22 de diciembre de 2020
Es la primera vacuna contra la covid-19 aprobada en el país
Coronavirus: la ANMAT autorizó la vacuna de Pfizer
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizó la inscripción de la vacuna contra el coronavirus producida por los laboratorios Pfizer y BioNTech. De este modo, el organismo encargado de aprobar las drogas y medicamentos del país habilitó por primera vez el uso de una vacuna contra la covid-19.
A través de una resolución, la ANMAT estableció que la vacuna "presenta un aceptable balance beneficio-riesgo" que permite la autorización condicional del producto. La autorización se otorgó por el plazo de un año contado a partir de la fecha de la presente disposición, bajo la condición de venta bajo receta.
La vacuna se aplica en dos dosis, con un intervalo de 28 días. Los especialistas que la desarrollan explican que en la cuarta semana genera "niveles altos y funcionales de anticuerpos” y que es "bien tolerada". Eso sí, su composición exige que durante su distribución se mantenga bajo una cadena de frío de menos 80 grados.
Por su parte, la habilitación de la ANMAT llega en simultáneo al acuerdo entre el Ejecutivo Nacional con Rusia para traer alrededor de 300 mil dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. Un avión de Aerolíneas ya despegó rumbo a Moscú, con la intención de traer los insumos, y se prevé que regrese el próximo jueves 24 de diciembre. El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró en la noche del martes que "antes de fin de año" el Gobierno iniciará el proceso de vacunación contra el coronavirus, aunque aún se aguarda por que la Anmat habilite el uso de la Sputnik V.
"La solicitud de inscripción presentada por el titular del producto se encuadra dentro de lo previsto en el Anexo I- Item 5 de la Disposición ANMAT 705/05, que prevé el registro de vacunas de interés sanitario en emergencias", indica la resolución sobre la habilitación de la vacuna de Pfizer/BioNTech. Los laboratorios había solicitado la autorización el pasado 3 de diciembre.
"Se deberá cumplir con el Plan de Gestión de Riesgo (PGR) establecido para el seguimiento estrecho de la seguridad y eficacia del medicamento y presentar los informes de avance, las modificaciones y las actualizaciones correspondientes ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME)", cierra del documento que da luz verde a la primera vacuna contra el coronavirus Covid-19 en el país.
Las negociaciones con Pfizer
Pese a la habilitación de la ANMAT, el Gobierno Nacional aún negocia con los laboratorios (Pfizer, de capitales estadounidenses y BioNTech, alemanes) para la importación de las vacunas contra el coronavirus.
El acuerdo venía bien hasta que hace unos días, pero luego se trabó. El ministro de Salud, Ginés González García dijo que los requisitos que Pfizer le viene pidiendo a la Argentina para proveer de la vacuna contra el coronavirus son "inaceptables". Entre las peticiones de los laboratorios, se exigía la sanción de una ley que le diera más cobertura sobre cualquier tipo de inconvenientes que pudiera generar la vacuna.
Cabe destacar que el Congreso sancionó el mes pasado la ley 27.573 que otorga amplias facultades el Poder Ejecutivo para la firma de contratos y también cobertura a la industria farmacéutica para asegurarse el cumplimiento de los acuerdos y el pago.
Sin embargo, las negociaciones no finalizaron: el presidente estudia alternativas para avanzar con el acuerdo. "Estamos trabajando porque ellos tienen requerimientos propios de la empresa y nosotros tenemos que cumplir con la normativa vigente. Estamos viendo si eso es posible", dijeron a PáginaI12 altas fuentes de la Casa Rosada.
A siete días de la votación en el recinto
Legalización del aborto: el oficialismo analiza aceptar modificaciones para garantizar la aprobación en el Senado
El panorama que mostraba un final con una votación ajustada a favor del proyecto enviado por el Ejecutivo comenzó a cambiar. La primera piedra, en este caso, la tiró el senador por Río Negro, Alberto Weretilneck. Si bien el exgobernador es un habitual aliado del oficialismo a la hora de votar leyes enviadas desde el Ejecutivo y manifestó su posición a favor de legalizar el aborto, en este caso supeditó su apoyo al proyecto a la posibilidad de que sea modificado en el tratamiento en el recinto. La posición de Weretilneck envalentonó a Juntos por el Cambio que, en su mayoría, sean verdes o celestes, reniegan de otorgarle el triunfo político al Gobierno.
Los principales referentes del ala dura de Juntos por el Cambio tanto dentro del Congreso como fuera trabajan contrarreloj para que la norma no salga. Entienden que sería entregarle un trofeo al Gobierno. En la mayoría de los casos no se trata de una posición definida sobre el aborto, sino de la intención mezquina de asestarle un golpe político al gobierno de Alberto Fernández.
El rionegrino busca imponer una limitación en la semana 22 de gestación para la interrupción voluntaria del embarazo en una persona violada. El texto, hasta ahora, no impone ningún límite. La otra objeción de Weretilneck tiene que ver con que la normativa permite el aborto después de la semana 14 en caso de que estuviera “en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante”. En este caso, lo que pretende el senador es tratar de lograr desde la técnica legislativa una redacción que acote la posibilidad de interpretaciones.
Lo cierto es que la postura del exgobernador abrió un nuevo escenario donde la posibilidad del rechazo al proyecto es alta. El nuevo escenario queda establecido no tanto por lo que pueda hacer el propio Weretilneck, sino porque por algunas de senadoras verdes que integran la bancada de Juntos por el Cambio adoptarían la misma tesitura.
Según pudo saber Página/12 el senador rionegrino fue contactado por al menos dos referentes del oficialismo para avanzar en la negociación. Por ahora no hay definición, pero desde el Frente de Todos aún no descartan que los pedidos de Weretilneck puedan resolverse a la hora de reglamentar la norma.
En ese marco, una de las senadoras verdes del Frente de Todos explicó ante la consulta de Página/12 que la concesión de las modificaciones pedidas por Weretilneck terminaría “por cerrar algunos votos de senadores de Juntos por el Cambio y también del bloque propio, que aún están en duda”. Sin embargo, la misma senadora detalló que se trabajará hasta el final para que el proyecto se convierta en ley el próximo 29 de diciembre. La cautela tiene que ver con la falta de cohesión que se nota dentro de Juntos por el Cambio. Si bien el ala dura trabaja a destajo para hacer fracasar la iniciativa, hay senadoras dispuestas a acompañar en la votación en general y plantear sus disidencias durante el tratamiento del articulado.
Fallo en defensa de la libertad de expresión
La corte falló a favor de la revista Barcelona tras una demanda de Cecilia Pando
"Es una alegría y un alivio, y excede largamente al caso puntual de la revista. De haber prosperado la demanda, significaba una amenaza concreta para la libertad de expresión más ampliamente entendida, y abría la puerta a jucios a otras publicaciones", analiza Fernando Sánchez, editor y uno de los fundadores de la revista, en diálogo con Página/12.
Pando demandó a Barcelona por la tapa del número 193 de la revista, que --en su estilo muy característico-- mostraba un fotomontaje con su cara en el cuerpo desnudo de otra mujer, con sogas entrelazadas a manera de cadenas. Se trataba de la tapa satírica de otra supuesta revista: S/M (Soy Milico). "Para matarla! Soltá el genocida que llevás dentro". "Apropiate de esta bebota". "Las chicas quieren guerra... Antisubversiva". "Ceci Pando se encadena para vos", se leía en los titulares.
Pando había pedido, en ese entonces, una indemnización de 70 mil pesos. En abril de 2016, el juzgado nacional en lo Civil 108 hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la empresa “Gente Grossa SRL”, que edita la revista, a pagarle 40 mil pesos a la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina, argumentando que la publicación era “lesiva de su imagen, honor y dignidad personal”. Las dos partes apelaron y en marzo de 2017 la Sala D de la Cámara Civil elevó el monto de la indemnización a 70 mil pesos.
La defensa de la revista Barcelona fue asumida por Pablo Jacoby, recordado abogado de Memoria Activa y especialista en derecho a la información, quien falleció en 2016. "Él había asumido el caso como una militancia personal, de hecho nunca nos cobró. Estaba esperando que este fallo saliese porque estaba convencido de que iba a salir a favor, y de que era un aporte a la consolidación de la libertad de expresión en la Argentina. Dejó el caso a cargo de sus socios, y ellos también lo tomaron como una decisión personal. De algún modo, este fallo es también un homenaje", repasa Sánchez.
"Si la condena se hubiese mantenido, la posibilidad de seguir haciendo la revista era igual a cero. El dinero actualizado de la demanda significaba de manera segura cerrar la revista", analiza Sánchez. "Más allá de eso, continuar haciéndola con un fallo que condicionaba tanto la manera de trabajar, era inviable también. Era un tema de libertad de expresion que nos impedía seguir adelante en nuestro estilo. Y que también excedía largamente el caso puntual de la revista Barcelona, abría la puerta a que se generase una cantidad de demandas imposibles de resolver", destaca el periodista.
El análisis de la Corte Suprema fue en sentido contrario al de la Cámara Civil, que en su fallo condenatorio había afirmado que el ejercicio de la libertad de expresión no era absoluto, cuando se enfrentaba con otros derechos como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Para la Corte, esa intimidad adquiere otro estatus cuando se trata de una figura pública.
El fallo también puso énfasis en las características de la revista Barcelona: "el fotomontaje puede ser considerado una manipulación de la imagen asimilable a una caricatura, entendiendo por tal una creación satírica realizada a partir de la deformación de los rasgos y aspecto físico de un sujeto", describe.
Y concluye que la tapa cuestionada “no resulta lesiva del derecho al honor de la actora (Pando), dado que constituye una crítica política que no excede los límites de la protección que la Constitución Nacional otorga a la libertad de expresión, pues no configura un insulto gratuito ni una vejación injustificada”.
Así las cosas, las y los editores de la revista siguen cerrando el número 476 de Barcelona, que en su año 18 de existencia estará en los kioscos el miércoles 23 de diciembre. Todo un logro para una publicación independiente que logra hacer humor con la realidad, en estos tiempos que corren, y juicios de por medio.
El reporte del Ministerio de Salud
Coronavirus en Argentina: se registraron 257 muertos y 8.141 casos en las últimas 24 horas
Los casos totales confirmados desde el comienzo de la pandemia son 1.555.279. Los fallecimientos acumulan 42.254. Las camas de terapia intensiva están ocupadas en un 54,1 por ciento a nivel nacional y en un 58,6 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte del Ministerio de Salud confirmó 257 nuevas muertes de pacientes con coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva la cifra de víctimas mortales en el país a 42.254. Además se registraron 8.141 contagios diarios, según el informe de la cartera que comanda Ginés González García.
Con estos registros, suman 1.555.279 positivos en el país. Por su parte, del total de contagiados, hay 3.399 personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva: las camas de UTI están ocupadas en un 54,1 por ciento a nivel nacional y en un 58,6 por ciento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
El reporte completo
📌 Hoy fueron confirmados 8.141 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.555.279 positivos en el país, de los cuales 1.379.726 son pacientes recuperados y 133.299 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron *257 nuevas muertes, son 143 hombres y 112 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 42.254. *Dos personas, residentes en la provincia de Buenos Aires fueron registradas sin datos de sexo.
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 37.688 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.558.637 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 100.461 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.019 | 657.205
Ciudad de Buenos Aires 712 | 167.288
Catamarca 37 | 2.399
Chaco 191 | 23.212
Chubut 409 | 28.905
Corrientes 143 | 10.854
Córdoba 494 | 123.310
Entre Ríos 140 | 27.143
Formosa 7 | 210
Jujuy 3 | 18.485
La Pampa 247 | 8.679
La Rioja 9 | 9.023
Mendoza 138 | 59.189
Misiones 24 | 888
Neuquén 327 | 38.643
Río Negro 396 | 36.293
Salta 45 | 22.016
San Juan 153 | 10.665
San Luis 13 | 15.941
Santa Cruz 312 | 21.155
Santa Fe 1.180 | 168.672
Santiago del Estero -46 | 16.830
Tierra del Fuego 51 | 18.254
Tucumán 134 | 70.017
22 de diciembre de 2020
📌 Hoy fueron confirmados 8.141 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.555.279 positivos en el país, de los cuales 1.379.726 son pacientes recuperados y 133.299 son casos confirmados activos.
📌 En las últimas 24 horas, se notificaron *257 nuevas muertes, son 143 hombres y 112 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 42.254. *Dos personas, residentes en la provincia de Buenos Aires fueron registradas sin datos de sexo.
📌 La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
📌 En las últimas 24 hs fueron realizados 37.688 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.558.637 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 100.461 muestras por millón de habitantes.
📌 Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 3.019 | 657.205
Ciudad de Buenos Aires 712 | 167.288
Catamarca 37 | 2.399
Chaco 191 | 23.212
Chubut 409 | 28.905
Corrientes 143 | 10.854
Córdoba 494 | 123.310
Entre Ríos 140 | 27.143
Formosa 7 | 210
Jujuy 3 | 18.485
La Pampa 247 | 8.679
La Rioja 9 | 9.023
Mendoza 138 | 59.189
Misiones 24 | 888
Neuquén 327 | 38.643
Río Negro 396 | 36.293
Salta 45 | 22.016
San Juan 153 | 10.665
San Luis 13 | 15.941
Santa Cruz 312 | 21.155
Santa Fe 1.180 | 168.672
Santiago del Estero -46 | 16.830
Tierra del Fuego 51 | 18.254
Tucumán 134 | 70.017
La Cámara alta trató en Comisión los pliegos para cubrir 15 vacantes
Avanzan en el Senado nuevos nombramientos en la Justicia
La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti, realizó este martes una nueva audiencia pública y cerró así las exposiciones de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir quince cargos vacantes en la Justicia que serían tratados el próximo 30 de diciembre en el recinto. Al termino de la reunión el oficialismo giró los dictámenes para la firma.
El oficialismo no tendrá inconvenientes en conseguir las firmas digitales necesarias para dejar a los pliegos en condiciones de ser tratados en el recinto la última semana del año.
En ese marco, el único pliego objetado por la oposición fue el de la jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal, Silvia Mora, quien ya cumplió los 75 años y por lo tanto requiere de un nuevo acuerdo del Senado. Sin embargo, el verdadero cuestionamiento del macrismo no tuvo que ver con su edad sino con que la funcionaria judicial es la esposa del vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo.
El senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez fue quien planteó como reparo la cuestión de la edad. Mora le contestó que se siente "en capacidad física como mental para seguir cumpliendo funciones", razón por la cual, pese a haber iniciado el trámite de jubilación a los 60 años, nunca se acogió a ese beneficio.
Martínez también indagó acerca de si Mora tenía parientes en el Poder Judicial, y efectivamente atacó su vínculo con Recondo.
En defensa de Mora, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, enfatizó su "actitud de someterse a un nuevo acuerdo" para renovar su mandato, y recordó que a diferencia de ella, la integrante de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, continuó en el cargo pese a tener más de 75 años con una medida cautelar que no fue apelada por el Gobierno de Cambiemos, "violentando la Constitución Nacional".
Sobre la controversia respecto del parentesco con Recondo, Parrilli subrayó que el hecho de que Mora haya sido propuesta para continuar en el cargo por el Poder Ejecutivo demuestra que no es cierto "aquello que se dice de que este Gobierno pretende apoderarse del Poder Judicial y controlarlo".
"Claramente el doctor Recondo no es un miembro del Consejo de la Magistratura que se haya caracterizado por ser proclive a nuestra fuerza política. Se ha opuesto a todas y cada una de las iniciativas que ha tenido en su momento nuestra fuerza política", insistió el neuquino.
Además de Mora, otros siete funcionares judiciales defendieron sus postulaciones detallando sus antecedentes y trayectoria, sus conocimientos, y postura respecto a la tributación del impuesto a las Ganancias.
En total, entre lunes y martes, fueron 14 de los postulantes que se expusieron ante los legisladores. Se espera que los pliegos sean aprobados en el recinto en la última sesión del año.
22 de diciembre de 2020
La Comisión de Acuerdos del Senado, que preside la oficialista Anabel Fernández Sagasti, realizó este martes una nueva audiencia pública y cerró así las exposiciones de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir quince cargos vacantes en la Justicia que serían tratados el próximo 30 de diciembre en el recinto. Al termino de la reunión el oficialismo giró los dictámenes para la firma.
El oficialismo no tendrá inconvenientes en conseguir las firmas digitales necesarias para dejar a los pliegos en condiciones de ser tratados en el recinto la última semana del año.
En ese marco, el único pliego objetado por la oposición fue el de la jueza de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 10 de la Capital Federal, Silvia Mora, quien ya cumplió los 75 años y por lo tanto requiere de un nuevo acuerdo del Senado. Sin embargo, el verdadero cuestionamiento del macrismo no tuvo que ver con su edad sino con que la funcionaria judicial es la esposa del vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo.
El senador de Juntos por el Cambio Ernesto Martínez fue quien planteó como reparo la cuestión de la edad. Mora le contestó que se siente "en capacidad física como mental para seguir cumpliendo funciones", razón por la cual, pese a haber iniciado el trámite de jubilación a los 60 años, nunca se acogió a ese beneficio.
Martínez también indagó acerca de si Mora tenía parientes en el Poder Judicial, y efectivamente atacó su vínculo con Recondo.
En defensa de Mora, el senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, enfatizó su "actitud de someterse a un nuevo acuerdo" para renovar su mandato, y recordó que a diferencia de ella, la integrante de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, continuó en el cargo pese a tener más de 75 años con una medida cautelar que no fue apelada por el Gobierno de Cambiemos, "violentando la Constitución Nacional".
Sobre la controversia respecto del parentesco con Recondo, Parrilli subrayó que el hecho de que Mora haya sido propuesta para continuar en el cargo por el Poder Ejecutivo demuestra que no es cierto "aquello que se dice de que este Gobierno pretende apoderarse del Poder Judicial y controlarlo".
"Claramente el doctor Recondo no es un miembro del Consejo de la Magistratura que se haya caracterizado por ser proclive a nuestra fuerza política. Se ha opuesto a todas y cada una de las iniciativas que ha tenido en su momento nuestra fuerza política", insistió el neuquino.
Además de Mora, otros siete funcionares judiciales defendieron sus postulaciones detallando sus antecedentes y trayectoria, sus conocimientos, y postura respecto a la tributación del impuesto a las Ganancias.
En total, entre lunes y martes, fueron 14 de los postulantes que se expusieron ante los legisladores. Se espera que los pliegos sean aprobados en el recinto en la última sesión del año.
Pedido del Banco Nación y de dos sindicatos de aceiteros
Vicentin: Solicitan el apartamiento del juez Lorenzini
Cuestionan la "arbitrariedad" de sus fallos. Y le imputan "denegación de justicia" al eludir un pronunciamiento sobre el pedido de inhibición de los activos del grupo para evitar maniobras perjudiciales para sus acreedores.
El Banco Nación, junto al sidicato de aceiteros y desmotadores de algodón de San Javier y General Obligado y el sindicato de aceiteros de San Lorenzo, como integrantes del Comité Provisorio de Control del concurso de Vicentin, solicitaron el apartamiento preventivo del juez civil y comercial Fabian Lorenzini de la convocatoria de acreedores de la cerealera, y la aperturea de "indicente de recusación por múltiples causas. Los denunciantes, afectados directos del caso Vicentin --el BNA como principal acreedor del concurso, los sidnitados como representantes del núcleo principal de trabajadores de Vicentin SAIC y de las empresas pertenecientes al grupo económico--, invocan razones de arbitrariedad sorpresiva" en las resoluciones del magistrado, cuestionan "la pseudo intervención" que resolvió nombrando a un síndico de la empresa como interventor pero acompañando la gestión de la misma Dirección, y contrastan el proceder de Lorenzini con el de la Justicia Federal de Rosario, que hizo lugar al pedido de investigación sobre las maniobras entre empresas del grupo que podrían constituir delitos de fuga y evasión en perjuicio de los propios acreedores del concurso.
Los mismos denunciantes habían reclamado, en una presentación ante el mismo juez el 4 de diciembre pasado, que ordenase la inhibición general de bienes para todas las sociedades del grupo Vicentin, dado los elementos de prueba de maniobras sospechosas acumuladas por la Inspección de Justicia de la provincia de Santa Fe, el juzgado federal de Rosario y en la causa abierta ante el juez federal Ercolini que involucra a los ex directivos del Banco Nación Javier González Fraga y Lucas Llach, entre otros.
Recordaron que, por respuesta a dicha demanda, tuvieron un dictamen en el que el juez se explaya en sancionar a los abogados presentantes por maltrato al magistrado, pero se limita a "un escueto agregar y tener presente" como respuesta al pedido de urgente intervención para preservar los activos de las compañías que integran el conglomerado económico.
"Por lo anterior, el Juez Fabián Silvano Lorenzini, habría incurrido, en violación a su deber de Magistrado", al incumplir en su obligación de "resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Y esto, implicaría, denegación de Justicia", refiere el escrito presentado este martes ante el propio tribunal que encabeza Lorenzini.
En otra presentación ante el mismo juez, los tres integrantes del Comité Provisorio de Control rechazaron la propuesta de Lorenzini de sumarse a la intervención a Vicentin SAIC designando un interventor suplente" para acompañar al ex síndico que actualmente acompaña al Directorio de la cerealera actuando, de hecho, como co-director. El Banco Nación y ambos sindictos aceiteros volvieron a cuestionar dicho nombramiento y acompañaron la postura de la Inspección General de Justicia de la provincia, que también declinó la designación de su titular, María Victoria Stratta, como subinterventora, considerando inútil dicha intervención si no se procedía, al mismo tiempo, al desplazamiento del actual directorio de Vicentin.
Fuente:Pagina12
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