08 de diciembre de 2020
Francisco Ratto designó a Antonio María Ojeda en San Antonio de Areco
Un intendente macrista puso a un presunto represor a cargo de la seguridad
Ramón Antonio María Ojeda es un ex militar y ex agente de Inteligencia del Batallón 601, carapintada y “asesor” de agencias de seguridad privada. En 2016 fue designado director de Seguridad y Tránsito en la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento y desde 2019 integra el gabinete del intendente de San Antonio de Areco, el macrista Francisco Ratto. Desde la semana pasada está un paso más cerca de sumar una condición más a ese derrotero: la de represor. Así lo deberá determinar el Juzgado Federal número 1 de Córdoba, luego de que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitara que se investigue la responsabilidad de Ojeda en violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar en base a la recolección de una serie de testimonios que lo comprometen.
Desde el organismo a cargo de Horacio Pietragalla reunieron una serie de relatos de víctimas de delitos de lesa humanidad que señalaron a Ojeda como el teniente que los “recibió” en la Unidad Penitenciaria número 1, provenientes de otros centros clandestinos de la provincia o los “trasladó” hacia destinos en donde fueron torturados. Con esa información, más el legajo del ex militar, el área dirigida por Pietragalla solicitó al Juzgado a cargo de Ricardo Bustos Fierro que dé aviso a la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad y lo investigue.
Son tres los testimonios que reunió la representación de la Secretaría nacional, a cargo en Córdoba del abogado Claudio Ororz, y presentó en el marco de una causa que ese juzgado instruye contra más de 80 acusados provenientes del Ejército, la Policía de Córdoba y el Departamento de Informaciones de esa fuerza, en la que el área es querellante desde el pasado agosto.
La causa en la que Ojeda va a ser investigado está caratulada como “Gómez, Miguel Angel y otros” y repasa violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugar durante el terrorismo de Estado en la UP1. Los tres testimonios que consiguió la secretaría de Derechos Gumanos y lo identifican como parte del aparato represivo integran el informe de Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Todos están vinculados a la UP1. Por un lado, el legajo número 4210 de Pablo Rubén Chabrol, en el que quedó registrado que las víctimas Jorge De Breuil y Jorge Oscar García habrían sido recibidos en esa prisión por Ojeda y llevados al CCD La Perla, donde fueron torturados brutalmente.
Por otro, el testimonio de Oscar Samamé, quien declaró que el 18 de noviembre del ‘76 había sido trasladado de La Ribera junto con otras personas en un camión militar desde el D2 por “un oficial del Ejército de apellido Ojeda, quien era teniente”. Los testimonios integraron la causa y juicio contra Jorge Rafael Videla y otros 29 represores por el fusilamiento de 31 presos políticos detenidos en aquel penal desde antes del golpe.
Las víctimas fueron trasladadas desde la cárcel hacia el D2, en donde fueron fusiladas. Las muertes fueron tamizadas a través de un mentiroso intento de fuga y fusilados. Aquel debate culminó con condenas para todos en 2010. El 11 de octubre de 1976 se produjo el traslado de parte de las personas que meses más tarde sería fusilados en aquella fuga fraguada: Pablo Alberto Balustra, Jorge Oscar García, Oscar Hugo Hubert, Miguel Ángel Ceballos, Florencio Esteban Díaz y Marta Juana González de Baronetto.
Según resumieron desde la Secretaría de Derechos Humanos, la orden de ese traslado la había dado el general de Brigada Juan Bautista Sasiaiñ, en su carácter de jefe de Estado Mayor del Área de Defensa 311, y concretada entre personal de la UP1 y un oficial del Ejército que se habría identificado como “teniente primero Nicolás Neme”, al que les prisioneros fueron entregades. Se les llevaron amordazades, atades y encapuchades. Aquel “Neme” dejó su firma en el registro de la UP1.
En el escrito presentado ante el Juzgado, Oroz (en nombre de la Secretaría nacional) solicitó que “urgentemente y como medida probatoria se debe ordenar una pericia caligráfica con material indubitado de la época (el legajo de Ojeda) y la firma estampada como ‘Neme’ en el registro de la cárcel del barrio San Martín”.
Prontuario
Ojeda lleva cuatro años de carrera política en la superficie: en 2016 fue director de Seguridad y Tránsito en la ciudad bonaerense de Capitán Sarmiento y desde 2019 integra el gabinete del intendente de San Antonio de Areco, el macrista Francisco Ratto. Su prontuario en las sombras, sin embargo, es bastante más basto.
De acuerdo a su legajo, Ojeda ingresó a la Compañía de Ingenieros Paracaidistas IV de la IV Brigada Aerotransportada de Córdoba en 1975. Nació y se formó en Villaguay, Entre Ríos. Permaneció allí hasta 1979, cuando pasó a la Escuela de Inteligencia.
Ojeda se retiró del Ejército con el cargo de mayor, en 1994, no sin antes integrar el movimiento Carapintada en donde compartió andanzas con genocidas de la calaña de Eduardo “Nabo” Barreiro. Regresó a la fuerza como integrante del Batallón 601 como “personal civil de Inteligencia”. Desde su rol de agente de inteligencia prestó servicios para Gendarmería. También trabajó en agencias de seguridad.
Dictamen de los fiscales
La prisión domiciliaria de Amado Boudou: El juez pediría opiniones
Raúl Kollmann
Desde los grandes medios se viene presionando para que se le revoque la prisión domiciliaria al exvicepresidente tras el fallo de la Corte Suprema que simplemente le aplicó el artículo 280 del Código Civil y Comercial al caso Ciccone: con ese artilugio el máximo tribunal decidió que no opinará y ni siquiera se dignó a explicar por qué no intervendrá. Por la envergadura del caso, por tratarse de un exvicepresidente, por el impacto institucional, la lógica indicaba que la Corte debía expedirse sobre la existencia o inexistencia de delitos y, por ejemplo, pronunciarse sobre la declaración como “arrepentido” del abogado Alejandro Vandenbroele, quien cobró 1.500.000 pesos de 2017, unos cinco millones de pesos de la actualidad, a cambio de su testimonio. El dinero pagado por el Ministerio de Justicia se utilizó para la compra de un hotel boutique en Mendoza, La Masía.
También hubiera sido decisivo que la Corte analizara la principal imputación contra Boudou: que se quedó con el 70 por ciento de las acciones de Ciccone. En todo el expediente no hay un solo elemento que avale semejante acusación, al punto que los ejecutivos que manejaron la imprenta después del rescate no vinieron del riñón del exfuncionario sino que todos eran ex ejecutivos del Banco Macro, del fallecido Jorge Brito. El banquero junto con el financista Raúl Moneta proveyeron el dinero del salvataje de Ciccone, pero la justicia se negó a hacer una pericia sobre el origen de los fondos que fueron a la imprenta.
La votación respecto de ese delito -cohecho por haberse quedado con el 70 por ciento de la imprenta a cambio del salvataje- resultó dos a uno, con los dos votos mayoritarios asentados en la declaración de Vandenbroele, quien dijo que Brito estuvo detrás de la operación y que Boudou era su socio. Pese a la importancia del caso, la Corte esquivó pronunciarse, recurriendo a una facultad casi monárquica: los supremos pueden no opinar, pueden no dar explicaciones y judicialmente nadie tiene derecho a exigir nada.
En el marco de la utilización de la Justicia para persecución política, la coalición política-mediática-judicial alineada con Cambiemos se puso en marcha para conseguir la foto de Boudou volviendo a prisión. Piensan que es un golpe al propio Boudou, pero sobre todo a Cristina Fernández de Kirchner. Quien debe resolver es el juez que otorgó la domiciliaria -Obligado- a raíz de la existencia de un dictamen de diez páginas de la asesoría tutelar de menores y de otro dictamen de dos páginas. del Ministerio Público de la Defensa.
En esencia lo que se sostuvo en abril es que, así como una persona mayor de 70 tiene derecho a la prisión domiciliaria, lo que establece el artículo 10 del Código Penal y el artículo 32 de la Ley de Ejecución Penal, es que la existencia en el hogar de niños menores de cinco años también abre esa posibilidad. En el caso de Boudou, la madre de los niños es mexicana, el padre y la madre del exvicepresidente murieron estando él en prisión, y por lo tanto el juez consideró que por el bien de los niños, ante la imposibilidad de asistencia de otros miembros de la familia, el exfuncionario debía cumplir pena en su domicilio. Ahora Boudou ya no cumple prisión preventiva sino que la pena está firme, pero eso no debería cambiar lo señalado por el magistrado en su momento, que también contempló que el exvicepresidente, por sus afecciones de salud, es de la franja de riesgo y la epidemia de covid-19 no pasó, menos todavía en las cárceles.
El fiscal Colombo y la fiscal García Padin firmaron un escrito el viernes en el cual sostienen que dado que la Corte ya se expidió, “conforme lo establece el artículo 494 del Código Procesal Penal se ejecute la pena de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Oral con fecha 3 de octubre de 2018, lo que aquí se solicita”. La fiscal de Ejecución Penal García Padin -que acaba de llegar la caso- tiene firmados numerosos dictámenes consintiendo la prisión domiciliaria por la existencia de menores en el hogar. El caso más nítido es el de tres imputados en la causa por la tragedia de Once: los tres cumplen la pena en su domicilio.
Lo normal ahora sería que este miércoles el juez Obligado le de vista a cada una de las defensas y también a la Asesoría Tutelar de Menores, al Ministerio Público de la Defensa y a la Dvisión de Control de Ejecución Penal del Ministerio de Justicia. En la causa constan además los informes que se realizaron en cada uno de los meses, desde abril hasta ahora, en el domicilio de Boudou. Con todos los dictámenes en la mano, el magistrado resolvería.
Al mismo tiempo, distintos partidos y fuerzas políticas preparan para el lunes próximo a las 16, desde la esquina de 9 de julio y Avenida de Mayo, una marcha con la consigna Navidad sin presos políticos. Como emblemas están los casos de Milagro Sala en Jujuy y el de Boudou, así como otros que están presos por fallos que según sostienen son producto del lawfare, es decir la persecución política.
Gobierno refocaliza ayuda y amplia cobertura en el mes más caliente
El Plan para una Navidad con contención social
Imagen: NA
De cara al mes más caliente del año, el Gobierno Nacional decidió refocalizar la ayuda social, ampliar beneficios existentes y sostener la asistencia a empresas. En paralelo, en esta especie de plan Navidad social, el Ejecutivo le toma la temperatura a la situación con reuniones de diagnóstico con los intendentes del Conurbano Bonaerense, en pos de sostener la paz social.
Página I12 accedió a un detalle del paquete que el gobierno de Alberto Fernández descargará a lo largo de este mes. Fuentes de la Jefatura de Gabinete aclararon que, aún con la economía funcionando con normalidad, salvo excepciones puntuales, se ampliarán las coberturas a sectores postergados y a empresas vía diferentes mecanismos. A los rubros aún parados, como el turismo y las industrias culturales, se los considerará de manera especial.
En cuanto a la asistencia directa a familias, el Gobierno destinará 22.000 millones de pesos para el pago para el pago del 20 por ciento acumulado del beneficio contra presentación de certificado de vacunación y escolaridad de la AUH, que en esta oportunidad se da por cumplida en el marco de la emergencia sanitaria. En paralelo, esa Asignación Universal tendrá la incorporación de familias que no pudieron realizar los trámites por falta de documentación y otras cuestiones vinculadas con su situación de vulnerabilidad. Según el cálculo oficial, se sumarán entre 700.000 y 1.000.000 de niños y niñas.
Por otra parte, habrá un refuerzo de la Tarjeta Alimentar. Según el Gobierno, en diciembre se duplicará el monto del plástico de compras, que alcanza a 1,5 millones de familias con más de 2 millones de beneficiarios (niños y niñas de 0 a 6 años, embarazadas y personas con discapacidad) en situación de vulnerabilidad. También lanzará el Ejecutivo la distribución de 1,7 millones de cajas navideñas con 5 productos, para alrededor de 7 millones de personas. Esas canastas serán similares a las que la Secretaría de Comercio negoció con supermercados grandes, del interior y mayoristas, y que se comercializan a 250 pesos desde el jueves 3 de este mes.
También, para apuntar a sectores medios y medios bajos, se negocia el plan carne barata, que tendrá tres cortes muy demandados en las Fiestas (asado, vacío y matambre), en la semana previa a Noche Buena y a un precio un 20 o 30 por ciento inferior al de la plaza.
Según supo este diario, se distribuirán además 15.000 millones de pesos para municipios y comedores sociales y escolares para la compra de alimentos. En paralelo a la baja de dinero, el Gobierno activó, vía diferentes ministerios como Desarrollo Social y Desarrollo Productivo, un sondeo del clima económico y social en los municipios. Pero la voz cantante en ese termómetro la llevó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que viene desde hace un mes charlando con jefes comunales oficialistas y opositores que le traen noticias de cómo se vive la pandemia en sus localidades. La generalidad de los casos muestra que, aún con fuertes problemas económicos, los esquemas de contención están funcionando.
Empresas y becas Trabajo
El Plan Potenciar Trabajo tendrá 9400 pesos mensuales extra en diciembre. Se realizaron 83.000 altas para absorber parte del trabajo del mercado informal que aún no ha podido recuperar su nivel de actividad. Mientras que la Beca Potenciar Joven otorga 8.500 pesos por mes durante un año y comienza en 2021. Se incluye en este pelotón el Bono Salud, de 5.000 mensuales extras que se extiende hasta diciembre.
En cuanto a lo referente a empresas, el Salario Complementario (ATP) continúa hasta diciembre con la asistencia para el pago de los salarios al sector privado en los sectores afectados en forma crítica por las medidas sanitarias. Incluye también la continuidad de la reducción o postergación de las contribuciones patronales para contrarrestar la merma de los ingresos de las empresas.
Sobre ese mismo ATP, a los sectores empresarios considerados no críticos, se les otorga un crédito a tasa subsidiada para el pago de los salarios con 3 meses de gracia y 12 cuotas fijas. El resto será empalme de los ATP con el Repro II, para todas aquellas empresas de sectores no críticos con dificultades puntuales en la recuperación económica. Esos podrán solicitar el ingreso al Programa de Recuperación Productiva por el cual se otorga 9.000 pesos por cada trabajadora o trabajador para el pago de salarios.
Los que arrancan lento
Para el Gobierno, Turismo, Deporte y Cultura son sectores críticos, por lo que continúa el ATP hasta diciembre y se acompaña con otras medidas específicas, en línea con el plan para impulsar su reactivación. Entre ellas, destacan en el Ejecutivo el Pre-viaje (devolución 50 por ciento de lo gastado en turismo nacional para 2021), construcción de 18 módulos sanitarios para destinos turísticos de 10 provincias, fondo de auxilio a prestadores turísticos, plan 50 destinos, el programa de obras en Clubes, crédito MiPyMEs culturales, ampliación de los programas Fortalecer Cultura, Puntos de Cultura, Fondo Desarrollar y Plan Podestá, y Manta (ayuda económica para artesanos y artesanas de todo el país)
Por último, Ciencia y Técnica, se estableció el incremento de 800 cargos en la Carrera del Investigador de Ciencia y Técnica y de 300 cargos en la Carrera de Personal de Apoyo a la investigación en el CONICET.
Este año se crearon 4,8 millones de nuevas cuentas bancarias
La inclusión financiera que forzó la pandemia
Una de los pocos aspectos positivos que dejará la pandemia son las mejoras en la inclusión financiera, con 4,8 millones de nuevas cuentas, aumentos en los puntos de acceso y boom de medios de pagos electrónicos. Sin embargo, existe un bajo nivel de profundidad financiera, y tanto el crédito como los depósitos se ubican en niveles inferiores a los de otros países de desarrollo similar.
Así se desprende del informe de Estrategia de Inclusión Financiera 2020-2023, presentado en el Ministerio de Economía por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, Mercedes DAlessandro, directora de Género, y Mariano Sardi, subsecretario de servicios financieros. El trabajo establece a inclusión financiera como “política de Estado” para promover el acceso universal de los servicios financieros.
Ante un grupo de periodistas, Bastourre detalló los avances en inclusión financiera durante la pandemia: “Se crearon 4,8 millones de cuentas bancarias en entidades públicas por el IFE y el ATP y los puntos de acceso crecieron un 40 por ciento, al pasar de 9 cada 10 mil adultos a 12,6 cada 10 mil”. Los puntos de acceso se refieren a cajeros automáticos y a corresponsalías bancarias en supermercados o estaciones de servicio.
“El uso de tarjeta bate récords, la última vez que vimos una bancarización tan masiva fue con las AUH”, agregó Dalessandro. El país presenta un “alto nivel de bancarización”, según precisa el informe, en lo que se refiere al uso, con el 80,4 por ciento de los adultos que posee al menos una cuenta bancaria. Los medios de pago electrónico más utilizados son las tarjetas de débito y de crédito, que explican el 46 y 43 por ciento de las operaciones por medios electrónicos.
Sin embargo, Bastourre resaltó que el problema no pasa por el acceso sino por la “falta de profundidad” financiera del uso. El crédito alcanza el 11 por ciento del PBI, y los depósitos el 18 por ciento, por lo que se ubican en niveles inferiores a los de otros países de desarrollo similar. Las cuentas se usan exclusivamente para percibir salarios o prestaciones de la seguridad social, mientras que el uso de medios de pago electrónicos, instrumentos de ahorro y financiamiento sigue siendo acotado.
El uso de plazos fijos por parte de la población alcanza a 1 de cada 100 adultos, valor que retrocedió un 10 por ciento en 2019. Además, desde 2018 se deterioró la situación financiera de los deudores por la recesión y las altas tasas de interés vigentes.
El documento surge del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, donde participan diversas áreas del Estado, organismos internacionales, sectores empresarios y de trabajadores. El consejo fue creado con el gobierno anterior, en 2017, para implementar una estrategia de inclusión financiera. Sin embargo, fue relanzado el último mes. “La agenda anterior estaba centrada en las fintech, que tienen un rol central, pero también hay otros temas, como las brechas y el endeudamiento familiar”, aseguró Dalessadro. La cantidad de fintech pasó de 111 en 2015 a 268 en 2019.
“Teníamos divergencia en cuanto al diagnóstico”, aseguró Bastourre. “El mayor problema no es la oferta de servicios financieros, sino la incapacidad de demandar, por desconocimiento, falta de información o cuestiones materiales”, agregó el secretario de Finanzas. Sostuvo que los bajos niveles de inclusión afectan principalmente a los grupos sociales más vulnerables en términos de ingresos y género.
Sobre la brecha de género, Dalessandro explicó: “El universo de adultos con cuenta bancaria no presenta diferencias por género, debido a que las mujeres tienen cuentas abiertas para protección social. Pero descontando eso se vuelve significativa la brecha por la menor cantidad de cuentas sueldo, debido a que las mujeres tienen una situación más precaria en el mercado laboral”.
Sardi, subsecretario de servicios financieros, detalló los cinco objetivos de la Estrategia de Inclusión Financiera: ampliar y mejorar el acceso a bienes y servicios financieros como puede ser una cuenta de ahorro; potenciar el uso de los medios de pago electrónicos; mejorar las capacidades financieras de la población y proteger al usuario; promover la interoperabilidad del sistema financiero y, reducir las brechas sociales.
Fuente:Pagina12
Capitanich asegura que la ley para suspender las PASO comenzará a tratarse el miércoles
El gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich, aseguró que la ley para suspender las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 2021 comenzará a debatirse en el Congreso Nacional el miércoles y adelantó que la medida será "temporal" en el contexto de pandemia por coronavirus y se animó a arriesgar que tendrá “un tratamiento exprés”.
“Estamos ante la limitación de que la legislación electoral no puede modificarse en el año mismo de las elecciones, por lo cual hay que hacerlo antes de fin de año”, explicó Capitanich.
En este sentido, indicó que, “a partir del miércoles, ya estará la iniciativa legislativa suscripta por los legisladores" y que "la idea es que tenga un tratamiento exprés en un plenario de comisiones, para luego darle media sanción en Diputados y remitirla al Senado”.
Sobre el consenso entre los gobernadores para suspender las PASO dijo que se observó “una agenda sanitaria compleja, con perseverancia en el ritmo de contagios, que si bien disminuye, sigue siendo sustancial", y agregó que se suma la ejecución del plan de vacunación durante el primer semestre del año. “Esto conspira -evaluó el gobernador chaqueño- con el proceso electoral, y eso es lo que prima en la decisión de propiciar una iniciativa legislativa” para suspender las PASO.
Capitanich aclaró también que no se busca modificar las PASO de manera permanente sino que se trata de “una suspensión por única vez, con carácter transitorio para el año 2021 atento a la circunstancia de la emergencia sanitaria”.
Sobre el rol de la oposición en este cambio en las reglas electorales afirmó que “habrá que ver cuál es la posición de Juntos por el Cambio".
"Yo no estoy de acuerdo en cambiar las reglas del sistema electoral, pero las circunstancias de emergencia sanitaria lo ameritan por su carácter excepcional”, argumentó el gobernador de Chaco, quien confirmó también que, para hablar de este tema y de la reconstrucción económica pospandemia, el próximo viernes se realizará en su provincia una reunión de gobernadores del norte del país.
“El viernes 11 tendremos a las 17 en Chaco la reunión de la asamblea de gobernadores del Consejo Regional del Norte Grande y vamos a propiciar un modelo de acción para el crecimiento de la economía. Representamos un tercio de la superficie continental argentina y tenemos una base productiva de excelencia”, remarcó.
Por último, al referirse al operativo de vacunación por coronavirus en su provincia dijo que se están capacitando “800 vacunadores y 1.500 asistentes” y que el objetivo es vacunar al 23 por ciento de las personas entre enero y febrero”.
Coronavirus en Argentina: otras 118 personas murieron y hay 3.119 de nuevos casos
Otras 118 personas murieron y 3.119 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 39.888 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.466.309 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó este lunes el Ministerio de Salud.
La cartera sanitaria indicó que son 3.723 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 54,8% en el país y del 58,9% en la Área Metropolitana Buenos Aires.
Un 27,47% (857 personas) de los 3.119 infectados corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires. De los 1.466.309 contagiados, el 88,7% (1.300.696) recibió el alta.
El reporte vespertino consignó que murieron 74 hombres: 32 residentes en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 5 en Chubut; 5 en Córdoba; 5 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 4 en La Pampa, 1 en Mendoza; 1 en Neuquén; 4 en Santa Cruz; y 9 en Santa Fe.
También fallecieron 43 mujeres: 21 en Buenos Aires; 2 en la Ciudad de Buenos Aires; 2 en Chubut; 3 en Córdoba; 2 en Corrientes; 3 en Entre Ríos; 1 en Jujuy; 3 en La Pampa; 1 en Santa Cruz; y 5 en Santa Fe. El Ministerio aclaró que una persona, residente en la provincia de Córdoba, fue registrada sin dato de sexo.
Este lunes se registraron en la provincia de Buenos Aires 693 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 164; en Catamarca, 30; en Chaco, 96; en Chubut, 161; en Corrientes, 185; en Córdoba, 95; en Entre Ríos, 55; en Jujuy, 1; en La Pampa, 58; en La Rioja, 19; en Mendoza, 32; en Misiones, 6; en Neuquén, 473; en Río Negro, 93; en Salta, 13; en San Juan, 35; en San Luis, 43; en Santa Cruz, 119; en Santa Fe, 576; en Santiago del Estero, 57; en Tierra del Fuego, 109; y en Tucumán 86.Formosa no reportó casos positivos.
En las últimas 24 hs fueron realizados 9.951 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.111.139 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 90.600 muestras por millón de habitantes.
El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 629.170 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 160.837; Catamarca, 1.215; Chaco, 20.826; Chubut, 24.649; Corrientes, 8.862; Córdoba 117.607; Entre Ríos, 24.575; Formosa, 189; Jujuy, 18.416; La Pampa, 6.338; La Rioja, 8.858; Mendoza, 57.600; Misiones, 579; Neuquén, 35.112; Río Negro, 32.971; Salta, 21.431; San Juan, 8.499; San Luis, 15.144; Santa Cruz, 17.416; Santa Fe, 154.795; Santiago del Estero, 16.216; Tierra del Fuego, 16.854; y Tucumán, 67.350.
Además, se incluyen, en Tierra del Fuego, 17 casos en las Islas Malvinas, según información de prensa debido a que, por la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto de la Covid-19 en esa parte del territorio argentino.
Fuente:TiempoArgentino
07.12.2020 / Negociaciones
En el Gobierno se solidifican las expectativas de lograr un programa de "amplio apoyo social" con el FMI
Según trascendidos oficiales de la Casa Rosada y sobretodo del Ministerio de Economía se mantienen amlias expectativas de que el acuerdo con el organismo miultilateral de crédito tenga "un apoyo social amplio" que le de "credibilidad y fortaleza". "Ir al Congreso fue idea nuestra y ha tenido buenas reacciones en el mundo", destacaron.
Las negociaciones que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzan con una expectativa de que el programa que se acuerde tenga un "apoyo social amplio" que le otorgue "credibilidad y fortaleza", y que de la misma manera cuente con el involucramiento del Congreso, afirmaron fuentes gubernamentales.
"Hay expectativa de que el programa tenga un apoyo social amplio", aseguraron las fuentes oficiales consultadas sobre la marcha del diálogo con el FMI, al señalar que los funcionarios del organismo "no están mirando la dinámica de la fuerza política, sino de qué manera se consigue un consenso suficientemente alto que dé credibilidad y fortaleza al programa que se cierre".
La Argentina está renegociando una deuda con el FMI por unos 45.000 millones de dólares como consecuencia de un préstamo stand-by, otorgado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, en 2018.
En medio de esas negociaciones, en el Gobierno se insistió con que la Argentina "no va a entrar en un programa con el Fondo que vaya a perjudicar a los argentinos", y se destacó que "el programa es el final del proceso con el involucramiento del Congreso de la Nación y es fundamental porque va a impactar en el futuro de los argentinos".
"Ir al Congreso fue idea nuestra y ha tenido buenas reacciones en el mundo. El FMI va entendiendo las particularidades de Argentina y sus restricciones y la misión técnica tiene mayor nivel de comprensión de la realidad argentina y las limitaciones de la pandemia y crisis que recibimos", destacaron las fuentes.
En relación con los tiempos de negociación, en el Gobierno se insiste en que "es un proceso donde los resultados llegan al final del proceso de discusión de la problemática, de los diagnósticos".
En ese sentido se aseguró que "no se está apurando ni ralentizando" el proceso de negociación, sino que tiene que ver con "un proceso natural con las dificultades de hacerlo en una pandemia".
"Nosotros creemos que el trabajo se tiene que hacer bien, no rápido y para hacerlo bien tiene que tener discusiones y elementos técnicos que den lugar a eso", se explicó en los despachos oficiales al tanto de la negociación.
En este punto, se citan las palabras del ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando asevera que "el programa es de Argentina y hay un problema común (con el FMI) que es el programa fallido de 2018 que se debe arreglar, que no funcionó, y fue más parte del problema que de la solución".
"Tenemos que poder mirar hacia adelante y tener en claro hacia dónde ir. Esto se soluciona saliendo, no quedándose en el problema y.en este marco hay que hacer las cosas de vuelta, bien y con cuidado", se agregó,
En referencia al esquema de pagos, las fuentes son categóricas al señalar que "históricamente hay vocación de pagar, no de no pagar y dentro de las condiciones que impone la pandemia se debe encontrar la forma de poder pagar y salir de este atolladero".
Finalmente, y para despejar dudas respecto de las obligaciones que asuma el país, las mismas fuentes señalaron que "cualquier paquete del programa se define al final del programa. No hay puntos intermedios de transferencias o adelantos a cuenta de".
"No existe y es correcto que así sea porque el programa es una integralidad. Tiene que ver con las políticas, con las medidas, con los objetivos y las metas plurianuales. Es en el final del camino", sentenció.
Fuente:PoliticaArgentina
Presentan proyecto de ley para que Maradona aparezca en billetes
La iniciativa propone homenajear al astro del fútbol a través de la impresión de billetes y sellos postales con su imagen.
El proyecto sugiere "al Banco Central de la República Argentina que la impresión del 50%, como mínimo, del total previsto de los billetes de curso legal de un mil (1000) pesos o superior denominación a ser impresos durante el año 2021, comporten la efigie de Diego Armando Maradona de un lado y el instante del segundo gol a Inglaterra, realizado en México, el 22 de junio de 1986, del otro".
También propone incluir en el "Plan de Emisiones de Sellos Postales del Año 2021 una colección de estampillas conmemorativas de Diego Armando Maradona, que comprendan tanto su carrera deportiva en los clubes donde jugó, como en los diversos mundiales donde participó, tanto como jugador o como director técnico de la selección argentina".
El proyecto es acompañado por varios senadores y senadoras del PJ, entre ellos Alfredo Luenzo, Eugenia Catalfamo, Beatriz Mirkin, Silvina García Larraburu, Carlos Caserio y Gerardo Montenegro.
En los fundamentos, Durango explicó sobre Maradona que "la excepcionalidad de su vida y de su trayectoria, no exenta de límites y errores, lo enmarca en la tradición griega de los héroes, al menos tal como es percibida por Nietzsche en El nacimiento de la Tragedia".
"Lo apolíneo y lo dionisíaco están presentes tanto en la cancha como en la calle, en la villa donde vivió como en los palacios que tuvo. Por mérito propio, que no por herencia. No existe, por lo tanto, un Diego Maradona como jugador y otro como persona. Sería elegir la parte que a cada cual más le guste, lo que habla –tal vez- mucho de cada cual, pero poco de Diego. Sería elegir una percepción conformista, que busque quizás lavar los propios pecados", concluyó la legisladora.
Fuente:Infonews
Las omisiones de la fiscala que pide cárcel para
Boudou
La fiscala Guillermina García Padín pidió que
Boudou vuelva a la cárcel de manera express, sin tener en cuenta el expediente,
que la domiciliaria es por el cuidado de sus hijos ni sus propios dictámenes en
otros casos donde opinó lo contrario.
07 DE DICIEMBRE, 2020
Por ARI LIJALAD
En menos de 24 horas, sin posibilidad de leer todo el expediente, la condena y la documentación del caso, la fiscala Guillermina García Padín pidió que Amado Boudou vuelva a la cárcel a cumplir la condena confirmada por la Corte Suprema. Omitió, sin embargo, algo importante: que Boudou tiene concedida la prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus y como sostén de familia con dos hijos. En otros casos, la propia fiscala García Padín dictaminó que en situaciones similares debe darse prisión domiciliaria, priorizando la situación familiar sobre la penal. Pero con Boudou se apuró en opinar lo contrario a sí misma. La presión de la prensa a la que Boudou le cortó sus negocios espurios tiene sus efectos.
Junto a García Padín firmó Marcelo Colombo, que fue el fiscal de juicio del caso Ciccone pero sigue ignorando todas las irregularidades del caso, como que el testigo clave Alejandro Vandenbroele recibió un hotel y el juez clave Pablo Bertuzzi un cargo, ambos por parte de Mauricio Macri.
La prisión domiciliaria de Boudou fue dispuesta por el juez Daniel Obligado el 6 de abril pasado, luego de un sinfín de manoseos que soportó el ex vicepresidente entre los que estuvo el entrar, salir, volver a entrar y volver a salir del penal de Ezeiza, todo sin condena firme.
Al dictar la domiciliaria, el juez Obligado tuvo en cuenta los incisos f) del artículo 10 del Código Penal y del artículo 32 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad. Ambos se aplican a la prisión domiciliaria y habilitan el cumplimiento de la pena en la casa “a la madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad, a su cargo”. En este caso, el padre de dos niños menores de 5 años como es Boudou.
El pasado jueves 3 por la tarde se conoció la resolución de la Corte que confirmó la condena de Boudou sin siquiera dar explicaciones. El viernes 4 a las 17:11hs la fiscala García Padin pidió que Boudou vuelva a la cárcel. O sea, en menos de 24 horas dictaminó por primera vez sobre el caso. Sería muy extraño que tuviera tiempo de leer todo el expediente. Solo la sentencia contra Boudou tiene 992 páginas. Pero parece que no leyó siquiera las 28 páginas del fallo del juez Obligado. O al menos la parte resolutoria, apenas un párrafo.
Al otorgarle arresto domiciliario, el juez Obligado afirmó: “en este caso considero que se ha demostrado de qué modo y manera la emergencia sanitaria de pandemia Covid 19, incrementa los riesgos personales del condenado Amado Boudou en relación a su núcleo familiar conviviente, por lo que en este contexto situacional habré de morigerar su encierro, tornando el penitenciario en domiciliario”. Nada de eso cambió. La emergencia sanitaria por coronavirus continúa y la situación familiar de Boudou también. No hay, por ende, razones para cambiar la decisión que tomó el juez Obligado el 6 de abril pasado.
En otros dictámenes a los que accedió El Destape la fiscala García Padín tiene escrito que debe prevalecer el bienestar de los niños por sobre el cumplimiento de la pena en la cárcel o en la casa. Pero con Boudou no opinó del tema y pidió que regrese a la cárcel.
Uno de los documentos que no tuvo en cuenta la fiscala García Padín (ni se lo recordó el fiscal Colombo) es el escrito que consta en el expediente firmado por Marcelo Carlos Helfrich, asesor tutelar de los hijos de Boudou que están próximos a cumplir 3 años. El documento, de apenas 13 páginas y fechado el 15 de mayo pasado, dice: “considero que el instituto del arresto domiciliario a favor del Sr. Boudou garantiza el ‘interés superior’ de sus hijos y comprende una decisión acertada en consonancia con los fundamento acabado en los arts. 3°, 16 y cdtes. de la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Helfrich dice también que si bien los artículos que fundan la domiciliaria de Boudou hacen referencia a “la madre” no pueden “ser interpretados restrictivamente en detrimento de los principios rectores que subyacen de la Convención sobre los Derechos del Niño”. Es decir, madre o padre es indistinto y se “responde a la necesidad de cohesión familiar y al interés superior del niño”
Basado en un informe socio ambiental de la familia de Boudou, el asesor tutelar Helfrich afirmó que este caso “reclama una decisión favorable respecto a la continuidad de la prisión domiciliaria de conformidad con el principio de ‘intrascendencia de la pena’, por lo que esto también debe valorarse a los fines de permitirle al Sr. Boudou colaborar y ‘hacerse cargo’ del cuidado de los niños. Crecer junto a su padre no debe estar “librado” a la facultad del Tribunal sino que es un Derecho de rango Constitucional emanado del mismísimo Preámbulo de la Convención de los Derechos del Niño por lo que, en todo caso, los Jueces deben demostrar la inconveniencia de que los menores se encuentren junto a su progenitor durante los primeros años de su vida”
“No se pone en duda aquí el derecho del Estado de disponer medidas restrictivas de la libertad cuando ello es necesario para la aseguración del proceso, ni el derecho de la sociedad a defenderse frente al delito, pero no parece suficiente esgrimir esas prerrogativas en abstracto cuando se advierte que no se encuentran garantizadas las condiciones básicas y suficientes de bienestar y estabilidad de los hijos del Sr. Boudou”, resumió Helfrich.
Tras la opinión de los fiscales García Padín y Colombo, ahora el juez Obligado le debería correr vista tanto al asesor tutelar Helfrich como a la defensa de Boudou, que la ejercen los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort. Luego tendrá que decidir, en medio de una intensa asonada mediática comandada por el Grupo Clarín, que revela su sed de venganza frente a Boudou a partir de que éste les cortó la estafa a la que sometían a millones de jubilados con las AFJP.
Fuente:ElDestape
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