La Escuela Campesina de
Agroecología nació de la lucha, por
eso se defiende
Por Oscar Soto*, /Resumen Latinoamericano, 31 diciembre 2020.
La educación campesina, como proceso político objetivo y estrategia de formación subjetiva, se ha tornado un aspecto central en la sedimentación de las resistencias rurales en toda Nuestra América. Concretamente, el despliegue de Escuelas Campesinas y el fortalecimiento de la propuesta de re-existencia agroecológica es visible en la praxis educativa del movimiento campesino que se articula en torno de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo de la Via Campesina (CLOC-VC); en pocas palabras su proyecto pedagógico situado es una forma de decir en actos que otro mundo más humano es posible.
Desde el año 2005, con motivo del Foro Social Mundial en Porto Alegre, La Vía Campesina tomó la decisión de fortalecer las experiencias educativas ya existentes, al tiempo que se propuso la construcción de Institutos y Escuelas de Agroecología en todos los territorios de disputa de la CLOC. A lo largo de los 26 años de vida de la CLOC-VC, se han consolidado una veintena de instancias de formación en Nuestra América; y es bajo los principios fundamentales del proyecto político-pedagógico de la CLOC-VC (internacionalismo, praxis, organicidad y el vínculo comunitario con el trabajo en territorio) que se fortalecen estos ámbitos como trincheras de lucha contrahegemónica. La Escuela Campesina de Agroecología (ECA) en Jocolí, Lavalle-Mendoza, nace de esa lucha popular.
El espacio de resistencia de la ECA-UST
La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra – Somos Tierra Via Campesina (UST) surge a principio del siglo XXI, específicamente en el año 2002, cuando la crisis económica producida como consecuencia de las políticas neoliberales de los años ´90 dejaba coletazos en la ruralidad del centro oeste argentino. Para entonces puesteros/as, agricultores, crianceros/as y pequeños productores y productoras rurales que habían perdido sus tierras, en conjunto con un grupo de activistas e ingenieros agrónomos vinculados a sectores estudiantiles y profesionales de las ciencias agrarias, dan cuerpo a la UST.
Rápidamente la propuesta pedagógica de la UST se consolidó -a través del CEFIC-Tierra– partiendo de las necesidades que se dan en el lugar donde viven los y las campesinas, respetando el conjunto de sus concepciones culturales, a partir de sus experiencias de vida cotidiana. La Escuela Campesina de Agroecología (ECA) fue creada en el año 2011 por Resolución de la Dirección General de Escuelas del Gobierno de Mendoza, no obstante ello, sus orígenes se remontan a 2009, cuando el campesinado articulado a la UST decide darse un espacio de autoformación colectiva. La ECA tiene en la alternancia su principio fundamental en el ejercicio del derecho a la educación en el campo. Esa dimensión pedagógica de la alternancia se organiza en dos tiempos: el Tiempo Escuela (TE) y el Tiempo Comunidad (TC), ambas dinámicas en mutua relación y complemento. El cursado de la ECA y la formación política en el CEFIC-Tierra, respeta la identidad de los y las campesinos/as, habitantes de comunidades locales, además de fortalecer y legitimar sus saberes para evitar el desarraigo.
Clausurar estas experiencias por lo que significan
Como si hiciera falta aclarar, el año 2020 trajo consigo dos efectos socioeconómicos letales: por un lado la pandemia del COVID-19, por el otro las consecuencias del ascenso de las derechas a los gobiernos nacionales y provinciales en Argentina y la región. De la primera ya sabemos en demasía sus efectos y formas de combatirla; de la segunda nos desayunamos día a día la originalidad de sus secuelas.
Justamente, este año la educación en el campo ha tenido que reinventarse en un contexto insólito, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones de acceso y las dificultades de servicios básicos en la zona rural. El esfuerzo permanente, por hacer de la educación un derecho humano fundamental, que realiza el colectivo de educadores y estudiantes de la ECA-UST concluye este difícil año peleando, una vez más: el 28 de diciembre el Gobierno de Mendoza a través de la Directora de Gestión Social y Cooperativa, Beatriz Della Savia comunicó que el gobierno provincial tomó la decisión política de rescindir los convenios que dan marco a los CENS de Gestión Social en la provincia. Entre ellos se informó que daban por cerradas la Escuela Campesina de Agroecología GS502, el Bachillerato Popular Violeta Parra y las Comunidades Trinitarias Mendoza.
Tal como sostiene Marta Greco, del colectivo político pedagógico del CEFIC, parece un absurdo tener que salir a decir que las Escuelas en el campo no sobran. La UST aclara que desde solo desde el año 2013, en la ECA han egresado más de 100 estudiantes jóvenes y adultos campesinxs. Es más, desde el año 2009 la UST lleva a cabo en Mendoza tareas de formación colectiva que se han forjado al calor de las disputas frente al Estado y las lógicas mercantiles que rodean todo lo referente al proceso educativo. Activos de esas luchas son precisamente la Escuela Campesina de Agroecología, la Tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local y el Profesorado en Educación Primaria, entre otras modalidades de educación popular del campesinado local. En su petitorio, la UST sostiene que en 2020 la matrícula asciende a 65 estudiantes, además, como hemos resaltado, en torno a la experiencia de la Escuela se han articulado procesos de terminalidad primaria, secundaria, carreras de nivel superior no universitario (Profesorado y Tecnicaturas), así como diversos programas y proyectos de formación docente, investigación y extensión. En el espacio territorial de la ECA, que sostiene el movimiento campesino, el gobierno solo paga magros sueldos a un grupo de docentes (25 horas cátedras y 1 cargo).
Pese a todo, cerca de 200 educandas y educandos ya han transitado instancias formativas ancladas en esta dinámica pedagógica, tal como lo propone la CLOC y la Vía Campesina a escala global. Allí Tiempo Escuela y Tiempo en Comunidad, se complementan y construyen como un espacio político-pedagógico que problematiza las relaciones entre tierra, territorio, trabajo y producción campesino-indígena para construir alternativas colectivas desde y con las comunidades.
La alternancia, referencia de la formación del CEFIC-Tierra, permite brindar a los y las estudiantes elementos teóricos para la praxis comunitaria y la auto-educación en los territorios, en el trabajo agroecológico, y en los espacios de militancia. Disputar políticamente desde el territorio es recrear diversas formas del hecho educativo, y es, a su vez, producir subjetividades que repregunten e interpelen los sinsentidos de este momento histórico: ¿por qué los jóvenes se van del campo?, ¿quién se hace fuerte a partir de nuestro trabajo?, ¿por qué no pasar de la emergencia a una real soberanía alimentaria?, ¿por qué no aunar nuestras místicas y darle cuerpo nuestros imaginarios rebeldes?…
Por todo esto, seguimos en pie de lucha para defender el derecho a la educación campesina!!!
**CEFIC-Tierra Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra / MNCI-Somos Tierra
La Justicia suspendió la venta de
86 hectáreas de tierras públicas en
la Ciudad
Resumen Latinoamericano, 1 de enero de 2021.
El juez Andrés Gallardo le puso freno a la intención del gobierno porteño de seguir vendiendo lotes para negocios inmobiliarios. Entre las parcelas que, por ahora, no serán subastadas se encuentran algunos predios del barrio Carlos Mugica, playones ferroviarios en Villa Crespo y el terreno perteneciente al ex Mercado de Hacienda.
El juez Andrés Gallardo resolvióeste jueves suspender la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la Ciudad de Buenos Aires. Los lotes pertenecían a la Nación y fueron transferidos a la Ciudad, por convenio, durante la presidencia de Mauricio Macri.
Se trata de la suspensión de los predios del Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis), el triángulo de Salguero, playones ferroviarios en Villa Crespo y los pertenecientes al ex Mercado de Hacienda. El juez de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, advirtió en su fallo que no se cumplió con las audiencias públicas obligatorias ni con el procedimiento de doble lectura para sancionar esta ley, ordenado por los arts. N° 89 inciso 4 y N° 90 de la Constitución de la Ciudad.
El recurso de amparo había sido presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria – FIUBA (CLIC), IPYPP y la Defensoría de Laburantes. Los demandantes también habían argumentaron que la ley “no respeta la participación ciudadana que exige el Plan Urbano Ambiental para el manejo del Banco de Tierras e Inmuebles de la Ciudad”.
En 2018, los terrenos que conforman las 86 hectáreas estaban en manos del Estado nacional fueron transferidos por convenio a la Ciudad a cambio de que la gestión de Rodríguez Larreta se hiciera cargo del financiamiento de la última etapa de la obra del Paseo del Bajo, que vincula la Autopista Buenos Aires-La Plata con la Autopista Illia. Nación había tomado deuda por 400 millones de dólares con la Corporación Andina de Fomento (CAF), y a su vez le pidió a Ciudad que absorbiera parte de esa deuda y se hiciera cargo de 175 millones de dólares.
“Con este proyecto lo que está mostrando es la fuerte voluntad de liberar la mayor cantidad de suelo para venderlo para especulación inmobiliaria”, denunció por aquel entonces el abogado Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
Negociados
La discusión por los terrenos públicos en la ciudad de Buenos Aires no es nueva. A principio de año, el presidente Alberto Fernández ordenó investigar los convenios de traspaso de tierras a la Ciudad firmados por Macri sobre el final de su mandato, puesto que consideró que se había violado la ley de Responsabilidad Fiscal y que se comprometió patrimonio público.
Se trata de un total de 31 escrituras correspondientes a playas ferroviarias y parcelas ubicadas en Caballito, Palermo, Belgrano y Liniers y la concesión de los espacios debajo de dos viaductos, el Mitre y el San Martín, además del Paseo del Bajo, que tendrían un valor fiscal aproximado de 16 mil millones de pesos.
Pero eso no es todo. En octubre la Legislatura porteña aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno de la Ciudad para la rezonificación urbanística de los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco.
La iniciativa provocó la reacción de organizaciones sociales y ambientalistas que se movilizaron al grito de “parques sí, torres no” para impedir la venta de los terrenos. Al mismo tiempo que un fallo judicial dio lugar a una acción de amparo.
La decisión de qué pasará con esas tierras se conocerá hacia fines de enero 2021, cuando culminen las audiencias públicas, de las participarán unos 250 oradores y oradoras que en su mayoría se oponen a que en el predio porteño junto al La Justicia ordenó suspender la venta de 86 hectáreas de tierras públicas en la ciudad de Buenos Airesrío se permita la construcción de edificios de lujo de hasta 10 pisos.
Fuente: Página 12
Envio:RL
02/01/2021 INVESTIGACIÓN
Tagliapietra, querellante del ARA San Juan, cree que en 2021 "puede empezar a saberse la verdad"
“Esperamos que este año se empiece a saber la verdad sobre lo sucedido. Esto puede pasar si se empiezan a cumplir las resoluciones de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que se procese a Macri, Aguad y al almirante Marcelo Srur", indicó el abogado y padre de unos de los tripulantes.
El abogado Luis Tagliapietra, querellante en la causa por el hundimiento del ARA San Juan y padre de unos de los tripulantes de la embarcación, consideró que 2021 “puede empezar a saberse la verdad” sobre lo sucedido con ese buque siniestrado en noviembre de 2017, si cumplen las resoluciones judiciales que ordenaron investigar al ex presidente Mauricio Macri y al exministro de Defensa Oscar Aguad.
“Esperamos que este año se empiece a saber la verdad sobre lo sucedido. Esto puede pasar si se empiezan a cumplir las resoluciones de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que se procese a Macri, Aguad y al almirante Marcelo Srur (jefe de la Armada al momento de los hechos)”, señaló Tagliapietra en declaraciones a Télam.
En noviembre pasado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le ordenó a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, que investigue las responsabilidades del expresidente Macri, Aguad y Srur, a pedido de los familiares de los 44 tripulantes del submarino.
La Cámara confirmó además los procesamientos del excomandante de la fuerza de submarinos Claudio Villamilde; el excomandante de adiestramiento y alistamiento naval Luis Enrique López Mazzeo; el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso; y el ex jefe de departamento de operaciones Hugo Miguel Correa.
Esos exaltos mandos de la Armada se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso ideal.
Sin embargo, la orden de la Cámara no tiene plazos, y la jueza aún no tomó medidas para determinar las responsabilidades que pudieron tener Macri y Aguad en el hecho.
“Todo está muy demorado y lo cierto es que no se ordenaron nuevas medidas. La jueza se fue de vacaciones y esperemos que en febrero, después de la feria, puedan darse novedades. Necesitamos que se avance. No queremos que esto termine siendo como otra causa AMIA”, indicó el letrado.
Tagliapietra, padre de Alejandro, teniente de corbeta que viajaba a bordo del ARA San Juan al momento del hundimiento, volvió a reiterar sus cuestionamientos a la magistrada de la causa.
El representante de once familias intentó, sin éxito, recusar a Yañez y presentó un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura que “avanza de forma muy lenta”.
“Recién en agosto se logró que la Comisión de Juicio Político del Consejo de la Magistratura avanzara con el juicio y citara a los primeros testigos, entre los que se encuentran familiares de los tripulantes, que podrían declarar en marzo, según especulan desde las querellas.
“Sabemos que es un proceso lento, que va a llevar tiempo, pero por lo menos comenzamos a avanzar. Creemos que la jueza demoró la causa, no ordenó peritajes, no tomó muchas de las medidas que le pedimos y no avanzó con las indagatorias. Por eso impulsamos su juicio político”, señaló Tagliapietra.
“Todo está muy demorado y lo cierto es que no se ordenaron nuevas medidas. La jueza se fue de vacaciones y esperemos que en febrero, después de la feria, puedan darse novedades"
En ese sentido, el abogado recordó que el Consejo de la Magistratura se presentaron resoluciones en favor de abortar el trámite de juicio político, y apunto que la diputada Graciela Camaño afirmó que “hubo presiones externas” para no someter a Yañez a este trámite.
El ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes cuando navegaba desde Ushuaia hacia la base naval de Mar del Plata.
Un año después, el buque fue hallado en el fondo de Atlántico a unos 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz por el buque estadounidense Ocean Infinity.
Tagliapietra, que estuvo a bordo del barco que encontró los restos del submarino, afirmó que la posible ubicación del ARA San Juan “siempre se conoció” y que se buscó en una zona determinada en función de la última ubicación que reportó la nave antes de su desaparición.
“En base a la última ubicación que se tenía se hizo la búsqueda. Eso siempre lo tuvimos en claro. Por eso se rastrilló en esa zona”, subrayó.
El ministerio de Defensa encabezado por Agustín Rossi presentó el año pasado una denuncia por espionaje realizado sobre los familiares de los marinos del ARA San Juan que se llevó a cabo durante el gobierno de Cambiemos, y Tagliapietra consideró que “puede haber muchas ramificaciones en esa causa”.
“Siempre supimos que fuimos espiados y lo denunciamos. Lo bueno es que las actuales autoridades de la AFI con la interventora Cristina Caamaño están aportando información para que esa causa pueda avanzar”, aportó.
Tagliapietra representa a una querella que integran 11 familias, y aseguró que la postura de este grupo “es conocer la verdad”, y rechazó que se planten presentar reclamos para conseguir indemnizaciones por parte del Estado.
“Queremos verdad y justicia. Nosotros, de nuestra parte, siempre dijimos que lo que buscábamos era nada más que eso. Nunca hicimos un planteo de tipo económico”, remarcó.
Fuente:Telam
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