no hacen declaraciones públicas vinculadas a la religión, se definen como una agrupación que promueve la participación de los jóvenes en acciones sociales y políticas públicas de “promoción del derecho a la vida y a la salud integral de la mujer embarazada y su hijo”.
Sus conexiones han permitido que sus dirigentes participen, al menos, en dos oportunidades en la Asamblea General de la OEA. Y a nivel local, de acuerdo a su anuario 2019, cuentan con el auspicio de conocidas organizaciones civiles –entre ellas, Familia CONIN, Unidad ProVida, Fundación Más Humanidad y Juventud Con Una Misión (JUCUM)– y empresas, como el Banco Macro y la compañía de seguros San Cristóbal.
La agenda de Frente Joven y Fundación Libre coincide con la de otras importantes organizaciones civiles que se oponen a la legalización del aborto en Argentina. Entre ellas destacan la Mesa de Enlace Provida –que nuclea a varios colectivos celestes–, la Fundación Más Vida –dirigida por Raúl Magnasco–, Acción por la Vida y la Familia –a cargo de Oscar Botta, representante de Human Life International en Argentina– y la sede local de Hazte Oír.
La complejidad de este fenómeno, sostiene Vaggione, radica en la capacidad que han mostrado los grupos ultraconservadores para adaptarse a un Estado laico. En otras palabras, los debates públicos, salvo raras excepciones, ya no giran en torno a argumentos religiosos; sino a ideas más vinculadas a la legislación y cierta concepción de la bioética. “Y eso –remarca el investigador– muestra la capacidad que tienen ciertos sectores para desarmar la democracia con el mismo juego de las reglas democráticas”.
El Señor es mi pastor
Aunque los sectores religiosos no tienen estructuras partidarias propias en la Argentina, los referentes ultraconservadores no son ajenos al terreno político. “Esa carencia hace que los fieles se integren a expresiones políticas que, muchas veces, tienen posicionamientos ideológicos antagónicos”, explica Marcos Carbonelli, doctor en Ciencias Sociales e investigador del Conicet, que estudia la participación política de los sectores evangélicos.
La investigación de OjoPúblico identificó, de manera preliminar, a más de 200 funcionarios –en diferentes niveles de gobierno e instituciones estatales– que promueven una agenda común a la de grupos antiderechos o negacionistas de la ciencia. Dentro de ellos hay representantes de la oposición. Pero, también, líderes provinciales del Frente de Todos, que tienen una postura conservadora respecto a temas de género y la ampliación de derechos sexuales y reproductivos.
Más de 150 de los referentes identificados son diputados y senadores –integrantes, en su mayoría, de Propuesta Republicana (PRO), el Frente de Todos y la Unión Cívica Radical (UCR)– que han impulsado acciones en contra de la legalización del aborto; junto a 22 representantes de ambas cámaras –casi todos del PRO– con una agenda contrapuesta a la perspectiva de género.
Si bien el entorno de Alberto Fernández se ha mostrado optimista después de la media sanción conseguida en la Cámara de Diputados, las proyecciones en la Cámara Alta todavía son apretadas: allí hay más de 35 senadores que se han pronunciado públicamente en contra de la legalización del aborto. La mayoría de ellos pertenecen al Frente de Todos y la UCR y se oponen al proyecto con argumentos jurídicos y bioéticos.
No obstante, hay un grupo más confrontativo –integrado por Silvia Beatríz Elías de Pérez, Alfredo Luis de Angeli, Belén Tapia y Pablo Daniel Blanco–, que el 3 de diciembre emitió un comunicado solicitando la suspensión del debate en el Congreso y la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, por considerar que “el proyecto presentado por el Gobierno nacional propone el genocidio lisa y llanamente como ley”.
Elías de Pérez, parte de la mayoría del Senado que en 2018 rechazó el aborto legal, también está vinculada a un colectivo novedoso: la Red de Legisladores por la Vida. Esta organización se presentó formalmente a inicios de noviembre, como una agrupación que “defiende el derecho a la vida en todas sus etapas, estimula la generación de políticas públicas que fomenten la protección de la vida, propicia la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus valores y conciencia” y se opone a lo que denominan “ideología de género”.
La red es coordinada por la diputada provincial María Cristina del Valle Fiore Viñuales – abogada y exsenadora nacional por Salta– y ya agrupa a más de 100 senadores, diputados y concejales de distintas fuerzas políticas. Dentro de ellos destacan, además de la senadora, tres diputados del PRO que se opusieron a la interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara Baja.
El primero de ellos es Francisco Sánchez, participante habitual de los conversatorios de la Fundación Libre; David Schlereth, quien ha sido orador del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia; y Dina Rezinovsky, legisladora con una conocida militancia “celeste” y cercana a Osvaldo Carnival, uno de los principales líderes evangélicos del país.
En el Senado, claro, la influencia de la Iglesia Católica sobre los legisladores es todavía más fuerte. Pero una particularidad adicional entrará en juego en el debate que se viene: el cálculo político camino a las elecciones legislativas de 2021. “Algunos legislan por convicción y otros por presión, o por una lógica de toma y daca”, recuerda Carbonelli.
Fuente:TiempoArgentino
El Juzgado de Dolores continúa investigando al fiscal
Los dos procesamientos de Carlos Stornelli y los nuevos documentos que lo involucran en espionaje y extorsiones
En el juzgado federal de Dolores, a cargo de Alejo Ramos Padilla, trabajan intensamente en nuevos documentos sobre la participación del fiscal Carlos Stornelli en las operaciones de espionaje ilegal, extorsiones y otras maniobras protagonizadas por el falso abogado Marcelo D’Alessio. Contra lo que se pretendió instalar, la Cámara Federal de Mar del Plata no absolvió a Stornelli en ninguno de los cargos, sino que se confirmó su procesamiento en dos hechos graves, armarle una cámara oculta a un abogado y montar una operación de espionaje contra el ex marido de su actual esposa. Pero tampoco fue absuelto en otras seis acusaciones, sino que se ordenaron nuevas investigaciones. Tampoco el periodista Daniel Santoro fue absuelto por su papel cuando D’Alessio extorsionó al empresario Mario Cifuentes o a los imputados en el caso de los contenedores de la Aduana ni cuando llevaron a declarar, bajo presión, al ex funcionario de Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat, ni cuando usaron a D’Alessio para declarar ante Stornelli en el expediente por el Gas Natural Licuado. Todo ahora es parte de nuevas investigaciones de Ramos Padilla.
Pese a la insistencia mediática, el fallo de la Cámara de Mar del Plata dejó múltiples elementos de análisis:
(1) Se ve que la Cámara rehuyó tratar la situación del fiscal preferido de Comodoro Py. Fue procesado por Ramos Padilla el 6 de agosto de 2019 y ahora confirmó el procesamiento el 11 de diciembre de 2020. Tardó casi un año y medio. Vale la comparación con el caso del Memorándum de Entendimiento con Irán: Claudio Bonadio procesó a Cristina Fernández de Kirchner y a Héctor Timerman el 7 de diciembre de 2017 y la Cámara Federal confirmó el procesamiento el 21 de diciembre de 2017. Tardó 14 días.
(2) Se pretendió instalar que el fallo benefició a Stornelli. Lo objetivo es que le fue confirmado el procesamiento a un fiscal de la Nación. La Cámara sostuvo que utilizó espionaje ilegal contra el piloto Jorge Castañón, ex marido de la actual esposa del fiscal. “La conducta asumida por Stornelli --dice el fallo-- fue suficiente como para poner en marcha un mecanismo de obtención de información personal, lo que fue encargado a una persona que él creía era de la DEA. Por lo tanto, asiste razón al juez porque se encuentra acreditada la participación de Stornelli en tareas de investigación por fuera de una causa penal”. Lo asombroso es que la Cámara omitió ingresar en el aspecto más grave de la operación de D’Alessio-Stornelli contra Castañón: el falso abogado y el fiscal hablaron en concreto de maniobras para meter preso al piloto. Incluso mencionaron la posibilidad de plantarle droga en una valija.
(3) El caso de la cámara oculta que Stornelli mandó a hacerle al abogado José Manuel Ubeira también mereció la confirmación del procesamiento. Por empezar, ya es un hecho gravísimo el espionaje de un fiscal a un abogado. Pero la historia detrás es de máxima importancia. El arrepentido Leonardo Fariña pensaba en arrepentirse de haberse arrepentido, o sea en dar marcha atrás en sus declaraciones, la mayoría guionadas, como ya se probó. Por eso intentó una reunión con Ubeira, abogado defensor del ex titular de Yaciretá, Oscar Thomas, en el caso de las fotocopias de los cuadernos. Como Ubeira no admitió ninguna transacción, Stornelli y Fariña tramaron una cámara oculta para volver a tentar a Ubeira, pero esta vez para denunciarlo y sacarlo de la causa de las fotocopias. De acuerdo a los propios chats, D’Alessio se ofreció a hacerla y el fiscal le insistía en que había que concretarla.
(4) En el caso del expediente del Gas Natural Licuado (GNL), lo que ocurrió es que cuando la causa se caía a pedazos porque se probó la falsedad del peritaje del ingeniero David Cohen, Bonadio-D’Alessio-Stornelli salieron al rescate. El fiscal le tomó declaración al falso abogado, pero la maniobra era tan grosera que hasta ocultaron la declaración por más de un mes. ¿Qué resolvió la Cámara de Mar del Plata? Enviar esos hechos a Comodoro Py para que los investigue el juez que hoy sucede al fallecido Bonadio, Marcelo Martínez de Giorgi. ¿Quién es el fiscal en esa causa? El mismo Stornelli. Algo similar hicieron con el caso conocido como la Mafia de los Contenedores, donde D’Alessio le escribió la declaración a una de las imputadas, Patricia Fernández, a la par que extorsionaba a las familias de otros imputados pidiendo 500 mil dólares. La Cámara envió los hechos al juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, que instruyó el expediente de los contenedores desde el principio. ¿Un juez en lo Penal Económico investigando espionaje? Lo que se exhibe es voluntad de tirar la pelota afuera.
(5) La Cámara de Mar del Plata fue elogiosa con Ramos Padilla. Sostuvo que sus resoluciones tienen fundamento y elementos de prueba. También le ratificó la competencia en la mayoría de los casos. Pero el punto significativo es que hace un año, la Cámara decía que no se debían separar los hechos --“no debe desguazarse la causa”-- porque todos los hechos fueron cometidos por la misma asociación ilícita. Ahora, en cambio, analizó hecho por hecho y envió un par a la Capital Federal. Otra pirueta consistió en que la Cámara consideró que no se le podía aplicar a Stornelli la ley de inteligencia porque las prohibiciones --según la Cámara-- sólo rigen para los ex funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia y otras fuerzas. Pero hace un año procesaron al fiscal Juan Ignacio Bidone diciendo lo que dice la ley: “Será reprimido con prisión de tres a diez años todo funcionario o empleado público que realice acciones de inteligencia prohibidas por las leyes”. O sea, le aplicaron un criterio a un fiscal provincial y otro al fiscal federal preferido de Cambiemos.
(6) Más allá de lo que dice la Cámara, lo objetivo es que Stornelli aparece actuando con D’Alessio en varios hechos. El falso abogado le llevó de prepo un arrepentido, Brusa Dovat. El fiscal le hizo entrar el auto a Comodoro Py y permitió que D’Alessio esté en la declaración. Stornelli puso a declarar a D’Alessio cuando se caía la causa del GNL y ocultó la declaración. El fiscal dialogó con D’Alessio durante varias horas en Pinamar justo cuando se produjo el apriete/extorsión al empresario Pedro Etchebest. D’Alessio le entregó cámaras ocultas ilegales grabadas en Uruguay acusando a empresarios de estar vinculados con Irán. Stornelli no denunció esas cámaras ocultas ilegales. A todo esto se suman los pedidos para la cámara oculta a Ubeira y el espionaje a Castañón, el ex marido de la actual esposa del fiscal. Todo este conjunto es el que la Cámara “desguazó”, pero igualmente es sobre el conjunto que se trabaja ahora en el juzgado de Dolores. Mientras tanto, con dos procesamientos confirmados, Stornelli sigue ejerciendo de fiscal, custodiado por el procurador Eduardo Casal.
(7) A todo esto se agrega otro procesamiento de Stornelli que todavía no fue abordado por la Cámara. Pablo Barreiro, ex secretario de los Kirchner, no sólo denunció que lo extorsionaron, sino que lo declaró ante Stornelli, sin que el fiscal hiciera nada. D’Alessio le pidió 500 mil dólares y le insistió en que debía ir a declarar ante el fiscal, arrepentirse, denunciar a CFK, y que de esa manera iban a evitar que lo detuvieran y también liberarían a su padre, preso en Marcos Paz. Esto motivó un nuevo procesamiento de Stornelli en octubre pasado y habrá que ver si también en ese caso la Cámara tarda un año.
(8) Tampoco Daniel Santoro fue absuelto de nada, como se intentó difundir. Su allegado D’Alessio le estaba exigiendo 1.200.000 dólares al empresario Mario Cifuentes. Desde ya que no hay evidencia de que Santoro participara de la extorsión económica, pero está acusado por la extorsión política: presionaban a Cifuentes para sacarle dinero pero también para que declare como arrepentido contra el kirchnerismo. Además querían quitarle la empresa. Dos veces en el programa Animales Sueltos mencionó a la empresa de Cifuentes (OPS) cuando se refería a una constructora brasileña (OAS), pero la Cámara consideró que fueron “equivocaciones”, pese a que D’Alessio le advirtió a Cifuentes en esos dos días, consecutivos, que le mandaría un mensaje en el programa televisivo y que debía pagar y arrepentirse.
(9) Mientras D’Alessio extorsionaba, Santoro cometió otras "equivocaciones" porque el falso abogado "lo engañó": introdujo a D'Alessio en el juzgado de Aguinsky, en la fiscalía de Stornelli, en la causa del GNL, vio cuando el falso abogado estaba con un arma en la cintura y presionaba a Brusa Dovat para que declarara, mencionó la empresa de Cifuentes y también le reportó a D’Alessio lo que pensaban y quiénes eran las fuentes de sus compañeros de Animales Sueltos. Con esa información después D'Alessio hizo un informe de inteligencia. D’Alessio fue fuente de numerosos periodistas --sostuvo Ramos Padilla en su fallo--, pero Santoro fue el único que apareció en todas las operaciones. Para colmo registra un antecedente inquietante: fue el que publicó la falsa noticia de que Máximo Kirchner y Nilda Garré tenían una cuenta millonaria en dólares en un pequeño banco de Delaware. Eso lo desminitió hasta el propio gobierno de Estados Unidos.
Sobre la base de todos los hechos en los que aparecen envueltos Stornelli y Santoro, el mandato es que se siga investigando. Y en eso ya se empezó a trabajar en Dolores. Hay un enorme hermetismo, pero se menciona que habrá novedades en los próximos tiempos.
Ordenan levantar el secreto fiscal y bancario de las firmas sospechadas
Los negociados PRO con las empresas de publicidad
En la causa que investiga la contratación irregular de empresas publicitarias durante el gobierno de Mauricio Macri, y por la que están sospechados la exvicepresidenta Gabriela Michetti y el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, entre otros, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de cuatro sociedades empresarias involucradas en las irregularidades. La decisión del juez se basó en la solicitud del fiscal Jorge Di Lello, para quien alguna de las firmas tenía el certificado fiscal vencido cuando, en 2016, se realizaron las contrataciones sospechadas. Se trata de las mismas empresas que habían participado en las campañas electorales de Cambiemos en 2015.
La causa se inició con una denuncia penal presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), en base a una investigación preliminar que estableció contrataciones directas a empresas publicitarias cercanas al gobierno de Macri por no menos de 291 millones de pesos. Los hechos implicarían presuntas negociaciones incompatibles con la función pública por parte de Peña, Michetti y el ex secretario de Comunicación Pública Jorge Grecco y a otros ex funcionarios, así como a directivos e integrantes de las empresas beneficiadas por la maniobra.
De acuerdo con los elementos recabados, la administración de Cambiemos realizó contrataciones sin concurso que tuvieron como beneficiarias a cuatro sociedades anónimas: Aura Advertising, La Comunidad, Circus BA y Power República. La investigación preliminar de la PIA pudo determinar que desde la secretaría a cargo de Grecco, que dependía de Jefatura de Gabinete, se estructuró “un esquema de contrataciones de empresas publicitarias relacionadas con el gobierno de turno, en flagrante violación a los principios de las contrataciones públicas”.
Ahora, el juez Di Giorgi, quien quedó a cargo del caso, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario Aura Advertising SA, Power República SA, La Comunidad SA y de Circus BA SA., para avanzar en la pesquisa de los pagos relacionados con las contrataciones irregulares. Una vez levantado el secreto fiscal, se solicitarían a la AFIP los datos sobre la facturación de las empresas en el período investigado.
Luego, el fiscal Di Lello deberá resolver si llama a indagatoria a Michetti, Peña y los demás involucrados.
La maniobra investigada se concretó a través de la modificación, por impulso de la Jefatura de Gabinete, del decreto 984/2009, que otorgaba exclusividad en el desarrollo de la publicidad oficial a la agencia estatal Télam. Ese cambio se intentó legitimar mediante el decreto 978/2016 que firmó la entonces vicepresidenta Michetti, por esos días a cargo del Ejecutivo.
Según fuentes judiciales, para lograr la adjudicación directa de contratos millonarios con empresas vinculadas a Cambiemos se usó “un artilugio legal previsto en materia de contrataciones públicas que no resultaría aplicable" al caso. Eso le permitió a Peña adjudicar las contrataciones de modo directo, es decir sin concurso de precios y sin permitir la competencia con otras empresas interesadas, que eventualmente hubieran podido ofrecer presupuestos más beneficiosos para las arcas públicas.
El desafío de crecer y redistribuir
El mensaje de Cristina, la tarea del Gobierno para 2021
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es pasión de multitudes aún cuando habla ante tribunas vacías. Imagen típica del año, repetida a diario en la Copa Libertadores o en el estrambótico torneo local. El Frente de Todos (FdT) celebró el año de gestión poniendo en escena a los principales referentes, con el presidente Alberto Fernández y Cristina a la cabeza. Minga de discursos protocolares, mucho contenido en las intervenciones. Insumo para relatos, especulaciones, internas, rumores. También hoja de ruta para el año próximo que (posiblemente, quizás, ojalá) será menos inesperado y atroz que el 2020.
El cierre del discurso de CFK con la arenga “si tienen miedo… búsquense otro laburo” resuena fuerte: la advertencia más cruda y directa desde la asunción de AF. Le da sustancia la prospectiva trazada por la oradora: habrá crecimiento, no es admisible que lo capitalicen “cuatro o cinco vivos”. Cristina rigorea sobre un objetivo compartido por la plana mayor del Ejecutivo. La redistribución de la riqueza debe acompañar a la reactivación.
La desigualdad preexistente se acentuó en el contexto de pandemia. Algunas medidas económicas fueron ecuménicas por imposición de las circunstancias. El programa Adelantos para el Trabajo y la Producción (ATP) rescató del naufragio a todo tipo de empresas. Las más grandes cobraron el subsidio estatal sin agradecerlo… ni siquiera registrar lo que pasó. Embolsaron y si te he visto no me acuerdo. La medida era necesaria para impedir quiebras en masa aunque (¡ay!) llevaba como contraindicación mantener las asimetrías.
Contadas acciones oficiales apuntaron de frente a “los más ricos”. Por ejemplo, las modificaciones de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales y el aporte solidario de las grandes fortunas. Los pataleos fueron inversamente proporcionales a la cantidad de movidas. El establishment gana en el promedio, se queja, apuesta a cristalizar posiciones, judicializa.
Las mejores acciones del Gobierno contradijeron la Vulgata ortodoxa. El canje de deuda se pulseó con firmeza, contra el desdén y el alineamiento hostil de consultores, grandes medios, entidades financieras, gurúes.
El gasto público potenciado desafió a los manuales de derecha. Se pudo financiar con emisión porque el oficialismo desoyó los cantos de sirena de “la autonomía del Banco Central”. La inflación, inferior a la de 2019, no trepó por esa causa.
La provisión de remedios gratis a los jubilados se olvida en los balances de la opo pese a (por) constituir un refuerzo económico directo a los beneficiarios.
Los congelamientos de tarifas aliviaron en parte a las familias.
La ofensiva pro devaluación pudo revertirse porque hay control de cambios, caiga quien caiga y le guste a quien le guste.
Las mejores herramientas del Gobierno se inscriben en la tradición nacional-popular, aggiornada en el siglo XXI y reperfilada durante la peste.
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, cuya franqueza es una marca de fábrica, subrayó: “Estamos gobernando a ciegas en esta pandemia”. Tal cual. Se atraviesa un universo pletórico de novedades e incertidumbres, sin precedentes ni coordenadas escritas. Prevaleció como táctica el control de daños.
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Crecer es posible, redistribuir trabajoso: Distintas predicciones anuncian crecimiento de PIB, el ministro Martín Guzmán estimó un 5,5 por ciento. En Olivos y en la Casa Rosada intuyen porcentuales más altos. Habrá que ver… y remar.
Al rebote ulterior a la recesión se añaden factores favorables, algunos de coyuntura, otros de políticas públicas.
Brasil revirtió su caída, crece: es buena nueva. La economía china también tracciona. Suben los precios de la soja y de otras commodities, fomentando ingresos de divisas. Clave para fortalecer el eslabón más débil de la economía nacional: la restricción interna. Sin dólares no hay paraíso, en una de esas ni siquiera Purgatorio…
Factores ajenos a la acción de gobierno pueden cooperar, si se aferra fuerte el timón y se pilotea bien el barco.
El Presupuesto 2021 destina recursos importantes, tal vez inéditos por su magnitud, a la obra pública y la vivienda. Si se ejecutan con eficiencia y velocidad servirán como émbolo keynesiano.
La recuperación despareja resucita reflejos tradicionales, insolidarios. “Se mueve” la construcción, los precios de las materias primas vuelan a la estratósfera. El Presidente advierte la maniobra, anuncia que no se tolerará, de momento no hay castigos ni correcciones de los remarcadores seriales.
La narrativa oficial sobre la inflación destaca que es menor a la heredada del macrismo, un dato certero que no alcanza. Las subas, en especial en alimentos y productos con precios regulados, castigan el bolsillo de los más humildes. Numerosas acciones se intentaron con resultados magros.
Las jefas de familia titulares de la tarjeta Alimentar comenzaron el año enriqueciendo la dieta de chicas y chicos: más alimentos frescos, leche, verduras, menos gaseosas. Las alteraciones en los precios indujeron a una regresión: de nuevo arroz, fideos, pan para llenar la panza con menos gasto.
Labor ciclópea controlar precios en un país federal con el Estado carcomido, los planteles de empleados disminuidos por licencias, confinamientos y enfermedades. De cualquier modo, algo falló.
Se tardaron demasiados meses en reglamentar la ley de Góndolas, sin ir más lejos y sin definirla como la panacea. Norma iniciática, envión a la economía popular, diversificación de la oferta.
La concentración de la oferta, de poder, es una de las claves. Las mayores corporaciones empresarias enfrentan cualquier intento de regulación, de control, de acciones anti oligopólicas. En espejo: la lucha anti inflacionaria comprende como capítulo principal la confrontación con poderes concentrados.
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La industria, gauchita: El consumo explica el 70 por ciento del PBI, describen cuadros del equipo económico. Los sueldos deben mejorar y traccionar la demanda agregada, concuerdan hasta ahí con Cristina. Las divergencias, susurradas bajo el cono del silencio, versan en particular sobre cómo se valora la “era de Guillermo Moreno”. Nada idílica, comentan puertas adentro.
Destacan con optimismo la reactivación de la industria, superior a la media. La automotriz sale del letargo con creciente proporción de contenido nacional. Se articula con Brasil… Bingo.
Los sectores de indumentaria y textil prosperan con el alza del consumo.
En Argentina la industria genera altos niveles de empleo, no es la gran proveedora de exportaciones. Si adviene el crecimiento esperado habrá que precaver el típico cuello de botella: aumento de importaciones. Usualmente el porcentaje respectivo triplica o cuadruplica el de crecimiento. El Estado puede “pisar” un poco ese margen pero la elevación existirá. Habrá que cuidar las divisas.
Si las materias primas cotizan mejor afuera, se avecina otro reto: disociar los precios internos de los internacionales. Un desfiladero estrecho porque afecta “al campo” y nadie quiere volver a conflictos similares al de las retenciones móviles.
Sintonía fina, te estamos necesitando.
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Idéntica a sí misma: La derecha autóctona es impermeable a la experiencia, inmune a los cambios. Conserva diagnósticos, prédicas y reclamos, invictos en pandemia. Achicar el gasto es agrandar la Nación, pregonan. Debe reducirse la presión impositiva lo que atraerá por encanto inversiones extranjeras. “Las cargas sociales”, otro espantajo.
Proliferan propuestas para reformar (desmantelar) derechos laborales. Se pone de moda “dejar a salvo” los actuales y habilitar nuevas modalidades para puestos que se creen. Sombra terrible de Rappi, yo te evoco…. Las pretendidas innovaciones nutren notas periodísticas. Adolecen de baja o nula fundamentación ni un numerito enriquece sus argumentos. Suenan feas para los oídos populistas, las empeora la pobreza de los fundamentos.
Las clases sociales existen. Las dominantes, que prevalecieron tras la crisis de 2008-2009, ganaron terreno desde marzo. Aspiran a consolidarse, a avanzar.
El principal accionista y CEO de Techint, Paolo Rocca, lo expresa mejor que nadie: lo primero es favorecer al sector privado. Lo demás derramará por añadidura.
Esa película ya la vimos, dirá usted, nunca tuvo final feliz. Permítanos una corrección. Nunca tuvo final feliz para todes o para las mayorías populares.
La derecha es idiosincrática, habituada a mandar. En economía, también en lo tocante a ampliación de derechos. El proyecto de ley de Interrupción voluntaria del Embarazo (IVE) inspira presiones de la derecha clerical, ora protocolares, ora violentas (ver nota aparte).
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Errar es tan humano: La superpoblada agenda oficial de fin de año es afeada por errores al comunicar o al gestionar o las dos cosas a la vez. La foto del Presidente junto a Liz Solari robustece la lista de errores no forzados, maná para los adversarios.
Las idas y vueltas respecto de la vacuna Sputnik reenvían a un pecado original. El Gobierno y el propio Presidente incurrieron en el error de fechar promesas sobre hechos supeditados a varios factores. Imposible asegurar con precisión cuándo se producirán si dependen de protagonistas, agencias o laboratorios extranjeros.
Las declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin preocuparon al oficialismo, agitaron internas latentes. La oposición desplegó sus recursos habituales: denuncias, pedidos de juicio político, arengas de funcionarios que fracasaron en su momento y la van de sabiondos universales. El oficialismo tiene que reconocer que le dejó la pelota picando…
La única verdad es la realidad, que fluye. Los escandeletes o griteríos de una semana entran en el pasado a llamativa velocidad. En las próximas semanas se verá si llegan las vacunas, si comienzan a aplicarse, si se aprueban leyes impulsadas por Alberto Fernández. Si se va articulando un esquema para que pibas y pibes vayan retomando contacto presencial con la escuela. Si hay canasta navideña accesible, si se pueden conseguir cortes de asado baratos, si en el verano se generan puestos de trabajo.
El Gobierno, como cualquier otro del planeta, será evaluado por esos desempeños, en el Agora, en los cafés y en el cuarto oscuro.
Necesita dejar atrás este año, perseverar en los aciertos, aprender de los errores, atender a las necesidades de los más humildes. Renovar parcialmente su elenco porque crecer no alcanza ni está plenamente garantizado. Y conservar a grandes trazos el rumbo, pensando en qué hacer y no tanto en “qué dirán”.
En qué anda el proyecto de producción de carne de cerdo para China
Por qué hay que temerle a las megagranjas porcinas
La expectativa de un acuerdo con China para producir carne porcina de exportación con ese destino volvió a tomar fuerza en la última semana. Pero también se reavivó el debate con respecto a cuál debería ser el modelo productivo que acompañe tal posibilidad. Mientras el Representante Especial para la promoción del comercio y las inversiones de Argentina en Beijing, Sabino Vaca Narvaja, señaló que el gobierno argentino propone "no la instalación de megagranjas, de 100 mil madres reproductoras cada una, sino de granjas inteligentes que sólo tienen 10 mil madres", el dirigente agrario Pedro Peretti lo refutó. "Diez mil madres es una dimensión para Argentina que representa granjas muy, pero muy grandes. La única granja inteligente, para nuestro campo, es la de 200 madres". Y no es sólo una cuestión de escala, o de concentración de ingresos, sino de abastecimiento y precios internos, además, sugieren algunos estudios.
Tras una visita al frigorífico estatal China Animal Husbandry Group en Beijing, Vaca Narvaja contó detalles de la charla con Xue Tingwu, presidente de la firma, y su mesa directiva, acerca de los proyectos de inversión en producción porcina. El funcionario local describió los problemas que tuvo su país con la peste porcina africana que impactó en la producción local desde que se desató en 2018. Sólo en el último año, generó un déficit de 8 a 12 milones de toneladas de carne de cerdo, producto que representa el 70% de la proteína animal de la dieta del pueblo chino. Además, los dos principales proveedores europeos, España y Alemania, se encuentran afectados por la misma enfermedad en origen.
El representante argentino, en palabras reproducidas por la revista Dang Dai editada en Buenos Aires, señaló que en ese marco ambos países encuentran intereses compartidos en el incremento de la producción de carne de cerdo en suelo argentino para ser exportada a China.
Sabino Vaca Narvaja sostuvo, tras el encuentro con Xue Tingwu, que se analizaron diversos proyectos de inversión en producción porcina, que contemplan el cuidado del medio ambiente y que se enmarcan dentro de una estrategia integral, que requiere de la superación de falsas dicotomías, incluyendo a los pequeños y grandes productores.
"La Embajada argentina propone la instalación de Granjas Inteligentes, que son granjas seguras, sostenibles y sustentables y no la instalación de Megagranjas. Mientras que las Megafactorías instaladas en Estados Unidos son unidades productivas de alrededor de 100 mil madres, las granjas inteligentes sólo tienen alrededor de 10 mil madres”, afirmó el funcionario argentino.
Y esta es, puntualmente, una de las cuestiones en debate del proyecto. Una granja de diez mil madres es, para Argentina, una escala alcanzable para muy pocos, megaempresas que producirían a una escala que dejaría fuera de competencia a pequeños y medianos productores, tanto de la exportación como del abastecimiento al mercado interno.
La entrada en producción de diez o doce megagranjas de ese tamaño supondría multiplicar al doble o más la actual producción de cerdo, "con la posibilidad no sólo de exportar a China sino de ofrecer la producción al mercado interno. No hay lugar para productores chicos y grandes en esas condiciones, o se toma la decisión de buscar una escala para cientos de productores locales, o se deja el negocio en grandes de megacorporaciones", advirtió Peretti, al ser consultado por Página/12.
"Se quedarían con el negocio de exportación pero también con el mercado interno. El acuerdo puede ser que le asegure la soberanía y la seguridad alimentaria a China, pero así concebido pone en peligro la nuestra, porque deja la oferta de carne porcina en manos de un oligopolio. Se pone en riesgo el acceso a la producción, pero también el precio interno. La integración vertical en el rubro de alimentos hay que entenderlo de una vez por todas, es un atentado a la democracia", sostuvo el ex director de Relaciones Internacionales de la Federación Agraria (hasta que rompió por desacuerdos con las políticas golpistas de la Mesa de Enlace).
Peretti, impulsor de un modelo de producción agraria de chacra mixta ("la pyme agraria", la denomina), sostiene que la oportunidad de abrir la exportación de carne de cerdo debe ser aprovechada a través del fomento de la extensión de explotaciones medianas en todo el país "en las que el productor, con un plantel de 200 madres, pueda cumplir con todas las normas sanitarias y ambientales, y tenga un campo anexado en el que produzca su propio maíz para alimentar los cerdos". Esa escala es la que ofrece las mejores condiciones ambientales y socioeconómicas, subraya, porque genera además arraigo del productor a su propia zona.
Un problema adicional, pero no desatendible, es que China está recuperando aceleradamente su producción porcina. Por la peste africana, que hizo su aparición en agosto de 2018, China debió sacrificar casi la mitad de su rodeo porcino. Recientes informes oficiales indican que, actualmente, dicho rodeo se recuperó alcanzando un nivel equivalente al 88% del existente antes de la peste. Y seguirá creciendo.
Es un indicador para que Argentina no quede atada, en su estrategia, a los negocios que se presentan circunstancialmente, sino aprovechar la oportunidad para generar una alternativa de producción, pero que también sea útil cuando las circunstancias internacionales se modofiquen. En el mientras tanto, convendría no dejar de mirar las condiciones del mercado interno y de la propia soberanía alimentaria.
Ley de etiquetado frontal de alimentos
Los falsos argumentos de la industria de los ultraprocesados
Patricia Chaina
La propuesta, que ya comenzó su recorrido en la Cámara de Diputados, permitiría que la Argentina ingrese a la lista de países de la región que facilitan a los consumidores herramientas para distinguir entre alimentos procesados saludables y aquellos que, por sus altos niveles de grasas, sodio, azúcares o calorías –llamados “nutrientes críticos”-- pueden afectar la salud. Ante esta posibilidad, los portavoces de la industria “están militando para que no salga la ley”, sostienen desde las agencias de Naciones Unidas (OPS/OMS, FAO, Unicef). Se refieren a las publicaciones que en estos días sostienen que "si se aprueba la ley, más del 90 por ciento de los alimentos en góndolas" serían rotulados con un sello negro y se perjudicaría gravemente al sector.
“Esto es absolutamente falso”, sostiene ante Página/12 el consultor de Enfermedades No Transmisibles de la OPS (Organización Panamericana de la Salud) en Argentina, Sebastián Laspiur. “Buscan confundir a la población, porque solo un 10 por ciento de los alimentos será alcanzado por esta reglamentación, de acuerdo al perfil de nutrientes de la OPS que marca, al igual que las Guías Alimentarias Argentinas, los niveles óptimos para limitar el consumo de productos envasados con altos contenidos de grasa, azúcares, o sal”, indica Laspiur.
El sello negro advierte sobre el exceso de estos nutrientes críticos. Es un llamado de atención en favor de la salud. Pero según los personeros de la industria azucarera, los productores de galletitas y snacks, y de bebidas gaseosas, entre otros “ultraprocesados”, esto significaría el derrumbe de la oferta en góndolas de opciones que, a pesar de ser poco saludables, están muy publicitadas y resultan “atractivas” para los consumidores.
El proyecto podría ser tratado en sesiones extraordinarias en Diputados. Como las ordinarias se prorrogan hasta el 3 de enero, las extraordinarias serán desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese periodo, tanto el poder Ejecutivo como las organizaciones internacionales y de profesionales que lo sostienen, promueven su tratamiento buscando generar opciones saludables para los consumidores. Y contra eso batalla un sector de la industria que pretende mantener en góndolas un estándar de productos con altos niveles de nutrientes críticos.
“Las guías alimentarias no recomiendan niveles excesivos de estos nutrientes porque se toma en cuenta que 140.000 personas mueren por año en Argentina, a causa de enfermedades ocasionadas por el alto consumo de estos componentes”, señala Laspiur. Diabetes, hipertensión arterial, glucemia elevada, enfermedades cardíacas, cerebrales y renales, diversos tipos de cánceres y ACV, entre otras afecciones, se suman al sobrepeso y a la obesidad, en el cuadro de trastornos clínicos derivados de estos excesos.
El proyecto pretende un entorno saludable para prevenir este cuadro de afecciones en la población, desde la infancia y la adolescencia. A esos segmentos etarios se destinan las publicidades de los ultraprocesados. Y sobre esos productos se alza gran parte de la economía de las provincias azucareras como Tucumán o La Rioja. Por estos días, desde allí se presiona a los legisladores "para frenan la ley”, confían fuentes legislativas.
“Dentro de la oferta de alimentos, el etiquetado no alcanzaría a más del 10 por ciento de los productos disponibles. ¡Solo el 10 por ciento!”, enfatiza Laspiur. Aunque la versión que comenzó exhibir la industria, amenaza con que “esta ley de etiquetado”, de concretarse “desalentará el consumo de más del 90 por ciento de los alimentos envasados”. Sus voceros, presentados como “nutricionistas” se esfuerzan por enmascarar una verdad demostrada: el perfil de nutrientes de la OPS que indica, “sin intereses comerciales de la industria alimentaria de por medio”, cuáles son los niveles óptimos y saludables de estos nutrientes que deben tener los alimentos.
Se esgrime que estos criterios “merecen una reconsideración”, y eso podría frenan la ley. Concretamente “un 90 por ciento de los alimentos que consumimos aparecerían desalentados con algún sello negro, o con varios”, disparan, alarmistas, para atemorizar al mercado y al consumidor. Laspiur explica que “el perfil de nutrientes de la OPS es un instrumento desarrollado a pedido de los países de la región para establecer qué productos con excesivo contenido de azúcares, grasas o sodio deben llevar una advertencia. De esa manera se ayuda a la población a elegir con libertad, y a protegerse contra los principales factores de riesgo que perjudican su salud y desarrollo”.
La exigencia de estos parámetros es un indicador en favor de salud, pero no determina la reglamentación en forma integral. La educación alimentaria, la protección de entornos educativos saludables, y el compromiso con pautas publicitarias que actúen en sintonía, complementan la propuesta legislativa. Algo que el poder Ejecutivo promueve desde la CONAL (Comisión Nacional de Alimentos), donde Salud, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca --los ministerios que interactúan allí con las provincias--, han comprometido su voluntad por discutir un proyecto de etiquetado. Y esto podría materializarse, más allá de la ley.
De hecho, de implementarse la ley, no necesariamente se aplicarían los niveles que determinan las Guías Alimentarias y la OPS, ya que son “niveles orientativos”, explican desde el Ejecutivo. “Además, la industria siempre es reacia a las reglamentaciones”, deslizan. La posibilidad de que el etiquetado de alimentos pueda ocasionar despidos masivos “es otro mito”, sostiene Laspiur. “Cuando se discutió la ley de tabaco fue igual –recuerda el consultor--, y no hubo despidos masivos entonces, y tampoco los habrá con esta ley, la industria se adapta, los hábitos de consumo se reconvierten”, define.
El objetivo es lograr una combinación armoniosa entre alimentación saludable y comercio responsable. Esto promueve tanto el Ejecutivo como las organizaciones internacionales que han participado en las jornadas informativas en Diputados. Cuentan con el aval de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición. Y el respaldo de otras entidades de la sociedad civil como el colectivo ACELGA (Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina), que agrupa nombres famosos del medio, entre ellos Narda Lepes, Donato De Santis o Germán Martitegui. Desde estas instancias se promueve que en 2021, pueda entrar en vigencia la ley.
"No se puede emparchar o dar soluciones parciales"
Cristina Fernández explicó la necesidad de reformular el sistema de salud
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a proponer este sábado “una reformulación del sistema de salud” a partir de “una integración de lo público y lo privado para optimizar recursos”, al participar de forma virtual del cierre del VII Encuentro Nacional de la Salud organizado por el espacio Soberanía Sanitaria que integra el Frente de Todos.
“Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente”, señaló Cristina Fernández en la clausura del encuentro organizado por la agrupación que encabeza el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Krepalk.
De esta forma, la vicepresidenta reafirmó los conceptos formulados sobre la puesta en marcha de un sistema nacional integrado de salud que expuso el viernes pasado, en el acto que el Gobierno bonaerense organizó en el Estadio Único de La Plata y en que participaron el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, el titular de la cámara baja, Sergio Massa, y el diputado nacional Máximo Kirchner, entre otros dirigentes y funcionarios.
“Estamos cerrando un año difícil. Veníamos golpeados por la pandemia de cuatro años de macrismo y tuvimos que enfrentarnos a lo inesperado. Los trabajadores de la salud hicieron un gran esfuerzo este año y lo hicieron con un gran compromiso”, señaló Cristina.
La exmandataria afirmó que se recibió “un sistema de salud abandonado” por el gobierno de Mauricio Macri, y que ante esa realidad “no se puede emparchar o dar soluciones parciales”.
“En materia sanitaria debemos reconceptualizar el sistema. La pandemia mostró que algunos lugares tienen muchos recursos que a otros les faltan. Tenemos un modelo concéntrico que debe ser reformulado. Debemos trabajar con el compromiso que tienen todos los hombres y mujeres que aman a su pueblo”, subrayó Cristina por medio de un mensaje que se reprodujo en la clausura de esta jornada.
La posición de Kicillof
Por su parte, Axel Kicillof, otro de los oradores que tuvo la jornada, afirmó que “el negocio de la salud es uno de los secretos mejor escondidos del capitalismo”, y afirmó que cuando se emprende “una acción transformadora se afectan intereses que reaccionan”.
“Detrás de lo que conocemos como la salud, hay negocios multimillonarios. Espanta saber cuánto se mueve y eso es el resultado del neoliberalismo, que se llevó puestos gobiernos para ganar dinero con el sistema sanitario”, consideró.
Tras repasar el esfuerzo que hizo su administración para ampliar el sistema hospitalario de la provincia en el contexto de la pandemia, Kicillof sostuvo que “el 2020 fue el año de la pandemia, y el 2021 será el año de la vacunación” contra el coronavirus.
“Hemos dado una respuesta nacional y peronista a la pandemia y vamos a un plan masivo de vacunación que será gratuito. Será una gesta colectiva y que el pueblo se adueñe de ella. Queremos que la gente participe del operativo”, apuntó el Gobernador
La aspiración del Presidente de unificar la CGT y las negociaciones en puerta
Qué hay detrás del vínculo entre Alberto Fernández y Hugo Moyano: cariño mutuo y estrategia "nestorista"
Dice que Hugo Moyano lo "banca" más allá de la política y define el vínculo como personal. Alberto Fernández le tiene al líder gremial un cariño que considera mutuo y que hizo público en el acto del Día del Camionero en el Sanatorio Antártida. "Ustedes, los camioneros, tienen que estar orgullosos de los dirigentes que hicieron este gremio. Lo digo por más que me critiquen. Protesten los que protesten y le guste a quien le guste" dijo el Presidente y llenó de elogios a "Hugo" por el rol que cumplieron los trabajadores camioneros durante la pandemia, que como dijo ese día el gobernador bonaerense Axel Kicillof, transportaron "el virus" con ellos junto a la carga que llevaron hasta cada rincón del país. La presencia de Kicillof en el acto fue un claro gesto de agradecimiento a la actitud que Moyano tuvo cuando puso a disposición el centro de Salud de los camioneros para que se atendieran pacientes de la provincia de Buenos Aires enfermos de coronavirus. Claro que en política las puntadas se dan con hilo y la alianza que Fernández quiere fortalecer con Moyano responde a una estrategia. "Alberto suma. Por eso se preocupa en cuidar la relación con Moyano. En su adn 'nestorista' sabe que él fue vital para el kirchnerismo y cree que parte del descalabro kirchnerista surgió cuando se pelearon con él", dijo a PáginaI12 una alta fuente de la Casa Rosada, que agregó que cuando el Presidente dijo que iba a elogiar a Moyano "le moleste a quien le moleste" se estaba refiriendo "al gorilaje en general".
Son las alianzas, estúpido
Tal vez el rasgo más peronista, o "nestorista" del Presidente, se esté expresando en la relación con los gremios. Mantener vínculos con los sectores internos de la CGT le conviene en el contexto de profunda crisis que vive la Argentina.
Y lleva esos vínculos con relativo éxito. Relativo por lo cambiante que es la coyuntura y por la complejidad interna del vínculo de los actores. Pero algo cambió, como el hecho de mostrarse con los sectores sin dejar pasar tanto tiempo. Luego del encuentro con el camionero, Fernández se reunió con la mesa chica de la CGT para "despedir el año". Son gestos.
La relación política de Fernández con Moyano se profundizó en tiempos de Néstor Kirchner, cuando el líder camionero apoyó las medidas del Gobierno e incluso en la participación de los camioneros a favor de Cristina Kirchner cuando, durante el largo conflicto por la mentada resolución 125, el sindicato prestó su ayuda. "Si Hugo no hubiera estado al frente de la CGT, con Néstor no hubiéramos podido hacer lo que hicimos", reconoció el Presidente en el acto del Día del Camionero.
Pero además, Moyano y su hijo Pablo acompañaron la candidatura de Les Fernández desde el primer momento y su trabajo fue central durante la pandemia y, sobre todo, en la caravana de camiones del 17 de octubre que fue clave para exhibir poder de calle cuando quedó claro que la plataforma para movilizarse de manera remota para evitar contagios por la pandemia se había caído. No está de más destacar que, paradojas de la vida y la política, la CGT es la mayor organización sindical de América Latina e increíblemente no tiene un sitio web.
La interna con "los Gordos"
Las diferencias entre los "Gordos" que conducen la CGT y Hugo Moyano son reales, profundas, pero también convenientes para unos y otros. Los cargos de la CGT están vencidos y no se renovaron producto de la pandemia. El año próximo se renuevan las autoridades y todos se emperifollan para mostrarse como los mejores candidatos: eso incluye agudizar las diferencias. Sin embargo, a todos los sectores internos de la central obrera les conviene la unidad. Incluso a Alberto Fernández, que aspira a la unificación de la central obrera aunque nadie sabe cuánto va a hacer activamente para impulsarla, según dijeron a este diario fuentes del Gobierno.
A los "Gordos" dialoguistas les conviene tener a Moyano y a los suyos adentro porque muestran que hay unidad y, si se quiere, controlan la "potencia" movilizadora de los camioneros. Un dato no menor: los camioneros confrontan con los Gordos, pero no rompieron con la CGT y siguen estando confederados, hecho que incluye el pago de la cuota societaria.
Qué quiere Moyano
El líder camionero conducir la CGT, pero no puede solo con los propios: lo siguen muchos gremios que no son grandes en cantidad de afiliados y eso tiene su valor dentro del universo sindical. Conclusión: debe sentarse a negociar. Los "Gordos" son conscientes de eso y lo van a aprovechar. Si, con el correr de los meses, se alumbra una unidad, le servirá y mucho a Alberto Fernández porque mostrará una CGT unida detrás de su Gobierno. Claro, también debe dar señales y pruebas de esa cercanía y eso se expresa, por ejemplo, con buenas paritarias (una cuestión compleja porque va a depender de la coyuntura económica del país).
Lo pasado, pisado
En diciembre del 2011, el vínculo entre Hugo Moyano y Cristina Kirchner pasó de doblarse a romperse. Las razones fueron muchas, pero si el agua llegó al río y más allá de las verdades relativas de cada uno, fue en parte porque Néstor Kirchner, quien se encargaba de mediar en esa relación, ya había fallecido. Moyano reconoció, años después, que no hubiese tensado la cuerda: "si hubiéramos sabido lo que se venía, no habríamos tenido este tipo de problemas", dijo en una entrevista. En las elecciones de 2015, Cristina Fernández de Kirchner sí sabía lo que se venía casi de memoria. Se lo advirtió a la sociedad en más de una ocasión, la última de ellas, como oradora de la plaza llena que fue a despedirla para agradecerle lo que le dio al pueblo durante sus dos mandatos.
Cuando comenzó el armado de lo que luego se llamaría Frente de Todos, Cristina Kirchner y Hugo Moyano volvieron a hablarse. Pero a día de hoy, según pudo saber este diario, la relación más fluida la tienen Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados y Pablo Moyano, secretario general adjunto de Camioneros.
Antes que eso, en el país reinó cuatro años el macrismo. Mauricio Macri asumió la presidencia en 2015 y en octubre de ese año, en un gesto sobre el que tiempo después intentó dar explicaciones no del todo convincentes, Hugo Moyano estuvo presente en la inauguración de un monumento a Juan Domingo Perón junto al líder de Juntos por el Cambio. No faltaron a la cita Eduardo Duhalde ni el fallecido Gerónimo "Momo" Venegas. "Unos dicen que son peronistas, pero se dedican a manipular las cifras de pobreza. Pero el peronismo no es prepotencia ni soberbia, el peronismo es justicia social, luchar por igualdad de oportunidades, por la pobreza cero en la Argentina. Ése es el peronismo que yo reivindico", dijo un eufórico Macri en el evento. Huelga decir que si realmente se lo propuso, el expresidente no lo logró. Cuatro años más tarde y de la mano del Frente de Todos, Hugo Moyano volvió al redil de un gobierno nacional y popular.
Le respondió a quienes procuran instalar que hay divisiones en el Gobierno
Alberto Fernández: "Si hablo con Cristina soy un títere; si no, estamos peleados"
El presidente Alberto Fernández aseguró que el acto que encabezó el viernes en La Plata junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "sirvió para disipar las dudas de aquellos que nos quieren ver separados y divididos", a la vez que destacó la "unidad" de los discursos pronunciados en ese encuentro.
Tras el acto de en el estadio Único de La Plata, en el que también estuvo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y otros encumbrados dirigentes del Frente de Todos, Fernández sostuvo que sirvió "para terminar con lo que intentan instalar desde algunos medios".
"En los últimos meses vivimos un debate inusual porque ocurre que si hablo con Cristina, soy un títere y ella es la que se mete en todo y manda en el Gobierno; pero si no hablo dicen que estamos peleados y hay una crisis institucional en el Gobierno. La verdad no se que quieren", aseveró.
En ese marco, el Presidente dijo que "lo cierto es que con Cristina hablamos cuando tenemos que hablar. Nos conocemos hace mucho y tengo un gran cariño por ella y nada va a quebrar nuestra amistad".
La reforma del Poder Judicial
También aprovechó para renovar sus críticas al Poder Judicial. Aseguró que "ha habido muchos casos, Cristina (Kirchner) la primera, de persecución evidente a opositores, que no podemos tolerar más".
"Hablan tanto de la república y soportan eso. Yo no lo entiendo", dijo el mandatario que adelantó que -tras el informe que recibió de la comisión consultiva sobre la reforma judicial- "se podrá enviar al Congreso una serie de proyectos para que se aboque a corregir los problemas de la justicia que son muchos".
El jefe de Estado reiteró sus críticas al máximo tribunal y consideró que el hecho de que la Corte Suprema "tenga discrecionalidad para definir en qué casos interviene y en cuáles no es algo insostenible".
"Que haya dictado un per saltum declarando gravedad institucional por el traslado de dos jueces y no vea gravedad institucional en la condena a más de cinco años de prisión a un vicepresidente, no entiendo con qué criterio actúa la Corte. Cuando pido que me lo expliquen, no me lo explican porque no tiene ninguna racionalidad jurídica", afirmó.
Y añadió: "Tengo claro que en el macrismo la Justicia fue utilizada en muchos casos; en otros son casos de corrupción que se deben exigir que se investigue bien, se respeten las garantías constitucionales y se sancionen a los responsables".
Acerca del primer punto, Alberto Fernández señaló que contra la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, hubo "una persecución absolutamente evidente". "Hay una mecánica que utiliza la Justicia para disciplinar a la política: el caso más claro que veo de eso es el de Milagro Sala, un caso realmente increíble. Lleva cinco años de prisión y con procesos absolutamente irregulares. Tras la fachada de un juicio sacaron a una opositora vehemente" en Jujuy.
La unidad del Frente de Todos
Sobre el acto contó que "se le ocurrió a Axel" y consideró que "sirvió para disipar dudas para los que quieren vernos separados y divididos a Cristina y a mí".
En el acto estuvieron los máximos referentes del Frente de Todos en el escenario y además dijeron presente los ministros y legisladores nacionales, los miembros del gabinete bonaerense y los legisladores del distrito, sindicalistas e intendentes.
Al respecto, el primer mandatario consideró que "no basta con la unidad, pero es una condición necesaria para poder gobernar".
"Lo mejor del acto fue que hubo 6 discursos y cualquier de nosotros podía firmar el discurso del otro porque no hubo discursos disruptivos y todos estaban en la misma sintonía", sostuvo.
En otro tramo de la entrevista con el Destape, dijo que agradece "siempre" a Cristina Fernández de Kirchner por "la confianza que depositó" en él y aseveró: "No voy a defraudar ni a ella ni a los que nos votaron".
"Lo viví como una enorme responsabilidad. Fue algo muy inesperado para mí", dijo al recordar el momento en que la vicepresidenta le propuso ser candidato a presidente.
El papel de los "no políticos"
"Los no políticos han dejado unos resultados horribles" cuando estuvieron en el Gobierno, aseguró el Presidente sin nombrar a Mauricio Macri pero en clara referencia a su gobierno. Ante ello, reivindicó a la política y se definió como "un kirchnerista crítico".
"Sigo creyendo mucho en la política: es el instrumento ideal para cambiar la realidad. Desde hace unos años estamos viviendo, porque los medios también lo imponen, esta idea del político no político, de los que no vienen de la política, como si venir desde la política fuese un hecho contaminante: yo me reivindico como político, reivindico a la política", sostuvo el mandatario.
Alberto Fernández se definió como "un kirchnerista crítico" y recordó que cuando renunció como jefe de Gabinete en 2008 no se sumó a ningún sector opositor. "Nunca me sumé a ningún sector opositor. Nunca fui candidato de ningún sector opositor, pese a que me lo propusieron muchas veces", remarcó.
Por otra parte, el mandatario reconoció que la pandemia de coronavirus "efectivamente trajo más pobreza: se pasó de 40 a 44 puntos". "También es cierto que la UCA dijo que si el Estado no hubiera estado presente, la pobreza sería 10 puntos más alta y la indigencia en vez del 10 por ciento sería del 27", destacó.
Sobre las críticas a la comunicación del Gobierno aseguró que "no me animaría a decir que hay una mala comunicación, que por ahí la hay: lo que sí siento es que nuestros instrumentos de comunicación son muy débiles frente a los enfrentados. Yo hablo y ellos tienen una capacidad de vociferar mil veces superior a la mía", manifestó.
El Ministro de Defensa destacó la importancia de la unidad del Frente de Todos
Rossi llamó a defender la gestión
"Nuestra principal tarea militante es salir a defender la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Nos distingue que nunca especulamos sobre nuestro propio destino político y nunca nos escondimos de nuestras responsabilidades. El objetivo es que cuando termine la gestión, el Gobernador de Omar Perotti le entregue la banda a otro compañero o compañera del peronismo", señaló Rossi.
Al exponer por medios electrónicos ante más de 500 militantes, el titular de la cartera de Defensa calificó como "indispensable la unidad del peronismo de Santa Fe", y convocó a Rossi ponderó la gestión de Alberto Fernández, al entender que es "altamente reivindicable" lo hecho en este año de gobierno a pesar de los efectos de la pandemia de coronavirus.
"Nos ha tocado un año difícil por los efectos que ha generado la pandemia sumado a los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri", evaluó el funcionario.
Del plenario también participaron el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur Daniel Filmus, la diputada nacional Cristina Álvarez Rodríguez, el Ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social Santa Fe, Roberto Sukerman, el diputado nacional Germán Martínez, el diputado provincial por Santa Fe Leandro Busatto y la concejala por Rosario Norma López.
"Sin militancia no hay futuro. Tenemos que poner mucha pasión en la gestión y darle mayor territorialidad a la unidad inquebrantable del Frente de Todos que encabezan Alberto y Cristina", apuntó Filmus.
Las cifras de la pandemia
Coronavirus en Argentina: se registraron 91 muertes y 5.795 nuevos casos
En las últimas 24 hs fueron realizados 27.403 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.464.725 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 98.392 muestras por millón de habitantes.
Por su parte, del total de contagiados, hay 3.452 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 54,7% por ciento a nivel nacional y en un 59% por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*: -
-Buenos Aires 2.180 | 650.861
- Ciudad de Buenos Aires 501 | 165.695
- Catamarca 29 | 2.304
- Chaco 138 | 22.735
- Chubut 322 | 28.015
- Corrientes 100 | 10.300
- Córdoba 262 | 122.338
- Entre Ríos 210 | 26.808
- Formosa 0 | 201
- Jujuy 4 | 18.482
- La Pampa 203 | 8.101
- La Rioja 5 | 8.994
- Mendoza 82 | 58.954
- Misiones 24 | 846
- Neuquén 215 | 37.910
- Río Negro 204 | 35.561
- Salta 67 | 21.924
- San Juan 19 | 10.276
- San Luis 31 | 15.862
- Santa Cruz 254 | 20.507
- Santa Fe 742 | 166.011
- Santiago del Estero 28 | 16.794
- Tierra del Fuego** 69 | 18.089
- Tucumán 106 | 69.601
Fuente:Pagina12
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